Filtraciones en casos de feminicidio violan Derechos Humanos, revictimizan y justifican violencia contra las mujeres

Escrito por Berenice Chavarría Tenorio 

Ciudad México.- La filtración de información por parte de fiscalías estatales en casos de violencia de género no es casual, son prácticas institucionales que tienen un fin: desviar la verdad y estigmatizar a las víctimas. Debanhi Escobar Bazaldúa, Lesvy Berlín Rivera Osorio e Ingrid Escamilla, fueron revictimizadas por las autoridades luego de que detalles de sus respectivas investigaciones se filtraran a medios de comunicación y en redes sociales. Imágenes de sus cuerpos sin vida, cuestionamientos sobre sus actividades e incluso críticas por su forma de ser, comenzaron a surgir en redes sociales desviando la atención hacia un tema: la justicia.

Para la asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Anayeli Pérez Garrido, estas prácticas constituyen la “ruta de la impunidad”, que va desde el mal tratamiento a la imagen de las víctimas, hasta la indiferencia y violación de sus Derechos Humanos. En entrevista con Cimacnoticias, la abogada feminista destacó que la filtración no busca informar, sino justificar un feminicidio.

“Estas prácticas tienen el propósito de invisibilizar, usar estereotipos -que están bien adheridos a la sociedad mexicana- para atenuar la crítica de la opinión pública hacia las autoridades. La revictimización trasciende el estado emocional y afecta a las víctimas y a sus familias”.

CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

Servidores públicos estigmatizan a víctimas de feminicidio

Esta práctica por parte de las autoridades no es un tema aislado, de ahí que sea recurrente en casos de violencia de género. En la sentencia “Campo algodonero” de 2009, ya se vislumbraba que el Estado mostraba desprecio hacia las víctimas, realizando declaraciones públicas ofensivas, lo que provocó el desprestigio hacia la imagen de las mujeres asesinadas y sus familias.

El feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, perpetrado el 3 de mayo de 2017, mostró que esta práctica es una constante. Y es que luego del asesinato registrado frente al Instituto de Ingeniería de la UNAM, la entonces Procuraduría General de Justicia de la CDMX (PGJ) difundió que el día de los hechos, Lesvy y su pareja “se reunieron con varios amigos en CU, donde estuvieron alcoholizándose y drogándose” y que la joven de 22 años de edad no formaba parte de la institución desde 2014 ya que “dejó sus clases en CCH Sur, donde debía materias”.

Para Anayeli Pérez, en este caso se intentó ocultar que en la Ciudad de México y, sobre todo, al interior de la UNAM, existía violencia de género; todo esto a través de una estrategia que responsabilizar a Lesvy por haber sido asesinada.

CIMACFoto: César Martínez López

Luego de estas violaciones a los derechos de la víctima, la titular de la PGJ, Ernestina Godoy, asumió que el sistema de justicia le falló a Lesvy y a su familia, por lo que ofreció una disculpa teniendo como objetivo dignificar su memoria. Lejos de ser considerado un “error”, esto es un ejercicio ilegal del servicio público y se debe investigar de manera oficiosa, además de haber una sanción a las y los responsables de revictimizar a una mujer, adolescente o niña, destacó Pérez Garrido.

Autoridades siguen sin ser castigadas por filtrar información relacionada a casos de violencia de género

La “Ley Ingrid”, que obtuvo su nombre a raíz del feminicidio de Ingrid Escamilla, fue uno de los mecanismos impulsados para sancionar a servidores públicos que difundan información o material audiovisual de delitos relacionados con violencia de género.

Es de recordar que Ingrid, asesinada el 9 de febrero de 2020 en la Ciudad de México, fue revictimizada luego de que policías de la capital del país filtraran imágenes de su cuerpo a varios medios de comunicación.

A raíz de esta práctica se reformó el Código Penal federal para frenar la violencia contra las mujeres perpetrada desde plataformas digitales o medios de comunicación. Sin embargo, la aplicación de la “Ley Ingrid” no ha rendido frutos debido a la falta de sensibilización de impartidores de justicia y la necesidad de un cambio en la sociedad mexicana. Ana Yeli Pérez señaló que aún con la existencia de estas modificaciones a la ley, las y los funcionarios públicos han encontrado la forma de “esquivar” las sanciones.

“Tienen los mecanismos para violar la ley. No hay forma de probar que una fiscalía filtró información a medios de comunicación. Aunque las autoridades digan que tienen el compromiso de erradicar la violencia de género, este no existe, hay cinismo y contradicciones al interior de las instituciones”.

CIMACFoto Hazel Zamora Mendieta

La práctica en la que incurren las autoridades al filtrar información de casos de feminicidio y revictimizar a las mujeres va contra el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual indica que “toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”, por lo que “nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada”.

Incluso viola la recomendación realizada en la sentencia “Campo algodonero”, donde se indica que el Estado debe continuar implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género para la superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a funcionarios públicos.

Ante las omisiones y violaciones por parte de las autoridades, en diversos momentos mujeres se han unido en campañas que buscan dignificar la memoria de las víctimas. Mensajes como “#SiMeMatan es porque me gustaba salir de noche y tomar mucha cerveza”, “#SiMeMatan fue porque quise seguir mis sueños y viajar sola” o #SiMeMatan me culparán porque siempre habrá ‘algo’ que hice para merecerlo”, han inundado las redes sociales buscando un cambio sistemático en relación a la violencia de género.

"Dejé a mi familia un instructivo de qué hacer si desaparezco": jóvenes en Nuevo León, en alerta constante

El aumento de la inseguridad ha llevado a las mujeres de Nuevo León a vivir en una alerta constante y a tomar sus propias medidas de seguridad ante el abandono, aseguran, de las autoridades.

Por BBC News Mundo

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"Dejé a mi familia un instructivo de qué hacer si desaparezco": jóvenes en Nuevo León, en alerta constante

Por BBC News Mundo

Un paseo de pocos minutos por las calles del centro de Monterrey deja ver hasta cuatro fotos de personas desaparecidas. También hay murales con rostros y nombres de aquellos en paradero desconocido. Se ven en cada poste, en cada esquina.

Son la muestra cotidiana de la crisis que vive la capital y todo el estado de Nuevo León, en el norte de México, convertido en la cuarta entidad del país con más desaparecidos según cifras oficiales: más de 6,000.

Pero fue el reciente aumento de casos, especialmente de chicas muy jóvenes, lo que encendió todas las alarmas sobre la inseguridad que ha trastocado la vida diaria de miles de mujeres regiomontanas. Dicen que si no se cuidan ellas mismas, nadie lo hará.

“¿Cómo sé que eres periodista? ¿Por qué no usas grabadora?”, me preguntó con desconfianza Guadalupe, una mujer que estaba en un café pasadas las 10:00 de la noche en el barrio antiguo de Monterrey, considerado el motor industrial de México.

“Yo ya me había fijado que caminaste para allá, que luego te acercabas… Es que estamos como en alerta constante, hasta ese extremo llegamos”, me confiesa su amiga Diana, sentada en la misma mesa de la calle José María Morelos, la más animada de esta zona repleta de bares y restaurantes.

Ambas se niegan a “vivir con miedo encerradas”, pero no ocultan que esta noche “se pensaron un poco más” el salir las dos solas. “Sí estamos más observadoras porque no nos queda otra que cuidarnos. Duele y es triste, pero así es”.

Otras mujeres sí que optan por renunciar a su derecho a disfrutar de la noche.

En el emblemático salón Morelos, un local cercano con música en vivo, dicen que “desde el caso de Debanhi” reciben menos clientas y, sobre todo, ven que las que llegan se retiran a casa más temprano.

“El caso de Debanhi es la punta del iceberg de lo que ocurre en Nuevo León”: la alerta por el aumento de mujeres desaparecidas en el estado del norte de México

“Mira, es muy raro que ya veas por la calle a chicas solas. Siempre vienen en grupos grandes o acompañadas ”, dice María Palacios, una de sus trabajadoras, quien asegura que ahora están más pendientes de ellas cuando salen del bar o que “cuando están tomadas” se niegan a venderles más alcohol.

“Entre nosotras nos tenemos que cuidar”, afirma.

María Palacios ve cómo las mujeres jóvenes se marchan antes a casa del local nocturno donde trabaja.

