Edmundo Jacobo Molina ha estado en el órgano electoral mexicano desde
hace 30 años, la mitad de ellos, a cargo del presupuesto millonario del
IFE y el INE; ha concentrado la decisión de quién trabaja o no en las
juntas distritales, quién ingresa o no al llamado Servicio Profesional.
El Plan B de la reforma electoral acordado por el Congreso de la Unión,
le quitó el cargo a Edmundo. La legisladora del Partido del Movimiento
Ciudadano, Patricia Mercado, lloró por él. Edmundo se paseó por los
medios de comunicación corporativos repitiendo un mismo argumento: que
removerlo a él destruía la democracia, que destituirlo dejaba inservible
a todo el sistema electoral mexicano, y que su despido era —oiga usted—
“la ruptura del orden constitucional”. Así, el puesto de un señor ponía
en riesgo a toda una institución electoral, decía Edmundo. ¿Dónde
quedaba, entonces, el hecho de que una institución no es un solo hombre?
¿En qué universo paralelo, si corren a un empleado, se acaba la
Constitución?
Una jueza así lo creyó y mandó restituirlo en su cargo. La jueza
administrativa, Blanca Lobo, decidió que Edmundo del INE se quedara en
su puesto, a pesar de haber estado ahí, de manera truculenta, en los
pasados 15 años. Blanca Lobo es la jueza que ha defendido a personas por
encima del interés general. Célebremente ella fue le prohibió a la
gobernadora de Campeche, Layda Sansores, decir el nombre y poner la foto
de “Alito” Moreno, el impresentable líder del PRI, en las transmisiones
del Martes del Jauguar. Es la misma jueza, Blanca Lobo Domínguez, la
que, en el 2011, prohibió que se exhibiera el documental “Presunto
Culpable”, que denunciaba las injusticias de minsiterios públicos y
jueces contra un joven al que se le fabricaron pruebas para acusarlo de
homicidio. Ahora, Blanca Lobo protegió a Edmundo. Y, para celebrarlo,
Lorenzo convocó a una reunión urgente del Consejo General del INE el 13
de marzo pasado. De eso trata esta columna, de lo que se dijo y de qué
se reían los consejeros electorales.
La imagen que quedó de esa sesión del INE fue la de un presidente
saliente, Lorenzo, con una sonrisa retadora, la extensa barbilla
apuntando al vacío, mientras hablaba la representante del poder
legislativo, Julieta Andrea Ramírez Padilla, y a la par que Edmundo se
reía a carcajadas. La restitución en el cargo de Edmundo era “el haiga
sido como haiga sido” de un órgano electoral que se ha opuesto a todo en
lo que va del sexenio de López Obrador: a bajarse los salarios, a decir
cuánto dinero tienen guardado en dos fideicomisos, a poner no todas las
casillas en las consultas del juicio a los ex presidentes y a la
revocación de mandaro, y últimamente se ha negado a precisar de cuánto
será la remuneración que les pagaremos a los cuatro consejeros que ya se
van —las cifras van de 1.5 a 9.5 millones de pesos, y ya se organizan
loterías en todo el país para premiar a quien le atine. Esta sesión era
ese “haiga sido”, es decir, demostrar fortaleza de unos funcionarios que
gastan mucho, no se quieren ir, no nos dicen cómo usan los recursos
públicos, y además, con toda vulgaridad, se ríen de lo que dice una
representante de la mayoría en el Congreso por la que votamos, porque
Julieta Ramírez no es diputada plurinominal, es de mayoría por Baja
California.
Edmundo y Lorenzo se ríen en medio de escándalos de corrupción con el
dinero público del orden de 542 millones en fideicomisos, de las
reuniones secretas, jamás aclaradas, en casa del propio Edmundo con
Alito, Marko, Chucho, y Claudio, de haber logrado llenar el Zócalo con
gente que creía que les iban a confiscar su credecial de elector o que
prefieren que los corruptos se gasten 95 millones en lavandería, 54
millones en actividades deportivas o 143 mil en comidas a que se los
provean, por ejemplo, esos mismos recursos a los programas sociales para
adultos mayores, becas a estudiantes o a la siembra de árboles. Se
ríen, también, de que 9 burócratas de administración y comunicación del
INE renunciaron hace unos días sin que se hayan rendido cuentas de sus
gestiones a nadie. Haiga sido como haiga sido.
