Fotografía: Pixabay.- Chihuahua, Chih.- Este 26 de julio, el cabildo del municipio de Chihuahua aprobó diversas reformas para prohibir la presentación en vivo
de espectáculos musicales que sean denigrantes para las mujeres por
cosificarlas o por reproducir estereotipos de género que propician la
violencia en su contra. Esta medida (que recae de manera específica en
los cantantes de corridos tumbados y reggaeton) incluye multas de hasta un millón 244 mil pesos para quienes no acaten la ley.
Las
reformas fueron aplicadas en el Reglamento del Sistema de Justicia
Cívica y el Reglamento de Diversiones y Espectáculos Públicos. En ellas
se incluyen, además de los contenidos musicales, videos, imágenes o cualquier otro producto de entretenimiento similar que promueva la violencia contra las mujeres
o propicien su discriminación, marginación o exclusión. Ningún
espectáculo que incluya este tipo de elementos podrá presentarse en vivo
en Chihuahua.
Si esta normativa se desobedece, las personas a cargo del evento deberán pagar una multa de entre 674 mil y un millón 244 mil pesos. Este dinero será invertido en refugios para mujeres,
así como programas de prevención de la violencia y de acompañamiento a
víctimas a cargo del Instituto Municipal de las Mujeres.
En un video difundido a través de sus redes sociales, el presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza,
explicó que la medida no pretende socavar la libertad de expresión sino
dejar de normalizar discursos que generan violencia contra las
chihuahuenses. Al respecto, el funcionario aseguró que 7 de cada 10 llamadas que se hacen al 911 en el municipio se deben a casos de violencia contra las mujeres dentro del ámbito familiar.
A
nivel estatal, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) colocan a Chihuahua como la quinta entidad
en la República Mexicana con el mayor número de feminicidios en
lo que va de 2023 con 24 casos registrados hasta el mes de junio.
Asimismo, el municipio de Chihuahua está en el lugar número 10 de los
municipios con más casos de feminicidio de este año.
El estado de
Chihuahua también está entre los cinco primeros lugares de las entidades
mexicanas con más homicidios dolosos de mujeres, y ocupa el segundo
lugar en cuanto a secuestros cometidos contra mujeres. La entidad,
además, ocupa el cuarto lugar a nivel nacional por casos de violación,
llamadas al 911 por abuso sexual y llamadas de emergencia por acoso y
hostigamiento sexual con 748, 333 y 510 registros respectivamente.
La
iniciativa aprobada este 26 de julio destinada a contrarrestar estas
violencias fue promovida por el presidente municipal, Bonilla Mendoza, y
aprobada por unanimidad por parte del cabildo en su
sesión ordinaria del 26 de julio de este 2023. En su análisis
participaron las comisiones de Gobernación, de la Mujer, de Familia y de
Igualdad de género. Ahora solo falta que las reformas se publiquen en
la Gaceta Municipal para que entren en vigor.
No es la primera restricción a la música en Chihuahua
En
2015, el municipio de Chihuahua ya había aprobado una medida similar a
la recién votada este 26 de julio. Esta otra normativa aplica contra
quienes interpreten “narcocorridos” en eventos públicos autorizados por la administración municipal. Las sanciones en este caso son de entre 105 mil y 350 mil pesos,
además de un arresto de hasta 36 horas. De acuerdo con Marco Antonio
Bonilla Mendoza, el dinero obtenido a través de estas multas se destina a
refugios y casas hogar de niñas, niños y adolescentes, muchos de los
cuales —detalla el mandatario— han perdido a sus padres a causa del
crimen organizado.
Esta
otra medida fue aplicada gracias a diversas reformas aplicadas al Bando
de Policía y Buen Gobierno y al Reglamento de Diversiones y
Espectáculos Públicos. El objetivo de tales modificaciones es dejar de
fomentar la apología de los delitos perpetrados por grupos del crimen organizado, mismos que son el tema central de los llamados narcocorridos.
Tal
como en la reforma de este 2023, esta medida aplica no solo en cuanto
al contenido musical sino, también, en videos, imágenes y otros
productos de entretenimiento similares que forman parte de la llamada “narcocultura”. Esta cultura ha permeado en varias partes de México además del norte del país.
Al respecto, hay que recordar el caso del jugador del Cruz Azul, Julio César Domínguez Juárez, quien en enero de este año organizó una fiesta con la “temática del narco” para
su hijo. Semanas antes de eso, circuló en redes sociales un video de
niños de aproximadamente 10 años de edad que jugaban a ser sicarios y
bloqueaban el paso a un vehículo en un camino rural de Sinaloa.
Los
dos ejemplos anteriores dejan ver que, tal como apunta la profesora e
investigadora de Ciencias Sociales Graciela Baca Zapata, este tipo de
productos culturales inciden directamente en las aspiraciones y los comportamientos de niñas, niños,
adolescentes y de la población en general. De ahí que el gobierno
municipal de Chihuahua plantee la restricción de estos contenidos como
una forma de prevenir la violencia en sus diferentes expresiones.
Dos
jóvenes embarazadas caminan por el centro de la capital de El Salvador,
un país con una de las tasas más altas de embarazos entre niñas de 10 a
14 años, y donde prevalecen, al igual que en el resto de América
Central, visiones conservadoras opuestas a la enseñanza de la educación
sexual en las escuelas, básica para disminuir el fenómeno. Imagen:
Francisco Campos / IPS
SAN SALVADOR – Los embarazos de niñas y adolescentes continúan
imparables en América Central, donde las legislaciones para prevenirlos,
cuando las hay, son letra muerta, y los Estados se dejan influenciar
por sectores conservadores que se oponen a la educación sexual en las
escuelas.
El más reciente episodio de esa realidad lo protagonizó la presidenta de Honduras,
Xiomara Castro, al vetar, el 29 de julio, la Ley Integral de Prevención
al Embarazo de Adolescentes, aprobada por el unicameral Congreso Nacional el 8 de marzo y criticada por grupos conservadores y la derecha política del país.
“No conocemos los fundamentos del veto, pero se puede pensar que esa
ley sigue parada por la presión de esos grupos antiderechos”, dijo a
IPS, desde Tegucigalpa, la abogada Erika García, del Centro de Derechos de la Mujer.
La influencia de grupos de presión
Sectores conservadores, aglutinados en “Por nuestros hijos”, una
versión hondureña del movimiento regional “Con mis Hijos no te Metas”,
se han opuesto a la ley porque para ellos buscaba instaurar la
“ideología de género”, como el populismo conservador internacional llama
a la difusión de derechos de las mujeres y de la comunidad Lgbti.
Las Naciones Unidas mostró en junio su preocupación por las “campañas de desinformación” en torno a esa ley hondureña
La última de las marchas en favor de “la familia y la niñez”, la realizaron en Tegucigalpa, la capital del país, el 22 de julio.
“Cuando quedé embarazada yo no sabía ni qué era un condón, no me da vergüenza decirlo”: Zuleyma Beltrán.
Esos grupos “apelan a la ignorancia de las personas, al miedo, a la
religión, con argumentos alejados de la realidad, dicen, por ejemplo,
que a los niños les van a poner faldas y a las niñas, pantalones”,
añadió García.
El Código Penal
de Honduras establece que tener relaciones sexuales con menores de 14
años es violencia sexual y por tanto, un delito, sin importar si hubo
consentimiento por parte de la niña.
En 2022 hubo 1039 partos de niñas entre con ese rango de edad.
