Gloria Leticia Díaz
MEXICO,
D.F. (apro).- Amnistía Internacional (AI) alertó sobre violaciones a
los derechos de privacidad y de libertad de expresión contenidas en el
dictamen de la Ley de Telecomunicaciones aprobado este miércoles en las
comisiones del Senado de la República.
En un comunicado, AI mostró su preocupación por el “acceso
irrestricto a los datos personales” de los usuarios de las
telecomunicaciones que tendrían las instituciones policiacas, así como
por las facultades que tendrían las autoridades “para bloquear o
limitar el acceso a Internet de forma arbitraria”.
En medio del debate sobre la Ley de Telecomunicaciones, Amnistía
hizo un llamado a los legisladores para que garanticen que la
legislación que será discutida en el pleno del Senado “proteja
plenamente los derechos humanos, en particular los derechos a la
privacidad y la libertad de expresión”.
Para la organización resulta preocupante que lo aprobado ayer en
comisiones permita a las corporaciones policiacas y agencias de
seguridad acceso total a los datos personales de los usuarios, así como
la geolocalización “sin que medie orden judicial o causa razonable”, e
incluso obligaría a los proveedores a “mantener los metadatos de las
comunicaciones por un año”.
También resaltó que “la recolección indiscriminada de datos y la
retención de metadatos constituyen una violación al derecho a la
privacidad, especialmente cuando los datos son almacenados por un
periodo prolongado de tiempo”, además de que constituye “una vigilancia
masiva de forma indiscriminada”.
Tras recordar que con anterioridad AI ha llamado a las autoridades a
acceder a los datos de teléfonos celulares “para la investigación y
localización de personas reportadas desaparecidas y secuestradas”,
advirtió que es indispensable que esas recolecciones “sean llevadas a
cabo mediante la supervisión judicial para asegurar que los datos
personales únicamente sean obtenidos por motivos legítimos”, presunción
que no se aplica en el dictamen aprobado en comisiones.
Por el contrario, agregó AI, “existe una mayor preocupación de que
esta información sea utilizada con fines corruptos, los cuales pudieran
poner en riesgo a las personas”.
La organización mencionó consideraciones de la Relatoría Especial de
Libertad de Expresión de Naciones Unidas, así como de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre las intervenciones
telefónicas, que coinciden en que éstas deben darse en “circunstancias
excepcionales”, supervisadas por autoridades judiciales independientes,
con salvaguardas estipuladas en la ley y las circunstancias en las que
pueden llevarse a cabo.
Amnistía Internacional destacó que estos parámetros internacionales
de derechos humanos no están incluidos en el dictamen aprobado el
miércoles 2 en comisiones del Senado.
La organización también manifestó su preocupación por “las
facultades propuestas en el dictamen para bloquear o limitar el acceso
a Internet de forma arbitraria, sin establecer criterios claros, como
la necesidad y proporcionalidad, o establecer salvaguardas esenciales
para garantizar la libertad de expresión”.
Además, cuestionó que, según lo aprobado, basta con que una
“autoridad competente” instruya a bloquear accesos a Internet, “sin
justificar los motivos de la orden o la obtención de una autorización
judicial”.
Luego apuntó que “la ley, tal como ha sido aprobada por las
comisiones, violaría los derechos humanos al no cumplir con los
estándares mínimos del derecho internacional”, toda vez que “bloquear
el acceso individual a Internet prácticamente nunca sería una
interferencia proporcional a la libertad de expresión”.
En ese sentido, Amnistía Internacional citó las consideraciones de
los relatores especiales de la Libertad de Expresión de la ONU y de la
OEA, quienes rechazan la interrupción del acceso a Internet en una
población o en parte de ella, así como la reducción intencional de la
velocidad de navegación, lo que no se justifica “ni siquiera por
razones de orden público o seguridad nacional”.
En vísperas de que se consume la aprobación de las leyes secundarias
de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, Amnistía
llamó a “Congreso mexicano a proteger plenamente los derechos a la
privacidad y la libertad de expresión en la Ley de Telecomunicaciones,
mediante la inclusión de las salvaguardas necesarias de conformidad con
el derecho internacional de los derechos humanos”.
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