Gustavo de la Rosa
Ciudad Juárez acumula ya el doble de los huérfanos que la guerra de Irak dejó a EU; los muertos rebasan por 45% a los de 50 años de guerra civil en Irlanda. Por lo menos 15% de la población ha emigrado, y etc., etc. Y nos volvemos a preguntar, si ya lo sabían ¿por qué no se prepararon y por qué no nos advirtieron?
Y en esta ocasión sólo referiré una medida fundamental tomada en las tres zonas de guerra: el control y registro cuidadoso de todos los vehículos (en Colombia los motociclistas deben traer un chaleco con una identificación enorme, visible a 50 metros de distancia). Irlanda (cuando no tenían computadoras) controló férreamente los automóviles y no se movía uno solo si su identidad no era confirmada por teléfono a las centrales de tráfico.
En Juárez el modus operandi de los sicarios es en vehículos a motor, ¡¡siempre!!, entonces ¿por qué no identificar los vehículos, como una previsión para la guerra por venir?
Pero vamos, ya no queremos que sean previsores, que por lo menos reaccionen. Y la historia de cómo se trata de identificar los vehículos en Ciudad Juárez es una verdadera historia de terror. La guerra empezó en enero de 2008, y 33 meses después no puede restablecerse un mecanismo para identificar a todos los vehículos en circulación. Hoy ¡¡hay 80 mil, sí 80 mil vehículos!! circulando sin placas en la ciudad, ¿por qué? Porque no hay transporte público, y no hay transporte público porque los concesionarios financian las campañas de los políticos, a cambio de que los dejen trabajar en la ilegalidad.
Los beneficiados del transporte público no están dados de alta en Hacienda, no pagan impuestos, no afilian a sus trabajadores al IMSS, los obligan a trabajar 14 o 17 horas por día; todo el dinero del transporte público —un millón de habitantes (a excepción del transporte industrial)— se maneja en efectivo y sin recibos, usan vehículos escolares importados de EU, no pagan seguros contra daños a terceros incluyendo pasajeros. Así que viajar en las ruteras (así se les conoce) es una aventura “a la juaritos”.
Yo he escuchado que han pedido a los políticos mayores, que les autoricen usar un medio de identificación de todos esos vehículos tipo ovni (objetos vehiculares no identificados), pero esta decisión no la puede tomar el Presidente, porque los carros que circulan en México tienen que haber sido legalmente importados por la aduana. Y ahí los hombres de la guerra se desesperan, “pero si no les pedimos que los importen, les pedimos que los identifiquen”. Es prioridad de la guerra identificarlos, importados o no, es una política de guerra, no una política fiscal.
Sin embargo, para el gabinete de Calderón es prioridad fiscal, no bélica (como ellos no ponen los muertos), y en la discusión ordenó el Presidente “que se identifiquen los vehículos” en febrero de este año. Pero ganó la aduana, no la Sedena, ni la Policía Federal. Y la SHCP está más preocupada en proteger a las agencias de autos que en ganar la guerra. Al final, la guerra en Juárez la controla la aduana, “la SHCP es la que dice cómo hacerla”, pero no van al frente de batalla. Sabemos de buena fuente que la política fiscal sobre los autos se negocia entre la SHCP y los dueños de las agencias de vehículos, los cuales no quieren autos norteamericanos de medio uso para que les compren carros a ellos. Y créanlo o no, en México, este punto toral de la guerra lo están decidiendo desde las cómodas oficinas de las agencias distribuidoras de automóviles. Y desde las mafias de propietarios de concesiones del transporte público en Ciudad Juárez.
En una versión barata de Maquiavelo, los políticos mexicanos tienen como objetivo ganar y mantener sus votos, no el Estado de Derecho; hay muchos políticos que pueden perder la vida de sus hijos, la tranquilidad de sus amantes, según sus preferencias, su vida propia, pero nunca, jamás de los jamases, pueden perder votos. Y de aplicar el Estado de Derecho, ni soñarlo.
