AmorrAs Taxis: mujeres acompañando a mujeres

Escrito por Berenice Chavarría Tenorio 

Fotografía: Facebook AmorrAs Taxis.- 

Ciudad de México.- “Merecemos transporte seguro, merecemos vida segura”: se lee en el portal AmorrAs Taxis, una colectiva que surgió con el objetivo de brindar una opción de movilidad a las mujeres ante los riesgos que día a día enfrentan como consecuencia de la violencia feminicida que impera en el país y las omisiones por parte de las autoridades.

La colectiva inició en agosto de 2022 para “acompañar y apoyar” a mujeres en traslados en la CDMX y la periferia, como Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, todos municipios del Estado de México.

Las mujeres que integran AmorrAs Taxis han advertido el riesgo que supone para todas las mujeres encontrar una forma de movilidad segura, pues el acoso, desapariciones, violaciones e incluso casos de feminicidio han visto un incremento en el transporte público.

“Creamos una red de taxis en donde las AliadAs conducirán para trasladar a las AcompañadAs a sus destinos de manera segura y responsable”, se lee en su página oficial de Facebook.

Fotografía: Facebook AmorrAs Taxis

AmorrAs Taxis buscan estrategias para cuidarse unas a otras, ante una realidad que demuestra que siete de cada 10 mujeres se sienten inseguras en el transporte público, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2022).

Además, según información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, tan solo en la capital del país, el 96 por ciento de las mujeres han sido víctimas por lo menos una vez de algún acto de violencia en el transporte público.

Recordemos que en días recientes Lidia y Ariadna fueron víctimas de feminicidio luego de haber sido vistas por última vez abordando un taxi en la Ciudad de México.

Lidia Gabriela viajaba en un taxi en la alcaldía Iztapalapa el pasado 1 de noviembre. El conductor presuntamente se habría negado a detenerse frente a la estación del Metro Constitución, donde ella se dirigía, lo que habría provocado que la joven se arrojara del vehículo en movimiento, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por lo que el caso ya es investigado bajo el protocolo de feminicidio.

En tanto, Ariadna Fernanda, una joven de 22 años, fue vista por última vez los últimos días del mes de octubre en la Condesa antes de presuntamente abordar un taxi. Sin embargo, horas después fue localizada sin vida en la autopista La Pera-Cuautla.

Estado ignora responsabilidades

Las mujeres se han organizado ante las omisiones del Estado, el cual tiene la obligación de brindar un transporte y ciudades seguras para ellas.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) insta a los Estados parte, entre ellos México, a adoptar y aplicar medidas legislativas y otras medidas preventivas adecuadas para abordar las causas subyacentes de la violencia por razón de género, además de “elaborar y aplicar medidas eficaces para que los espacios públicos sean seguros y accesibles para todas las mujeres y las niñas”.

Por ello, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destaca la necesidad de que los gobiernos refuercen el vínculo entre movilidad y género, puesto “que mientras más seguro, eficaz y asequible sea el transporte para las mujeres, mayores serán las oportunidades para que éstas puedan decir continuar con su educación o acceder a fuentes de trabajo mejor remuneradas y estables en el tiempo aunque sean más lejos de casa”.

Cepal señala que para avanzar hacia una movilidad sostenible debe haber planificación, implementación y regulación de los sistemas de transporte, para que estos sean capaces de satisfacer las necesidades de movilidad de la población. Sin embargo, esta continúa siendo una tarea pendiente del Estado.

Exigen justicia para Lidia y Ariadna, víctimas de feminicidio tras abordar un taxi en la CDMX

Escrito por Berenice Chavarría Tenorio 

CIMACFoto.- Ciudad de México.- La violencia hacia las mujeres en la Ciudad de México no cesa. Muestra de ello son los recientes casos de Lidia Gabriela y Arianda, dos jóvenes a quienes el sistema machista que impera en México les arrebató la vida tras abordar un taxi, demostrando además que no hay transporte público seguro para las mujeres en la capital del país, donde este 2022 han sido asesinadas más de 90 mujeres.

En la CDMX de enero a septiembre se han registrado 92 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales únicamente 52 se investigan como feminicidio, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). A la cifra anterior se suman los casos de Lidia y Arianda, víctimas de esta violencia en los primeros días de noviembre.

Lidia Gabriela viajaba en un taxi en la alcaldía Iztapalapa el pasado 1 de noviembre. El conductor presuntamente se habría negado a detenerse frente a la estación del Metro Constitución, donde ella se dirigía, lo que habría provocado que la joven se arrojara del vehículo en movimiento, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por lo que el caso ya es investigado bajo el protocolo de feminicidio.

En tanto, Ariadna Fernanda, una joven de 22 años, fue vista por última vez los últimos días del mes de octubre en la Condesa antes de presuntamente abordar un taxi. Sin embargo, horas después fue localizada sin vida en la autopista La Pera-Cuautla.

“Les informamos que iniciamos una investigación por noticia criminal para esclarecer los hechos en el caso de la joven Ariadna que lamentablemente fue encontrada sin vida en la carretera; continuamos en comunicación y coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos”, informó la FGJCDMX.

La Fiscalía de la CDMX además señaló que una célula de atención a víctimas y detectives de la Policía de Investigación (PDI) pertenecientes a dicha institución se mantendrán en contacto con familiares de la joven.

Los anteriores no serían los primeros casos de feminicidio perpetrados luego de un secuestro en un taxi. Tal como en 2019 ocurrió a Daniela, una joven que salió de su trabajo en Xochimilco rumbo a una fiesta; sin embargo, nunca llegó.

“Ayuda, creo que el taxi me quiere secuestrar. Ayúdame, por favor”, fue el último mensaje que escribió la joven, quien días después fue localizada sin vida en Tlalpan en medio de una búsqueda que desde el primer momento estuvo plagada de omisiones por parte de la FGJCDMX, acusó su familia.

Mara Fernanda Castilla Miranda, una joven originaria de Puebla, fue víctima del mismo modus operandi. Desapareció el 8 de septiembre de 2017 en el municipio de Cholula, tras abordar un servicio de taxi. Sin embargo, siete días después fue localizada sin vida en una barranca en San Miguel Xonacatepec en los límites de Tlaxcala.

Mitzi, maestra de primaria de 24 años de edad, también abordó un taxi en San Luis Potosí el mes de agosto de 2019. Pero horas más tarde fue localizada asesinada con varias lesiones en el rostro.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021), 7 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en el transporte público. Además, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, en la Ciudad de México el 96 por ciento de las mujeres han sido víctimas por lo menos una vez de algún acto de violencia en el transporte público.

De esta forma, es posible observar que la impunidad ante la repetición de casos de feminicidio y diversas violencias hacia las mujeres en el transporte público ha creado un panorama de permisividad para los agresores, provocando que las mujeres ya no puedan sentirse seguras en ningún lugar.

México deberá vigilar derechos de mujeres y niñas indígenas: recomendación 39 Cedaw

Escrito por Berenice Chavarría Tenorio 

CIMACFoto: César Martínez López.-

Ciudad de México.- México deberá implementar las medidas políticas necesarias para garantizar los derechos de las mujeres y niñas indígenas bajo los principios que establece la recién aprobada recomendación general 39 por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).

El Comité adoptó dicha recomendación el pasado 26 de octubre luego de una serie de reuniones a las que acudieron 70 mujeres y jóvenes lideresas indígenas de 21 países y 24 pueblos indígenas de las Américas.

Ya aprobada, esta recomendación general brinda orientación a los Estados partes sobre medidas legislativas, políticas y otras medidas para asegurar la implementación de sus obligaciones en relación con los derechos de las mujeres y niñas indígenas bajo la CEDAW.

IMAGEN: ONU Mujeres

Entre los Estados partes se encuentra México, país que deberá adoptar las siguientes medidas:

En materia de igualdad y no discriminación México deberá desarrollar políticas integrales para eliminar la discriminación contra las mujeres y niñas indígenas; estas propuestas deberán incluir medidas para abordar la discriminación interseccional que enfrentan las mujeres y niñas indígenas con discapacidad, adultas mayores, aquellas pertenecientes a la comunidad LGBT, las que se encuentran en situación de pobreza, aquellas que viven en áreas rurales y urbanas, quienes han sido desplazadas forzosamente, refugiadas, migrantes dentro y fuera de sus países; las viudas, cabezas de familia o huérfanas a causa de conflictos armados nacionales e internacionales.

También se deberá asegurar que las mujeres indígenas sean iguales ante la ley y tengan igual capacidad para celebrar contratos, administrar y heredar bienes. Además se tendrá que adoptar la legislación necesaria para garantizar plenamente los derechos de las mujeres y niñas indígenas a la tierra, el agua y otros recursos naturales, incluido su derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.

