Yakiri
Rubí Rubio Aupart, la joven mexicana encarcelada tres meses y que corre
peligro de volver a prisión, por haber matado a su agresor mientras se
defendía de una violación. Crédito: Daniela Pastrana /IPS
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“Solo quiero salir de todo esto”, repite a IPS entre frecuentes
suspiros la joven mexicana Yakiri Rubí Rubio Aupart, que desde
diciembre de 2013 enfrenta un juicio por el asesinato de su violador.
Yakiri, de 21 años, vive en el populoso barrio de Tepito, una de las zonas más peligrosas de la capital de México.
La tarde del 9 de diciembre, iba a reunirse con su novia cuando fue
interceptada por dos hombres en la calle, que la raptaron, amenazándola
con una navaja, la subieron a una motocicleta y la llevaron a un hotel,
según la versión que ella ha defendido durante el proceso.
Según su testimonio, los dos hombres la golpearon. Uno de ellos,
Miguel Ángel Anaya, de 37 años y 90 kilos, la violó, mientras su
hermano, Luis Omar Anaya, salía a fumar. La joven se defendió e hirió a
su agresor en el vientre y el cuello con su propia navaja. El hombre
comenzó a desangrarse, pero tuvo tiempo de salir del hotel y huir en su
moto.
Ella también salió corriendo del hotel y pidió ayuda a unos policías. Sangrando y semidesnuda llegó a una oficina del Ministerio Público (fiscalía), a tres cuadras del lugar.
Mientras esperaba que la atendieran varias heridas, una de ellas de
14 centímetros en un brazo, llegó su segundo agresor y la acusó de
asesinar a su hermano por un pleito de amantes, algo que su condición
de lesbiana desmonta, según su defensa.
Yakiri fue trasladada a una prisión de mujeres ya sentenciadas,
acusada de homicidio calificado, un delito penado con cárcel de 20 a 60
años.
Tres meses después, un juez reclasificó el delito por el de
“legítima defensa con exceso de violencia”, asignó una fianza, que a la
familia le costó mucho reunir, del equivalente a 10.000 dólares y le
permitió seguir el juicio en libertad bajo presentación semanal ante el
tribunal.
Ahora, vive encerrada en su casa, debido a las constantes amenazas
que han recibido ella y familia. Sólo sale acompañada de sus padres.
“Pasó de una cárcel a la otra”, dijo Marina Beltrán, su madre de
crianza desde que tenía seis meses, presente durante la entrevista con
IPS.
Luis Omar Anaya negó haber participado en el rapto y según su
versión, aseguró que estaba en su casa, a poca distancia del hotel,
cuando su hermano llegó moribundo.
Además, el lunes 23 solicitó ante un juez federal que se revoque la
libertad condicional, en un amparo sobre el que hay que decidir en un
plazo de 90 días. IPS intentó sin éxito dialogar con el abogado de
Anaya.
Todo el proceso ha puesto en evidencia una red de protección
judicial sobre los hermanos Anaya, que incluye la fabricación posterior
de pruebas en contra de la joven.
El país del feminicidio
En México, con 118 millones de habitantes, cada día se producen 6,4
asesinatos de mujeres. De ellos, la mitad son feminicidios, al ser
motivados por sexismo o misoginia. El término surgió, precisamente, a
raíz de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en el estado
norteño de Chihuahua, en 1993.
En ese estado, el número de asesinatos contra mujeres es 15 veces más alto que el promedio mundial.
Pero el problema se expandió. Solo entre 2006 y 2012 los feminicidios
en México aumentaron 40 por ciento, indica el informe “De
sobrevivientes a defensoras: Mujeres que enfrentan la violencia en
México, Honduras y Guatemala”.
Para los colectivos de defensa de los derechos de las mujeres en
México, Yakiri se ha convertido en un emblema contra el machismo que
impera en las instituciones que imparten justicia, donde el principio
es desestimar lo que digan las mujeres violadas.