Joven e hija de desaparecida

Nuevo León está bajo el foco desde que medios locales reportaran, a inicios de abril, la desaparición de ocho mujeres jóvenes en solo diez días, la mayoría en la capital Monterrey y su zona metropolitana.

Según cifras del gobierno, 376 mujeres fueron reportadas este año como desaparecidas en este estado hasta el 12 de mayo. De ellas, 48 permanecen como “no localizadas” y seis aparecieron sin vida.

Y en un país donde el 95% de denuncias generales queda en la impunidad, el papel de las autoridades a la hora de garantizar la seguridad y de investigar estos casos está bajo el punto de mira.

Pero lo cierto es que esta tragedia ya golpea a Nuevo León desde hace mucho tiempo. Lo sabe Maya Hernández, una joven estudiante de psicología clínica cuya madre, Mayela Álvarez, desapareció en Monterrey hace casi dos años.

Teniendo entonces apenas 16, a Maya le tocó madurar de golpe y no solo liderar la búsqueda sino también dirigir su casa, en la que vive con su abuela y un hermano pequeño.

“Antes de que mi mamá desapareciera, yo no tenía idea de que esto era una crisis social. Y entonces me di cuenta de que no soy la única, que hay muchos desaparecidos en Nuevo León. Y que en lugar de ir disminuyendo, han aumentado con los años”, le dice a BBC Mundo.

Asegura que, en todo este tiempo, no ha habido avances en la investigación. “La Fiscalía nos ha fallado”, denuncia, a la vez que exige la implicación del gobernador del estado, Samuel García, como ha hecho con otros casos recientes más mediáticos como el de Debanhi Escobar, María Fernanda Contreras o Yolanda Martínez.

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Yolanda Martínez: aparece muerta la joven mexicana que según las autoridades se marchó de casa “por voluntad propia”

“Que mi mamá desapareciera me hizo ser más precavida y tener más conciencia. Pero cada vez me siento más insegura porque puede que un día no regrese a casa”, reflexiona.

“¿Por qué no? ¿Por qué no podemos salir?”, pregunta a quienes dicen que esa sería la solución a esta crisis. “Tenemos derecho a divertirnos y no tendríamos que encerrarnos en casa. Ya lo hicimos por una pandemia, ahora no deberíamos hacerlo por la inseguridad”. Maya Hernández reclama que casos como el de su madre sean atendidos de la misma manera como se ha dado seguimiento a otras desapariciones recientes más mediáticas.

BBC Mundo no obtuvo respuesta de sendas solicitudes de entrevistas al gobernador de Nuevo León y a la Fiscalía del estado, cuya labor ha sido duramente criticada por familiares de desaparecidos y que llegó a reconocer claras irregularidades en casos como el de Debanhi.

La fiscal de feminicidios estatal, Griselda Núñez, insistió este miércoles en descartar que exista una tendencia generalizada u organizada de violencia contra las mujeres en Nuevo León, por lo que aseguró que cada caso debe ser abordado individualmente.

“No existe una situación de desaparición o de secuestro de mujeres, sino que son condiciones específicas por cada uno de los hechos”, subrayó en una conferencia de prensa a la que asistió BBC Mundo.

La rebautizada como plaza de los desaparecidos rememora en Monterrey a las miles de personas en paradero desconocido en el estado.

Instrucciones de búsqueda para familiares

Pero estos mensajes están lejos de tranquilizar a las mujeres de Nuevo León y de su capital, que optan por tomar medidas para protegerse de posibles ataques en una ciudad donde la inseguridad se siente como el tema de conversación de casi cada día.

Según Mariana Limón Rugerio, es “el desamparo por parte del Estado” lo que no les deja otra salida que organizarse. Y más en su caso, que siente el triple de vulnerabilidades como mujer, joven menor de 30 años y periodista de Monterrey.

“Yo dejé a mi familia un instructivo de qué hacer y a quién contactar si desaparezco” para ayudarles a lidiar “con el dinosaurio burocrático que es México”, asegura a BBC Mundo.

Gracias a una aplicación, su familia puede monitorear su ubicación a través de su teléfono, del que la joven se comprometió a estar pendiente en todo momento.

Según sus propias instrucciones, sus familiares deben empezar a preocuparse si transcurren tres horas sin que ella dé noticias. Si pasan cinco, deben acudir inmediatamente a la Fiscalía y exigir que inicien su búsqueda, dado que esos primeros momentos de la desaparición son cruciales.

“Obviamente espero que nunca lo utilicen . Es muy agobiante explicarles a tus papás qué hacer si llegas a desaparecer. Pero prefiero que tengan un cuerpo que velar a que me tuvieran que buscar, porque a nivel psicológico es mucho más pesado para la familia no tener ni un cadáver que enterrar”, reconoce la periodista.

Las jóvenes regiomontanas con las que habló BBC Mundo han agudizado su ingenio en las últimas semanas a la hora de adoptar medidas de protección.

Desde compartir su ubicación a través del celular en todo momento, hasta llevar gas pimienta o aparatos de descargas eléctricas en el bolso, pasando por evitar publicar fotos en sus redes sociales a tiempo real para evitar que desconocidos sepan su ubicación al momento, son algunas de ellas.

Nuevo León pide justicia para sus desaparecidas.

Mónica López, quien es maestra de educación especial de 26 años y vive en el municipio de Escobedo, lamenta que se vean obligadas a adoptar estas restricciones y limitarse por el hecho de ser mujeres.

“Pero, aunque no es justo, te acabas resignando por tu familia y por llegar viva a casa”, admite.

La joven le dice a BBC Mundo que, a raíz de los últimos casos, algunas de sus amigas entraron en una ansiedad social por la que se alegraban incluso de trabajar desde casa para no tener ni que salir. “Es una incertidumbre. Te limitas, pierdes la seguridad, restringes tus horarios…”.

“Yo tengo miedo porque yo sí salgo, sí estoy en la noche, sí voy a fiestas. Si llego a ser yo la víctima, ojalá que me digan ‘la maestra’ y no ‘la que desapareció porque estaba tomando'”, dice criticando a quienes tienden a revictimizar a las víctimas o sus familiares por su comportamiento como si eso justificara que las desaparecieran. Mónica López comparte su ubicación casi en todo momento con grupos de amigas.

E inevitablemente, esa inseguridad de la que tanto se habla en Nuevo León salpica también a su trabajo y la relación con sus alumnos.

“Estableces muchos consejos y recomendaciones de seguridad, trabajas para que confíen en ti. Qué feo, porque son niños, pero al final es la cultura en la que están creciendo y a la escuela nos toca prepararlos para lidiar con eso”.

Mujer, joven y policía

Temprano en la mañana, en el parque Fundidora -actual pulmón verde de Monterrey tras décadas ocupado por la compañía de hierro y acero de la ciudad- se pueden ver a decenas de personas haciendo deporte.

Carolina Ayala, una chica de 25 años que acude casi todos los días a caminar en patines, dice que prefiere hacerlo a esa hora que en la noche. “Cuando está medio oscuro, hay mucho hombre, ya no sabes… a esta hora, como que está más seguro”.

Desde hace semanas, todo desplazamiento lo hace en el auto de su mamá o hermano. “No puedo andar sola, me da miedo, y eso que yo soy muy independiente. Pero toca cuidarse. Ahorita, ni de chiste me arriesgo”, cuenta antes de que llegue su madre, quien también hace deporte con ella. “Ni de chiste me arriesgo”, dice Carolina Ayala ante la posibilidad de hacer deporte al final del día.

Las autoridades, tan señaladas por las jóvenes por no garantizar su seguridad, se ven a veces en “una situación complicada” como la que reconoce vivir Gabriela Martínez.

Ella es policía local de Monterrey desde los 19 años, pero antes que nada es una mujer joven a la que también afecta el escenario actual.

“A pesar de trabajar en esta área, sí se tiene un temor porque también soy mamá. Creen que uno es policía 24 horas y que tenemos como ese chip de estar más alerta, pero eso tampoco quita que nos pueda llegar a pasar algo y estamos expuestas”, le dice a BBC Mundo.

La oficial asegura que, tras el incremento de la inseguridad hacia la mujer, los agentes de la ciudad han implementado medidas para aumentar el apoyo y protección a jóvenes mujeres en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo acompañarlas cuando están esperando solas la llegada de su transporte.

