Juliet Cuthbert-Flynn, legisladora y funcionaria de Jamaica y promotora del debate sobre la despenalización del aborto en el país caribeño. Foto: Kate Chappell /IPS
- La ley que despenalizó el aborto en Argentina el 30 de diciembre concluyó una larga batalla por el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el país sudamericano. Pero además dio esperanzas a que ese logro se propague por el resto de América Latina y el Caribe, una región que penaliza en forma muy restrictiva la materia.
Para llegar a la legalización del aborto inducido hasta la 14 semana de embarazo, tuvieron que morir al menos 3000 mujeres en Argentina a consecuencia de abortos ilegales y fallidos desde 1983, recuerdan activistas del país.
El optimismo entre los movimientos de mujeres en la región también lo nutrió la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de anular el 28 de enero la llamada “regla de mordaza global”, con que la administración de su predecesor, Donald Trump, prohibió toda asistencia financiera a organizaciones que operasen en cualquier parte del mundo, si eran favorables al derecho a decidir de las mujeres o tan siquiera a la planificación familiar.
Según el Instituto Guttmacher, una organización internacional de investigación y políticas de salud sexual y reproductiva con sede en Nueva York, entre 2010 y 2014, se realizaron 6,5 millones de abortos inducidos cada año en América Latina y el Caribe.
En esta región, según datos del Instituto anteriores a la legalización en Argentina, 97 % de las mujeres viven en países con una legislación restrictiva sobre el aborto, pero pese a ello 46 % de los 14 millones de embarazos no deseados se estima que terminan cada año en aborto. Y de esas interrupciones del embarazo, 60 % se practican en forma “insegura” o “muy insegura”.
Situación en el Caribe
Tonni Brodber, representante interina de ONU Mujeres para su Oficina Multinacional en el Caribe, con sede en Barbados, tiene la esperanza de que el caso argentino tenga consecuencias alentadoras para los países del área.
“Eso espero. Ahora mismo estamos en medio de una pandemia, la gente está luchando por recuperarse y tratando de gestionar el día a día en una pandemia, pero hay mucho apoyo a lo que ha sucedido dentro de los espacios de las organizaciones de mujeres”, dijo la representante de ONU Mujeres para 22 países y territorios caribeños de habla inglesa y holandesa, la mayoría insulares.
No obstante puntualizó que “es una tema difícil, por lo que será debatido durante mucho tiempo”.
A su juicio, el debate debe poner el foco en los derechos humanos y, en particular, en los derechos de las humanas, y deben tener como base las lecciones aprendidas en otros países, así como la empatía por las personas afectadas.
Brodber recordó que Jamaica y todos los demás países de la Comunidad del Caribe (Caricom) son parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), conocida en el universo multilateral como la constitución de las mujeres.
Su artículo 16 garantiza a las mujeres en su apartado e) “los derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”.
Además, en del artículo 10, dedicado a los derechos a la educación de las mujeres para garantizar su igualdad de derechos respecto a los hombres, se específica en el punto h) que debe garantizarse para ellas “acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia”.
En Jamaica el aborto está tipificado como delito con una pena que puede alcanzar la cadena perpetua con o sin trabajos forzados, excepto para dos supuestos: salvar la vida de la mujer embarazada o preservar su bienestar físico y mental, aunque con algunas limitaciones.
Brodber consideró esperanzador que en entre los líderes del país, de ambos géneros, crezca lo que están proclives a abrir el debate sobre el asunto. Esto “puede ser motivador para muchas personas que pueden sentir que estos temas no tienen prioridad”, afirmó.
Los jamaiquinos han estado debatiendo este tema durante décadas sin resolución y, al igual que sucedía en Argentina, enfrentan una fuerte oposición a cualquier legislación menos restrictiva por parte de las confesiones religiosas.
Esto es similar a la mayoría del resto de países del Caricom.
Guyana es el único país donde el aborto inducido es legal en todos los supuestos posibles: si la vida de la madre peligra, si está en riesgo su salud física o mental, si el embarazo es producto de una violación, si hay malformación del feto o si hay amenaza para su bienestar socioeconómico.
Lo siguen Barbados, Belice y Santa Vicente y las Granadinas, en los que se faculta la interrupción del embarazo en todos los supuestos anteriores, menos el de amenaza para el bienestar socioeconómico de la mujer.