“Es bastante grave, y se agrava más porque no hay políticas públicas
de prevención de embarazos de niñas ni adolescentes”, acotó García.
En los países de América Central, con unos 50 millones de habitantes,
prevalecen visiones ultraconservadoras cuando se trata de educación
sexual y reproductiva.
El Salvador, Honduras y Nicaragua mantienen una prohibición absoluta
del aborto, a los que se les suma República Dominicana, en el Caribe. En
el resto de Centroamérica la interrupción del embarazo solo se permite
en algunos supuestos.
La presidenta hondureña vetó la ley con la fórmula de “vuelva al
Congreso” legislativo, para que la analice nuevamente y eventualmente se
ratifique si se obtienen los dos tercios de los 128 diputados.
Zuleyma
Beltrán, de 41 años, narró la experiencia vivida cuando quedó
embarazada a los 15 años por no tener educación sexual apropiada en El
Salvador. Un segundo embarazo desembocó en una emergencia obstétrica que
la llevó a la cárcel en 1999, una realidad por la que pasan muchas
mujeres salvadoreñas. Imagen: Edgardo Ayala / IPS
“No sabía qué era un condón”
Sin embargo, contar con leyes de esa naturaleza tampoco asegura que
el fenómeno se va a aliviar, pues sucede que los mandatos legales no
siempre se cumplen.
Un informe de Unfpa señaló que en este país la tasa de embarazo en niñas y adolescentes ha bajado en más de 50 % entre 2015 y 2022.
Sin embargo, “es preocupante ver a El Salvador como uno de los 50
países del mundo con las mayores tasas de fecundidad en niñas de 10-14
años”, refirió en su último informe, publicado en este mes de julio.
Entre las niñas de 10 a 14 años, señaló el documento, la tasa de
embarazo ha bajado un 59.6% al pasar de 4.7 inscripciones prenatales por
cada 1000 niñas en 2015 a 1.9 en 2022.
El mapa sobre los embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador
agregó que el país “necesita acelerar aún más el paso, adoptando
políticas y estrategias ajustadas a las realidades diferenciadas de las
niñas de 10-14 años y las adolescentes de 15-19 años”.
Esas acciones tienen que estar basadas “en evidencia”, citó el informe.
Esa referencia pareciera ser una alusión a la prevalencia de
actitudes conservadoras de grupos que, al igual que en Honduras,
rechazan la educación sexual y reproductiva en las escuelas.
Esa falta de conocimiento elemental sobre sexualidad, en medio de un
contexto de pobreza estructural, llevó a Zuleyma Beltrán a quedar
embarazada cuando era una adolescente de 15 años.
“Cuando quedé embarazada yo no sabía ni qué era un condón, no me da vergüenza decirlo”, aseguró a IPS Beltrán, ahora de 41 años.
Y agregó: “Sufrí mucho por no tener conocimiento de muchas cosas, por vivir en la ignorancia”.
Dos años más tarde, Beltrán volvió a quedar encinta y tuvo una
emergencia obstétrica. Perdió el feto y eso la llevó a la cárcel en
agosto de 1999, acusada de aborto, como sucede con cientos de mujeres en El Salvador.
Este país no solo prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus
formas, incluso en casos de violación, sino que también impone penas de
hasta 30 años de cárcel a las mujeres que han sufrido abortos inducidos o
espontáneos y que el sistema de justicia las criminaliza casi siempre
por igual.
“El Estado no les asegura a las niñas educación sexual ni salud
sexual y reproductiva, y cuando vienen las consecuencias por los
embarazos o por las emergencias obstétricas, es demasiado cruel con
ellas, solo les ofrece la cárcel”, añadió.
Recinos dijo que, por la presión de los grupos conservadores, el
Estado ha retrocedido en la estrategia de brindar información sexual y
reproductiva en las escuelas.
“Ahora son más rigurosos para no permitir que las organizaciones que
trabajan en esa área vayan y den charlas sobre educación sexual integral
en las escuelas”, acotó.
Ni fórmula para bebés
En Guatemala tampoco han avanzado las iniciativas de organizaciones
civiles que desde 2017 han propuesto, entre otras cosas, que al menos el
Estado debería de ofrecerles una reparación a las niñas y adolescentes
embarazadas, para aliviarles la dura carga.
Entre esas propuestas se incluyeron al establecimiento de un plan de
becas, un mecanismo para asegurar el cuido del bebé para que la madre
vaya a la escuela y el suministro de fórmula para alimentarlo.
“Pero lastimosamente no logramos dar el siguiente paso, echar a andar
esas medias”, afirmó Paula Barrios, coordinadora general de Mujeres
Transformando el Mundo, en conversación telefónica con IPS, desde la
capital, Ciudad de Guatemala.
Barrios dijo que la mayoría de las usuarias de los servicios que
ofrece esa organización, como acompañamiento legal y sicológico, “son
niñas y adolescentes que por la violencia sexual empiezan una maternidad
forzada”.
Aseguró que en los último cinco años han quedado embarazadas
alrededor 500 000 niñas menores de 14 años, y la cantidad se incrementa
al incluir a las de hasta 19 años.
“Hoy tenemos medio millón de niñas que no sabemos con qué se están
alimentado ellas ni los niños y niñas productos de la violación”,
subrayó Barrios, al agregar que al igual que en El Salvador y Honduras,
en Guatemala se considera un delito sexual tener sexo con una menor de
14 años.
Agregó: “La sociedad normaliza que las mujeres nacemos para ser
madres, y entonces da igual que una niña quede embarazada a los 10 o a
los 12 años, se piensa que ella solo se ha adelantado”.
Patriarcado y capitalismo
Las expertas de Guatemala, Honduras y El Salvador consultadas por IPS
sostuvieron que la raíz del fenómeno es multicausal, y sobresalen
aspectos visibles del patriarcado, como los estereotipos de género y la
violencia sexual, entre otros.
“El patriarcado tiene un interés de detener que las mujeres salgamos al ámbito público”, aseveró la guatemalteca Barrios.
Aseguro que la vida de una niña de 10 años queda truncada al salir
embarazada. Ya no irá a la escuela y se quedará en el ámbito doméstico,
“para criar hijos y estar en la casa”.
Por su parte, la hondureña Garcia señaló que también está de fondo un
“sistema de opresión” que se entrelaza con el patriarcado y el
colonialismo, que es la influencia de un país o región hegemónica.
“Tenemos niñas pariendo mano de obra barata para alimentar el sistema
(capitalista), y se da una mayor feminización de la pobreza, niñas
pariendo niñas a las que se les arruina su proyecto de vida”, comentó la
abogada.
Mientras tanto, para no repetir la dura experiencia vivida, la
salvadoreña Beltrán señaló que ella sí habla y enseña a su hija de 9
años sobre sexualidad.
“Para no repetir mi historia le hablo de los preservativos, de cómo
una mujer se tiene que cuidar y de cómo una puede salir embarazada”,
acotó.
“No quiero que pase por lo que me tocó pasar a mí”, dijo.
Hay una bomba atómica tolerada que ha arrasado
nuestros hogares y en especial a la juventud ante la que se está a
verlas venir. Es la de la industria de la explotación sexual que,
aprovechando el arsenal de la tecnología, esparce y normaliza la
violencia y los abusos sexuales contra niñas y mujeres de forma
gratuita. Tal y como explica el experto Lluís Ballester “la pornografía
es una auténtica guerra que está produciendo cambios que no aceptaríamos
si fuéramos conscientes. Cambios en las relaciones interpersonales, en
la sexualidad, pero también en las relaciones de dominio, en la
construcción de la desigualdad de género característica del
patriarcado”.
