9/04/2010

Se volvieron locos
Samuel Schmidt
schmidt@mexico.com

En un libro memorable sobre los riesgos de las armas nucleares (Estados locos), el politólogo israelí Yehezkel Dror concluyó que dos países con capacidad de destrucción nuclear podían volverse locos y lanzarse armas atómicas que los destruirían.

Este enfoque puede ampliarse a otras situaciones, como un fuerte conflicto interno, tal como el de la ETA en el país Vasco, que enloquecido se lanzó a agredir de una manera desalmada y absolutamente irracional a la sociedad. Los coches bomba, ejecuciones y agresiones sistemáticas buscaban intimidar a la sociedad y el gobierno buscando la parálisis de un proceso de integración nacional. Las acciones terroristas obligaron al gobierno español a manejar la guerra llegando a extremos impropios para países democráticos, como haber creado cuerpos de ajusticiamiento. La guerra ha sido larga, sus costos elevados, las tensiones muchas y causo mucha turbulencia. La suerte de ese país ha sido la gran vocación democrática y el hecho que los terroristas han unificado a todo el país contra ellos.

Me inclino por comparar esa situación a lo que hoy sucede en México. Parece que los narcotraficantes y sus asociados, protectores, socios y empleados en el gobierno son completamente irracionales y se han vuelto locos. Y en efecto esto último ha sucedido: han vuelto su gran capacidad destructiva en contra de la sociedad y las instituciones sociales, económicas y de gobierno en un intento consistente de intimidación, avanzando en una escalada en contra de los ciudadanos que hoy están atemorizados.

La lógica dice que no tiene el menor sentido continuar con la escalada actual porque está impactando a la economía y por lo tanto a su mercado, si en el pasado no muy lejano su negocio consistía en la exportación, al parecer ahora se agrega el mercado interno. La racionalidad económica dice que el que quiere vender debe cuidar a sus compradores y si se sigue colapsando la economía por la inseguridad, llegará un momento que se colapsará el número de compradores.
Pero posiblemente la lógica sea otra. A la ETA le preocupaba muy poco la condición en la que sumían al país que querían autonomizar y posiblemente no les preocupaba los esfuerzos que tendrían que aplicar cuando ya lo tuvieran en sus manos; posiblemente este sea el mismo criterio del narco: ellos quieren pasar a un segundo estadio, el control del país y no solamente tener en sus manos algunas zonas para el trasiego de drogas –ahora hay que agregar el secuestro, trata de blancas, la venta de protección y otras linduras-.

Ha quedado demostrado que este gobierno está totalmente rebasado, están desconcertados, confundidos y sin una idea clara de la estrategia a seguir. Esta guerra ha llevado a un proceso de destrucción simbólica a las instituciones, la gente no cree nada, se siente desvalida y desprotegida, muchos huyen, otros se someten, y las opciones parecen irse acabando; hoy se escucha –para horror de la democracia- el llamado a la mano dura, pero los que la tienen carecen de confianza y credibilidad; que nos llevan a pasos agigantados al golpe de estado, bajo militares famosos por violar los derechos humanos.

La otra opción que parece abrirse es que al parecer los narcos hoy apuestan por la inestabilidad política con lo que cualquier opción de estabilidad tendrá que pasar por ellos, así que cualquier fuerza política los deberá considerar y negociar el manejo del país.

Ya no parece tratarse del control de rutas comerciales y acceso al gran mercado de las drogas en el mundo, este tráfico no parece haberse interrumpido ni haberse afectado sensiblemente durante esta guerra, ahora lo que parece estar en la mesa es el control del país.

Los narcos han logrado movimientos en la policía, se han deshecho de políticos incómodos ejecutándolos con una facilidad pasmosa, han penetrado todas las instituciones imaginables –¿cuántos diputados y senadores habrán llegado con su apoyo?- y han mostrado tener formulaciones políticas estratégicas mucho mejor diseñadas que las que tiene el gobierno, véase su política sobre los medios de comunicación que los ha llevado a desde comprar periodistas hasta lanzar granadas para forzar a que se transmitan sus mensajes.

Aumentan las zonas del país que están fuera del control del gobierno y hoy parece más válido que nunca el argumento de que la paz pasa forzosamente por un acuerdo con el narco. Lo que viene enseguida es que la pacificación del país acarreara la ilegitimidad política y con instituciones tan deterioradas como las que tenemos esto puede ser una fórmula catastrófica, así sin querer en una de esas propician una revolución, la primera del siglo XXI.


COMUNICADO-CONFERENCIA PACO IGNACIO TAIBO II



REGRESAR AL MAGONISMO, ORGANIZAR EN CADA FÁBRICA, CADA COMUNIDAD, PROPONE PACO IGNACIO TAIBO II

  • Necesario que la clase obrera se forme intelectual e ideológicamente
  • Llevar el magonismo y la organización a cada fábrica, cada comunidad
  • Debe movimiento sindical abrirse a nuevas formas de organización y acercarse a las luchas de otros sectores
Regresar a la base y organizarnos en cada fábrica, cada comunidad, cada municipio y cada lugar en donde se encuentran aglutinados los sectores explotados de nuestro país es una de las tareas que los trabajadores tenemos que impulsar actualmente, afirmó Paco Ignacio Taibo II, al hablar sobre el Magonismo Ayer y Hoy.

En el marco del segundo día de actividades de la Cuarta Conferencia Sindical Nacional, organizada por el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), el escritor e historiador explicó que la organización desde abajo es el elemento fundamental del magonismo, cuyo proceso del que surgió, la Revolución Mexicana de 1910, fue la primera revolución dirigida por el pueblo llano.

Taibo hizo un breve repaso histórico del magonismo y sus protagonistas, y llamó a los asistentes a la Conferencia a retomar todas las experiencias históricas del movimiento obrero mexicano y a recuperar la tradición de formar políticamente a los obreros, una labor que a principios del siglo XX era fundamental.

“Es hora de regresar al magonismo, vamos a entrarle” —expuso— porque el magonismo representa no solamente a una corriente de gran envergadura sino que de ahí salieron las mejores plumas de la izquierda y las mejores organizaciones de izquierda y sindicales.

“Esta corriente es la que impulsa grandes batallas desde principios del siglo XX y, dado que a la fecha han sido desmembradas junto con el sindicalismo democrático, es necesario que los trabajadores, además de dar la lucha en las calles, se formen intelectual e ideológicamente, dado que “obrero que no lee no merece ser llamado obrero” y porque es el movimiento obrero el que tiene la responsabilidad histórica de hacer los análisis de sus propias luchas, nadie más.

Por su parte, Eduardo Balán, integrante de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y de la Coordinación Nacional hacia una Constituyente Social en la Argentina, aseguró que es necesario recuperar métodos de organización de la clase trabajadora que incluyan dentro de ellos demandas sociales de otros sectores y que sean organizados por y para los trabajadores.



Destacó que en su país se forma ya un importante movimiento de liberación, integrando amplios y diversos sectores de la población, cuya intención es llegar a concretar una Constituyente Social en su país.

Balán explicó que en la Argentina millones de trabajadores carecen de servicios básicos como la alimentación, la salud o el trabajo digno, y que todo esto ha sido producto de un capitalismo salvaje, agudizado por los gobiernos militares y los posteriores a la dictadura iniciada en 1976.

