Niños expuestos a la contaminación minera en Perú. Crédito: MIlagros Salazar/IPS
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El gobierno de Canadá no investiga ni hace que las poderosas empresas
mineras de su país respondan por las violaciones de los derechos
humanos que cometen en América Latina, denunciaron activistas ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en esta capital.
Los activistas también denunciaron ante la CIDH que Ottawa no pone el sistema jurídico canadiense a disposición de las víctimas de estos abusos.
"Con
demasiada frecuencia, las empresas extractivas se comportan como si
tuvieran un doble discurso, uno para el país de origen y otro para el
exterior”: Alex Blair.
“Canadá se comprometió a aplicar un marco voluntario de
responsabilidad social empresarial, pero este no proporciona ningún
recurso a las personas que se vieron perjudicadas por las operaciones
mineras canadienses”, afirmó Jennifer Moore, coordinadora del programa
de América Latina de la organización no gubernamental (ONG) MiningWatch Canada.
“Buscamos el acceso a los tribunales, pero también que el Estado
canadiense tome medidas preventivas para evitar estos problemas en
primer lugar. Por ejemplo, una oficina independiente que tenga la
facultad de investigar las denuncias de abusos en otros países”,
explicó.
Moore y otros que hablaron ante la CIDH presentaron formalmente un informe
que describe las inquietudes de cerca de 30 ONG y hace varias
recomendaciones, durante la audiencia del martes 28, dentro de su 153
periodo de sesiones, que se desarrolla entre el 23 de este mes y el 7
de noviembre.
Estos grupos presionan desde hace años para que Ottawa garantice una
mayor responsabilidad del sector minero, con el respaldo de
recomendaciones similares procedentes de una comisión parlamentaria, en
2005, y de la Organización de las Naciones Unidas, agregó Moore.
“No hubo ninguna novedad en la última década… El gobierno canadiense
se niega a aplicar las recomendaciones”, subrayó la activista.
“La respuesta del Estado hasta la fecha ha sido la de reforzar
firmemente este marco voluntario que no funciona, y eso es lo que le
escuchamos una vez más en esta audiencia”, aseguró.
Canadá, que tiene uno de los mayores sectores mineros del mundo,
posee unos 1.500 proyectos extractivos en América Latina, equivalentes
a más de 40 por ciento de las empresas mineras en la región. Los mismos
reciben “un alto grado” de apoyo de Ottawa, según el informe.
“Al menos 50 personas murieron y 300 fueron heridas en el marco de
los conflictos mineros con empresas canadienses en los últimos años,
ante los cuales hubo poca o ninguna rendición de cuentas”, destacó el
martes Shin Imai, un abogado de la ONG canadiense Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa.
Entre las denuncias contra el sector minero figuran muertes,
lesiones, violaciones y otros abusos atribuidos al personal de
seguridad que trabaja para las empresas canadienses, así como políticas
empresariales que provocan daño ambiental a largo plazo, el
desplazamiento ilegal de las poblaciones locales y la subversión del
proceso democrático.
La responsabilidad del Estado de residencia
La CIDH, con sede en Washington, forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), integrada por 35 países miembros y uno de los organismos multilaterales más antiguos del mundo.
En la audiencia de esta semana la CIDH trató por primera vez el
polémico asunto de la responsabilidad del “Estado de residencia”, o
sea, si las empresas pueden ser procesadas en su país de origen por
acciones realizadas en el extranjero.
“Esta audiencia fue de vanguardia. Aunque la CIDH ha sido una de las
aliadas más importantes de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos en América Latina, es un poco prudente cuando se enfrenta a
temas o desafíos jurídicos nuevos”, opinó Katya Salazar, directora de
la Fundación para el Debido Proceso, una organización de defensa jurídica con sede en Washington.
La responsabilidad del Estado de residencia es cada vez más
controvertida, gracias a la globalización de las empresas y las cadenas
de suministro. Las firmas radicadas en los países ricos, que tienen
regímenes jurídicos relativamente sólidos, operan cada vez más en el
Sur en desarrollo, a menudo con sistemas legales más débiles.
El sector extractivo es un claro ejemplo de esta situación, y en los
últimos 20 años experimentó uno de los mayores niveles de conflicto con
las poblaciones locales de cualquier industria. Parte del problema yace
en la vaguedad en torno a la cuestión del alcance “extraterritorial” de
la legislación nacional.
“Con demasiada frecuencia, las empresas extractivas se comportan
como si tuvieran un doble discurso, uno para el país de origen y otro
para el exterior”, afirmó Alex Blair, de la organización humanitaria Oxfam America.
“Piensan que pueden aprovecharse de la debilidad de las leyes, la
supervisión y las instituciones locales para operar como quieran en los
países en desarrollo”, expresó.
Blair observa que existe una tendencia creciente de las comunidades
locales e indígenas en recurrir al exterior para exigir la
responsabilidad de las empresas. Pero eso es sumamente complejo y
costoso, ya que la vía legal en muchos países del Norte industrializado
sigue siendo limitada.
Más allá de lo legalista
En la audiencia ante la CIDH, el gobierno de Canadá sostuvo que
tiene “uno de los marcos legales y regulatorios más fuertes del mundo
hacia sus industrias extractivas”.
Canadá formuló en 2009 una estrategia de responsabilidad corporativa
voluntaria para el sector extractivo internacional del país. También
cuenta con dos mecanismos extrajudiciales que pueden escuchar las
quejas derivadas de los proyectos en el extranjero, aunque ninguno
puede investigar denuncias, dar fallos o imponer medidas punitivas.
No obstante, la respuesta de Ottawa a las preocupaciones de los
activistas consistió en argumentar que los problemas locales deben
tratarse en un tribunal local y que, en la mayoría de los casos, Canadá
no está legalmente obligado a exigir la responsabilidad de las
actividades de sus empresas en el extranjero, declaró Dana Cryderman,
representante canadiense ante la OEA.
“Los países anfitriones de América Latina ofrecen vías legales y
reglamentarias nacionales por las cuales las reclamaciones a las que
hacen referencia los solicitantes pueden y deben ser abordadas”, agregó
ante la CIDH.
El argumento frustró a algunos de los comisionados de la CIDH, incluida su actual presidenta, Rose-Marie Antoine.
“A pesar de las seguridades de Canadá… nosotros en la comisión
seguimos viendo una cantidad de muy graves violaciones a los derechos
humanos que ocurren en la región como resultado de ciertos países, y
Canadá es uno de los más importantes… así que estamos indagando las
deficiencias de esas políticas”, declaró Antoine después de la
presentación de la delegación canadiense.
“Por un lado, Canadá, dice, ‘sí, somos responsables y deseamos
promover los derechos humanos’. Pero por el otro, se trata de una
estrategia de lavarse las manos… Tenemos que ir más allá de lo
legalista si realmente nos preocupan los derechos humanos”, subrayó.
Antoine añadió que la comisión se encuentra trabajando en un informe
sobre las consecuencias que tiene la extracción de recursos naturales
para las comunidades indígenas. El documento incluirá, por primera vez,
un capítulo sobre el “muy delicado tema de la extraterritorialidad”,
anunció.
Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga
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