El profesor titular en el departamento de
Pedagogía y Didácticas Específicas en la Universidad de las Islas
Baleares y coautor -junto a Carmen Orte y Rosario Pozo- de Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales de adolescentes y jóvenes, un estudio que analiza el consumo e impacto del porno en los menores, alerta de que dicha guerra esparce a través “de
una industria capitalista, con una gran diversidad de empresas, produce
imágenes de violencia, sumisión, gimnasia sexual machista...”
Y
lo hace porque, como resalta este reconocido profesional, “es un gran
negocio, vinculado con el de la prostitución por publicidad, por
conexiones de oferta de prostitución en el porno y otros negocios como
las cirugías de transformación de los cuerpos; webs de contactos;
aparatos…”.
Luis Ballester, profesor de Pedagogía y Didácticas Específicas en la Universidad de las Islas Baleares
La estrategia de la porno adicción
En
este camino, la publicidad del patriarcado es doblemente perversa. Por
un lado, se distribuye pornografía cada vez más violenta y, por otro,
provoca la producción de dicho material entre la infancia y la juventud.
Una táctica que Ballester traza en tres etapas. “Primero se da acceso a ese material, controlando las posiciones de dominio, para palabras sexualizadas, en los buscadores. De esa manera se hacen muy accesibles a cualquier edad. La segunda, estimular el consumo, haciendo que una parte del porno sea gratuita, captando la atención mediante filmaciones variadas y en menús infinitos. La tercera, invitando a las chicas más jóvenes a producir imágenes pornográficas, mediante su captación en redes sociales. En este momento se puede hablar de riesgo por acceso a edades muy reducidas;
riesgo por consumo, por la dinámica adictiva que genera en muchas
personas; y también de riesgo por contacto, al seducir con fantasías a
chicas de todo el mundo, consiguiendo un proletariado del sexo, en muchos casos, encantado de ser explotado sexualmente”.
El emperador va desnudo y nadie, o más bien solo
una parte de la sociedad constituida por el feminismo, denuncia que
ese proletariado sexualizado -que son nuestras hijas e hijos- se exponen
y naturalizan un maltrato y un delito en toda regla. “Se pasa
de la exploración y experimentación en la adolescencia, al Abuso Sexual
Infantil (ASI) y a la Explotación Sexual en la Infancia y Adolescencia
(ESIA) para una parte de la población más joven. Pero, para casi toda la adolescencia construye una percepción de las relaciones y unas actitudes, que son bastante tóxicas.
Para que nos entendamos, es
como si el educador de una parte muy amplia de la infancia y
adolescencia fuera Torrente, es decir, un modelo machista muy poco
recomendable. ¿Por qué pasa? Primero, porque el porno llega a
edades muy reducidas, por la cultura de pantallas en la infancia, al dar
acceso en muchas ocasiones sin controles a cualquier contenido.
Segundo, porque normaliza prácticas de sumisión y violencia
sexual, a edades en las cuales el imaginario sexual no está formado, a
edades en las cuales la maduración personal no permite tener criterio
para poner límites.
Finalmente, tiene ese posible
impacto porque no hemos desarrollado una educación afectiva y sexual
igualitaria, saludable, no lo hemos hecho en los centros educativos, en
el sistema de salud ni tampoco lo hemos hecho en las familias o en los
medios de comunicación”, explica Ballester.
¿Es la nueva
pornografía el viejo perro de Pavlov que reorienta nuestra conducta
social y sexual a la depredación del deseo sexual?
Los
ingenieros que trabajan en la industria pornográfica utilizan todo lo
que se sabe en psicología cognitiva y, en general, en psicología social,
para captar la atención con sus productos. El problema que
genera el consumo problemático, aquel en el que se pueden acreditar
daños para los consumidores, es bastante relevante.
En este momento, el porno es el deseducador sexual de la juventud en la cultura de pantallas, es decir, en el mundo.
Pero, aunque capte la atención de la gente joven, también lo está
haciendo con la mayoría de la población masculina de todas las edades.
Eso implica un modelado de la conducta masculina, una
familiaridad con modelos violentos, de sumisión, en los que la cultura
de la protección desaparece, en los que se empobrece la sexualidad.
Hay
un fenómeno creciente que es el miedo de los chicos y las chicas a
perderse contenidos que tildan de excitantes o FOMO (Fear Of Missing
Out). ¿Esta patología psicológica o aprensión generalizada a que otras
personas tengan experiencias gratificantes en ausencia de otras es una
manipulación perfecta?
Uno de los mecanismos de la dinámica
adictiva es el de la exploración infinita de las posibilidades de
excitación, mediante el miedo a perderse contenido aún más excitante.
Ese mecanismo se conecta con la habituación a las imágenes que ofrece el
porno, como en todas las conductas adictivas. Se sabe que alguien
se encuentra en una situación de consumo problemático por que se puede
acreditar que cada vez necesita más tiempo de visualización para
excitarse.
Cuando son conscientes de esa pérdida de
estímulos, empiezan a buscar contenidos más violentos, más fuertes, a
seguir conectados buscando recuperar excitación. Esos mecanismos: FOMO,
habituación o la pérdida de capacidad de estímulo les convierte
en colaboradores de la industria del porno: alimentan los algoritmos de
las compañías, haciendo que se produzca más porno violento porque tiene más demanda.
La
nueva pornografía juega también con la estrategia del entretenimiento
individual. ¿Se alienta así la generación de relaciones interpersonales,
de reconocimiento y de dominación?
La nueva pornografía
genera una sexualidad masturbatoria muy sobredimensionada, un sistema de
entrenamiento en el modelado de conducta sexual que ofrece el porno.
Ambos, individualizando y aislando a los consumidores ante sus
pantallas. Un adolescente, enganchado al porno, puede pasar entre 5 y 10 horas mirando la pantalla un fin de semana cualquiera.
El
paso al acto, en muchas ocasiones, se reduce a la masturbación
compulsiva, pero también se lleva a las relaciones con las parejas y, en
casos de influencia más extrema, a la prostitución o a aventuras
sexuales violentas con personas a las que no conocen. Todo al margen de
la orientación sexual, pero mayoritariamente serán las chicas quienes
reciban la peor parte.
En ese paso al acto se intentan
realizar determinadas prácticas que se han naturalizado en el porno,
incluyendo por ejemplo la asfixia de la persona más débil, escupiendo a
la pareja o pegándole, incorporando en sexo anal a pesar de que
no le dé placer a la pareja, utilizando la mano o el puño para hacer
penetraciones de la boca, anales o vaginales, etc.
En la
sexualidad humana, entre personas adultas, podemos hacer cualquier cosa,
siempre que el vínculo sea seguro, haya consenso de prácticas y el
placer sea compartido. El porno rompe con estos tres criterios que los
humanos, en libertad e igualdad, hemos desarrollado e identificamos con
una sexualidad saludable.
Lo de hacer creer que lo que se ve es ficción, que es violencia de mentira, ¿sigue funcionando al patriarcado pornográfico?
Nadie puede creer que se trate de ficciones, ya que la
pornografía es la única cinematografía en la cual para representar
violencia sexual, debe haberse producido violencia sexual real.
Se percibe y se consume como una representación fiable de la realidad
sexual. Justamente, ese efecto de aportar un supuesto conocimiento de la
realidad, es considerado como un factor positivo por la gente más joven
de ambos sexos.
