De prisión a prisión: madres víctimas de violencia de género

 miguelorenteautopsia.wordpress.com

La violencia de género es una prisión para las mujeres que la sufren, su objetivo es controlar a las mujeres para retenerlas entre los barrotes que el maltratador sitúa alrededor de sus vidas con el objeto de que, estén dónde estén, queden atrapadas entre los dictados y limitaciones que ellos imponen.

Salir de la prisión de la violencia de género no es fácil, las razones son múltiples. Los primeros motivos que lo dificultan son las características de una sociedad androcéntrica que niega la violencia contra las mujeres, y que cuando no le queda más remedio que reconocerla lo hace culpabilizando a la víctima, contextualizando las agresiones o justificándolas por algunas circunstancias. En segundo lugar, están todas las consecuencias que la propia violencia produce, como son el aislamiento en el que quedan las víctimas, la dependencia emocional y la depresión que se produce por el impacto psicológico que ocasiona. Y en tercer lugar, nos encontramos con la propia limitación de la respuesta social e institucional que en no pocos casos se da a las mujeres que sufren esta violencia, después de interponer la denuncia para salir de esa prisión en la que viven atrapadas.

Cuando las víctimas, además de mujeres son madres la situación es más grave, puesto que la violencia también se dirige contra sus hijos e hijas, y las amenazas contra los menores se convierten en una rutina dentro de ella. Pero, sobre todo, la salida supone hacerlo con esos niños y niñas y todo lo que conlleva sobre la custodia y el régimen de visitas.  

Si el resultado de todo este proceso liberador de la denuncia es que algunas madres que denuncian terminan en un centro penitenciario por decisiones de la propia administración de justicia en un contexto de violencia, puesto que la violencia no termina con la sentencia sobre unos hechos concretos, significa que hay algo que no hacemos bien, y que el sistema falla para las mujeres y beneficia a los agresores.

Ahora ha sido María Salmerón, como antes fue Juana Rivas y tantas otras mujeres y madres que fueron maltratadas y reconocidas por sentencia judicial. Una situación que revela que detrás de esos casos hay una estrategia seguida muchos maltratadores para continuar haciendo daño a sus exmujeres, y provocar que ellas, por proteger a sus hijas e hijos, terminen por caer en sus trampas para que sea la propia administración de justicia la que haga el juego al agresor y las mande a prisión, al tiempo de reforzar el mito de la mujer malvada y perversa que la propia sociedad ha levantado sobre ellas.

¿Alguien cree que hombres capaces de asesinar a 5 hijos e hijas y de dejar huérfanos a 41 menores de media cada año, y de maltratar a 1.700.000, de repente dejan de usar la violencia porque tengan una sentencia que los haya condenado?

Es absurdo pensar eso. La mayoría de ellos sigue utilizando las circunstancias para mantener su estrategia violenta contra las mujeres, es decir, intentar controlarlas para que en la medida de lo posible se plieguen a sus dictados tras la separación, pero ahora con el añadido de buscar hacerles daño por haber roto la relación.

Ante estas circunstancias, ¿cómo es posible que el padre maltratador de repente se convierta en víctima, y que la madre maltratada se transforme en victimaria?

Resulta paradójico que el mismo hombre condenado por la justicia sea el referente a la hora de interpretar los problemas que surgen en el régimen de visitas establecido, y que la mujer maltratada, que es madre en una sociedad que ensalza la figura de la maternidad hasta el punto de convertirla en el principal referente identitario de las mujeres, se convierta en lo contrario, y sea condenada por decisiones que toma como madre y enviada a prisión.

¿Cuántos padres maltratadores hay en prisión por incumplir el régimen de visitas o las responsabilidades establecidas en sentencia judicial?

La situación es tan surrealista que vivimos en una sociedad en la que una parte importante no acepta que un maltratador sea un mal padre, y, en cambio, sí acepta que una mujer maltratada sea una mala madre.

Si en una relación donde la violencia ha estado presente hay problemas con el régimen de visitas, lo más probable es que se deban a quien ha hecho de la familia un contexto de violencia y control, no a quien acude a la justicia para que se recupere la paz y se resuelva la situación. Actuar al contrario demuestra que la sociedad no responde con conocimiento ni conciencia suficiente sobre la gravedad y dimensión de una violencia que todavía hoy sólo se denuncia en el 25% de los casos y se condena un 88%, lo cual quiere decir que del total de casos un 87% de la violencia de género queda, por un motivo u otro, sin condenar. Es lo que vimos ayer (2-5-22) en Tarancón (Cuenca) con el último homicidio por violencia de género. El hombre (y padre) absuelto por violencia de género hace unas semanas por un Juzgado de lo Penal asesinó a su mujer delante de los hijos, demostrando la incapacidad del sistema para abordar una violencia que se caracteriza por su continuidad, por una forma de entender la relación sobre esa idea de control que la convierte en una prisión, y que hace de la violencia una realidad constante, no una serie de hechos aislados que se repiten con más o menos frecuencia.

Al final, las mujeres son asesinadas y enviadas a prisión entre el silencio y las palabras equivocadas de unas respuestas incapaces de ver la violencia, y que sólo se quedan con determinadas agresiones. A nadie se le ocurriría pensar que una banda terrorista no existe entre cada uno de sus atentados, en cambio, en violencia de género sí se piensa que no existe mientras no haya agresiones, y mientras que estos ataques no superen un determinado nivel de intensidad, porque si no lo hacen se considera que es “lo normal”.

La violencia de género es una prisión social para las mujeres, y lo que tenemos que hacer es tirar sus muros culturales erradicando la arquitectura del machismo y su violencia estructural. Y para ello, lo primero que hay que hacer es mandar a prisión a los agresores y sacar de ella a las víctimas.

Tocar a las mujeres

Miguel Lorente Acosta

El ministro de Relaciones Exteriores de Uganda, Haji Abubaker Jeje Odongo, se negó a estrechar la mano de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la cumbre de la Unión Africana y la Unión Europea celebrada los días 17 y 18 de febrero. Lo hizo en presencia del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel y de Emmanuel Macron, dos hombres a los que el representante de Uganda no dudó en estrechar sus manos. Posteriormente, en gran parte debido a la llamada de atención del presidente francés, intercambió de manera afable unas palabras con Ursula von der Leyen, eso sí, siempre manteniendo una “distancia de seguridad” que impidiera cualquier contacto con una mujer.

El protocolo es de los temas más rígidos y estudiados a la hora de celebrar cualquier acto oficial, mucho más cuando se trata de una cumbre de ese nivel. Nada se deja al azar, todo está estudiado y medido hasta el último detalle, y detrás cada acto hay un amplio equipo de personas velando para que se cumpla hasta en lo más mínimo. El ministro de Relaciones Exteriores sabía perfectamente cuáles eran los pasos a seguir, pero él no hizo caso alguno.

¿Se imaginan que ese mismo ministro hubiera decidido ocupar un puesto en la mesa que no le correspondiera, o que hubiera hecho uso de la palabra cuando no era su turno, o que no hubiera vestido de acuerdo con la etiqueta establecida…? Imposible. Sólo ante el intento de haber roto esas formas protocolarias se habría producido un conflicto cuyas consecuencias no habrían pasado como una anécdota. Sin embargo, que un máximo representante de la diplomacia de un país niegue el saludo protocolario a la máxima representante de una de las partes de la cumbre, no tiene consecuencia alguna, quizás todo lo contrario, por que no podemos descartar que haya habido hombres que lo hayan felicitado por su gesto, y le hayan dicho esa frase tan masculina del “tú si que los tienes bien puestos” cuando se trata de reforzar el machismo que les da la autoridad y el poder.

El ministro es capaz de reconocer el cargo que ocupa Ursula von der Leyen, de hecho, lo hace cuando acude al saludo y habla con ella, pero no a la mujer que hay en el cargo.