Al hablar sobre la forma en que la CTA ha impulsado la lucha y afiliación de miles de trabajadores, aún aquellos que no pertenecen propiamente a un sindicato, Balán explicó que una de las aspiraciones de esta organización de cara al 2011 es la de llegar a la conformación de la Asamblea Constituyente, en donde esperan tener una participación de unos 40 mil trabajadores en todo el país.

Los principales objetivos de este proyecto son el de buscar una democracia participativa, un presupuesto participativo, libertad sindical, la soberanía sobre los recursos naturales, la igualdad y distribución de la riqueza así como la aspiración latinoamericana de la clase trabajadora en su derecho por autogobernarse y gobernar a la Argentina.

Balán saludó el esfuerzo de la clase trabajadora mexicana por encaminarse a construir un proyecto similar y además expuso que Latinoamérica cuenta con la primera Constitución que engloba dentro de ella demandas de tipo social en beneficio de los trabajadores, esta Constitución, dijo, fue la impulsada por el pueblo trabajador mexicano en 1917, sentando con ello las bases para que la clase trabajadora latinoamericana adquiera ese tipo de experiencias y las retome en momentos en los que la crisis del capitalismo golpea salvajemente a millones de trabajadores en todo el mundo.

Los trabajados de la Cuarta Conferencia Sindical Nacional concluyen este domingo y coinciden con los festejos del XX Aniversario del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical.


OYEEEE !!!

¡¡¡ AL AIREEEE !!!

ALTERNATIVA
LATINAMERICANA
y
TIEMPO DE
MUJERES POR LA
DEMOCRACIA

escúchanos en vivo desde los estudios de CFRU.CA la radio comunitaria de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá el espacio de los latinos con programación de 3 horas en español cfru.ca

Este sábado los temas son:

*Entrevista a Eduardo Miranda
Presidente de la Unión de Juristas de México

Golpeteo a la clase trabajadora mexicana

***
Desde Buenos Aires , Argentina
*El Dr. Norberto Emmerich
Análisis político de nuestros gobiernos
*
San Juan Copala, Oaxaca
la impunidad y el terror siguen
*
Desde Durango, México
*Dontriana
Informe de desgobierno
Mentiras con olor a muerte
**
Mujeres por la Democracia
"El neoliberalismo ha provocado las mayores desigualdades entre hombres y mujeres""
"México: Decidido impulso al feminismo"
La Coeducación
Columna Amy Goodman Eve Ensler: calva, valiente y hermosa .

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Todos los Sábados de 6 a 9 de la noche
(Tiempo del Este)

Video] Denuncian posible desalojo a mujeres de San Juan Copala
Desde el pasado 28 de noviembre de 2009 los hechos violentos se han incrementado en San Juan Copala en la región de la Mixteca
Veronica Villalvazo | Frida Guerrera

Desde el pasado 28 de noviembre de 2009 los hechos violentos se han incrementado en San Juan Copala en la región de la Mixteca, a grado tal que las balaceras se viven a diario, San Juan Copala a dado la vuelta al mundo por la muerte el pasado 27 de abril de Jyri Jaakkola observador de Derechos Humanos y Beatriz Cariño defensora de la Comunidad , a raíz del cerco que viven, el pasado 11 de agosto mujeres en resitencia de San Juan Copala, iniciaron un plantón en la capital Oaxaqueña, exigiendo con esto un alto a la violencia en su municipio mujeres que han salido heridas detallan el dolor que les ha generado dicha situación

El día 21 de agosto a las 18:10 horas tres miembros del Municipio Autónomo fueron asesinados Antonio Ramírez López , dirigente moral del Municipio Autónomo, Antonio Cruz García y Rigoberto Gonzales de 40 años por los grupos paramiliatres de MULT según denunciaron miembros de MULTI en una emboscada ocurrida en el paraje Hierbasanta, cuando se trasladaban a San Juan Copala para la organización de la Tercera Caravana Humanitaria que partiría con destino a la ciudad de México el 23 de agosto. , lamentablemente como expresa Mariana Flores la gente no cree en lo que se padece en Copala,

A 22 días de plantón la celebración del grito de Independencia, amenaza con desalojarlas de el zócalo de Oaxaca.

Estaremos muy pendientes.


Suprema Corte verde olivo




Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F.; 3 de septiembre (apro).- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le han dado vueltas y vueltas, pero pronto tendrán que definir si solapan a los militares violadores de derechos humanos o si sacan a México de la condición de casi paria internacional en la que se encuentra por negarse a acotar el fuero militar.

La disyuntiva es resultado del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se condenó al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla a manos de militares en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en 1974, durante la guerra sucia contra la guerrilla en México.

Como parte del Estado mexicano, el Poder Judicial de la Federación, cuyo máximo representante es la Suprema Corte, está obligado a cumplir con la sentencia en lo que le corresponde, pues la jurisdicción de la Corte Interamericana fue reconocida por México en 1998.

A pesar de que el fallo es muy claro respecto a la obligación de la Suprema Corte para hacer una interpretación constitucional de la jurisdicción militar, algunos ministros, encabezados por Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar, se valieron de una chicana –como se refieren los litigantes a las ardides para dilatar un asunto– para posponer la definición de la Corte.

Anguiano, quien incluso calificó a la Corte Interamericana de “prestidigitadora” por haberse metido con el fuero militar, introdujo la idea de que la Suprema Corte necesita un acuerdo que fije lo que deben hacer los ministros para tratar con los fallos de la Corte Interamericana.

En su sesión del jueves 2 de septiembre, el pleno de ministros fue una caricatura de sí mismo, pues varios de los jueces del máximo tribunal no encontraban la manera de justificar sus rodeos respecto a un tema que es central en cualquier país que se diga democrático: el control de los militares por parte del poder civil.

Los ministros saben que parte de esa responsabilidad está en sus manos, pues el caso Radilla es apenas el primero de una serie de juicios en los que muy probablemente se condene de nueva cuenta al Estado mexicano no sólo por la violación a los derechos humanos por parte del Ejército, sino porque éstas son investigadas en la jurisdicción militar y no por los tribunales ordinarios.

En octubre próximo se espera que la Corte Interamericana emita un nuevo fallo condenatorio al Estado mexicano por la detención ilegal y tortura por parte de militares y encarcelamiento por decisión de un tribunal castrense de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, también de Guerrero, en 1999.

Pero el caso Radilla es más que emblemático, pues a partir de él, –si es que la Suprema Corte lo avala–, los tribuales civiles mexicanos estarían en la condición de investigar los más de 400 desparecidos durante la guerra sucia, oficialmente reconocidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las repercusiones alcanzarían también a las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército y la Marina en la “guerra” al narcotráfico de Felipe Calderón y que ahora están en la jurisdicción castrense.

Si los ministros se imponen a sí mismos reglas para decir cómo deben cumplir los fallos de la Corte Interamericana es casi seguro que se amarren las manos, como lo hicieron cuando fijaron los lineamientos para investigar los casos de graves violaciones a los derechos humanos y que no van más allá del mero señalamiento de involucrados, pero no responsables, como ha ocurrido en los casos de Atenco, Lydia Cacho, Oaxaca –aunque ahí sí mencionaron al gobernador Ulises Ruiz– y la guardería ABC.

