Por: Cecilia Balderas
(08 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).-
Al año, el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) recibe alrededor de 130 mil
solicitudes de información; sin embargo, en el 5.6 % de los casos –que
equivale a 7 mil 280 peticiones- se declara inexistente la información,
lo que a juicio del consejero del instituto, Óscar Mauricio Guerra, se
puede explicar de una sola manera: “muchos de los actos públicos de la
autoridad no se están documentando. Esa es la realidad”.
La declaración de ‘inexistencia’ de la información es superior, casi
tres veces, a la clasificada como ‘reservada’, que equivale al 2.3 % de
las solicitudes.
El número de visitas que anualmente recibe el Portal de Obligaciones
de Transparencia (POT), evidencia que los ciudadanos sí tienen interés
por conocer información relacionada con la actividad pública pues, tan
sólo en su sección de “transparencia”, en el portal electrónico se
hacen hasta 40 millones de búsquedas.
“Es la forma en que la gente puede hacerse de información rápida y
expedita, lo que en la Ley General de Transparencia se denomina
‘transparencia proactiva’”, afirma Guerra tras señalar que la misma
característica debe trasladarse a la legislación secundaria en la
materia.
Estos datos fueron presentados durante la audiencia pública,
realizada en el Senado de la República, en la que se discutieron los
temas que, a consideración de diversas organizaciones de la sociedad
civil y de los consejeros del mismo INAI, los legisladores deben
incluir en el proyecto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez habló de la necesidad de
poner en el centro del debate la importancia y trascendencia de conocer
y acceder a la información pública y a los mecanismos que las
autoridades utilizan en la toma de decisiones en temas de alto impacto,
sobre todo después de la presentación del informe del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso
Ayotzinapa.
Criticó las recomendaciones del consejero jurídico de la
Presidencia, Humberto Castillejos, realizadas en la pasada reunión
plenaria con legisladores del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) –y difundidas por el periódico Reforma- en las que pidió a
los senadores del tricolor exigir a la oposición “cumplir con su
palabra” y dejar fuera de la discusión de la Ley Federal de
Transparencia algunos temas “cuestionados”; por ejemplo, el debate
sobre la instancia que determinará la gravedad de una violación a
derechos humanos, el convencimiento que supuestamente hizo el gobierno
federal con los otros grupos para “no incluir la creación de Comités de
Información en las instituciones relacionadas con la seguridad
nacional”, las propias facultades del consejero de impugnar
resoluciones del INAI en temas relacionados con la seguridad nacional,
o un capítulo que contemple especificar las obligaciones, en materia de
transparencia, de cada sector de la administración pública.
“Al consejero jurídico de la Presidencia que hay que recordarle que
solamente es el consejero jurídico de la Presidencia y que no tiene
ninguna autoridad para reconvenir las declaraciones o las posiciones de
los legisladores federales y, en particular, de quienes promovimos una
iniciativa en materia de Ley Federal de Transparencia, en la que
queremos fortalecer los derechos de los ciudadanos”, argumentó Encinas
Rodríguez.
El exjefe de gobierno de la Ciudad de México sostuvo que los temas
vinculados a derechos humanos pueden mejorarse sin generar controversia
entre los órganos autónomos constitucionales, como el INAI y la propia
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“No sé por qué le preocupa tanto al consejero jurídico el que
podamos, en la Ley Federal, establecer obligaciones más puntuales por
sector dentro de la administración pública, cuando ya en la Ley
General, de manera muy puntual, establecimos obligaciones específicas
en materia de energía y todas las obligaciones particulares a que está
sujeto el sector energético”, agregó.
En su participación, la senadora Marcela Torres sostuvo que la
legislación en materia de transparencia, tiene que configurarse “desde
los ojos de los ciudadanos” y no cuidando la información desde el
Estado.
La visión de la sociedad civil…
Mauricio Merino Huerta, coordinador de la Red por la Rendición de
Cuentas, advirtió que en la discusión de leyes como la Ley federal de
Transparencia, la Ley de Datos Personales y la Ley General de Archivos
-que están encaminadas a ser un conjunto de normas legislativas en
materia de transparencia- pueden carecer de coherencia entre sí por ser
trabajadas por separado.
