ONU: El segundo mandato de Antonio Guterres debería estar condicionado a su desempeño en la agenda feminista

 Por Bárbara Crosette

El Secretario General tiene buena calificación, en 81 años no se ha logrado una mujer en la posición más alta de la ONU. Avances insuficientes, y burocracia se ponen en juego y es lamentable la desigualdad en todo el mundo entre mujeres y hombres

Nueva York, 28 ene. 21. AmecoPress/ONU/noticias.- Las esperanzas ampliamente compartidas en 2016 de que una mujer finalmente pudiera ser elegida secretaria general de las Naciones Unidas al final de los dos mandatos de Ban Ki-moon fueron aplastadas cuando las grandes potencias eligieron a un hombre de un amplio campo de candidatos de todo el mundo: – siete mujeres y seis hombres.

La Asamblea General confirmó formalmente la elección del Consejo de Seguridad. Se conservó el dominio masculino ininterrumpido del trabajo desde la fundación de la ONU.

El ganador, António Guterres, ex primer ministro de Portugal y más tarde Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados durante una década, reconoció la decepción y se declaró un «feminista orgulloso» comprometido con el trabajo por las mujeres.

¿Cómo fue eso?

No está mal, según una nueva encuesta publicada hoy por el Centro Internacional de Investigación sobre la Mujer para la Campaña Feminista de la ONU: «Progreso en una pandemia: Hacia el liderazgo feminista en tiempos de crisis – Informe sobre el cuarto año del Secretario General de la Campaña Feminista de la ONU «. Sin embargo, los resultados fueron mixtos. En 2016, la Campaña Feminista de la ONU produjo una agenda de seis puntos para la secretaria general entrante que utiliza como base para las boletas de calificaciones anuales que miden el desempeño de Guterres desde que asumió el cargo el 1 de enero de 2017 (Los seis objetivos de la agenda, de más fondos para iniciativas de género a información más accesible, se revisan ampliamente en el informe de 2020).

En general, la calificación acumulada de Guterres para 2017 fue C +. En 2018 y 2019, se mudó a B-. El boletín de calificaciones de 2020 le da una B. Fue un año trabajado virtualmente, en medio del trauma de una pandemia que trastocó importantes aniversarios para las mujeres sobre paz y seguridad, derechos reproductivos y nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. También fue el 75 aniversario de la ONU. Las conmemoraciones y celebraciones tuvieron que posponerse o reducirse, y celebrarse en línea. Lyric Thompson es el director senior de políticas y promoción en el centro de investigación y Spogmay Ahmed es su defensor de políticas globales y autor principal del boletín de calificaciones de 2020 sobre Guterres.

En una entrevista conjunta con PassBlue, conversaron desde su base en Washington cómo recopilaron información para el informe y por qué esperan los continuos esfuerzos del equipo de Guterres para cumplir con los objetivos de la agenda feminista, asumiendo que él ganará una segunda. plazo de cinco años.

«Absolutamente, su segundo mandato debería estar condicionado a su desempeño en esta agenda, que él ha dicho consistentemente que es una de sus principales prioridades», dijo Thompson.

Su enfoque en los problemas de la mujer, entre sus otras iniciativas, así como la lucha para aumentar el financiamiento de la ONU y lidiar con la pandemia explican en parte, agregó, por qué no ha habido una campaña rigurosa al estilo de 2016 para que una mujer lo suceda. Hasta aquí. Renovar el mandato de un titular también tiende a ser una tradición de la ONU.

Pero, dijo Thompson, «creo que veremos un impulso sin precedentes para una SG femenina después de su segundo mandato». Eso es un largo camino, que terminará en 2026, lo que significa que la ONU no habrá tenido una mujer líder en sus 81 años de historia.

Ahmed respondió a las críticas de que las boletas de calificaciones no cumplían con los criterios de las encuestas científicas diciendo que examinan la experiencia de los grupos de la sociedad civil que conocen la ONU y no son encuestas de la población en general. Una sección del informe de 2020 explica las metodologías.

Paradójicamente, las actitudes hacia Guterres, de 71 años, parecen haberse vuelto más positivas entre algunas defensoras a medida que la situación a su alrededor empeoraba. Guterres dirigió una atención sostenida a las desigualdades de las mujeres en un año en el que sus vulnerabilidades se vieron más trágicamente expuestas.

Cuando la pandemia estaba arrasando en China y comenzaba a afianzarse en Italia, Guterres describió en un discurso en la ciudad de Nueva York el 27 de febrero de 2020, cómo las mujeres estaban luchando y perdiendo terreno en un mundo patriarcal.

«Así como la esclavitud y el colonialismo fueron una mancha en los siglos anteriores, la desigualdad de las mujeres debería avergonzarnos a todas en el siglo XXI», dijo en la New School, una universidad progresista ubicada en Greenwich Village de Manhattan (y socia de PassBlue). El patriarcado «no sólo es inaceptable, es estúpido». Describió la situación de las mujeres en todo el mundo como «terrible». «Hay un fuerte e implacable retroceso contra los derechos de las mujeres», señaló.

Para abril de 2020, Guterres estaba generando alarmas sobre el aumento exponencial de la violencia contra las mujeres en el hogar y una catástrofe económica emergente para ellas en el mercado laboral.

Bellas palabras, dicen los críticos de Guterres, pero ¿Dónde hay un seguimiento atenuante?

«Lo que realmente están evaluando son las palabras del SG, no sus acciones», dijo un crítico escéptico de las boletas de calificaciones feministas en un correo electrónico a PassBlue, refiriéndose a Guterres como el «SG».

A pesar de su éxito en lograr la paridad de género en los puestos de alto nivel de la ONU antes de lo programado, la boleta de calificaciones de 2020 señala fallas institucionales perennes que siguen siendo ignoradas en la ONU y que afectan a las mujeres personal y profesionalmente.

El financiamiento para ONU Mujeres, la agencia creada hace 10 años, sigue siendo insuficiente para mejorar su presencia internacional. En esta medida de la agenda, la puntuación de Guterres bajó.

«El acoso sexual sigue siendo un tema clave», concluye la boleta de calificaciones. «La cultura del poder y el privilegio impregna el sistema de la ONU y requiere un cambio cultural importante».

Un patrón de procedimientos judiciales cerrados en la organización, que rara vez publica sus hallazgos, y el temor a perder puestos de trabajo limitan la denuncia de delitos. «El acoso sexual, la explotación y el abuso continúan impregnando las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU», agrega el informe.

Sobre todo, los forasteros se enfrentan continuamente al desafío de tratar de encontrar la información que necesitan de la ONU, incluidos los datos actuales.

«La Campaña Feminista de la ONU considera que la libertad de información es un tema feminista, especialmente cuando gran parte de la información que buscamos documentar sobre el estado y el avance de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en el sistema de la ONU y en el mundo en general es difícil de conseguir. «, argumenta la boleta de calificaciones de 2020. «La propia ONU ha sido criticada durante mucho tiempo por sus estructuras arcaicas y burocráticas; su complejidad y descentralización han impedido el monitoreo, la coherencia, la recopilación de datos y la rendición de cuentas en todo el sistema», dice el informe. Pero el cambio no es imposible.

El acceso a la información obtuvo una D + para Guterres en su primer año en el cargo, en 2017. Ahora es una buena B.

Foto: SemMéxico. 

"Lina Wertmüller, una mirada particular femenina en el cine"

 La cineasta comenzó como asistente de Federico Fellini en "La dolce vita" y "8 1/2"

Por Santiago Alonso

Por Enrique Martínez-Salanova

La filmografía de la cineasta romana, de más de 90 años, ganadora de un Oscar honorífico, es extraña, provocadora, compleja y ambivalente

Madrid, 26 ene. 21. AmecoPress/CTXT.- Hay muchas razones para conocer y honrar a Lina Wertmüller, realizadora italiana de más de 90 años, la primera mujer que fue nominada a los Oscar en 1976, con "Pasqualino Settebellezze", 1976. No lo tenía fácil, al ser película extranjera de mirada crítica que desafiaba al capitalismo y al patriarcado. Lina Wertmüller aportó su mirada particular a lo largo de su carrera. De ascendencia suiza y linaje aristocrático, logró dirigir cine siendo mujer y rodando historias poco complacientes, sobre la lucha de clases y la injusticia de género.

El cine de esta imprescindible directora, tiene una poética que siempre se ha caracterizado por una vena irónica y grotesca, inequívocamente popular, capaz de imponerse dentro de la tradición cinematográfica nacional gracias a una mirada completamente original y personal.

La cineasta, que comenzó como asistente de Federico Fellini en "La dolce vita" y "8 1/2", rápidamente encontró su camino retratando la vida de los habitantes del sur de Italia a partir de su ópera prima "I Basilischi" (1963).

Se dio a conocer a principio de los años 70 con dos títulos: "Film de amor y de anarquía" y "Mimí metalúrgico herido en su honor", celebrados en su momento por su divertida desinhibición ideológica.

Desde entonces, su filmografía retrata el empoderamiento femenino a través de personajes feministas o anarquistas. En general, las películas de Wertmüller reflejan sus propios compromisos políticos, siendo sus principales protagonistas o bien anarquistas o bien feministas (o ambos), y la acción principal se centra en conflictos de naturaleza política o socio-económica. A pesar de ello, las películas de Wertmüller raramente son didácticas, y a menudo reflejan sus propias sensibilidades iconoclastas.

Lina Wertmüller o el deseo de ser goliarda

Al poco de terminar el rodaje de 8½ a mediados de 1962, Federico Fellini recibió en su casa de Fregene a una amiga que era cómplice secreta en sus trapisondas fuera de los platós y había participado como ayudante de dirección en esa obra maestra. Era una vivacísima mujer de treinta y pocos años, de baja estatura y con una alegre sonrisa dibujada siempre en la boca. Se llamaba Lina Wertmüller e iba a empezar el rodaje de su primera película, todo un reto para alguien con formación teatral, que había trabajado en los escenarios, también como ayudante, durante muchos años, pero que no tenía prácticamente ninguna experiencia con la cámara. Paseando los dos aquel día por la playa, tal y como ella recuerda en sus memorias (Tutto a posto e niente in ordine, publicadas en 2012), Federico le dio un consejo que jamás habría de olvidar: “Mira, todos se te echarán encima. Que si las técnicas cinematográficas, las miradas a derecha e izquierda, las panorámicas, los focos, los movimientos de cámara… No te dejes impresionar. Cuenta tu historia como si se la contaras a un amigo en el bar o la escribieras a máquina. Si tienes talento como narradora, la contarás bien. En caso contrario, toda la técnica del mundo no te podría ayudar. Por lo tanto, ¡estate tranquila y cuenta!”.