“Los Estados deben asegurar que las mujeres indígenas en áreas rurales y urbanas tengan igual acceso a la propiedad, título, posesión y control sobre la tierra, el agua, los bosques, la pesca, la acuicultura y otros recursos que hayan poseído, ocupado o utilizado o adquirido de otra manera, incluyendo protegiéndolos contra la discriminación y el despojo”, destaca el Comité.

Sumado a lo anterior, los tres niveles de gobierno están obligados proteger a mujeres y niñas indígenas de la discriminación por parte de actores tanto estatales como no estatales dentro y fuera de sus territorios, incluyendo negocios y empresas, “especialmente en las áreas de participación política, representación, educación, empleo, salud, seguridad social. protección, trabajo digno, justicia y seguridad”.

De lo anterior, el Estado deberá proporcionar información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas, presupuestarias, de seguimiento y evaluación, en sus informes periódicos al Comité.

La recomendación general 39 también aborda consideraciones en materia de acceso a la justicia, ámbito en el que se recomienda a los Estados partes asegurar que las mujeres y niñas indígenas tengan acceso efectivo a sistemas de justicia indígenas y no indígenas adecuados, libres de discriminación racial y de género, prejuicios, estereotipos, castigos y represalias.

Para ello se debe proporcionar capacitación continua a jueces y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los sistemas de justicia indígenas y no indígenas sobre los derechos de las mujeres y niñas y “la necesidad de un enfoque de justicia guiado por una perspectiva de género, interseccional, mujeres indígenas y niñas, perspectiva intercultural y multidisciplinaria”. El Comité también recomienda reclutar, capacitar y nombrar mujeres indígenas juezas y otro personal judicial en sistemas de justicia indígenas y no indígenas.

“Garantizar que las Mujeres y Niñas Indígenas sin medios suficientes y a quienes se les ha quitado la capacidad jurídica tengan acceso a asistencia jurídica gratuita y de calidad, incluso en casos de violencia de género contra las mujeres. Los Estados partes deben apoyar financieramente a las organizaciones no gubernamentales que brindan asistencia legal gratuita y especializada a las mujeres y niñas indígenas”, señala el Comité, añadiendo otra serie de medidas en torno a la participación efectiva en la vida política y pública, haciendo énfasis también en los derechos a la educación, trabajo, salud, cultura y medio ambiente.

Por ejemplo, en materia de participación efectiva en la vida política, CEDAW insta a los Estados a establecer mecanismos de rendición de cuentas para evitar que los partidos políticos y los sindicatos discriminen a las mujeres y niñas indígenas. Además de crear, promover y asegurar el acceso de estas mujeres a cargos políticos a través del financiamiento de campañas; entrenamiento de habilidades; incentivos; actividades de sensibilización de los partidos políticos para postular a Mujeres Indígenas como candidatas; y servicios adecuados de salud, guarderías y servicios de apoyo para el cuidado de las personas mayores.

Al hablar de derecho a la educación se recomienda que, entre otros puntos, los gobiernos desarrollen programas de becas y ayuda financiera para promover la inscripción de mujeres y niñas indígenas, incluidos campos no tradicionales como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y tecnologías de la información y la comunicación (TIC), además de reconocer y proteger el conocimiento indígena y las contribuciones de estos pueblos.

“Crear sistemas de apoyo interdisciplinarios para Mujeres y Niñas Indígenas para reducir su participación desigual en el trabajo de cuidado no remunerado y combatir el matrimonio infantil, y ayudar a las víctimas a denunciar actos de violencia de género y explotación laboral. Los sistemas de apoyo social deben ser operativamente efectivos, accesibles y culturalmente receptivos”, señala el Comité.

CIMACFoto: César Martínez López

En materia de derechos laborales, México deberá garantizar condiciones de trabajo equitativas, seguras, justas y favorables y seguridad de ingresos para las mujeres; ampliar y promover las oportunidades de formación profesional y vocacional; proteger la salud y seguridad ocupacional; ampliar la cobertura de la protección social e incorporar plenamente el principio de igualdad salarial.

En temas de salud se insta a los Estados a garantizar servicios e instalaciones de salud de calidad; brindar información rápida, completa y precisa en formatos accesibles sobre servicios de salud sexual y reproductiva; a asegurar el reconocimiento de los sistemas de salud indígenas, los conocimientos, prácticas, ciencias y tecnologías ancestrales, y prevenir y sancionar la criminalización de estos conocimientos.

En cuanto a medio ambiente se exhorta a asegurar que las mujeres y niñas indígenas tengan igualdad de oportunidades para participar de manera significativa y efectiva en la toma de decisiones relacionadas con este tema; a garantizar que existan recursos efectivos y mecanismos de transparencia para que los responsables de daños ambientales rindan cuentas, finalmente que se asegure el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres y niñas en asuntos que afecten su medio ambiente, tierras, patrimonios culturales y recursos naturales.

“Esto incluye cuando se hace cualquier propuesta para designar sus tierras como un área protegida para fines de conservación o mitigación del cambio climático o secuestro y comercio de carbono; se propone un proyecto de energía verde en sus terrenos; y en cualquier otro asunto que afecte significativamente sus derechos humanos”.

Comité CEDAW Fotografía: Twitter @leticia_bonifaz

Se estima que hay 476,6 millones de pueblos indígenas en todo el mundo, de los cuales más de la mitad (238 millones) son mujeres. Históricamente las mujeres indígenas han sufrido discriminación y violencias en razón de género y etnia, lo que ha provocado mayores niveles de pobreza y violencia, que incluyen un acceso limitado a servicios sociales y una baja representación en la toma de decisiones.

Desde hace años CEDAW ha solicitado en los informes periódicos presentados por los Estados parte información sobre la situación particular de las mujeres indígenas; sin embargo, las naciones demostraron la invisibilización en la que vive este sector de la población. Por ello, la adopción de la recomendación abre un panorama de derechos para las mujeres y niñas indígenas.

Construir una agenda para la igualdad

Escrito por Carmen R Ponce Meléndez 

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“Los datos de la población disponible en México muestran que, en nuestro país, las mujeres son penalizadas en el acceso al empleo y cuentan con condiciones salariales inferiores tanto por su género como por la maternidad.

De acuerdo estimaciones del BID20, si en México existiera una política de provisión de servicios de cuidado, la participación laboral de las mujeres incrementaría a alrededor de 8 pp. Esto a su vez, provocaría que el PIB percápita de nuestro país incrementara de manera permanente más de 6 por ciento.

En este sentido, a través del Comité Nacional de Productividad, y en conjunto con el INMUJERES, IMSS, DIF y Bienestar, se trabaja en el diseño de un sistema nacional de cuidados para población dependiente (infantes, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad o enfermedades crónico-degenerativas, entre otras) que considere a las personas cuidadoras”. Cap. 4 Eje de Política Económica para el mediano plazo. Criterios Generales de Política Económica 2023. SHCP.

El próximo 15 de noviembre el Congreso autorizará el Paquete Económico 2023 y como parte sustantiva el Anexo 13 del presupuesto, enfocado a la igualdad entre mujeres y hombres.

En este Eje Transversal los recursos propuestos para el Anexo 13 el siguiente año suman 346 mil 077 millones de pesos. Únicamente 7 por ciento de este gasto se destinará a acciones para promover la erradicación de la violencia de género; una cifra irrisoria frente a la enorme dimensión del problema sobre violencia contra mujeres.

Diez feminicidios diarios justifican ampliamente una estrategia con programas y recursos suficientes.

Mientras que la Secretaría del Bienestar absorberá casi 60 por ciento de los recursos para la igualdad con 205 mil 834 millones; Educación Pública concentraría 26.2 por ciento, en tanto que Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tendría 4.3 por ciento.

En materia de cuidados y su sistema -planteado en los Criterios Generales de Política Económica-, para el próximo año el gobierno contempla a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se lleve a cabo la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados.

“En el PPEF 2023 se prevén avances para un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) a través del Inegi e Inmujeres. Se requieren recursos para un SNC, que incluya población sin seguridad social, que contribuya a la equidad intergeneracional y atienda a las personas históricamente vulneradas”.

De acuerdo con su análisis, el gasto en economía de cuidados —considerando los recursos a primera infancia, mujeres e hijos, niñez, adultos mayores, adolescencia y personas con discapacidad— representa sólo 0.5 por ciento del PIB, con una asignación del orden de 39 mil 242 millones de pesos. Totalmente insuficientes.

