.-Ciudad
de México.- De acuerdo con el informe más reciente del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se refrendó que el derecho a
la salud sexual y reproductiva de las mujeres depende de su identidad o
lugar de nacimiento, es decir, estos factores siguen siendo
determinantes para saber si se accede a estos derechos, esto sumado al
racismo, sexismo y discriminación aumenta la posibilidad de no acceder a
ellos, por eso este organismo hace un llamado para la erradicación de
las desigualdades, porque hay progresividad pero no para todas.La atención de la salud han beneficiado sobre todo a las mujeres más ricas y a las que proceden de grupos étnicos que ya disfrutaban de un acceso más amplio a dichos servicios. De igual forma, alertó que las mujeres y niñas con discapacidad, las personas migrantes y refugiadas, las minorías étnicas, las personas que viven con el VIH y las castas que viven con mayores condiciones de rezago, porque corren un mayor riesgo de sufrir problemas de salud sexual y reproductiva y un acceso desigual a la atención sanitaria de esta índole.
Aunque las distintas naciones desde hace décadas lograron llegar a un acuerdo en consenso de que la salud y los derechos reproductivos son piedras angulares del desarrollo mundial, un acuerdo pionero de hace tres decenios, no se ha traducido como tal para algunas mujeres en México.
México sigue representando un país donde se registran muerte de mujeres por abortar, por complicaciones en sus embarazos, durante el parto, puerperio o simplemente por una hemorragia obstétrica, esto de acuerdo con el Observatorio de Muerte Materna y llevamos este año un acumulado de 130 mujeres que han muerto por estas causas en todo el país:
Las principales causas de defunción son: Hemorragia obstétrica (20.8%); Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (11.5%); Aborto (10.0%) y Complicaciones en el Embarazo (9.2%).
Las entidades con defunciones maternas son:
Veracruz (12)
Chiapas (9)
Chihuahua (9)
Jalisco (9)
Puebla (9).
El embarazo adolescente vulnera los derechos sexuales, reproductivos, de salud, de educación, entre otros, de las mujeres y niñas. Sus consecuencias no solo limitan la posibilidad de una buena calidad de vida de las y los hijos, sino que repercuten en las personas adolescentes y en la comunidad
Embarazo adolescente en México
De acuerdo con la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) subrayan que el Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento (SIMS), a cargo del Grupo de Trabajo de Indicadores de Monitoreo y Seguimiento (GTIMS) de la Enapea, entre 2015 y 2023, la Tasa Específica de Fecundidad de Adolescente (TEFA) se redujo en 16.7 por ciento, al descender de 72.4 a 60.3 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años.
No obstante, de acuerdo con el estudio Embarazo temprano en México: Panorama de estrategias públicas y análisis de la ENAPEA presentado por el Colegio de México (Colmex) el 30 de agosto del 2022, en la República Mexicana, mil adolescentes de entre 12 y 19 años se convierten en madres cada día.
Durante 2022, casi 1 de cada 2 (45.1 por ciento) interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) correspondieron a niñas y adolescentes menores de 20 años de edad, las cuales descendieron entre 2019 y 2022, de 55.6 a 45.1 por ciento.
Lo anterior, cabe precisar como proporción del total de IVE en mujeres de todas las edades atendidas en unidades médicas de la Secretaría de Salud.
- En 2023, la tasa de nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años fue de 26.3 por cada mil; en niñas, fue de 0.2 por cada mil menores de 15 años.
- La diferencia de los nacimientos ocurridos entre madres adolescentes de 15 a 19años en localidades de menos de 15 mil habitantes y en localidades de 15 mil y más fue de 4.4 puntos porcentuales: 16.4 % frente a 12.0 %, respectivamente.