Si no hay otro medio de conocer, entonces tendré que confiar en el único que tengo a mano: el porno. Además, para muchos adolescentes, que las y los adultos sospechemos del porno hace que se considere aún más valioso. Sin embargo, cuando creen que están viendo y aprendiendo transgresión, están aprendiendo sumisión.
Vemos
el impacto real de todo ello con los datos de violencia sexual hacia
niñas y mujeres cada uno de los días. ¿Cómo impacta toda esta violencia
en las mujeres prostituidas? ¿Y en la socialización de la prostitución?
¿Son los puteros cada vez más violentos?
El paso al acto está
incrementando la conducta sexual violenta, sin duda. Hay estudios muy
consistentes en ese sentido, pero también declaraciones de la Fiscalía
de Menores o de las sociedades científicas, en ese sentido. Las
actitudes de normalización de la violencia facilitan que ni se perciban
como tal, reclamando a las parejas prácticas que solo producen placer a
quienes dominan en la relación.
Por supuesto, en
muchos casos, esas reclamaciones se realizan a personas en situaciones
de prostitución. Por ejemplo, ¿cómo le vas a pedir a tu pareja que tenga
relación con un grupo de hombres, sin preservativos, con penetraciones
múltiples, etc. siguiendo el modelo del bukake? En muy pocas parejas se
aceptará esa práctica, pero en prostitución se puede “comprar” la
sumisión de una persona.
Es cierto, es un caso extremo, pero
real. Puede haber muchas otras prácticas que les han resultado
fascinantes en el porno: con mujeres orientales, con mujeres
embarazadas, con chicas muy jóvenes o todo lo contrario. Ese tipo de
pasos al acto se van a realizar mayoritariamente en situaciones de
prostitución. Pero no importa pensar en un impacto tan sofisticado.
En
prostitución, hace 20 años, se evitaba dar besos en la boca, el sexo
anal sin preservativo o recibir semen en la boca. Esas prácticas se
ofrecen regularmente, como se puede comprobar en los anuncios de
prostitución o en las webs. Además, se ha convertido en parte de
mobiliario, en situaciones de prostitución, las filmaciones
pornográficas en un portátil, un ordenador de sobremesa o una
televisión. Muchos puteros se excitarán con esas filmaciones, más que
con la persona real que tienen delante.
La colonización
pornográfica de las redes sociales es tan creativa como uno de los
ejemplos que ponéis en el estudio con la opción “Amazon Gift” desde la
que se envían obsequios a personas que, por encargo, cuelgan fotografías
sexualmente explícitas en Instagram.
La industria del porno ha colonizado redes sociales y videojuegos, como parte de su expansión a todo el territorio de internet.
En este momento están colonizando las aplicaciones de comunicación
instantánea (WhatsApp o Telegram) y otras aplicaciones de contactos.
Todo lo que circula en las redes o en las aplicaciones no pertenece al
ámbito de lo privado o de las relaciones íntimas entre personas, sino
que inmediatamente ha pasado al espacio social en el cual se desarrolla
Internet. Las técnicas de marketing de la industria del porno
son sorprendentes, haciendo uso pormenorizado de los anzuelos del
“capital erótico”.
Hay
juegos, como Grand Theft Auto (GTA) en los que aparecen escenas
pornográficas a las que se accede con el famoso parche de software
llamado hot coffee. Sin necesidad de ese parche, en su versión V (la que vendió más de 11,2 millones de copias en las primeras 24 horas), se promueven las relaciones con mujeres en situación de prostitución y después matarlas.
GTA es una de las cuatro mayores empresas de videojuegos, junto con
Súper Mario, Tetris y Pokemon. Pero también han aparecido otros
videojuegos como “el día de la violación” y similares que aprovechan ese
espacio que está generando el porno desde 2008.
¿Cómo se puede convencer a las y los adolescentes para que dejen de basar el aprendizaje sexual en la pornografía?
Primero hay que restringir la producción y distribución del porno, hay que evitar su colonización de internet.
Ya sé que eso provoca escepticismo y hasta risas, ya que se trata de
una industria muy poderosa con una guerra cultural en marcha en
internet, en medios de comunicación y hasta en alguna revista
supuestamente científica. Sin embargo, si cambiara el Código Penal y se
pudiera perseguir a los ejecutivos de compañías que distribuyen
contenidos violentos o que incitan al odio, por no entrar en la
vulneración de la legislación de Igualdad de Género, entonces algo se
podría avanzar.
Hay que restringir el acceso, mediante controles parentales,
mediante la obligación de sistemas de reconocimiento de edad efectivos,
como los que están explorando en Francia y Alemania. Hay productos muy
buenos. Pero lo más importante, hay que desarrollar educación de
las emociones, los afectos las relaciones, la sexualidad, como parte de
nuestros procesos formativos y de socialización.
Pero,
hay que hacerlo bien, no todo vale. Hay que disponer de buen fundamento
científico, tener un enfoque igualitario, adaptarse a los momentos
evolutivos, implicar al personal de educación y salud bien formado, etc.
También es importante generar, en ese proceso formativo, complicidades y
contenidos, espacios de escucha y debate, sobre masculinidades no
tóxicas, haciendo que se sientan orgullosos ellos y ellas de no
desarrollar emociones y relaciones tóxicas.
¿Los medios que
producen series como la de Nacho Vidal o Zorras son ventiladores
interesados para esparcir la publicidad patriarcal?
Creo que,
como dices, no son muy recomendables. Sin embargo, ver que Nacho Vidal
es un adicto al sexo violento, además de adicto a diversas sustancias,
ver cómo acaba uno de los principales actores de ese mundo, puede hacer
que se tome como un contra modelo: “no quiero ser así de ninguna
manera”. Se trata de una industria que está realizando una guerra cultural.
No se dejarán quitar ese negocio astronómico, ni todo ni una parte, por pequeña que sea. Por eso, vamos a ver cómo aparecen cada vez más colaboradores y colaboradoras de esa industria capitalista,
esencial en el patriarcado del siglo XXI, en nombre de la “libertad”,
por ejemplo. Van a intentar cancelar a las feministas, a quienes
investigamos y a quienes sabemos cuáles son las consecuencias de esa
industria. Pero no nos dejaremos callar.
Jennifer
Gómez, Yamila Estévez, Micaela Ramírez, Florencia Barrales, Silvia
Fregueiro, Daniela Bera, Tatiana Pintos, Gina Rodríguez y Milagros
Cuello. Imagen: Collage con fotografías de redes sociales y cortesía de
la familia de Silvia Fregueiro
MONTEVIDEO – Hace seis años que Nancy Baladán sube a su moto y
recorre calles, avenidas y rutas de Uruguay en busca de respuestas sobre
la noche que alteró su vida para siempre.
El 3 de diciembre de 2016, su hija Milagros
Cuello ya estaba en la cama, lista para dormir, cuando cerca de las 11
de la noche recibió una llamada al celular. Algo le dijeron que la hizo
levantarse, vestirse y convencer a su padre de que la dejara salir. “Voy
y vuelvo en cinco minutos”, le dijo la adolescente de 16 años y se fue a
pie hacia la plaza principal de Pando, a menos de un kilómetro de
distancia.
Esos minutos se transformaron en horas. Y luego en semanas, meses y años. La familia nunca volvió a ver a Milagros.
Antes de la tragedia, Baladán vivía tranquila.
