Pedro Mellado Rodríguez
La forma salvaje como Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido por el apodo de “Alito”, embiste a Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, para exigirle, con un lenguaje violento y procaz, que decline su candidatura presidencial en favor de Xóchitl Gálvez Ruiz, la aspirante que respalda la coalición de derecha, integrada por PAN, PRI y PRD, es el más claro signo de la desesperación y del clima anticipado de derrota que flota en el enrarecido ambiente del cierre de campañas, cuando estamos a quince días de los comicios del domingo 2 de junio del 2024.
Sin embargo, aun en el supuesto de que finalmente Álvarez Máynez y Movimiento Ciudadano cedieran a los acosos de PAN, PRI y PRD, en una relación tóxica en la cual el sujeto maltratado, vilipendiado, agredido y permanentemente menospreciado, terminara en los brazos de su violentador, eso no resolvería de fondo el problema de la coalición que mejor representa los intereses de la oligarquía rapaz y depredadora que históricamente a saqueado a nuestro país, pues pese a todo, los números no les cuadran y aun juntos, estarían destinados a la derrota.
Por lo tanto, a la oposición sólo le quedaría un recurso, ante la derrota inevitable: descalificar, desacreditar, desprestigiar el proceso, marcar los comicios con el signo de la infamia para restarles validez y legitimidad, propósito para el cual la oposición contaría con los invaluables servicios de un Poder Judicial abiertamente empeñado en defender los intereses de las minorías privilegiadas, haciendo un uso rencoroso, perverso, corrupto y mal intencionado de las leyes.
No es un hecho fortuito que tres semanas antes de los comicios, el martes 13 de mayo del 2024, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, acompañada de su séquito de dirigentes de PRI, PAN y PRD, se hubiese reunido con los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para quejarse de que no hay piso parejo en la contienda electoral, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador interfiere en el proceso para favorecer a la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo.
Se quejó Gálvez Ruiz de que, según afirma, se han dictado 51 medidas cautelares para sancionar la conducta del presidente por sus interferencias en el proceso electoral, sin que eso haya modificado la conducta del primer mandatario. Y reprochó que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral, no han actuado con suficiente energía y firmeza en contra del mandatario.
Habría que recordar que el martes 9 de abril del 2024 Gálvez Ruiz informó, en conferencia de prensa, escoltada por Marko Cortés, dirigente del PAN; Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, y Jesús Zambrano, presunto líder de lo poco que queda del PRD, que se había reunido durante tres horas con la presidenta del Instituto Nacional Electoral, la consejera Guadalupe Taddei Zavala.
En esa ocasión la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México solicitó de manera formal a la presidenta del INE, cancelar la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
También aprovechó Gálvez Ruiz para insistir en que el INE debería realizar una campaña de difusión para aclarar a los ciudadanos que los programas sociales no son patrimonio de partido alguno, al acusar al gobierno de la Cuarta Transformación, y a Morena y sus aliados, de utilizarlos como instrumento de propaganda en favor de Claudia Sheinbaum Pardo.
Por otra parte, bajo el argumento de que era necesario “limar asperezas” con integrantes del Tribunal Electoral, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, organizó una cena privada en diciembre pasado con magistrados electorales, a los que acercó con Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, publicó este miércoles 15 de mayo del 2024 el periódico Milenio, en una nota firmada por el reportero Salvador Frausto.
A través de mensajes de WhatsApp, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió a sus convocados que tenía mucho que decir. Al encuentro, de manera paralela fueron invitados el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel Miranda, agrega la información de Milenio.
Los asistentes a la cena realizada el 12 de diciembre del 2023, confirmaron que la reunión se llevó a cabo un día después de la renuncia del entonces presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón; sin embargo, fueron sorprendidos con la presencia del dirigente tricolor, Alejandro Moreno, cuya asistencia no les fue anunciada de antemano.
La perversión de la derecha nunca debe subestimarse. Y menos cuando tiene un aliado poderoso como lo es el Poder Judicial, que estaría dispuesto a torcer las leyes para descalificar un posible triunfo de Morena y sus aliados Partido del Trabajo y Partido Verde, tomando como base de argumentación los precedentes jurídicos abonados en las quejas que la oposición ha acumulado en contra del presidente López Obrador, a quien acusan de violar la equidad del proceso electoral.
La observación cuidadosa del Tribunal Electoral nos lleva, inevitablemente, a la conclusión de que su funcionamiento y decisiones están determinadas por los intereses políticos que representan quienes integran la Sala Superior, factor que también será un elemento de riesgo para el proyecto de la Cuarta Transformación en esa máxima instancia jurisdiccional, cuyas resoluciones son definitiva e inatacables.