Aunque son inegables los beneficios que otorgan a las Mujeres programas como becas o el programa para adultos mayores, en un amplio sentido Bienestar Social pasa por una condición sin la cual no se combate con efectividad la violencia contra las Mujeres, atender su problemática de salud y la brecha de discriminación que enfrentan diariamente en todas los espacios, ya sea laborales o comunitarios.

No puede exitistir bienestar social con el alto nivel de explotación para las Mujeres, llamado eufemisticamente “brechas de género”.

Ahí está la ausencia de una auténtica agenda de género, si los programas actuales para estos efectos no funcionan (así lo dice la evidencia), entonces hay que modificarlos y entonces si, asignar mayores recursos.

Recursos fiscales, porque ninguna empresa por exitosa que sea estará dispuesta a “donar” voluntariamenete para un Sistema Nacional de Cuidados o para combatir los feminicidios. El mecanismo es hacer crecer las finanzas públicas sin endeudarse, basta una reforma fiscal progresiva, acompañada del programa actual “cero evasores”.

No es casual que los gobiernos de Colombia y Chile iniciaran sus proyectos nacionales con la reforma fiscal a fin de allegarse recursos indispensables para atender necesidades de la población largamente posgtergadas, una redistribución del ingreso.

El Colegio Nacional realizó un foro con el tema “El futuro del Bienestar Social”, un tema enorme en las circunstancias actuales, donde las mujeres juegan un rol fundamental. El objetivo era plantear una mirada propositiva.

Participaron panelistas de primer nivel: Clara Jusidman, Gerardo Esquivel, Mario Luis Fuentes y la directora Ejecutiva de Oxfam México. La Dra Jusidman fue la primera en enfatizar que no era posible pensar en un futuro de bienestar excluyendo a las Mujeres y su problemática: los trabajos de cuidados, la discriminación, el acceso a un sistema de salud digno, desigualdad salarial y seguridad entre otros derechos humanos. Así como el papel del Estado, su rol en la dimensión de Bienestar Social.

La desigualdad en toda su dimensión -exacerbada por la pandemia – fue abordada por la directora de Oxfam y Gerardo Esquivel, incluida la desigualdad de género como una factor que ahonda la desigualdad con pobreza.

Prácticamente un consenso fue el tema de la Mujer como generadora de bienestar y esencia de los avances que en esta materia se puedan tener en el futuro inmediato y en el ahora.

Ojalá la discusión que sobre el Anexo 13 considere estas premisas en el momento de analizar la disribución y asignación de los recursos presupuestaes en los diversos programas y Dependencias que conforman este objetivo de construir una agenda de género para la igualdad.

@ramonaponce

“Amores tóxicos, futuros imposibles”, el manual sobre feminismo de Irmgard Emmelhainz

Escrito por La Redacción 2

Ciudad de México. Un manual de feminismo para las jóvenes, es como la escritora Irmgard Emmelhainz describe su más reciente libro “Amores tóxicos futuros imposibles: el vivir feminista como forma de resistencia”.

En entrevista para De la X a la Y, conversamos con la autora sobre la “cancelación”, el feminismo gozoso y el futuro del “tsunami feminista”, como nombra al movimiento de jóvenes que inició en 2019 en México, quienes, encapuchadas y vestidas de negro, exigen un alto a la violencia a través la destrucción de la infraestructura pública.

En este libro, que incluye postales, experiencias personales y diversas teóricas del feminismo, Emmelhainz nos dice:

“El tsunami feminista mexicano necesita crearse una fase nueva, enfocada en hacer visible y en rebelarse en contra de las opresiones de género y racializadas, partiendo claramente de la interseccionalidad, afincando la lucha en un entendimiento de la intensificación de la violencia de género ligada a la guerra neoliberal”.

Irmgard Emmelhainz es escritora e investigado

En este libro, que incluye postales, experiencias personales y diversas teóricas del feminismo, Emmelhainz nos dice:

“El tsunami feminista mexicano necesita crearse una fase nueva, enfocada en hacer visible y en rebelarse en contra de las opresiones de género y racializadas, partiendo claramente de la interseccionalidad, afincando la lucha en un entendimiento de la intensificación de la violencia de género ligada a la guerra neoliberal”. ra independiente. Autora de los libros “La tiranía del sentido común: la reconversión neoliberal de México”, y “El cielo está incompleto: Cuadernos de viaje en Palestina”.

De la X a la Y es una producción conjunta de CIMAC e Ibero 909. Se transmite todos los martes a las 13:30 horas por Ibero 90.9 FM y los jueves a las 10:30 horas por Violeta Radio 106.1 FM.

Consulado de San Francisco, California retrasa atención a exempleada víctima de violencia sexual

Escrito por Diana Hernández Gómez 3 noviembre, 2022

Consulado General de México en San Francisco. Fotografía: Facebook oficial del Consulado.

San Francisco, California.- Virginia Solís Tepayol ya está llevando diferentes procesos contra el Consulado General de México en San Francisco, California. De acuerdo con la entrevista que Solís otorgó a Cimacnoticias, los titulares de dicha institución la violentaron y la abandonaron pese a saber que fue víctima de violencia sexual. Pero aún con los señalamientos y los procesos iniciados, la oficina de representación está utilizando técnicas dilatorias para no dar solución al caso de Virginia.

En su busca de justicia, la ex trabajadora llevó su caso frente al Comité de Ética del Consulado. Dicho comité agendó una entrevista virtual con ella para el miércoles 12 de octubre, la cual no se llevó a cabo sino hasta el lunes 17 del mismo mes presuntamente por fallas técnicas con la conexión de internet.

Esta entrevista tuvo como objetivo que Virginia expusiera los detalles sobre el hostigamiento laboral del que fue víctima por parte de la cónsul general María de los Remedios Gómez Arnau. De acuerdo con declaraciones de la exempleada consular a Cimacnoticias, tanto ella como otros compañeros suyos fueron señalados por la cónsul por presuntos actos de corrupción.

Además, Virginia afirma que otra excompañera fue despedida tras haberse contagiado de Covid-19, y a otro trabajador le retuvieron su pasaporte junto con el de su esposa por negarse a firmar un finiquito debido a la premura con la que le informaron de su término de contrato.

Tiempo después de que ella sufriera una agresión sexual, se comunicó con la cónsul para informarle lo sucedido y solicitarle una extensión de su contrato de trabajo (el cual estaba próximo a terminar) debido a la condición de vulnerabilidad en la que aún se encuentra.

Al recibir una respuesta negativa por parte del personal de la cónsul, Solís Tepayol se dirigió con el Comité de Ética para hacer énfasis «en la necesidad de demandar respeto, sensibilidad y ética» a la titular del Consulado de San Francisco no sólo en su caso sino en todos los de sus excompañeros.

Pese a todos estos antecedentes, para Virginia, la respuesta del Comité de Ética no fue satisfactoria. Apenas este 1 de noviembre le compartieron la minuta de su entrevista, pero aún falta que analicen el caso y tomen las decisiones correspondientes al respecto. Sin embargo, de acuerdo con información del Gobierno de México, las únicas medidas que puede tomar el órgano consisten en emitir recomendaciones al respecto y canalizar a las y los funcionarios a capacitaciones y programas de sensibilización.

Virginia seguirá buscando justicia para ella y sus compañeros del Consulado de San Francisco

Además de presentarse con el Comité de Ética de la SRE, Virginia Solís Tepayol también envió una queja con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). No obstante, la respuesta de esta institución fue revictimizante, pues pide a Virginia denunciar en México aún sabiendo que ella no puede abandonar Estados Unidos en este momento.

La extrabajadora consular también está buscando una respuesta a su caso con el Órgano Interno de Control de la SRE. No obstante, el proceso ha sido desgastante para ella, por lo que ha optado por poner todo en manos de abogados.

Virginia ha declarado a Cimanoticias que sabe que ninguna institución tratará el caso como algo más que un conflicto laboral; esto, pese a que el Consulado de San Francisco no sólo la culpó de corrupción previamente, sino que la dejó sin la protección a la que tenía derecho solo por ser mexicana tras haber sufrido violencia sexual.

En este sentido, Solís Tepayol asegura que no importa si deciden tratar la situación como conflicto laboral: aun así, ella seguirá hasta las últimas consecuencias para exigir justicia para ella y para sus compañeras y compañeros que han sido violentados por parte de las autoridades del Consulado General de San Francisco en California.