De acuerdo con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, la consejería en anticoncepción, oportuna y adecuada a las condiciones individuales, y el acceso universal a métodos anticonceptivos modernos integran una de las estrategias costo-efectivas más importantes en salud pública. Estas intervenciones tienen un impacto positivo en la salud materna, ayudando a la prevención de la morbimortalidad materna y perinatal, reduciendo los abortos inseguros por embarazos no planeados y contribuyendo a reducir las infecciones de transmisión sexual como el VIH .
Entre los beneficios destacan a nivel individual el fortalecimiento de la autonomía de las personas y el empoderamiento de las mujeres; a nivel social, coadyuva a la igualdad entre los géneros, posibilita la prolongación de la educación formal y con ello al desarrollo económico-laboral, y a nivel global, es una medida efectiva contra los impactos negativos del cambio climático, al reducir los embarazos no planificados que contribuyen al crecimiento de la población.
Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) realizada en 2018, señala que en México un importante porcentaje de la población conoce y utiliza métodos anticonceptivos, en mujeres sexualmente activas de 15 a 49 años de edad alcanza el 75%. Sin embargo, el uso de métodos anticonceptivos muestra importantes desigualdades entre grupos de la población. Prueba de ello es que en mujeres hablantes de lengua indígena la prevalencia de uso de anticonceptivos es de sólo 64% y en el caso de la población adolescentes de 15 y 19 años la prevalencia de uso de anticonceptivos es únicamente del 60%.
Además de las diversas barreras en la provisión de servicios para abatir la necesidad no satisfecha en anticoncepción, en México existen barreras ideológicas y culturales que requieren políticas públicas progresistas y con enfoque de derechos que garanticen una sexualidad placentera y saludable.
Mortalidad materna en mujeres
De acuerdo a un informe de la Organización Panamericana de la Salud (PAHO) en América Latina y el Caribe , los datos sobre mortalidad materna en las mujeres indígenas arrojan cifras inaceptablemente altas.
Además, las tasas de fecundidad y los embarazos a edades tempranas son mayores en las mujeres indígenas. A ello se suman las limitaciones en su acceso a los controles prenatales y a servicios de salud sexual y reproductiva.
De acuerdo con datos de GIRE, (Grupo de Información en Reproducción Elegida)2016 a 2021 en México habían muerto un total de 5 mil 99 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. Esto significa que, en promedio, mueren 850 mujeres al año; dos al día. Las cifras han sido especialmente preocupantes para 2020 y 2021, siendo el último el año con mayor número de muertes maternas desde el 2000. Sus muertes son un reflejo de las profundas injusticias que persisten en el país y las violaciones a derechos humanos que enfrentan las mujeres todos los días, llevando a muertes que hubieran podido evitarse.
La agenda de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo o Conferencia de El Cairo de 1994 sirvió para marcar las pautas del camino a seguir, si bien es cierto que ha habido mejorías notables aún ninguno de los países que la integran puede decir que ha llegado a la cobertura total de los planteamientos.
UNFPA en este registro también toma en consideración el reconocimiento de la autonomía corporal de las mujeres, el cual ya se consolida como un derecho humano, este es un punto focal porque ha habido una ancestral lucha por alcanzarlo.
Desafortunadamente persiste el abandono de sectores poblaciones de mujeres, porque aunque a nivel global han tenido un impacto positivo en las últimas tres décadas gracias a los avances, se ha pasado por alto a comunidades que viven en contextos de marginación.
Las miradas del mundo han estado puestas en otras poblaciones que tienen mayor facilidad de acceder a este derecho pero se han olvidado de incluir en las agendas las desigualdades y disparidades.
UNFPA que cada año publica algún informe con mediciones relacionadas con los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres nos hace saber que hubo algunos avances, como son:
Logros
UNFPA considera que los modelos de autoasistencia, derivados de la evolución acelerada de las nuevas tecnologías que facilitan que las mujeres afronten enfermedades y discapacidades sin la intervención directa de ningún profesional sanitario.