La sesión abrió con Lorenzo asegurando: “Los cambios legales,
antidemocráticos e inconstitucionales, del así llamado Plan B ha sufrido
su primer revés jurídico, el primero, estoy seguro, de muchos que
vendrán”. Así, Lorenzo, en vez de ser árbitro, encarna el freno de todo
eso que “no se toca”, y sin empacho se manifiesta contra la mayoría
electa en el Congreso de la Unión. Para ir contra una decisión del
Congreso, Lorenzo está obligado a invocar una autoridad superior a la
mayoría electa y, entonces, apela al “Estado de Derecho”, que para él
significa que los diputados y senadores no pueden votar una ley. Así lo
dijo: “Y es que, en efecto, hay un punto que me parece no es ocioso
resaltar, los litigios relacionados con el artículo Décimo Séptimo
Transitorio no son simples controversias jurídicas relacionadas con la
persona que ahora se dirige a ustedes, y su permanencia o no en un cargo
público dentro de la función estatal de organizar de las elecciones;
tiene que ver, en realidad, con la concepción del Estado mexicano como
un Estado de Derecho, en el que se respeten las competencias conferidas
por la Constitución a los órganos primarios del estado previstos en la
misma, así como también los derechos humanos reconocidos a las personas
por el ordenamiento, en tanto ejes motores para evitar que las
instancias del poder público se conviertan en una amenaza para los
individuos”. Sin miedo a la exageración, da el salto cuántico, del
despido de un funcionario al respeto a los derechos humanos. De Estado
de Derecho a la idea de que ese mismo Estado es, como dice, “una
amenaza” para los individuos. Está muy cerca, en esa concepción, del
ultraderechismo de los libertarios de Donald Trump.
El propio Edmundo, en su intervención, antes de carcajearse en la
cara de la mayoría legislativa, se dio cuenta del tremendo contrasentido
de estar defendiendo su propio puesto como si con ello defendiera la
democracia y el carácter institucional del órgano electoral que, por
definición, no dependería de las personas. Entonces, Edmundo dijo:
“México es un país de instituciones en el que las personas integrantes
de los órganos estatales estamos únicamente de paso”. Entonces, se
preguntará usted, ¿por qué dijo que su despido inhabilitaba la
organización de las elecciones? ¿O acaso no dijo que su remoción del
cargo iba a impedir que los votos se contaran? Luego, Edmundo se fue
contra la idea de sortear en la Cámara de Diputados a los nuevos
consejeros. La idea es para evitar que sean, como los que ahora están,
un resultado turbio de una negociación por cuotas de los partidos.
Aseguró el prócer de la eternidad laboral: “Solo quienes carecen de
lealtad democrática pueden apelar anticipadamente al azar por encima del
consenso político para la definición de tan altos y relevantes cargos”.
Pero todavía no veíamos nada. Siguieron las palabras de Acción
Nacional, cuyo representante, Víctor Hugo Sondón celebró con Edmundo:
“El punto que nos ocupa tiene particular relevancia, pues implica un
revés a un régimen autoritario que pretende alterar las reglas del juego
democrático. Es claro que el actual gobierno instalado en su fase
subversiva, busca dinamitar al INE para así convertir la elección
federal del 2024, en una trifulca postelectoral, quizá del tamaño de la
crisis de 1988, o peor aún, dotada de violencia y represión militar”.
Wow. Aquí necesitamos tomar un respiro: al licenciado Sondón le parece
subversiva una legislación electoral aprobada por mayoría en el
Congreso. Sin miedo a converirse en el Profeta de los Últimos Días,
Sondón ya augura un 2024 de represión militar, cuando estaba, apenas
unos minutos antes, celebrando que exista un poder Judicial que otorga
amparos. Pero Sondón continuó pasándose a la segunda temporada de su
propio dislate. Aseguró: “Al parecer los diputados se sintieron en un
régimen como el venezolano o el nicaragüense, ambos violatorios de las
libertades políticas, los cuales, por cierto, son modelos admirados por
el actual Presidente de la República”. Además de saber cómo se sintieron
los diputados de la mayoría en el Congreso y saber a quién admira el
Presidente de la República , equiparó Sondón las “libertades políticas”
con el despido de Edmundo. Así, si usted lo despiden de su trabajo, al
parecer, podría alegar, según Sondón, que con ello se le están
suspendiendo su derecho a la libre manifestación de su profesión.
Marco Humberto Aguilar, también de Acción Nacional, dijo sin corregir
ninguna de su dislexias: “Empieza a ser visible que el Plan B, es
arbitrar imposición de la mayoría indolente, irresponsable e ignorante
en el Congreso de la Unión, está plagada de inconstitucionalidades”. De
nuevo, insulta a la mayoría más votada en el Congreso y le dice
“ignorante”. Sigue el panista: “Así la juzgadora deja en claro que las
mayorías parlamentarias no pueden lesionar los derechos de las personas
por la simple suma de sus votos. Esa mayoría indolente que yo he
denunciado cada vez que se vota una ley en el Congreso, aunque los usen
para complacer los caprichos del Presidente”. El panista se confundió al
final entre la “rendición de cuentas”, que es explicar y justificar al
público los actos de un funcionario, con división de poderes que es el
Ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sin miedo al engrudo verbal
dijo: “Y demuestran también, que el sistema de rendición de poderes en
México funciona para contener las arbitrariedades derivadas de esa
borrachera del poder”. Él, que tachó de “ignorantes” a los legisladores,
cree que el poder tiene que rendirse.
Gerardo Triana, del PRI, sin miedo a la adoración de los dioses,
alabó: “Aquí se llegó a decir que Edmundo Jacobo no es la democracia en
México. En desagravio a dicha expresión, el PRI manifiesta que Edmundo
Jacobo es un aliado, no solo de quienes estamos en esta mesa, es un
aliado no sólo de quienes integran el Instituto Nacional Electoral, a lo
largo y ancho del país, usted es un aliado de México y de su
democracia”.