Sabía que no iba a ganar mucho si no armaba una estrategia. Y bueno, mi estrategia es esta. Creo que me asisten la verdad y el conducirme con rectitud. Para mí la cuestión es de principios y no un asunto laboral, pero si tengo que hacer valer mis principios por medio de un asunto laboral lo voy a hacer.Virginia Solís Tepayol

Mientras esto se resuelve, Virginia está a la espera de saber si puede proceder de manera legal contra el Consulado General de San Francisco por despido injustificado. También está buscando otro trabajo para poder continuar en Estados Unidos junto con su madre, quien necesita de ella debido a su estado delicado de salud. «No está sencillo pero no me rindo. Así estoy, agotada, pero sigo», afirma.

Al término de esta edición, Cimacnoticias buscó una entrevista con el personal del Consulado de San Francisco a través de la SRE para conocer su postura y sus acciones frente al caso de Virginia. Sin embargo, hasta este momento no hemos obtenido ninguna respuesta. Aun así, seguiremos informando sobre este caso de violencia y abandono institucional.

Michelle Arellano, niña mexicana de 10 años gana tercer lugar en Mundial de Matemáticas

Escrito por Berenice Chavarría Tenorio 

Fotografía: Tomada de video.- 

Ciudad de México.- La niña mexicana Michelle Arellano Guillén, obtuvo el tercer lugar en el Campeonato Mundial de Matemáticas, competencia que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán con la participación de mil 80 niñas y niños provenientes de 12 países.

Michelle Arellano, de 10 años de edad, es originaria de Chiapas y es considerada una niña genio debido a que cuenta con un coeficiente intelectual de 158. Ella forma parte del millón de niñas y niños considerados como sobredotados en México, de acuerdo con el Centro de Atención al Talento (CEDAT). Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud, la “sobredotación intelectual” es definida como: una inteligencia mínima dos desviaciones por encima de la media, “equivalente a un coeficiente intelectual superior a los 130 puntos mientras que el promedio se encuentra en 100 puntos”.

Su capacidad intelectual llevó a Michelle Arellano a colocarse en el tercer lugar del Campeonato Mundial de Matemáticas, competencia en la que se presentaron niñas y niños de países como Portugal, Alemania, Panamá, Canadá, Malasia, entre otros.

Durante el Campeonato Michelle logró resolver un total de 64 operaciones en cinco minutos. “Hice sumas, restas, multiplicaciones, raíz cuadrada y fracciones”, expresó la niña de 10 años en conferencia con medios de prensa. Para ella, lo más difícil del concurso fue tranquilizarse y no “ponerse nerviosa”, afirmó.

Karina Guillén Cruz aseguró que a los 10 meses Michelle se expresaba verbalmente con un lenguaje claro. Sin embargo, fue hasta los siete años de edad cuando notaron que su capacidad intelectual era más elevada que el promedio, esto se descubrió a raíz de que la menor de edad no quería ir a la escuela.

Fotografía: Tomada de video

Actualmente Michelle acude a la Universidad Autónoma de Chiapas (UACh) como oyente en la licenciatura de Medicina. Y el próximo 9 de noviembre será reconocida por el Gobierno de la Ciudad de México como una de las 100 niñas y mujeres que han marcado historia en el país.

Sobre la posibilidad de que Michelle viaje a otro país para continuar preparándose, su madre aseguró:

“Creé un grupo chiapaneco de niños sobredotados, tenemos ocho niños y niñas, la idea no es irse del país, porque alguien debería iniciar un proyecto o iniciativa para poder en conjunto salir adelante. En México no hay un tipo de apoyo para que estos niños puedan explotar su potencial, pero estamos iniciando las bases para que puedan tener un apoyo en este momento. Cuando esté más grande quizá podría irse del país”.

Niñas y niños “genio”, sin apoyo por parte del Gobierno Federal

De acuerdo con CEDAT, el 93 por ciento de las niñas y niños sobredotados en México se encuentran confundidos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), Asperger o Autismo “haciendo que reciban tratamientos médicos innecesarios y en cambio sin obtener la atención psicoeducativa diferenciada que requieren”.

En ese sentido, se destaca que en México no se cuenta con una infraestructura que permita potenciar las capacidades de estas niñas y niños, quienes requieren de capacitación y el desarrollo de habilidades que a un profesor en una escuela tradicional no le es requerido.

“La atención de los niños sobredotados requiere como parte de los programas diferenciados de profesores con capacidades y habilidades intelectuales superiores al promedio para mantener el ritmo de enseñanza-aprendizaje requerido (esto es que los profesores tengan sobredotación intelectual). Por lo tanto, no cualquier profesor puede atender a estos niños”. CEDAT

Incluso la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) destaca que por sus capacidades intelectuales, las niñas y niños superdotados requieren de métodos psicoeducativos más intensivos que estimulen su inteligencia. Sin embargo, en México los esfuerzos no son suficientes.

En diciembre de 2021, la senadora Eva Eugenia Galaz Caletti propuso un proyecto de decreto para reformar los artículos 9 y 67 de la Ley General de Educación con el objetivo de que a nivel federal la Secretaría de Educación Pública (SEP) cree Centros Educativos especiales para niñas, niños y adolescentes con altas capacidades intelectuales, de esta forma no sería opcional para cada estado desarrollar o no este tipo de espacios. Sin embargo, dicha iniciativa se encuentra congelada en las Comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

«Falta mucho por hacer»: María Elena Ríos tras tipificación de ataques con ácido en Senado

Escrito por Berenice Chavarría Tenorio 

Fotografía: Twitter @_ElenaRios.- 

Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó una serie de reformas al Código Penal Federal para tipificar y sancionar los ataques con ácido o sustancias corrosivas con hasta 13 años de prisión. Sin embargo, para María Elena Ríos Ortiz, saxofonista y sobreviviente de tentativa de feminicidio en 2019, este es apenas un primer paso para brindar justicia a las mujeres que han sido afectadas por este tipo de violencia.

Por unanimidad el Senado aprobó el dictamen con el que se sanciona con siete a 13 años de prisión a quien cause a otra persona lesiones con “cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, álcalis, ácidos y sustancias similares, incluyendo las que necesiten de otro agente para reaccionar, provocando en una mujer una daño o enfermedad incurable; la inutilización completa o la pérdida de una extremidad u órgano; cuando quede perjudicada cualquier función orgánica o se genere alguna discapacidad o deformidad incorregible en la piel”.

La pena se incrementará a dos terceras partes cuando exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de confianza.

Además, en el dictamen se destaca que el personal de salud deberá notificar al Ministerio Público de todos los casos de lesiones provocadas por agentes químicos que reciban para atención médica.

Con dichas reformas al Código Penal Federal, señala el documento aprobado, se podrán comenzar a elaborar estadísticas sobre este tipo de agresiones y sus distintas modalidades, ya que actualmente se carece de registros que dimensionen la problemática. La iniciativa pasará a la Cámara de Diputados para su análisis.

Es un paso, pero no es suficiente: María Elena Ríos

En entrevista con Cimacnoticias, María Elena Ríos, saxofonista, estudiante, defensora y sobreviviente de tentativa de feminicidio con ácido en 2019 en su natal Oaxaca, aseguró que las reformas aprobadas son un paso para reconocer dicha violencia, pero aún falta trabajo legislativo por hacer.

“Sí es un logro porque ya se está mencionando, ya se está poniendo bajo la mesa, pero no es el único logro que esperamos las mujeres, y no solamente las que hemos sido víctimas del ataque con ácido porque esta práctica es tan común que te puede tocar a ti y le puede tocar a quien me esté leyendo. Entonces falta mucho por hacer, concientizar tanto socialmente como gubernamental o institucionalmente; falta que los las y les legisladores se sienten y convoquen a las mujeres que hemos sobrevivido a este tipo de violencia para que entiendan de qué se trata”, expresó Ríos Ortiz.

En ese sentido, María Elena refirió que las sobrevivientes deben enfrentar procesos médicos, psicológicos, psiquiátricos y legales desgastantes y que conllevan muchos recursos emocionales y económicos.

“Es muy cansado y es muy desgastante física económica y emocionalmente porque te enfrentas a un monstruo y ese monstruo es un sistema machista, racista y clasista que gobierna este país”.

Fotografía: Twitter @_ElenaRios

Por ello, instó a las y los legisladores a promover reformas que permitan brindar a las sobrevivientes una atención integral que obligue a las instituciones públicas de salud a cubrir los gastos de su atención médica, que se califique el delito como tentativa de feminicidio, que se atiendan los efectos emocionales tras la agresión y que además se brinde un proceso de reinserción social, “porque lo primero es que sí sobrevives a este suceso te encierras y salir nuevamente, que te vean y te lean de una manera diferente es muy fuerte para nosotros”, señaló la saxofonista.

Finalmente, añadió la importancia de investigar el actuar de las Fiscalías estatales ante este tipo de casos, pues muchas veces no es considerado delito grave.

