¿Quién bloquea el derecho a la alimentación?

 El Poder del Consumidor

Alejandro Calvillo

¿Quién bloquea el derecho a la alimentación?

"Dos años sin la publicación del Reglamento a la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible por la resistencia de un sector del gobierno".

Transformar la forma en que se gobiernan los sistemas alimentarios es una condición de sobrevivencia. Es clave para enfrentar las profundas desigualdades, sus enormes daños ambientales, sus contribuciones al calentamiento global, y, en especial, para promover la producción de alimentos saludables y dejar de producir ingredientes para la comida ultraprocesada, para la chatarra, que ha provocado un grave daño en la salud de la población. Para ello, es urgente una gobernanza multisectorial donde las políticas agrícolas se hagan en coordinación con las políticas ambientales, de salud y de desarrollo social y no que cada una vaya por su lado contraponiéndose, poniéndose el pie. Y en medio de esto, la buena noticia es que México es reconocido por tener la clave para un sistema alimentario saludable y sostenible.

El sistema alimentario actual, el sistema dominante, heredado de la llamada revolución verde, que incrementó la producción, lo hizo a costa de convertir suelos altamente fértiles en suelos infértiles, de contaminar ríos y lagos con agroquímicos, a costa del desplazamiento masivo de millones de pequeños y medianos productores, y a costa de ser una de las principales causas del calentamiento global del planeta. Un modelo que se entregó a la lógica de las grandes corporaciones desplazando la investigación e innovación científica que se venía desarrollando para dar alternativas a las poblaciones campesinas para aumentar su producción, para mantener la riqueza biológica y mineral de la tierra, su fertilidad, desarrollando alternativas ecológicas de control de plagas y malezas.

Ante la situación actual de grandes y profundas desigualdades, de graves daños ambientales locales y planetarios, se plantea la necesidad de un cambio profundo de los sistemas alimentarios. Así lo han reconocido los organismos internacionales de Naciones Unidas y todos los organismos nacionales e internacionales que han trabajado estos temas sin conflicto de interés. Sin embargo, las fuerzas económicas de las grandes corporaciones de los agronegocios, unas cuantas corporaciones que a escala global controlan tanto las semillas como los agroquímicos, mantienen el control y su influencia política. Esta situación la vemos actualmente en México, con el bloqueo a la publicación del Reglamento a la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, reconocida internacionalmente como una de las más avanzadas a escala planetaria.

Mientras se reconoce internacionalmente que México se encuentra entre los 34 países, de un total de 197 evaluados, que cuentan con una propuesta de política en sistemas alimentarios encaminados a lograr mejores resultados ambientales, sociales y económicos a través de su Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible; sectores del gobierno bloquean la publicación de su Reglamento, es decir, del instrumento que permitiría a esta Ley dejar de estar en el papel y convertirse en una realidad.

En el artículo científico publicado en la revista Sustainable Development titulado “De los Ministerios de Alimentación a los Comités Nacionales de Sistemas Alimentarios”, se destacan las políticas multisectoriales para la gobernanza de los sistemas alimentarios. Tenemos aún un sistema en el cual existe una política, desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que actúa teniendo como objetivo central aumentar la producción sin tomar en cuenta los daños ambientales del modelo de producción que promueve, ni el impacto en la salud de los alimentos que se producen, como tampoco sus consecuencias sociales.

En la Ley se propone la creación del Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (SINSAMAC) que tiene como foco que las políticas no vayan en sentido contrario entre las diversas secretarías de gobierno, lo que es una de las grandes incoherencias de la gobernanza, con muy graves consecuencias para la población. El objetivo es que las políticas agrícolas no se mantengan como una amenaza a la salud, al medio ambiente y como forma de exclusión de las poblaciones campesinas. La publicación del Reglamento es fundamental para que el SINSAMAC se vuelva una realidad, para que, con la política multisectorial, la política agrícola vaya de la mano con la política ambiental, con la política de salud y de desarrollo social, y no vaya en contraposición a ellas.

Sin embargo, existen muy fuertes resistencias; resistencias de poder, secretarías que no están dispuestas a colaborar, a poner en cuestión sus proyectos; resistencias por conflictos de interés, cercanías a los grandes intereses económicos, a las corporaciones; resistencia por una formación profesional e ideológica bajo muy viejos paradigmas que ya no pueden responder a los retos que se presentan.

Algo que molesta a estos sectores es que la Ley y el Reglamento establezcan la exclusión del conflicto de interés, es decir, que establezcan claramente que no puedan participar en la toma de decisiones quienes representan fuertes intereses económicos, que se excluya a las grandes corporaciones que tienen como su único interés la ganancia por encima de cualquier otra consideración. De lo que se trata es de impulsar políticas integrales que pongan el interés colectivo por encima del interés privado, que evalúen todos los aspectos: productivos, ambientales, sanitarios, sociales y económicos.

Uno de los puntos centrales de la oposición a la publicación del Reglamento a la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, por parte de quienes detentan los poderes económicos y de los agronegocios, es la obligación de que los productos en el mercado porten un etiquetado informando al consumidor cuando contengan algún ingrediente transgénico. Y aquí ya no funciona el argumento de que el etiquetado de transgénicos puede representar un riesgo de conflicto comercial con nuestros socios comerciales.

Ese riesgo no existe porque en los Estados Unidos ya hay un etiquetado de transgénicos. La única razón es la resistencia de las corporaciones alimentarias a informar a los consumidores mexicanos de la presencia de transgénicos, lo hacen en Estados Unidos, pero no lo quieren hacer en México.

La Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible establece algo que también es del desagrado de ese mismo sector, el reconocimiento formal de una Comisión de Participación Ciudadana.

Han pasado dos años ya sin la publicación del Reglamento a la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible por la resistencia de un sector dentro del gobierno que más que servir al interés público, bajo una visión integral de los sistemas alimentarios para hacerlos justos, adecuados y sostenibles, sirve a los intereses de las grandes corporaciones agroalimentarias.

En México existían instituciones del Estado con recursos para la investigación agrícola dirigida a proporcionar tecnología, conocimiento y prácticas para la producción nacional de alimentos, sin necesidad de pagar patentes a grandes empresas, sin la necesidad de comprar semillas en paquetes tecnológicos amarrados a la compra de agrotóxicos. Esas opciones se implementan ahora como las formas más avanzadas y adaptadas de sistemas alimentarios en otras naciones. La Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible y su Reglamento están en este camino de vanguardia a escala internacional.