Tras conocer la captura de dos militares, quienes quedaron ligados a proceso por delitos contra la humanidad y la desaparición forzada de más de 20 personas, vale resaltar que ambos son señalados como responsables de unas 20 violaciones sexuales y otros crímenes cometidos en instalaciones castrenses de “descanso” en la comunidad guatemalteca de Sepur Zarco, en el nororiental departamento de Izabal, en 1982.
Foto: LANZERO
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala.- Los militares violaron a mujeres viudas, cuyos maridos eran líderes comunitarios que luchaban por la tierra en una región limítrofe entre el departamento de Alta Verapaz e Izabal, donde no hay certeza jurídica de la propiedad y finqueros se apropiaron ilegalmente de terrenos, y mantuvieron en situación de esclavitud a comunidades indígenas.
Estas mujeres indígenas q’eqchi’es, quienes han seguido un proceso difícil para salir de su condición de víctimas a ciudadanas que exigen su derecho a la justicia, además de ser ultrajadas sexualmente por soldados, sufrieron embarazos o abortos forzados, fueron obligadas a lavar, cocinar, limpiar y otras labores sin pago alguno, así como a bailar y sonreír contra su voluntad.
Estos crímenes fueron perpetrados al encontrarse solas, una vez que sus esposos fueron detenidos-desaparecidos por el Ejército durante la guerra civil. Ellos hacían gestiones para obtener los títulos de propiedad de la tierra donde habitaban y trabajaban.
La valentía, perseverancia y decisión que han demostrado 15 mujeres que siguen el proceso desde 2010 a la fecha, sin duda son un ejemplo para muchas otras, entre ellas, quienes las acompañan como querellantes adhesivas y plantean que todos los delitos cometidos sean reconocidos como violencia sexual, porque tales agresiones no se pueden interpretar como cuestión privada sino como parte de una violencia social cometida dentro de un destacamento castrense (esclavitud sexual), hechos en los que tienen responsabilidad los militares imputados.
¿Cómo demostrar lo anterior? Las abogadas que llevan el caso explican que los testimonios de las mujeres del caso Sepur Zarco tienen gran importancia como prueba, es la principal, ya que son imposibles las de tipo forense.
La legislación nacional e internacional abre puertas para que los abusos cometidos sean tipificados como delitos contra la humanidad.
Todas ellas merecen un reconocimiento por el papel que están jugando, y porque sus denuncias confirman las agresiones sexuales sufridas por otras mujeres en la región ixil, en Panzós y otros lugares, mismas que siguen impunes.
Otro aspecto relevante que este caso hace evidente es cómo durante las dictaduras militares en el país centroamericano, líderes que luchaban por la tierra fueron considerados “enemigos”, a tal grado que elementos de las fuerzas de seguridad los asesinaron bajo el argumento de “defender a la patria”, y se apropiaron de los cuerpos de las viudas.
Destacar esto inevitablemente lleva a pensar la aberrante tendencia que actualmente se reproduce por quienes califican de “enemigos del desarrollo”, “contrarios a la modernidad” o “antisociales”, a personas que luchan por defender el territorio en Guatemala.
Son mujeres y hombres que en el ejercicio de sus derechos ciudadanos demandan ser tomados en cuenta en planes industriales y agropecuarios, por ello rechazan las formas de gobierno autoritario que imponen un modelo que destruye el patrimonio natural: de ninguna manera son enemigos.
*Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
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