“Que ellos (legisladores) convoquen, no solamente a las víctimas, sino que haya una retroalimentación con cirujanos, dermatólogos, psicólogos, psiquiatras, enfermeros y todas las personas que se han involucrado en los procesos de salvación de nosotras. Eso es lo que falta. Falta mucho evidentemente, porque cuando te atacan con ácido el objetivo especial y único es culminar con tu vida de todas las maneras posibles, porque el hecho de que sobrevivas no quiere decir que tú estás sana”.

Justicia tardía

El 9 de septiembre de 2019, María Elena fue atacada con ácido en la oficina donde trabajaba. Esta agresión la ha llevado a ser intervenida quirúrgicamente –con el temor de no despertar– y también a ser víctima de difamaciones y amenazas por parte de personas cercanas a su ex pareja, el ex diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Antonio Vera Carrizal, actualmente preso por ser considerado el presunto autor intelectual del atentado contra la joven de entonces 26 años.

En su ir y venir de Oaxaca a la Ciudad de México –donde estudia, recibe asesoramiento legal, psicológico y médico– ha viajado con el temor que supone saber en libertad a Juan Antonio Vera Hernández, hijo del ex diputado del PRI y otro de sus agresores.

A lo largo de estos tres años, María Elena se ha convertido en víctima, sobreviviente, defensora, psicóloga y perito, asegura. Pues ha sido ella quien ha enviado pruebas sobre el paradero de su presunto agresor, también ha dado la cara en lugar de autoridades que temen verse involucradas en su caso. Mientras tanto, la familia de su victimario la da por “olvidada para la sociedad”.

Y es que actualmente María Elena acusa que el gobernador de la entidad, Alejandro Murat Hinojosa y todas las autoridades que siguen su caso han ejercido violencia de género, violencia institucional y violencia económica en su contra, incluso afirma que han emprendido una campaña de desprestigio en la que aseguran que a ella se le han entregado cantidades exorbitantes para su atención médica; sin embargo, esto es falso.

“Dicen que a mí ya me dieron tantos millones y a mí me gustaría saber dónde están para que pueda continuar con mis tratamientos”.

Además asegura que el gobierno estatal no ha realizado el reembolso de sus tratamientos correspondientes a los meses de agosto y septiembre, gastos con los que ella tuvo que correr por su cuenta.

Sumado a lo anterior acusa que las autoridades de Oaxaca no han querido reconocer a su madre como víctima indirecta del ataque con ácido, pues el día de la agresión ella también resultó afectada.

“Se necesita una reparación en este caso, no solamente yo soy la quemada, mi madre tiene quemaduras”, sentenció. Pese al panorama que enfrenta, la joven saxofonista está lejos de desistir, pues considera que su lucha es la de muchas.

La quemada: una leyenda sobre el machismo en la época colonial de México

Escrito por Diana Hernández Gómez 

Imagen: Gobierno de México

La cultura mexicana está repleta de leyendas de terror cuyas protagonistas son mujeres. Pero no son cualquier tipo de mujer: de alguna u otra forma, muchas de ellas fueron víctimas de una violencia patriarcal y machista que simplemente, como los fantasmas de una casa embrujada, no desaparece en nuestro país.

Una de las leyendas que ilustra esto a la perfección es la historia de «La quemada», la cual —supuestamente— nació en el corazón de la Ciudad de México. Según el relato popular, la calle Jesús María del Centro Histórico capitalino antes era conocida como «La calle de la quemada». Esto se debe a que, en el siglo XVI, una mujer llamada Beatriz (quien vivía en un hogar de dicha vialidad) decidió quemar su rostro con carbón al rojo vivo.

Cuentan que lo que la llevó a desfigurarse fueron ni más ni menos que los celos de un hombre con el que, sin embargo, terminó contrayendo matrimonio. Pero este no es el único rasgo de machismo en la leyenda de «La quemada».

El estereotipo de la mujer «digna de amor»

La protagonista de esta leyenda mexicana lleva por nombre Beatriz es una mujer de 20 años, hija de un español adinerado llamado Gonzalo Espinosa de Guevara. Este hombre era un encomendero, lo que quiere decir que tenía la labor de educar a un grupo de personas indígenas en la fe católica (y, de paso, supervisar que hicieran bien su trabajo en las tierras de siembra recién conquistadas).

En todas las versiones de la historia, Beatriz es descrita como una mujer con la piel blanca, un cuerpo esbelto y una dedicación a la caridad. En otras palabras, Beatriz era uno de los tantos personajes femeninos arquetípicos que representan la belleza canónica de occidente, la cual está ligada con la pureza (condición indispensable para que la mujer sea «merecedora» del amor de un hombre).

Ejemplos de esto sobran en las diferentes expresiones culturales de nuestra sociedad. Desde Blanca Nieves hasta Camila, de Las penas del joven Werther: todas ellas tienen pieles impecables y son mujeres buenas con una caridad desbordante.

En el caso de Beatriz, además, vale la pena destacar que toda esta bondad proviene de una protagonista extranjera, cuya representación es contraria a la imagen de la morena voluminosa y sexualizada con la que todavía nos encontramos en la publicidad y en muchos libros y expresiones culturales.

En este sentido, quizá no sea descabellado pensar que «La quemada» forma parte de una de las tantas narrativas que han arraigado al racismo y las ideas como «la virginidad» o «la castidad» en nuestra sociedad. Pasemos ahora a la segunda parte de nuestra leyenda.

Un amor violento y patriarcal

Sigamos con la leyenda. Al ser una mujer tan hermosa y bondadosa, Beatriz levantaba suspiros entre todos los hombres que la conocían, pero ella no les correspondía y prefería entregarse enteramente a la caridad. Hubo un hombre, sin embargo, que se obsesionó con ella.

Este hombre se llamaba Martín de Scúpoli y era un italiano marqués de Piamonte y Franteschelo. Su «amor» por Beatriz fue tal que, para evitar que otros hombres se acercaran a ella, se quedaba en la entrada de la calle Jesús María para atacar a cualquier otro pretendiente de la joven. O sea: Martín era un hombre con celos que lo llevaban a violentar a otros hombres y, además, a tratar a Beatriz como si fuera un objeto de su posesión.

Según la leyenda, Beatriz se entristeció mucho ante el hecho de que muchos hombres resultaran heridos por su culpa. Así es: no la entristeció que un hombre alejara a todos de ella o que la trataran como a un objeto, sino que otros hombres fueran lastimados «por ella».

Para la joven española, la solución frente a los celos violentos de Martín fue encerrarse en su recámara y quemar su rostro con carbón encendido. Esperaba que, con esto, el marqués italiano dejara de amarla y de atacar a otros hombres por ella. Pero esto no salió como esperaba; y es que, al verla deformada del rostro, Martín de Scúpoli le dijo que no la amaba por sus atributos físicos sino por su alma transparente y buena.

La leyenda cuenta que esto dejó a Beatriz sumamente conmovida y aceptó casarse con Martín, un final que a todas nos deja insatisfechas. ¿Cómo es que una mujer sacrifica su integridad física para frenar la violencia de un hombre?

«La quemada» tiene versiones actualizadas en las que no son ellas quienes deciden deformarse frente al amor violento de los hombres. Detrás de varios casos de ataques con ácido hay concepciones enfermizas del amor que cosifican a las mujeres bajo la idea «si no eres mía no puedes ser de nadie más». A costa de eso, las dañan física y emocionalmente de manera irreversible.

Este mismo principio aplica también para los casos de feminicidio, una de las expresiones más crueles de la violencia contra las mujeres. El hecho de que detrás de estos crímenes haya ideas erradas del amor hizo que, durante mucho tiempo, se les denominara «crímenes pasionales«, un concepto erróneo respaldado por leyendas como la de Beatriz y Martín.

México está lleno de Beatrices que no son leyendas. La violencia no desaparece: el sistema machista y patriarcal trasciende la ficción con hechos más terroríficos que los que sucedían en la época de la colonia.

Mujeres en Michoacán se manifiestan por las víctimas de feminicidio

Escrito por Diana Hernández Gómez 

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Morelia, Mich.- De acuerdo con la Fiscalía General de Michoacán, del 1 de enero al 1 de noviembre de este año se han registrado 249 asesinatos de mujeres en la entidad. Como lo han hecho desde 2018, diversas colectivas y organizaciones del estado se manifestaron este 3 de noviembre para conmemorar a todas estas víctimas en el Día de Luto por las Mujeres Víctimas de Feminicidio.