A sus 53 años, cuenta que manejaba un kiosko en Pando, Canelones, unos
30 kilómetros al norte de la capital, Montevideo. Pero después de esa
noche, no tuvo más opción que convertirse en detective y estudiosa de
las leyes, porque a ningún policía, fiscal ni juez le importó que su
hija estuviera desaparecida.
En su búsqueda de Milagros, la sexta de sus nueve hijos, Baladán se
guio por rumores y pistas que la llevaron a prostíbulos y cantinas de
mala muerte, barrios peligrosos, cunetas, montes y baldíos. Recorrió los
19 departamentos de Uruguay y llegó incluso a Argentina y Brasil.
Su trabajo detectivesco llevó a prisión a tres
hombres, procesados en 2019 por la explotación sexual de Milagros.
“Estuve dos años peleando para que los llevaran al juzgado. Y yo
cruzándolos en la calle”, cuenta Baladán.
Pero esta madre dolorida y de talante áspero aún no encuentra la respuesta que busca tan desesperadamente: ¿dónde está su hija?
Nancy Baladán en el Parque de Pando en la búsqueda incansable de su hija desaparecida. Imagen: Rebelarte/openDemocracy
La razón, dice, es la desidia estatal. Ni la
policía ni la fiscalía fueron exhaustivas en la búsqueda de Milagros ni
agotaron las hipótesis de investigación, como la planteada por la
abogada de la familia, para quien la desaparición se relaciona con la
trata sexual.
Las autoridades tampoco prestaron atención a
las amenazas de muerte contra Baladán, ni siquiera después de que la
apuntaron con un arma a unas pocas cuadras de su casa. “Si seguís
revolviendo mierda, te vuelo la cabeza”, le dijo un hombre.
Pero no pudieron detenerla. Baladán sigue
buscando a Milagros incluso después de que el departamento de personas
ausentes de Uruguay le comunicara que no podía ayudarla.
Su tenacidad fue el puntapié de un movimiento
feminista de apoyo a madres de mujeres desaparecidas, ¿Dónde están
nuestras gurisas? (DENG), hoy de alcance nacional.
Un collage con fotos de Milagros Cuello. Imágenes de redes sociales
openDemocracy dedicó un año a investigar los
casos de Milagros y de otras ocho mujeres. Realizamos más de 30
entrevistas a familiares y amigos de las desaparecidas, a una
sobreviviente de trata, a fiscales, jueces, policías, trabajadoras
sociales, investigadoras, representantes y técnicos de organizaciones
sociales y colectivos populares; revisamos documentos, informes y
denuncias.
La desidia oficial – judicial, fiscal y
policial – es generalizada. El caso de Milagros refleja el prejuicio de
las instituciones hacia decenas de mujeres uruguayas pobres que están
desaparecidas: hay un historial contundente de omisiones constantes,
cometidas principalmente por las autoridades que deberían protegerlas.
Las denuncias, evidencias y declaraciones de
testigos se pierden con frecuencia o bien no salen de la repartición
policial donde fueron recabadas, o cuando hay sospechas de que la causa
de una desaparición puede ser un crimen, no llegan a los policías que
deberían investigarlas ni a la fiscalía.
El departamento de Registro y Búsqueda de
Personas Ausentes del Ministerio del Interior, creado en 2004 y desde
2009 dependiente de la unidad de lucha contra el crimen organizado e
Interpol, lleva un registro del
que es imposible obtener información confiable: no tiene ningún
criterio de desagregación, los datos proporcionados no siempre son
correctos, no está completo ni actualizado.
openDemocracy también constató que algunos
casos se inician meses después de que se denuncia una desaparición. Y
que, en muchas instancias, la hipótesis de explotación sexual o trata es
desestimada sin haberla investigado de forma adecuada. Como si todo
esto fuera poco, las autoridades incurren a veces en procedimientos
irregulares.
El director de lucha contra el crimen
organizado e Interpol entre marzo de 2020 y marzo de 2023, comisario
general Juan Rodríguez, dijo a openDemocracy que Uruguay adoptó un protocolo para investigar casos de personas ausentes en junio de 2020, pero reconoció que la policía aún no fue entrenada en cómo aplicarlo.
Nancy Baladán escribe el nombre de su hija desaparecida. Imagen: Rebelarte / openDemocracy
Ante la falta de una labor policial y fiscal
sólida, madres como Baladán se ven empujadas a perseguir ellas mismas
los rastros de sus hijas y a trazar hipótesis sobre su destino: ¿fueron
secuestradas por narcos, por tratantes o por proxenetas? ¿Murieron? ¿Las
asesinaron?
“Hoy y siempre, constantemente estoy dando
vueltas, buscando, porque si no la sigo buscando yo, ellos no la van a
buscar. Es cortito, no van a buscar nada”, dice Baladán.
Pero en este país sudamericano existe también
un pujante submundo de tráfico de drogas y trata sexual, en el que
mujeres jóvenes, especialmente las pobres o de entornos vulnerados, son
fácilmente explotadas por bandas criminales.
Las familias de las nueve desaparecidas,
abogadas, trabajadoras sociales y defensoras de derechos sostienen que
la policía ignora a estas jóvenes de manera sistemática, en lugar de
defender su seguridad de forma proactiva o de dedicar tiempo y recursos a
buscarlas.
El Ministerio del Interior no respondió a
reiteradas solicitudes de información de openDemocracy. Finalmente,
después de una espera de seis meses, en diciembre de 2022, se nos
permitió entrevistar a Juan Rodríguez en su oficina en la Dirección
Nacional de Información e Inteligencia de la Policía, un edificio que en
la última dictadura funcionó como centro de espionaje y torturas.
Rodríguez, un hombre de saco y pantalón
grises, bien afeitado y perfumado, fue el único alto funcionario del
Ministerio que accedió a hablar con openDemocracy sobre el tema.
Respondió las preguntas con rapidez – interrumpiendo ocasionalmente a la
entrevistadora –, e invitó a una segunda funcionaria, María Noelia
Ordeig, del departamento de personas ausentes, para que aportara datos
sobre la magnitud del problema.
Pero ni ella ni nadie pudo confirmar cuántos
casos del registro de personas ausentes son entradas duplicadas
(«repetidores», o personas que desaparecen más de una vez en la jerga
del departamento) ni con qué grado de precisión se actualiza el
registro.
Según Rodríguez, el protocolo de 2020
sistematizó el procedimiento de denuncia de personas ausentes, mediante
un formulario específico para su ingreso al sistema informático
policial. La forma en que se rellena este formulario determina qué
trámite se da a cada caso.
Cuando la denuncia la presenta alguien que
puede proporcionar a la policía información detallada sobre el aspecto
físico y los hábitos de la persona desaparecida, se clasifica como de
«persona ausente» y se remite automáticamente al departamento de
personas ausentes para su investigación.
Pero los requisitos son tantos, que cuando el
denunciante conoce menos detalles de la persona desaparecida, es más
probable que la policía clasifique la denuncia como «búsqueda de
paradero» o alguna otra categoría menos grave.
Dado que una “ausencia” no constituye en sí
misma un delito, la decisión sobre si una denuncia de persona ausente
está potencialmente relacionada con un crimen también es clave para que
llegue o no a la fiscalía.
Entre 2020 y 2022, el departamento de personas
ausentes recibió 14.402 denuncias de personas desaparecidas, de las
cuales 6.228 fueron clasificadas como «personas ausentes», según datos
oficiales facilitados a openDemocracy en junio de 2023. (En la región,
la palabra «desaparición» se utiliza con más frecuencia para referirse a
la situación de opositores políticos, que fueron detenidos y
desaparecidos durante las dictaduras).