La Sala Superior del Tribunal Electoral, es actualmente presidida por la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, con quien hacen causa común los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
Los enfrentan, en la disputa del poder interno y en el campo de las resoluciones, sus compañeros magistrados Janine Madeline Otálora Malassís y Reyes Rodríguez Mondragón, quien renunció a la presidencia del Tribunal Electoral en diciembre del 2023, por presión de sus tres compañeros que lo acusaron de irregularidades en la conducción de esa instancia jurisdiccional. Sin embargo, pese a la disputa interna por el poder en ese órgano colegiado, todos los magistrados son ramas del mismo árbol podrido.
El martes 31 de octubre del 2023 terminaron su gestión los magistrados del Tribunal Electoral José Luis Vargas e Indalfer Infante. La Sala Superior ha permanecido incompleta, con cinco de siete magistrados, pues el Senado de la República no ha nombrado a los relevos de Vargas e Infante,
Los magistrados electorales son nombrados con los votos de las dos terceras partes de los miembros presente en el Senado de la República, de ternas que son propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los actuales integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sido cuestionados desde el día de su nombramiento. De cuates y cuotas fue la fórmula que se impuso el martes 18 de octubre del 2016, cuando el PRI, el PAN y el PRD acordaron, en el Senado de la República, quienes serían los siete nuevos magistrados electorales, designados el jueves 20 de octubre del 2016 durante una sesión ordinaria.
De acuerdo con fuentes de la Junta de Coordinación Política, citadas por el periódico Reforma, las tres bancadas determinaron que, de las siete posiciones del Tribunal Electoral federal, tres serían definidas por el PRI, dos por el PAN, una por el PRD y una más por acuerdo de todas las fuerzas políticas.
La prioridad para el tricolor fue la designación de Felipe Fuentes Barrera; para el PAN, la carta planteada en la negociación fue Reyes Rodríguez Mondragón, quien tuvo el apoyo del senador albiazul Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular del expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y el PRD colocó sobre la mesa a Indalfer Infante González. José Luis Vargas Valdez tuvo el apoyo del PRI; Mónica Aralí Soto Fragoso llegó con el apoyo del coordinador de los senadores priistas Emilio Gamboa Patrón; Felipe de la Mata Pizaña fue impulsado por el PAN; y Janine Madeline Otálora Malassis fue respaldada por PAN y PRD.
El jueves 27 de octubre del 2016 el Congreso aprobó reformas al dictamen de los nombramientos de los siete magistrados electos, para ampliarles sus periodos de gestión: con las modificaciones aprobadas, los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzáles, electos originalmente por el Senado para estar hasta el 2019, durarían en su encargo hasta el 31 de octubre de 2023.
Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, magistrados electos para permanecer hasta 2022, durarían en sus tareas hasta el 31 de octubre de 2024. En tanto que Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Aralí Soto Fregoso y Janine Madeline Otálora Malassís, ejercerían su encargo en los términos de la elección realizada por el Senado el 20 de octubre del 2016, es decir, hasta el 31 de octubre de 2025.
Los integrantes de esta Sala Superior del Tribunal Electoral han estado protegidos, desde su origen, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 26 de junio del 2017 declaró constitucional y de plena legalidad, por muy estrecha mayoría, la prolongación de los periodos de cuatro de los siete Magistrados del Tribunal Electoral, acción que fue impugnada por los partidos Morena y PRD.
Esta determinación de la Suprema Corte, con una cerrada votación de seis contra cinco, benefició a los Magistrados Indalfer Infante, José Luis Vargas, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez, al aprobar una reforma apresurada en octubre del 2016, con la anuencia de PAN y PRI, algo que se consideró irregular, pues los magistrados ya habían sido electos para un periodo determinado, mucho más corto.
De esa manera quedó formalizado que un grupo de cinco magistrados, que actualmente integran la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Reyes Rodríguez Mondragón, Janine Madeline Otálora Malassís, Felipe de la Mata Pizaña y la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, calificarían dos elecciones presidenciales: la de 2018 y la de 2024.
El Tribunal Electoral es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, encargado de resolver, en última instancia, cualquier impugnación o controversia que se presente en los procesos electorales federales y locales. Es, asimismo, el encargado de realizar el cómputo final de la elección presidencial y formular la declaración de validez de la elección y del presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos.
Si las circunstancias les son finalmente adversas, PRI, PAN y PRD, y los poderes fácticos que les son afines, tratarán de cobrarles sus deudas y favores a los magistrados del Tribunal Electoral. Ahí se jugarán su última carta para tratar de impedir que gane Claudia Sheinbaum Pardo y se profundice el proyecto de la Cuarta Transformación. Seis años más de ostracismo para la oligarquía depredadora, para sus aliados políticos, para sus intelectuales orgánicos, y para los medios de comunicación y manipulación que les sirven incondicionalmente, no podrían resistirlos.
Pedro Mellado Rodríguez
Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.
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