John M. Ackerman
Dicen
que la historia la escriben los vencedores, y México no es la
excepción. Desde la fundación del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), en 1946, nuestra historia ha sido definida por un grupo de
funcionarios públicos e intelectuales orgánicos cuyo único interés ha
sido aumentar su poder y riqueza personales.
La inaceptable soberbia demostrada por Jesús Murillo Karam el martes
pasado al declarar su hipótesis sobre la masacre de Iguala como la
verdad históricacondensa la lógica de poder autoritario que ha predominado en el país desde hace 69 años. Afortunadamente, una nueva historia ya empieza a escribirse.
Una de las funciones principales del PRI desde su fundación ha sido poner la historia nacional de cabeza.
El presidente Lázaro Cárdenas del Río fundó el Partido de la
Revolución Mexicana (PRM) con la finalidad de dar fuerza política a las
conquistas sociales de la Revolución Mexicana.Aquel instituto político
nació el 30 de marzo de 1938, apenas dos semanas después de la
histórica expropiación petrolera encaminada a modernizar el país.
Ocho años después, el remplazo de la palabra
mexicanapor
institucionaly la transformación de
revoluciónen
revolucionariosimbolizarían la traición histórica del proyecto social originario de la Constitución de 1917.
Desde el sexenio del primer presidente priísta, Miguel Alemán
Valdés, hasta la fecha, el régimen ha buscado remplazar la gran
historia mexicana de luchas y conquistas desde abajo con una nueva
historia
institucional, donde los verdaderos constructores de la patria serían los burócratas
ilustradosde arriba.
Hoy, los gobernantes repiten la misma fórmula al desconocer a los
padres de familia como interlocutores e imponer su versión de los
hechos del 26 de septiembre. El
Todos somos Ayotzinapade Enrique Peña Nieto y la
verdad históricade Murillo Karam no son más que dos ejemplos contemporáneos de la continuidad de siete décadas de hipocresía, suplantación y simulación institucionalizadas.
Afortunadamente, la sociedad hoy cuenta con armas que no tenía en el
pasado. Por ejemplo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental dice claramente que
está prohibido obstaculizar el acceso a documentos públicos
cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.
La inclusión de esta importante cláusula se logró en 2002 gracias a
la activa participación de organizaciones de la sociedad civil en la
redacción de la nueva ley y fue diseñada específicamente con la
intención de evitar la opacidad y los eventuales carpetazos de casos
como la guerra sucia de los años de 1970 y masacres posteriores.
Recientemente,
dos organizaciones de la sociedad civil –Fundación para la Justicia y
Artículo 19– lograron obligar al Ifai y la PGR a divulgar importantes
documentos sobre la complicidad oficial con la masacre de docenas de
migrantes en San Fernando, Tamaulipas de 2010. En general, la apertura
de documentos públicos por motivos de derechos humanos se ha vuelto más
fácil desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos de
2011.
No existe duda alguna de que el caso de Ayotzinapa constituya una
violación grave de derechos humanos. Les guste o no a los nuevos dictadores de la
verdad histórica, tarde o temprano todos tendremos acceso a las 386 declaraciones, dos reconstrucciones de hechos, 16 cateos, 39 confesiones, 87 peritajes y 153 inspecciones ministeriales, 85 tomos y 13 anexos que las autoridades dicen tener.
Y es importante señalar que quienes ya han visto una parte
importante de este material, como Anabel Hernández y Steve Fisher, de
la Universidad de Berkeley, han llegado a conclusiones radicalmente
distintas a las del cansado procurador.
Pero sólo un activista muy ingenuo apostaría exclusivamente a la vía legal para llegar al fondo del crimen de Estado de Iguala.
Si bien la eventual revisión ciudadana de los 85 tomos será
sumamente útil para echar abajo las mentiras oficiales, sólo la acción
ciudadana permitirá descubrir la real verdad histórica, así como
establecer condiciones para evitar que vuelva a ocurrir una masacre
similar.
Por ello son motivo de gran esperanza dos importantes iniciativas de
articulación social que se lanzarán este jueves 5 de febrero en el 98
aniversario de nuestra Constitución revolucionaria.
En la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos se instalará una Convención Nacional Popular con el objetivo de
darle rumbo al movimiento nacionalque ha surgido alrededor de la causa de Ayotzinapa. Y en el CUC (Centro Universitario Cultural), en Ciudad Universitaria, se presentará el proyecto de un nuevo Constituyente Ciudadano y Popular, cuya finalidad será
edificar la unidad para poner en marcha la Refundación Nacional.
Ambas iniciativas construyen sobre la importante experiencia del
Congreso Popular que tuvo lugar el pasado 5 de febrero en el Movimiento
a la Revolución (véase).
Con iniciativas de largo aliento como éstas, complementadas con
acciones directas, como las encabezadas por los policías comunitarios y
los maestros en Guerrero, el pueblo mexicano ya empieza a darle la
vuelta a las mentiras oficiales y escribir su propia historia de luchas
verdaderas.
Twitter: @JohnMAckerman
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