Miguel Concha
El pesimismo creciente,
derivado de los oprobiosos hechos continuados de violación de los
derechos humanos y del estancamiento de la economía, con su secuela de
desempleo, precarización del trabajo y desigualdad, así como la
insuficiencia de la democracia que creímos haber alcanzado, es un riesgo
que enfrenta el tan necesario cambio de rumbo en nuestro país. Hay
ciertamente encomiables propósitos que se expresan en las agendas de
múltiples organizaciones que, pese a los ejemplares esfuerzos
desarrollados, no han tenido éxito en revertir las tendencias de dolor y
agravio que se extienden por nuestra sociedad.
Esta situación ha
llevado al convencimiento en muchas personas y organizaciones de que
cada quien, aislado, o en alianzas restringidas, es poco lo que puede
lograr, si no se plantea alcanzar un amplio acuerdo que surja del
diálogo entre la multiplicidad de actores que reclaman derechos,
desarrollo equitativo y democracia participativa. Frente a lo anterior,
resulta alentador que diversas organizaciones sociales y civiles, así
como políticos independientes, defensores de derechos humanos y
académicos, se hayan reunido el 12 de mayo último con el fin de unir sus
voces y esfuerzos
para construir un espacio de diálogo que contribuya a formar la imprescindible alianza estratégica en torno de objetivos comunes, aunque conservando su identidad y autonomía. Para señalar sólo algunos pocos nombres, entre las organizaciones campesinas tenemos a la Central Cardenista Campesina y a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional.
Entre las sindicales a los telefonistas, el Stunam y uniones de
diversos sectores y personas, como el Frente Amplio Social Unitario y la
iniciativa Por México Hoy. La facilitación de esta primera reunión
denota también esta diversidad: el obispo Raúl Vera, a título personal;
el dirigente sindical Francisco Hernández Juárez; el senador Alejandro
Encinas; el académico y militante civil Manuel Canto. Lo mismo que la
pluralidad de las voces de las personas que tomaron la palabra y los
testimonios de las CRAC de Guerrero, del Sindicato de Jornaleros
Agrícolas del Valle de San Quintín y la CNTE.
Lo anterior es promisorio
por múltiples razones. En primer lugar porque constituye una novedad en
la tendencia predominante en los movimientos sociales, al ir más allá de
la búsqueda de la construcción de frentes, estando éstos ya en buena
parte constituidos. Partiendo de la articulación de las diversas
agendas, se procede ahora a propiciar acuerdos de fondo, con el fin de
construir una alianza estratégica que, persiguiendo objetivos comunes,
los realice cada quien desde sus espacios y con su identidad.
Liberándose para ello, como lo expresó el obispo Raúl Vera, de cualquier
liderazgo personal. También constituye una novedad la perspectiva
asumida en relación con los partidos políticos. El diagnóstico elaborado
fue que las elecciones se suceden una tras otra sin cambiar la
situación, y la ciudadanía está cada vez más desencantada de los
partidos; pero no se trata de dejarlos que actúen a su antojo, ni de
acabar subordinándose a alguno de ellos, sino de construir entre los
actores sociales un amplio acuerdo que tenga un impacto real en la
política.
Para lo primero se señaló que la relación con los partidos
políticos estará basada en un diálogo crítico, en el que se ofrecerá
debatir sus propuestas programáticas y legislativas, y censurar
abiertamente, cuando así se requiera, las decisiones que tomen. Para lo
segundo, se dijo, “afirmamos enfáticamente que no pretendemos formar un
partido político ni un grupo de apoyo a un candidato a la Presidencia de
la República (…) Somos conscientes de que la conformación de la
articulación amplia que estamos impulsando tiene, y deberá tener,
consecuencias políticas; pero éstas deberán traducirse en las agendas
públicas. La articulación de agendas tendrá cinco ejes iniciales, que
transcribo literalmente:
1) La garantía de todos los derechos humanos
como condición básica de convivencia social y del cambio político.
2) La
construcción de consensos como forma de relación gobierno-sociedad.
3)
La promoción del derecho al trabajo como forma de hacer frente a la
crisis, fortalecer el ingreso, promover la igualdad y combatir la
pobreza.
4) La justicia y la inclusión, pues la injusticia se está
volviendo la norma, no la excepción. Esto tiene que cambiar y volver
realidad la inclusión de todas las diversidades que integran a la
nación.
5) La preservación del medio ambiente como patrimonio de las
generaciones actuales y futuras. No subordinar el equilibrio ecológico a
los negocios depredadores ni permitir el despojo del agua y los
recursos naturales de las comunidades y pueblos.
Para realizar esta articulación se harán reuniones periódicas de
diálogo, y se procederá con base en consensos en un proceso que estará
abierto a todas aquellas personas y organizaciones que quieran unificar
sus visiones programáticas en torno de los ejes señalados. Resulta
significativo que el primer pronunciamiento puesto a consideración –y
que aún está en consulta– sea en torno de los derechos humanos, ya que
éstos se han convertido en el lenguaje básico de diálogo entre todos
aquellos que luchan por transformar al país, rumbo a la paz, la justicia
y el bienestar.
Otra noticia esperanzadora es que, según nos han informado quienes
han venido trabajando en la sistematización de las propuestas de las
diversas organizaciones sociales, una grata sorpresa pueda ser que las
diferencias sean menores de lo que la mayoría se imagina, y que el
esfuerzo máximo sea para construir la voluntad política que se requiere
para lograr una sólida fuerza social, capaz de modificar los derroteros
del país. Articular las agendas es un firme primer paso.
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