Y así lo hizo. La actitud de ir siempre a su aire y no arredrarse por muy incómodas o descarnadas que sean los tonalidades con las que suele pintar en pantalla sus relatos tuvo como primer resultado I basilischi (1963), uno de esos sorprendentes debuts que parecen tener detrás la sabiduría de un profesional curtido en mil lides previas. La cinta –rodada en blanco negro, con muy poco presupuesto y nacida de la fuerte impresión que recibió la autora romana al entrar en contacto por primera vez con la forma de vida de los habitantes del pueblo paterno, situado en la región sureña de Apulia– le llevó a ganar dos premios en el Festival de Locarno. A partir de ahí, Wertmüller emprendió una carrera sorprendente y repleta de grandes hitos, cuya culminación tuvo lugar el pasado octubre cuando le dieron un Oscar honorífico a sus 91 años. Un justo reconocimiento a quien se ha ganado a pulso que la llamen “gran dama del cine italiano” –sin olvidar su trabajo en radio, televisión y teatro–, pues con una filmografía cercana a los treinta títulos, rodando guiones escritos casi siempre en solitario, ha sido una incansable pionera. La primera mujer de la historia, por ejemplo, en ser nominada precisamente a un Oscar a la mejor dirección, por Pascualino Siete bellezas (1975); o la primera y la única en firmar, aunque con seudónimo, un spaghetti western, Il mio corpo per un poker (1968).

Sin embargo, aparte de estas medallas, donde realmente conviene detenerse es en lo singular que es su obra, una fuente tanto de adhesiones como de rechazos: resulta tan extraña, provocadora, compleja, rica en detalles y ambivalente, cuando no abiertamente contradictoria, que a día de hoy sigue necesitando una revisión general, aún pendiente. El premio de Hollywood bien podría considerarse un guante lanzado a los críticos (y las críticas) jóvenes, aunque parece que de momento nadie ha querido recogerlo.

Fue la primera mujer de la historia en ser nominada a un Oscar a la mejor dirección, por Pascualino Siete bellezas (1975)

A partir principalmente de Mimí metalúrgico, herido en el amor (1972), la primera de una serie de películas rodadas con Giancarlo Giannini y Mariangela Melato, sus dos intérpretes predilectos, Wertmüller se lanzó a retratar con una expresión agresivamente turbulenta la tipicidad itálica, sobre todo la masculina, y su confrontación con los nuevos tiempos que corrían a partir de los setenta. Su modus operandi está claro a primera vista y lo ha definido a la perfección el historiador cinematográfico Gian Piero Brunetta al señalar la constante “aglomeración heterogénea de materiales sentimentales, sociológicos e ideológicos” que conforman una y otra vez cada cinta rodada por la directora. Mientras tanto, entre el estrépito y un aparente desorden, va desarrollando los temas que quiere tratar.

La cineasta repite con insistencia en todas las declaraciones y entrevistas su fijación por lo grotesco. Y el hecho de que haya llegado a establecer esta clave expresiva casi como un género en sí mismo constituye otra perfecta definición de su cine. Con los constantes dibujos extravagantes y deformados con los que gusta de representar la realidad, no pretende alejarse de ella, sino señalar los aspectos que le interesa recalcar. Aun así, también hay que decir que se aprecia cierta atemperación general de estos modos a partir de los años ochenta, cuando comienza a explorar otros campos. Algunos ejemplos: con Scherzo del destino in agguato… (1983) aborda el tema del terrorismo; Camorra: contacto en Nápoles (1986) es una historia acerca de un grupo de madres coraje enfrentadas a los jefes de la droga, protagonizada por Ángela Molina, Harvey Keitel y Paco Rabal; o Un claro de luna (1989), con Rutger Hauer y Nastassja Kinski, se presenta como un drama sobre el sida que cobra tintes bastante rabiosos.

En cualquier caso, conviene insistir y subrayar la necesidad de redescubrir de manera razonada la totalidad de su filmografía, poniendo igualmente suma atención a su última etapa, bastante menos conocida. Podrán encontrarse nuevos argumentos para aplaudir a la artista y para cuestionarla: es lo que tienen los creadores con una obra viva de verdad. ¿Una mujer libre? Sin duda. Pero ¿se ha amoldado sin más a un oficio concebido por y para los hombres? ¿O su ruptura de los esquemas proviene de una perpetua alergia a la ortodoxia? El debate está asegurado. Y asimismo podemos tener la certeza de que, como ha pasado antes, si llega a sus oídos cualquier opinión menos favorable a su figura, seguirá reaccionando con un non me ne può fregare di meno (no puede importarme menos).

Muy contenta y agradecida por la atención que desde hace décadas le han brindado fuera de su país, llevando por supuesto sus características gafas de montura blanca, subió hace cinco meses al estrado, en Los Ángeles, a recoger su estatuilla dorada. Aparte de Sofía Loren, la recibieron Jane Campion, quien recordó lo determinantes que fueron para ella los consejos que le escuchó a la italiana en la escuela de cine donde estudiaba, y Greta Gerwig, una de las mejores directoras estadounidenses de la actualidad. Las palabras de esta última marcan unas pautas muy válidas para cualquier espectador inquieto que desee adentrarse en el universo de Wertmüller: "En sus películas todo es demasiado y, a la vez, completamente veraz. Sus personajes no exageran, sino que exteriorizan las intensas emociones del ser humano. […] El hecho de que sea mujer supone algo esencial y secundario al mismo tiempo. […] No está al servicio de ninguna ideología. Lo que le interesa siempre es romper una regla. Cuando piensas que ya la has clasificado de una manera, va y tira por el camino contrario. […] Me asombra como mujer, como pionera y como madrina de todas nosotras, pero por encima de todo, como inmensa cineasta”.

Filmografía fundamental

Y para rematar, si los elogios de Gerwig han intrigado a los lectores (y futuros espectadores) que hayan oído hablar poco de Lina Wertmüller, pueden continuar el camino guiándose por estas seis paradas fundamentales:

I basilischi (1963)

Durante los títulos de crédito de su ópera prima hay un pequeño detalle en la banda sonora cuyo efecto condensa el espíritu del filme. De repente, el melancólico tema principal (una de las primerísimas composiciones para el cine de Ennio Morricone, que canta en dialecto Fausto Cigliano) se interrumpe y se oye a un niño muy pequeño canturrear con entusiasmo, inventándose las palabras inglesas, la canción Let’s Twist Again. Lo que podría ser una simple nota simpática, acaba señalando los pocos ecos de la modernidad que llegan al sur profundo de Italia y los efectos que producen en un ámbito geográfico olvidado y prácticamente ajeno a la Historia. I basilischi es el retrato de tres amigos que arrastran su existencia en un típico pueblecillo situado entre Basilicata y Apulia. Para este análisis tan pesimista del provincianismo, visto como un cúmulo de apatía y de prejuicios hacia lo que viene de fuera, la directora cumple una especie de rito de iniciación al cine recurriendo a una estética eminentemente neorrealista. Y, aparte del fresco humano, su mirada capta a la perfección la adustez de las calles y los paisajes campestres.

La Italia eterna y la Italia que cambia han sido a menudo los lugares donde Lina Wertmüller ha dirigido con loca firmeza su cámara

Questa volta parliamo di uomini (1965)

No aparece en los diccionarios de cine italiano como ejemplo especialmente destacado de commedia all’italiana, el filón al que parece adscrita, pero ahora salta a la vista que la segunda película dirigida por Wertmüller sobrepasa con mucho el modelo del que parece partir. Primero, porque demuestra algo que siempre ha afirmado la cineasta, y es que ella, en realidad, jamás ha hecho comedia. Y segundo, porque acaba convirtiéndose en una diatriba contra ciertos comportamientos del varón italiano, con la mujer como víctima, que alcanza una ferocidad que rara vez se ha asomado a unas pantallas donde sí, de acuerdo, a veces se hacía crítica de la condición masculina, pero a menudo con una buena dosis de indulgencia. Entre las cuatro relaciones conyugales que se describen (al gran Nino Manfredi, que interpreta a un protagonista diferente por episodio, lo acompañan en cada uno de ellos Liliana Paluzzi, Milena Vukotic, Margaret Lee y Patricia De Clara), hay dos que hielan la sangre: la de la pareja circense, que forman un viejo lanzador de cuchillos, casi ciego, y su compañera mutilada tras años de espectáculo juntos; y la del campesino en huelga que se pasa todo la jornada bebiendo y jugando en la tasca, mientras la esposa se mata a trabajar. Questa volta parliamo di uomini supuso un acercamiento muy importante de la directora al feminismo, aunque su participación por aquel entonces en los actos del movimiento a los que la invitaron, como refleja en sus memorias, no acabó nada bien.

Film de amor y de anarquía (1973)

Coincidiendo con una época de especial efervescencia contestataria en la juventud de su país, la cineasta decidió adentrarse en la historia del anarquismo. Concretamente revisó las figuras del movimiento que llevaron a cabo atentados contra Umberto I (Giovanni Passannante y Gaetano Bresci) o, décadas más tarde, contra Benito Mussolini (Michele Schirru). Partiendo de ellas, idea la figura de Tunin, un campesino véneto que es enviado a Roma para matar al Duce y tiene allí como único contacto a una meretriz llamada Salomè. Los días previos al magnicidio los pasa en la casa chiusa donde vive la chica, un escenario perfecto donde Wertmüller puede dar rienda suelta a su estilo arrollador. Entre las largas escenas de alcoba prostibularia que protagoniza la pareja Giannini-Melato (con la contribución de la estupenda debutante Lina Hipolito), la plasmación de la frenética actividad de las mujeres del lugar (cuando descansan o cuando reciben a los clientes: todo un recital por parte de las secundarias) y los certeros apuntes sociológicos sobre el fascismo, se consigue un inaudito cóctel de sensaciones, con un último trago en forma de secuencia final que se siente como un puñetazo en el estómago. La guinda al conjunto la pone el maestro Nino Rota con unas formidables composiciones, muy evocadoras.