Salvando las distancias, la situación recuerda a cuando el alcalde de Carboneras interpeló a una concejala en mitad de un pleno diciéndole, “guarde usted silencio cuando está hablando un hombre”, reivindicando que ante una mujer su autoridad era mayor como hombre que como alcalde. En el caso de la cumbre africana-europea la situación es similar, sólo que en sentido contrario, puesto que, en esta ocasión, el hecho de que el cargo esté ocupado por una mujer lleva a no reconocerlo ante un hombre que protocolariamente ocupa una posición inferior. El ministro de Uganda, a raíz de su conducta, podría haber dicho “échese usted a un lado cuando el que saluda es un hombre”.

Este tipo de comportamientos deben servirnos para tomar conciencia de la realidad. La discriminación de las mujeres está tan presente en esta sociedad androcéntrica que es capaz de manifestarse hasta en los niveles más altos de la política, a “plena luz del día” y delante de los medios de comunicación. Sólo este hecho ya nos da el diagnóstico de cómo es a otros niveles más bajos e invisibles en los que nadie se detiene ni graba para un informativo. Por eso no se trata de hechos aislados, como cuando la misma protagonista, Ursula von der Leyen, fue apartada de la reunión que mantuvo con el presidente turco, Tayyip Erdoğan, en presencia del reincidente en pasividad, Charles Michel, pero el caso del ministro Odongo muestra un hecho más profundo sobre la discriminación de las mujeres.

El significado de la conducta del ministro se centra en su negativa a tocar a una mujer, y la razón para no hacerlo está en la concepción androcéntrica de las mujeres como seres “inmundos e impuros”.

La imagen de las mujeres que ha creado la cultura patriarcal viene cargada de toda una serie de elementos negativos vinculados a su propia condición femenina, para que puedan ser liberados de ellos por los hombres, siempre y cuando ellos decidan que las circunstancias y su situación las hacen merecedoras de tal liberación. Así, por ejemplo, las mujeres son revestidas como malas perversas, mentirosas, manipuladoras, impuras… pero cuando están casadas o bien ocupan los roles que el machismo ha decidido para ellas, pueden pasar a ser las más buenas, entregadas, piadosas, santas, puras y dulces.

La conducta del ministro ugandés de Relaciones Exteriores, Haji Abubaker Jeje Odongo, se fundamenta en la “impureza e inmundicia” de las mujeres, la cual relacionan con la “suciedad” de la menstruación, como recogen los textos más antiguos, entre ellos la Biblia.

En el Levítico del Antiguo Testamento se hace referencia explícita a la impureza de las mujeres, capaz de contaminar todo lo que entre en contacto con ellas y a cualquier persona que toquen, la cual también se convertirá en una persona inmunda e impura hasta que no lleve a cabo un ritual purificador.

Esa es la razón por la que el ministro no quiso estrechar la mano de Ursula von der Leyen, como le ocurrió a las mujeres que arbitraron el “Mundial de Clubes” cuando no fueron “tocadas” por el jeque de Qatar, a diferencia de los hombres con los que sí chocó el puño, o como ha sucedido en otras ocasiones. Las mujeres son impuras y una fuente de provocación, por lo que la distancia significa pureza para la carne y el deseo de los hombres.

Sin embargo, esos mismos hombres que se niegan a tocar a las mujeres como parte del saludo, no dudan en tocarlas cuando las golpean, las acosan, las violan y las matan como parte de las distintas formas de expresión que tiene la violencia de género en los diferentes contextos culturales, todos bajo el manto común del machismo.

Todo ello demuestra que la impureza está en la mente que crea el machismo y en las conductas que derivan de ella, no en la piel de las mujeres.

Si extendieran esa idea de “no tocar” a las mujeres a la violencia de género, hoy mismo acabaría la violencia contra las mujeres.

Sobre el encuentro de la Alianza Nacional de Redes Feministas sobre trata, prostitución y pornografía

 tribunafeminista.org

Teresa C. Ulloa Ziáurriz

Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, A.C. (CATWLAC por sus siglas en inglés).

Los días 17 y 18 de junio se llevaron a cabo las segundas Jornadas Abolicionistas de la Alianza Nacional de Redes Feministas sobre trata, prostitución y pornografía. Que fue hospedada por el Frente Nacional Feminista Abolicionista y el Frente Nacional de Lesbianas Feministas y el Movimiento Nacional de Lesbianas Feministas, también la WDI-México y el Frente Nacional Feministas. 

Tuvimos ponentes de lujo, entre las que destacan Grethell Baeza, Argentina Casanova, Guadalupe Ramos, Leticia Armijo y una servidora de México, Rosa Cobo y Rosario Carracedo de España y Sonia Sánchez de Argentina, con la moderación de Adriana Lecona.

Cuando una tiene la oportunidad de aproximarse a feministas jóvenes, se puede dar cuenta como el discurso de descalificación al abolicionismo ha permeado y que muchas aún que sean abolicionistas lo mantienen oculto por temor a los ataques de las reglamentarias que también se dicen feministas.

Por cuanto a mí, traté de hacer un recorrido de la historia y fundamentos del abolicionismo, hasta donde pude en 25 minutos que fue el tiempo que nos dieron a las ponentes. Y entre otras cosas planteé:

• Primero tratamos de aclarar por qué el término “trata de blancas” no se debe usar, ya que es discriminatorio y racista y luego señalamos que la trata de personas se define como el reclutamiento, transporte, traslado acogida y recepción de personas con propósitos de explotación.
• En los tiempos de Solón (640-558 A.C.), encontramos cómo se organiza el mercado de las mujeres y las normas establecidas para el acceso a sus cuerpos, se podría decir que ya desde entonces el patriarcado se encontraba perfectamente cimentado.  
• En la Edad Media, la religión católica aportó la excusa moral para legitimar dichas prácticas. Estableció que merecía menor penitencia la fornicación con mujer soltera y sin vínculo que la fornicación con mujeres casadas, con varón o con bestia. 
• El síndrome falocéntrico está íntimamente relacionado con el significado que en nuestra cultura tiene el pene y la penetración durante la relación sexual, como una forma de someter o poseer a la mujer a través de la introducción del pene, y que tiene como consecuencia la violación y el consumo de prostitución.
• Ahora, por cuanto a la evolución histórica, debemos mencionar que el argumento para justificar la existencia de la prostitución es la misma desde siempre: su universalidad y su inevitabilidad, debido a su intrínseca relación con la satisfacción sexual masculina, que socialmente se justifica, normaliza y perpetua como insaciable, instintiva e incontrolable.
• También abordamos la Convención del 49, La Convención para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena fue adoptada el 2 de diciembre de 1949 por Naciones Unidas.
• Esta convención es el resultado de una larga lucha abolicionista y feminista, que nació en 1866 y fue llevada a cabo en Inglaterra por Josephine Butler. Alguien me comentó que es la Butler buena.
• Expliqué los tres sistemas socio jurídicos con los que se ha abordado la prostitución, el prohibicionista, que sanciona a las mujeres, el reglamentarista que convierte a los proxenetas en hombres de negocio y el abolicionista que no sanciona a las mujeres, sino a los tratantes, proxenetas y a los puteros o prostituyentes (demanda).
• Además, sobre el sistema reglamentarista, expresé que: surge en Francia, erigido por Napoleón III, para luchar contra las enfermedades venéreas y en nombre de la salud pública, pero es una medida para proteger a los consumidores de sexo de paga. Esa época se identifica como “higienista”, y pretendía proteger a los puteros o prostituyentes para que las “malas mujeres en prostitución” no los fueran a contagiar de alguna enfermedad venérea, de las que hoy conocemos como infecciones de trasmisión sexual (ITS).
• Cuando abordé la responsabilidad masculina mencioné que los textos de Butler ponen el acento en la responsabilidad de los hombres y en su rol como proveedores y compradores de la prostitución. Sin embargo, en la Convención están ausentes.
• En el tiempo de las sufragistas, se levantó una lucha feminista que Demandaba poner fin a la reglamentación de la prostitución.

Ya desde entonces era evidente que facilitaba la trata de seres humanos.

En Francia, es muy significativo que, al término de la Segunda Guerra Mundial, el voto de las mujeres coincidiera con el cierre de las casas de citas y zonas de tolerancia. 