Sin embargo, Martínez es consciente de que uno de los mayores retos de la policía es volver a ganar la confianza de la ciudadanía “que se perdió por cosas que pasaron en años anteriores” y lograr así que las mujeres se acerquen a ellos en situaciones de riesgo. Gabriela Martínez dice que ingresó en la policía local de Monterrey con solo 19 años con la intención de aportar su granito de arena en la mejora de la seguridad del municipio.

“Yo, como mujer, obviamente voy a velar por las demás. Tengo una niña por la que me gustaría que también alguien se preocupara cuando anda en la calle. De verdad, que tengan la confianza en nosotros de que vamos a hacer todo lo posible para que lleguen bien a casa”, promete.

Pero la situación de inseguridad en Nuevo León no parece mejorar a ojos de muchas mujeres, quienes se muestran muy pesimistas sobre la posibilidad de una solución

Mientras algunas se ven obligadas a limitar sus movimientos para no terminar secuestradas, los familiares de las desaparecidas siguen alzando su voz para que sus casos no caigan en el olvido de las autoridades.

Ellos, como muchos otros, se siguen preguntando lo que los trabajadores de la Fiscalía estatal ven pintado en el suelo frente a su edificio en letras grandes, junto a los nombres de algunas de las miles de mujeres desaparecidas en el estado: “¿dónde están?”.

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El aborto, un derecho negado a mujeres es causa de muerte materna en Guerrero

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Por Beatriz García / Amapola Periodismo

Hace algunos años, Rosa, entonces una adolescente de 17 años, era una estudiante de preparatoria cuando compartió a su amiga el motivo de que se ausentara una semana de la escuela: interrumpió su embarazo. Proceso que vivió sola, por el temor al estigma, aun con el riesgo de muerte.

La joven, originaria de una comunidad nahua de Chilapa, tenía un novio y se embarazó. Él la dejó sola en esto. Sus padres no podían saberlo; seguramente querrían que se casara y tuviera al bebé, o la correrían de su casa y tendría que dejar la escuela. Le huyó a todas esas posibilidades de su destino.

Se acercó a una tía, quien la acompañó con un médico que le practicó un aborto con pastillas.

El proceso de expulsión del producto lo vivió sola, en un cuarto que rentaba en la cabecera de Chilapa, donde estudiaba. Nadie más lo supo. Estuvo encerrada por días retorciéndose del dolor.

Lee: 15 años y contando: aborto legal en la Ciudad de México

Su amiga lo supo hasta después. Rosa, como se decidió llamar a esta adolescente para guardar su identidad  se lo contó hasta que volvió a la escuela, después de que se recuperó. Por fortuna pudo hacerlo.

Guerrero y el contexto para la despenalización de aborto

Procesamientos legales, detenciones, muerte materna, problemas sicológicos, es el contexto de muchas mujeres en Guerrero porque la despenalización del aborto, aun cuando se discute en el Congreso local después de años de lucha feminista, es una garantía pendiente para ellas.

En Guerrero se vive un momento crucial en pro de los derechos de las mujeres, la reforma al Código Penal de la entidad para la despenalización del aborto está en debate entre los diputados, lo que significa la gran posibilidad de resarcir una deuda de criminalización hacia las mujeres que deciden interrumpir un embarazo.

El miércoles 4 de mayo, los diputados y las diputadas dieron la primera lectura de la iniciativa de reforma en el pleno del Congreso local, después de que el 12 de enero las diputadas morenistas Beatriz Mojica Morga, Gloria Citlali Calixto Jiménez y Nora Yanek Velázquez Martínez presentaron la propuesta legislativa de despenalizar el aborto.

Este miércoles, darían la segunda lectura para proceder a la discusión y finalmente la votación que llevaría a la reforma del Código Penal, pero no ocurrió porque los diputados y las diputadas pospusieron la sesión, porque, al parecer, muchos de ellos no lograron llegar a la ciudad de Chilpancingo, donde está la sede legislativa, después que salieron a festejar el Día de las Madres. Reagendaron la sesión para el siguiente martes 17 de mayo.

Los motivos para que las mujeres decidan libremente sobre su vida y sus cuerpos son tantos, y los han repetido activistas, feministas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

Quien sigue sin dar una postura clara sobre la despenalización del aborto es la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Ella se pronunció a favor del bienestar y del respeto de los derechos de las mujeres, y reprobó los matrimonios forzados que ocurrieron en la Montaña alta de Guerrero, de los cuales se supo el año pasado, pero nada de la discusión actual.

La búsqueda de la despenalización ocurre en medio de dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado, la última por agravio comparado, que evidencia la necesidad de homologar la Norma Oficial Mexicana 046 sobre Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres para garantizar a las niñas y mujeres víctimas de violación sexual la interrupción del embarazo sin que tengan que interponer una denuncia y así evitar un riesgo para su salud.

Hay otro indicador alarmante que también podría denotar el gran problema que se vive en el estado a causa de un aborto, provocado o espontáneo: la mortalidad materna.

En este 2022 Guerrero en crecieron las cifras de mortalidad materna en comparación con 2021 y 2020, de acuerdo con los registros del Observatorio de Mortalidad Materna en México.

Desde el inicio del año hasta la primera semana de mayo, que es el último registro que hace público el Observatorio de la situación en el país, han registrado 230 casos de mortalidad materna, y Guerrero ocupa el tercer lugar en ese registro de casos, con 16.

Lee: México, el país con más embarazos adolescentes y mujeres desaparecidas en América Latina

En el 2021, durante el mismo rango de tiempo, el estado registró la mitad de casos de muerte materna, es decir, ocho, y un año antes, en el 2020, en el mismo lapso de tiempo contabilizaron sólo seis.

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA) federal, quien emite un boletín semanal en el que muestra la estadística de muertes maternas en el país –cifras que coinciden con los del Observatorio–, precisa que las muertes maternas pueden ser por 16 causas, una de ellas es el aborto. En ese listado esta causa ocupa el quinto sitio.

Guerrero casi por tradición ha ocupado los primeros lugares en muertes maternas, situación siempre vinculada a la falta de acceso a la salud, pero poco vinculado al aborto como un derecho negado a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, lo que las lleva a practicarlo en condiciones insalubres.

En la entidad no hay una estadística oficial sobre las muertes por aborto, sus causas y consecuencias, hasta ahora las han denunciado feministas organizadas en colectivos, porque son quienes acompañan a otras mujeres, muchas adolescentes y niñas, que se han practicado abortos o los han tenido espontáneos y enfrentaron procesamientos legales.

Este miércoles, por ejemplo, la feminista Viridiana Gutiérrez Sotelo, en conferencia de prensa, expuso que en la última semana –mientras se debate la despenalización del aborto en Guerrero– llegaron a ella y otras feministas solicitudes de seis  mujeres, entre ellas dos menores de edad, para que les ayuden para acceder a la interrupción de su embarazo.

En esta conferencia de prensa, las feministas alertaron que una de las violencias que está extremadamente ligada al aborto son las cifras crecientes de violencia sexual contra las mujeres en el estado.

De acuerdo con el registro de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVIM) que publican en su página web, sólo en el 2021 hubo 200 denuncias formales por abuso sexual. Es importante insistir en que estos casos son sólo de las denuncias presentadas en los Ministerios Públicos.

La criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo

La representante feminista de Aliadas por la Justicia, María Luisa Garfias Marín, tiene claro el panorama de las mujeres que se enfrentan a un aborto por la causa que sea.

Del 2010 al 2013, de acuerdo con los registros de la activista, es la época que supo de casos de mujeres sentenciadas por homicidios en razón de parentesco, es decir, por un aborto.

Lee: María, la niña me’ phaa a quien la Secretaría de Salud de Guerrero intentó convencer de no abortar

Junto con otras activistas solicitaron, en ese entonces, a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía General de la República), que les dieran un informe de las mujeres que estaban en las cárceles detenidas y procesadas, para saber los delitos Se dieron cuenta que había detenidas por homicidio en razón de parentesco.

Junto con la representante del entonces Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Silvia Castillo Salgado, la activista y sus compañeras también visitaron los reclusorios y se dieron cuenta que, además, sus procesos eran irregulares.