El año pasado, la Corte tuvo ya una primera oportunidad de sentar precedente y acotar el fuero militar, pero una mayoría de ministros se impuso para negar el amparo a Reynalda Morales Rodríguez, quien mediante ese recurso pretendía que los tribunales civiles investigaran el asesinato de su esposo y otros tres hombres en la sierra de Badariguato, Sinaloa, en marzo de 2008.

Los hombres fueron ejecutados por militares sin que mediara advertencia alguna, pero gracias a la decisión de la Corte el caso se mantiene dentro de la jurisdicción militar.

México es casi una excepción en América Latina. Durante décadas, la mayoría de los países de la región estuvieron gobernados por dictaduras militares.

Bajo los nuevos gobiernos civiles, han sido los Congresos mediante reformas constitucionales o las propias Cortes a través de interpretaciones constitucionales los que han acotado el fuero militar.

El común denominador de esas reformas e interpretaciones ha sido que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares deben ser investigadas por la justicia civil, pues los instrumentos internacionales de derechos humanos prohíben que los militares se investiguen a sí mismos.

No sólo en el ámbito latinoamericano México está aislado en ese tema. En las agencias y grupos de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas han sido constantes las sugerencias de países de todo el mundo –incluso de Asia y África– para que México abandone esa práctica que es ya una vergüenza internacional.

jcarrasco@proceso.com.mx

Falta voluntad política para aplicar presupuesto para mujeres

ESPECIAL IV INFORME DE GOBIERNO

Aunque existe el recurso; “hay que negociarlo”: legisladoras

Por Gladis Torres Ruiz

México, D.F 3 sep 10 (CIMAC).-
En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, el presupuesto etiquetado destinado para la aplicación de leyes y programas a favor de las mexicanas, ascendió a más de 26 mil millones de pesos (mdp), sin embargo hasta ahora las acciones realizadas por el Estado mexicano para su aplicación han sido inoperantes.

Para Elsa Conde, ex diputada federal por el Partido Alternativa Socialdemócrata (PAS), si bien en términos de cantidades se avanzó del 2007 a la fecha, es decir se cuentan con recursos adicionales de más de 7 mil mdp todavía hay grandes retos en materia de etiquetación y aplicación del recurso. Información de la Cámara de Diputados señala que en 2007, se etiquetaron 200 mdp; para 2008, la cifra aumentó a 7 mil 500 mdp; para 2009, 8 mil 981 mdp, y para el ejercicio 2010 el Presupuesto Etiquetado asciende a más de 10 mil mdp.

Los recursos para los programas para las mujeres empezaron a ser etiquetados hace tres años, y a pesar de que año con año se han ido incrementando, no representan ni el 0.4 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Para vigilar la aplicación del Presupuesto Etiquetado (PE), Elsa Conde, precisó que el Ejecutivo está obligado a entregar, Informes Trimestrales de la Situación de las Finanzas Públicas, que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con información de todas las dependencias y en el que se da cuenta del seguimiento y la aplicación de los recursos, sin embargo estos requieren de un análisis que no se ha realizado. Consideró que a pesar de que éstos se han entregado no son revisados, “deberían de ser de lectura obligada para el propio Ejecutivo, de cómo están aplicando su secretarías o no el recurso, y si es verdaderamente efectiva la estrategia, afirmó la ex diputada federal.

A la fecha no hay un seguimiento final que dé cuenta de las acciones realizadas por el gobierno Federal con el PE, ante ello el pasado 18 de agosto las diputadas de la Comisión de Equidad y Género (CEyG), propusieron crear un anexo específico en la Cuenta Pública para identificar los resultados finales que han tenido las acciones que se etiqueten en materia de igualdad de género.
En un análisis realizado de los Informes Trimestrales, entregados por el Ejecutivo, sobre los recursos asignados para reducir y eliminar la violencia contra las mujeres en el país la ex diputada federal por Convergencia, y ex secretaria de la CEyG, Martha Tagle Martínez, señaló que para atender la violencia de género, se etiquetaron en el PEF de 2008, mil 163.7 mdp; para 2009, 8. 981 mdp y para 2010, 259.7 mdp.

El documento detalla que si bien hay recursos asignados para instancias e instituciones para combatir este flagelo, las acciones realizadas por el Estado mexicano han sido hasta ahora ineficaces y poco transparente la distribución de los mismos.
En 2008, a la Secretaria de Gobernación (SG) se le asignaron 40.0 mdp, para crear el Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género; el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, entre otras acciones incluidas en la Ley General, sin embargo, los recursos no fueron ejercidos, y hasta el momento no existe ninguno de los mecanismos señalados.

Otra dependencia con recursos asignados es la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), en 2008 se le asignaron 166.3 mdp para investigar asesinatos y desapariciones de mujeres; para 2009, las asignaciones ya no se hicieron en la misma proporción. La dependencia reportó que para su operación sólo eran necesarios 80.0 mdp.
No obstante, Martha Tagle, denunció que en el seguimiento presupuestal, se observó que parte de los recursos “fueron transferidos a otras unidades responsables” de la misma PGR, para “atender cuestiones” que se vinculaban con la operación de la Fiscalía Especial.

En lo que se refiere a la salud de las mexicanas, reiteradamente organizaciones de la sociedad civil (OSC), han denunciado que el gobierno de Felipe Calderón, ha implementado “trampas”, otorgando altos presupuestos a los Programas Oportunidades y Seguro Popular, los cuales incluye en el PE, a pesar de que no tiene perspectiva de género
Cada año se ha integrado el Programa de Desarrollo Oportunidades dentro del Anexo 10 (PE); de acuerdo con un análisis titulado “El Presupuesto etiquetado para mujeres”, realizado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar esto es totalmente equívoco, pues aunque ese programa puede tener consecuencias y/o efectos vinculados con el avance de las mujeres, “carece de enfoque de género”.

En consecuencia, su inclusión en el Anexo 10 provoca un efecto tramposo en el presupuesto etiquetado. Por ejemplo, para 2010 el monto total del gasto para las mujeres es de 55 mil 480.2 millones de pesos; no obstante, 46 mil 146.5 mdp corresponden a Oportunidades, por lo que realmente se destinarán a las mujeres 9 mil 333.7 mdp. Elsa Conde subrayó la importancia de que la Comisión de Equidad y Género, y el Instituto Nacional de las Mujeres, llamen a cuentas de porqué en tal programa, se están aplicando o no, los recursos que tenemos, “en suma, podemos decir que tenemos los instrumentos, pero falta mucho”.

“NEGOCIAR” PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

A pesar de que el PE, aumentó significativamente en los últimos cuatro años, este tiene que pasar por un proceso de “negociación” con oficiales mayores y/o Secretarios de Estado, en el que muchas veces predomina la falta de voluntad política. Es lamentable, dijo Tagle Martínez a Cimacnoticias, que año con año el presupuesto de género, siga pasando por un proceso de negociación, que dependa muchas veces de la capacidad política de las diputadas. “Si vamos invertirle o no a combatir el cáncer, si vamos a meterle dinero para combatir la violencia contra las mujeres, etcétera temas realmente preocupantes, que no tendrían que estarse negociando”.

