LIBERTAD DE EXPRESIÓN
A diferencia de los varones, ellas sufren más acoso psicológico
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 4 oct 12 (CIMAC).-
Aunque a la escena pública siempre resaltan los nombres de periodistas
varones agredidos, desaparecidos y asesinados, también hay
comunicadoras violentadas, insultadas, vejadas, difamadas,
desacreditadas y –peor aún– exiliadas, desaparecidas y ultimadas.
Además
de las periodistas Regina Martínez, Lydia Cacho, Anabel Hernández, Ana
Lilia Pérez, Sanjuana Martínez y María Esther Aguilar, hay decenas de
reporteras que, como ellas, realizan su labor informativa sin importar
que día a día enfrenten un ambiente hostil, de discriminación,
desventaja y acoso.
Esta es la tesis del diagnóstico “Violencia
contra mujeres periodistas México 2010-2011”, el primer informe sobre
libertad de expresión en el mundo, que se realiza desde un enfoque de
género y reconociendo que mujeres y hombres enfrentan distintas formas
de violencia en un país donde los ataques a la prensa se han vuelto,
lamentablemente, cosa común.
Este informe elaborado por el
Programa de Libertad de Expresión de la asociación civil Comunicación e
Información de la Mujer A.C. (CIMAC) que se presentó esta mañana en el
Museo Memoria y Tolerancia, revela que las reporteras tienden a ser
violentadas psicológicamente a través de amenazas o el desprestigio,
explica Yunuhen Rangel, coordinadora de la investigación.
Los
testimonios recopilados por CIMAC dan cuenta de una violencia tan sutil
que para las autoridades y el gremio periodístico pareciera inexistente
por el simple hecho de que con ellas no se usa el mismo “modus
operandi” que con los reporteros que están en la línea de fuego.
Rangel
detalla que a las reporteras se les golpea en la vida privada y en su
calidad moral y profesional. A las mujeres todo se les critica y
cuestiona: si son jóvenes, si están casadas, si tienen hijos, si son
infieles, si cubren temas de corrupción, si son verdaderas periodistas
y más.
Un ejemplo es el caso de la reportera del Diario de
Sinaloa Cecilia Cota, quien al realizar una entrevista fue amenaza por
un dirigente político que arremetió contra ella, la amenazó y le
preguntó si realmente era “pura y santa”.
En julio pasado la
reportera entrevistaba al ex candidato a diputado federal y dirigente
de la organización “Brigada Popular”, Serapio Vargas Ramírez, cuando
éste la amenazó por haber publicado una nota en la que describió las
movilizaciones que él encabezaba y el lenguaje soez que utilizaba.
A
Cecilia no tenían que matarla o golpearla, era suficiente con provocar
su desprestigio y agredirla de forma verbal. El informe de CIMAC revela
que a las comunicadoras las amenazan con dañar a su familia, las
violentan sexualmente y las difaman.
Jade Ramírez, conductora y
reportera de Radio Universidad de Guadalajara lo explica claramente:
“No necesita ser un carro bomba, un balazo, una aprehensión irregular o
un agravio físico directo para afectar a las periodistas; las maneras
de operar de los agresores cambian”.
Jade lo sabe muy bien
porque desde 2011 ha sido hostigada por su cobertura de los movimientos
sociales. En un primer momento sus agresores trataron de desacreditarla
al relacionarla sentimentalmente con un activista, para después
acosarla sexualmente al hacer comentarios sobre su apariencia y su voz
en radio.
Blanca Esther Buenfil Vanegas, directora editorial
del portal Elcuartopoder.com.mx, en Quintana Roo, vivió una situación
similar luego de que en junio de 2011 recibiera correos electrónicos en
los que se cuestionaba su calidad moral y su vida personal, todo con el
fin de cesar su postura crítica hacia el gobierno.
Aunque esta
reportera lleva 25 años informando, sus detractores la tacharon como
una mujer loca y sin oficio que se decía “periodista”, sin embargo la
metodología desarrollada por CIMAC indica que éste es un claro ejemplo
de difamación, lo que implica pérdida de bienestar familiar y personal
para la víctima.
Otro caso similar es el ataque contra Betsy
Hidalgo Rosales, reportera del Sistema Informativo Lobo de la
Universidad Autónoma de Durango, quien fue asaltada. Entraron a su casa
y sustrajeron fotos, ropa interior, tarjetas de crédito y su coche,
pese a que en el lugar había objetos de más valor.
El mensaje
era claro, una mujer es más vulnerable, misma señal que le enviaron a
Ángeles Mariscal, reportera de CNN y Animal Político. Ella fue
desprestigiada en redes sociales e incluso se le impidió que pudiera
realizar su trabajo en Chiapas al negarle la entrada a un evento y
quitarle su material de trabajo.
Estos casos no son los únicos.
En el informe se detalla que en nueve años, de 2002 a 2011, se
documentaron 94 casos de violencia contra periodistas, de los cuales el
85.4 estaban ligados directamente con su ejercicio periodístico, es
decir, las violentaron para acallar el trabajo que realizaban.
Rangel
precisa que en 2005 comenzó una ola de agresiones contra el gremio
periodístico, pero este fenómeno se recrudeció años más tarde cuando
reporteros, fotógrafos, camarógrafos e informadores se convirtieron en
nota roja al ser asesinados, desaparecidos y obligados al exilio.
Sin
embargo, las mujeres no aparecieron en los reportes elaborados por las
organizaciones especializadas en el tema porque –asegura la
coordinadora del Programa de Libertad de Expresión de CIMAC– la
discriminación de género se considera como algo normal y el acoso
sexual, los jaloneos en el “chacaleo”, o la negación de información se
ven como “gajes del oficio”.
A las mujeres se les empezó a
contar cuando sucedieron casos como el asesinato en 2011 de Yolanda
Ordaz de la Cruz, periodista de Notiver en Veracruz, o el de Regina
Martínez, corresponsal de la revista Proceso, en la misma entidad, el
pasado 28 de abril.
Estos graves
asesinatos que lastiman a la prensa mexicana –considera Yunuhen Rangel–
se deben esclarecer al igual que la desaparición de la reportera del
diario Cambio de Michoacán, María Esther Aguilar, ocurrida en noviembre
de 2009.
Pero algo que también es urgente es la implementación
de un mecanismo de protección para periodistas en riesgo que considere
que mujeres y hombres enfrentan distintos tipos de violencia, y por
tanto se necesitan protocolos de seguridad diferenciados. Ése es el
siguiente paso, convoca la activista.