Pero, ante las lisonjas del PRI, siempre hay un perredista que la
supera. Ángel Clemente Ávila, del PRD, dijo sin miedo a la
desproporción: “Sin lugar a dudas, estamos el día de hoy, ante un hecho
histórico en la vida política de nuestro país, hoy una resolución
judicial le restituye sus derechos al Secretario Ejecutivo Edmundo
Jacobo. Sin lugar a dudas, hoy los cientos de miles de personas que
marcharon en noviembre pasado y marcharon hace unos días en la Ciudad de
México y en más de 75 países, hoy están contentos: el INE no se toca”.
El perredista se desorbitó cuando infló un tanto el día histórico y los
75 países, pero aún faltaba lo peor. Su inconsciente lo traicionó cuando
aseguró que el INE cuidaba los fraudes electorales. Así lo dijo: “Hoy,
lo recuerdo, que el PRD ha luchado por eso, porque tengamos un Instituto
Nacional Autónomo, independiente, que cuente los votos y que cuide el
fraude electoral”.
La legisladora por mayoría de Baja California, Julieta Andrea Ramírez
Padilla, fue la que detonó las risitas de Lorenzo y Edmundo. Y fue
porque precisó simplemente la verdad. Dijo: “Edmundo Jacobo está al
frente de la Secretaría Ejecutiva, esta que administra todos los
recursos del INE, desde el 2008. Aun cuando la Constitución dice que
sólo puede durar en su cargo 6 años con derecho a una, a una y lo
repito, a una reelección. En una operación aritmética básica, Edmundo
debió de haber dejado este cargo en el año 2020. Ah, pero cómo iban a
soltar el botín de más de 17 mil millones de pesos al año, pues claro
que no, todo menos eso. Y usted, señor Presidente, no canta mal las
rancheras. La Constitución dice específicamente y limita al ejercicio de
un consejero electoral a nueve años, y al día de hoy usted ya lleva 11.
Para tener calidad moral de tachar al Plan B de inconstitucional
debieron de haberse amparado en la reforma del Pacto por México de Peña
Nieto en el 2014, ésa que aprovecharon para ampliar sus periodos”.
Aquí hubo un intermedio con Ivonne Ortega del Partido del Movimiento
Ciudadano que defendió los altos salarios de los consejeros, asesores, y
funcionarios de las juntas, al preguntarse desorbitada: “¿Cuánto cuesta
rentar el Palacio Nacional”. Después de este interludio de la
inteligencia, salió al quite, siempre tan contenido y prudente, el
consejero saliente, Ciro Murayama, que acabó insultando a los
periodistas, cuando trató de demostrar que sí había una sentencia de la
jueza Lobo, aunque los consejeros no tuvieran las copias en sus manos.
Dijo: “La sentencia es pública, métase al SICE del Poder Judicial,
expediente 439 y ahí lo va a ver, hasta los periodistas lo han
encontrado”. Luego, simplemente dio cátedra de aritmética, cuando
argumentó que, si el INE sólo tiene 9 años, cómo es posible que Edmundo
lleve en su cargo 15 años o 30. Nos dejó pensativos, reflexionando sobre
el gran misterio de los números.
Ya casi para terminar la sesión de metafísica, el consejero Uuk-kib
Espadas simplemente se declaró anti-demócrata, cuando dijo sin miedo al
autoritarismo: “No cualquier disposición de las Cámaras es un acto de
soberanía”. Y ahí es a donde querían llegar los consejeros en su
celebración: confundir más a la ciudadanía entre autonomía y soberanía.
El INE es autónomo, pero no es soberano, como los estados de la
república cuyos legisladores hacen leyes. No, el INE es sólo autónomo,
es decir, puede tomar decisiones pero acotadas por el verdadero asiento
de la soberanía popular que son sus representantes electos. Pero esa
confusión de quienes son doctores en derecho, como son los consejeros
del INE, les ha servido a últimas fechas para, por ejemplo, decidir
sobre su propio presupuesto, por encima de los diputados electos de la
mayoría; cabildear para que las leyes no sean aprobadas; promover
manifestaciones; y hasta regañar a los ciudadanos con El Chipotle
autoritario. Son los que han promovido la confusión entre una ley
electoral que es básicamente presupuestaria, es decir, para que los
partidos y los órganos electorales no sean los más caros del mundo, con
la destrucción del voto libre. Son los mismos que promovieron la mentira
de que algunos aspirantes al Consejo del INE habían obtenido los
resultados de la prueba de conocimientos electorales, cuando sabemos ese
proceso lo lleva a cabo un comité del INAI, la CNDH, y la Jucopo de la
Cámara de Diputados, y cuando el perfil de los nuevos consejeros no se
determina por un examen sino por toda una batería de entrevistas,
ponderación de biografías, y logros profesionales. Pero hay mucha gente
que se enreda en esas confusiones. Y de ellas, sin duda, también se ríen
Lorenzo y Edmundo.
Fabrizio Mejía Madrid
Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui
Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las
novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de
confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que
recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.