Los Estados tienen la obligación de garantizar a las mujeres el acceso a servicios de atención para la salud reproductiva, disponibilidad suficiente, de calidad y sin discriminación, no obstante, la realidad en muchos sitios es que a pesar de estas obligaciones, las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos son frecuentes. Éstas adoptan muchas formas, entre ellas:
- negación del acceso a los servicios que solo necesitan las mujeres
- servicios de baja calidad
- someter el acceso de las mujeres a los servicios a la autorización de terceros
- esterilización forzada, exámenes de virginidad forzados y aborto forzado, sin el consentimiento previo de las mujeres
- la mutilación genital femenina (MGF)
- matrimonio precoz
Autonomía corporal
La autonomía corporal de las mujeres consiste en tener el poder y la capacidad de decisión sobre sus cuerpos y de su futuro, sin violencia ni coacciones. Esto incluye, la libertad para tomar sus propias decisiones sobre cuestiones relacionadas con la atención de la salud, los anticonceptivos y si tener o no relaciones sexuales.
Bajo la óptica de lo que no es medible, no es alcanzable, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015 marcó el punto en el que, mediante un indicador, la comunidad internacional trató de cuantificar la capacidad de las mujeres para ejercer su autonomía corporal.
Aunque a la luz de los nuevos tiempos, pudiera parecer que la autonomía corporal de las mujeres es un territorio ganado, no fue sino hasta el 2017 cuando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció la importancia de la autonomía corporal en cuanto a que derecho humano.
Avances progresivos
- Protección a las mujeres y las niñas por medio de la legislación, 162 países han promulgado leyes (Banco Mundial, s. f.)
- Despenalización progresiva de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, en 2022 se abolieron más leyes punitivas de esta naturaleza que en cualquiera de los últimos 25 años (HIV Policy Lab et al., 2023).
- Las nuevas tecnologías facilitan que los usuarios promuevan su salud sin la intervención directa de ningún profesional sanitario, dichos modelos cuentan con el respaldo del UNFPA, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones de salud pública.
- Pondera la atención de parteras cualificadas, —cuya profesión antiquísima ha quedado relegada a los márgenes de la medicina moderna desde hace mucho tiempo es un recurso vital que ahorra costos (UNFPA et al., 2021).
- Se ha extendido la noción de que invertir recursos en la igualdad de género es apropiado, puesto que arroja beneficios sociales y económicos cuantiosos.
Asignaturas pendientes
Una cuarta parte de mujeres en el mundo, no puede negarse a mantener relaciones sexuales con su marido o pareja. Datos recientes de 69 países indican que el 25 por ciento, de las mujeres no tiene la posibilidad de tomar las decisiones más elementales sobre su cuerpo.
La aparición de numerosas crisis —por ejemplo, conflictos, consecuencias climáticas y la pandemia de COVID-19— han hecho peligrar la trayectoria favorable de los últimos decenios y constituyen una amenaza para los avances venideros.
En muchas regiones, la oposición a la salud y los derechos sexuales y reproductivos se justifica con el pretexto de las tradiciones y se disfraza de nostalgia en muchos casos, es incompatible con los consensos ya asentados y los acuerdos fundamentales de derechos humanos.
- En casi 1 de cada 10 casos, utilizar anticonceptivos no depende de ellas (UNFPA, 2024a).
- Tasa mundial de reducción de muertes maternas fue de 0 entre 2016 y 2020 (OMS et al., 2023). Esto se traduce en que fallecen durante el parto unas 800 mujeres al día.
- Más del 70% de muertes maternas se registran en África subsahariana, una región que concentra a muchos de los países menos adelantados y a los sistemas de salud más frágiles del mundo.
- Si una mujer de África Subsahariana sufre complicaciones durante el embarazo y el parto, tiene una probabilidad de morir casi 130 veces mayor que si viviera en Europa o América del Norte.
