Violación al derecho a la protesta social

Magdalena Gómez

El pasado miércoles vivimos en la ciudad de México un hecho político más con prácticas policiacas, que hacen el binomio perfecto con la aparición de jóvenes que los agreden, mientras se construye la falsa imagen del policía heroico e inerme que ya se está convirtiendo en crónica de la represión anunciada: se divulgan los enfrentamientos de un grupo etiquetado como anarquistas con la policía, y se ocultan las numerosas agresiones policiacas a manifestantes pacíficos cuya máxima peligrosidad es portar una cámara o intentar grabar con un teléfono celular. Todo ello con la casi desaparición del evento político central, como fue la conmemoración de 45 aniversario de la impune masacre del 2 de octubre de 1968.

Ni convocantes, ni manifestantes, ni mitin, ni discursos aparecieron en los medios con todo y la importancia de no olvidar. El mismo patrón desde el 1º de diciembre de 2012, cuando sectores ciudadanos tenían fundados motivos de inconformidad ante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, cuyas razones y mensajes también se omitieron para dar lugar a la persecución y arresto policiaco de quienes se cruzaban en su camino. Pareciera que esta vez ya tocó fondo esta desafortunada estrategia que, al margen de la existencia real de un grupo calificado de anarquista, se constituye en el telón de fondo de la violación sistemática al derecho a la protesta social, civil, pacífica, para la cual hay sobrados motivos para los movimientos sociales, electricistas y maestros, y en los próximos días la gran batalla contra las reformas energética y fiscal. 

Esta vez, sectores de la sociedad civil están documentando las múltiples evidencias testimoniales y videograbadas sobre las diversas caras de la represión practicada desde las fuerzas del Estado con y sin uniforme. También se está cuestionando la actuación de ese grupo de jóvenes, ni siquiera autonombrados anarquistas, sino que han sido bautizados como tales desde los espacios oficiales y en la mayoría de los medios. Hoy resulta necesario romper el silencio respecto de un fenómeno que está impactando de manera perversa en el esclarecimiento de una estrategia de miedo hacia la ciudadanía y sus manifestaciones políticas. También el Gobierno del Distrito Federal deberá rendir cuentas claras, sin apelar al bono del origen democrático. Está bien que se busque la revisión del protocolo de actuación de la Secretaría de Seguridad Pública, pero ello no los exime de desarrollar una investigación a fondo sobre los sucesos del pasado 2 de octubre. Los testimonios de civiles golpeados o detenidos arbitrariamente vinculan directamente a policías con y sin uniforme.

Si antes se hablaba de porros, de halcones, de infiltrados y se les denunciaba, hoy el eufemismo de anarquistas no debe servir de cortina de humo que paralice la exigencia desde la izquierda social para que se detenga ya esa estrategia, cuyo libreto se repite una y otra vez. Ojalá que la Red Todos los Derechos Humanos para Todas y Todos, la organización Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez concluyan su informe sobre estos hechos ominosos para ser entregado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sesionará en México esta semana. En el caso del Centro Pro recibió agravio directo con la agresión policial a cinco de sus miembros (que portaban identificación como tales), para impedir su labor de documentación y recuperación de pruebas.

No hay evidencia de que los partidos políticos estén empeñados en exigir el respeto al derecho a la protesta social que hoy más que nunca requiere ejercerse. Se tiene ante sí una agenda compleja para mostrar a la ciudadanía la situación de emergencia nacional generada desde la clase política hegemónica que opera desde los tres poderes del Estado. No resulta fácil deconstruir la imagen de una buena parte de los medios cuando, por ejemplo, estigmatizan al magisterio democrático de la CNTE con aviesos motivos para bloquear el tránsito y afectar la vida cotidiana, sin que aparezcan sus razones de lucha contra una reforma disfrazada de educativa, pero con directrices laborales y administrativas que atentan contra sus derechos adquiridos. Con plena mala fe se instala el símil de derechos igual a privilegios y encima mal habidos. El mismo discurso se aplicó contra el Sindicato Mexicano de Electricistas. En el caso del petróleo, por distintas vías se hace aparecer la apertura al capital trasnacional sobre recursos estratégicos como la iniciativa que permitirá salir de la crisis económica y a sus opositores como meros emisarios del pasado que reivindican una historia que por cierto se han empeñado en desaparecer del currículum de la escuela pública. La marcha del 12 de enero de 1994, que impuso el cese unilateral al fuego contra los zapatistas, o la que logró detener el desafuero de López Obrador , son ejemplos de la fuerza social que se construye sin el miedo que están sembrando.