Pidieron apoyo a las integrantes de la Asociación Civil de Guanajuato Las Libres, quienes lograron la libertad de algunas mujeres que estuvieron en una situación similar. El abogado de ellas les colaboró para la liberación de cuatro mujeres detenidas por homicidio en razón de parentesco, dos de Chilpancingo y dos de Tlapa.

Una de las mujeres se trata del caso emblemático de Adriana Manzanares, la me’phaa que estuvo presa durante siete años. La habían condenado por 22 años, después de que fue golpeada por su esposo y como consecuencia sufrió un aborto.

Garfias Marín, de manera personal, acompaña a mujeres que deciden interrumpir su embarazo, solicita apoyo al Fondo María, que apoya a las mujeres que deciden abortar, que de acuerdo a los estudios socioeconómicos que toman vía telefónica costean sus pasajes, y también solicita apoyo a la organización Marie Stopes, una clínica de aborto legal y seguro en la Ciudad de México, donde la interrupción del embarazo es legal desde el 2007.

“Se ha combinado la cuestión de la pobreza (motivo de la práctica del aborto), la otra ha sido de manera de voluntaria deciden interrumpir su embarazo, como no han tenido los recursos para pagar a un médico particular quienes cobran 20, 25, 30,000 pesos. Las han apoyado (organizaciones como Fondo María) con el pasaje y un familiar que les acompaña”, precisó la feminista.

Dos violaciones sexuales y dos embarazos

En el 2012, una niña de una comunidad de Zumpango, municipio de Eduardo Neri, fue violada por su tío y quedó embarazada. Estaba por cumplir los 12 años.

La madre de la menor la llevó a la Agencia del Ministerio Público (MP) para interponer la denuncia. En el MP la mamá solicitó le concedieran la interrupción del embarazo a su hija, quien tenía apenas dos meses de gestación, porque, además de que era una niña abusada, tenía un problema de desnutrición. El riesgo para su salud era mayor, pero les negaron esa posibilidad y la menor siguió con el embarazo.

Lee: Tras exigencia, la Secretaría de Salud de Guerrero interrumpe embarazo a niña me’ phaa víctima de abuso

Un día sintió la necesidad de ir al baño y tuvo un aborto espontáneo.

Después de un año y medio, contó la activista, la niña sufrió otra violación sexual por otro tío, también hermano de su papá. Ahora su madre se negó a interponer la denuncia, porque la primera vez no les hicieron caso, nadie fue detenido.

La menor quedó embarazada otra vez, pero ahora sus padres la corrieron de su casa. Se refugió en casa de Garfias Marín con apoyo de Silvia Castillo, otra activista.

Tampoco interrumpió su embarazo. La niña parió a su bebé en casa de la activista que la acompañó en todo el proceso personal y legal, pero la madre de la menor llegó hasta ahí y se la llevó a la fuerza junto con el bebé. Garfias Marín no volvió a saber de la menor y de su hijo.

En el tiempo que estuvo la niña con su bebé, ella se negó a verle la cara y a amamantarlo.

Los últimos dos acompañamientos que ha dado Garfias Marín son del año pasado, a dos mujeres que solicitaron su apoyo para interrumpir su embarazo. Las canalizó a la Ciudad de México, donde la interrupción del embarazo es legal, y monitoreó todo su proceso.

Después de todo lo que ha visto, la activista consideró que es momento de sacar de la clandestinidad el derecho de las mujeres a decidir. Es importante, mencionó, que las diputadas y los diputados tomen en cuenta que negarse a que se reforme el Código Penal para que las mujeres elijan, es abrir las posibilidades para que ellas continúen muriéndose.

Despenalizar el aborto, aclaró, no obliga a las mujeres a abortar, significa que aquella que lo decide tendrá las condiciones de un aborto seguro y gratuito en un hospital.

Mortalidad materna, menores de edad y aborto

La organización Raizubia da seguimiento puntual en el tema de mortalidad materna en Guerrero, aunque ahora las y los integrantes no tienen una estadística sobre la relación de los abortos y la mortalidad materna, sí tienen claro el panorama de esta relación.

La secretaria general de la organización, Nayeli Rodríguez Flores, en entrevista, informó que los casos de muerte materna tienen una relación estrecha en el embarazo adolescente, como la muerte por aborto.

La muerte materna por aborto, dijo, es más reincidente en mujeres jóvenes, en adolescentes, al mismo tiempo que se relaciona con otro fenómeno, el matrimonio infantil, una práctica que aun cuando no es de ahora, se visibilizó por casos públicos en la Montaña alta del estado a finales del año pasado.

Rodríguez Flores ha acompañado a unas 10 mujeres que decidieron interrumpir su embarazo, también las canaliza a la Ciudad de México. Consideró que algunos motivos de las mujeres para practicarse un aborto son la precaria situación económica y por asuntos psicológicos.

Guerrero está en un momento histórico, precisó, donde los legisladores tienen la oportunidad de hacer historia y generar acciones afirmativas a favor de los derechos de las mujeres y, sobre todo, para garantizar la reducción de la violencia de género.

La moneda está en el aire, el próximo miércoles se sabrá si en Guerrero por fin se despenaliza la interrupción del embarazo y, finalmente, a las mujeres se les otorga el derecho de decidir con libertad sobre sus cuerpos.

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18M: mujeres organizan Día de Luto Nacional por violencia de género

“Estamos aquí frente a una emergencia nacional que exige salvaguardar la integridad, seguridad y la vida de las mujeres; desde el luto que nos embarga en un país de fosas, un país de violadores, depredadores, tratantes y feminicidas”, expresaron algunas asistentes a la convocatoria en Ciudad de México.CIMACFoto: Berenice Chavarría Tenorio

Escrito por Brisa Gómez, Rosa María Rodríguez Quintanilla, Berenice Chavarría Tenorio 

CIMACFoto: Berenice Chavarría Tenorio

Feministas se manifestaron en las plazas públicas de varias ciudades del país para instaurar el Día de Luto Nacional por las niñas y mujeres víctimas de feminicidio y desaparición, en medio de un panorama en el que permea la impunidad en los casos y se observa la imposibilidad del Estado mexicano para erradicar la violencia de género.

La protesta se realizó el miércoles 18 de mayo en distintos puntos de México, donde múltiples grupos de mujeres y familias se reunieron para exigir justicia por las vidas arrebatadas de madres, hermanas o hijas.

Frente a Palacio Nacional, mujeres con velos negros colocaron cruces rosas y coronas de flores para exigir justicia; entonaron consignas, plegarias y oraciones intervenidas para exponer la violencia feminicida que existe en el país.

“Feminismo nuestro que estás con las morras,

dignificadas sean tus causas,

venga a nosotras la justicia,

danos paz en cada día,

no perdones sus violencias.

No nos permitas ser un número más,

líbranos de las autoridades y de su doble moral”.

Al lugar de la protesta, acudieron mujeres integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para cuidar la Puerta Mariana del recinto presidencial. “No me cuida la policía, me cuidan mis amigas”, fueron las consignas en respuesta ante la presencia policial por parte de feministas que se manifestaron.CIMACFoto: Berenice Chavarría Tenorio

La convocatoria fue impulsada por organizaciones como Las Constituyentes y Todas MX, quienes ratificaron su exigencia a la Secretaría de Gobernación para que decrete la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en todo el territorio nacional y que el tema sea atendido como política de Estado prioritaria.

De las 32 entidades federativas que conforman al país, en 28 de ellas se ha emitido AVGM, un mecanismo instaurado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

La activista feminista Yndira Sandoval Sánchez, integrante de Las Constituyentes y Todas MX, envió un mensaje al presidente de la República mexicana, Andrés Manuel López Obrador, en el que le exigió “escuchar, atender y cumplir con su responsabilidad profesional y constitucional” para hacer frente a la violencia de género. CIMACFoto: Berenice Chavarría Tenorio

El pronunciamiento de activistas, feministas y familiares de víctimas exigió la proyección, diseño, planeación y ejecución de un presupuesto que revierta la curva creciente de la violencia contra mujeres y niñas. También se exigieron sanciones a funcionarios y funcionarias que no cumplan con sus responsabilidades constitucionales.

“Deben existir acciones que prevengan, atiendan y sancionen la violencia contra las mujeres. Esta no puede ser medida basada en cuántas asesinadas o desaparecidas van: mientras una sola sigamos faltando a casa, una sola sea acosada, todas estamos en alerta”, expresó en entrevista con Cimacnoticias Yndira Sandoval Sánchez.