• La Convención del 49 es el único instrumento internacional de derechos humanos dedicado exclusivamente a la trata y la explotación de la prostitución ajena y no hace recaer la carga de la prueba sobre las víctimas, sino sobre aquellos que organizan la explotación de la prostitución y de la trata con fines de prostitución.
• Ahora por cuanto a los principios de la Convención del 49, se pueden resumir en:

• Los países no pueden reglamentar la prostitución o someter a las mujeres a registros u a otros controles.
• El consentimiento no puede ser utilizado como instrumento de defensa de los acusados o como excluyente del delito.
• La prostitución no puede ser reconocida como un trabajo.
• No se puede hacer distinción entre prostitución “libre” y “forzada”.
• La trata con fines de prostitución y “la explotación de la prostitución ajena” no pueden estar disociadas.
• Por otro lado, la Convención de 1949 sirvió de referencia normativa para la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en 1979 y para la Convención de los Derechos de la Niñez de 1989. 
• Además, al mencionar el Protocolo de Palermo, señale que este instrumento del 2000 aborda y reconoce el fenómeno de la demanda como elemento favorecedor de la trata en su Artículo 9, Fracción 5, que dice:

“Los Estados Parte deben adoptar o reforzar todas las medidas legislativas o de otra índole a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación…”

• Señalé algunos factores claves que se deben tomar en cuenta en la lucha contra la prostitución, la pornografía y la trata de personas, como:
• El sistema patriarcal productor y reproductor de la opresión, esclavización y muerte de mujeres, y básicamente de las mujeres a quienes prostituye.
• La demanda del prostituidor cliente que determina la existencia de la prostitución (sin demanda no hay oferta).
• El sistema patriarcal productor y reproductor de la opresión, esclavización y muerte de mujeres, y básicamente de las mujeres a quienes prostituye.
• La demanda del prostituidor cliente que determina la existencia de la prostitución (sin demanda no hay oferta).
• Cuando decimos que hay dos posiciones feministas divergentes nos referimos a que hay una reglamentarista, que dudamos que sea feminista, a pesar de que Simone de Beauvoir sostiene que la prostitución es una práctica de resistencia y de liberación sexual de las mujeres frente a las normas sexuales y a los preceptos morales tradicionales que han servido para controlarlas y someterlas.
• Por el otro lado, la corriente feminista radical, por el contrario, analiza la prostitución como una forma más de colonización de los cuerpos de las mujeres, como un soporte de control patriarcal y de la sujeción sexual, cuando afirma que el matrimonio representa la propiedad privada del cuerpo de las mujeres y la prostitución la propiedad colectiva.

• Y al abordar el tema de la elección personal citamos lo siguiente:

• La cuestión del consentimiento, o la “política de elección personal”, se basa en una visión liberal occidental de los derechos humanos que eleva la voluntad y las elecciones individuales por encima de todos los otros derechos humanos y de toda noción de bien común (BARRY, 1995).

Y mencionamos que la libertad personal está limitada por la libertad de las demás, porque, en el caso de la prostitución, perpetúa el estereotipo de la mujer objeto sexual y no sólo de las mujeres en prostitución, sino de todas las mujeres y las niñas.

• La prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida y no una profesión que se debe reglamentar. Es una forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Porque el hecho de que se pague una cantidad de dinero no convierte esa violación pagada en “trabajo sexual”, como dijo Diez Gutiérrez en 2007.
• La prostitución viola el derecho a la integridad, porque la sexualidad de las mujeres y las niñas se apropia, se envilece y se convierte en una cosa que se compra y se vende.
• La prostitución debe ser reconocida como fundamento del sistema de subordinación patriarcal de las mujeres. Las feministas tenemos la obligación de imaginar un mundo sin prostitución y luchar porque se haga realidad.
• El modelo reglamentarista plantea que la prostitución promueve la igualdad de género, ya que promueve el derecho de la mujer para hacer lo que quiera con su cuerpo. L@s proponentes dicen que la prostitución sólo es otra forma de trabajo y para proteger a las mujeres en prostitución proponen mejorar sus “condiciones de trabajo” y profesionalizar la prostitución o “trabajo sexual”. 
• El modelo abolicionista define la prostitución como una violación de los derechos de las mujeres y las niñas y como una forma extrema de violencia contra ellas. Este modelo sostiene que normalizar la prostitución o legalizarla de cualquier manera, es legalizar la esclavitud sexual y la desigualdad de género para las mujeres (J. RAYMOND). 
• Suecia adoptó en 2000 el modelo abolicionista, pero incluyó la sanción al prostituyentes/puteros. Es el 2009 cuando Noruega e Islandia adoptan el Modelo Sueco y se vuelve Nórdico con los mismos resultados.

También Filipinas, Corea, Albania, Canadá, Israel, Irlanda y Francia se han sumado, y se discute en Reino Unido y Dinamarca. También Guatemala y El Salvador.

• En México, fallamos en lograr el Modelo Nórdico.  El Pacto Patriarcal se activó en el Congreso Mexicano y el machismo y sexismo impidió que avanzáramos para proteger su derecho a continuar teniendo acceso a los cuerpos de las mujeres y las niñas.  En mi país es sólo una simulación en lo que se refiere a la igualdad de la mujer y las políticas transversales o la lucha contra la violencia. 
• La prostitución es una práctica intrínsicamente degradante, violenta e incompatible con los valores de una sociedad democrática y de la dignidad humana», porque supone «un retroceso en el camino a la igualdad real entre las mujeres y los hombres“. Sólo nos queda la abolición de la prostitución.

Las ponencias de nuestras invitadas internacionales no tuvieron desperdició. Les recomiendo entrar a Facebook a ver el video.

Finalmente dijimos que el feminismo es abolicionista o no es feminista y por eso decimos “Hasta el Abolicionismo Siempre”. 

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Más de 14 décadas para que América logre la paridad de género sino se acelera el paso

 

Por Astrid Espinoza Nieto

Cuando las mujeres gobiernan hay mayor impacto positivo en todo: la productividad, bienestar social y desarrollo. La muestra fue la innovación y la capacidad de respuesta, de algunas jefas de Estado o Gobierno, durante la pandemia del COVID-19

Cd. de México. 16 jun. 22. AmecoPress/SemMéxico.- De continuar las cosas como están actualmente en materia de equidad de género, los países que conforman el Continente Americano, tardarán más de 145 años en lograr la paridad de género en la política, según datos del Global Gender Gap Report 2021, advierte Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres.

Presentada en la reciente Cumbre de las Américas, la publicación titulada “Un llamado a la Acción para Impulsar el Liderazgo de las Mujeres y la Democracia Paritaria en las Américas”, ‘a la escasa presencia de mujeres en la toma de decisiones, por los impactos diferenciados de la pandemia por covid-19, tomará 135,6 años cerrar la brecha de género en todo el mundo.

Discutida en una mesa especial en Los Ángeles, planteó que el desarrollo, la economía, la justicia, la salud, la educación, la paz y seguridad, fueron concebidas desde una perspectiva ajena a las necesidades específicas de las mujeres, ignorando el activo de sus aportes para la sociedad.

Y para muestra, un botón. Las mujeres ocupan en promedio el 34.6 por ciento de los escaños en los Congresos de las Américas, mientras que el 24.9 por ciento de los cargos en los gobiernos locales de la región y un escaso 15.5 por ciento en de las alcaldías, en América Latina, donde 5 países han legislado sobre paridad, entre ellos México.

Este análisis advierte que no habrá recuperación de la crisis planteada por el covid19 sin el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, hoy inconcebible sin las mujeres en la toma de decisiones. Y llamó al diálogo y la acción de los gobiernos de las américas para empujar el proceso paritario desde una política de Estado.

El Retroceso

En los últimos treinta años, sólo catorce mujeres han sido Jefas de Estado y de Gobierno en América Latina y el Caribe y pasó de la región con el mayor número de Jefas de Estado y de Gobierno del mundo en 2014 (cinco mandatarias simultáneamente),al hoy donde únicamente Honduras cuenta con una mujer presidenta; dos mujeres son jefas de Estado en Barbados y Trinidad y Tobago, dice el Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres, que surgió con el compromiso de promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

El documento señala que el liderazgo de las mujeres constituye un elemento transversal en todas las discusiones, pero tiene una particular relevancia en relación con la gobernabilidad, puesto que la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones es fundamental para la democracia, el desarrollo sostenible y la recuperación de la región.