Insólita aventura de verano (1974)

Probablemente la mutación más salvaje que ha experimentado la screwball comedy a lo largo de la historia del cine. Algo de eso debió de ver en su día (y debe de seguir viendo aún hoy) el público estadounidense, pues su estreno no se quedó en el circuito neoyorquino de arte y ensayo, sino que llegó con éxito de crítica y público a los cines de todo el país. Hasta el escritor Henry Miller elogió la cinta. Las ideas rectoras que vertebran la propuesta son dos: a) la inversión de las posiciones sociales de los protagonistas en su particular guerra de sexos; y b) el feliz y también imposible regreso al estado natural del ser humano cuando se aleja de la civilización. La clave de la reformulación reside en que él es un proletario comunista y siciliano de pura cepa, mientras que ella representa a la pija milanesa perteneciente a una familia de ricos industriales. El choque entre estos dos náufragos que llegan a una idílica isla desierta desencadena una tormenta erótico-sentimental donde arrecian los gritos y las bofetadas. Insólita aventura de verano puede hacer sin problemas las delicias de las espectadoras con alma más punk, pero asimismo plantea serios problemas, como muy bien señaló la crítica Pauline Kael, firme detractora del cine de la italiana, que pasan por la práctica asunción de la dominación machista (y la cultura de la violación, habría que añadir) como algo connatural al ser humano.

Pascualino Siete bellezas (1975)

Para muchos, su obra maestra. Febril y exacerbada, con momentos sumamente descarnados, es sin duda la película en la que lleva al límite los tonos farsescos. Todavía cabe preguntarse cómo pudo el público estadounidense aceptar y aplaudir un producto europeo con unas trazas tan extremas, propiciando que obtuviera hasta cuatro nominaciones de los premios hollywoodienses en 1977, nada más y nada menos que a mejor directora, mejor guionista, mejor película extranjera y mejor actor protagonista (un inmenso Giannini). Porque para perplejidad de quienes nos colocamos al otro de la pantalla, la historia de Pascualino, prototipo del guappo napolitano y superviviente nato, refleja un alucinante viaje desde la vivaz pero también terrible realidad de la ciudad partenopea hasta el horror del Holocausto. A riesgo de que suene a frase hecha, esta película no se parece a nada que se haya hecho antes o después de ella. Y si solo se nos permitiera alabar un rasgo artístico entre tanto contraste e intensidad, quizás nos quedaríamos con el sobrecogedor acercamiento al alma de los personajes mediante planos detalle de sus ojos, un estilema de Wertmüller que suele contar con la inestimable labor de los intérpretes.

Mi querido profesor (1992)

Salta a la vista el cambio formal en la última etapa de la realizadora. Se caracteriza por una mayor sobriedad y sencillez en la puesta en escena. Tenemos un buen ejemplo en este interesantísimo filme, que protagoniza el gran actor y autor cómico Paolo Villaggio. Es mucho más tranquilo y está realizado con muchos menos aspavientos. Sigue, eso sí, un modelo narrativo demasiado manoseado: el nuevo maestro que llega a una escuela conflictiva y consigue encandilar a pesar de todo a su clase. Pero no se presenta como un trabajo rutinario. Para empezar, encontramos la inacabable contraposición norte-sur, pues el protagonista es de Liguria y lo destinan a una desfavorecida localidad de la región de Campania. El foco, por tanto, se pone en la realidad socioeconómica de unos chavalillos que se pasan la mitad del día trabajando para ayudar a sus familias. Y después, una parte considerable del metraje se destina a las conversaciones y situaciones vividas por el recién llegado, quien muchas veces no entiende el dialecto, con sus deslenguados alumnos. El drama y la comedia se atenúan, teniendo como resultado que los aspectos emotivos no caigan en lo ñoño y se manifiesten de manera muy natural. Hay, además, un detalle que enlaza con I basilischi, invirtiendo en cierta medida los términos: cuando Villaggio llega el primer día a la ciudad, va escuchando What a Wonderful World de Louis Amstrong en un walkman, pero dos veces se quita los cascos para entrar en contacto con el barullo sureño y hablar con el primer niño.

La Italia eterna y la Italia que cambia han sido a menudo los lugares donde Lina Wertmüller ha dirigido con loca firmeza su cámara. Y en la contraposición entre contrarios —el hombre y la mujer, el norte y el sur, la libertad y el sometimiento, lo desmesurado y (pocas veces) lo contenido—, radica el interés de una cineasta insólita, cuya carrera, quizá sorprendentemente, acaba de reconocer un Hollywood más proclive al conservadurismo que a la anarquía.

(A diferencia de otros medios, en CTXT mantenemos todos nuestros artículos en abierto. Nuestra apuesta es recuperar el espíritu de la prensa independiente: ser un servicio público).

Fotos Archivo AmecoPress..Lina Wertmüller en 1987 (imagen recortada). Augusto de Luca (cc by-sa 2.0). 

Honduras penaliza el aborto para siempre

 Análisis de Juanita Rico

Los pañuelos verdes son un símbolo de las protestas de las mujeres en América Latina para que se legalice el aborto. Doto: Creative Commons

BUENOS AIRES, 27 ene 2021 (IPS) - Honduras ha sido noticia este principio de año por la caravana de migrantes que partió hacia Estados Unidos. Sin embargo, ha pasado desapercibido que los legisladores del país aprobaron una reforma que hará prácticamente imposible legalizar el aborto ahora y en el futuro.

Mientras Argentina, tras una larga lucha feminista, celebra la legalización del aborto, Honduras se sitúa en las antípodas. Hoy es el país latinoamericano que más represiones acumula contra la medida. El 21 de enero de 2021, 88 congresistas aprobaron la reforma que prohíbe absolutamente el aborto.

La reforma al artículo 67 está orientada a impedir que el aborto pueda ser legalizado en el futuro en Honduras y la llaman «el escudo contra el aborto».

Surgió como respuesta al imparable movimiento verde feminista que, por toda América Latina, está buscando defender los derechos de la mujer y legalizar el aborto libre en todos los países de la región.

El aborto en Honduras es ilegal en cualquier circunstancia, incluidos los casos de violación e incesto y de peligro para la salud de la madre o el feto. El Código Penal hondureño establece que «el aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto».

La prohibición es tal, que cualquier persona que ayude a una mujer a abortar puede ser acusada penalmente y encarcelada. Asimismo, el gobierno también prohíbe tomar la pastilla «del día después».

Para las activistas feministas, esta iniciativa es un precedente regresivo que podría replicarse en el resto de la región. La nula voluntad para suavizar la ley en Honduras se vio en 2017 cuando se intentó aprobar una ley que despenalizara el aborto en casos de incesto y violación y solo ocho de los 128 congresistas la apoyaron.

Beatriz Valle, ex congresista hondureña, afirma que «vivimos en una sociedad conservadora en extremo, pero esto es un tema de salud pública».

La nueva reforma constitucional también excluye la posibilidad que una sentencia judicial la limite o que una nueva constitución pueda cambiarla. Esto hace que sea un candado absoluto para evitar que las mujeres puedan acceder a abortos seguros.

La Línea

Como respuesta a la penalización del aborto, en Honduras nació un servicio clandestino llamado «La Línea» que, por muchos años, ayudó a mujeres que necesitaban ayuda y carecían de lugar al que acudir.

Mencionada discretamente entre amigas y conocidas a través de volantes que se repartían en universidades y escuelas secundarias en Tegucigalpa, la capital, La Línea era un simple número telefónico al que cualquier hondureña podía llamar y pedir información sobre el aborto.

Las mujeres que administraban La Línea eran anónimas y voluntarias. En un país católico y en el que cada barrio tiene su iglesia evangélica, cualquier cosa relacionada con el aborto y cualquier iniciativa para apoyarlo se considera algo pecaminoso. A pesar de ello, La línea nació en 2016 y se hizo tan popular que, en 2018, decidió ampliar su alcance.

En una movida arriesgada, sus creadoras intentaron poner un aviso en el popular diario La Tribuna con el teléfono al que las mujeres podían llamar. El periódico se negó a publicarlo y, poco después, el teléfono de la organización dejó de funcionar.

Así, las dueñas de La Línea entendieron que La Tribuna había denunciado el número, lo que las puso en una situación precaria ya que, si cambiaban de tarjeta SIM, miles de mujeres que necesitaban su ayuda y tenían ese número quedarían a la deriva.

Por eso, unos meses más tarde, en octubre de 2018, las dueñas de La Línea compraron otro teléfono y, para su sorpresa, pudieron retomar el servicio con el mismo número.

La Línea se mantiene activa en la clandestinidad y sin certeza de hasta cuándo podrá seguir activa.

Cifras del horror

En Honduras existe un agudo problema de delitos violentos. El país tiene uno de los índices de homicidios más altos del mundo, y cada 22 horas una mujer muere de forma violenta.

Asimismo, una de cada cuatro mujeres ha sido víctima de abuso sexual.

Según una encuesta gubernamental, además,  40 % de los embarazos no deseados del país son producto de violaciones, mientras que más de 30 000 adolescentes entre los 10 y 19 años han sido madres en el último año. Los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres en Honduras necesitan urgentemente una revisión profunda que lleve a acciones políticas concretas.

Según un informe de 2019 de Humans Right Watch (HRW), cada año se practican entre 50 000 y 80 000 abortos en el país centroamericano. Todos esos abortos se hacen ilegal y clandestinamente, por lo que es urgente abordar esta problemática más allá del ámbito represivo, para que incluya temas como educación sexual, educación reproductiva y formas de anticoncepción.

La covid-19 trae más violencia

El confinamiento fruto de la crisis de la covid-19 solo empeoró la situación de las mujeres en Honduras.

Para finales de 2020, más de 800 niñas entre los 10 y 14 años dieron a luz y la línea de emergencia recibió más de 100.000 llamadas de mujeres víctimas de abuso doméstico, que incluye abuso sexual y falta de atención y educación reproductiva.

Frente a esto, la postura del presidente Juan Orlando Hernández y de su partido, el Partido Nacional, sigue siendo la misma que expresó en 2017 frente a la posible despenalización del aborto en casos de incesto, violación y malformaciones del feto: «el único que puede dar y quitar la vida es Dios».

Este es el contexto en el que se votó la nueva reforma que condena a las hondureñas a seguir buscando ayuda clandestina y a soportar abortos ilegales, peligrosos y, en muchos casos, mortales.

El movimiento feminista latinoamericano, y todos aquellos que trabajan por los derechos humanos, tienen un reto colosal si quieren que esta gravísima injusticia no se perpetúe en el tiempo, cuando entramos ya en la tercera década del siglo XXI.

Este artículo fue publicado originalmente por DemocraciaAbierta.

Acabar con la mutilación genital femenina pasa porque deje de ser un secreto

 ipsnoticias.net

Por Mariya Salim

Masooma Ranalvi , fundadora de WeSpeakOut (Nosotras Hablamos), que encabeza la campaña para abolir la mutilación genital femenina en India.

NUEVA DELHI, 28 ene 2021 (IPS) - Las sobrevivientes de ablación o mutilación genital femenina (MGF) están decididas a compartir sus historias para poner fin a esta práctica, aunque enfrentan el ostracismo de sus comunidades.