- Existe una marcada diferencia en vivir en la misma región pero con diferentes recursos y nivel socioeconómico, de tal forma que las mujeres más ricas de Madagascar son cinco veces más propensas que las más pobres a dar a luz con ayuda de profesionales cualificados (ONU-Mujeres et al., 2023).
- En todo el continente americano, las personas afrodescendientes tienen más posibilidades de ser víctimas de la violencia obstétrica (UNFPA et al., 2023).
- El acceso a métodos anticonceptivos modernos es desigual y varía, por motivos de raza y etnia, situación migratoria y condición de persona, nivel de estudios, situación socioeconómica y residencia en zonas urbanas o rurales.
El peso de las palabras
Dos preceptos que desempeñan una función esencial en la Agenda 2030, es cambiar la forma de nombrar a los grupos sociales, surge la expresión «no dejar a nadie atrás». A la hora de encarar la desigualdad, el lenguaje que empleamos cobra importancia. Cuando hablemos sobre una persona o comunidad, es vital que no demos la impresión de que carece de toda capacidad de acción o tiene poca trascendencia.
Si bien se ha tendido a calificar a grupos enteros como “marginadas” u “oprimidas”, cada vez se pone más empeño en aludir a las condiciones particulares que ponen trabas al ejercicio de sus derechos y libertades.
Muchos factores interactúan con el género y dan como resultado la marginación de personas y comunidades. Entre ellos, la etnia, la raza, el idioma y la religión, la discapacidad, el estado serológico con respecto al VIH/sida, la situación migratoria y la orientación sexual y la identidad de género.
Fuente: Adaptación de “No dejar a nadie atrás y llegar a los más regazados: Plan estratégico para 2022-2025” del UNFPA.
Brechas de desigualdad
El informe «Vidas entrelazadas, hilos de esperanza: eliminar las desigualdades en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos» de la UNFPA, hace énfasis en el papel del racismo, el sexismo y otras formas de discriminación que dificultan que la población de mujeres el avance en este ámbito.
Al hablar de las condiciones de vida de las mujeres indígenas, se tiene que tomar en cuenta la discriminación agravada, así como las dinámicas patriarcales y misóginas que imperan en su cotidianidad. Además de atravesar por la interseccionalidad nada favorable, en la que se cruza el ser mujer, pero además, la premisa, de ser indígena.
Según datos poblacionales del 2022 proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México existen 23.2 millones de personas de tres años y más que se autoidentifican como indígenas, lo que equivale a 19.4 % de la población total de ese rango de edad.
Según los cálculos del UNFPA del 2022, si se gastaran 79 mil millones de dólares de los Estados Unidos en países de ingreso mediano y bajo de aquí a 2030, por ejemplo, se evitarían 400 millones de embarazos no planeados, se salvaría la vida a 1 millón de madres y 4 millones de recién nacidos y se generarían beneficios económicos por un valor de 660 mil millones de dólares.
El informe del Fondo de población de las Naciones Unidas, (UNFPA) destacó que los datos resultan abrumadores. Las mujeres y las niñas pobres, aquellas que pertenecen a minorías étnicas, raciales o indígenas o que se ven atrapadas en entornos de conflicto tienen más probabilidades de morir porque no pueden acceder a la atención sanitaria oportuna, por ejemplo, las mujeres pertenecientes a grupos étnicos indígenas tienen más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto.
El diagnóstico
Este año se conmemora el trigésimo aniversario de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de El Cairo, un momento histórico en el que 179 gobiernos adquirieron el compromiso de convertir la salud y los derechos sexuales y reproductivos en un eje central del desarrollo sostenible.
Sin embargo, las cifras muestran que son millones de mujeres y niñas en condiciones de rezago, en tanto que, los avances respecto a indicadores fundamentales se han ralentizado o estancado: todos los días mueren 800 mujeres al dar a luz, una cifra que no ha cambiado desde 2016.