En lo que se refiere a la ejecución de los recursos etiquetados, afirmó que ha sido muy desigual por parte de las dependencias, ya que parte del proceso implicaba un trabajo muy cercano con la Comisión de Equidad y Género, mismo que ya no se está dando.
Es decir, “las legisladoras además de etiquetar recursos nos reuníamos con funcionarios de cada una de las dependencias públicas para checar que el recurso estuviera operando donde tendría que operar y bajar donde tenía que bajar”.

El Día Mundial de la Salud Sexual, será celebrado en 27 países


Como parte integral del derecho a la salud, promovido por la WAS

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 3 sep 10 (CIMAC).-
Mañana 4 de septiembre, por primera vez en México y en 27 países del mundo, se celebrará el Día Mundial de la Salud Sexual, con el propósito de promoverla y lograr el reconocimiento de los derechos sexuales como inherentes a las personas para poder exigir su cumplimiento. Con el lema Hablemos de eso… hablemos de salud sexual, comunidades y organizaciones de 27 países de cinco continentes, promoverán espacios de discusión y reconocimiento de la salud sexual como parte integral del derecho a la salud, informó Esther Corona, representante en México de la Asociación Mundial de la Salud (WAS).

En entrevista, Esther Corona, representante en México de la WAS, señaló que este tipo de acciones son necesarias debido a que en el escenario nacional, la violación a los derechos sexuales es una constante, resultado de ello es la criminalización del aborto en 17 de 32 estados del país y la “alta prevalencia” del embarazo adolescente, consecuencia de la desinformación y la demanda insatisfecha de anticonceptivos.

JÓVENES EN RIESGO

El uso de anticonceptivos ha bajado entre las mujeres de 15 a 24 años. En 2006, 56 por ciento de ellas utilizaba algún método anticonceptivo, una proporción 5 por ciento más baja que en 1997, según la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (Enadid). Mientras que las jóvenes solteras que tienen actividad sexual utilizan todavía menos anticonceptivos que las unidas del mismo grupo de edad, según la Enadid de 2006, sólo 35 por ciento de ellas utilizaba algún método anticonceptivo.

Las necesidades no satisfechas de anticoncepción entre las mujeres casadas de 15 a 24 años de edad, “son elevadas y están aumentando”, ya que hace cuatro años era de 31 por ciento y en 1997 era de 23 por ciento, señala el estudio Las Necesidades de Salud Sexual y Reproductiva de las Adolescentes en México: Retos y Oportunidades, elaborado por el Instituto Guttmacher. De acuerdo con este análisis, entre las mujeres mexicanas de 15 a 19 años de edad, es de esperarse que cerca de 835 mil hayan tenido un hijo a los 18 años o más jóvenes. Pese al interés de tener familias más pequeñas, de 1997 a 2006 aumentó en 2 por ciento la proporción de mujeres en el rango de 20 a 24 años de edad, que tuvo un hijo antes de cumplir la mayoría de edad.

La falta de anticonceptivos además de estar vinculada a embarazos no deseados, también lo está con que esta población es de la más afectada por infecciones de transmisión sexual (ITS). En el mundo, las y los jóvenes de 15 a 24 años de edad representan 45 por ciento de las nuevas infecciones del virus de inmunodeficiencia humana (VIH/Sida). Mientras que en México, el 29.7 por ciento de personas que viven con Sida, tienen entre 15 y 29 años de edad, según datos del Centro Nacional para el Control y Prevención del VIH-Sida (Censida). De acuerdo con Esther Corona, la promoción de los derechos sexuales no es una prioridad para el gobierno mexicano, “ésta, lamentablemente, es una problemática mundial, no sólo del país, ello se debe a que los derechos sexuales aún no son reconocidos como derechos humanos”.

Prueba de ello, es que en el país, desde hace más de un lustro no se promocionan en campañas masivas los derechos sexuales. La última se realizó hace cinco años, se trató de la cartilla de los derechos sexuales de la juventud, mencionó la representante en el país de la WAS. En este panorama, es trascendental que se realicen acciones concertadas entre gobierno y sociedad civil, así como una campaña que brinde información acerca del derecho a la libertad sexual, la autonomía, integridad y seguridad sexuales, el derecho a la privacidad sexual y el derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables. Ahí radica la importancia del lema del primer Día Mundial de la Salud Sexual, es un primer paso para comenzar el diálogo entre la sociedad organizada, autoridades y la población en general, a fin de que el ejercicio de estos derechos se comprenda como parte de la salud sexual.

ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD


La WAS, organización promotora de la salud sexual y los derechos sexuales, articuló actividades en las naciones que festejarán el Día Mundial de la Salud Sexual, mediante foros y espacios de diálogo intergeneracional e intersectorial. En México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Censida, se sumaron a las actividades organizadas por WAS, que iniciaron hoy en la Universidad Iberoamericana. Además, se llevará a cabo un foro de diálogo en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, el siguiente sábado a las 12 horas. Y el mismo día, se realizará otro foro en la Universidad de Veracruz. La información acerca de la conmemoración, se encuentra en la Página web: www.diamundialsaludsexual.org, donde se puede hallar un video sobre la celebración, mismo que será transmitido en más de 200 salas de cine el próximo 4 de septiembre.

Instan a congreso de Tabasco legislar contra feminicidio

Hacen falta reformas legales para cumplir con la Ley

Por la Redacción

México, DF, 3 sep. 10 (CIMAC).- La falta de una política integral para erradicar la violencia contra las mujeres en el estado de Tabasco, contribuye a reforzar el silencio frente al feminicidio que ha cobrado la vida de 147 mujeres, de enero de 2005 a mayo de 2010, revela un informe del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB).

El informe destaca que el concepto de feminicidio se refiere en primer lugar al asesinato de una mujer de forma violenta e intencional, y en segundo lugar, que es cometido por un hombre, que puede ser el esposo de la víctima, el novio, el padre, el hijo o un desconocido, por creer que la mujer es inferior a ellos.

Precisa que las estadísticas sobre el feminicidio que existen en el país, demuestran que no se trata de una problemática exclusiva de alguna entidad, sino que es una prueba de la decadencia de nuestro sistema de justicia y la inoperancia de las dependencias gubernamentales, encargadas de velar por el respeto de los derechos de las mujeres.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), de la Procuraduría General de la República (PGR), en 2007 el estado de Tabasco ocupó el séptimo lugar de un total de 21 entidades federativas que rindieron información de casos de homicidios dolosos o calificados.

En dicha fecha, el primer lugar en casos de feminicidio fue ocupado por el Estado de México con 161, seguido por Michoacán con 86, Veracruz y Guerrero con 66 y 60 respectivamente, entre otros.

Ante ello, el primero de febrero de 2007 se promulgó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), misma que obliga a los estados a realizar las reformas necesarias para adoptarla.

Para que la Ley sea aplicada, es necesaria la elaboración y publicación de un reglamento, mismo que no se ha publicado en 14 estados, incluidos Chihuahua y Veracruz, entidades con foco rojo en violencia contra las mujeres, abunda el informe.