Así que mientras la voz de los ruteros, de los dueños de las agencias de autos y de los políticos sea más escuchada que la del Presidente, que la de los encargados de la guerra, o el clamor de un pueblo que fallece, seguiremos sin dar el primer paso para empezar a pelear la guerra: identificar los vehículos en Juárez, y si todavía no la empezamos, ¿cuándo la vamos a ganar?
Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Y en esta ocasión sólo referiré una medida fundamental tomada en las tres zonas de guerra: el control y registro cuidadoso de todos los vehículos (en Colombia los motociclistas deben traer un chaleco con una identificación enorme, visible a 50 metros de distancia). Irlanda (cuando no tenían computadoras) controló férreamente los automóviles y no se movía uno solo si su identidad no era confirmada por teléfono a las centrales de tráfico.
En Juárez el modus operandi de los sicarios es en vehículos a motor, ¡¡siempre!!, entonces ¿por qué no identificar los vehículos, como una previsión para la guerra por venir?
Pero vamos, ya no queremos que sean previsores, que por lo menos reaccionen. Y la historia de cómo se trata de identificar los vehículos en Ciudad Juárez es una verdadera historia de terror. La guerra empezó en enero de 2008, y 33 meses después no puede restablecerse un mecanismo para identificar a todos los vehículos en circulación. Hoy ¡¡hay 80 mil, sí 80 mil vehículos!! circulando sin placas en la ciudad, ¿por qué? Porque no hay transporte público, y no hay transporte público porque los concesionarios financian las campañas de los políticos, a cambio de que los dejen trabajar en la ilegalidad.
Los beneficiados del transporte público no están dados de alta en Hacienda, no pagan impuestos, no afilian a sus trabajadores al IMSS, los obligan a trabajar 14 o 17 horas por día; todo el dinero del transporte público —un millón de habitantes (a excepción del transporte industrial)— se maneja en efectivo y sin recibos, usan vehículos escolares importados de EU, no pagan seguros contra daños a terceros incluyendo pasajeros. Así que viajar en las ruteras (así se les conoce) es una aventura “a la juaritos”.
Yo he escuchado que han pedido a los políticos mayores, que les autoricen usar un medio de identificación de todos esos vehículos tipo ovni (objetos vehiculares no identificados), pero esta decisión no la puede tomar el Presidente, porque los carros que circulan en México tienen que haber sido legalmente importados por la aduana. Y ahí los hombres de la guerra se desesperan, “pero si no les pedimos que los importen, les pedimos que los identifiquen”. Es prioridad de la guerra identificarlos, importados o no, es una política de guerra, no una política fiscal.
Sin embargo, para el gabinete de Calderón es prioridad fiscal, no bélica (como ellos no ponen los muertos), y en la discusión ordenó el Presidente “que se identifiquen los vehículos” en febrero de este año. Pero ganó la aduana, no la Sedena, ni la Policía Federal. Y la SHCP está más preocupada en proteger a las agencias de autos que en ganar la guerra. Al final, la guerra en Juárez la controla la aduana, “la SHCP es la que dice cómo hacerla”, pero no van al frente de batalla. Sabemos de buena fuente que la política fiscal sobre los autos se negocia entre la SHCP y los dueños de las agencias de vehículos, los cuales no quieren autos norteamericanos de medio uso para que les compren carros a ellos. Y créanlo o no, en México, este punto toral de la guerra lo están decidiendo desde las cómodas oficinas de las agencias distribuidoras de automóviles. Y desde las mafias de propietarios de concesiones del transporte público en Ciudad Juárez.
En una versión barata de Maquiavelo, los políticos mexicanos tienen como objetivo ganar y mantener sus votos, no el Estado de Derecho; hay muchos políticos que pueden perder la vida de sus hijos, la tranquilidad de sus amantes, según sus preferencias, su vida propia, pero nunca, jamás de los jamases, pueden perder votos. Y de aplicar el Estado de Derecho, ni soñarlo.