La protesta de luto nacional se replicó en estados como Guerrero, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Puebla y Nuevo León.

Veracruz

Xalapa, Ver.- El luto nacional se vivió también al sur del país. Con un minuto de silencio, inició el plantón en la plaza “Regina Martínez” en el centro de Xalapa, Veracruz, a consecuencia del feminicidio en México.

Mujeres de diversas edades se encontraron frente al Palacio de Gobierno en punto de las 17:00 horas para exigir un alto al feminicidio y a la impunidad latente en los casos reportados de violencia contra las mujeres.

Al inicio de la concentración las asistentes se tomaron de las manos y formaron un círculo para comenzar el minuto de silencio mientras sonaban las campanadas que convocaban a misa en la catedral xalapeña.

Al grito de ”¡justicia!”, las manifestantes se acostaron en el piso para representar los cuerpos de las 37 mujeres que, de enero a abril, han sido víctimas de feminicidio en el estado de Veracruz, de acuerdo con datos del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres a cargo de la antropóloga y especialista en género, Estela Casados González.

De acuerdo con los datos, en el caso de Veracruz también se han registrado 42 crímenes con características de homicidio cometidos contra mujeres, así como 208 desapariciones tan solo en lo que va del año.

Al término del performance las manifestantes se mantuvieron sentadas en círculo, mientras decían en voz alta los nombres de mujeres víctimas de violencia cuyos casos han sido fuertemente difundidos en Xalapa y el estado de Veracruz, en general, como los de Angy, Regina Martínez y Nadia Vera.

Dentro del círculo, las asistentes contaron la historia de los casos como el de Ruth Magaly Hernández Marín, de 19 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida dentro de un tanque de agua vacío en el paraje conocido como Santuario de las Garzas, en 2017. Ruth Hernández se convirtió en la octava mujer encontrada con señales de violencia física y estrangulamiento en ese sitio.

Xalapa es uno de los municipios contemplados en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) emitida para Veracruz en 2015, a la que un año después se sumó la segunda declaratoria por agravio comparado en materia de aborto para el estado.

La protesta realizada este miércoles fue acompañada por la entonación de la canción “Sin miedo”, de la compositora Vivir Quintana. Al inicio de la manifestación, integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se acercaron a las asistentes para acompañar la vigilia y reportar cualquier violación a los derechos que pudiera presentarse a manos de los cuerpos policiales desplegados en la plancha de la plaza.

Nuevo León

Monterrey, NL.- Decenas de mujeres y colectivas feministas de Nuevo León se sumaron a la concentración y protesta “Luto Nacional” por las víctimas de feminicidio y desaparición de mujeres y niñas en todo el país.

Frente al Palacio de Gobierno y a través de las principales avenidas de Monterrey, exigieron al gobernador Samuel García; al secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci, y al fiscal general de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero, la búsqueda inmediata de las mujeres y niñas desaparecidas y el esclarecimiento de los feminicidios de Debanhi Escobar Bazaldúa, Yolanda Martínez y María Fernanda Contreras.

“¡Justicia, justicia!”, “no fue suicidio, fue feminicidio”, “no fue accidente, fue feminicidio”, exclamaron las manifestantes ante las fallas en la investigación de los casos registrados en el último mes.

Después de realizar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de feminicidio en la entidad, que ocupa el cuarto lugar nacional en este delito, las asistentes se concentraron en el cruce de Juárez y Padre Mier, una de las principales avenidas del centro de la ciudad. Enseguida, el contingente avanzó sobre las calles Ocampo y Zaragoza.CIMACFoto: Rosa María Rodríguez Quintanilla

Con las consignas “disculpen las molestias, nos están matando”, y “la Fiscalía es cómplice”, el grupo de manifestantes bloqueó por 15 minutos la avenida Constitución y regresaron por la avenida Zuazua hasta el Palacio de Gobierno, donde ya las esperaba un grupo de más de 30 mujeres policías antimotines.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Nuevo León hay 6 mil 215 personas desaparecidas, es la cuarta entidad del país con más desapariciones, superada únicamente por el Estado de México, con 10 mil 988; Tamaulipas, con 11 mil 959; y Jalisco, con 14 mil 951. En lo que va del 2022, se ha reportado la desaparición de 420 mujeres, ocho de ellas localizadas sin vida y 33 que están en proceso de búsqueda, de acuerdo con el reporte sobre el delito de la Fiscalía de Justicia.

El gobierno de NL siembra miedo

En horas previas a la vigilia pacífica convocada por colectivos feministas, el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, advirtió que serían investigadas y perseguidas por la autoridad aquellas personas que incurrieran en actos de violencia, pintas o destrozo de cristales en el Palacio de Gobierno o instalaciones privadas.

También anunció en un mensaje en redes sociales sobre el reforzamiento de la presencia policial en esta manifestación: “Hemos obtenido información fidedigna donde intereses específicos, creados durante la administración anterior, están pagando para que gente venga a romper esa marcha y quitarle la seriedad y la dignidad a estas asociaciones que van a marchar (…) Este grupo buscará mediante la anarquía crear violencia, confusión y daños tanto a las instalaciones gubernamentales como privadas”.

El funcionario advirtió que abrirían carpetas de investigación contra aquellas personas que fueran detenidas por irrumpir la marcha pacífica con actos de vandalismo: “Vamos a proceder de manera legal en contra de aquellas personas que sean violentas, que traigan algún tipo de arma, que hagan cualquier tipo de pinta o rompan cualquier cristal en las instalaciones de gobierno e instalaciones privadas”.CIMACFoto: Rosa María Rodríguez Quintanilla

Ante las declaraciones del secretario, la activista y ex diputada Claudia Tapia Castelo reclamó: “Con ese mensaje, quieren decir que van a infiltrar gente y están justificando de manera anticipada la represión del Estado (…) Si tienen información fidedigna de quiénes están pagando a grupos para reventar la marcha, denúncienlos y hagan públicos los nombres. De otra manera, los están encubriendo: son cómplices”.

Desde muy temprano, el grupo antimotines de la policía estatal arribó a la Explanada de los Héroes para resguardar las instalaciones del Palacio de Gobierno.

“¿Cuál gobierno de puertas abiertas?”, cuestionan colectivas

La presidenta de la organización feminista Venumia A.C., Rosaura Guerra Delgado, condenó los actos de intimidación y represión emprendidos por el gobierno de Nuevo León para desalentar la protesta feminista; aseguró que el movimiento es pacífico y no caerán en provocaciones: “No hemos tocado ni un escalón del palacio”.

Durante su mensaje como parte del movimiento “Luto Nacional”, exigió que Monterrey sea un lugar donde las mujeres puedan sentirse seguras: “Esa es la obligación que tiene el Estado y no lo está haciendo, señor gobernador Samuel García”.CIMACFoto: Rosa María Rodríguez Quintanilla

Las mujeres presentes también demandaron que las autoridades aseguren el acceso a la justicia de manera pronta y expedita, así como terminar con las filtraciones de información para confundir a la sociedad. Además, exigieron a los medios de comunicación que no revictimicen a las mujeres en sus contenidos.

“¿Dónde están mis hermanas?, ¿dónde están? ¿Cuál gobierno de puertas abiertas?”, “la policía también es cómplice”, “renuncia Samuel”, “Mariana no es aliada, es privilegiada”, gritaron las manifestantes. En la manifestación también reclamaron al gobierno estatal el retiro del monumento en memoria de las víctimas de feminicidio de la Explanada de los Héroes, removido el pasado lunes.

¿Cuántas veces te han dicho “loca” o “tóxica”? Gaslighting, una violencia normalizada

Escrito por Berenice Chavarría Tenorio 

CIMACFoto: César Martínez López

“Sonríe y sé empática”, nos dice a diario el patriarcado. En este mundo, las mujeres no tienen derecho a expresar emociones o, al menos, no las que le incomodan a la sociedad: cuidado con mostrar enojo, tristeza o una pizca de inconformidad, corres el riesgo de que te llamen “dramática, exagerada, tóxica”, o “¡loca!”.