En comunicado dirigido al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a otros funcionarios, la colectiva Incendiarias explicó que con este día se busca llamar la atención sobre un problema que está vulnerando severamente la seguridad de las michoacanas. También es una exigencia de justicia, verdad y memoria dirigida a las autoridades del estado.

Pese a ello, las feministas organizadas del estado afirman que la realidad es que esta conmemoración no debería existir.

Ningún país, estado ni nación quiere conmemorar a sus muertas, porque es en otras palabras, reconocer todo lo que está podrido dentro del sistema, y no sólo nos referimos al sistema judicial, sino a todo el sistema social, que con la apatía e indolencia nos condena a las mujeres a ciclos de violencia sin fin.Colectiva Incenciarias

Al respecto, Incendiarias recordó que el Estado ha sido omiso e incapaz al momento de atender la ola de violencia feminicida en Michoacán. Esta incapacidad se evidencia, además, por el hecho de que muchos feminicidios no son clasificados de manera correcta.

Violencia contra las mujeres en Michoacán no cesa pese a promesas del gobierno

Según cifras de la Fiscalía General de Michoacán, 2021 terminó con 245 homicidios dolosos cometidos contra mujeres y 27 feminicidios. Para septiembre de 2022, la cifra de homicidios alcanzó los 193. Además, la colectiva Incendiarias afirma que Michoacán alberga tres de los municipios con más altos índices de incidencia en feminicidios en toda la República: Puruandiro, Uruapan y Morelia (este último el cuarto a nivel nacional).

«Estas cifras nos demuestran que los homicidios contra las mujeres siguen al alza y contrario a lo que se prometió aquí hace un año, y a lo que es obligación del estado, la violencia no parece tener fin», afirmó Incendiarias en su comunicado.

Por otro lado, la organización aseveró que, si bien 8 de cada 10 feminicidios son aclarados, únicamente 1 de cada 3 homicidios dolosos de mujeres tienen un esclarecimiento por medio de las investigaciones de las autoridades. Ante esto, las integrantes de la colectiva exigen que todo asesinato de mujeres se investigue como feminicidio hasta agotar esta línea de investigación.

Que no sean la excepción si no la regla, pues la impunidad ha contribuido a que la violencia feminicida siga en aumento, la normaliza y manda el mensaje equivocado de que la violencia contra la mujer no es tan grave y no merece penas ejemplares y efectivas.Colectiva Incendiarias

Pero, además de la impunidad, Incendiarias también denunció el hecho de que los familiares de las víctimas de feminicidio son revictimizados una y otra vez durante los procesos legales. De igual forma, no hay una estrategia nacional realmente efectiva para prevenir la violencia contra niñas y mujeres.

Autoridades deben comprometerse a proteger a las mujeres

Ante este panorama, las mujeres en Michoacán se manifestaron este 3 de noviembre en un recorrido desde la fuente de Las Tarascas hasta el Palacio de Gobierno de Morelia. Al grito de consignas como «Ni una más», activistas, familiares de víctimas y personas de la sociedad civil en general exigieron a las autoridades políticas públicas y medidas condenatorias efectivas para frenar la violencia feminicida y las agresiones contra las mujeres en general.

También pidieron reparación del daño y garantías de no repetición. Pero reconocen que esto no se logrará si desde los órganos de atención no hay personal capacitado o empático frente a lo que sucede con las víctimas. Tampoco, si no hay presupuestos necesarios para la atención a los casos. Es por ello que exigen a las autoridades actuar para llenar estos vacíos y por fin proporcionar justicia a las mujeres y a sus hijos, hijas y familiares.

«Hoy las nombramos: Lupita, Marijo, Samantha, Jessica, Maricela, María Guadalupe, Violeta, Gaby, Divani, Valentina, Yunuen, Nilda, Xitlali, Danna, a todas y cada una de ustedes están con nosotras, sus familias no están solas y nosotras no las olvidamos», concluyeron.

Conavim llama a clasificar delitos graves en el hogar como tentativa de feminicidio

Escrito por Berenice Chavarría Tenorio

CIMACFoto: César Martínez López.- 

Ciudad de México.- La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, destacó la necesidad de clasificar delitos graves dentro del hogar como tentativa de feminicidio y no como violencia familiar.

Durante un recorrido que realiza Alanís Sámano durante los 50 municipios que tienen Alerta de Violencia de Género (AVG) en el país, la comisionada nacional refirió que es momento de visibilizar que la mayoría de los delitos en contra de las mujeres, niñas y adolescentes en el país ocurren al interior de los hogares y remarcó la importancia de visibilizar los delitos graves dentro del hogar.

Destacó que, por ejemplo, en nueve de cada 10 casos de muerte violenta de mujeres y niñas en razón de género, el agresor ha sido, entre otros, una persona del círculo más cercano a la víctima, como la pareja sentimental, un familiar directo o amigos.

Además, añadió que acciones como ataques con objetos punzocortantes, agua hirviendo, sustancias químicas sobre el rostro o el cuerpo, así como encierros y amenazas en contra de las mujeres, jóvenes y niñas, son conductas que deben de ser valoradas como tentativa de feminicidio, a fin de lograr la detención oportuna del agresor y la prevención de mayores riesgos para las víctimas.

CIMACFoto: César Martínez López

Por ello, la titular de Conavim “llamó a que los tres órdenes de gobierno construyan estrategias interinstitucionales e interseccionales para diseñar e instrumentar políticas públicas que atiendan a las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y se refuercen las tareas en agenda de género”.

Sobrevivientes han exigido tipificación del delito de tentativa de feminicidio

Cabe destacar que la exigencia de la comisionada nacional ha sido el mismo llamado que por años han hecho las mujeres sobrevivientes de feminicidio.

Las mujeres han exigido a las y los senadores que avance la reforma al artículo 63 del Código Penal Federal, donde se incluye la tipificación del feminicidio en grado de tentativa. En esta modificación también se busca establecer sanciones que van de los 20 a 45 años de prisión, además de aplicación de prisión preventiva oficiosa en casos de tentativa de feminicidio. Sin embargo, la iniciativa únicamente ha avanzado en Cámara de Diputados.

CIMACFoto

Sobre esta violencia, la socióloga y antropóloga feminista Leticia Sánchez García señaló que para lograr un cambio verdadero es necesario partir de una capacitación con perspectiva de género para que quienes están en los puestos de poder “dejen de ser atravesados por el machismo”.

En entrevista con Cimacnoticias, Sánchez García señaló:

“Las tentativas se clasifican como lesiones, hay muchas agresiones –como los ataques con ácido– que se clasifican como tales, tenemos una cifra muy importante; muchos casos se están quedando en la impunidad. No hay avances y las sobrevivientes señalan que existe invisibilidad respecto a los temas, por ello se debe pensar en prevención, atención y una ley de manera integral”.

En ese sentido, la investigadora planteó como urgente que, además de legislar para tipificar el delito de tentativa de feminicidio, se capacite a peritos, Ministerios Públicos y jueces con perspectiva de género para evitar que las agresiones contra mujeres continúen subestimándose: “Hay que tejer bases para que funcionarios o funcionarias públicas brinden una atención adecuada a las víctimas de tentativa, esto constituye avances en los Derechos Humanos de las mujeres”.

Leticia Sánchez también resaltó la necesidad de frenar la revictimización en las instancias de acceso y procuración a la justicia, además de contar con medidas que tengan un enfoque diferencial. Finalmente, la socióloga enfatizó que es imprescindible mirar la estructura patriarcal que permite que estos delitos continúen perpetrándose.

Muerte de mujer normalista en Tlaxcala muestra criminalización histórica contra normales rurales

Escrito por Diana Hernández Gómez 

Alumnas de las normales rurales durante la manifestación del 2 de octubre en la Ciudad de México. CIMACFoto: Diana Hernández Gómez

Tlaxcala, Tlax.- Beatriz Rojas Pérez murió luego de que un operativo policial reprimiera una manifestación de estudiantes normalistas en la que ella participó. Esto provocó un posicionamiento por parte de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH); además, el secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala dejó su puesto y será sustituido por otro funcionario. Sin embargo, hasta el momento no se ha determinado quién es el responsable por la muerte de la joven de 21 años en medio de este hecho que se ha vuelto una constante para las y los normalistas en México.

Beatriz estudiaba en la Escuela Normal Rural «Benito Juárez«, en Panotla, Tlaxcala. Desde el 12 de septiembre, las alumnas de esta escuela se habían manifestado para pedir recursos económicos, así como la ampliación de la matrícula cada ciclo escolar. En esta fecha, las aspirantes a maestras marcharon hasta la Secretaría de Educación Pública local, donde entregaron un pliego petitorio con sus solicitudes puntuales.

