Por: Cecilia Balderas
(10 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Mario Patrón
Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez (Centro Prodh), solicitó al Senado de la República, a nombre de
los familiares de los 43 normalistas desaparecidos desde septiembre de
2014, exhortar al titular del Ejecutivo Federal a definir, a la
brevedad posible, la fecha exacta en que se reunirá con los padres y
compañeros de los normalistas desparecidos, al considerar que el tema
“no puede esperar”.
Durante la reunión entre los integrantes del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con legisladores de
diversos grupos parlamentarios, Patrón solicitó a la Procuraduría
General de la República (PGR), garantizar que las investigaciones no se
sigan contaminando.
Para hacer valer el derecho de acceso a la verdad y justicia de los
familiares de las víctimas, el defensor de derechos humanos pidió a los
legisladores analizar la posibilidad de crear dos fiscalías especiales:
una a cargo de continuar con la investigación sobre la desaparición de
los jóvenes estudiantes, privilegiando su búsqueda con vida, y la otra,
especializada en control interno, que tenga como principal objetivo
investigar a los funcionarios a cargo del caso que llegaron a la
conclusión que los normalistas habían sido asesinados y sus cuerpos
calcinados, mismos que “no hicieron adecuadamente su trabajo o que
incluso, por acciones u omisiones, pudieron obstruir el acceso a la
justicia”.
De concretarse la formación de ambas oficinas, los padres de los
estudiantes desaparecidos solicitan que el nombramiento de los fiscales
tenga el visto bueno de los expertos de la CIDH, pues consideran que
“solamente así se puede construir de nuevo la confianza frente a unas
víctimas que no han recibido respuesta del Estado; es más, que el
Estado les ha mentido”, dijo Padrón.
Respecto a la discusión en el Senado de la República de las leyes en
materia de desaparición forzada de personas y tortura, las
organizaciones sociales y los familiares de los estudiantes de la
Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, exigen que antes de
que el Legislativo vote las iniciativas, también pasen por el ojo
revisor de los integrantes del GIEI.
Padrón advirtió que durante la discusión sobre el proceso para
transitar de la PGR a la creación de una Fiscalía General de la Nación,
es indispensable tomar en cuenta la necesidad de contar con una
“vicefiscalía” especializada en la investigación de violaciones graves
a derechos humanos, en la que participen expertos en temas como
ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y tortura.
Sin argumentos, presunta infiltración de normalistas
En la presentación del informe que Carlos Beristain y Francisco Cox
-del GIEI- realizaron ante los integrantes de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado, reiteraron que no existen argumentos para creer que
los normalistas fueron a Iguala a tratar de boicotear algún acto
político, como se afirmó al inicio de la investigación y como también
se descartó con base en sus declaraciones y en las de los choferes de
las unidades en las que se desplazaron; por el contrario, los
normalistas llegaron al municipio gobernado por José Luis Abarca de
manera fortuita.
Cox descartó que los normalistas estuvieran “infiltrados” por el
grupo delincuencial denominado Los Rojos, antagónicos a los Guerreros
Unidos.
“Eso surge de sólo declaraciones de perpetradores, declaraciones que
incluso son desmentidas por los propios antecedentes que obran en la
investigación, tales como la hora que dicen que habrían ido, los
muchachos ni siquiera habían salido de la escuela”, explicó el abogado
chileno.
Agregó que las comunicaciones internas de las fuerzas de seguridad,
a través del C-4, dan cuenta de que las autoridades sabían que quienes
se desplazaban en los autobuses eran estudiantes.
“Una cosa de sentido común: si es que hay infiltrados, aun cuando no
sean todos, si hay un infiltrado y uno va a ir a tomar la plaza, o va a
ir a buscar droga o va a ir a combatir al otro grupo, va armado, no va
con piedras y no termina arrojando un extintor como mecanismo de
defensa. Eso demuestra que tampoco hubo enfrentamientos”, dijo.
Informe del GIEI tiene implicaciones legales
Tras la participación de los integrantes del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes, vino la participación de
los legisladores.
La senadora Diva Hadamira Gastélum habló a nombre del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y comenzó
argumentando que no se le puede regatear al gobierno de Peña Nieto su
“iniciativa” de contactar a la CIDH para que coadyuvara en la
investigación del caso; sin embargo, la solicitud inicial la hicieron
los padres de los normalistas desaparecidos y ante la presión, el
Ejecutivo federal no tuvo más remedio que formalizar la solicitud.
Respecto a los señalamientos de omisiones en las diligencias de la
PGR realizados por los investigadores, Gastélum sostuvo que no se puede
descalificar el trabajo de la dependencia, ahora a cargo de la senadora
con licencia Arely Gómez, mismos que han producido cientos de detenidos
y resoluciones que según la integrante del tricolor, no son contrarias
al informe presentado.
“Yo preguntaría: los expertos de la UNAM ¿sirven o no sirven?…Si
seguimos haciendo reparto de culpas, lo único que vamos a hacer es que
pase lo que ha pasado con muchos casos (de desaparición forzada) en
este país, que no se sabe dónde quedaron ni lo que se hicieron”, dijo.
En su participación, la excandidata a la gubernatura de Campeche,
Layda Sansores, criticó que en nuestro país no se realicen
investigaciones serias y que las acusaciones se basen en testimonios y
confesiones de probables delincuentes, mismas que en muchos casos, son
obtenidos a través de métodos de tortura.
“Por eso están las cárceles llenas de inocentes y esto nos consta.
Nos dice Diva, que es una mujer bien intencionada, ‘hay que tener
confianza, no la perdamos’; pero no, está perdida. ¿Cómo se puede tener
confianza en este país cuando todos los días, desde el gobierno nos
avientan mierda? Lo peor es que esta sociedad se está acostumbrando a
olerla. Yo no sé qué falta para que este pueblo salga a la calle”,
sostuvo.
Alejandro Encinas Rodríguez, integrante de la Comisión Bicameral de
Seguridad Nacional, sostuvo que el informe del GIEI deberá tener
implicaciones jurídicas, legales, políticas, sociales e incluso éticas
y morales, pues es resultado del trabajo de un grupo integrado por la
CIDH, organismo que forma parte de la Organización de Estados
Americanos (OEA) y del Pacto de San José, suscrito por el Estado
mexicano y del que es integrante.
“De acuerdo a nuestra Constitución, todos los tratados suscritos por
el Estado mexicano y ratificados por el Senado de la República, tienen
valor de ley. Por lo tanto, este informe es vinculante con la
investigación que está llevando la Procuraduría General de la
República”, sostuvo el legislador.
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