Balance de tres décadas de políticas neoliberales en el agro nacional
El agro, entre la economía y la política
Hoy día el campo mexicano y sus diversos actores sociales (campesinos,
pueblos indígenas, pequeños propietarios entre otros) viven una severa
crisis económica de carácter histórico-estructural. Las causas de este
estado de cosas se han acumulado y acentuado por más de un cuarto de
siglo y están relacionadas de manera directa con la acción y programas
de los regímenes neoliberales del Estado mexicano, así como con las
influencia de las directrices y acciones de las instituciones
económicas y agencias internacionales como el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo
entre otros. Más allá de los componentes y condicionantes coyunturales
e inesperados que puedan tener (catástrofes climáticas que impactan las
cosechas, la caída de los precios de productos agrícolas en los
mercados, debacles del sistema económico-político global), las crisis
se construyen año con año y son resultado de los modelos económicos que
se imponen y de las acciones o la falta de éstas por parte de los
gobiernos en turno. Sin duda, para entender por qué el campo mexicano
se encuentra en este escenario actual de precariedad hay que remitirse
al cambio de modelo de desarrollo económico por el que optaron los
gobiernos mexicanos de fin de siglo. En un afán por seguir los
lineamientos de la política económica planteados por los gobiernos
republicanos norteamericanos de Regan y Bush para México, los gobiernos
mexicanos del priismo tecnócrata, sin un análisis a fondo y desdeñando
las voces disidentes de los actores involucrados (agricultores,
organizaciones campesinas, asociaciones civiles, ONGs), pensaron que la
liberalización de la economía en el sector rural y el ingreso de los
productores agrícolas mexicanos al mercado internacional de América del
norte conducirían a la modernización, capitalización y productividad
del campo. Hoy, más de treinta años después, sólo se cosecha lo
contrario. “Los datos duros” y “las estadísticas e informes económicos”
sólo muestran el recuento de crisis estructurales que se sembraron y
cultivaron por lustros.
Crisis, precariedad y dependencia
Las crisis tampoco golpean por igual y de la misma manera a todos, sus
repercusiones se experimentan de manera diferenciada, dependiente del
ámbito y grupo en específico que se aborde. Hay quienes pagan con
creces, mientras otros reciben ayuda y respaldo. Si bien la situación
de deterioro crónico de la productividad y condiciones de vida del
sector rural en el México de las últimas décadas ha impactado
negativamente a un gran abanico de agricultores de diversa escala
(desde grupos de economías de autoproducción hasta medianos
propietarios) y otros grupos sociales, son los campesinos y los
indígenas quienes han tenido que solventar los costos de una larga
lista de problemas. Muy lejos está ya la época de los regímenes del
México posrevolucionario, donde los campesinos fueron actores políticos
de primera fila y tuvieron un papel preponderante en la construcción
del Estado mexicano en las áreas no urbanas. La situación actual de los
campesinos y diversos agricultores muestra que el sector rural ya no es
considerado como relevante o “estratégico” para los intereses del
Estado neoliberal. Los gobiernos en turno, que ahora se avocan por
generar alianzas y pactos con las élites políticos-económicas
nacionales y transnacionales, no apuestan más por obtener el capital
social y político que podrían apórtales estos sectores populares
rurales. Con el argumento de que el campo estaba generando sólo un
pequeño aporte económico al PIB a fines de la década de 1980 y
principios del decenio de 1990, los regímenes de De la Madrid y Salinas
le dieron la espalda al campo quitando abruptamente gran parte de los
subsidios oficiales a la producción agrícola y los apoyos para la
infraestructura productiva, sin siquiera saber con certeza si
funcionaría el nuevo modelo de desarrollo económico para el sector
rural. Estas medidas no sólo supusieron el desmantelamiento y/o
desaparición de las agencias y programas estatales de apoyo y
subvención para los campesinos y otros productores agropecuarios (como
CONASUPO, BANRURAL, entre otros), también implicó la reforma al
artículo 27 constitucional, que, de facto, dio por terminado el reparto
agrario y abrió la puerta y fomentó la privatización de las tierras
ejidales y comunales. En este cálculo hubo una omisión muy grave y por
demás cuestionable, el valor del campo no sólo residía en términos del
dinero que como sector productivo aportaba al PIB, sino su principal
relevancia estaba en la generación de la mayoría de los productos
comestibles y los alimentos básicos que necesitaba el país, además de
las fuentes de empleo que generaba en los ámbitos rurales.
