Han pasado 238 días desde que Roxana Ruiz Santiago comenzó a luchar, primero por su vida e inmediatamente después, por su libertad.
La joven de 22 años, originaria de Pinotepa Nacional, región Costa de Oaxaca, permanece en el penal del Bordo de Xochiaca, Estado de México, donde fue recluida tras defenderse de un hombre que intentó violarla y a quien mató en el forcejeo. En un primer momento, Roxana fue acusada de homicidio simple; no obstante, la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) la señaló por el delito de homicidio culposo en una audiencia celebrada el 30 de noviembre.
La diferencia en esta ocasión, explica la abogada Abigail Escalante en entrevista para EL UNIVERSAL, es que ahora tomaron en cuenta la legítima defensa.
Con este atenuante, la joven podría recuperar su libertad, pues en la audiencia le fue fijada una fianza que asciende a 450 mil pesos, detalla Escalante, quien se convirtió en la defensora de la joven gracias a las gestiones de Nos Queremos Vivas Neza, organización que trabaja en Nezahualcóyotl, a donde Roxana y su familia se mudaron hace años.
En contraste, la familia del hombre que agredió a Roxana exige 36 mil pesos por reparación del daño moral, a raíz de su muerte.
El caso ahora se encuentra en etapa intermedia; sin embargo, las activistas y equipo legal de Roxana lamentan que las condiciones de ella y su familia no le permitan cubrir el monto fijado por las autoridades.
“Roxana se siente frustrada por la situación donde la justicia se compra, porque el juicio oral prevé un procedimiento abreviado donde, si una persona que enfrenta un proceso se declara culpable y garantiza la reparación del daño, puede ser puesta en libertad”, declara.
En este momento, resalta, cubrir la fianza es imposible: “Lo valoramos en su momento con Roxana y llegamos a la conclusión de continuar el proceso que podría llegar a una instancia absolutoria, pero ello puede llevar un año y medio para agotar todos los recursos.
“Vemos que eso no es lo mejor porque como Roxana hay miles de personas más que no pueden cubrir sus montos y se mantienen en prisión”, agrega.
Ante ello, la familia, el equipo legal y las organizaciones y grupos feministas que han exigido desde mayo pasado libertad para Roxana, se organizaron para solicitar apoyo al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y que este respalde la situación de una mujer indígena y de bajos recursos.
Su propuesta es que el Estado, a través de la Comisión Estatal de Víctimas, pague el monto y evite un coste mayor tanto para la justicia como para la manutención de ella en prisión.
“Sabemos que un preso cuesta alrededor de 2 mil pesos diarios, más los gastos que costea la familia y los pagos judiciales”, afirma la abogada.
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Prejuicios en la ley
La asesora legal detalla que la legítima defensa es un atenuante para la forma en la que se comete el delito, en este caso, el homicidio; sin embargo, el juez a cargo del caso considera que, pese a ello, sigue siendo un delito doloso. Para la jurista, la percepción del juez es errónea, pues el exceso de legítima defensa puede considerarse como un error en la manera de actuar de Roxana y, por lo tanto, se convierte en un delito culposo.
La acusación, detalla, contempla el exceso de la legítima defensa, pues la Fiscalía de Género realizó un peritaje donde se establece que Roxana sufrió violencia por parte de su agresor, y en ese sentido, tuvo que señalar, al menos, que existió legítima defensa.
Los dictámenes fueron elaborados por personal de la misma fiscalía, pero “son parte de una manera prejuiciada de ver los hechos, pues finalmente dan cuenta de que en el cuarto de Roxana una persona perdió la vida por medios circunstanciales”, insiste la defensora.
La persona murió asfixiada con un trozo de tela, por lo que, indica la abogada, no había intención de quitarle la vida, sino que fue una acción de defensa, pues de existir la intención, los medios habrían sido otros.
Para la defensa de Roxana, los servicios periciales actúan de manera prejuiciada, pues establecen el delito y la fianza tras un estudio de alcoholemia en el que el fallecido presentaba de 180 a 300 mililitros de alcohol en la sangre. Con este factor como argumento, la fiscalía afirma que debido a esa cantidad de alcohol en la sangre, un hombre llega a un estado de confusión en el que no puede haber una erección. Fue así como desestimaron el intento de violación.
Abigail Escalante señala que también deben tomarse en cuenta las condiciones físicas y de salud del atacante.
Por ello, en la próxima audiencia fijada para el 17 de enero, presentarán tres diferentes peritajes, con el fin de demostrar que los de la fiscalía “no son una verdad contundente y están hechos por personas que tienen prejuicios y cometen errores en su apreciación”.
Indígena y sin recursos
Las reglas de operación del INPI no prevén gastos de apoyo a las personas indígenas, aunque en años pasados había apoyo para gastos jurídicos. Serán las activistas que acompañan el caso de Roxana, su familia y su equipo legal, quienes gestionen los recursos para costear los tres peritajes independientes que se presentarán en el juicio.
El INPI apoyó con peritaje antropológico para demostrar que Roxana es de una comunidad indígena, añade la abogada.
En tanto, los primeros siete meses de Roxana han costado al Estado mexicano 420 mil pesos, monto cercano a la fianza.
La Secretaría de Seguridad Pública federal estima que unos mil 703 millones de pesos de impuestos se usan al año para la manutención de las personas privadas de la libertad.
“Por el momento vamos a buscar el apoyo de la sociedad civil que siempre ha demostrado solidaridad con el caso y veremos si en este mes pudiera destinarse un apoyo por parte del organismo, ya que cada año se actualiza el presupuesto y las reglas de operación”, finalizó.
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