Así que mientras la voz de los ruteros, de los dueños de las agencias de autos y de los políticos sea más escuchada que la del Presidente, que la de los encargados de la guerra, o el clamor de un pueblo que fallece, seguiremos sin dar el primer paso para empezar a pelear la guerra: identificar los vehículos en Juárez, y si todavía no la empezamos, ¿cuándo la vamos a ganar?
Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
México y Colombia
José Antonio Crespo
Los niveles de violencia registrados hoy aquí son menores de los que existieron en el paí
s sudamericano.
Los niveles de violencia registrados hoy aquí son menores de los que existieron en el paí
s sudamericano.Al iniciar su gobierno, Felipe Calderón decidió seguir una estrategia contra el narcotráfico inspirada en la que Colombia emprendió en los ochenta y noventa. Eso, a partir del relativo éxito que allá se tuvo en desconcentrar a los grandes cárteles de la droga, que habían acumulado gran poder y capacidad de desafío al Estado. Eventualmente hubo una reducción importante de la violencia y la inseguridad (aunque no de la producción ni el comercio de cocaína, que permanecen esencialmente iguales). Por ello no es raro que surjan comparaciones entre la experiencia colombiana y lo que ahora sucede en México. Por ejemplo, el ex presidente Oscar Gaviria ha dicho: "Colombia ha logrado que el narcotráfico no sea una amenaza permanente para la democracia y redujo el fenómeno de secuestros y de muertos, pero el narcotráfico está ahí, igual, vivo; y es algo que los mexicanos tienen que tener presente, el problema del narcotráfico no lo van a controlar" (8/II/10). Además, pese a los avances registrados en Colombia, difícilmente se puede hablar de un éxito rotundo: es provisional y parcial, por lo que exige un pedaleo permanente, según lo explica el ex presidente Álvaro Uribe: "La lucha nuestra contra el narcotráfico ha avanzado, pero le falta mucho. La vamos ganando, pero no la hemos ganado. El narcotráfico tiene toda la capacidad de reproducirse si uno lo descuida. En Colombia todavía tenemos cien mil hectáreas de droga y todavía tenemos por ahí unos cárteles muy peligrosos" (16/III/09). Y eso que su estrategia resultó exitosa.
Hillary Clinton, en su reciente parangón de la actual situación mexicana con la de Colombia hace veinte años, no es exacta. Y es que, en efecto, los niveles de violencia registrados hoy aquí son bastante menores de los que se registraron en Colombia en los años ochenta o noventa. El problema es que, precisamente, si se decidió seguir la ruta colombiana para enfrentar a los cárteles de la droga, cabe esperar que la violencia en México continuará su exponencial escalada hasta alcanzar, entonces sí, los niveles que se vieron en Colombia. Al menos es eso lo que dicen muchos expertos sobre el caso colombiano: que en México la violencia apenas está calentando motores, y se disparará todavía más. Eso fue previsto por el antiguo zar estadunidense de las drogas, John Walters: "La violencia en México podría empeorar antes que mejorar. Ya lo hemos visto en otros países como Colombia. Los cárteles de la droga reaccionan así porque están desesperados y se sienten por primera vez amenazados" (20/II/08).
Pero la secretaria norteamericana de Estado expresó también su preocupación de que los narcos estén utilizando técnicas de grupos terroristas e insurgentes en el mundo, lo cual toma al Estado mexicano en situación desventajosa, pues "se requiere una combinación de construcción de capacidad institucional, (y) mejor cumplimiento de la ley" (8/IX/10). Por ahí se debió iniciar la lucha contra el crimen organizado: en una reforma institucional profunda, misma que se esperaba al menos desde el gobierno de Vicente Fox, y una práctica de combate sistemático a la corrupción, pero no sólo la vinculada con el narcotráfico, sino la que permea la administración pública y la sociedad, pues ese es justo el terreno abonado para que los cárteles se desplieguen con tanto poder e influencia y puedan comprar a policías y penetrar agencias de seguridad. Iniciar una guerra contra el crimen sin haber primero atendido eso implica precisamente en la desastrosa situación actual (más lo que venga). Pero el gobierno mexicano, siempre optimista, le responde a Clinton, a través del nuevo vocero sobre seguridad, Alejandro Poiré: "En México está en marcha una renovación institucional que se está llevando a cabo a tiempo" (8/IX/10). Hay ahí una diferencia en la apreciación de qué va primero: Hillary sugiere que en primer lugar deben venir las reformas institucionales y la aplicación sistemática de la ley, y aquí se sostiene que primero es la guerra y, sobre la marcha, la renovación institucional. Y ésta, dice nuestro gobierno, se está llevando a cabo "a tiempo"; es decir, ya en plena guerra, en plena balacera, sin tener los pertrechos suficientes.