LA LEY EN TABASCO


En Tabasco no se han hecho las reformas necesarias a los códigos para integrar todo lo relacionado al feminicidio, aún cuando en la LGAMVLV se fijan plazos sobre adecuaciones a las legislaciones. El CODEHUTAB exhortó al Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco (IEM), a crear un área de investigación que se encargue de realizar diagnósticos sobre las causas estructurales que generan la inequidad de género para elaborar líneas de acción estratégicas encaminadas a disminuir y erradicar la violencia de género. Concluye que el Congreso del estado de Tabasco debe realizar las modificaciones a los códigos civil y penal que garanticen a las mujeres una vida libre de toda violencia, así como las modificaciones a las leyes para que se garantice el estricto cumplimiento de la Ley. Por último, el informe señala que si el Estado permite esta expresión de la violencia tanto familiar como institucional, será cómplice de la multiplicación de la violencia y de los asesinatos cometidos contra mujeres en el estado de Tabasco, por lo cual lo responsabilizan de todas las violaciones que se deriven de su falta de interés, debido a que hay responsables por acción y omisión.

Seguirán en movilización pacífica, Smeitas


Sin soluciones, a más de un mes de diálogo en la SG

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF. 3 sep 10 (CIMAC).- A más de un mes, de que se instaló la mesa de negociación de “alto nivel” entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el gobierno federal, “no hay avances” en la solución del conflicto, por lo que a partir de hoy las más de 16 mil trabajadoras y trabajadores en resistencia, reiniciaron la movilización pacífica.

Alrededor de tres mil electricistas se concentraron ayer en el Zócalo capitalino, para solicitar públicamente audiencia con Felipe Calderón Hinojosa, quien desde Palacio Nacional rendía su cuarto Informe de Gobierno, sin embargo, “no hubo oportunidad de acercarse”, señaló a Cimacnoticias Fernando Amezcua, vocero del SME.

Las y los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) exigieron con consignas la renuncia de Calderón Hinojosa y la toma de nota para la directiva del sindicato electricista, la cual está pendiente desde hace 35 días, cuando se levantó la huelga de hambre que durante 90 días sostuvieron decenas de electricistas. La toma de nota para la dirigencia, que el gremio en resistencia eligió en asamblea general, sigue sin resolverse, al igual que la reinstalación de las y los 16 mil electricistas que a casi 11 meses del decreto presidencial de extinción de la empresa pública no se han liquidado.

Ello significa el incumplimiento del compromiso de Francisco Blake Mora, titular de la Secretaría de Gobernación (SG), quien además de comprometerse a otorgar la toma de nota, señaló la posibilidad de que se encontrara una salida al conflicto mediante la reinstalación de las y los Smeitas. Sin embargo, después de un mes de sentarse cada semana a discutir la viabilidad de la propuesta del SME, las autoridades siguen diciendo que la Secretaría de Energía la está analizando. También sigue en discusión el pago de una semana de salario, fondo de ahorro y aguinaldo de las y los miles de electricistas que no se han liquidado. “No hemos podido llegar a un acuerdo, porque se realizaron modificaciones, en las que ni siquiera se nos llama trabajadores”.

Ante la falta de respuestas por parte del gobierno federal, además de la protesta pacífica, el SME emprenderá dos acciones jurídicas para defender los derechos laborales del gremio en resistencia, ambas son elaboradas por los abogados del sindicato. La primera de ellas, es un amparo en contra de la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por el laudo que emitió el pasado 30 de agosto, en el que señala la culminación de la relación laboral de las y los electricistas con la desaparecida LyFC. Igualmente, denunciarán penalmente a Fidel Antuña, titular de la Dirección General de Registro de Asociaciones, quien en lugar de asignar la toma de nota a las organizaciones que cumplan con los requerimientos establecidos, “obedece las órdenes del secretario del Trabajo, Javier Lozano”.

Continuarán con la mesa de negociación en la SG y con las movilizaciones, con las que además de presionar al gobierno federal para que dé una pronta solución al conflicto, se sumarán a la protesta de otras organizaciones sindicales, como ayer lo hicieron con las y los trabajadores de Mexicana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Justicia para activistas Beatriz Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola

Demandan en Campaña Mundial impulsada por ONG

Por la Redacción

México, DF, 3 sep. 10 (CIMAC).- El Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y la Red Cívica Veracruzana (RECIVE), se sumaron a la Campaña Mundial de Justicia para la activista Beatriz Alberta Cariño, y el observador finlandés Jyri Jaakkola, asesinados en San Juan Copala, Oaxaca el 27 de abril pasado, e hicieron un llamado a las organizaciones sociales, indígenas y ciudadanas para que se sumen a esta iniciativa.

En un comunicado, ambas organizaciones precisaron que con el apoyo de la organización Petateras de Nicaragua, la campaña arrancó el pasado 27 de agosto y que el próximo 7 de septiembre se realizará una protesta ante la delegación estatal de la PGR en Xalapa.

Exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que la averiguación previa iniciada con motivo de los asesinatos de la defensora de Derechos Humanos, Beatriz Alberta Cariño y del observador finlandés Jyri Jaakkola, sea consignada al juez competente, para que sean liberadas las órdenes de aprehensión en contra de los responsables de los crímenes.

Ambos activistas fueron asesinados durante la emboscada a la primer caravana de paz y solidaridad internacional, conformada por defensores, observadores civiles, nacionales e internacionales y periodistas, que se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca. (Cimacnoticias 16 de junio de 2010).

Condenaron la actuación del gobierno estatal de Oaxaca, que ha brindado protección de manera abierta a los responsables de estos crímenes ya que “por omisión o por comisión los funcionarios estatales deberán ser investigados por su responsabilidad en la espiral de violencia que ha enlutado a las comunidades de San Juan Copala, y que en los últimos 8 meses le ha costado la vida a 27 personas”.

Tampoco olvidan que hace más de dos años fueron asesinadas las comunicadoras triquis Felicitas Martínez y Teresa Bautista, caso del que la PGR estuvo a cargo, y hasta ahora ninguno de los autores materiales e intelectuales han sido detenidos.

Las locutoras y reporteras de la Radio Comunitaria “La Voz que rompe el silencio”, de San Juan Copala, fueron asesinadas el 7 de abril de 2008, durante una emboscada cuando viajaban rumbo a la capital del estado, donde coordinarían la mesa Comunicación comunitaria y alternativa: Radios comunitarias, video, prensa, Internet, en el Encuentro Estatal por la Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca. (Cimacnoticias 8 de abril de 2008)

Reconoce SCJN obligación internacional por caso Radilla


Continúa análisis de la obligación integral del Estado mexicano


Por Anayeli García Martínez


México, D.F., 3 sep 10 (CIMAC).- El derecho internacional es fuente de obligaciones pero éste no debe transgredir el derecho interno de México en temas como el contenido del artículo 13 de la Constitución mexicana, que declara que “subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar", afirmó el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Esto, durante la segunda sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para analizar la “consulta a trámite” formulada por el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia en relación a las obligaciones derivadas de la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco para el Poder Judicial de la Federación.

Este análisis por parte del máximo tribunal del país es importante porque históricamente el tema de las fuerzas armadas no se ha revisado, dijo en entrevista con Cimacnoticias el general Francisco Gallardo, quién además afirmó que el fondo de esta consulta podría poner control a este agente del Estado que legitima la violencia. Así lo demuestran los casos de graves violaciones a Derechos Humanos (DH) cometidas por elementos castrenses que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH): la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, la tortura y detención arbitraria de dos campesinos ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera; y la violación sexual de dos indígenas tlapanecas, Inés Fernández y Valentina Rosendo.

