Soberanía energética

 Mario Campa

"México carece de soberanía energética. De ser potencia, hoy es importador neto. Las compras de combustibles y gas natural alimentan un creciente déficit".

La soberanía, como las prendas de moda, regresa cada cierta temporada. Las formas cambian, pero el fondo es el mismo: el grado de autonomía de un país frente al exterior. Se tiene o no se tiene. Cuando existe dependencia del extranjero, sea en alimentos o energía, la soberanía en esa dimensión puntual es de papel, no existe. En momentos de estrés, como una guerra, las naciones sin soberanía cruzan los dedos y ruedan los dados, sin ser dueñas de su destino. En el peor caso, se arrodillan ante los poderosos para obtener misericordia o favores.

En días recientes, la Presidenta Claudia Sheinbaum abrió a debate un tema tabú para el obradorismo: el uso de la fracturación hidráulica, o fracking, en la producción de hidrocarburos. La mandataria pretende reducir las importaciones de gas proveniente de Estados Unidos. Cuando López Obrador estuvo al mando, esta técnica intensiva en el uso del agua fue vetada sin miramientos. La promesa de campaña número 75 de AMLO tomaba una postura clara: "No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking", decía.

El giro presidencial es comprensible por una coyuntura de retos y oportunidades. En primer lugar, las finanzas de Pemex permanecen condicionadas por el sobreendeudamiento legado y la subinversión arrastrada. En segundo, Washington cambió el paradigma del libre comercio con el proteccionismo de Trump, impensable cuando el TLC encadenó las fortunas de las economías norteamericanas. En tercero, los mejores precios de los energéticos elevan el atractivo de impulsar la producción doméstica y despiertan el apetito de empresas privadas en los recursos naturales de México. En suma, Claudia Sheinbaum busca aprovechar la ventana de oportunidad.

Allende la coyuntura, pesa en el ánimo un lastre estructural: México carece de soberanía energética. De ser potencia en el sector hace 50 años, hoy día es importador neto. En particular, las compras al exterior de combustibles y de gas natural alimentan un creciente déficit. Las últimas cifras disponibles de la Agencia International de Energía (IEA) muestran que México importó en 2023 el 22 por ciento neto de su uso de energía. En otras palabras, la producción doméstica no alcanzó a cubrir las necesidades del país. Apenas en el 2015, en las postrimerías del boom petrolero, el superávit energético era del uno por ciento. Más atrás, en 1997, el superávit energético era de 56 por ciento, a saber, México exportaba un gran excedente de energía. Por desgracia, la abundancia fue mal administrada.

El gas natural es un talón de Aquiles nacional de larga data. Si bien el gas y el petróleo suelen andar de la mano, la relación es imperfecta. Catar, líder productor de gas y modesto exportador de petróleo, es un ejemplo. En México, a la asimetría de hidrocarburos debe sumarse el estatus de potencia en las manufacturas, mismas que suelen ser cliente predilecto del gas natural. Esa pinza de oferta reducida y demanda ampliada crea condiciones fértiles para la importación. La cercanía de Texas, jefe de jefes en combustibles fósiles, cierra con llave el candado de la dependencia.

Más allá de legítimas preocupaciones por el uso del fracking, otra interrogante válida es el efecto indeseado que el reimpulso al gas tendría en las energías renovables. El boom solar en California y Texas prueba que la temida intermitencia de fuentes alternativas puede ser domada con el respaldo de megabaterías. En Estados Unidos, el decreciente peso del gas en la matriz energética podría abaratar las ventas de excedentes al exterior, y reforzar con ello la dependencia mexicana. En la cruz de la moneda, una mayor producción nacional, sea de Pemex o de empresas privadas, saciaría la demanda energética incremental de CFE a costa, sobre todo, de la energía fotovoltaica. En esencia, el gas obstaculizaría el despegue vertical de la electricidad a base del sol.

Ciertamente, impulsar la energía solar como sustituta del gas no es pan comido. El principal obstáculo es la ingente inversión requerida en celdas y almacenamiento estacionario. Un agravante vinculado es la falta de soberanía tecnológica, que obligaría a México a importar los sistemas fotovoltaicos de China, en detrimento de la balanza comercial. Ante la ausencia de una producción interna de paneles y baterías, las importaciones de capital crecerían de inicio, si bien la dependencia operativa sería menor en relación al gas. En cualquier escenario, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) elegiría entre inconvenientes.

Una salida al dilema sería relajar la austeridad con deuda o una reforma fiscal. Con mayores recursos, el Estado podría invertir en gas, petróleo y energía solar incluso sin ayuda técnica y financiera de empresas privadas. No obstante, esa opción no está en la mesa, al menos de corto plazo. Puesta la camisa de fuerza presupuestal, toca optar por la creatividad. Es allí donde el fracking irrumpe como solución.

Dice un refrán español que “hacer política es cabalgar contradicciones”, más visible cuanto más hay en juego. En México, la aparente rivalidad entre soberanía energética y responsabilidad ambiental, reforzada por la austeridad, encontró un momento máximo de tensión del que no hay salida inmediata. Hacia delante, el éxito o fracaso de la estrategia dependerá de que México recupere su estatus de exportador neto de energía. Si lo logra, liberará recursos para acelerar la transición a una matriz más limpia, asunto hoy postergado para una época de vacas gordas.