Históricamente, las mujeres han sido definidas como “buenas por naturaleza, seguras, inofensivas, protectoras y no dañinas”, cuenta la feminista Marcela Lagarde y de los Ríos en su libro “Los cautiverios de las mujeres”. En contraste, la sociedad ha determinado que también existen las locas: “Las suicidas, las histéricas, las solteras, las brujas, las monjas, las malas madres, las madrastras, las lesbianas, las menopáusicas, las estériles, las abandonadas, las políticas, las sabias, las artistas, las intelectuales, las feministas”.

Estos estereotipos han provocado que muchas de las violencias contra las mujeres sean justificadas socialmente e incluso normalizadas. Ese es el caso del gaslighting, un tipo de maltrato psicológico que busca controlar a la víctima hasta el momento en que se haga la crítica pregunta: “¿Será verdad que estoy loca?”.

De los manicomios al gaslighting

En 1687 José Sáyago de profesión carpintero fundó un centro psiquiátrico para mujeres en la Ciudad de México. La primera “loca” en llegar al lugar fue María de la Concepción prima de su esposa. Así, llevadas por familiares o incluso iniciativa propia el espacio llegó a tener 55 mujeres asiladas por sus ideas, que en esa época eran consideradas “trastornadas”.

Durante décadas las concepciones sobre las mujeres y la locura han sido motivo para encerrarlas, física y mentalmente. En la actualidad, esta realidad prevalece, solo es necesario verla.

¿Alguna vez te han dicho “loca”?, ¿eso ha provocado que dudes de tu cordura, seguridad y confianza? No es tu imaginación: has sido víctima de un tipo de violencia conocida como gaslighting, la cual se ha normalizado en las relaciones afectivas y puede llegar a destruir la percepción que una mujer tiene de sí misma.

El gaslighting es definido como una forma de manipulación y abuso psicológico: “Es una violencia sutil, muy normalizada, que ejerce un hombre a una mujer por su posición de poder. Con el gaslighting se invalidan emociones y sentimientos, comienzas a disculparte, a dudar de ti al grado de preguntarte: ‘¿Seré yo el problema?’”, contó a Cimacnoticias Erika Díaz, psicóloga integrante de la Red de Acompañamiento Psicológico para la Salud Integral (Redapsi), una red de especialistas que brindan psicoterapia con perspectiva de género a mujeres.

El término está incluido en el Violentómetro creado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), un instrumento que detalla las manifestaciones de violencia que pueden presentarse en las relaciones de pareja. En él se consideran acciones como ignorar, chantajear, hacer bromas hirientes y culpabilizar, los cuales pueden escalar hasta las agresiones físicas y en última instancia al feminicidio.CIMACFoto: César Martínez López

Esta agresión recibe su nombre por “Gaslight” o “Luz que agoniza”, una película de 1944 dirigida por George Cukor, en la que un hombre manipula a su esposa lentamente hasta hacerla creer que está volviéndose loca. El protagonista aísla a su víctima hasta dejarla sin redes de apoyo y poco a poco juega con su mente para obligarla a instalarse en un mundo casi irreal, de esta forma evita que ella descubra que él asesinó a su primera esposa. ¿Perturbador? Sí, pero nada lejos de la realidad.

“Eres exagerada”

“Dramática”

“De todo de enojas”

“Eres una tóxica”

“Deberías entenderme”

Si has escuchado una de estas frases, la alerta comienza a sonar: “No es normal la sensación de sentirte invalidada”, expresa la especialista Erika Díaz. Además, señala que, en este tipo de violencia, una mujer es agredida por sus acciones y se ponen en duda sus capacidades, comienza a internalizar dichas ideas e inicia la desesperación por querer solucionar el “conflicto” con ella misma; poco a poco se debilita y queda a disposición de su agresor, quien continúa incrementando los niveles de violencia.

Las consecuencias del gaslighting pueden derivar en ansiedad y depresión en las mujeres, inseguridad y ruptura de las redes de apoyo. Por ello, la psicóloga recomienda identificar las violencias y tomar acción si no te sientes cómoda, establecer límites y no disculparte por ser quién eres: “Ten diálogos contigo misma y las demás personas”.

Desde Redapsi –red que surgió durante la pandemia por coronavirus a fin de apoyar al personal médico de forma gratuita–, se recomienda tener charlas entre mujeres donde no se culpabilice a la víctima por permanecer en una relación donde es agredida; también se hace el llamado a que las mujeres expresen sus emociones sin temor ya que cualquier sentimiento es válido, contrario a lo que pueda considerar la sociedad educada bajo el mandato patriarcal.

CIMACFoto: César Martínez López

Aun con los avances en la concientización sobre estas violencias, estas no dejan de incrementarse. Tan solo en lo que va del 2022, la violencia contra las mujeres se ha materializado en 15 mil 32 lesiones dolosas, 56 mil 224 víctimas de violencia familiar, cinco mil 315 violaciones y 857 asesinatos violentos, de los cuales solo 229 se investigan como feminicidio, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De ahí la necesidad de identificar y visibilizar los tipos de violencia que viven las mujeres por más “mínimos” que parezcan pues, como el gaslighting, afectan en distintos niveles la integridad física y mental de quien los vive. Ante esta escalada de violencias, entender y exhibir el cautiverio emocional –avalado y perpetuado por la sociedad– permitirá a las mujeres ser, con libertad y sin culpa.

Fiscalías y prensa deben dejar de violentar derechos de las mujeres en coberturas de casos de feminicidio: exigen especialistas

Escrito por Berenice Chavarría Tenorio 

La prensa en México muestra la violencia contra las mujeres como un espectáculo, responsabiliza a las víctimas de ser asesinadas, violadas o desaparecidas, por ello es necesaria la capacitación en perspectiva de género dentro de las redacciones, cambiar narrativas y construir espacios de diálogo, refirió Lucía Lagunes Huerta –directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)– durante el conversatorio ‘Frente a la violencia machista en los medios, periodismo de paz’.

La charla realizada en el marco de la Semana Internacional por el Derecho Humano a la Libertad de Expresión, tuvo como participantes a Diana Juárez Torres, de La Cadera de Eva; Beatriz Guillén Torres, El País; Lucía Lagunes Huerta y Frida García, Social TIC, quienes coincidieron que ante el contexto de violencia feminicida en México es necesaria una transformación de fondo.

Lucía Lagunes señaló que desde los medios de comunicación se justifica la violencia feminicida, con mensajes sobre asuntos externos que excusan el actuar de los hombres y construyen mensajes de empatía hacia ellos.

“La narrativa que se utiliza en las notas responsabiliza a las víctimas de lo ocurrido, porque algo provocaron. Somos las víctimas propiciatorias, en la narrativa se genera esta construcción de la idea social de que algo hicimos y por eso nos pasó”.Lucía Lagunes Huerta

En esto coincidió Frida García, integrante de Social TIC, quien destacó que en los medios de comunicación no hay un manejo ético de los casos de feminicidio: “Hay fotos explícitas, las notas son escritas por varones, por ello sería un factor de cambio que se integraran más mujeres”.

En este panorama han jugado un papel importante las autoridades, pues desde las fiscalías se promueve la violencia de género a través de boletines de prensa y filtraciones, donde se realzan detalles innecesarios sobre las agresiones de las que son víctimas las mujeres. De acuerdo con Lucía Lagunes, 64 por ciento de información de notas donde se habla de feminicidio, provenía de comunicados de procuradurías y fiscalías.

“No hay una sola fiscalía que no tenga todas las violaciones a los Derechos Humanos de las víctimas publicados en los boletines. Las fiscalías son la primera fuente de información para periodistas que cubren nota roja, no sólo boletines, también fotografías que entregan o que venden”.

Lucía Lagunes Huerta

En ese sentido, Beatriz Guillen Torres, periodista de ‘El País’, añadió que la publicación de fotografías o declaraciones que vulneran los derechos de las víctimas se propicia debido a que es poca la presión hacia las autoridades para evitar la difusión y castigo a los responsables.

“En España es impensable publicar fotografías así. Es un debate que no llega a México para que no parezca normal ver imágenes fuertes, esto es responsabilidad de medios, gobierno y sociedad”.

Diana Juárez Torres, de La Cadera de Eva, señaló que este panorama se ve en incremento debido a que los medios de comunicación se manejan bajo una “lógica de mercado”, saben que coberturas de casos como el de Debanhi Escobar van a generar clics y alcance.