“Miles de mujeres han sido asesinadas luego de ser violadas y los
feminicidas siguen libres. Pero una mujer violada que se defiende de la
muerte termina en la cárcel y uno de sus violadores queda libre”,
escribió la periodista y activista Lydia Cacho.
Por lo menos, el caso ha mostrado todas las deficiencias del sistema de justicia frente a una violación.
Cada año, se denuncian 15.000 violaciones en México, pero solo 2.000
llegan a juicio y poco menos de 500 culminan en una condena, según el
Informe de la Violencia Feminicida en México 1985-2010, realizado por
el parlamento y el gobierno con ONU Mujeres.
La situación real es peor porque solo entre 12 y 15 por ciento de
las niñas o mujeres violadas lo denuncian, según el reporte que
presentó Amnistía Internacional en julio de 2012 al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer.
“Amnistía Internacional no tiene conocimiento de la existencia de
pruebas que demuestren que el número de violaciones está disminuyendo o
que los enjuiciamientos y sentencias condenatorias están
incrementándose”, asegura.
En el caso de Yakiri, los funcionarios del Ministerio Público
tardaron nueve días en abrir una investigación sobre la violación y
pasar el expediente a una fiscalía especializada en género.
Tampoco fue revisada por una ginecóloga, no le dieron atención
psicológica, ni pastillas para evitar un embarazo, como establece la
legislación del Distrito Federal, asiento de Ciudad de México.
La Norma Oficial Mexicana 046, vigente desde 2005, estipula que en
caso de violación, “las instituciones prestadoras de servicios de
atención médica deberán (…) ofrecer de inmediato y hasta en un máximo
de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de
emergencia” y están obligadas a “prestar servicios de aborto médico”.
Otro elemento machista, explica a IPS la abogada defensora Ana
Katiria Suárez Castro, quien atiende gratuitamente el caso de Yakiri.
Aseguró que la clasificación de “exceso de violencia” en la legitima
defensa se usa mayoritariamente contra mujeres violadas.El principal antecedente de este caso ocurrió en febrero de 1996, en
el Estado de México, por el que se expande la metrópoli capitalina,
cuando al salir de una fiesta, una joven disparó y mató al novio de una
amiga que pretendía violarla.
Un juez consideró entonces que, como la sangre de él estaba saturada
de alcohol y la de ella no, el agresor no era consciente de sus
acciones, mientras que la joven sí pudo haber evitado las suyas.
“¡El exceso de violencia en la legítima defensa es absurdo! ¿Cómo te puedes defender poquito?”, exclama la madre de Yakiri.
El matiz es determinante. Si el juez no hubiera establecido el
exceso de violencia al reclasificar el delito, la joven habría sido
exonerada; en cambio, si el juez determina que es culpable de un exceso
de violencia, la joven deberá pagar a la familia de su agresor más de
28.000 dólares para “reparar el daño”.
En contraparte, la denuncia por la violación está bloqueada porque,
para la fiscalía del Distrito Federal, el agresor ya pagó. Los fiscales
no han considerado la reparación del daño, ni la participación del
segundo agresor.
Seis meses después de la violación, Yakiri y su familia mantienen
dos batallas: una legal, para ser exonerada del asesinato y para que
haya una reparación del daño, y otra personal, para vivir sin miedo y
recuperar sus vidas.
Durante este tiempo sus padres abandonaron sus trabajos y sus
hermanos dejaron la escuela. La familia recibe acompañamiento
psicológico. Ella ha tenido que acostumbrarse a tratar con periodistas.
“Al principio fue horrible, me ponía a llorar, porque cada vez que
tengo que contar lo que pasó es como volver a vivirlo. Ya no lloro.
Solo quiero que esto se acabe”, dice.
También quisiera volver a estudiar. “Siempre me gustó más trabajar.
Pero ahora desearía aprender de leyes para ayudar a otras mujeres que
pasan lo mismo que yo y no tienen a una abogada como la mía”, dijo
esbozando, por fin, una debil sonrisa.
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