Descartan expertos del GIEI que normalistas estuvieran “infiltrados” por el grupo delincuencial Los Rojos

   

Por: Cecilia Balderas

(10 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), solicitó al Senado de la República, a nombre de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos desde septiembre de 2014, exhortar al titular del Ejecutivo Federal a definir, a la brevedad posible, la fecha exacta en que se reunirá con los padres y compañeros de los normalistas desparecidos, al considerar que el tema “no puede esperar”.

Durante la reunión entre los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con legisladores de diversos grupos parlamentarios, Patrón solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR), garantizar que las investigaciones no se sigan contaminando.

Para hacer valer el derecho de acceso a la verdad y justicia de los familiares de las víctimas, el defensor de derechos humanos pidió a los legisladores analizar la posibilidad de crear dos fiscalías especiales: una a cargo de continuar con la investigación sobre la desaparición de los jóvenes estudiantes, privilegiando su búsqueda con vida, y la otra, especializada en control interno, que tenga como principal objetivo investigar a los funcionarios a cargo del caso que llegaron a la conclusión que los normalistas habían sido asesinados y sus cuerpos calcinados, mismos que “no hicieron adecuadamente su trabajo o que incluso, por acciones u omisiones, pudieron obstruir el acceso a la justicia”.

De concretarse la formación de ambas oficinas, los padres de los estudiantes desaparecidos solicitan que el nombramiento de los fiscales tenga el visto bueno de los expertos de la CIDH, pues consideran que “solamente así se puede construir de nuevo la confianza frente a unas víctimas que no han recibido respuesta del Estado; es más, que el Estado les ha mentido”, dijo Padrón.

Respecto a la discusión en el Senado de la República de las leyes en materia de desaparición forzada de personas y tortura, las organizaciones sociales y los familiares de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, exigen que antes de que el Legislativo vote las iniciativas, también pasen por el ojo revisor de los integrantes del GIEI.

Padrón advirtió que durante la discusión sobre el proceso para transitar de la PGR a la creación de una Fiscalía General de la Nación, es indispensable tomar en cuenta la necesidad de contar con una “vicefiscalía” especializada en la investigación de violaciones graves a derechos humanos, en la que participen expertos en temas como ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y tortura.

Sin argumentos, presunta infiltración de normalistas

En la presentación del informe que Carlos Beristain y Francisco Cox -del GIEI- realizaron ante los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, reiteraron que no existen argumentos para creer que los normalistas fueron a Iguala a tratar de boicotear algún acto político, como se afirmó al inicio de la investigación y como también se descartó con base en sus declaraciones y en las de los choferes de las unidades en las que se desplazaron; por el contrario, los normalistas llegaron al municipio gobernado por José Luis Abarca de manera fortuita.

Cox descartó que los normalistas estuvieran “infiltrados” por el grupo delincuencial denominado Los Rojos, antagónicos a los Guerreros Unidos.

“Eso surge de sólo declaraciones de perpetradores, declaraciones que incluso son desmentidas por los propios antecedentes que obran en la investigación, tales como la hora que dicen que habrían ido, los muchachos ni siquiera habían salido de la escuela”, explicó el abogado chileno.

Agregó que las comunicaciones internas de las fuerzas de seguridad, a través del C-4, dan cuenta de que las autoridades sabían que quienes se desplazaban en los autobuses eran estudiantes.

“Una cosa de sentido común: si es que hay infiltrados, aun cuando no sean todos, si hay un infiltrado y uno va a ir a tomar la plaza, o va a ir a buscar droga o va a ir a combatir al otro grupo, va armado, no va con piedras y no termina arrojando un extintor como mecanismo de defensa. Eso demuestra que tampoco hubo enfrentamientos”, dijo.

Informe del GIEI tiene implicaciones legales

Tras la participación de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, vino la participación de los legisladores.

La senadora Diva Hadamira Gastélum habló a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y comenzó argumentando que no se le puede regatear al gobierno de Peña Nieto su “iniciativa” de contactar a la CIDH para que coadyuvara en la investigación del caso; sin embargo, la solicitud inicial la hicieron los padres de los normalistas desaparecidos y ante la presión, el Ejecutivo federal no tuvo más remedio que formalizar la solicitud.

Respecto a los señalamientos de omisiones en las diligencias de la PGR realizados por los investigadores, Gastélum sostuvo que no se puede descalificar el trabajo de la dependencia, ahora a cargo de la senadora con licencia Arely Gómez, mismos que han producido cientos de detenidos y resoluciones que según la integrante del tricolor, no son contrarias al informe presentado.

“Yo preguntaría: los expertos de la UNAM ¿sirven o no sirven?…Si seguimos haciendo reparto de culpas, lo único que vamos a hacer es que pase lo que ha pasado con muchos casos (de desaparición forzada) en este país, que no se sabe dónde quedaron ni lo que se hicieron”, dijo.

En su participación, la excandidata a la gubernatura de Campeche, Layda Sansores, criticó que en nuestro país no se realicen investigaciones serias y que las acusaciones se basen en testimonios y confesiones de probables delincuentes, mismas que en muchos casos, son obtenidos a través de métodos de tortura.

“Por eso están las cárceles llenas de inocentes y esto nos consta. Nos dice Diva, que es una mujer bien intencionada, ‘hay que tener confianza, no la perdamos’; pero no, está perdida. ¿Cómo se puede tener confianza en este país cuando todos los días, desde el gobierno nos avientan mierda? Lo peor es que esta sociedad se está acostumbrando a olerla. Yo no sé qué falta para que este pueblo salga a la calle”, sostuvo.

Alejandro Encinas Rodríguez, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, sostuvo que el informe del GIEI deberá tener implicaciones jurídicas, legales, políticas, sociales e incluso éticas y morales, pues es resultado del trabajo de un grupo integrado por la CIDH, organismo que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Pacto de San José, suscrito por el Estado mexicano y del que es integrante.

“De acuerdo a nuestra Constitución, todos los tratados suscritos por el Estado mexicano y ratificados por el Senado de la República, tienen valor de ley. Por lo tanto, este informe es vinculante con la investigación que está llevando la Procuraduría General de la República”, sostuvo el legislador.