“Empieza a ser obvio, por las notas de prensa que fueron mencionadas
hace un momento, que hay un riesgo de que las negociaciones políticas
que obligadamente tendrán lugar en cada uno de estos momentos
legislativos, acaben rompiendo su coherencia interna y caigamos, al
final de la ruta, exactamente en el mismo diagnóstico del que partimos;
el de la fragmentación de normas, la fragmentación de instituciones y
de procedimientos”, señaló.
En su participación, Ana Cristina Ruelas Serna, directora oficial
del Programa de Acceso a la Información de Artículo 19, señaló la
importancia de que la legislación secundaria se apegue irrestrictamente
a los postulados de la aprobada hace algunos meses, pues por ejemplo,
el artículo 5 de la Ley General fue mutilado al transcribirse en la Ley
Federal.
En la primera se dispone que no se podrá clasificar información
relacionada con violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa
humanidad, y que ninguna persona será objeto de inquisición judicial o
administrativa, con el objeto del ejercicio del derecho de acceso a la
información; pero en el documento de trabajo del que dijo ser
responsable el senador del Partido Verde Ecologista de México, Pablo
Escudero, únicamente se retoma la segunda prohibición.
“Desde Artículo 19 consideramos importante que la nueva ley federal
remita los principios y bases de la general…que expanda o maximice la
protección del derecho”, explicó Ruelas y agregó que es fundamental que
el INAI cuente con procedimientos que le permitan asegurarse de que la
información requerida a las dependencias y entregadas por éstas tenga
un efecto útil, que sea de calidad y de utilidad para los ciudadanos.
Respecto a las facultades del consejero jurídico de la Presidencia,
Ruelas afirmó que “parece que el abogado del Ejecutivo federal será
ahora el abogado de la Nación, y que tanto el INAI como el recurrente
no podrán participar en el proceso, en su calidad de terceros
interesados; sin embargo, consideramos que es importante prever que
este recurso únicamente podrá ser presentado cuando el sujeto obligado
sea alguno del Ejecutivo federal y que siempre serán llamados, tanto al
INAI como al recurrente, para expresar lo que a su derecho convenga”.
La representante de Artículo 19 reiteró la necesidad de incluir en
la Ley Federal de Transparencia la redacción que fue eliminada del
borrador de la Ley General, sobre la posibilidad del INAI de declarar
el interés público de la información relacionada con violaciones graves
a derechos humanos, aun cuando no exista pronunciamiento previo de
autoridad competente.
Renata Terrazas Tapia, investigadora del Centro de Análisis e
Investigación FUNDAR, habló de la necesidad de incorporar a la Ley
Federal temas que no fueron considerados en la General, como la
ampliación de las obligaciones de transparencia al Poder Legislativo,
especificar las que serán vigentes en materia energética, al considerar
que hasta la fecha, el gobierno federal no ha mostrado interés en
incluir el tema de transparencia en el desarrollo de industrias
extractivas y las obligaciones por sector.
“La política pública no solamente atañe a un solo sujeto obligado,
muchas veces hay diferentes sujetos obligados vinculados; lo más
acertado, en aras de caminar hacia una mayor garantía del derecho al
acceso a la información, es vincular esta información y hacerlo por
sector”, explicó Terrazas.
INAI, el brazo ejecutor
Luego de escuchar la postura, recomendaciones y críticas al
procedimiento y contenido del proyecto de Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información, Ximena Puente, comisionada presidenta del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), declaró que si bien existe una
clara coincidencia de la importancia sobre rendición de cuentas, queda
pendiente el reconocimiento expreso de la facultad del instituto para
determinar la procedencia del acceso sobre el acceso a la información
relacionada con violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa
humanidad y actos de corrupción.
“Advertimos la necesidad de un mayor desarrollo de las obligaciones
de transparencia vinculadas al sector energético y de hidrocarburos que
hoy por hoy es el objeto de regulación en leyes como la de la industria
eléctrica, o la del aprovechamiento de energías renovables y el
funcionamiento de la transición eléctrica”, apuntó la funcionaria.
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