10/07/2022
Prensa México viernes 7 de octubre de 2022
10/06/2022
Prensa México jueves 6 de octubre de 2022
10/05/2022
Espionaje: Desacato al Presidente
Álvaro Delgado Gómez
El tema es de inmensa gravedad para la patria: El Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió, desde antes del inicio de su gobierno, a erradicar el espionaje contra los mexicanos, pero hay evidencias de que esa práctica represiva prevalece en el Ejército.
Y la gravedad no es solamente que exista el espionaje que, sin la autorización de un juez en la investigación de delitos, viola la Constitución y vulnera los derechos humanos, sino sobre todo porque representa un desacato de los militares al comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Debe recordarse que el 15 de julio de 2018, dos semanas después de ganar las históricas elecciones, el presidente López Obrador se comprometió a erradicar el espionaje en su gobierno, específicamente en el punto 40 de un plan de 50, lo que marcó un parteaguas con los gobiernos que lo precedieron y que gastaron miles de millones de pesos con ese objetivo:
“Se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecte el derecho a la privacidad de las personas; el sistema de inteligencia del gobierno estará sólo dedicado a la prevención de delitos y al combate a la delincuencia.”
Ahora sabemos por una investigación de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que es un laboratorio de expertos que estudia el sistema Pegasus, que los teléfonos celulares del periodista Ricardo Raphael de la Madrid, de otro del sitio Animal Político que no quiso ser identificado y del activista tamaulipeco Raymundo Ramos Vázquez fueron atacados con ese sistema y que no son los únicos.
Sabemos también que este mismo sistema Pegasus lo adquirió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el 12 de abril de 2019, como consta en el oficio número SGE-3335, enviado por la sección “Guerra Electrónica” de la Dirección General de Transmisiones, en la que informa del pago y cumplimiento del servicio, según la documentación extraida por quienes hakearon esa institución.
En medio de la disputa por la verdad verdadera sobre lo que ocurrió el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, con los normalistas de Ayotzinapa, pero también en el contexto de las investigaciones sobre la guerra sucia contra los movimientos sociales desde los sesenta, las evidencias de que el Ejército espía a mexicanos exigen una respuesta institucional esclarecedora.
¿Por qué el Ejército mantiene una práctica que viola la Constitución y los derechos humanos? ¿Por qué mantienen los militares el espionaje, pese a que el Presidente de México se comprometió públicamente a erradicar? ¿Por qué desacatan esa orden del comandante supremo de las Fuerzas Armadas? ¿O fue el presidente de México quien les dio la instrucción de hacerlo?
Hay un ambiente enrarecido en México, como parte de la tremenda disputa por la nación y su futuro, y el fujo de información interesada exige que haya respuestas institucionales creibles, sobre todo en el espionaje contra perticulares, cuando los instrumentos teconógicos deben estar enfocados al desmantelamiento de estructuras criminales, no de movimientos sociales, incluidos los de oposición.
Se entiende que las Fuerzas Armadas, que tienen como misión legal defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, haga labores de monotereo y de acopio de información, pero no que hagan seguimiento y vigilancia con mecanismos tecnológicos intrusivos, como Pegasus, el software que permite el acceso a toda la información contenida en un equipo telefónico, incluso la que se encuentra encriptada.
El espionaje desde el gobierno representa una traición al compromiso del presidente López Obrador, pero si viene de las Fuerzas Armadas es todavía peor, porque es un desacato a su comandante supremo, como define el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Las evidencias del espinonaje desde las Fuerzas Armadas contra periodistas y defensores de derechos humanos, como se hizo de manera indiscriminada con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sólo da la razón a quienes alertan sobre los peligros de la crediente presencia militar en la vida pública de México.
Urge un diseño instituconal para que estas mismas Fuerzas Armadas sean transparentes y rindan cuentas no sólo de su actuación en el pasado, como la guerra sucia contra los movimientos sociales desde la década de los sesenta, sino en el presente y más específicamente en el caso de la Noche de Iguala.
Lo que está sucediendo en México tiene que ver, sin duda, con el procesamiento de mandos del Ejército sobre el caso Ayotzinapa, como el general José Rodríguez Pérez, vinculado al asesinato de seis de los 43 normalistas, y las maniobras para que no se sepa toda la verdad.
Lo que en los días recientes ha sucedido exhibe que el Ejército es vulnerable a los ataques y, también sigue tendiendo ímpetus represivos, como el repugnante espionaje que practica violando lo que dispone la ley y desobedeciendo lo que ordenó el Presidente de México.
Álvaro Delgado Gómez
Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.