El 25% de las mujeres no puede negarse a mantener relaciones sexuales y cerca de 1 de cada 10 no puede tomar sus propias decisiones sobre anticonceptivos. En el 40% de los países que disponen de datos al respecto, la autonomía corporal de la población femenina es cada vez menor.
La eterna lucha de la apropiación del cuerpo de las mujeres es un factor clave en dicho retroceso, siendo una suerte de truco, en la que se tejen y destejen las oportunidades de acceder a una vida tranquila, en la que los derechos de salud y reproductivos de las mujeres sean respetados. Es decir, por un lado corre la vía de los temas políticamente correctos, pero por otra muy distinta, corre la vía de los hechos, resultaba necesario dicho diagnóstico para dimensionar el impacto real de las políticas establecidas.
En cuanto a los avances, el organismo internacional señaló una marcada tendencia a frenar la tasa de embarazos no deseados, entre otros aspectos a considerar: “en el transcurso de una generación, hemos conseguido frenar la tasa de embarazos no intencionales en casi una quinta parte, hemos reducido la tasa de muertes maternas en un tercio y hemos logrado que más de 160 países promulguen leyes contra la violencia doméstica”, explicó Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del UNFPA.
Asimismo, la funcionaria del organismo global, señaló las áreas de oportunidad para avanzar en materia de salud y derechos reproductivos, dijo, “a pesar de estas mejoras, las desigualdades en el seno de las sociedades y los sistemas de salud están empeorando y no hemos otorgado la debida prioridad a las personas con mayores condiciones de rezago.
En la región de América Latina y el Caribe, si bien es cierto que ha habido avances, estos han sido dispares dependiendo de la identidad y la ubicación de las personas, entre otros factores.
- En nuestra región, la reducción de la mortalidad materna se ha estancado, con cifras comparables a las de hace dos décadas.
- Casi todos los países de Latinoamérica muestran una lenta tendencia a la baja en el embarazo adolescente. Sin embargo, la tasa de fecundidad adolescente de la región sigue siendo la segunda más alta del mundo después de la del África subsahariana.
- Catorce de los 25 países del mundo con mayores tasas de feminicidio se encuentran en América Latina y el Caribe.
- Mientras que la práctica del matrimonio infantil y la unión informal ha disminuido a nivel mundial en los últimos 25 años, en América Latina y el Caribe lo está haciendo muy lentamente.En nuestra región una de cada cinco mujeres jóvenes de entre 20 y 24 años se casó antes de cumplir los 18 años.
Atención desde lo micro
En los pocos lugares donde se recopilan datos, las mujeres afrodescendientes han resultado ser más vulnerables a la violencia obstétrica y los malos resultados de salud materna. En muchas ocasiones, se priva a las mujeres indígenas de atención a la salud materna con pertinencia cultural y se tipifican como delito sus costumbres relacionadas con el parto, lo que se traduce en un riesgo mucho mayor de fallecer durante el embarazo o al dar a luz.
La infraestructura sanitaria sigue plagada de normas de género desiguales, como el déficit crónico de inversión en el personal de atención obstétrica (mujeres en su inmensa mayoría). Las mujeres y niñas con discapacidad tienen hasta diez veces más probabilidades de sufrir violencia de género y, simultáneamente, se topan con más impedimentos para recibir atención de la salud.
Su vulnerabilidad se agrava como consecuencia de factores de gran incidencia como el cambio climático, las crisis humanitarias y las migraciones masivas, que a menudo tienen un efecto desproporcionado sobre las mujeres que viven en los márgenes de la sociedad. Un punto de luz dicho informe, fue el de mencionar la importancia de adaptar los programas a las necesidades de las comunidades -en lugar de seguir enfoques genéricos a gran escala- y de empoderar a las mujeres y las niñas de modo que conciban y pongan en ejecución soluciones innovadoras.
Es decir, ir lo micro a lo macro para lograr mejores resultados en la implementación de políticas que permitan alcanzar mejores resultados a nivel global en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos.
