4/12/2008
“Ni carne de cañón, ni violentas”: mujeres en defensa del petróleo
Acudirán al Zócalo el próximo domingo
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México DF, 11 abril 08 (CIMAC).- “Las mujeres en defensa del petróleo” levantaron el cerco, de manera momentánea, al Senado de la República donde permanecieron desde el día de ayer, para avanzar hacia Televisa Chapultepec en protesta por el contenido noticioso que presentó dicho medio de comunicación durante sus últimas emisiones en el que “nos tacharon de carne de cañón”, aseguran.
Claudia Sheimbaum, coordinadora general del movimiento de “Mujeres en defensa del petróleo”, anunció que el plantón se levanta “por ahora” de las calles aledañas al Congreso de la Unión, pero que regresarán si el próximo martes los legisladores no atienden la petición del Frente Amplio Progresista (FAP) de diferir hasta el mes de agosto el debate a la iniciativa de reforma energética.
Y lamentó que la televisora tergiversara la información sobre el movimiento femenino en defensa del petróleo.
Asimismo, las brigadistas manifestaron que “hay un cerco informativo, algunos medios de comunicación, sobre todo la televisión, nos ha tachado de ser carne de cañón y de ser un movimiento violento. Yo al igual que mis compañeras estoy aquí aguantando el sol, muchas tuvimos que hacer circo, maroma y teatro para poder estar en la resistencia, porque tenemos una firme convicción”, dijo a Cimacnoticias Ingrid Gómez, integrante de la brigada Juana de Asbaje.
La Coordinadora general del movimiento de “Mujeres en defensa del petróleo” informó que después de manifestarse frente a la televisora se concentrarán el próximo domingo en el Zócalo del Distrito Federal en la asamblea informativa convocada por Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, Sheinbaum dio a conocer, al inició de la movilización que salió a las 4:30 horas de la calle de Allende en el Centro Histórico de la capital, que la resistencia civil pacífica del movimiento femenino continuará mostrando apoyo a los senadores del FAP. “Por ahora no estaremos en el Senado, nos levantamos de manera temporal, regresamos el domingo al Zócalo y el martes estarán pendientes a ver qué ocurre en el Congreso”.
Sheinbaum aseguró que el cerco se levantó “porque vamos a ir a informar al pueblo de México que sería gravísimo que pasará la iniciativa que presentó Calderón al Senado, ya que sería entregar la riqueza nacional, nuestro patrimonio y el futuro de nuestras hijas e hijos”.
De igual forma, indicó que la iniciativa de reforma energética “habla explícitamente de la privatización de los ductos y el almacenamiento de todos los productos petrolíferos y del gas natural, están privatizando las venas de Petróleos Mexicanos (Pemex)”, aseveró.
La Secretaria de Patrimonio del llamado Gobierno legítimo, manifestó que dicha iniciativa del Gobierno panista “abre las puertas a la iniciativa privada en la refinación, cuando a Pemex se le pueden otorgar recursos suficientes para que lo haga la paraestatal, lo que va a significar que la ganancia de la refinación y el valor agregado se lo van a llevar los privados, particularmente empresas extranjeras”.
Afirmó que “a través de la supuesta autonomía de Pemex disfrazan la apertura para contratos de obras y servicios en exploración y explotación de petróleo a través de los contratos de servicios múltiples, en los que no entregan el recurso, pero sí el equivalente de su valor en forma monetaria, son contratos de riesgo disfrazados”.
Agregó que “ante la alianza entre el PRI y el PAN, este movimiento va a seguir adelante, no se teme al desgaste, este movimiento apenas comienza”.
Las mujeres en defensa del petróleo “es idea de varias mujeres, como una estrategia para que vean que nuestro movimiento es pacífico, además de ser histórico que las mujeres encabecen este tipo de movimientos sociales”, concluyó Sheinbaum.
ENAGUAS PROFUNDAS
Las mujeres en defensa del petróleo están organizadas desde antes y después de que diera inicio la resistencia civil pacífica. “Estamos bien organizadas, nos reuníamos al menos una vez a la semana, para dialogar, escuchar las indicaciones de las coordinadoras, en espera del grito, mientras conservamos la calma”, informó a Cimacnoticias Rosa María Pérez, integrante de “Las enaguas profundas”, brigada que lidera Jesusa Rodríguez y cuenta con el registro de 500 mujeres.