Televisa y las indefiniciones de AMLO
Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
Fue demasiado notorio en la mañanera del martes 14 el inmediato cambio de parecer del presidente Andrés Manuel. Primero hizo una muy comedida observación y a renglón seguido corrigió: “La verdad es que Televisa ha cambiado mucho”, sin mediar ningún argumento o explicación a las robustas audiencias que lo ven y escuchan diariamente.
Un día antes, el lunes 3, criticó en forma mesurada las sumamente desequilibradas mesas de dizque análisis, e incluso preguntó si todavía se transmite Tercer Grado (legrado, para sus críticos) y ante la respuesta afirmativa generalizó su observación a todas las existentes en las televisoras y las radiodifusoras, cuando es evidente que existen otras mucho más equilibradas, como la de los lunes en Aristegui Noticias, aunque los otros cuatro días de la semana es un coro crítico hacia la Cuarta Transformación y en el que destaca Anabel Hernández con lo que ella denomina “mis investigaciones”, pero sin dar prenda de ellas.
Esta dualidad en el pensamiento de López Obrador no es nueva, la detecté en 2004 y valoré, espero, en el libro Un proyecto alternativo de nación que publicó hace 13 años Ediciones Quinto Sol, del difunto ingeniero y amigo, Salvador González Marín: http://www.forumenlinea.com/
Desde que López Obrador fue jefe de Gobierno del Distrito Federal y armó su primera candidatura presidencial, apareció con fuerza la dualidad hacia Televisa que daba muestras de que la detectó bien y jugaba perversamente con ella, pero el “Haiga sido como haiga sido” de Felipe Calderón, los dueños de México, el entonces duopolio de la televisión y el oligopolio radiofónico pusieron las cosas en su justo lugar en el pensamiento de Obrador. Con toda claridad lo mostró Hernández en aquel muy difundido cartón en el que las “estrellas” de Televisa y Ciro Gómez Leyva aparecían como perros guardianes del sistema política montado alrededor del PRIAN.
Sin embargo, durante una entrevista del ya entonces impresentable Joaquín López-Dóriga al precandidato presidencial AMLO en 2011, éste no refrenó su optimismo ante la apertura de los micrófonos propiedad entonces de 13 de los dueños de México. Incluso verbalizó al aire algo así como “entonces ahora podremos dirigirnos a millones sin andar casa por casa”. Y el exempleado del Canal de las Estrellas le juró que sí, cuando el consorcio ya estaba ocupadísimo en la construcción de la imagen pública y privada del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, como candidato y presidente de México con los presuntos 4 millones de votos comprados.
Más recientemente, en el II Informe de Gobierno realizado en el Zócalo, uno de los invitados especiales del presidente fue Emilio Azcárraga Jean, el principal accionista de Televisa –Teleidiotiza para no pocos mexicanos– y una parte de la asistencia lo increpó con singular pasión. Obrador se molestó tanto que hizo un comentario a los medios.
El consorcio mediático siempre fue y todavía hoy es una rémora para el desarrollo cívico, cultural y político de la nación, aunque no faltan los comentaristas sólidos pero convenencieros, como Federico Arreola Castillo, que aseguran que México cambió en materia democrática gracias a los aportes de Televisa.
El hecho es que mientras el presidente Andrés Manuel no supere esa dualidad con la ahora Televisa-Univisión que daña no a su gobierno sino al país, persistirá una contradicción que más temprano que tarde pagará la 4T. Los tiempos del Ejecutivo federal –“del pueblo” en su concepción– cedidos al trinomio de la televisión fueron apenas un pequeño adelanto.
Acuse de recibo
Desde la semana pasada Azucena Uresti privilegia informativamente las “mordidas” que reciben algunos integrantes de la Guardia Nacional. ¡Felicidades a la periodista! ¿Usted la recuerda documentando los asaltos a la nación que hicieron bajo los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña?... La doctora Patricia Olamendi, feminista experta en victimizarse, informa que “Un grupo de mujeres creamos una red llamada Nosotras Tenemos Otros Datos a propósito de la situación de las mujeres durante la pandemia. Nuestra idea era contrarrestar el discurso gubernamental de que no pasaba nada, de que eran mentira los datos que se estaban publicando, el incremento de la violencia que existía sobre todo en los hogares, y que la violencia en el exterior de los hogares no disminuía. (…) Hicimos este contraste durante casi dos años sin parar; un contraste muy agobiante porque generó una confrontación muy fuerte con el gobierno. Incluso fui señalada directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador casi como enemiga del país (sic)” SEM, 30-IX-22… Patricia Olamendi destaca, también, en hacer alianzas con gobiernos muy corruptos como fue el de Silvano Aureoles en Michoacán, así como por formar parte del “gobierno del cambio” de Vicente Fox y Marta Sahagún… Falleció el poeta, traductor y ensayista David Huerta Bravo. Un abrazo solidario para las queridas Eugenia y Andrea.
http://www.forumenlinea.com/
Prensa México miércoles 5 de octubre de 2022
10/04/2022
México: Los votos sólo legalizan la elección de cargos hecha muy arriba, antes de campañas y comicios
Prensa México martes 4 de octubre de 2022
10/03/2022
Anabel, ¿“La delincuencia o crimen organizado” jode a los pobres, a los ricos o a las clases medias?