COMPROMISOS INTERNACIONALES


Las y los ministros de la SCJN aún no definen si estudiarán a fondo el asunto, porque la discusión de este jueves se centró en las obligaciones internacionales del Estado mexicano, además de cuestionar el valor y alcance de las sentencias de la CoIDH, pues este es un tema prioritario para definir si atendía esta consulta a trámite.


De acuerdo con el ministro ponente, José Ramón Cossío Díaz este tema es “de enorme complejidad, pues es un caso inédito”, y dijo que habría que revisar tres temas: si se necesitan normas para cumplir con una sentencia de la CoIDH, si la sentencia tiene efectos en la SCJN y los alcances de las consultas a trámite que hace el ministro presidente.


Ante la postura del ministro Aguirre Anguiano de no analizar el tema porque no era de su competencia pues la sentencia fue para el Estado mexicano y no precisamente para la SCJN, Cossío Díaz aclaró que “no es posible fragmentar al Estado mexicano y suponer que unos de sus órganos sí están obligados y otros no”.


A su vez, las ministras Margarita Beatriz Luna Ramos y Olga Sánchez Cordero coincidieron en que se debía dar trámite después de analizar si le resultan obligaciones a la SCJN o al Poder Judicial de la Federación, de la sentencia dictada por la CoIDH sobre el caso Radilla Pacheco. Mientras tanto, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que aunque no hay una norma reglamentaria que establezca un trámite para el cumplimiento de sentencias de la CoIDH, este caso sirve para “resolver el tema o bien plantear cuál es la vía para resolverlo, por dos razones: se trata de una obligación asumida por el Estado mexicano que demás involucra derechos humanos”.

Al final y en vista de la importancia de este asunto, la discusión se prolongará por tiempo indefinido, por ahora el Pleno continuará su análisis el próximo lunes.

EXHORTAN A UNA RESOLUCIÓN

En tanto un grupo de organizaciones de la sociedad civil hizo un llamado a la SCJN para que emita una resolución que reconozca la obligación de acatar las sentencias que emite la CoIDH, ya que los compromisos contraídos por el Estado mexicano, al firmar y ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos, son vinculatorios para el Poder Judicial de la Federación. Además exhortaron al máximo tribunal del país, a adoptar una resolución acorde a las normas nacionales e internacionales en la materia, pues consideraron que es importante debido a que existe otra sentencia de la CoIDH que ha sido incumplida por el Estado mexicano (el feminicidio de Campo Algodonero), así como otros casos que están por concluir y que tocan aspectos relativos a la “indebida extensión del fuero militar”.

Los Centros de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos", entre otros, coincidieron que el cumplimiento de la sentencia es obligatoria para todos los órganos del Estado.

Educación, para acotar trata y tráfico de personas, plantean


Analizan el papel de la comunidad en la esclavitud del siglo XXI

Por Alma Celia San Martín, corresponsal

Jalapa, Ver. 3 sep 10 (CIMAC).- Aunque no se sabe con exactitud cuántas víctimas existen en el mundo por trata y tráfico, se sabe que estos delitos generan 31 millones de dólares de ganancias, afirmó aquí Mila Paspalanova, de la Unidad de Fortalecimiento Institucional del Alto Comisionado de Naciones Unidas. En la conferencia magistral dentro del ciclo “Trata de personas. El papel de la comunidad en la esclavitud del siglo XXI”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV) y del Programa de Derechos Humanos (PDH) de la misma institución, dijo que es la misma sociedad la que propicia que este tipo de prácticas delictivas sigan vigentes.

Sostuvo que si bien hay otros factores que entran en juego, como la desigualdad social y la impunidad, la misma comunidad crea la necesidad, la existencia de ciertos fenómenos aunque no se percaten del problema.
Un ejemplo sencillo de esta situación, es comprar ciertas marcas de zapatos deportivos o adquirir ropa en tiendas que pertenecen a una cadena española, que en ambos casos se caracterizan por contratar sobre todo a mujeres y niños menores de edad, para maquilar sus productos.

En este sentido explicó que las actividades que los niños realizan, “entran en la definición de una persona que trabaja en condiciones de esclavitud”, con un salario ínfimo y nulas prestaciones. “Como sociedad debemos pensar ¿hasta dónde? No lo provocamos directamente, pero actuamos de tal forma que provocamos su persistencia.” Puntualizó que tanto la trata como el tráfico de personas son dos delitos basados en el abuso de la vulnerabilidad de una persona, por lo que es incorrecto acotarlos solamente a la explotación sexual y la prostitución.

En la mayoría de los casos así son las cosas, pero las víctimas de trata también son aquellas que son obligadas a cualquier tipo de trabajo forzoso.
A su vez, Namiko Matsumoto, coordinadora del PDH de la UV, sostuvo que alcanzar el ideal común de los derechos humanos es el respeto a la dignidad, y ello es posible si se promueve su respeto y aprendizaje, y la Universidad tiene todo el potencial para ello. Agrego que dicha tarea es factible, la Universidad Veracruzana cuenta con recursos humanos y su capacidad, talento y vocación para llevarla a cabo. Se trata de educarnos y educar en el impostergable compromiso de eliminar todas las formas de discriminación, intolerancia e injusticia.”

En tanto, Lourdes Ortiz, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), hizo hincapié en la importancia de hablar de la trata de personas en el seno universitario, para disminuir ese tipo de prácticas es necesario ayudar a la gente a identificar sus variantes, repercusiones y opciones de denuncia.
Las sinrazones del poder

Miguel Concha

El fin de semana pasado tuvo lugar en San José, Costa Rica, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la audiencia por el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Su arbitraria detención y las torturas de las que fueron víctimas, aun cuando sucedieron durante la presidencia priísta de Ernesto Zedillo, constituyeron uno de los primeros hechos que pusieron en evidencia el escaso compromiso del gobierno panista de Vicente Fox en materia de derechos humanos, a pesar de que constituyeron un eje de su retórica inicial. Mediante la Procuraduría General de la República, el Ejecutivo federal los liberó en 2001, arguyendo razones humanitarias. Pero como sucedió en otros casos, nunca reconoció su inocencia. Y tampoco revirtió las condiciones que hicieron posibles los hechos: no se investigó ni se sancionó a los militares responsables de la tortura.

Durante el periodo en que Rodolfo y Teodoro permanecieron en prisión, se inició una larga lucha que no ha culminado, uno de cuyos hitos lo constituye precisamente la audiencia recién celebrada. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) se ha mantenido en el caso junto a ellos; nuevos actores se han sumado también a la exigencia de justicia, y al mismo tiempo se constata cómo persisten tanto la explotación ilegal y descontrolada de recursos naturales en la zona, que obligaron a Teodoro y Rodolfo a defender su territorio, así como las condiciones que obstaculizan la actividad realizada por defensoras y defensores de derechos humanos. Y cómo la militarización del país avanza a la par de los abusos cometidos por las fuerzas castrenses que realizan labores de seguridad pública, sin que hasta la fecha haya recursos eficientes para poner un alto a tales atentados contra la dignidad humana, entre otras cosas por la negativa gubernamental a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

El caso de los ecologistas Montiel y Cabrera fue sometido el año pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo conocimiento de él desde 2001, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que el Estado mexicano ha rehusado ejecutar las medidas necesarias dictadas por ella para reparar el daño y hacerles justicia.