Para octubre, las protestas continuaron y se incluyeron las exigencias de mejorar las instalaciones de la Normal, abastecer el comedor estudiantil y destituir al cuadro directivo de la institución por la falta de claridad en el manejo de recursos económicos para la escuela y un posible desvío de recursos.

Esto llevó a las estudiantes a manifestarse en la capital de Tlaxcala el 15 de octubre; intentaron visibilizar su movimiento durante la Final de la Copa Mundial de Tiro con Arco 2022 (celebrada en la capital tlaxcalteca), pero un operativo encabezado por policías antimotines frenó la protesta.

Finalmente, el pasado 20 de octubre, las estudiantes realizaron otra manifestación sobre la carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala, a la altura de una glorieta conocida como El Trébol. Su objetivo era llegar al Centro de Convenciones de Tlaxcala, donde la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el secretario de Gobernación Adán Augusto López estaban participando en el foro Participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública.

Sin embargo, las estudiantes no pudieron llegar al lugar debido a un operativo por parte de la policía estatal, la cual reprimió a las manifestantes lanzándoles cartuchos de gases lacrimógenos. Esto desató un enfrentamiento en el que Beatriz resultó gravemente lesionada por un golpe en la cabeza, lo que provocó que la trasladaran al Hospital General de Zona número 1 del IMSS-Bienestar, en el centro de Tlaxcala.

Posteriormente, la joven fue llevada al Hospital de Traumatología y Ortopedia en el estado de Puebla, pero tanto aquí como en Tlaxcala los médicos la diagnosticaron con muerte cerebral. Al día siguiente, el 21 de octubre, Beatriz perdió la vida.

Escuela Normal cambia de directivos y Seguridad Ciudadana de titular tras muerte de Beatriz

La muerte de Beatriz provocó la indignación y el rechazo entre diferentes organizaciones como la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Dicha Federación y el Comité Estudiantil Ernesto Che Guevara de la Normal Rural «Benito Juárez» lamentaron los hechos y responsabilizaron al gobierno de Tlaxcala, al secretario de Educación del estado, Homero Meneses, y al secretario de Seguridad Ciudadana, Raúl Ruiz García. Ruiz García, por su parte, renunció a la Secretaría de Seguridad Ciudadana el jueves 27 de octubre por supuestos motivos personales e incluso abandonó el estado de Tlaxcala.

Las estudiantes de la Normal Rural también pidieron que el gobierno de Lorena Cuéllar cubriera los gastos de salud de entre 25 y 30 estudiantes que también han resultado lesionadas durante las manifestaciones. Además, continuaron exigiendo un cambio en el cuadro directivo de su escuela.

Esta última demanda finalmente fue atendida: el lunes 31 de octubre, Íker Palacio Rodríguez tomó posesión como nuevo director de la Normal Rural «Benito Juárez». Por su parte, Darney Mendoza Morales e Itzel Ponce López fueron nombradas subdirectoras académica y administrativa respectivamente. No obstante, aún no hay una respuesta sobre quién o quiénes resultarán responsables por la muerte de Beatriz.

A raíz de esto, la ONU-DH ha hecho un llamado a las autoridades mexicanas para esclarecer las condiciones en las que falleció la joven normalista. Pero varios llamados como este han tenido lugar una y otra vez ante el caso de Ayotzinapa, otro caso donde los estudiantes organizados también fueron reprimidos y, hasta la fecha, continúan desaparecidos. Pese a los llamados y exigencia de justicia, hasta la fecha sigue sin haber culpables condenados por estos hechos.

Las normales rurales: una historia de represión

Las escuelas normales rurales en México surgieron en la década de 1920 como un proyecto de educación destinado principalmente para que los hijos de campesinos tuvieran acceso a la educación. En este sentido, de acuerdo con Maider Elortegui Uriarte —maestra en Estudios Latinoamericanos—, desde sus inicios estuvo vinculado con el reparto agrario y las aspiraciones de «justicia social» emanados de la Revolución Mexicana.

Por otro lado, desde las décadas de los 50 y 60 (durante los periodos de la llamada guerra sucia en México), la organización de maestros y estudiantes de las normales rurales fueron criminalizados no sólo debido a sus posturas políticas e ideológicas sino también a su estrecha relación con líderes como Lucio Cabañas.

Esta criminalización ha dejado a las escuelas poco a poco sin recursos ni matrículas para recibir a más estudiantes. Además, los casos de hostigamiento policial han sido permanentes en lugares como Tiripetío (Michoacán), El Mexe (Hidalgo) y Mactumatzá (Chiapas). En el caso de la Normal Rural «Benito Juárez», desde antes de la muerte de Beatriz, las estudiantes denunciaron que ha habido policías rondando su escuela como acto de intimidación.

La muerte de Beatriz y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa son sólo una muestra de esta criminalización histórica que ha existido en México contra las normales rurales. A pesar de ello, las y los estudiantes continúan organizándose.

Escrito por La Redacción 

Ciudad de México.-De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) que entregó la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el pasado 8 de septiembre, el Anexo 13 en donde se establecen los recursos para la igualdad entre mujeres y hombres, tiene asignados $346,077,017,893 lo que equivale a $14.00 por día para cada mujer.

Esta información fue dada a conocer en un Pronunciamiento respeto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 por parte de la Alianza de Redes Feministas Nacionales.

También informaron que en el sexenio anterior y lo que va del presente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha enviado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), el Anexo 13 inflado con recursos de programas asistenciales o de tipo administrativo, que en nada contribuyen a disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres.

En este pronunciamiento añadieron que año con año, le han ido sumando programas sociales sin perspectiva de género, hasta tener en este PPEF 2023 un Anexo 13, que claramente no cumple con el propósito de disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres, como lo establece el articulo 22 del mismo decreto, y todos los marcos normativos y compromisos internacionales firmados por México en la materia. Este Anexo 13 es una clara simulación que esconde la irresponsabilidad con el compromiso por la igualdad.

Afirmaron que «si se eliminaran los programas asistenciales del Anexo 13, lo que el gobierno federal destinará el próximo año no llega ni a un peso diario por cada mujer».

También señalaron que las organizaciones feministas del país han reiterado que el etiquetado de recursos con perspectiva de género debe garantizarse de manera transversal en todo el presupuesto para lograr el empoderamiento y avance de las mujeres, sus autonomías, libertades y acciones afirmativas para el ejercicio pleno de todos sus derechos.

Es por eso que han demandado que el Anexo 13 se depure y responda al mandato de la ley, con programas y acciones dirigidos a disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres, y que no se simule el monto global con recursos para programas asistenciales que no promueven la igualdad de género.

Esta Alianza de Redes Feministas Nacional señalaron que en otros sexenios las organizaciones feministas han dialogado con diputadas de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, con el propósito de aumentar el etiquetado de recursos para las mujeres en el presupuesto federal. Confirmaron que en este sexenio «se han encontrado con muros que impiden el diálogo en el gobierno federal y en la Cámara de Diputados.

Las diputadas y diputados que votan leyes sin perspectiva de género feminista como muestra de “lealtad” a un partido o al ejecutivo NO NOS REPRESENTAN y les recordamos que deben sus cargos y salarios a la ciudadanía. También les recordamos que se trata de la Legislatura de la Paridad, y que esa paridad debe servir para las mujeres o no es paridad y que el 52 por ciento de la población somos mujeres y 53 por ciento del padrón electoral son mujeres. Esta paridad evidencia su déficit de legitimidad al destinar un presupuesto ínfimo e insuficiente a los Programas Destinados para la Igualdad entre mujeres y hombres.

Nos merecemos y exigimos acciones afirmativas que disminuyan la brecha de desigualdad que enfrentamos las mujeres en México.

Alianza de Redes Feministas Nacionales

También mencionaron en su pronunciamiento que la realidad muestra que el gobierno en turno no tiene voluntad de cumplir con su obligación de garantizar los derechos de las mujeres y disminuir las desigualdades y las violencias, lo que pretenden es crear dependencia con “ayudas económicas” ínfimas y clientelas electorales, con una visión asistencial y no de derechos.

El partido en el poder y sus representantes han mostrado una vergonzosa dependencia al ejecutivo y una incapacidad de cumplir sus obligaciones. Esto se refleja en la desaparición de programas orientados a atender las necesidades de las mujeres, entre ellos el Programa para la transversalidad de la perspectiva de género, dirigido a fortalecer las instancias de las mujeres en las entidades y municipios del país. Es decir, las políticas públicas han cambiado su enfoque y su objetivo, propiciando el borrado de las mujeres.

● Se destine presupuesto público suficiente que reconozca que las mujeres contribuimos con nuestro trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, así como el trabajo remunerado, a las cuentas nacionales y a sostener la vida de las familias, las comunidades y el país.