Masooma Ranalvi, sobreviviente de la ablación genital y fundadora de WeSpeakOut (Nosotras Hablamos), una organización comprometida con la eliminación de la práctica que también se realiza en varias comunidades de India, en especial en las de los dawoodi bohras, seguidores del ismailismo, una corriente religiosa del islamismo chiita.

Hablar en contra de la MGF no ha sido fácil para Ranalvi y muchas otras mujeres que se han atrevido a revivir el recuerdo de su infancia, cuando fueron víctimas del “khaft”, como se llama en indi al “corte” genital. Pero consideran necesario compartir públicamente su traumática experiencia, para que las generaciones posteriores no deban sufrirla.

“Existe una cultura del miedo en torno a este tema, una cultura del silencio. Muchas no se pronuncian porque hay boicots sociales contra quienes lo hacen, declarados extraoficialmente y ejecutados de hecho por la comunidad», dijo Ranalvi en entrevista con IPS.

La activista, una de las lideresas de la lucha legal y social contra la MGF en India y el mundo, detalló que “hace solo 20 años se negaba incluso el derecho al entierro (según los ritos de la corriente musulmana) a aquellos que se atrevían a disentir de la ablación o hablaban contra ella”.

Según un estudio realizado por WeSpeakOut, de los dos millones de personas que integran la comunidad bohra en India y su diáspora, entre 75 y 80 por ciento de las mujeres aproximadamente están sujetas a la ablación /mutilación genital femenina.

Renalvi también se sumó a una iniciativa judicial de la abogada Sunita Tiwari para abolir la MGF, que hasta entonces el gobierno de India negaba que se realizase en el país. Tiwari presentó en 2017 un Litigio de Interés Público ante la Corte Suprema de India en demanda de que se prohíba la MGF en la comunidad dwoodi bohra, aún sin sentenciar.

La práctica de la A/MGF se perpetuó entre esta minoría musulmana india en buena parte gracias al secreto en torno a ella, como sucede en otras partes del mundo. Pero ahora se habla de ella cada vez más y especialmente lo hacen las sobrevivientes.

La MGF implica la extirpación parcial o total de los genitales femeninos externos u otras lesiones de los órganos genitales femeninos por razones no médicas. La religión, la cultura y la tradición se citan a menudo como argumentos para esta práctica atávica y patriarcal.

Rn alrededor de 92 países  se practica la A/MGF y de ese total, 51 países la han prohibido expresamente en sus leyes nacionales de una forma u otra.

En Asia, sin embargo, no hay un solo país que tenga una ley promulgada para prohibir la práctica contra los derechos de las humanas, aunque se sabe que se prolonga en forma habitual en al menos India, Indonesia y Malasia.

Mariya Taher , confundadora de Sahiyo, una organización que promueve la prohibición de la ablación femenina en Estados Unidos y en el resto del mundo

En Estados Unidos, Mariya Taher cofundó Sahiyo, una unión de mujeres por la proscripción de la MGF a nivel mundial y entre la comunidad bohra. Ella es una sobreviviente y participó activamente leyes en la abolición de la práctica en el estado Massachusetts.

“Tardamos cinco años en lograrlo, pero en agosto de 2020 logramos aprobar una ley al respecto. Actualmente trabajo con un grupo en Connecticut para aprobar una ley allí también”, explicó a IPS desde Boston.

En Estados Unidos, detalló, sí existe una ley federal contra la A/MGF, pero para que se haga efectiva se requieren también normas a nivel de los estados y hasta ahora solo 39 de los 50 territorios federales han incorporado la abolición a su legislación, detalló Taher.

Aarefa Johari, periodista y cofundadora de Sahiyo, agregó que “la promulgación de una legislación contra la ablación/mutilación genital femenina debe ser precedida, acompañada y luego monitoreada por un activismo comunitario intenso y fuerte. Necesita educación, concienciación y diálogo”.

También sobreviviente de la ablación, Johari cree que “una ley contra la A/MGF es vital como elemento disuasorio y como medio para aclarar la postura del Estado sobre la práctica”.

Pero subrayó que “las leyes por sí solas no pueden poner fin a normas sociales profundamente arraigadas ».

La periodista de Aarefa Johari, cofundadora de Sahiyo

A juicio de Johari se requiere, además, un compromiso a largo plazo y una intervención legal para cambiar la mentalidad de la comunidad donde se mantiene la práctica.

Dado que muchos dentro de las diversas comunidades usan la religión para justificar la práctica, es importante señalar que ha habido una extensa investigación y escritos sobre el tema por parte de eruditos islámicos que concluyeron que la MGF no es islámica.

Ese descredito se basó en los textos coránicos y las colecciones de costumbres y tradiciones con base en dichos y acciones del profeta Mahoma, denominados “hadices”.

La organización internacional Karamah Mujeres Musulmanas Abogadas por los Derechos Humanos  también concluyó en un estudio que la dañina práctica contra la integridad física y emocional de las mujeres carece totalmente de un “mandato religioso”.

«El corán no proporciona un solo verso o instancia en la que el ‘khitan’ femenino (MGF) en que se mencione como obligatorio o deseable. Además, contrariamente a la creencia generalizada, no existe un único hadiz auténtico del Profeta que requiera el khitan femenino”, indica el informe de la organización que actúa en Europa, Norteamérica, Medio Oriente y Norte de África.

Cuando tenía 10 años, la tía de Munira (un nombre ficticio para su protección) la tomó de la mano y la llevó al sótano de su casa vacía un domingo por la noche prometiéndole jugar un juego.

Poco sabía Munira que el premio de este supuesto juego, donde se le pidió que se acostara en una mesa con la ropa interior baja y los labios sellados por su tía para evitar que se escucharan sus gritos, terminaría con cicatrices de por vida. Fue cortada por una persona de su propia familia y este recuerdo resuena en su mente, como en la mayoría de las víctimas de la ablación.

“Nunca es fácil para alguien que ha experimentado alguna forma de violencia de género compartir su historia. Mi proceso tomó años y me implicó primero aprender sobre él y luego escribir sobre él. Lo primero que escribí fue para el proyecto de imaginar la igualdad”, explicó Taher.

Aseguró que le tomó muchos años “sentirme cómoda para compartirlo frente a una cámara o para ser entrevistada por los medios sobre mi experiencia. Pero incluso cuando me sentí cómoda, experimenté muchas reacciones (dolorosas) al hacerlo”.

Además, al hacer público su caso en su entorno inmediato, algunos familiares dejaron de hablarle.

“Nuestro movimiento (para poner fin a la A/MGF) se ha enfrentado a una reacción violenta tanto pública como privada de la comunidad: nos controlan mucho en línea, hay intentos de desacreditar constantemente las historias de las sobrevivientes y silenciar a quienes hablan», acotó Johari.

Pero el troleo en las redes no ha detenido la campaña.

“Es importante enfatizar que esto es una señal de la importancia de nuestro trabajo, y obtenemos tanto (o más) apoyo positivo de los miembros de la comunidad como reacciones negativas”, agregó Johari.

El clima contra el Islam y sus seguidores en buena parte del mundo, India y Estados Unidos incluidos, hace que muchas víctimas de ablación opten por permanecer calladas.

Taher reconoció que hay una interacción de opresiones y la islamofobia es una de ellas cuando se lucha contra la A/MGF.

Particularmente con la falsa suposición de que solo los musulmanes practican la mutilación genital femenina.

Pero la realidad, dijo Taher, es que “la A/MGFA ocurre en todos los continentes del mundo excepto en la Antártida, y cuando ocurre dentro de comunidades islámicas, se trata de una minoría muy pequeña”.

“La verdad es que la ablación/mutilación genitalfemenina es una norma social justificada en todo tipo de formas: religión, salud, estatus social, matrimonio, tradición, cultura, etc”, dijo.

Se trata, puntualizó Taher, de “una norma social que se inició antes del advenimiento del islamismo y el cristianismo”.

Por eso, insistió, “es vital hablar en contra de la islamofobia y la xenofobia cuando se trabaja contra la A/MGF”.

En tanto, en India, Ranalvi subrayó que solo se emprendieron acciones legales cuando todo lo demás había fracasado.

“Llamamos a las puertas de los tribunales cuando fracasaron todos los intentos de diálogo con el clero y el liderazgo dentro de la comunidad. Es imperativo el apoyo de las leyes  y de los órganos institucionales para dar poder a nuestra resistencia y permitirnos tomar el control de nuestros cuerpos y ayudar a poner fin a esta violación de ellos », agregó Ranalvi.

A medida que se acerca el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, el 6 de febrero, solo se puede esperar que se acabe con esta práctica, que sigue siendo un secreto oscuro pero ampliamente prevalente que viola los derechos humanos de las mujeres y practicado por diferentes comunidades en todo el mundo.

T: MF/ED: EG

 

Preocupa a expertas de la Belén do Pará normativa contra el aborto aprobada en Honduras

 Por Redacción SemMéxico

Se considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer, a quien debe respetársele la vida en todo momento. Serán nulas e inválidas las disposiciones legales que establezcan lo contrario. Pide al Estado hondureño que tome las medidas necesarias para evitar sea ratificada. Ofrecen, además, colaboración técnica

Washington DC, 26 ene. 21. AmecoPress/SemMéxico.- El Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), expresa su preocupación por la modificación constitucional aprobada el 21 de diciembre por el Congreso Nacional de Honduras para reformar el artículo 67 de la Constitución de la República.

El Comité solicita al Estado hondureño que tome las medidas necesarias para evitar la ratificación de dicha normativa y así cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos, asegurando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación.

El Comité de Expertas se pone a disposición del Estado de Honduras para otorgar colaboración técnica en esta o cualquier otra materia relacionada con la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas por razones de género.

Actualmente, la Constitución establece en dicho artículo que “al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la Ley”.

De ser ratificada la modificación aprobada por el Congreso, el texto constitucional quedaría de la siguiente manera:

Se considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer, a quien debe respetársele la vida en todo momento. Serán nulas e inválidas las disposiciones legales que establezcan lo contrario.

Lo dispuesto en el presente Artículo sólo podrá reformarse por una mayoría de tres cuartas partes de los miembros del Pleno del Congreso Nacional, sus disposiciones no perderán vigencia o dejarán de cumplirse cuando sea supuestamente derogado o modificado por otro precepto constitucional.

En caso de aprobarse una nueva Constitución sus disposiciones serán incorporadas a la misma, salvo que por unanimidad de la asamblea Constituyente se establezca lo contrario.

Al respecto, el Comité considera que esta modificación implica una violación al principio general de no retroactividad y de progresividad de los derechos humanos y que conlleva una vulneración a los estándares internacionales en la materia y al derecho a la salud reproductiva de las mujeres, adolescentes y niñas.