El Instituto Guttmacher recuerda que en el Caribe latino y América Central se encuentran los países con mayor restricción del continente americano, aquellos donde se pena el aborto inducido en cualquier forma y en cualquier supuesto: El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
El único país del área donde la interrupción del embarazo es legal sin restricciones es Cuba, al que se suma el estado libre asociado de Puerto Rico. En el resto de América Latina, antes de Argentina, ya Uruguay se sumó a la lista de países sin restricciones al aborto, con una ley de legalización basada en plazos y no en supuestos.
Situación en Jamaica
Juliet Cuthbert-Flynn, ministra de Estado en el Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica, presentó en 2018 una moción para derogar la restrictiva legislación actual sobre el aborto, que llegó a debatirse en una comisión legislativa, pero no llegó a más por el fin de la legislatura y las elecciones de septiembre de 2020, donde volvió a ganar el Partido Laborista.
Cuthbert-Flynn aseguró que está trabajando para retomar el tema e nivel legislativo.
Mientras tanto, dijo, son las mujeres las que “sufren las complicaciones de un aborto fallido”, realizado en forma clandestina e insegura.
“Como legisladores, debemos comprender nuestro papel y debatir las leyes, incluso si esto va a causar controversia”, para proteger la vida y la salud de la población, en este caso de las mujeres, dijo la funcionaria.
Natalie Campbell Rodriques, senadora por el gobernante Partido Laborista, está mayoritariamente de acuerdo.
“Mi propia opinión es que esto (la despenalización del aborto) es algo que deberíamos llevar a la mesa del debate, especialmente para las mujeres, que nuestros cuerpos sean vigilados no es algo que me hace sentir bien”, afirmó.
Los abortos inseguros son la tercera causa de mortalidad materna en Jamaica y, según las estimaciones, entre 6000 y 22000 mujeres al año interrumpen un embarazo, en forma clandestina.
Ninguna mujer o profesional de la medicina han sido condenados por una interrupción del embarazo fuera de los supuestos permitidos, pero un médico fue abortado tras practicar un aborto a una niña de 12 años.
Leanne Levers, directora de incidencia del Instituto Caribeño de Investigación Política (Capri, en inglés), acaba de publicar el informe financiado por la Unión Europea titulado «El costo del acceso desigual al aborto seguro en Jamaica », dice que la legislación tiene consecuencias nefastas.
“Las mujeres se están practicando abortos independientemente de la legalidad, y lo están haciendo de una manera insegura y hay graves complicaciones sociales y de salud para las mujeres, los niños y la sociedad en general, lo que tiene, además, un costo económico”, aseguró.
El informe de Capri hizo tres recomendaciones importantes, incluidas la posibilidad de un voto secreto de conciencia para despenalizar el aborto y legalizar su práctica, del acceso al aborto por parte de menores sin el consentimiento de los padres, y del financiamiento de la práctica de abortos con fondos públicos.
El documento, que tiene como objetivo alejarse de la retórica y proporcionar una investigación basada en evidencia sobre la cual tomar decisiones, también encontró que hay un costo equivalente a 1,4 millones de dólares en pérdida de producción económica y de cuidados de las mujeres que han tenido abortos inseguros.
La ministra de Estado Cuthbert Flynn se siente esperanzada de que la legislación argentina pueda ayudar a impulsar el cambio, pero dice que la gente debe hacer oír su voz, especialmente para contrarrestar el lobby de las iglesias de Jamaica, muy activo en contra de la despenalización.
Recordó que las activistas en Argentina debieron enfrentar también un papel muy beligerante de la Iglesia católica y otras confesiones, pero la fuerza en la calle de los movimientos sociales y no solo de los grupos feministas logró contrarrestar esta poderosa oposición conservadora.
Cuthbert Flynn también destacó el caso de Irlanda, con una sociedad muy católica, donde en 2018 se legalizó también el aborto, gracias a una presión social que supo unirse y presionar por un cambio en favor del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo.
La activista por los derechos de las mujeres Nadeen Spence calificó de “irrelevantes” las amenazas de las iglesias de salir a la calle para protestar contra el aborto y promover la votación contra los políticos que apoyen la legalización,
“No me preocupa la Iglesia, me preocupa la pereza que veo en nuestros políticos», afirmó.
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