Recuerda que los estados tienen obligaciones y compromisos con los derechos humanos de las mujeres, asumidos en los instrumentos internacionales, en los acuerdos de las distintas conferencias mundiales y regionales -incluida la última Cumbre de las Américas-, lugar donde se presentó este documento y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En este sentido, el organismo internacional creado a raíz de la “VIII Cumbre de las Américas para impulsar el liderazgo de las mujeres”, destaca que existen desafíos pendientes para alcanzar la paridad, la igualdad sustantiva y la autonomía de las mujeres que todavía enfrenta resistencias y encuentra obstáculos.

Considera que la aspiración es alcanzar una democracia paritaria en la cual, la igualdad sustantiva y la paridad sean ejes vertebradores de las transformaciones impulsadas por estados inclusivos.

Abordar el liderazgo de las mujeres implica reconocer el aporte de la diversidad y el valor de la pluralidad en la gobernabilidad democrática. Los espacios de toma de decisión se enriquecen cuando la diversidad de las personas y sus diferentes identidades, experiencias y aportes son reconocidos e incluidos en diálogos participativos y reflejados en las agendas.

Reconocer el valor de su liderazgo

Asimismo, es fundamental reconocer que, si bien los liderazgos de las mujeres son diversos y no todos impulsan una misma agenda, a lo largo de sus vidas las mujeres experimentan múltiples formas de discriminación basada en género, y existen desigualdades estructurales que impactan en sus perspectivas, intereses y propuestas.

Para el Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres, la inclusión de sus voces en los debates y espacios de toma de decisión resulta, por lo tanto, fundamental para el avance de agendas que buscan transformar siglos de asimetrías de poder.

El documento señala que la evidencia muestra que el ejercicio femenino en cargos políticos genera más recursos a la inversión social, hay mayor preocupación por el bienestar social y la protección jurídica, y aumentan la confianza ciudadana en el gobierno.

Asimismo, las participaciones de las mujeres en las decisiones públicas tienen un impacto positivo en la productividad, la innovación y la capacidad de respuesta, tal como ha sido destacada a nivel internacional la gestión de algunas jefas de Estado o Gobierno alrededor del mundo durante la pandemia del COVID-19.

En el contexto de la pandemia del COVID-19, cobró mayor reconocimiento y valoración el liderazgo de las mujeres en la primera línea de la respuesta. Por ejemplo, en el sector de la salud, las mujeres son más de la mitad del total de profesionales médicos y nueve de cada diez profesionales de enfermería de América Latina y el Caribe, quienes muchas veces forman parte de categorías de personal con remuneraciones básicas, con autonomía mínima sobre flexibilidad en el trabajo y con una mayor exposición de riesgo a infecciones y contagios.

Pero esta crucial contribución en el cuidado de la salud tuvo en contraposición una participación limitada en la toma de decisiones sobre la respuesta durante la pandemia.

No obstante, lo anterior, el organismo internacional reconoció algunos avances entre los que destacan el hecho de que nueve países de América Latina tienen norma de paridad en su legislación electoral y otros nueve cuentan con leyes de cuota entre el 20 y el 40 por ciento de representación por sexo en las candidaturas electorales, lo que ha contribuido de manera importante al avance hacia el equilibrio representativo en la política.

México

De México destaca la reforma constitucional conocida como “Paridad en Todo”, que establece el mandato de paridad para todos los cargos de los tres poderes del estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en la administración pública, como las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena.

Por su parte, y gracias también a la fuerza del movimiento feminista y las mujeres en espacios de decisión, Chile aprobó una ley de paridad para las elecciones de convencionales constituyentes logrando con ello la primera Constituyente paritaria del mundo.

En 2020, Ecuador aprobó reformas a su ley electoral entre las cuales se dispone la paridad de género en el encabezamiento de las listas para las elecciones seccionales (provinciales, municipales y parroquiales), aunque se aplicará progresivamente: el 30 por ciento en 2023, y el 50 por ciento en las elecciones de 2027.

En Costa Rica se dio una jurisprudencia emblemática en la interpretación de la Ley de Paridad por parte del Tribunal Electoral, lo cual permitió extender el concepto y las garantías a la paridad horizontal en el encabezamiento de listas electorales plurinominales, tanto para los cuerpos deliberativos de los municipios como para las diputaciones.

Perú estableció en 2020 que las candidaturas a las gubernaturas y vicegubernaturas regionales de las organizaciones políticas deben respetar la paridad y alternancia y que, del total de circunscripciones, la mitad debe estar encabezada por una mujer o un hombre.

Por otro lado, la violencia contra las mujeres en la vida política es un obstáculo importante a su participación y empoderamiento.

En este sentido, se destaca la incidencia estratégica de las mujeres municipalistas de Bolivia, quienes, a través de sus denuncias y abogacía, hicieron visible el acoso y la violencia contra las mujeres candidatas y representantes del ámbito local y nacional, lo que contribuyó a la aprobación de la primera ley específica de la región contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres en 2012.

Este avance fue inspirador a nivel regional y mundial, tanto que en la actualidad ya once países de América Latina cuentan con alguna medida legal para el abordaje de esta violencia, ya sea vía leyes específicas o mediante su incorporación en otros marcos normativos.

En estos procesos, ha sido relevante la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, que proporciona a los Estados el marco legal necesario para asegurar el derecho de las mujeres a una vida política libre de violencia de acuerdo con lo establecido en la Convención de Belém do Pará y que ha servido de fundamento para la mayoría de las leyes aprobadas en la región.

Los Desafíos

Sin embargo, de cara a la “XI Cumbre de las Américas sobre los desafíos para la gobernabilidad democrática en la región y la participación de las mujeres en ella”, la publicación insiste en la necesidad de acelerar el paso y plantea trabajar en:

• Redoblar los esfuerzos y el compromiso para que la paridad de género sea una política de Estado y para asegurar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los puestos de toma de decisiones en todos los poderes y ámbitos del Estado, incluido el poder judicial, y en los gobiernos nacionales, sub nacionales y locales, por medio de iniciativas y medidas legislativas y de carácter electoral que garanticen la representación paritaria de las mujeres en todos los ámbitos y niveles del poder político.

• Adoptar todas las medidas que sean necesarias, incluidos cambios a nivel legislativo y políticas afirmativas, para asegurar la paridad, la inclusión y la alternancia étnica y racial en todos los poderes del Estado.

• Apoyar el liderazgo de las mujeres en organizaciones sociales y políticas, impulsando la participación democrática paritaria, el fortalecimiento institucional y las capacidades de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos de mujeres y feministas, y en particular el liderazgo de las adolescentes, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales, mujeres migrantes, mujeres que viven con VIH/SIDA

• Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos.

• Alentar esfuerzos sostenidos para garantizar, desde un enfoque interseccional, la protección de los derechos humanos de las mujeres que participan en la vida política y pública, de las defensoras de los derechos humanos y de las mujeres periodistas y condenar la violencia política contra las mujeres, incluida la que se ejerce contra ellas cuando acceden a los espacios de toma de decisiones.

• Impulsar medidas, incluyendo las presupuestarias, para posibilitar que las defensoras de derechos humanos, en especial de derechos políticos y las organizaciones feministas y de mujeres reciban el apoyo y la protección de las instituciones del estado, incluyendo asegurar su participación en los procesos de elaboración de políticas públicas y acceso a la justicia.

• Impulsar sistemas integrales de cuidado, desde las perspectivas de género, derechos humanos, e interculturalidad, que promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y entre el Estado, el mercado, las familias y la comunidad y que incluyan políticas articuladas en materia de tiempo, recursos, prestaciones y servicios públicos universales y de calidad para satisfacer las distintas necesidades de cuidado de la población.