En este sentido, de ser ratificada esta modificación el día de hoy se contravendrían los más altos estándares internacionales en la materia al negar la posibilidad de reformar las leyes y normativa secundaria de tal forma que se asegure el acceso de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia y la garantía del derecho a la salud reproductiva.

En este sentido, este Comité, así como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Relatoría Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas, junto con diversos organismos internacionales, regionales y universales, han establecido que este tipo de prohibiciones generan en las mujeres consecuencias irreparables y pueden llegar a consolidarse como tortura y malos tratos a manos del Estado.

Foto SemMéxico. 

Perú: Esterilizaciones forzadas

 Frente a lo que viven, y cansadas del alargamiento del caso, han denunciado en diversas instancias internacionales

Por María Ester Mogollón

Se volvió a suspender la Audiencia programada para el 11 de enero de 2021, para presentación de cargos contra los responsables de las esterilizaciones forzadas, crimen de lesa humanidad: el expresidente peruano Alberto Fujimori, sus exministros de Salud, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga y una serie de exfuncionarios de su gobierno

Lima, ene. 21. AmecoPress/SEMlac.- El juez Rafael Martín Martínez suspendió la Audiencia programada para el 11 de enero de 2021, para presentación de cargos contra los responsables de las esterilizaciones forzadas, crimen de lesa humanidad: el expresidente peruano Alberto Fujimori, sus exministros de Salud, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga y una serie de exfuncionarios de su gobierno.

El proceso fue aplazado durante más de dos años, luego de la denuncia ante el Poder Judicial de parte de la Fiscalía de la Nación, en octubre de 2018, y tras 16 años de investigación y archivamientos.

Aunque se suspendió, con la Audiencia del 11 de enero se abrió una nueva etapa histórica del caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú, las víctimas agrupadas en la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF) exigen justicia, verdad, reparación y piden al Poder Judicial celeridad y transparencia en el proceso.

Cuando se instaló la Audiencia, se dieron cuenta de la ausencia de traductores de quechua, idioma de la mayoría de víctimas.

La situación fue aprovechada de inmediato por César Nakasaki, abogado de Alberto Fujimori, secundado por los abogados de los otros acusados, que aludieron al derecho de las víctimas a entender en su idioma lo que iba a suceder. El juez Martin consultó con el Fiscal y abogados y suspendió la Audiencia hasta nueva fecha.

El abogado de Fujimori ya había justificado la ausencia de Fujimori en la Audiencia, aludiendo que no le correspondía participar, por no ser motivo de la extradición (desde Chile) de la que fue objeto. Como en otras ocasiones, se señaló también que estaba delicado de salud.

Fujimori se encuentra ya preso por crimen de violación de derechos humanos en otros casos, ocurridos durante su gobierno.

Las víctimas y otras organizaciones solidarias exigen al juez que fije fecha y hora para proseguir con celeridad la Audiencia, a 25 años de ocurridos los hechos y la serie de dificultades que las víctimas afrontan, ya que ni siquiera han alcanzado políticas de reparación integral, que no deben esperar el proceso judicial.

"Sabían que éramos quechua hablantes y debieron llevar traductores oficiales", señala Rute Zuñiga, presidenta de AMPAEF. "Siempre buscan argumentos para dilatar la justicia y no lo vamos a permitir. Es una burla ver que los abogados de los fujimoristas hablen de nuestros derechos, solo para retardar la justicia".

El caso lleva el Expediente No 59-2019 y contiene más de 1.300 casos; otro expediente con más de 1.000 casos se encuentran también en Fiscalía, a cargo de la Fiscal Edith Chamorro.

El fiscal Pablo Espinoza no pudo, en esta ocasión de la Audiencia, sustentar los cargos contra los responsables de este crimen de lesa humanidad: Alberto Fujimori y sus exministros Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y otros funcionarios de su gobierno. Ellos son acusados por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte y lesiones graves en un contexto de violaciones a los derechos humanos.

El caso fue declarado como crimen de lesa humanidad y reúne las condiciones para que se establezca el proceso judicial, advierte la presidenta de AMPAEF, Rute Zuñiga, y esperaba que no se alargue más, como ha sucedido con las investigaciones de Fiscalía, donde el caso se mantuvo por 16 años, para vergüenza de la justicia peruana, dice.

El doctor Sigfredo Florián, del Instituto de Defensa Legal (IDL), abogado de un grupo de víctimas de Anta (Cusco), Huancabamba (Piura) y Lima, había expuesto una serie de criterios sobre lo que podía pasar en la citada Audiencia, aunque había tres escenarios:

Que el juez apertura el proceso y entramos a una investigación judicial; que el juez devuelva la denuncia para que el Fiscal corrija algunos defectos y que el juez archive.

Aunque lo que sucedió fue la suspensión, por no contar con traductores de quechua.

Desde el Grupo de Seguimiento a las Reparaciones en Esterilizaciones Forzadas (GREF) se solicitó a la Defensoría del Pueblo, a Amnistía Internacional y a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, su participación como OBSERVADORES de la Audiencia. Todas aceptaron participar y son testigos de lo sucedido.

"Un grupo mayoritario de víctimas llegamos a esta Audiencia representadas por abogados de Defensa Pública, proporcionados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, por la situación de emergencia sanitaria que afrontamos, será una Audiencia Virtual, donde a Fujimori, el responsable de esta política discriminatoria y crimen de lesa humanidad, se le brinda la Plataforma Virtual de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) de la Policía Nacional del Perú, donde está preso, aunque no por las esterilizaciones forzadas. A nosotras, las víctimas, ninguna facilidad, ni plataforma, ni explicación", expresa la cusqueña Zuñiga. "Carecemos de esos recursos técnicos. Pero queremos que el proceso continúe y que no se archive más".

"Ya son casi 25 años de esta lucha", dice Aurelia Paccohuanca, de Anta, Cusco. "Ya han muerto como siete compañeras en Cusco, otras están enfermas y sobre todo cansadas de esta lentitud por parte de la justicia y de las instituciones que deben aplicar las reparaciones.

Constatamos que seguimos siendo pobres, nuestra salud física está afectada y también nuestra salud mental. El Estado nunca se ha responsabilizado, por eso no dejamos de reclamar las reparaciones integrales", denuncia.

"Aun así seguimos fuertes y unidas en nuestras organizaciones y así seguiremos hasta lograr justicia", apunta Paccohuanca, una de las líderes de la organización.

Las esterilizaciones forzadas en el Perú se realizaron durante el gobierno fujimorista entre 1995 y 2000, a través de la política denominada Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF). El universo de víctimas asciende a más de 300.000.

Actualmente, hay más de 7.000 casos en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este mecanismo se creó en 2015 bajo el Decreto Supremo 006-2015 JUS, que declaró de interés nacional el caso y le dio responsabilidades al Ministerio de Justicia, de la Mujer y de Salud.

En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están los casos de Mamérita Mestanza y el de Celia Ramos, ambas fallecidas, sus hijos e hijas persisten en la búsqueda de justicia en homenaje a sus madres. DEMUS es la organización que les defiende.

Denuncias ante la ONU

Frente a lo que viven y cansadas del alargamiento del caso, han denunciado en diversas instancias internacionales.

Rute Zuñiga señala que cinco casos de esterilizaciones forzadas han sido presentados ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a fines de setiembre por AMPAEF y la organización internacional Justicia y Reparación. Posteriormente han presentado tres nuevos casos de mujeres quechua hablantes, esterilizadas también en contra de su voluntad entre 1996 y 1997 ante el Comité de No Discriminación de la ONU.

Finalmente, agradece todas las expresiones de solidaridad, nacionales e internacionales, que vienen recibiendo y les pedimos continuar, atentos a los próximos acontecimientos, finaliza Zuñiga, a la vez que anuncia otras acciones y movilizaciones, interrumpidas por restricciones de la emergencia sanitaria que vive el país.

Antecedentes

Se han realizado múltiples investigaciones sobre la política de esterilizaciones forzadas en el Perú -diseñadas e impulsadas por Alberto Fujimori durante su gobierno-, tanto desde el Congreso de la Republica, Ministerio de Salud, Defensoría del Pueblo y desde el ámbito académico.

Ana María Vidal Carrasco, abogada defensora de derechos humanos, explica[1] que la Defensoría del Pueblo realizó tres informes sobre la aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos y demostraron una tendencia compulsiva en la aplicación del programa y la presión para que las mujeres se sometieran a la esterilización quirúrgica.

Agrega que algunos de los patrones detectados son:

 Falta de garantías para la libre elección.

 Campañas destinadas principalmente a la ligadura de trompas, en detrimento de las vasectomías.

 Metas establecidas sobre la cantidad de mujeres que debían utilizar métodos anticonceptivos.

 Falta de garantías para la decisión informada de los métodos anticonceptivos.

Ausencia de autorización para la operación: situaciones que invalidan la obtención del consentimiento informado, uso de distintos documentos de autorización para la esterilización, esterilizaciones a mujeres casadas en las que el esposo firma con ellas el documento de consentimiento y esterilizaciones a personas analfabetas sin que el formulario de consentimiento previo sea suscrito por un testigo.

 Ausencia de normas que regulen el proceso de decisión informada de personas que no hablaban el idioma castellano.

 Falta de garantías para la seguridad y la salud de las personas durante la operación: evaluaciones prequirúrgicas realizadas por personal no calificado, ausencia de una identificación de profesionales de salud en la tercera parte de las evaluaciones y no realización de reportes operatorios.

 Falta de seguimiento posterior a la intervención quirúrgica.

 Dificultades para la determinación de responsabilidad penal.

 Incumplimiento en relación a la reparación de estas personas y el deber de cooperación.

Para más antecedentes, revisar aquí.

*María Esther Mogollón: Periodista, activista feminista. Actual coordinadora del GREF y asesora de AMPAEF.

[1] En su artículo de febrero 2020 publicado.

Foto: Archivo AmecoPress. 

Es política de Estado la violencia de género

 Violencias machistas & Estado

Por Ilka Oliva Corado

Fuentes: https://cronicasdeunainquilina.com

Es política de Estado en sociedades con gobiernos neoliberales, la violencia contra la mujer y las masas empobrecidas y explotadas.

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Antes que el brazo armado está el recurso de la religión que manipula emocionalmente  a los excluidos pero que violenta doblemente a las mujeres por su género. En nombre de la fe, amparados por religiones misóginas muchos hombres ejercen la violencia de género a tal grado de llegar a los feminicidios.