Según estos datos, el 99,5% de todos los casos
que recibió el departamento fueron resueltos; ninguno de los casos de
«personas ausentes» en ese período estaba relacionado con la trata
sexual.
Pero organizaciones de defensa de los derechos
de las mujeres y grupos de apoyo a las sobrevivientes de trata sexual
afirman que estas cifras son inexactas y subestiman groseramente el
peligro que enfrentan las mujeres, especialmente las que fueron captadas
por el submundo criminal.
Nuestra investigación muestra que un número
significativo de mujeres que figuran oficialmente como ausentes tenían
vínculos con vendedores de drogas, o con personas sospechosas o
condenadas por explotar sexualmente de ellas o de otras mujeres.
La imposibilidad de identificar el papel que
desempeña el tráfico de drogas o el comercio sexual en el destino de
mujeres desaparecidas en Uruguay obedece a que, en general, ni la
fiscalía ni la policía buscan evidencia que los conecte.
La respuesta estatal a estos casos “es un
desastre absoluto», afirma Andrea Tuana, directora de la organización
defensora de derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres El Paso,
que presta servicios financiados por el gobierno a víctimas de trata en
Uruguay. “Este tema no se prioriza, no interesa, no existe”.
Según los datos oficiales analizados por
openDemocracy, hay por lo menos 48 casos de personas que desaparecieron
hace más de una década y que siguen sin aclararse. Entre ellos se
encuentra el de Silvia Fregueiro, quien desapareció en 1994.
Silvia Fregueiro con una amiga, en una de las últimas fotos tomadas a la joven. Imagen: Cortesía de la familia
Otros 34 casos están abiertos desde hace más
de cinco años (incluido el de Milagros Cuello), y 74 casos desde hace
más de un año. Entre estos últimos se encuentran los de siete mujeres
jóvenes que desaparecieron entre 2019 y 2022 en la zona oeste de
Montevideo y el sureste de San José.
Rodríguez se negó a hablar oficialmente sobre
estos casos. Pero reconoció que la policía aún no había elaborado
perfiles y no tenía archivos detallados sobre ellos. Tampoco sabía
cuántas de estas mujeres desaparecidas habían sido víctimas de violencia
de género.
Las organizaciones que trabajan en los
territorios donde desaparecen niñas, adolescentes y mujeres llevan sus
propias cifras. DENG registró 280 casos de este tipo entre principios de
2018, cuando se fundó el grupo, y agosto de 2022.
De ellos, 243 mujeres desaparecieron de manera
intermitente o por períodos cortos, 20 aparecieron muertas y 17 siguen
desaparecidas (entre ellas, las siete jóvenes de Montevideo y San José).
Algunos de estos casos figuran en el registro de personas ausentes del
Ministerio del Interior; otros no.
DENG también explicita que sus propias
estadísticas son incompletas. «No podemos contactar a todas [las
familias] o no nos llega la información. Y hay gurisas a las que nadie
busca», afirma Delia Cúneo, integrante del colectivo.
En la época en que fue asesinada, Rocío vivía
en un hogar de protección estatal del Instituto del Niño y el
Adolescente de Uruguay (Inau), y era víctima de explotación sexual.
También terminaron muertos otros dos
adolescentes que estaban bajo el amparo estatal y que eran explotados
por la misma red que explotaba a Rocío y a otros 17 adolescentes, todos
identificados en un informe presentado ante la fiscalía por el Inau y la
organización Gurises Unidos, que trabaja en la promoción de los
derechos de la infancia y la adolescencia. Los responsables de las
muertes y la explotación sexual siguen impunes.
Siete mujeres desaparecidas en Montevideo
La violencia está tan presente en el barrio 19
de Abril como el rugido de las motos con caños de escape recortados.
Unas 2000 personas viven aquí, en viviendas precarias, entre una ruta
nacional y una cañada, en la periferia oeste de Montevideo.
Los niños enferman y mueren por ingerir
alimentos podridos y basura. Algunos son explotados para vender y
transportar drogas. Otros son reclutados como sicarios de los capos de
bandas criminales. Solo unos pocos logran terminar la escuela.
La policlínica del barrio 19 de Abril, Montevideo. Imagen: Rebelarte / openDemocracy
En cada una de las 19 manzanas del barrio hay al menos una boca de drogas, dicen personas que viven en 19 de Abril.
En febrero de 2021, en el patio de una de esas bocas se encontraron los cadáveres de dos mujeres,
enterrados en contenedores de plástico. Stefhany Rodríguez, de 32 años,
era una de ellas. Su familia había denunciado su desaparición a la
policía en julio de 2020. Nadie buscaba a la otra mujer, Karina Díaz, de
24 años.
Otras siete jóvenes que frecuentaban esas bocas por entonces también desaparecieron. En marzo de 2019, desapareció Florencia Barrales (19 años), y en septiembre, Gina Rodríguez (27). En 2020, desapareció Yamila Estévez (20) en enero, Jennifer Gómez (19) y Daniela Virginia Bera (22) en febrero, y Micaela Ramírez (21) en diciembre. Tatiana Pintos (35) desapareció en enero de 2022.
Cuando ellas dejaron de ir o al menos
comunicarse con sus casas, las familias acudieron a las comisarías más
cercanas. «Es una drogadicta, debe estar consumiendo por ahí» o «se
habrá ido con su novio» fueron las respuestas más habituales de la
policía, según relataron las madres a openDemocracy.
La negativa de las autoridades a facilitar
información hace imposible saber cómo llegaron los nombres de estas
mujeres al departamento de personas ausentes. Dos familias dijeron que
habían llevado personalmente sus casos al departamento tras darse cuenta
de que los investigadores no estaban al tanto de sus denuncias.
DENG empezó a asesorar a las familias y pronto
se enteraron de que compartían la misma situación. Algunas de las
jóvenes se conocían. Algunas habían huido antes de sus familias. Al
menos dos habían sido secuestradas en las bocas de droga de 19 de Abril
durante varias semanas y luego liberadas, según sus madres. Una incluso
sabía que su hija estaba retenida en una boca y denunció su secuestro a
la policía, pero asegura que no hicieron ningún intento por rescatarla.
En septiembre de 2021, hartas de la falta de
acción policial y apoyadas por DENG, las madres de las seis mujeres que
habían desaparecido en 2019 y 2020 presentaron una denuncia colectiva ante la fiscalía, alegando que sus hijas habían sido víctimas de trata, y exigieron una investigación.
“Sus desapariciones tienen que ser
investigadas teniendo en cuenta los factores en común, pero también
porque todas nos hemos encontrado con las mismas limitaciones e
irregularidades en nuestra búsqueda de acceso a la justicia”, dijo la
madre de Florencia Barrales, Elizabeth Techera, tras presentar la
denuncia.
Se abrió una investigación, pero meses después
una de las madres supo que la fiscalía estaba a punto de archivarla.
Para evitarlo, en marzo de 2022 ampliaron la denuncia para incluir la desaparición de Tatiana.
Daniela Bera, Tatiana Pintos, Gina Rodríguez,
Florencia Barrales, Micaela Ramírez, Yamila Estévez y Jennifer Gómez.
Imagen: Rebelarte / openDemocracy
Cuando openDemocracy le preguntó por estos
casos, el comisario Rodríguez, exdirector de la unidad de lucha contra
el crimen organizado e Interpol, desestimó la denuncia de las madres.