Para las 13 instituciones que conforman “Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres”, la IX Cumbre de las Américas representó una gran oportunidad para renovar los compromisos y las obligaciones de los estados para el fortalecimiento de la democracia paritaria y el logro de la igualdad sustantiva.

Por lo anterior, hace un llamado a la acción para impulsar el liderazgo de las mujeres y la democracia paritaria en las Américas. De lo contrario tendrán que pasar más de 14 décadas para lograr el objetivo, lo que mantendrá a las mujeres en una situación lastimosa y de desventaja.

Fotos: SemMéxico. 

Mujeres van por prohibición de alquiler de vientres en México, Congreso discute iniciativa

 Diana Hernández Gómez 

Fotografía: Pexels.- Ciudad de México.- Este lunes 20 de junio, varias colectivas y activistas feministas presentaron una iniciativa de reforma para terminar con la práctica de los vientres de alquiler en el país. De acuerdo con la investigadora Keith López Nares, esto provoca graves daños físicos y psicológicos en las mujeres, a la vez que oculta redes de corrupción entre autoridades, empresas e incluso grupos delictivos.

La iniciativa fue presentada en el Senado de la República por mujeres de las colectivas Las del Aquelarre, Raíces Radicales, Asteria, La Resistencia Radical, Lesbianas Feministas Abolicionistas, Ley Vicaria, Amor No Es Violencia, Cariátides y el Frente Nacional Feminista Abolicionista. En la presentación participó también el senador José Narro Céspedes, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien apoya abiertamente la propuesta.

Durante una conferencia de prensa, Teresa Ulloa Ziárruiz, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés), explicó que la iniciativa pretende reformar varios artículos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como de la Ley General de Salud.

Los cambios en ambos documentos se enfocan en el ámbito del tráfico de órganos. En los artículos referentes al tema, únicamente están penadas las acciones en lo que respecta al tráfico de órganos, tejidos y sus componentes; con los cambios propuestos, las penalizaciones serían mayores y también incluirían a quienes trafiquen, además, con las funciones de los órganos, tal como ocurre en el caso del alquiler de vientres.

La abogada Teresa Ulloa y la diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) son quienes redactaron la iniciativa. Por su parte, Rojas Martínez la presentó en la Cámara de Diputados, pero aún falta que llegue al Senado de la República de manera formal. 

Durante las próximas semanas, las mujeres de las colectivas propulsoras trabajarán arduamente para conseguir el apoyo de más senadoras y senadores. Así, la reforma podrá llevarse al pleno y discutirse para su aprobación.

Representantes y miembras de diferentes colectivas feministas presentaron la iniciativa contra los vientres de alquiler en el Senado de la República.

Fotografía: Cimacnoticias / Diana Hernández Gómez

Una práctica denigrante para mujeres e infancias

Keith López Nares, internacionalista y maestrante en Desarrollo Rural en el Colegio de Postgraduados campus Montecillo, ha investigado de cerca el negocio de los vientres de alquiler en el estado de Tabasco. Según las declaraciones de la investigadora durante la conferencia en el Senado, las mujeres más vulnerables son quienes recurren a esta forma de explotación para subsistir.

De acuerdo con López Nares, pese a las regulaciones que hay en la entidad, la realidad es que existen redes de corrupción que incluyen al gobierno, registros civiles, empresas y hasta grupos de la delincuencia organizada.

Aunque la renta de vientres y la donación de óvulos se consideran un método de reproducción asistida, en la práctica no busca tratar la infertilidad; por el contrario, daña los cuerpos de las mujeres que pasan por estos procedimientos, de acuerdo con Keith López.

Teresa Ulloa secundó esta opinión y detalló que hay consecuencias documentadas derivadas de este tipo de métodos. Tales consecuencias incluyen el desarrollo de cáncer, ovarios poliquísticos e infertilidad entre las mujeres que se someten a altas dosis de hormonas para poder vender sus óvulos o alquilar sus vientres.

De acuerdo con Keith López, las autoridades y las empresas ignoran dichas repercusiones para las mujeres. Ellas, por su parte, no pueden costear tratamientos médicos para recuperarse, pues el dinero que les pagan por las funciones de sus órganos apenas les alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

Esto no es más que la explotación de los cuerpos de las mujeres, no es más que la explotación y comercialización de sus hijos. Nadie tiene derecho a comprar un ser humano a costa del cuerpo de otra.

Keith López Nares

Mónica Soto Elízaga, maestra en ciencias sociales y miembra del Frente Nacional Feminista Abolicionista, declaró que la renta de vientres también vulnera los derechos de las niñas y niños concebidos bajo estos métodos.

Estas infancias –afirmó Soto Elízaga– tienen derecho a conocer su origen e historia genética: “Son personas que se pertenecen a sí mismas y nadie puede disponer de sus vidas”, declaró la también activista. Por otro lado, aseveró que las niñas y niños tienen derecho a ser parte de una familia, y las parejas no tienen derecho a comprar a una o un menor para satisfacer sus deseos.

“Legalizar los vientres de alquiler no es más que abrir las puertas al capitalismo salvaje“, un capitalismo en el que se puede mercantilizar hasta con el cuerpo de las mujeres, sentenció Mónica Soto.

Mónica Soto Elízaga durante la presentación de la iniciativa en el Senado.

Fotografía: Cimacnoticias / Diana Hernández Gómez

Reforman en contra de los derechos de las mujeres

De acuerdo con Teresa Ulloa Ziárruiz, las senadoras Sylvana Beltrones Sánchez y Olga Sánchez Cordero han formado iniciativas para regular el alquiler de vientres bajo el término de “maternidad subrogada”. No obstante, el movimiento feminista abolicionista sigue luchando para detener esta regulación que atenta contra la integridad de mujeres e infancias.

La práctica del alquiler de vientres también se realiza legalmente en Sonora, pero en otros estados se lleva a cabo bajo la clandestinidad. Además, de acuerdo con Keith López Nares, hay personas que sacan a mujeres de Tabasco para llevarlas a otros lados y forzarlas a ejercer este tipo de reproducción.

Bajo la consigna “las mujeres no somos incubadoras, los niños no son objeto ni mercancías“, las colectivas feministas exigieron que deje de reformarse a favor de estas prácticas que no son más que otra modalidad de trata. Solo así se garantizará una protección real hacia los cuerpos de mujeres y niñas y niños, quienes no deberían formar parte de un mercado voraz.

¿Garantizar derechos a cuentagotas?

 Escrito por Lucía Melgar Palacios 

La garantía de derechos humanos, de cualquier tipo, todos interrelacionados, requiere no solo de “voluntad política” o buenos deseos, sino de políticas públicas bien diseñadas y administradas, con recursos suficientes. En un país atravesado de violencias como el nuestro, se ha insistido desde hace décadas en la prevención.

Si bien desde hace veinte años existen mecanismos para contribuir a la prevención de la violencia feminicida, instancias que desde el Estado deberían fortalecer a las ONG especializadas,  por ejemplo, la desidia gubernamental y ahora la desorganización burocrática y la desconfianza oficial en la sociedad civil han obstaculizado la adecuada distribución de los recursos y el buen funcionamiento de los refugios y centros de atención a mujeres violentadas, indispensables para prevenir el feminicidio. 

Obligadas a negociar su presupuesto cada año, las instancias de la Red Nacional de Refugios enfrentan este 2022 un laberinto burocrático más enmarañado que de costumbre. Como si fuera preciso remachar su animadversión a las ONG, el Ejecutivo determinó romper los puentes entre éstas e Indesol –al que desapareció– y traspasar responsabilidades administrativas de éste a CONAVIM.

Gracias a esta ocurrencia, refugios y centros de atención que en 2021 atendieron a más de 45 mil personas, apenas este mes de junio empezaron a recibir los recursos que les corresponden. Mientras que la RNR ha multiplicado peticiones, demandas y reuniones con instancias federales, el conocido monstruo burocrático bosteza ante el aumento de violencias misóginas como la violencia de pareja, el abuso sexual infantil y la violación.