Eso no es nuevo, no estamos descubriendo el agua azucarada. Pero un Estado ausente, infestado de corrupción, donde se propaga el machismo, la misoginia, la homofobia y se alimenta el patriarcado sistemáticamente es el responsable de la violencia de género y todo su contexto. 

Sin leyes que castiguen a quienes violentan a las mujeres en todas sus formas, la violencia de género continuará. Y el principal criminal es el Estado que con sus políticas niega el derecho al aborto, seguido de una planificación minuciosa de empobrecimiento de los sectores más explotados.

Negarle el acceso a la educación a las niñas de los sectores más vulnerados. Obligarlas a parir manipulando a la población con que el aborto es un asesinato castigado por Dios, en lugar de informarles sobre sus derechos, sin inmiscuirse en sus cuerpos. El aborto es un derecho negado por Estados represivos donde gobiernan principalmente hombres machistas que lo utilizan como arma de castigo contra las mujeres por su género. Pero si una hija les saliera embarazada  la mandan a abortar a la mejor clínica del país o al extranjero y lo mismo con las cúpulas de la oligarquía. 

Niñas sin acceso a la educación, sin alimentación sana, sin acceso a un sistema de salud, viviendo en casas que no cuentan con la seguridad mínima en entornos violentos sistemáticamente orquestados desde el Estado, son  niñas que jamás tendrán un desarrollo integral por ende tampoco serán mujeres realizadas, ni personal ni profesionalmente.

Lo común será verlas siendo madres desde la adolescencia, por un abuso sexual, porque fue víctima del amor romántico tan patriarcal o porque fue casada a la fuerza, todo pero menos una persona feliz y realizada. Ninguna mujer puede ser feliz en esas condiciones. 

¿Cómo puede ser feliz una niña con una madre que trabaja 16 horas en una maquila, en una fábrica, limpiando un edificio, un hospital, quemándose la vida en las fincas de cultivo? Una madre que sale de madrugada y regresa a altas horas de la noche a la que se le quita la oportunidad de compartir con sus hijos, de verlos crecer, de abrazarlos, de compartir tiempo de óseo con ellos. Si ella misma no lo tuvo, en esa cadena de abuso sistemático que es política de Estado. 

Actitudes y acciones de abuso contra la mujer se cuentan por miles, no hay que llegar a los golpes para que se cuente como abuso, existe el abuso emocional también que es igual de dañino. Pero en nuestras sociedades la violencia ejercida desde el Estado en estas post dictaduras, también ha hecho que los hombres abusen a niñas, adolescentes y mujeres en entornos familiares porque saben principalmente que la vergüenza es una buena aliada y que con tal de que de las puertas hacia fuera no se enteren los demás, ellos pueden hacer lo que quieran de las puertas para adentro. Porque sigue siendo consejo sacerdotal o del pastor de la iglesia, perdonar, guardar silencio, mantener la familia unida a costa de los delitos que deben ser pagados con cárcel pero que si son ejercidos contra una mujer bien pueden ser perdonados por Dios. 

Así es como vemos el aumento impresionante de abusos sexuales de niñas, por sus padres, abuelos, hermanos, por primos, adolescentes embarazadas abusadas dentro del propio hogar. Saben que no existe ley que los castigue porque las políticas de Estado son las de represión y violencia  a la población, las del empobrecimiento y explotación laboral porque entre más trabaje, más cansada está una persona, entre más hambre menos fuerza, menos tiempo y energía  para pensar, porque sin educación desconocen sus derechos y si esto se emplea adrede por género es mucho más beneficioso para un gobierno corrupto y criminal, tener niñas madres e infelices que adolescentes en camino hacia la educación superior y  a su desarrollo profesional: siendo madres son incapaces de cuestionar porque la pobreza las obliga a buscar la comida a deshoras para sus hijos, en cambio si se desarrollan profesionalmente tienen acceso a otro nivel de vida y exigen sus derechos y son cuestionantes de las políticas de Estado que si se lo proponen pueden cambiar. 

Hemos llegado como sociedad a traspasar todos los límites porque los traspasó también el Estado, es por eso que un feminicidio no causa espanto, ni asombro ni indignación porque también dejó de sorprender que aterricen avionetas cargadas de droga y que las quemen después sin que se encuentre a los responsables. Porque dejó de sorprender que la misma policía o el ejército sean quienes custodien los cargamentos. Porque dejó de sorprender que los mismos miembros de las fuerzas de seguridad sean los que violen mujeres y no se les castigue. Entonces dice un civil: pero si ellos con uniforme violan por qué no puedo hacerlo yo con cualquier mujer, sea de mi entorno familiar o no. Si el mismo presidente ve que matan mujeres y no se pronuncia es porque no le interesa, entonces cualquiera sabe que puede violentar a la mujer que guste y no tendrá consecuencias. 

Un crimen desde el Estado es negar alimentación, salud y educación a las niñas, pero también lo es voltear a otro lugar cuando las violentan por su género, cuando las golpean, las violan, las embarazan, las desaparecen y las asesinan. Cuando sucede lo mismo con adolescentes y mujeres. Pero si un Estado no se pronuncia, ese gobierno debe ser cambiado de inmediato por la sociedad, entonces es el pueblo el que debe reaccionar y llevar al poder a gente capaz que entienda que es desde el Estado desde donde se deben ejercer las políticas que cambien la violencia sistemática hacia la mujer. Pero, ¿qué sociedad está dispuesta a hacerlo? Contra la violencia de género vemos a nivel mundial que son mayoritariamente las mujeres las que se pronuncian, porque los hombres sean de la ideología que sean son los más beneficiados con la inexistencia de leyes que castiguen semejante delito y aberración.

Pues serán las mujeres las que cambien las políticas de Estado de alimentar sistemáticamente la violencia de género. 

Fuente https://cronicasdeunainquilina.com 

Los videojuegos siguen recreando estereotipos y violencia contra las mujeres

 Seminario del Instituto de las Mujeres :Las Mujeres en el sector de los Videojuegos 2021

Por Yaiza Majarín

Solo el 17% de personajes protagonistas de los videojuegos son mujeres y en muchos casos reproducen comportamientos masculinos o están sexualizados

Madrid, 28 ene. 21. AmecoPress.- El mercado de los gamers está dirigido a un público masculino. Las mujeres todavía no se sienten seguras en este ámbito, y en muchas ocasiones participan bajo perfiles de hombre o anónimos para evitar ser acosadas o vejadas.

El Instituto de las Mujeres ha desarrollado un seminario sobre la industria del videojuego en España durante 3 días, de forma online en sus plataformas. Cuentan con especialistas y con Beatriz Gimeno, directora de dicha institución, quien ha señalado los reiterados comportamientos misóginos del sector del videojuego y la sexualización y violencia contra las mujeres en los mismos.

Los videojuegos son una herramienta pedagógica y social. A través de ellos, las personas y, sobre todo, en la época adolescente, retienen información. Cada vez son más las niñas y mujeres que visibilizan su gusto por jugar y denuncian que no es un ámbito seguro para ellas. La directora del Instituto de las Mujeres añadía que “solo el 17% de los protagonistas de los videojuegos son mujeres y en muchas ocasiones reproducen los comportamientos masculinos". La mayoría de juegos están diseñados para un público varonil, mientras que la mitad de participantes son mujeres.

La violencia contra las mujeres no solo se da en el propio juego, también en el ámbito de relación. Muchas chicas afirman inventarse apodos para poder jugar en línea y no ser increpadas. Milagros Sainz, la directora del grupo de investigación GENTIC, indicaba que “a las mujeres se les considera intrusas en este ámbito. Sufren un desprecio continuado en las comunidades gamers: acoso y violencia simbólica”.

Determinados juegos potencian modelos, actitudes y estereotipos discriminatorios hacia las mujeres y también hacia el colectivo LGTBI. Los personajes femeninos en los juegos varían de estar sexualizados, a repetir comportamientos masculinos o simplemente ser un objeto. Esto genera que muchas mujeres no se sientan identificadas con los personajes, creando rechazo.

Milagros Sainz denunciaba que hay un alto rasgo de género y que los videojuegos atraen más por su apariencia que por lo que enseñan. También, señalaba una falta de estadísticas e investigación y que, aunque se empodere a algún personaje, es necesario “empoderar al entorno”.

“No porque salgan mujeres en los videojuegos es que sean feministas. No solo hay que aumentar la representación de la mujer, sino hay que representarla mejor. Romper con la estética, contar mejor las historias, sentirse identificadas. Queremos mujeres distintas”, afirmaba María Rubio, la fundadora de Women in Games España. Beatriz Gimeno añadía, “necesitamos videojuegos que reflejen la vida real y diversa de las mujeres”.

La directora del Instituto de las Mujeres terminaba la primera parte del seminario con varias propuestas para revertir la situación y hacer un ámbito seguro para las mujeres, entre ellas, campañas educativas en etapas preuniversitarias y así, incitar a las mujeres a optar por carreras científico-tecnológicas, visibilizar a referentes femeninos en este campo. También, Gimeno completaba sus pautas aludiendo a un compromiso por parte de las empresas para conseguir la igualdad profesional entre hombres y mujeres en este ámbito.

Foto: archivo AmecoPress.

México: Dura crítica de Human Rights Watch al gobierno por violaciones a derechos humanos, desprotección a los derechos de las mujeres y negativa de acceso al aborto

Por Libertad López

La impunidad como norma, dice informe 2021 mientras crecen las víctimas de feminicidio y delitos sexuales, tortura y desaparición forzadas. Alerta sobre los efectos de la militarización y la desprotección a migrantes en acuerdo con Trump

Cd. de México, 18 ene. 21. AmecoPress/SemMéxico.- La organización internacional Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial 2021, afirma que en México continúan las violaciones a los derechos humanos, no se protege a mujeres y niñas contra la violencia de género y sexual, niega el acceso al aborto y esta práctica se encuentra sujeta a severas restricciones en el país a pesar de que la Suprema Corte determinó que las víctimas de violación sexual no necesitan presentar una denuncia penal para acceder a servicios de aborto.

Agrega con preocupación que mujeres y niñas siguen sufriendo índices alarmantes de violencia de género y se mantienen al alza los feminicidios, la discriminación a la comunidad LGTB, y es grave la militarización en México.

El informe critica acremente a la administración de la 4T por una fallida y equivocada política sanitaria ante el COVID19, lo que al drama real, se agrega una letalidad que podría haberse contenido, pero México no atendió las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

El informe, que narra la agencia Tlanesi*, de periodismo de los Derechos Humanos, fue conocido hoy, y sostiene que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la Presidencia de México en diciembre de 2018, continúan las violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales y ataques contra periodistas independientes y quienes defienden los derechos humanos.