Dijo que la policía había desarrollado otras hipótesis para explicar
cada una de las siete desapariciones, y que ninguna estaba relacionada
con la trata, pero se negó a dar detalles.
Según Rodríguez, la denuncia conjunta de las
madres fue una reacción a la «conmoción» que sintieron por el
descubrimiento de los dos cuerpos enterrados en el barrio 19 de Abril.
“Pudieron relacionar, supongo yo, que las
hijas frecuentaban los mismos lugares, tenían hábitos similares,
entonces ahí generaron esa idea fuerza de que podía haber un tema de
trata», dijo Rodríguez. “Pero en la denuncia de las madres no hay pistas
que indiquen trata”, agregó. Para Rodríguez, esta es razón suficiente
para que las autoridades no avancen en esa hipótesis.
“Estos casos mayormente se daban por una
situación compleja de [falta de] contención familiar, de la vida que
hacían ellas, muy, muy ligada al consumo de sustancias, de ejercicio del
trabajo sexual”, opinó. En Uruguay el trabajo sexual fue reglamentado en 2002; dos años después se castigó la explotación sexual infantil. El proxenetismo está prohibido desde 1927.
Mientras tanto, las familias de las mujeres
desaparecidas siguen buscando sin descanso a sus hijas y hermanas.
Empapelan las calles con sus fotos, organizan protestas, piden
información a cualquiera que crean que pueda saber algo.
“Yo no sé si la policía buscó a mi hija.
Sabemos que nadie desaparece porque sí”, dice la madre de Yamila
Estévez, Beatriz. “Con el dolor en el alma esperamos encontrar una
solución, una noticia, alguien que nos diga algo; el estado que
responda”.
En junio de 2022, las madres pensaron que su
suerte podía cambiar cuando Alicia Ghione fue nombrada fiscal de delitos
sexuales, violencia doméstica y violencia de género en la misma
fiscalía montevideana que tramitaba su denuncia colectiva. Ghione,
experta en violencia de género, viene investigando la trata de personas
desde 2008, cuando Uruguay comenzó a desarrollar una política sobre este
crimen.
La fiscal dijo a openDemocracy que la trata no
debía descartarse como posible motivo de la desaparición o muerte de
las mujeres hasta que no se investigue a fondo.
Las circunstancias en las que desaparecieron
estas jóvenes hacen probable, según Ghione, que «quienes les vendían
droga hayan terminado convirtiéndose en sus explotadores sexuales,
porque hacen un negocio ofreciendo [a las jóvenes] a un amigo, a un
vecino… terminan eligiendo a un grupo de estas chicas para ofrecerlas a
clientes, y las sacan del país».
Como resultado, «acaban en una red de
explotación y trata más que de trabajo sexual, porque [aunque] no son
menores de edad, no es que tengan elección ni derechos», explicó.
Sin embargo, desde que se hizo cargo del caso en 2022, el equipo de Ghione no ha logrado ningún avance.
La trata sexual en Uruguay
La trata sexual tiene raíces profundas en
Sudamérica; la gran mayoría de las víctimas son mujeres (87 %) y niñas
(11 %), según el último informe (2022) de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. ONU Mujeres advierte por
su parte de que «el soborno de funcionarios y la corrupción política
que llega hasta los niveles más altos del poder ejecutivo, legislativo y
judicial… son cruciales para el éxito de los tratantes de personas».
El informe de 2022 del
Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos
clasifica a Uruguay como país de origen, tránsito y destino de personas
sometidas a la trata y afirma que el estado no ha cumplido plenamente
las normas mínimas para eliminar este delito.
Organismos encargados de hacer cumplir la ley
del continente americano reconocen la actuación deficiente de Uruguay en
la lucha contra la trata de personas.
El país cuenta con una sólida legislación para proteger a niños, niñas y adolescentes y para combatir y prevenir la violencia de género, la explotación y la trata.
Sin embargo, «existe una gran brecha entre cómo están redactadas las
políticas públicas y lo que ocurre en los territorios», afirma Sandra
Perroni, que trabaja para El Paso, la organización que presta asistencia
pública a las sobrevivientes de la trata.
El Paso asiste a víctimas de trata desde hace
más de una década. En 2022, el servicio atendió a 210 personas, de las
cuales 69 eran casos nuevos. En el mismo periodo, solo dos
investigaciones judiciales sobre trata (en las que estaban implicadas
nueve víctimas) condujeron a alguna condena, y 20 fueron archivadas,
según informó la fiscalía a openDemocracy.
La respuesta judicial anémica forma parte de
un patrón establecido en este país. Entre noviembre de 2017 y diciembre
de 2021, solo ocho casos de trata acabaron en condenas, y 29 fueron
archivados. En los dos primeros meses de 2023, no hubo procesamientos.
«Uruguay recibe bastantes críticas en la
región por sus bajos números en condenas por trata», dice la fiscal
Ghione, integrante de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes.
La sobreviviente y activista uruguaya contra
la trata Sandra Ferrinni dice, por su parte: «El Estado sabe mucho, y el
Estado calla mucho».
Las familias de las siete mujeres
desaparecidas piensan de modo similar. «Yo les he dado muchos datos,
muchos nombres, muchos lugares y… a esa gente no le han tomado
declaraciones. O hay algo tapado, o están mintiendo. No sé qué es lo que
está pasando”, dice Gladys Reimundo, madre de Jennifer Gómez.
Elizabeth Techera, madre de Florencia Barrales, añade: «Sentimos una carga tremenda, que la asumimos, además, solas”.
Treinta años sin noticias de Silvia
Silvia Fregueiro tenía 28 años cuando en
diciembre de 1994 metió ropa de verano en un bolso y se fue a trabajar
como empleada doméstica a Punta del Este, un destino turístico de lujo
sobre el Atlántico. Quería ahorrar dinero para pedir un préstamo
hipotecario. En Treinta y Tres, su ciudad natal 200 kilómetros al norte,
quedó su hijo de 12, Santiago Canet, y una numerosa familia que la
esperaba para festejar la Navidad.
La tarde del 21 de diciembre fue la última vez
que se supo de ella. Salió de la casa de sus empleadores para «dar un
paseo», dejando atrás todas sus pertenencias, incluso su cédula y el
dinero, según documentos del caso revisados por openDemocracy. Pocas
horas después, fue vista con un hombre conocido por sus vínculos con el
comercio sexual.
El 23 de diciembre, su empleadora denunció su
desaparición a la policía y avisó a la familia. El día de Navidad, su
madre, Ana Yacobazzo, y uno de sus hermanos viajaron a Punta del Este y
confirmaron la denuncia a la policía.
En los días y meses posteriores a su
desaparición, la familia de Silvia recorrió de punta a punta Maldonado,
colocó carteles y preguntó por ella a lugareños y turistas. También
llevaron información a la policía, que no se había puesto en contacto
con ellos ni siquiera para pedirles datos básicos sobre Silvia.
Los documentos revisados por openDemocracy
muestran 30 años de procedimientos policiales y judiciales negligentes.
Las omisiones en el caso de Silvia fueron tan graves que en 2021 la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una
denuncia presentada por la familia contra el estado uruguayo por la
posible violación de los derechos de Silvia a la vida, la libertad, la
integridad personal, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y
la protección legal.
