La inconformidad ha salido nuevamente a las calles y ante estos hechos, es imperativo que todos los frentes progresistas, desde nuestros ámbitos de responsabilidad, enfrentemos en unidad los problemas comunes que nos aquejan a todas y todos.
lasillarota
México es hoy en día un país convulsionado, visto en el mundo
como una nación donde no se respetan los derechos humanos. Los múltiples
esfuerzos para abordar la gran cantidad de casos de desaparición
forzada y personas llevadas ilegalmente contra su voluntad,
feminicidios, homicidios y diversos delitos violentos perpetrados en
contra de la población mexicana han sido infructuosos y lejos de
presentar resultados, se han convertido en fachadas empleadas por el
gobierno para justificar la falta de compromiso real con las víctimas y
los derechos humanos.
Los últimos años han estado plagados de
demoras, malos tratos a las víctimas, anuncios públicos por parte de las
autoridades que dicen una cosa, tan sólo para emitir un discurso
contradictorio unos días después, tal es el caso de Tlatlaya en el
Estado de México.
En este contexto de violencia existe a la par
otro sub contexto: el de la indiferencia ante la importancia de las
escuelas normales rurales que han sufrido una embestida agudizada con la
reforma educativa privatizadora, ante las características de sus
estudiantes quienes pertenecen a los sectores más vulnerables de la
población.
Los diversos gobiernos federales han desaparecido poco
a poco las normales rurales, en el caso de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos” se fundó por el maestro Raúl Isidro
Burgos Alanís el 2 de marzo de 1926 con la ayuda de la comunidad.
"Su objetivo era dar escuela y cobijo a los hijos de campesinos de las zonas más pobres de Guerrero”.
Desde
entonces funciona no sólo como escuela, sino dando alojamiento y
manutención a sus estudiantes, provenientes lo mismo de Guerrero que de
Oaxaca, Chiapas, Distrito Federal, Tlaxcala, Morelos y Sonora, por citar
el lugar de origen de algunos.
Después del gran impulso que
recibió del presidente Lázaro Cárdenas del Río, los intentos para su
desaparición han sido constantes, gobierno tras gobierno.
Como
bien ha documentado el escritor Diego Enrique Osorno, en 2013 la
iniciativa de reforma educativa propuesta por el presidente Enrique Peña
Nieto contemplaba expresamente la desaparición de Ayotzinapa y era
apoyada por la mayoría de los partidos políticos. Si esto no se
concretó, fue por las acciones de protesta realizadas en el Distrito
Federal por maestros de la CNTE, en su gran mayoría oaxaqueños.
No
nada más por las vías legales se ha intentado desaparecer a Ayotzinapa.
Desde la administración de Salinas de Gortari hasta la de Peña Nieto,
Ayotzinapa ha sido atacada y sus alumnos han sido criminalizados con la
ayuda de los medios de comunicación al servicio del poder.
Esta
normal tiene una cualidad adicional, los estudiantes que en ella están
matriculados pertenecen a un grupo de origen humilde pero poseen
grandiosas cualidades de estudio y análisis desde una perspectiva
crítica al gobierno, pues conocen perfectamente cuáles son las fallas
del mismo y cómo han afectado éstas a la población, pues a esas fallas
se enfrentan día a día.
Conocen, de primera mano, las carencias
económicas y sociales que tienen las poblaciones marginadas, saben las
dificultades que enfrenta una persona sin educación y justamente por
ello, tienen una visión crítica en contra del gobierno que los ha
orillado a vivir en estas circunstancias de carencia extrema y a través
de su educación, combaten estas injusticias.
Las normales rurales
no sólo crean docentes bien preparados, crean docentes con una visión
crítica contra el sistema gubernamental. Ningún gobierno autoritario,
como el nuestro, está de acuerdo en tan “oprobiosa” cualidad.
Ante
estos hechos, la Cámara de Diputados instaló una comisión especial para
dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos
ocurridos en torno a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde
el 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Como integrante de esta
comisión especial y en representación de la bancada de Movimiento
Ciudadano, es importante recalcar que pugnaremos por que la misma opere
de manera objetiva y no politizada, en vías de lograr que sea
verdaderamente operativa y que coadyuve con la búsqueda de los
desaparecidos desde un ámbito de respeto a las víctimas y trabajando de
manera conjunta con las organizaciones de la sociedad civil
especializadas en derechos humanos.
Se dice con cierta razón, que
si un asunto debe ser detenido y no se quiere trabajar sobre él, debe
enviarse a una comisión especial para tales efectos. Pues bien, en la
mayoría de los casos eso ha sucedido y encontramos también con
preocupación que éstas comisiones han sido empleadas de manera política.
En
nuestro caso siempre hemos trabajado para que funcionen pero cuando al
PRI y a sus aliados un tema les incomoda simplemente obstruyen su labor y
desafortunadamente tienen mayoría para bloquear el quórum o frenar sus
trabajos.
En las dos comisiones en las que se revisan errores por
parte de administraciones de la izquierda (Línea 12 y Ayotzinapa), las
actividades han sido constantes e incluso aceleradas. Las bancadas de
izquierda hemos cumplido con nuestra obligación de rendir cuentas en
estas instancias.
Por el contrario, en el caso de Tlatlaya donde
las Fuerzas Armadas presuntamente están involucradas en ejecuciones
extrajudiciales y el gobernador priísta, Eruviel Ávila, se apresuró a
negar cualquier violación a derechos humanos y ha insistido en la
absurda tesis del enfrentamiento y no en la ejecución, se decidió formar
un grupo de trabajo a través de las comisiones de Derechos Humanos y
Justicia, el cual hasta la fecha no se ha integrado.
A lo
largo de esta legislatura hemos recibido muchas quejas e información
sobre el deficiente trabajo de Raúl Plascencia Villanueva, quien
concluirá su periodo al frente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) el próximo 15 de noviembre.
Tras analizar los
casos hemos denunciado la negligencia en la mayor parte de sus acciones y
la complacencia con las autoridades, situación que ha derivado en dos
solicitudes de juicio político en su contra, ambas pendientes de
resolución.
Este jueves, al cancelar la reunión de la Comisión de
Derechos Humanos del Senado de la República en que se votaría la
convocatoria para la elección del titular de la CNDH, se ha dejado que
la decisión recaiga en la Junta de Coordinación Política, lo cual deja
los mecanismos para el registro, selección, audiencias y designación de
la terna finalista en una cúpula excluyente y patidocrática.
Nos
preocupa que se quiera involucrar a la Comisión de Justicia del Senado
en un asunto que compete a la Comisión de Derechos Humanos ya que el
presidente de aquella instancia podría intentar defender a toda costa a
su ex jefe, Felipe Calderón.
Postergar la sucesión en la CNDH
aumenta el riesgo de un proceso al vapor en el que las negociaciones
privilegien los intereses antes que la transparencia, el debate público y
el consenso de un perfil idóneo: independiente, con experiencia,
sensible y con valor cívico para generar un cambio institucional en todo
el Estado mexicano.
Como queda claro, México enfrenta tiempos
oscuros en materia de derechos humanos y también en la relación del
gobierno con los gobernados. La inconformidad ha salido nuevamente a las
calles y ante estos hechos, es imperativo que todos los frentes
progresistas, desde nuestros ámbitos de responsabilidad, enfrentemos en
unidad los problemas comunes que nos aquejan a todas y todos.
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