Telecom, leyes malas que parecen buenas

Por Ricardo Monreal Ávila  @RicardoMonrealA

***

Cuando se legisla hay que procurar evitar dos extremos: las leyes malas que parecen buenas y leyes buenas que terminan siendo malas.  El Proyecto de Decreto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión recién aprobado en el Senado tiene la extraña virtud de ubicarse en ambos supuestos.

Entre las disposiciones malas que parecen buenas se encuentra la doble vara para medir una misma realidad, el monopolio en un sector y en un servicio. Para lo primero se introduce el criterio de “preponderencia”, mientras que para lo segundo se establece el concepto de “poder sustancial”. Etimológica y procesalmente, el segundo tiene en la ley un tratamiento más ligero y difuso que el primero.

Otras disposiciones controvertidas son el estímulo a fomentar la concentración hasta en un 20% en el sector de parte de actores no preponderantes, la marginación de los actores de tipo público y social (como la radiodifusión gubernamental, comunitaria e indígena) que las limita en su rentabilidad económica, la permisibilidad en la propiedad cruzada, la ampliación del tiempo para publicidad hasta en un 5% en la radiodifusión comercial, y el achicamiento del IFT en sus facultades y atribuciones de sanción, castigo y supervisión del sector de telecomunicaciones. Queda como árbitro de cancha de tenis en un cuadrilátero de Kickboxing.

Entre los avances positivos que podrían ampliarse están la eliminación de las tarifas de larga distancia y roamming (actualmente reportan 17 mil mdp al año), el derecho de réplica en los medios, un régimen especial para las personas con discapacidad en todo el espectro del sector y el reconocimiento del derecho de las audiencias (aunque aún de manera genérica).

Sin embargo, ninguno de estos beneficios potenciales se equipara con el huevo de la serpiente que trae consigo la ley telecom en tres aspectos: la requisa de los medios de comunicación, la legalización del espionaje generalizado e indiscriminado con fines de “colaboración con la justicia” y la censura de contenidos audiovisuales a cargo de la Secretaría de Gobernación.

El artículo 177 parece tomado de la ley de requisa de Hugo Chávez en Venezuela. “En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público, o cuando se prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país, la economía nacional o para garantizar la prestación de servicios públicos a los que se refiere esta Ley, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría (SCT), podrá hacer la requisa de las vías generales de comunicación, así como de los bienes muebles e inmuebles y derechos necesarios para operar dichas vías y disponer de todo ello como lo juzgue conveniente (sic). El Instituto (IFT) deberá proporcionar al Ejecutivo Federal el apoyo técnico que se requiera…”. De jure y de facto, esto equivale a una modalidad de “estado de sitio” electrónico.

La serpiente trae tintineando otros dos cascabeles. “La autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del ministerio público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada” (art. 190, fracción XII). Mientras que “Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella en materia de contenidos audiovisuales, se sancionarán por la Secretaría de Gobernación” (art. 308), a quien corresponderá también la revisión previa de dichos contenidos. Los colmillos que deberían ser del IFT, pasan a Gobernación, dependencia responsable también de la Gendarmería Nacional y de la Policía Federal.

La venezolanización de la requisa en las telecomunicaciones, la intervención de “cualquier comunicación privada” con la orden de un ministerio público y el regreso de la censura a Gobernación, aumentarán la precarización de las libertades de la sociedad civil y acelerarán la acumulación de poder político en el Ejecutivo central. Aquí hay un claro intento de restauración del presidencialismo autoritario.