La corrupción en Segalmex es un gran pendiente
Prensa México lunes 3 de octubre de 2022
10/02/2022
¿Qué le pasa al papa Francisco que -olvidando la neutralidad- toma partido por Ucrania, la OTAN y los EEUU?
Ayotzinapa y el factor tiempo
Lorenzo Meyer
El tiempo puede diluir un problema o complicarlo como lo prueba el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ya en 1994 Juan J. Linz examinó la influencia del “factor tiempo” en los procesos de cambio político: decisiones similares tomadas en tiempos diferentes suelen llevar a resultados distintos.
Si desde el inicio Enrique Peña Nieto hubiera optado por abordar sin falsificaciones el crimen cometido en Iguala en 2014 quizá el tema no tendría la centralidad que adquirió. Sin embargo, siendo el peñanietismo una de las cimas de la corrupción política, optó por “superar” el macro crimen montando una operación de encubrimiento que fracasó.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde el momento de asumir la Presidencia en 2018 se propuso aclarar la investigación de su antecesor, dar cuenta verdadera de lo sucedido en la terrible “noche de Iguala” y otorgar al hecho el carácter de “crimen de Estado”, pues al desenredar la trama se elevó el nivel de los personajes y las instituciones involucradas. Y entre más tiempo pasa más se agranda la lista de involucrados tanto en el crimen como en su encubrimiento.
Al peñanietismo le llevó cuatro años montar y apuntalar su “verdad histórica” sobre lo sucedido en Iguala. Desmontar esa “verdad” le ha tomado al equipo de AMLO y al grupo de expertos externos (GIEI) un tiempo casi similar. Hoy los responsables de ese desmontaje se muestran confiados en lograr su objetivo, aunque el “factor tiempo” empieza a jugar en su contra, pues da a sus críticos más oportunidades para hacer del proceso un campo de batalla más en su lucha sin cuartel contra la “4 T” y AMLO.
De acuerdo con el testimonio de los miembros del GIEI, por años el Ejército se negó a facilitarles el acceso a los cruciales archivos de los servicios de inteligencia militar, servicios que conocieron en tiempo real todo lo ocurrido en la brutal noche de 2014. Se supone que ahora, y por orden directa de AMLO, esa negativa ya no opera, pero eso no impide que el hecho ya sea parte de otra discusión conflictiva que nada tiene que ver con Ayotzinapa: la decisión de otorgar nuevas responsabilidades a esas fuerzas armadas que fueron reticentes a dar cuenta de sus acciones como son asumir el control de aduanas o de la Guardia Nacional.
En el ámbito netamente civil el correr del tiempo ha llevado a meter el caso Ayotzinapa en el terreno de la discusión sobre la forma en que la Fiscalía General de la República (FGR) ha desempeñado su papel de ministerio público. La inesperada renuncia por un desacuerdo con su superior jerárquico del responsable de una fiscalía especializada creada para investigar la desaparición de los estudiantes normalistas ha revelado fallas y conflictos internos de la FGR de ese órgano autónomo que es crucial para algo que ha faltado a México por mucho tiempo: la procuración de la justicia.
Pasa el tiempo y los padres de los estudiantes —y la sociedad— se muestran cada vez más insatisfechos con la lentitud y contradicciones de la investigación y ya exigen el arresto de quien era secretario de la defensa hace ocho años y del expresidente Peña Nieto (SinEmbargo, 27/09/22).
Refiriéndose al caso Ayotzinapa, el presidente manifestó: “Estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero… tenemos la firme voluntad de hacer justicia” y es que hoy el “factor tiempo” está del lado de las presiones. Es imperativo acelerar el proceso, deshacerse de quienes desde el interior de las instituciones obstaculizan su marcha, consignar a los responsables y mantener bien abierto el caso al escrutinio público para que la presidencia tenga el respaldo ciudadano y pueda cerrar la herida colectiva abierta en Iguala por la corrupción, la irresponsabilidad y la impunidad.
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