En la audiencia celebrada en Costa Rica, donde se ubica la sede de la Corte, estuvo presente Rodolfo Montiel, quien narró su participación en el movimiento campesino de defensa de los bosques, así como la detención y la tortura que sufrieron a manos del Ejército. Planteó también de manera contundente sus exigencias al Estado mexicano: que los militares no tengan injerencia en la seguridad pública; que no se obstaculice a quienes participan en la defensa ambiental, ni la labor de los defensores de derechos humanos en general, y que se establezcan las condiciones para que nadie vuelva a ser víctima de los abusos cometidos contra ellos.

Participó igualmente en la audiencia el doctor Christian Tramsen, médico que junto con el experto en medicina forense Morris Tidball-Binz realizó en Iguala, Guerrero, una revisión médica a los ecologistas durante su encarcelación. Los exámenes practicados demostraron que ambos habían sido sometidos a torturas que los afectaron gravemente. La perita de la PGR presentada por el Estado mexicano, sin experiencia en el diagnóstico de tortura (según los datos proporcionados por ella misma ante los jueces de la Corte), intentó rebatir sin éxito lo afirmado por el doctor Tramsen. A pregunta expresa de los representantes de las víctimas, terminó por admitir que los certificados médicos de la procuraduría no constituyen un examen médico completo, ni cumplen con los estándares internacionales para la detección de tortura.

Representaron a las víctimas ante la Corte el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Contra el Estado mexicano sostuvieron que los hechos del caso constituyen violaciones a derechos consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura: derecho a la libertad y la seguridad; derecho a la integridad personal; derecho a la libertad de asociación; derecho al debido proceso y garantías judiciales. Las partes se han encontrado y han expresado su postura. Queda aún por esperar la sentencia que emitirá la Corte. En ésta, que probablemente será condenatoria, se ordenará al Estado mexicano tomar las medidas necesarias para revertir las condiciones que hicieron posible las violaciones a los derechos humanos de los campesinos ecologistas. Igualmente se ordenará que se repare el daño y que haya condiciones para el acceso de las víctimas a la justicia.

Debido a la falta de compromiso gubernamental con las garantías fundamentales en México, es probable que en el futuro el Estado sea llamado nuevamente a rendir cuentas por otros casos. Debemos considerar también que en estos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute la manera de abordar la sentencia del caso Rosendo Radilla, en el que la Interamericana sentenció a México a ajustar el Código de Justicia Militar. Tema del que de nuevo hablaré en colaboración posterior, toda vez que sigue en discusión ese punto en la SCJN. Por ahora el caso de los ecologistas ha adquirido relevancia, y su importancia se hará notar en la medida en que los defensores de derechos humanos, especialmente quienes asumen la defensa de los bienes comunitarios, encuentren mejores condiciones para el desarrollo de su actividad.

Porfirio Muñoz Ledo

Abdicaciones del Congreso

Nunca había sido interpelado tan vivamente sobre el acontecer nacional, por medios electrónicos y aproximaciones callejeras que a raíz de mi brevísima intervención —tres minutos— en la sesión de apertura del Congreso. Los respaldos han sido unánimes, las preguntas angustiantes. Mis palabras fueron interpretadas como una severa condena a la clase gobernante y un certificado de defunción de las instituciones representativas.

La ceremonia de oropel apenas encubría la rendición del Legislativo, como las fiestas del bicentenario: vacías de memoria, de proyecto y de íntimo decoro. Los legisladores aborregados bajo el mandato de jefes políticos, súbditos a su vez de cacicazgos ajenos a los intereses nacionales. Perdido el cuidado de las formas, que fue refinada especialidad del régimen posrevolucionario y de su antecesor: el porfiriato.

La violación tumultuaria de la ley para acomodar pequeñas ambiciones y equilibrios tan precarios como estériles. La cuestión no es si el PRI, el PAN o el PRD van a ocupar tal o cual posición en la Cámara, en aras de promociones personales o sucesorias. La tragedia es que los liderazgos parlamentarios —el mandarinato— están dispuestos a entregar la autonomía y dignidad de la representación nacional a cambio de equívocas candilejas y migajas burocráticas.

La ceremonia del 1 de septiembre fue un rosario de vejaciones a la Ley Orgánica del Congreso. Su artículo 7 dispone que “el Presidente de la República asistirá a la apertura del primer periodo de sesiones”, ordenamiento que regula la forma como deberá cumplir el mandato del artículo 69 de la Constitución. Sin embargo, el Ejecutivo no estuvo ahí, en abierto desafío al Poder Legislativo. No hay jefe de Estado que ose ausentarse, en ningún sistema democrático en el planeta.

El mismo artículo estipula “antes del arribo del Presidente hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos”. Tal obligación fue doblemente incumplida, trasladándose los mensajes al domingo 5, en cada Cámara separadamente, cuatro días después de que el Ejecutivo enviase su informe al Congreso a través de un personero y transmitiera por los medios un monólogo autoritario a despecho de la división de poderes.
En seguida indica que “el Presidente del Congreso contestará el Informe en términos concisos y generales”, lo que no ocurrió y si llegara a hacerlo sería a ridículo destiempo y en ausencia de su interlocutor —onanismo legislativo. Olvidaron que las anteriores disposiciones fueron fruto de la recuperación de facultades congresuales en los inicios de la transición y que estuvimos a punto de instaurar la interpelación parlamentaria regular con el titular del gobierno federal.

El artículo 17 ordena: “La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el pleno”, añade que será “por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes” y precisa que “se hará por cédula o utilizando el sistema de votación electrónica”. Ninguna de esas disposiciones fue acatada y se asumió que, no habiendo acuerdo de las dirigencias parlamentarias, podía omitirse el escrutinio. Ignorancia supina y estupidez jurídica.

En todos los parlamentos se eligen las Mesas por el pleno. Si media acuerdo de los actores, éste se refleja en la votación —hasta por unanimidad. Si no lo hay, se forman planillas contendientes hasta que una alcanza la mayoría requerida. En la Asamblea de las Naciones Unidas llegamos a votar en urnas 106 ocasiones los candidatos de América Latina a un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad a finales de 1979. Terminado el periodo, México fue electo por consenso como tercero en concordia.

El acta de la sesión del día primero —consagratoria de esos desmanes— es ilegal y lo seguirá siendo hasta el fin de los tiempos. Teníamos ya un Ejecutivo dudoso, por no decir espurio, y ahora nos amanecemos con un Congreso descabezado por su propia voluntad en renuncia a la legitimidad que detentaba. La abdicación del Poder Legislativo completaría la desaparición de los poderes republicanos. El único refugio posible es una ciudadanía militante.
Diputado federal del PT
Centroamérica ante la involución mexicana

Editrorial La Jornada
Acasi dos semanas de la masacre de 72 centro y sudamericanos ocurrida en Tamaulipas, los cancilleres de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana solicitaron a México, en un comunicado conjunto, la instalación de un observatorio de derechos humanos para proteger a los migrantes indocumentados que transitan por nuestro país; la adopción, en el corto plazo, de mecanismos para evitar que se cometan hechos de violencia como los referidos, y el esclarecimiento de esos asesinatos.