● Que la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados comprometa a la SHCP para que se inicie un proceso de análisis con perspectiva de género, a fin de depurar el Anexo 13, que permita transitar hacia la transversalización en todo el presupuesto federal. Exigimos que este proceso democrático considere la pluralidad y la experiencia de las organizaciones feministas.

● Exigimos a la Cámara de Diputados cumplan con su obligación de fiscalizar el ejercicio del presupuesto federal y dar puntual seguimiento a los objetivos para la igualdad de género, establecidos en los artículos 27 frac III; 28 frac V; 41 frac II, O); y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (2022). Asimismo, que se informe públicamente al término de cada periodo legislativo sobre los avances, obstáculos y retrocesos en la materia.

● Exigir a las instituciones federales responsables de operar recursos del Anexo 13, incorporen transversalmente la perspectiva de género y cumplan con la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás leyes que protegen los derechos de las mujeres, así como lo que se establece en el Artículo 22 del Decreto de presupuestos. Así como los tratados y convenciones internacionales firmados por México.

● Destinar recursos suficientes para la aplicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que a diez años de aprobada, la Cámara de Diputados no ha asignado presupuesto para su implementación y para las Fondos que establece esa Ley.

De igual forma, destinar recursos financieros suficientes y oportunos para cumplir con los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha firmado para el avance de las mujeres y la erradicación de las violencias exigidas en las diversas recomendaciones emanadas tanto de CEDAW como de Belem Do Pará.

● De manera especial hacemos un llamado a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para proteger el derecho a la vida de las mujeres. La disminución tan drástica de recursos para prevenir la mortalidad materna, situación que México no ha podido superar por las condiciones de salud de mujeres en pobreza y por embarazo de niñas y adolescentes y asegurar la atención y tratamiento a las mujeres con cáncer de mama y cérvico-uterino es un atentado contra la vida, sobre todo contra las más pobres, que difícilmente pagarán por exámenes mucho menos por tratamientos. Al pasar de 2,315,423, 272 en 2018 hasta 1,643,365,314 en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, es decir un 50 por ciento menos.

● Destinar y garantizar presupuestos progresivos para el buen funcionamiento de refugios especializados para mujeres víctimas de violencia, a sus hijas e hijos, considerando el incremento proporcional y correspondiente al efecto inflacionario, vigilando y asegurando que el presupuesto sea entregado oportunamente.

Denuncian intentos de secuestro en inmediaciones de CCH Sur además de la violencia sexual

Escrito por Diana Hernández Gómez 

Ciudad de México.- El caso de violencia sexual ocurrido en CCH Sur ha desatado una serie de manifestaciones y movilizaciones por parte de las mujeres organizadas al interior de la institución. Si bien el centro de sus demandas es la justicia para su compañera agredida, hay otros antecedentes de violencia de género importantes que no quieren que las autoridades pasen por alto.

Dos de estos antecedentes son otros casos de violencia sexual. De acuerdo con información ofrecida por las Feministas Organizadas Independientes del CCH Sur a Cimacnoticias, el caso más reciente ocurrió dos semanas antes del paro estudiantil realizado el 27 de septiembre; de hecho, este paro surgió en parte a raíz de esta agresión. No obstante, la falta de empatía y la revictimización por parte de las autoridades provocaron que la víctima no quisiera hacer pública la información.

Otro caso —que tuvo mucha difusión mediática cuando sucedió en 2019— fue el de una alumna abusada sexualmente dentro de las aulas del CCH Sur tras ingerir un postre que le ofrecieron sus compañeros. Luego de comerlo, la joven perdió el conocimiento y despertó con indicios de haber violencia sexual, lo cual se confirmó tras de una serie de exámenes médicos.

El Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur (CCH Sur) dice ya estar trabajando para cumplir con las exigencias de las y los estudiantes, así como de madres y padres de familia a raíz de una violación sexual ocurrida dentro del plantel el pasado 17 de octubre, no obstante días antes de esto, la directora de la institución afirmó que no puede garantizar la no repetición de la violencia dentro de la escuela.

Por otro lado, el 30 de agosto de este 2022, las Feministas Organizadas denunciaron un intento de violación que las autoridades quisieron mantener en secreto, así como otro presunto caso de abuso sexual sucedido en abril. Con esto, serían tres las violaciones registradas dentro del plantel de bachillerato de la UNAM.

Los intentos de secuestro en CCH Sur

Además de los casos de violencia sexual, las alumnas del CCH Sur declararon a Cimacnoticias que ha habido entre tres y cinco intentos de secuestro en lo que va del semestre. Al parecer, uno de ellos ocurrió a las afueras de la escuela sólo tres días después de la violación del 17 de octubre.

Según el testimonio de las Feministas Organizadas Independientes, el jueves 20 de octubre, dos hombres iban circulando en una camioneta cerca del CCH Sur y dirigiéndose a las alumnas en una actitud de acoso y hostigamiento. Al parecer, uno de los hombres se bajó e intentó subirla al auto a la fuerza.

La víctima pudo salvarse porque los pasajeros de otro vehículo se percataron de lo que estaba sucediendo y comenzaron a gritar. Esto ahuyentó a los secuestradores, quienes dejaron a la chica para después retirarse a toda prisa del lugar.

«Así han sido la mayoría de los intentos de secuestro que se han dado afuera del CCH. También recibimos acoso de las personas que están alrededor, ya sean taxistas o cualquier otra persona», declaran las Feministas Organizadas Independientes.

Otro de los casos sucedió en agosto. De acuerdo con un testimonio anónimo publicado en redes sociales, una estudiante iba caminando en el Boulevard Cataratas cuando un hombre de traje de entre 40 y 50 años de edad al interior de una camioneta comenzó a acosarla. Ella siguió caminando, pero el auto le siguió el paso; luego, el vehículo se adelantó para esperarla en una esquina.

La joven comenzó a caminar muy lento y después entró a una caseta de policías, donde los uniformados la auxiliaron tomando el número de placas de la camioneta Kia color gris que la persiguió. Luego la acompañaron hasta la entrada del CCH Sur.

Ante estos hechos, tanto las y los alumnos como sus madres y padres se han organizado para exigir la instalación de luminarias, botones de emergencia, mayor control para ingresar a la escuela, cámaras de vigilancia y otras mejoras generales en las instalaciones del plantel. Las autoridades de la UNAM ya están dando respuesta a sus solicitudes, no sin antes recordar que, tal como el Estado mexicano, no pueden garantizar que esto no vaya a repetirse.Madre e hija durante una manifestación por el caso de violencia sexual ocurrido en CCH Sur durante el mes de octubre. CIMACFoto: Diana Hernández Gómez

La impunidad del gobierno federal llegó a la UNAM

Según un comunicado de la UNAM, ya se recibieron las solicitudes de madres y padres de familia del CCH Sur y, al parecer, estas demandas ya están siendo atendidas. Además, la máxima casa de estudios afirmó que el bachillerato a su cargo está realizando una investigación interna para determinar si las autoridades actuaron de manera negligente frente a a violación ocurrida el 17 de octubre.

Es probable que haya existido tal negligencia tomando en cuenta que —según las estudiantes— los baños donde sucedieron los hechos siguieron usándose después de la agresión y, además, fueron lavados antes de que la Fiscalía General de la Ciudad de México iniciara las investigaciones que está llevando a cabo. Sin embargo, las omisiones en este caso van más allá del papeleo y las labores para encontrar a los responsables.

En una manifestación interna de las y los estudiantes el pasado viernes 21 de octubre, la directora de CCH Sur, Susana Lira de Garay, aseveró a los alumnos que no puede garantizarles seguridad dentro del CCH Sur, pero que está haciendo todo lo posible. Casi con las mismas palabras, el pasado 13 de octubre, autoridades del gobierno federal afirmaron que no pueden asegurar que los asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos no sigan sucediendo.

La similitud de las declaraciones entre la directora de CCH Sur y los servidores públicos del Estado mexicano sugieren los mismos modos de actuar ante la impunidad. Y es que, por un lado, se siguen recibiendo exigencias de las víctimas o de sus familiares y se están llevando los casos a las autoridades correspondientes. Pero, al mismo tiempo, estas autoridades no están ofreciendo justicia pese a que la violencia continúa replicándose.

En el caso del CCH Sur, la violencia sexual reportada desde 2019 sigue repitiéndose sin que la seguridad en el plantel se transforme. Así, mientras no haya justicia para las estudiantes y para los defensores asesinados, la impunidad seguirá reinando en la UNAM y en toda la República Mexicana.