Silvia Fregueiro (derecha) junto a sus hermanos y hermanas en 1981. Imagen: Rebelarte / openDemocracy
En febrero de 1995, Ana Yacobazzo ya había
hecho dos denuncias policiales por la desaparición de su hija. Pero tuvo
que hacer una tercera. Ante la falta de respuestas, recurrió a un
método poco habitual en aquella época: solicitar la ayuda de un abogado
para presentar otra denuncia, esta vez ante un juzgado. Así logró forzar
que se abriera una causa judicial.
Sin embargo, el expediente se extravió durante
cuatro meses sin explicación alguna. El análisis de openDemocracy de
los otros ocho casos de jóvenes desaparecidas y posibles víctimas de
explotación sexual revela que la pérdida o la desaparición total o
parcial de informes y expedientes sigue siendo frecuente.
Las declaraciones que la policía tomó en 1995 a
la empleadora de Silvia y al hombre vinculado al comercio sexual nunca
se añadieron al expediente judicial. Se perdieron y ya no existen, según
la denuncia presentada ante la CIDH. La justicia uruguaya les tomó
declaración diez años después de que Silvia desapareciera.
La justicia también denegó a la madre de
Silvia el acceso a los resultados de una prueba de ADN realizada por un
laboratorio privado, que ella misma había encargado y pagado, para
comprobar si unos restos óseos hallados en 2007 eran los de su hija. No
lo eran, pero Yacobazzo tuvo que presentar una demanda y esperar un año
para conseguir la notificación oficial.
La casa de los empleadores, donde Silvia había
vivido y trabajado los días previos a su desaparición, nunca fue
inspeccionada por la policía. Tampoco se interrogó a otros residentes ni
a las personas que, la noche anterior, habían asistido a una fiesta en
la misma casa.
La policía tardó una década en redactar un
informe oficial en el que se esbozan las posibles causas de la
desaparición de Silvia. Fue solo entonces cuando admitieron que había
una «alta probabilidad» de «una ausencia involuntaria por seducción o
manipulación», según el informe revisado por openDemocracy y fechado en
2004.
Santiago, el hijo de Silvia, escribió a la
CIDH: «Es muy difícil pensar más allá de hoy porque nunca sabemos si
el mañana será con ella o todavía sin ella. Es imposible proyectarse
más allá del presente, y es una herida que no cierra nunca».
Cecilia Fregueiro sostiene una fotografía de
su sobrino Santiago Canet (izquierda), hijo de Silvia, desaparecida en
1994. Imagen: Rebelarte / openDemocracy
En la documentación presentada a la CIDH por
la abogada de la familia, Diana González, se afirma que entre 1990 y
2000 desaparecieron al menos seis mujeres en Punta del Este o sus
alrededores. Entre ellas, María Concepción Franco Quiroga, de 25 años, quien desapareció el 23 de junio de 1994, seis meses antes que Silvia. Su caso también sigue abierto.
En una entrevista televisiva en 2012,
Yacobazzo dijo que quería saber «qué pasó y, sobre todo, la verdad».
Murió en 2015, sin conocer esa verdad. Un grupo feminista de Treinta y
Tres lleva su nombre.
¿Dónde está Milagros?
Milagros Cuello, de 16 años, salió de su casa a
última hora del sábado 3 de diciembre de 2016 rumbo a la plaza
principal de Pando, a menos de un kilómetro de distancia.
Cuando su padre se despertó a las 8 de la
mañana del domingo, notó su ausencia. Su madre, Nancy Baladán, avisó a
la policía enseguida, pero hasta hoy no sabe nada de ella.
Se perdieron las grabaciones de las cámaras de
seguridad de la plaza de Pando. No se hicieron identikits ni perfiles
psicológicos de ningún sospechoso, a pesar de que la abogada de la
familia los había solicitado expresamente. El caso incluso estuvo seis
meses estancado en la fiscalía, porque la introducción de un nuevo
código penal provocó un atasco en el sistema, que cuenta con escasos
recursos.
Pero Baladán no se dejó amilanar por la
desidia y el desprecio que, según ella, demostraron los policías hacia
ella y su hija. En las semanas y meses que siguieron, llevó la foto de
Milagros a las 30 comisarías de Canelones, después de darse cuenta de
que los agentes no habían transmitido la información.
Nancy Baladán en el Parque de Pando, donde buscó a su hija desaparecida. Imagen: Rebelarte / openDemocracy
Después de que el juez dictó sentencia, un
familiar de uno de los condenados amenazó de muerte a Baladán. Ella
denunció la amenaza a la fiscalía. «Me pusieron protección policial
durante una semana, [con un patrullero] controlándome una vez al día»,
recuerda.
Tampoco se investigó si la desaparición de
Milagros estaba relacionada con la explotación sexual, ignorando no solo
las evidencias, sino los protocolos internacionales y las recomendaciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Estas directrices dejan claro que la
desaparición de mujeres suele estar vinculadas a «otras formas de
violencia de género, como la violencia sexual, la trata o el
feminicidio».
Los fiscales continuaron descartando esta
hipótesis incluso años después, cuando un examen del celular de Milagros
reveló que uno de los tres hombres la había llamado la noche que
desapareció, según dijo a openDemocracy la abogada de la familia,
Natalia Suárez.
Alicia Ghione, que fue fiscal subrogante en la
investigación de 2019 e imputó a los tres explotadores sexuales, dice a
openDemocracy: «Es muy probable que su desaparición haya estado
directamente relacionada con ese circuito de explotación sexual”.
Y agrega: «No puedo decir si Milagros está
viva o fue sacada del país, pero sí puedo decir que algunos testigos la
vieron esa noche en la plaza subirse a un auto e irse… Así que es muy
posible que haya sido una organización de trata”.
Nancy Baladán con la información que ha
recabado sobre el posible paradero de su hija desaparecida. Imagen:
Rebelarte / openDemocracy
En 2017, el departamento de personas ausentes
del Ministerio del Interior pidió a Baladán que fuera a una cárcel para
recabar el testimonio de un interno que supuestamente tenía información
sobre el paradero de su hija. Sí, le encargaron la investigación a la
madre de la víctima. Ella aceptó. Anotó en un papel todo lo que el preso
le dijo y lo llevó de inmediato a la policía.
Al día siguiente de su visita a la cárcel, en
una placita de su barrio, un hombre la apuntó con un revólver. «Si
seguís removiendo mierda, te vuelo la cabeza», le dijo.
«Fui al departamento de personas ausentes y
les dije que la información se había filtrado de ahí. Ellos y mi marido
eran los únicos que sabían que iba a ir a la cárcel. En medio de la
discusión, me dijeron: ‘Hasta aquí podemos llegar nosotros. Hacé lo que
nosotros no podamos hacer'», relata Baladán.
El ex comisario general Julio Sena, que en ese
momento estaba al frente de crimen organizado e Interpol, niega tener
conocimiento del incidente en el departamento de personas ausentes que
en última instancia estaba a su cargo.
«Me atrevo a decir que, si esto ocurrió, fue
totalmente irregular», declaró a openDemocracy. «No es la forma en que
debe funcionar la policía. Es obligación de la policía recabar pruebas,
evidencias y testimonios, no pedir a los familiares que lo hagan”.
Para Baladán, uno de los peores insultos que
recibió del estado fue ese mismo año, 2017, cuando acudió al juez para
exigir avances en el caso. Los funcionarios del juzgado le pidieron que
presentara la partida de nacimiento de su hija para demostrar que ella
era la madre de Milagros, a pesar de que sabían exactamente quién era.
Para las autoridades, dice, Milagros «es solo
un número más. Una desaparición más». Para ella, su ausencia «es una
mochila que pesa cada día más».