“Se retoma garantizando clics [..] A la prensa no le importa, porque no ven a las mujeres como sujetas de derecho, sino el impacto que los casos hacen. La violencia está normalizada en todas partes, pero hacia las mujeres más. Hay que cuidar la narrativa; exponer que las autoridades se tardan en investigar y acompañarlo de contexto”.Diana Juárez Torres.

Debido a lo anterior se busca implementar un periodismo de paz, el cual narre versiones oficiales, brinde datos sobre tipos de violencias y no permita replicar boletines con información que revictimizan a las mujeres.

“Las mujeres no sólo son víctimas, es importante visibilizarlas en otras áreas, como: artes, deporte, producción de alimentos”.Lucía Lagunes Huerta

Las panelistas coincidieron en la necesidad de hacer líneas editoriales que sean respetuosas sobre los derechos de las víctimas, exponer las responsabilidades del Estado y dejar de construir mensajes que relacionen de forma automática las palabras mujer y violencia, pues esto propicia miedo y genera un efecto adverso en la libertad y garantías de mujeres, niñas y adolescentes.

La Semana Internacional por el Derecho Humano a la Libertad de Expresión apenas comienza. El 17 de mayo se llevará a cabo el conversatorio ‘¿Acabó la pandemia?: ¿y las mujeres periodistas?‘ que contará con la participación de Itzia Miravete Veraza, de la organización Artículo 19; Lilian Celiberti, Cotidiano Mujer; la investigadora Yennue Zarate y Cirenia Celestino Ortega, integrante de CIMAC.

CIDHM denuncia: en Morelos la Alerta de Violencia de Género no ha sido efectiva en seis años

Escrito por La Redacción 

CIMACFoto: César Martínez López

Ciudad de México.- La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) denunció que a seis años de decretarse la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad el delito de feminicidio continúa impune ya que durante este tiempo se registraron 547 asesinatos violentos de mujeres.

En una reunión de trabajo con el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, la Comisión hizo entrega del informe que elaboraron con motivo del sexto aniversario de la implementación de la AVG, medida que tiene por objetivo atender, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio en la entidad, como lo establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sin embargo, pese a varios años de que se decretara en ocho municipios de Morelos, la AVG no ha sido un mecanismo efectivo. Esta conclusión la obtuvo la CIDHM luego de evaluar las acciones en cada nivel de gobierno.

El informe de la Comisión arrojó que en 21 años se han registrado un total de mil 196 feminicidios. De 2000 a 2021 se ha registrado este delito en 33 de los 36 Municipios que conforman el estado, incluyendo las ocho demarcaciones donde se decretó la Alerta de Violencia de Género, así como el municipio Indígena de Xoxocotla, creado recientemente y que se desprendió de Puente de Ixtla.

En ese sentido, los municipios con mayor número de feminicidios son:

Cuernavaca con 234

Jiutepec con 111

Temixco con 94

Cuautla con 74

Yautepec con 71

Emiliano Zapata con 52

Xochitepec con 51

Puente de Ixtla con 46

Jojutla con 42

Tepoztlán con 38 casos

“De las dependencias del estado de Morelos que deben acatar las medidas decretadas por la AVG, la Secretaría de Educación es la peor evaluada, al tener todas sus recomendaciones como No Cumplidas. Mientras que el Tribunal Superior de Justicia fue quien obtuvo un mayor avance en el proceso de cumplimiento, al tener cinco acciones en proceso de cumplimiento”.CIMACFoto: César Martínez López

Cabe destacar que todos los poderes del estado de Morelos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no tienen ninguna acción cumplimentada. Ante este panorama, la Comisión planteó a Samuel Sotelo la necesidad de que se lleven a cabo las reuniones de trabajo con todas las instancias del estado para que se avance en el cumplimiento de las acciones que les corresponden a fin de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en Morelos.

Finalmente, la CIDHM reiteró que es importante no dar tregua a la violencia feminicida, para ello sentenció que es necesario usar los recursos brindados por la organización, tales como la documentación, el seguimiento y las propuestas que impidan la parálisis de la sociedad ante el dolor de quienes padecen esta grave violación de los derechos humanos.

México supera 100 mil personas desaparecidas, más de 24 mil son mujeres. Las cifras en aumento: advierten ONU y colectivas

Escrito por Berenice Chavarría Tenorio 

Ciudad de México.- La crisis de violencia e inseguridad que se vive en México ha alcanzado cifras extremas al llegar a 100 mil personas desaparecidas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); sin embargo, para colectivas y familias este número podría ser mayor debido a que varios casos no se consideran dentro del registro.

Según datos más recientes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), consultado por Cimacnoticias, de 1964 al 17 de mayo de 2022 hay un total de 100 mil 27 personas que no volvieron a sus hogares.

De esta cifra, 24 mil 771 son mujeres. El grupo mayoritario está en el rango de los 15 a 19 años de edad, mientras que 42.6 por ciento de las mujeres desaparecidas tienen menos de 19 años. Hay que recordar que recientemente el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que estos casos estarían vinculados a desapariciones como medio para ocultar la violencia sexual y feminicidio, al reclutamiento, la trata de personas y explotación sexual, que tuvo un incremento durante la pandemia por COVID-19 en especial en contra de niñas y adolescentes.

Cabe señalar que las entidades donde se tienen registrados más casos de desaparición (Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Veracruz) cuentan con Alerta de Violencia de Género (AVG), mecanismo establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que tiene por objetivo garantizar la seguridad de las mujeres.

Por ejemplo, sólo en 2022 se han registrado en Nuevo León 420 reportes de mujeres desaparecidas, según datos de la Fiscalía General del Estado; en Jalisco 112, de acuerdo con la Comisión de Búsqueda local; en Edomex permanecen sin localizar 196 mujeres, mientras que en Veracruz se tienen registradas más de 160 desapariciones.

Para el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, la cifra dada a conocer por las autoridades es poco precisa, ya que, con base en su experiencia, hay una importante y diversa cantidad de casos no considerados.

“Si bien las familias sabemos con certeza que dicha cifra se encuentra muy por debajo de la cantidad de casos que día a día vemos y vivimos en nuestros contextos, no deja de resultarnos alarmante el número alcanzado, y exigimos se atienda esta crisis de forma integral e inmediata en proporción a este desgarrador número de personas desaparecidas”.Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

Al respecto, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), refirió que la magnitud de esta tragedia podría ser mayor, pues varios casos de desaparición no se denuncian ante las autoridades.

“A pesar de todos los esfuerzos realizados por las víctimas, sus allegados y las organizaciones que las acompañan, así como por algunas autoridades del Estado, las desapariciones continúan ocurriendo a diario en México, reflejando un patrón crónico de impunidad”.Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

CIMACFoto: César Martínez López

Ante este panorama, familias exigieron al Estado mexicano atender con urgencia, contundencia y de forma integral la grave crisis de desapariciones e identificación humana que se vive en México. De igual forma, colectivos pidieron al gobierno federal que presente y ponga en marcha una política pública de búsqueda en vida e identificación, que implique acciones concretas de colaboración con las autoridades para la sistematización, concentración y administración de bases de datos e información que se encuentra en diferentes espacios forenses y de investigación, que posibilite la localización y/o identificación de personas.

Y es que el reciente anuncio sobre la creación del Centro Nacional de Identificación Humana no ha sido calificado de forma positiva por las familias, quienes acusan que dicho espacio no contará con recursos propios para este año, por lo que obtendrá sus medios a través del subsidio federal que originalmente se destina a las comisiones de búsqueda locales, las cuales tampoco han hecho lo propio para erradicar con la problemática de desaparición que sigue creciendo en México.

Defensoras del agua: cómo la escasez afecta más a las mujeres y luchan por ella

 animalpolitico.com

Por Samedi Aguirre

Son las 5:00 de la mañana y Marisela se levanta para juntar y calentar el agua con la que Francisco, su hijo, se bañará antes de irse a trabajar. Ellos viven en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en donde la falta de agua en algunas colonias es una constante y su acceso al recurso es a través de pipas, que “hay que corretear”. 

Al igual que muchas otras mujeres, Marisela es la responsable de cuidar que una de las pipas les dejen agua. Y como no se sabe a qué hora van a pasar, los martes y los jueves ella no sale de su casa y se asegura de quedarse frente a su portón el tiempo que sea necesario, para lograr que la pipa abra su manguera solo por un minuto. De no ser por Marisela, Francisco no se podría ni bañar.