El reclamo de estas naciones pone en relieve un gravísimo retroceso en nuestro país. En otras décadas, México se desempeñó como un factor de civilidad, de paz y de respeto a los derechos humanos en Centroamérica; como ejemplos, la declaración franco-mexicana sobre El Salvador (1981), la conformación del Grupo Contadora, antecesor del Grupo de Río, y las intermediaciones en los procesos de paz de El Salvador y Guatemala. De igual manera, la diplomacia mexicana logró forjar una tradición de asilo y hospitalidad hacia los refugiados, como quedó de manifiesto con la recepción de guatemaltecos en entidades del sureste. Hoy, sin embargo, los gobiernos centroamericanos demandan a las autoridades mexicanas el respeto a las garantías individuales de sus connacionales, y exhiben con ello la incapacidad de nuestro país para hacer cumplir los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física.

En dicha petición convergen, por un lado, la evolución política que han experimentado esos países en las últimas tres décadas –la cual ha sido posible en buena medida gracias a México– y, por el otro, el deterioro por el que, en ese mismo lapso, ha transitado el Estado mexicano en el cumplimiento de sus responsabilidades básicas. Es inevitable vincular esta descomposición con la aplicación en el país de una doctrina económica –el neoliberalismo– que pugna por una reducción extrema del Estado en sus dimensiones y atributos: si las facultades públicas en materia de política económica, industrial y comercial han sido deliberadamente disminuidas, es inevitable que ocurra otro tanto en terrenos como el control migratorio y el de la seguridad pública.

Tal circunstancia ha llevado a un escenario de ruptura de la legalidad en el cual los extranjeros que carecen de documentos migratorios constituyen uno de los sectores más desamparados y vulnerables. Ilustrativo de ello es el dato, proporcionado hace unos días por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de que entre septiembre y febrero pasados fueron secuestrados en el país 10 mil migrantes irregulares.

La conclusión inevitable es que el gobierno mexicano carece de autoridad moral para reclamar por el trato degradante al que son sometidos los connacionales en Estados Unidos, cuando aquí se cometen atropellos iguales, o peores, contra los ciudadanos de otros países. La autoridad no garantiza el cumplimiento de los derechos de ese sector, pero esa omisión no es lo más grave: a ello se suman los abusos cometidos por las autoridades mismas y los casos de complicidad entre funcionarios públicos y bandas dedicadas al tráfico de personas. Tal circunstancia, en suma, coloca al gobierno mexicano en una posición de descrédito y vergüenza frente al mundo.

El hoy de nuestra América Latina.....


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Por primera vez un proyecto con radicales proyecciones políticas de cambio hacia el socialismo entraría en el escenario político de la América Latina por vía pacifica.
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Disminuye tasa de mortalidad neonatal en Nicaragua
La ministra de Salud de Nicaragua, Sonia Castro, informó que entre los años 2008 y 2009 se redujo en un 10% la tasa de niños fallecidos antes de los 28 días de nacido.

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En su primer discurso, luego de cuatro años de receso, el ex presidente cubano recordó que la paz debe ser el camino para mantener un planeta habitable y en armonía.
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El presidente iraní se pronunció contrario al encuentro entre los mandatarios de Israel y Palestina, ya que a su juicio esta iniciativa esta condenada al fracaso.

Entra en vigor Ley en Argentina para democratizar marco jurídico de medios
La reglamentación fue publicada ayer por decreto en el Boletín Oficial. Esta permitirá a organismos sociales y comunitarios tener licencias para estaciones de radio y televisión.

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Los presos mapuche enfrentan condiciones climáticas desfavorables, ya que las instalaciones de los centros de reclusión no son adecuadas a las temperaturas.

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“Estos ataques dirigidos deliberadamente a los musulmanes chiítas, que han causado tantos civiles muertos son inaceptables”, enfatizó el secretario del organismo, Ban Ki-Moon.

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Lala Pomavilla ratificó que la matanza fue cometida por 'Los Zetas', y pidió a sus compatriotas abstenerse de intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos a través de México.

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El secretario de gobierno de Caquetá, Edilberto Ramón Endo, atribuyó la acción a las FARC, pues según las autoridades ese grupo armado tiene una significativa presencia en la zona.

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El sector fabril perdió 27.000 empleos después de que había ganado 34.000 el mes anterior. Remuneraciones promedio han subido un 1,7% en los últimos doce meses.

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El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, reclamó respeto al privilegio de la Humanidad a vivir y resaltó el gravísimo peligro que constituye una posible agresión de Estados Unidos contra Irán.
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Miles de documentos secretos revelados por el sitio de denuncia WikiLeaks sobre Afganistán aportan pruebas irrefutables sobre el asesinato de cientos de civiles por parte de las tropas europeas y estadounidenses involucradas en el conflicto.

Campaña electoral venezolana: maquinaria roja vs poder mediático
04 de septiembre de 2010, 08:35Por Waldo MendiluzaCaracas, 4 sep (PL) Los 10 primeros días de la campaña para las legislativas venezolanas del próximo 26 de septiembre quedaron marcados por el despliegue en las calles de la maquinaria socialista y la inclinación de los medios de comunicación privados hacia el proselitismo opositor.

Efemérides Septiembre 4, 2010
de Cuba y el Mundo
EE.UU. pierde otro soldado en Afganistán
Las bajas del Pentágono en Afganistán ascendieron a 327 en lo que de año, después que la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) confirmó hoy la muerte de otro soldado estadounidense en el sur del país islámico.
Decisión judicial y alianza política destacan en semana paraguaya
Juan Carlos Díaz GuerreroAsunción, 4 sep (PL) La decisión de la Corte Suprema de Justicia para habilitar al ex presidente paraguayo Nicanor Duarte como senador, y la búsqueda de alianza política para las elecciones de noviembre destacaron en la semana que concluye.
ONU reconoce lucha contra la corrupción en Bolivia
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, celebró las iniciativas y logros de Bolivia en la lucha anticorrupción y la defensa del medio ambiente, confirmaron hoy autoridades gubernamentales.
Negociador nuclear de EE.UU. viajará a Surcorea la próxima semana
Estados Unidos y Surcorea dialogarán aquí la próxima semana sobre una reanudación de las conversaciones a seis bandas para la desnuclearización de la Península Coreana, proceso que China trata de reiniciar.

HAITÍ-UNASUR
En su visita al país caribeño, el presidente pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Rafael Correa, confirmó la cantidad de los fondos entregados. Días atrás, la entidad instaló una secretaria en la isla.

Fue contra la emisora comunitaria Puerto Wilches Estéreo ubicada en el andino departamento de Santander, Colombia. Se trata de la cuarta agresión en tres años que sufren los integrantes de la radio en las instalaciones.
Informe AMARC ALC Misión de Libertad de Expresión Colombia

CUBA-FIDEL
El líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, reclamó este viernes respeto al privilegio de la Humanidad a vivir y llamó a evitar una posible guerra nuclear.



Tercera declaración internacional de historiadores en apoyo al pueblo mapuche
Entrevista en Buenos Aires a Paco Ibañez
Entrevista con Dick Emanuelsson, corresponsal del semanario sueco Flamman