Sostiene que “La impunidad sigue siendo la norma. La aplicación de las reformas aprobadas en 2017 y 2018 ha sido lenta y hasta el momento estas han sido ineficaces para combatir la tortura y la impunidad”, refirió y señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH, está en manos de una persona adherida a su gobierno, lo que la hace ineficaz.

De acuerdo con HRW, el presidente López Obrador ha ampliado considerablemente el ámbito de las actividades de las Fuerzas Armadas, al disponer su movilización para tareas de orden público y control de aduanas, control de la migración irregular, gestión de programas sociales y el desarrollo y operación de megaproyectos.

Así también, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha aumentado la transparencia gubernamental sobre la cantidad de personas “desaparecidas”, pero los esfuerzos de los agentes del Ministerio Público por investigar desapariciones forzadas o identificar a los responsables sigue siendo muy limitados.

“En noviembre de 2019, el Senado nombró a Rosario Piedra Ibarra como la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Muchas personas defensoras de derechos humanos denunciaron su designación como inconstitucional, alegando que Piedra Ibarra, una exdirigente del partido al cual pertenece el presidente, tiene un vínculo demasiado estrecho con el gobierno para ser autónoma y apolítica”.

El reporte apuntó que en septiembre de 2020, el presidente López Obrador le pidió al Congreso que aprobara la convocatoria a un referéndum para decidir sobre la posibilidad de enjuiciar a todos los expresidentes desde 1988 —cinco en total— por “delitos” que incluyen fraude electoral, corrupción y pérdida de vidas por efecto del neoliberalismo.

Sin embargo, el gobierno no ha proporcionado apoyo ni protección adecuada a aproximadamente 66 mil solicitantes de asilo en EE. UU. Que han sido asignados al programa de “Quédate en México” (Remain in México), incluyendo a aquellos con alto riesgo de marginación, como personas con discapacidad y problemas de salud crónicos, personas mayores y niños y niñas. Muchas se han refugiado en campamentos improvisados o albergues atestados a lo largo de la frontera entre México y EE. UU.

El documento de la organización defensora de los derechos humanos se clasifica en los siguientes apartados:

Sistema de Justicia Penal

Es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema penal. Según la organización no gubernamental Impunidad Cero, apenas 1,3 por ciento de los delitos cometidos en México son resueltos. Esto se debe a diversos motivos, que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y otros funcionarios abusivos. Según informan organizaciones locales que abogan por los derechos humanos y el Estado de derecho, una reforma adoptada en 2018 para proporcionar mayor independencia a los fiscales no ha sido implementada adecuadamente.

En enero, el Ministerio Público propuso reformas extremadamente regresivas al sistema de justicia que habrían facilitado que los fiscales usen pruebas conseguidas mediante torturas, eliminado el control judicial de la detención preventiva y ampliado el uso del arraigo, una práctica que permite a agentes del Ministerio Público solicitar autorización judicial para mantener a una persona detenida hasta 40 días sin presentar cargos, mientras avanzan con la investigación.

Abusos militares

México ha utilizado activamente a las Fuerzas Armadas en acciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, lo cual ha propiciado violaciones generalizadas de derechos humanos. Entre 2014 y 2019, la CNDH recibió aproximadamente 3 mil denuncias relacionadas con presuntos abusos militares.

El Presidente López Obrador ha intensificado el uso de las fuerzas militares para tareas de seguridad pública, ampliando considerablemente el ámbito de sus actividades y reemplazando a autoridades civiles. En 2019, creó la Guardia Nacional, una fuerza de carácter militar, para reemplazar a la policía federal como principal organismo de orden público del gobierno. La Guardia Nacional es dirigida por militares, recibe entrenamiento de militares y está integrada mayormente por soldados. En mayo de 2020, el presidente encomendó formalmente a fuerzas militares que asistieran a la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública.

Actualmente, los militares están habilitados legalmente para detener a civiles, preservar escenas del crimen y proteger evidencias. Durante gobiernos anteriores, encomendar estas tareas a las fuerzas militares contribuyó a graves encubrimientos de violaciones de derechos humanos.

En 2014, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar para exigir que los abusos de militares contra civiles sean juzgados en la justicia penal ordinaria en vez de en la justicia militar. Sin embargo, los esfuerzos por lograr justicia siguen siendo infructuosos.

En julio de 2020, 12 civiles murieron en un enfrentamiento armado con soldados en el estado de Tamaulipas. En un video que se filtró a la prensa en agosto, se ve a un soldado dando la orden de matar a un civil. En septiembre, la Secretaría de Defensa anunció que los hechos estaban siendo investigados solamente por la policía militar, y no por agentes del Ministerio Público de la justicia penal ordinaria.

Tortura

Es habitual que en México se torture a las personas detenidas para obtener información y confesiones. La tortura se aplica con mayor frecuencia en el plazo que transcurre entre la detención de las víctimas —a menudo arbitraria— hasta que estas son puestas a la disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este periodo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares o en centros de detención ilegales. Una ley de 2017 estableció la ilegalidad de usar confesiones obtenidas mediante tortura como pruebas en procesos penales. Sin embargo, las autoridades no suelen investigar las denuncias de torturas.

La cantidad de investigaciones de casos de tortura por agentes del Ministerio Público ha aumentado en los últimos años tanto a nivel federal como estatal, de apenas 13 investigaciones en 2006 a más de 7 mil en 2019, según un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. En su análisis sobre México de 2019, el Comité contra la Tortura de la ONU expresó preocupación porque pocos de estos casos dan lugar a un proceso penal.

En 2016 —el último año para el cual hay datos disponibles— el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México realizó una encuesta de más de 64 mil personas encarceladas en 338 cárceles. Casi dos de cada tres (64 por ciento) reportaron algún tipo de violencia física al momento de la detención, como descargas eléctricas, estrangulamiento y asfixia.

En su análisis sobre México de 2019, el Comité contra la Tortura de la ONU destacó que apenas 8 de 3 mil 214 denuncias de torturas realizadas en 2016 dieron lugar a un proceso penal. El Comité expresó su preocupación ante reportes de que la justicia casi nunca investiga señalamientos de tortura.

Desapariciones

Desde 2006, las desapariciones forzadas perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han sido un problema generalizado. Las organizaciones delictivas también han sido responsables de numerosas desapariciones. El gobierno reportó más de 75 mil personas desaparecidas hasta noviembre de 2020, la gran mayoría del año 2006 en adelante.

El gobierno de López Obrador ha adoptado medidas orientadas a determinar y publicar la cantidad real de personas desaparecidas. En 2019, una respetada defensora de derechos humanos fue nombrada titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Desde entonces, el gobierno ha creado una plataforma en línea para que las personas puedan denunciar desapariciones de forma anónima y para mostrar estadísticas en tiempo real de la cantidad de personas desaparecidas, sin incluir información de identificación personal.

Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no realicen siquiera las tareas investigativas básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas; frecuentemente, indicando a familiares de desaparecidos que investiguen por su cuenta. La CNB informó que desaparecieron más de 7 mil personas en 2019. Ese año, la Fiscalía General de la República abrió solamente 351 carpetas de investigación de desapariciones y procesó penalmente apenas 2 casos.

Funcionarios han reconocido que más de 26 mil cuerpos siguen sin ser identificados. En 2019, la Comisionada Nacional de Búsqueda creó una evaluación forense nacional para abordar obstáculos en la identificación y el almacenamiento de cuerpos. Tras recibir reclamos de familias, el gobierno también estableció un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense para identificar cuerpos.

En agosto de 2020, el gobierno reconoció la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para considerar casos en México, conforme habían recomendado varios Estados Miembros de la ONU durante el Examen Periódico Universal de 2018. Las familias de las víctimas podrán presentar casos ante el Comité una vez que hayan agotado las alternativas legales a nivel doméstico.

Ejecuciones extrajudiciales

En noviembre de 2019, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación ante señalamientos de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares y policías y la impunidad en estos casos. Aunque la Secretaría de Defensa ha señalado que dejó de registrar la cantidad de civiles muertos a manos de militares en 2014, diversas organizaciones de sociedad civil manifestaron en 2019 que declaraciones emitidas por el secretario indican que esa información sí existe.

En 2020, se produjeron protestas en respuesta a incidentes ampliamente difundidos en medios de civiles que murieron bajo custodia policial.

En 2020, se produjeron protestas en respuesta a incidentes de civiles que murieron bajo custodia policial que recibieron mucha cobertura mediática.

En uno de estos incidentes, ocurrido en el estado de Jalisco, un hombre murió tras ser detenido por la policía por no usar el cubrebocas que exigen las medidas de respuesta al Covid-19.

Ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos

Periodistas y personas defensoras de derechos humanos -especialmente aquellas que critican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de carteles delictivos- han sido víctimas de agresiones, persecución y vigilancia por parte de autoridades gubernamentales y grupos delictivos.

Existe evidencia de que se está empleando vigilancia digital en espacios públicos, sin ningún tipo de marco jurídico ni supervisión para ello, de maneras que podrían tener un efecto amedrentador sobre la libertad de reunión y el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, equiparable a zonas bélicas como Siria y Afganistán en la cantidad de asesinatos de periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros sin Fronteras. Según indica la CNDH, 24 periodistas han sido asesinados desde que López Obrador asumió la presidencia. En 2019, periodistas registraron 609 amenazas, ataques u otras formas de agresiones. Ese sería el año con la cifra más alta registrada hasta el momento.

Las autoridades no suelen investigar los delitos contra periodistas adecuadamente, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión. Desde su creación en 2010, la Fiscalía Especial federal encargada de investigar agresiones contra periodistas ha iniciado más de mil investigaciones, presentado cargos en 217 casos de delitos y obtenido 14 condenas. Ante la falta de investigación de hechos de violencia, muchos periodistas recurren a la autocensura.

México también es uno de los países más peligrosos del mundo para las y los defensores de derechos humanos. En 2019, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 20 asesinatos de las y los defensores de derechos humanos en el país. Al igual que en el caso de los periodistas, los hechos de violencia contra éstos casi nunca son investigados ni juzgados.

En 2012, el gobierno estableció el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual asigna escoltas, autos blindados y dispositivos de pánico y ayuda a periodistas a reubicarse temporalmente cuando surgen amenazas graves. Un estudio de 2019 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó los problemas que enfrentaba el Mecanismo para coordinar las medidas de protección, proporcionar recursos y establecer procedimientos claros. Seis periodistas han sido asesinados bajo la protección del programa, cuatro de ellos desde que López Obrador asumió la presidencia. En octubre de 2020, el gobierno eliminó el fideicomiso público que proveía los fondos para costear las medidas de protección, precarizando la situación financiera del mecanismo.