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“La escasez de agua, la contaminación y su mala gestión afecta a muchas comunidades en el mundo; pero históricamente son las mujeres las encargadas de los cuidados y servicios del hogar, así que la falta de agua afecta más a las mujeres”, explicó a Animal Político la doctora Helena López, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, quien recalcó que la principal causa de esto es la división del trabajo por razón de género.  

Es decir, socialmente se asignan tareas y responsabilidades diferentes para hombres y mujeres. Por ejemplo, a las mujeres se les asigna el rol de cuidadoras y encargadas de las labores del hogar, sin que por ello perciban un sueldo, y a los hombres el del trabajo remunerado fuera de casa. 

Basta con ver las cifras de INMUJERES para saber que esto va más allá de un concepto, pues durante el primer trimestre de 2021, la tasa de participación en trabajo no remunerado, es decir, que realizan alguna labor sin recibir un sueldo, fue de 72.7 para hombres, pero de 95.38 para mujeres. 

De acuerdo con el INEGI, en 2020 el valor económico de las labores domésticas y de cuidados reportó un monto de 6.4 billones de pesos, equivalente a 27.6% del PIB del país. Y fueron las mujeres quienes aportaron 2.7 veces más valor económico que los hombres por sus actividades de labores domésticas y de cuidados en el hogar.

Hablando específicamente de agua, un estudio realizado en Hidalgo que se encuentra disponible en la plataforma Scielo concluyó que “los problemas de escasez, falta de calidad y deficiente gestión ponen en riesgo el ejercicio del derecho humano al agua de las mujeres”. 

Y esto implica sobrecargas de trabajo para abastecerse de otras fuentes y gastos adicionales para comprar agua. “Como responsables de todas las tareas domésticas, las mujeres son las primeras afectadas por esta situación”, destaca.

“Las desigualdades de género en el ámbito del agua son profundas y persisten en todos los niveles, con graves repercusiones en los esfuerzos internacionales para el logro del desarrollo sostenible”, recalca la Unesco.

Dicha institución describe que el género define los roles, las responsabilidades y las oportunidades de las personas en la sociedad y, muy a menudo, determina potencial, conocimientos, talentos y oportunidades que pueden alcanzar. 

“El género también determina la relación que establecen las personas con el agua al moldear las necesidades, acceso, uso y beneficios de este recurso vital”, señala.

Mujeres que luchan por el agua

Nezahualcóyotl es una de las demarcaciones de la zona metropolitana del centro del país a la que el Sistema Cutzamala provee del 30% del agua que utiliza. Pero esa agua proviene de las presas Tuxpan y El Bosque, en el estado de Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo en el Estado de México. 

Es decir, el agua que usamos en la Ciudad de México y parte del área metropolitana se extrae de otros sitios. Esto sucede desde hace 40 años, debido a la sobreexplotación de las cuencas de los valles de México y Toluca-Ixtlahuaca.  

Este es un ejemplo de extractivismo, que se entiende como esta situación en la que se explota la riqueza natural de un lugar, en este caso el agua, para exportarla a otro sitio sin ningún tipo de compensación para los habitantes de donde se saca el recurso, aunque eso implique reordenar los territorios. 

Por ello, la investigadora señala que para resolver el problema del acceso al agua en particular, y del extractivismo en general, “lo más importante es cambiar la cultura patriarcal, colonial y racista”. 

En septiembre de 2004 surgió en Villa de Allende, Estado de México, el Ejército de Mujeres Zapatistas en Defensa del Agua. 

En entrevista para Cimac, la comandanta Griselda Estrada dijo que se sumó a esta iniciativa debido a la carencia de agua, porque la extracción para alimentar el Cutzamala les afecta a ellas y a sus hijos.

“Para nosotros el agua es la vida y se la llevan, de qué sirve que tengamos la planta a unos metros si no tenemos el vital líquido en nuestra casa”, señaló. 

Pero este es solo un ejemplo del papel que las mujeres han tomado en los últimos años en cuanto a justicia en el acceso al agua se refiere. 

De forma más actual, la investigadora de la UNAM también reconoce que las mujeres jugaron un papel central en la toma de las instalaciones de Bonafont en Puebla, que fueron ocupadas por manifestantes por casi siete meses, hasta que fueron desalojadas por fuerzas federales el pasado 15 de febrero, según narró el medio poblano Manatí.  

Todo comenzó cuando comunidades nahuas notaron que el flujo del río Metlapanapa disminuía en el municipio de Juan C. Bonilla, lugar en donde se asentó la embotelladora de la empresa Bonafont.

Los pobladores atribuyeron la falta de agua a la extracción industrial de la compañía y durante 13 años establecieron un cierre simbólico de las instalaciones, pero ante la falta de atención de las autoridades, en marzo de 2021 impidieron el funcionamiento de la planta y ocuparon la embotelladora de agosto de 2021 a febrero de 2022, cuando fueron desalojados.

“La lucha no es por estos lugares, la lucha no es un espacio. Estamos de pie y vamos a seguir organizándonos para seguir, no vamos a declinar. Realmente no se perdió mucho: al contrario, se ganó coraje”, declaró a corriente Alterna una de las manifestantes, quienes se siguen organizando para promover un boicot contra Bonafont y Danone.

“Lo que hay que hacer es enfrentar de verdad el tema del extractivismo. No puede ser que las grandes compañías sobreexploten el agua, dejen a las comunidades sin agua”, dice Helena López, quien recalca la importancia de promover políticas públicas que garanticen el acceso y la distribución del agua; así como proteger los ecosistemas y buscar tecnologías adecuadas. 

Otro ejemplo de lucha es la activista indigena Berta Cáceres, quien lideró por años una lucha contra un proyecto para construir la represa Agua Zarca a lo largo del río Gualcarque, Honduras. 

Hecho que la hizo acreedora al Premio Medioambiental Goldman, Aunque su asesinato en 2016 permanece impune, se señala que la causa fue precisamente su defensa al agua.

En busca de soluciones

En México, 15 de los 32 estados de la República padecen un nivel de estrés hídrico “extremadamente alto”, según un reporte de WRI. Lo que significa que la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible. 

También verificamos: “Isla de calor”, la razón por la que aumenta la sensación térmica

La emergencia solo puede atenderse con políticas públicas para tratar de regular la escasez y desigualdad en el acceso al agua, coincidieron especialistas entrevistados en esta otra nota.

Pero la doctora Helena López señala que para hacer política pública en temas de agua es necesario  tomar en cuenta a las mujeres, en primer lugar.

No solo se trata de un tema de equidad, el incluir la perspectiva de género en la toma de decisiones es necesaria para la efectividad de las mismas. 

Así lo remarca la Alianza de Género y Agua (GWA), pues señala que al ser las mujeres las mayores usuarias del agua a nivel mundial, y  las responsables de proveer el agua y los servicios de saneamiento adecuados para sus familias, “las responsabilidades específicas que tienen las mujeres en los asuntos que conciernen al agua, les conceden una experiencia valiosa, lo cual es fundamental en la búsqueda por lograr una gestión efectiva del agua”.

Al respecto, Michelle Morelos, quien desarrolla una investigación en el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, señala que ante el problema del acceso al agua no hay una sola solución, pues debe considerarse todo el contexto social, cultural, demográfico y geográfico al que cada zona se enfrenta. 

“No podemos estandarizar procesos, al final todas las innovaciones inclusivas van a tener una parte de contexto muy importante, y una parte local muy importante. No puedes esperar que las mismas propuestas de solución del norte del país funcionen para el centro y viceversa, pues la forma en cómo se apropian de estas tecnologías va a ser distinta en cada comunidad”, enfatiza. 

Solo por poner un ejemplo, Morelos describe que, en una investigación que está llevando a cabo sobre los sistemas de captación de agua de lluvia, son los ingenieros quienes explican a los hombres del hogar cómo va a funcionar la ecotecnología. Pero en la práctica las que realmente se encargan de darle uso y mantenimiento al sistema son las mujeres. 

“Ellas se hacen responsables de los sistemas a pesar de que a ellas los instaladores no se dirigen, y no platican directamente con ellas”, señala.

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