2024 podría marcar un hito como el año con mayor concentración de procesos de democracia participativa de la historia. Durante estos meses, más de 50 países afrontarán citas electorales importantes que influirán en el destino de buena parte de la humanidad (Harbath, 2023; Federación Internacional de Sociedades de la Fecundidad, s. f.), como miles de millones de mujeres y niñas e infinidad de comunidades marginadas.
Matrimonio infantil en México
De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “El matrimonio infantil y las uniones tempranas constituyen una violación a los derechos humanos de la niñez y son consideradas por el Sistema de Naciones Unidas como prácticas nocivas que afectan gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de las niñas”.
El matrimonio infantil y uniones tempranas son tanto causas como consecuencias del embarazo temprano, de la violencia sexual y de género y se vincula directamente con problemáticas como la deserción escolar, la mortalidad materna, la transmisión intergeneracional de la pobreza y en general la limitación a las oportunidades de vida de las niñas y adolescentes.
Esta práctica también se vincula con mayores costos en los sistemas de salud y educación, afectando los ingresos futuros de las mujeres, por ello es importante que el Estado mexicano adopte medidas urgentes para erradicar esta práctica nociva que viola los derechos de niñas y mujeres adolescentes, señaló la Red por los Derechos de la Infancia en Mexico (REDIM).
No existen cifras oficiales del fenómeno; aunque en el Censo 2020 que publicó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) se preguntó a mujeres de 12 años o más por su estado civil: 237 mil 175 mujeres de entre 12 y 17 años a nivel nacional se encontraban casadas o unidas en 2020; esto correspondía a 3.7% de la población femenina de dicho rango de edad.
La mayor cantidad de mujeres de 12 a 17 años casadas o unidas durante 2020 habitaba en Estado de México, Chiapas y Veracruz. En estas tres entidades residía una de cada cuatro mujeres adolescentes casadas o unidas durante 2020.
Por otro lado, el matrimonio o la unión entre las mujeres de 12 a 17 años era un fenómeno más frecuente en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Tabasco. En estas cuatro entidades más de una de cada 20 mujeres adolescentes de entre 12 y 17 años se encontraba casada o unida en 2020.
Aunque no existe un registro de cifras oficiales sobre matrimonio o unión antes de los 12 años debido a que el Estado mexicano no lo contabiliza. No obstante, es posible decir que ya desde los 12 a 14 años 18 mil 974 mujeres adolescentes estaban casadas o unidas en México durante 2020.
La cantidad de mujeres adolescentes casadas o unidas aumenta entre los 15 y 17 años a 218 mil 201 el mismo año. En este último rango de edad, 6.8% de las adolescentes en el país se encontraban casadas o unidas en 2020; sin embargo, en Chiapas, Guerrero y Michoacán, más de una de cada 10 mujeres de 15 a 17 años estaban casadas o unidas el mismo año.
Un avance gradual en la erradicación de esta práctica que lacera a las niñas y adolescentes en México, es la disminución en el porcentaje de matrimonios y uniones tempranas, del 2010 al 2020; mientras en 2010 el 5.3% de las mujeres de entre 12 y 17 años se encontraban casadas o unidas, esta misma cifra se había reducido en 2020 a 3.7%.
Más concretamente, de 2015 a 2020 el porcentaje de mujeres adolescentes que estaban casadas o unidas entre los 12 y 17 años se redujo en un 20.7% (de 4.6% a 3.7%).
Sin embargo, este ritmo de disminución no era generalizado: durante el mismo periodo, el porcentaje de mujeres adolescentes casadas o unidas a la misma edad en Chiapas únicamente decreció 6.3% (de 6.7% a 6.3%), al tiempo que en Oaxaca la reducción fue de 9.5% (de 4.9% a 4.5%). En definitiva, más acciones son necesarias para acelerar la erradicación de este fenómeno, señaló la REDIM.
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