Esta omisión y negligencia del Estado en la canalización de recursos es tan grave como el desabasto de medicamentos o la ausencia de estrategia de seguridad. Pichicatear los recursos y someter su administración a condiciones ajenas a la realidad pone en riesgo vidas: las de las mujeres, niñas y niños a quienes refugios especializados no pueden atender y cuyos derechos humanos se violan por omisión gubernamental.

¿Qué implica este retraso para los refugios y sus usuarias?

En entrevista para esta columna, Wendy Figueroa, directora de la RNR, explica que los refugios solo reciben fondos federales por 10 meses, y eso si los recursos llegaran en marzo.  Por ello, dependen también de fondos privados y donaciones; y dedican parte de sus energías, tiempo y personal a campañas de financiamiento.  La estrechez empeora cuando los fondos públicos ya asignados tardan más de tres o cuatro meses en “bajar”, como ahora.

Apenas el 25 de mayo empezaron a firmarse convenios; en junio, la administración va distribuyendo el dinero a cuentagotas.  Peor aún: sucede también que, aunque hayan ganado y firmado convenios, existen refugios que a la fecha solo han recibido una parte de los recursos obtenidos, porque solo se les otorga para uno de sus proyectos aprobados, no para los dos.

¿Cómo subsisten entonces refugios sin fondos suficientes?  Como casas o empresas que no pueden quedarse sin comer ni echar a la gente a la calle ni dejar de pagar agua, luz y gas, los refugios han tenido que recurrir a préstamos y endeudarse, precisamente en este año de inflación y de demanda creciente de espacios seguros contra la violencia.

Así, las presiones financieras que enfrentan repercuten en la calidad de vida del personal, las usuarias actuales y potenciales. Algunos han tenido que posponer pagos al personal, reducir gastos en alimentos y dejar de atender a mujeres, niñas y niños en riesgo, lo que implica transgredir derechos laborales, a la vida y la seguridad.

Cabe preguntarse, por otro lado, ¿cómo van a subsistir refugios gubernamentales a los que se les cambian las reglas a mitad de camino, en vez de apegarse a aquéllas bajo las cuales ganaron sus proyectos?

En el caso de los refugios de la sociedad civil, por lo menos, lejos de reconocer su responsabilidad en esta absurda situación, el gobierno impone restricciones a pagos retroactivos, de adeudos e intereses, con lo cual entorpece la operación de los refugios y contribuye a minar las finanzas de quienes los administran. Así, deja en la precariedad a administradoras y personal, y a la intemperie a mujeres, niñas y niños maltratados.

En vez de apoyarse en las capacidades de la sociedad civil para prevenir mayores daños y dar atención de calidad a sobrevivientes de violencia, el gobierno se empeña en desprestigiarla. En vez de reconocer y fortalecer los logros de los movimientos de mujeres, las estigmatiza, les da la espalda.

Pretender garantizar derechos a cuentagotas es mera simulación. El imprescindible trabajo de la RNR merece respeto y respaldo efectivo: convenios multianuales y distribución eficiente de recursos. Hoy, sencillamente se está dejando en riesgo a miles de personas.

Asia y África, principales expulsores de mujeres y niñas a nivel mundial. Sus vidas como personas refugiadas.

 Escrito por Diana Hernández Gómez 

CIMACFoto: César Martínez López .- Ciudad de México.- De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), en 2020 había 26.4 millones de personas refugiadas a nivel mundial. El 4 por ciento de ellas son mujeres y niñas que huyen, en la mayoría de los casos, de diferentes tipos de violencia sexual. Desafortunadamente, la pandemia de COVID-19 contribuyó a empeorar su situación.

En este sentido, el 20 de junio se conmemora el Día Mundial de las y los Refugiados, aunque el contexto internacional para estos grupos sigue en estado crítico. Según la OCHA, los países con los índices de desplazamiento forzado más altos son regiones de Asia y África, específicamente Afganistán, Myanmar, Siria, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo.

Un elemento en común entre estas regiones son los numerosos conflictos armados que azotan a diferentes comunidades, sumiéndolas en olas de violencia, hambre y pobreza. En medio de los conflictos, las mujeres y niñas son las más afectadas.

Tortura, abusos y pobreza ocasionan desplazamiento forzado entre mujeres

Quizá dos de los conflictos internacionales más mediatizados en estos últimos años son el golpe militar en Myanmar y la ocupación de Afganistán por parte del régimen talibán.

En la región africana, miles de mujeres se han unido a las protestas contra el golpe de Estado realizado en 2021. Desafortunadamente, de acuerdo con medios como la BBC, muchas de ellas han sido detenidas por las fuerzas policiales y amenazadas con violaciones por su oposición al golpe.

Algunas de las mujeres incluso han denunciado que fueron víctimas de acoso sexual y tortura mientras estaban bajo custodia de las fuerzas armadas. Esto las ha obligado a dejar su país y trasladarse a regiones europeas como España.

Mientras tanto, en Afganistán, el régimen talibán está imponiendo medidas que limitan los derechos humanos y atentan contra la dignidad de mujeres y niñas. Así, mientras unas no pueden acceder a la educación, otras no tienen permitido salir de sus casas a menos que sea completamente necesario y solo pueden hacerlo completamente cubiertas de pies a cabeza. 

Al igual que en Myanmar, los conflictos sociales en Afganistán iniciaron en 2021. Sin embargo, en Siria, Sudán del Sur y República Democrática del Congo hay combates internos que llevan años desarrollándose y también han obligado a miles de mujeres a dejar sus hogares.

En Siria, por ejemplo, ya han pasado 11 años desde la revolución contra el régimen de Bashar al-Ássad. Pese a esto, el país continúa en una crisis social y económica que ha afectado principalmente a las mujeres. 

Durante la última década, jóvenes, adultas y niñas sirias han perdido hijas e hijos, parejas y padres y madres, quienes eran los principales sustentos de sus hogares. A causa de esto, muchas de ellas se han visto obligadas a desplazarse a lugares como Irak y Líbano, donde se refugian en campamentos que en la mayoría de los casos no se dan abasto para cubrir sus necesidades básicas.

Sudán del Sur, por su parte, se está reponiendo de una guerra civil que inició en 2013 y que terminó recién en 2020. Este fue un conflicto que, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), trajo consigo un aumento en la violencia y explotación sexual contra mujeres y niñas.

Mientras tanto, en la República Democrática del Congo, el número de combates internos en el país y su intensidad han crecido durante el último año, según el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam). Aquí, la escasez de alimentos y agua, así como la reaparición del ébola y la violencia sexual generalizada en algunas regiones están empujando a miles de mujeres a abandonar sus comunidades.

La pandemia recrudeció la situación para mujeres y niñas refugiadas

A la par de estos conflictos, la pandemia de COVID-19 recrudeció las violencias hacia las mujeres, quienes en muchos casos tuvieron que confinarse con sus agresores y enfrentar mayores desigualdades en temas como el desempleo o la falta de ingresos.

Esto provocó aún más desplazamientos forzados entre mujeres y niñas. Pero además, expuso a más violencias a aquellas que ya estaban en situación de movilidad, buscando refugio en países diferentes al suyo.

Según datos del Fondo Malala, por ejemplo, es probable que el 50 por ciento de las niñas refugiadas que abandonaron la escuela durante la pandemia no vuelvan a pisar un salón de clases nunca más.

Aunado a esto, las restricciones por la pandemia, el cierre de fronteras internacionales y las cuarentenas limitaron las posibilidades de las familias refugiadas de reunirse en países de asilo. Por el contrario: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) explica que se incrementó la posibilidad de separación entre madres, padres e hijas e hijos.

A lo anterior se suma el golpe derivado de la crisis económica y social para diferentes programas de ayuda a niños, niñas y sobrevivientes de violencia de género. Organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se vieron obligadas a reformar estos programas, pero no han garantizado concretamente la protección de miles de mujeres y niñas alrededor del mundo.

La pandemia también exacerbó la discriminación hacia las personas refugiadas, quienes han experimentado rechazo bajo argumentos racistas y clasistas que las señalan como portadoras de COVID-19.