Recuento de daños, sálvese el que pueda…. y que paguen los más pobres…
Aunque los principales afectados sean quienes viven en el medio rural,
los saldos negros exceden el ámbito del campo y también tocan directa e
indirectamente a las ciudades y muchos grupos sociales de las urbes. El
recuento de daños involucra a demasiados y se manifiesta, entre otras,
en las siguiente problemáticas: (1) Debido al largo proceso del debacle
de la agricultura mercantil y a las crisis en los mercados agrícolas
nacionales e internacionales, el campo hoy no ofrece oportunidades
reales ni justas de empleo para los campesinos, sus familias y sus
hijos. De acuerdo a los precios actuales del maíz y el fríjol, los
campesinos están expuestos a una existencia de precariedad y zozobra;
el caso de los jornaleros agrícolas no es mejor, con salarios de hambre
y condiciones de trabajo inseguras y de explotación, apenas consiguen
lo necesario para subsistir. En este contexto, los jóvenes del campo
difícilmente tienen en el sector rural una oportunidad efectiva, justa
y digna de desarrollo económico y de condiciones de vida que garanticen
un futuro medianamente decente y promisorio. (2)
Como consecuencia de
la disminución en los mercados internacionales de los precios de los
cultivos y de la estructuralmente desigual competencia con los
productores agrícolas “de los países desarrollados del norte” (EU y
Canadá) a raíz del tratado de libre comercio, el campo en México y sus
agricultores ha experimentado un decreciente deterioro de los niveles
de productividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias
destinadas al intercambio mercantil. Los datos y las estadísticas
oficiales son contundentes al respecto y muestran una pérdida sostenida
y creciente del sector rural como espacio laboral de mediados de la
década de 1990 a la actualidad; para 2010 se calculaba que, resultado
de lo previamente dicho, se habían perdido más de 2 millones de
empleos. El campo es también el lugar donde los salarios han perdido un
mayor poder adquisitivo. Los campesinos, con una sabiduría profunda de
raíces ancestrales, enuncian esta situación de manera mucho más clara y
contundente: “ya no sale sembrar la tierra, las cosechas están muy
baratas”, “con los precios como están ya ni tiene caso sembrar, sólo
mal pagan el maíz y el fríjol”. (3)
Vinculado a lo anterior y resultado
de un creciente y abrumador proceso de disminución de la
auto-producción de los cultivos básicos para el país, se ha venido
incrementado la dependencia alimentaria en México. El campo yo no
aporta los alimentos y productos comestibles indispensables para la
población y, como resultado, ahora se compra en el exterior (EU y
Canadá) cultivos básicos (como maíz y fríjol) que antes se sembraban y
cosechaban en el país. Esta situación es por demás alarmante, estudios
del grupo de investigación de migración y desarrollo de la Universidad
de Autónoma de Zacatecas apuntan que para el 2012 poco más de un tercio
del maíz que se consumió en el país era importado y en el caso del
fríjol más del noventa por ciento. La dependencia alimentaria respecto
al “norte” (también leída como la ausencia de soberanía), es sólo uno
de los graves y drásticos reflejos de las relaciones de desigualdad
política y económica que México tiene respecto a EU. (4)
Aunado a lo
anterior, en un sector rural precario y sin trabajos, se acrecentó el
proceso de despoblamiento en las zonas rurales. En un escenario de
clara carestía y sin posibilidades efectivas de mejoría, la gente sale
temporal o definitivamente de sus lugares de origen a buscar mejores
condiciones de vida, ya sea en las ciudades próximas o fuera del país.
Dentro de este fenómeno, particularmente la migración al extranjero
(especialmente la que se dirige a EU) ha representado una fuerte
sangría socio-demográfica. El campo está quedándose sin sus jóvenes y
buena parte de sus hombres. En este contexto, la debacle de las
economías agrícolas (relacionada directamente al tratado de libre
comercio y los cambios de las políticas oficiales hacia el sector
rural), han sido un motor muy importante para el incremento
significativo del fenómeno social de la migración de mexicanos a EU.
Los campesinos empobrecidos y los pequeños propietarios
descapitalizados son parte importantísima (en términos numéricos) de
los contingentes de migrantes que, por sus propios medios y bajo
diversos riesgos, se dirigen al norte para cruzar una frontera
peligrosa y violenta, con miras a mejorar su situación de vida. Para
2007, según datos de la encuesta EMIF, más del sesenta por ciento de
los migrantes mexicanos que se dirigían a EU provenían de zonas
rurales. (5)
Por otro lado, otro de los efectos colaterales del
abandono del campo ha sido el drástico incremento y agudización de la
pobreza y la pobreza extrema en las zonas rurales, así como el
deterioro en la garantía y ejercicio de los derechos sociales por parte
del Estado. Las escuelas de educación básica y secundaria son
insuficientes y deficientes; el caso de la oferta de educación media
superior es todavía más precaria y las oportunidades efectivas de
acceder a la educación superior son prácticamente inexistentes para la
abrumadora mayoría de los campesinos y habitantes de las zonas rurales.
Los servicios médicos no presentan un mejor panorama. Las clínicas y
hospitales son escasos y no dan abasto a la demanda de atención médica.
Ejemplos claros de lo previamente apuntado son los casos de las zonas
rurales de los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero (entidades con una
gran población rural e indígena-campesina), lugares que tienen la menor
esperanza de vida del país, así como la mayor mortalidad infantil y
materna, coronado por los niveles de ingreso más bajo de México y los
menores niveles de escolaridad a nivel nacional.
Los campesinos y su constante lucha contra la adversidad
Los campesinos, como el campo donde viven, están en la encrucijada de
la precariedad, la pobreza y la migración. Sin embargo, ellos, a través
de sus diversos medios y redes, tratan de manera cotidiana de dar
repuesta y hacer frente a las adversidades que tienen, ya sea mediante
la migración (a EU y la ciudad), o generando otras alternativas
productivas y también a través de la organización colectiva y la
formación de movimientos y organizaciones social para defender sus
derechos y tierras. Hoy como ayer, los campesinos son una voz tenaz que
le recuerda al Estado los pactos incumplidos.
Guillermo Castillo es profesor de la UNAM
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