El presidente Barack Obama se vio orillado a enmendar la plana a su secretaria de Estado, al afirmar que "México es una democracia amplia y creciente, con una economía creciente" (9/IX/10).
Me parece que las percepciones de Clinton se aproximan más a la realidad que las de su jefe. Hay que agradecer la amabilidad de Obama pero, aún más, la sinceridad de Hillary.
Hillary Clinton, en su reciente parangón de la actual situación mexicana con la de Colombia hace veinte años, no es exacta. Y es que, en efecto, los niveles de violencia registrados hoy aquí son bastante menores de los que se registraron en Colombia en los años ochenta o noventa. El problema es que, precisamente, si se decidió seguir la ruta colombiana para enfrentar a los cárteles de la droga, cabe esperar que la violencia en México continuará su exponencial escalada hasta alcanzar, entonces sí, los niveles que se vieron en Colombia. Al menos es eso lo que dicen muchos expertos sobre el caso colombiano: que en México la violencia apenas está calentando motores, y se disparará todavía más. Eso fue previsto por el antiguo zar estadunidense de las drogas, John Walters: "La violencia en México podría empeorar antes que mejorar. Ya lo hemos visto en otros países como Colombia. Los cárteles de la droga reaccionan así porque están desesperados y se sienten por primera vez amenazados" (20/II/08).
Pero la secretaria norteamericana de Estado expresó también su preocupación de que los narcos estén utilizando técnicas de grupos terroristas e insurgentes en el mundo, lo cual toma al Estado mexicano en situación desventajosa, pues "se requiere una combinación de construcción de capacidad institucional, (y) mejor cumplimiento de la ley" (8/IX/10). Por ahí se debió iniciar la lucha contra el crimen organizado: en una reforma institucional profunda, misma que se esperaba al menos desde el gobierno de Vicente Fox, y una práctica de combate sistemático a la corrupción, pero no sólo la vinculada con el narcotráfico, sino la que permea la administración pública y la sociedad, pues ese es justo el terreno abonado para que los cárteles se desplieguen con tanto poder e influencia y puedan comprar a policías y penetrar agencias de seguridad. Iniciar una guerra contra el crimen sin haber primero atendido eso implica precisamente en la desastrosa situación actual (más lo que venga). Pero el gobierno mexicano, siempre optimista, le responde a Clinton, a través del nuevo vocero sobre seguridad, Alejandro Poiré: "En México está en marcha una renovación institucional que se está llevando a cabo a tiempo" (8/IX/10). Hay ahí una diferencia en la apreciación de qué va primero: Hillary sugiere que en primer lugar deben venir las reformas institucionales y la aplicación sistemática de la ley, y aquí se sostiene que primero es la guerra y, sobre la marcha, la renovación institucional. Y ésta, dice nuestro gobierno, se está llevando a cabo "a tiempo"; es decir, ya en plena guerra, en plena balacera, sin tener los pertrechos suficientes.
El presidente Barack Obama se vio orillado a enmendar la plana a su secretaria de Estado, al afirmar que "México es una democracia amplia y creciente, con una economía creciente" (9/IX/10).
Me parece que las percepciones de Clinton se aproximan más a la realidad que las de su jefe. Hay que agradecer la amabilidad de Obama pero, aún más, la sinceridad de Hillary.
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