Previo a la crisis desatada por este virus, niñas y mujeres desplazadas de sus países ya se enfrentaban a otras violencias: según OCHA, entre 24 y 80 por ciento de ellas experimentaron algún tipo de violencia sexual durante su tránsito. Además, el riesgo latente del tráfico de personas o matrimonios infantiles está presente, incluso en los países de acogida.

Ante este panorama, las acciones de diferentes organizaciones internacionales han quedado limitadas. Mientras tanto, millones de mujeres y niñas continúan siendo víctimas de diversos problemas sociales que las oprimen de profundas maneras.

España va en busca de bebés robados a madres republicanas durante dictadura de Franco

Diana Hernández Gómez 

Imagen: Pixabay.- Ciudad de México.- Este viernes 17 de junio, la investigadora argentina Carolina Escudero presentará los avances de la campaña “Te estamos buscando”. Con este trabajo grupal iniciado desde 2017, varias familias de diferentes partes de España buscan a los y las bebés que les fueron arrebatados durante la dictadura de Francisco Franco en España.

Se calcula que, entre 1936 y la década de los 80, entre 30 mil y 300 mil bebés fueron sacados de sus hogares en distintas regiones españolas. A veces, las mujeres eran conscientes de lo que sucedía, pero a muchas las engañaron diciéndoles que sus hijos e hijas habían muerto al nacer.

En 2017, Carolina Escudero y su equipo empezaron a trabajar con las familias afectadas por estos actos atroces. Por medio de talleres y campañas de búsqueda, la investigadora y sus compañeros y compañeras han acompañado a madres, abuelas, padres y otros familiares para intentar reparar el daño individual tras un hecho tan traumático.

Además del acompañamiento, la campaña ha buscado mostrar a la sociedad los efectos de estas separaciones forzadas, todo desde las voces de quienes lo vivieron en carne propia. Esta metodología, basada en la filosofía Ubuntu, tiene un mensaje claro: “Mi humanidad se construye a través del otro”. Compartir el dolor sana, pero también es posible alcanzar la justicia.

La doctora en Psicología Social y maestra en Género comenzó a diseñar este trabajo después de 2011. En este año, se presentó una querella criminal conjunta en España por los casos de las infancias robadas y otras víctimas de la dictadura; en 2014, Argentina se sumó basándose en el principio de “justicia universal”.

Las primeras campañas de “Te estamos buscando” iniciaron en 2017 y 2018. Aunque quedaron suspendidas por la pandemia, este año retomarán su esfuerzo por buscar a los bebés robados en la dictadura franquista.

Escudero presentará los avances de las dos primeras campañas este 17 de junio en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el marco del seminario “Miradas Interdisciplinarias de la Violencia”.

Video: YouTube “Video Campaña Bebés Robados: Te Busco. Te Estamos Buscando”, SOS Bebes Robados Catalunya

Los actos atroces antes, durante y después de la dictadura franquista

La práctica de robo de niños y niñas comenzó con la Guerra Civil Española (1936) e inicialmente afectó a mujeres republicanas encarceladas. Se calcula que este acto, ejercido desde el poder como un tipo de represión política, provocó la separación de cerca de 30 mil menores de sus familiares.

El secuestro de bebés se extendió durante toda la dictadura de Francisco Franco. En esta época, las afectadas dejaron de ser solo mujeres encarceladas: las víctimas también eran madres de escasos recursos que daban a luz en los hospitales españoles. 

En estos lugares, monjas, sacerdotes, personal de enfermería y médico se volvieron cómplices de la separación familiar; muchas veces, mintieron a las madres diciendo que los y las bebés habían muerto después de nacer.

Aunque no hay una explicación clara o validada oficialmente para esto, las investigadoras Soledad Luque Delgado y María José Esteso Poves suponen que se debió a la idea moralista católica de que los niños y niñas debían ser reubicados con “familias de bien” que pudieran educarlos. Esta última idea siguió reproduciéndose hasta pocos años después del franquismo, aunque –afirman Luque Delgado y Esteso Poves– también había robo de infantes para poder venderlos.

Aun con el paso de los años, las familias siguen buscando a las y los hijos, nietos y sobrinos que les fueron arrebatados. En este ejercicio, la memoria colectiva es necesaria para alcanzar la justicia y no olvidar las violencias que llegan, casi siempre, desde la cima del sistema.

Trabajo doméstico infantil en comunidades indígenas es violencia contra las niñas

 

Por Elda Montiel

Se reafirma que las niñas indígenas viven condiciones de desigualdad y violencia donde tienen que compaginar labores domésticas con tareas escolares y subordinación a los varones, incluso a los hermanos pequeños que aprenden a exigir y a violentar. “De repente mi hermano cuando llega de la escuela dice: ay, dame de comer, si no te pego, cuando no lo obedezco me pega”

Cd. de México, 16 de jun. 22. AmecoPress/SemMéxico.- Un estudio sobre trabajo doméstico infantil en comunidades indígenas destacó los testimonios de niñas de preescolar y primaria en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, que reafirma que las niñas indígenas viven condiciones de desigualdad y violencia donde tienen que compaginar labores domésticas con tareas escolares y subordinación a los varones, incluso a los hermanos pequeños que aprenden a exigir y a violentar.

“De repente mi hermano cuando llega de la escuela dice: ay, dame de comer, si no te pego, cuando no lo obedezco me pega”. (Niña de primaria en Santiago Tepepa).

La doctora Rosa Elena Durán González especialista en educación, derechos humanos y comunidades indígenas señaló que en el estudio se identificaron tres tipos de violencias recurrentes y relacionadas entre sí: trabajo doméstico infantil, violencia física y psicológica, en la familia, escuela y comunidad.

Afirmó que el trabajo infantil doméstico de las niñas en comunidades indígenas es un problema social, cultural, económico y político, porque no se visibiliza. Su permisividad y naturaleza impide el derecho a toda niña de la comunidad al descanso, juego, estudio, esparcimiento y libre participación en la vida cultura.

Día Mundial contra trabajo infantil

La doctora egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo e investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y miembro activo de cinco redes de trabajos comunitarios indígenas presento la conferencia “El trabajo doméstico es trabajo infantil: situación de niñas en comunidades indígenas”, en conmemoración del Dia Mundial contra el trabajo infantil, en el Museo de la Mujer, el pasado 12 de junio.

Este año, a nivel mundial, se hizo un llamado a la protección social universal para poner fin al trabajo infantil. Se estima que en el mundo hay 160 millones de niñas y niños en situación de trabajo infantil, lo que representa uno de cada diez. Algunos de ellos con tan solo cinco años de edad.

En México, el trabajo infantil está prohibido, las leyes son claras y contundentes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123 A-III (2019) menciona la prohibición de trabajo a menos de 15 años. y solo para niñas y niños entre 16 a 18 años pueden laborar en jornadas menor a seis horas.

Sin embargo, a nivel nacional son 3.3 millones de niñas y niños que trabajan, de los cuales, 1.3 millones son niñas y dos millones son niños, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI, 2019) del INEGI. La mayor tasa infantil se concentra en Oaxaca, Chiapas y Puebla.

En este sentido, Rosa Elena Durán González delimitó la situación de las niñas en condiciones de trabajo infantil a nivel nacional: de los 1.3 millones de niñas de 5 a 17 años que trabajan, 496 mil 25 niñas están en riesgo de salud. Sólo en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas se encuentran 69 mil 115 niñas.

En ocupación no permitida y en quehaceres domésticas en condiciones no adecuadas hay 86 mil 51 niñas. De un millón 272 mil 191 niñas que trabajan y acuden a la escuela 130 mil 404 de entre 5 y 9 años. 476 mil 678 niñas tienen entre 10 y 14 años. Y 665 mil109 niñas tienen de entre 15 y 17 años. Solo 952 mil 38 asisten a la escuela y 320 mil 153 no.

Las niñas que no asisten a la escuela por trabajo son 45 mil 171 y por realizar quehaceres domésticos en su hogar, 71 mil 28. También, no asisten por otras razones, como inseguridad, discriminación y distancia de la escuela 36 mil 25 niñas. Por falta de recursos económicos 130 mil 743. Por embarazo, matrimonio o unión y motivos familiares: 122 mil 938 niñas de entre 5 y 17 años.