Derechos de mujeres y niñas

En 2018, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer manifestó su preocupación ante la persistencia de patrones de violencia “generalizada” contra mujeres, incluyendo violencia sexual. El derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia de género y sexual. Algunas disposiciones, incluyendo aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima, contravienen los estándares internacionales.

Cualquier persona puede solicitar acceso al aborto hasta las doce semanas de embarazo en la ciudad de México y, desde octubre de 2019, en el estado de Oaxaca. Esta práctica se encuentra sujeta a severas restricciones en otras partes del país. En 2019, la Suprema Corte determinó que las víctimas de violación sexual no necesitan presentar una denuncia penal para acceder a servicios de aborto, y que los proveedores de servicios de salud no necesitaban verificar que se haya cometido un delito para practicar un aborto.

Las mujeres y niñas siguen sufriendo índices alarmantes de violencia de género. En 2019, el gobierno reportó más de mil feminicidios —la privación de la vida de una mujer debido a su género—; aproximadamente una cuarta parte de todos los casos de homicidios de mujeres. Según indican organizaciones de derechos de la mujer, es probable que no todos los casos de feminicidio sean reportados.

Migrantes y solicitantes de asilo

Carteles delictivos, delincuentes comunes, y en ocasiones policías y funcionarios de migración, actúan regularmente en contra de personas que migran a través de México, con el fin de robar, secuestrar, extorsionar, violar o matar. Los carteles delictivos suelen hacerlo “bajo la tolerancia o con la participación de ciertas autoridades”, según informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2013. Estos delitos rara vez son denunciados, investigados o penalizados. En 2019, la CNDH recibió 606 denuncias de abusos contra migrantes y el Ministerio Público inició 72 investigaciones de delitos contra ellos.

Entre enero de 2019 y marzo de 2020, el gobierno del Presidente de EE. UU. Donald Trump —con la colaboración del gobierno de López Obrador— envió cerca de 66 mil personas no mexicanas que estaban solicitando asilo en EE. UU. A esperar los resultados de sus solicitudes en México, en el marco del programa de “Quédate en México” (Remain in México). Hasta noviembre de 2020, muchos de los solicitantes incluidos en el programa seguían esperando una resolución, obligados a vivir en condiciones precarias, insalubres y peligrosas con asistencia insuficiente del gobierno mexicano.

En marzo de 2020, el gobierno de EE. UU., dejó de aceptar la mayoría de las solicitudes de asilo efectuadas en la frontera entre EE. UU. Y México, utilizando la pandemia de Covid-19 como pretexto para empezar a expulsar sumariamente a la mayoría de las personas que llegan a la frontera estadounidense o transferirlas a autoridades mexicanas que, por lo general, las deportan a América Central.

En 2019, el Presidente López Obrador movilizó a la Guardia Nacional —una rama de las Fuerzas Armadas— para efectuar controles migratorios. El gobierno afirma que los soldados solamente asisten a las autoridades de migración. Sin embargo, en una grabación de audio filtrada de 2019, una alta funcionaria de migración le informa a su equipo que ahora están “bajo las instrucciones y supervisión de la Guardia Nacional”. En enero de 2020, hubo un enfrentamiento violento entre soldados de la Guardia Nacional y una caravana de migrantes en el estado de Chiapas.

Antes de ser deportadas a sus países de origen, la mayoría de las personas detenidas por la Guardia Nacional son enviadas a centros de detención migratoria, donde ha habido quejas por las condiciones de hacinamiento e insalubridad.

En abril, un hombre salvadoreño murió de Covid-19 en un hospital de la ciudad de México tras pasar más de un mes en detención migratoria. En agosto, la CNDH indicó que el Instituto Nacional de Migración (INM) era responsable de la muerte del hombre por no haber implementado procedimientos para detectar o prevenir infecciones de Covid-19 en centros de detención y por no haberle proporcionado atención médica adecuada.

En agosto de 2020, un juez determinó que el INM había ignorado una resolución judicial previa que ordenaba liberar a cualquier migrante cuyas condiciones lo pusieran a mayor riesgo ante la pandemia de Covid-19, así como implementar procedimientos para detectar y prevenir contagios en centros de detención.

El sistema de asilo de México se encuentra gravemente desbordado. Desde 2013, la cantidad de solicitudes recibidas se duplica prácticamente cada año, y la capacidad del organismo de asilo no ha crecido al mismo ritmo. A octubre de 2019, había más de 63 mil solicitudes de asilo acumuladas y 44 % de las personas que habían presentado solicitudes en 2018 seguían a la espera de una resolución, según la organización de defensa de derechos de refugiados Asylum Access.

Orientación sexual e identidad de género

El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en 20 de los 32 estados del país. En otros estados, las parejas del mismo sexo deben presentar un recurso de amparo para que se les permita contraer matrimonio. En 2019, la Suprema Corte determinó que una pareja del mismo sexo en Aguascalientes debía recibir autorización para registrar a su hijo, para proteger el interés superior del niño y reivindicar los principios de igualdad y no discriminación.

Doce estados permiten que las personas transgénero cambien sus nombres e identificadores de género en sus certificados de nacimiento mediante un simple trámite administrativo ante el registro civil del estado.

Derechos de las personas con discapacidad

Durante el gobierno de López Obrador sigue habiendo graves deficiencias en la protección de los derechos de las personas con discapacidad; por ejemplo, en materia de acceso a la justicia, acceso a remedios efectivos, capacidad jurídica y consentimiento informado en decisiones de salud; accesibilidad de edificios, transporte y espacios públicos; violencia contra la mujer; y educación.

En muchos estados, las personas con discapacidad no tienen otra alternativa más que depender de sus familias para recibir asistencia o vivir en instituciones, lo cual es incompatible con su derecho a vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad. Las personas con discapacidades reciben escasa protección o asistencia del gobierno y se encuentran expuestas a mayor riesgo de abuso y desatención de sus familiares.

Desde que López Obrador asumió la presidencia y hasta la elaboración de este informe, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el principal órgano del gobierno que coordina las acciones para implementar los derechos de las personas con discapacidad, no ha estado en funcionamiento en la práctica.

Covid-19

El gobierno de López Obrador no ha adoptado muchas de las medidas básicas que recomiendan las autoridades de salud mundiales para limitar la propagación del Covid-19. El funcionario a cargo de coordinar la respuesta de México se ha referido a las pruebas de detección masivas como “inútil [es]” y “un desperdicio de tiempo”, a pesar de la insistencia de la Organización Mundial de la Salud acerca de la importancia de realizar pruebas. Como resultado, México tiene una de las tasas más bajas de pruebas de Covid-19 -y una de las tasas más altas de resultados positivos- en el mundo. Funcionarios y expertos coinciden en que la estadística real de contagios y muertes por Covid-19 es probablemente varias veces superior a la cifra oficial, que estaba entre las más altas del mundo al momento de preparación de este informe.

Las personas que viven en áreas de bajos recursos o comunidades indígenas tienen 50 por ciento más probabilidades de morir por causa del Covid-19. La gran mayoría de los pacientes con Covid-19 que fallecen nunca recibieron cuidados intensivos.

Amnistía Internacional informó que México tiene el número más alto de muertes de trabajadores de salud por Covid-19 en el mundo. Los trabajadores sanitarios han enfrentado ataques y discriminación, y algunos de ellos señalan que fueron despedidos por reclamar ante la falta de equipos de protección en los hospitales públicos.

La CNDH reportó 2 mil 234 casos confirmados y 198 muertes por Covid-19 al 1 de septiembre en cárceles, donde hay condiciones notorias de hacinamiento e insalubridad. La mayoría de los estados suspendieron las visitas de familiares en respuesta a la pandemia, lo cual ha dejado a muchas personas detenidas sin acceso a insumos de higiene básicos, como jabón.

En algunas partes del país, los carteles delictivos proporcionaron asistencia alimentaria a residentes que enfrentaban dificultades y amenazaron con usar la violencia para hacer cumplir toques de queda por la pandemia.

Las escuelas en México cerraron en marzo de 2020 y el año escolar 2020-2021 está transcurriendo de forma remota, con transmisiones de clases por televisión y radio. Aunque 94 por ciento de los hogares mexicanos cuenta con televisión, la falta de acceso a servicios de internet asequibles hace que muchos niños y niñas, especialmente aquellos en hogares de bajos ingresos y aquellos con discapacidad, no tengan acceso a la educación. Algunos niños y niñas en áreas rurales, que frecuentemente son indígenas, no han podido participar en absoluto.

Actores Internacionales clave y Política Exterior

En junio de 2020, México fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período de 2021-2022. La política exterior de derechos humanos de México durante el gobierno de López Obrador se ha basado en el principio de “no intervención”. México destacó que una de sus prioridades en el Consejo sería la protección de niños y niñas, aunque a diferencia de la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad, todavía no ha respaldado la Declaración sobre Escuelas Seguras.

En octubre de 2020, México fue reelecto para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En julio de 2019, el país apoyó una resolución que condenó las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Filipinas.

En julio de 2020, el Presidente López Obrador hizo su primer y único viaje internacional para reunirse con el Presidente Donald Trump en Washington D.C. México ha cooperado con los intentos del gobierno de Trump de limitar el derecho al asilo.

Desde 2008, EE. UU. ha destinado más de USD 3,1 mil millones de ayuda a través de la Iniciativa Mérida para asistir en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico en México. El Presidente López Obrador dijo en mayo de 2019 que su gobierno rechazaría esta iniciativa y reorientaría la cooperación entre EE. UU. Y México hacia los factores que propician la migración a EE. UU., reduciendo la pobreza en América Central y el sureste de México. Sin embargo, en 2019 y 2020, México continuó recibiendo aproximadamente USD 150 millones al año a través de la iniciativa, principalmente para medidas contra el narcotráfico. También desvió USD 4 millones de sus propios programas de desarrollo para América Central con el fin de destinarlos a la detención y expulsión de migrantes.

En junio, la Unión Europea y México celebraron su novena sesión del diálogo bilateral de alto nivel sobre derechos humanos. La UE ha denunciado en repetidas ocasiones los asesinatos de periodistas, activistas, políticos y jueces en México y ha instado al país a garantizar investigaciones exhaustivas y rendición de cuentas por los delitos cometidos.

México se ha adherido al Llamamiento a la Acción Solidaria para el Fondo de Acceso a Tecnología contra el Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud, una iniciativa para “lograr un acceso mundial equitativo a las tecnologías sanitarias contra la COVID-19 mediante la mancomunación de conocimientos, propiedad intelectual y datos”.

*Tlanesi: Periodismo de Derechos Humanos

Fotos: SemMéxico.