Por trabajo doméstico remunerado 58 por ciento recibe hasta un salario mínimo, 38 por ciento más de uno hasta dos salarios mínimos, y cuatro por ciento más de dos hasta tres salarios mínimos.

Trabajo infantil en comunidades indígenas

Hablar de trabajo infantil en comunidades indígena es sinónimo de supervivencia económica en contextos familiares, donde la prioridad es la subsistencia familia que es permitida por los ingresos precarios, es un trabajo informal, expone la doctora Rosa Elena Durán González.

Vemos, dijo, que las niñas están en situación de migración. Migran a la ciudad al trabajo doméstico con familias receptoras, el padre administra el dinero y regresan al pueblo en periodos de vacaciones o en fiestas patronales. Se vulnera su derecho a educación y salud. “Las niñas son extremadamente vulnerables podemos decir que es una migración coercitiva y violenta, ya que a las sustraen del núcleo familiar y comunitario”.

El trabajo doméstico infantil es un problema político, económico y social

El trabajo doméstico infantil es un problema político porque no se visibiliza, es económico porque es un trabajo no remunerado, es cultural porque se reproduce a través de roles, y es social porque se naturaliza. Esto permite que se violenten los derechos al descanso, estudio, participación en la vida pública, afirmó la doctora.

En las dinámicas familiares en el contexto rural las niñas están en mayor vulnerabilidad por ser receptoras pasivas de la violencia y omisiones de sus derechos, precisó la especialista. En la línea hegemónica familiar rural e indígena, la atención está centrada en el varón, en su papel de proveedor, después en los niños y por última instancia están las niñas.

La infancia tiene dos rostros: los derechos a una crianza afectiva, necesidades subsistencia, alimentación, vivienda, educación afectiva emocionales, y el de la desigualdad, supeditado a condiciones socioeconómicas, clase, etnia, género, de acuerdo a UNICEF, 2018.

La violencia va con el trabajo doméstico

La violencia física prevalece en el entorno familiar y principalmente deriva de los conflictos entre los padres, donde se hace patente la dominación del hombre contra las mujeres, a través de insultos, gritos y golpes; violencia que se encuentra normalizada.

Las niñas dieron testimonio de la violencia doméstica donde se hace patente la dominación del hombre hacia la mujer, a los niños desde los más pequeños aprenden a exigir y a violentar.

Hay privilegios para los varones para que estudien y realicen tareas escolares. Existe una marcada subordinación de las personas del sexo femenino a los varones; no solamente el padre aparece como figura de autoridad ante la esposa e hijos. A los hermanos varones también se les da la facultad para ordenar y solicitar servicios a sus hermanas o sobrinas.

“Cuando no está mi mama y mi tío llega de trabajar le preparo de comer para que coma y luego ya me voy a la escuela”. (Niña de primaria, San Mateo, 2017).

El trabajo doméstico es trabajo infantil

La doctora explicó que el estudio se realizó en cinco comunidades: San Pedro Tlalchichilco, cabecera municipal; San Mateo Reyes; Santa Ana Tzacuala y Santiago Tepepa de Hidalgo, con el apoyo de la presidencia municipal de Acaxochitlán, y la Instancia de la Mujer Acaxochitlán que financio el proyecto.

Con un enfoque en los derechos humanos, a la educación, salud y a una vida libre de violencia -señaló la investigadora- se utilizó una metodología diversificada por los diversos rangos de edad de las niñas, en el que se cuidó la identidad de las niñas y el respeto a su privacidad y confidencialidad.

Con asistencia de madres de familias se eligió la escuela, en cada comunidad, como espacio con grupos focales en “primaria alta”, niñas de cuarto a sexto grado y de “primaria baja” de primero a tercero, y para niñas en preescolares con técnicas proyectivas con láminas y asistente de lengua indígena de la comunidad.

La condición socioeconómica de las niñas es de pobreza, aunque no extrema, hablantes de lengua indígena, se pudo identificar que 19 por ciento de las niñas de preescolar hablaban lengua náhuatl y en primaria era el 58 por ciento de las niñas de primaria que hablaban náhuatl.

El reporte de Beijing, capitulo La niña, establece: Las niñas suelen ser consideradas inferiores y se les enseña ponerse siempre en último lugar, con lo que se les quita su propia dignidad. En los estudios feministas el trabajo doméstico y de cuidados se visibiliza como gratuito y en las niñas es considerado trabajo infantil.

Las niñas afirman que su rutina está determinada por las actividades del hogar. En caso de no cumplir con ello, son regañadas o golpeadas por sus familiares. El sometimiento y dominación de las niñas es ejercida por la madre, tías y hermanas y también por la dominación de los hombres en la escala más alta: el padre, los hermanos, los tíos, incluso los hermanos más pequeños ejercen esta dominación.

En el entorno familiar hay elementos particulares que visibiliza roles y estereotipos de género que se reproducen en la casa de manera reiterada. Las niñas reconocen que son actividades injustas que ellas sean más pequeñas y tienen la responsabilidad de atender.

Refieren: “Las niñas se pusieron a trabajar y los niños se quedaron en sus sillas viendo la tele. Cuando se levantan dicen que aún tienen hambre y las niñas están dándoles de comer a los caballos, pollitos, chivos, borregos y cochinitos” (Santiago de Tepepa).

(Suspiro largo) “La niña está poniendo la lumbre para comer” (Los Reyes).

“La van a regañar y le van a pegar porque no quiere poner la lumbre. Chilla, chilla y come, su papá la regaña porque comió (…) se sienten mal porque les pegan, no juegan con nosotras”. (San Mateo).

“ (…) todos los quehaceres, lavar los trastes, lavo la ropa. Yo también lavo. Tender las camas. Barrer. Yo lavo la ropa de mi papa nómas, los pantalones les echo jabón, los tallo, los enjuago y ya los tiendo. (Santa Ana Tzacuala).

“…yo acomodo la ropa cuando la dejan tirada, parecemos sus chachas, tengo un hermanito que deja tirados sus carros, su balón, sus zapatos tirados. (San Mateo).

Casi todas las niñas con excepción de dos, afirmaron que realizan labores domésticas, cuidado de los hermanos e incluso asistir a la madre enferma.

Una mínima luz de esperanza, el cambio de roles

La doctora Rosa Elena Duran González reflexiono que se pudo identificar, “aunque mínimamente y es una luz de esperanza”, un cambio paulatino de roles en que las niñas expresaron que todos los integrantes, incluidos los papas y los hermanos apoyan con las actividades domésticas y se da la distribución equitativa de las actividades en casa.

Se permite una democratización del trabajo doméstico, ya que se correlaciona con el cambio de roles de las mujeres hacia la participación en el ámbito público, es decir, su inserción al campo laboral de acuerdo a las teoricas, según expuso la doctora Durán González. “De forma muy paulatina, pero se está dando el cambio”, dijo.

“Mi mama reparte el quehacer, dice tu lava los trastes y tú la ropa, y la otra cuando termine de barrer, escombra abajo. (Cabecera municipal de Acaxochistlan, 20).

La investigadora aseguró que las niñas tienen en sus madres y abuelas a sus principales y más cercanas cuidadoras, quienes deberían además de enseñarles la realización de los trabajos domésticos cuidarlas en su igualdad de derechos, no obstante, la condición desigual en su condición de madres, esposas o abuelas.

Lo que permite reflexionar que son las madres las que pueden posibilitar ese cambio. Tienen la posibilidad de generar ese cambio que haya una distribución equitativa del trabajo doméstico y también pueden cuidar para una distribución de los espacios de juego y ejercicio de los derechos de las niñas y niños.

La doctora consideró que la situación puede transformarse a través de las redes comunitarias en articulación con la academia, sector social, el Sistema Nacional, de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Finalmente, dijo la doctora Rosa Elena Durán González que “Cargar a las niñas de trabajo doméstico y de cuidado es como robarles su infancia y su proyecto de vida”.

Fotos: SemMéxico.