También se han dado a la tarea de conocerse “cara a cara”, para “por seguridad” reconocerse como parte de la resistencia civil pacífica y de este modo “identificar a las que no pertenecen al movimiento”.
Ante “la posibilidad de que haya gente infiltrada”, cada una tiene al menos 10 números telefónicos de sus compañeras para “pasar la voz” y confirmar las indicaciones que les dan sus organizadoras, por esta vía.
De igual forma, “por seguridad” las llamadas defensoras de este recurso energético, cuentan con un gafete que las identifica como integrantes de esta brigada, el cual fue firmado personalmente por su Coordinadora general.
08/GCJ/GG
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México DF, 11 abril 08 (CIMAC).- “Las mujeres en defensa del petróleo” levantaron el cerco, de manera momentánea, al Senado de la República donde permanecieron desde el día de ayer, para avanzar hacia Televisa Chapultepec en protesta por el contenido noticioso que presentó dicho medio de comunicación durante sus últimas emisiones en el que “nos tacharon de carne de cañón”, aseguran.
Claudia Sheimbaum, coordinadora general del movimiento de “Mujeres en defensa del petróleo”, anunció que el plantón se levanta “por ahora” de las calles aledañas al Congreso de la Unión, pero que regresarán si el próximo martes los legisladores no atienden la petición del Frente Amplio Progresista (FAP) de diferir hasta el mes de agosto el debate a la iniciativa de reforma energética.
Y lamentó que la televisora tergiversara la información sobre el movimiento femenino en defensa del petróleo.
Asimismo, las brigadistas manifestaron que “hay un cerco informativo, algunos medios de comunicación, sobre todo la televisión, nos ha tachado de ser carne de cañón y de ser un movimiento violento. Yo al igual que mis compañeras estoy aquí aguantando el sol, muchas tuvimos que hacer circo, maroma y teatro para poder estar en la resistencia, porque tenemos una firme convicción”, dijo a Cimacnoticias Ingrid Gómez, integrante de la brigada Juana de Asbaje.
La Coordinadora general del movimiento de “Mujeres en defensa del petróleo” informó que después de manifestarse frente a la televisora se concentrarán el próximo domingo en el Zócalo del Distrito Federal en la asamblea informativa convocada por Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, Sheinbaum dio a conocer, al inició de la movilización que salió a las 4:30 horas de la calle de Allende en el Centro Histórico de la capital, que la resistencia civil pacífica del movimiento femenino continuará mostrando apoyo a los senadores del FAP. “Por ahora no estaremos en el Senado, nos levantamos de manera temporal, regresamos el domingo al Zócalo y el martes estarán pendientes a ver qué ocurre en el Congreso”.
Sheinbaum aseguró que el cerco se levantó “porque vamos a ir a informar al pueblo de México que sería gravísimo que pasará la iniciativa que presentó Calderón al Senado, ya que sería entregar la riqueza nacional, nuestro patrimonio y el futuro de nuestras hijas e hijos”.
De igual forma, indicó que la iniciativa de reforma energética “habla explícitamente de la privatización de los ductos y el almacenamiento de todos los productos petrolíferos y del gas natural, están privatizando las venas de Petróleos Mexicanos (Pemex)”, aseveró.
La Secretaria de Patrimonio del llamado Gobierno legítimo, manifestó que dicha iniciativa del Gobierno panista “abre las puertas a la iniciativa privada en la refinación, cuando a Pemex se le pueden otorgar recursos suficientes para que lo haga la paraestatal, lo que va a significar que la ganancia de la refinación y el valor agregado se lo van a llevar los privados, particularmente empresas extranjeras”.
Afirmó que “a través de la supuesta autonomía de Pemex disfrazan la apertura para contratos de obras y servicios en exploración y explotación de petróleo a través de los contratos de servicios múltiples, en los que no entregan el recurso, pero sí el equivalente de su valor en forma monetaria, son contratos de riesgo disfrazados”.
Agregó que “ante la alianza entre el PRI y el PAN, este movimiento va a seguir adelante, no se teme al desgaste, este movimiento apenas comienza”.
Las mujeres en defensa del petróleo “es idea de varias mujeres, como una estrategia para que vean que nuestro movimiento es pacífico, además de ser histórico que las mujeres encabecen este tipo de movimientos sociales”, concluyó Sheinbaum.
ENAGUAS PROFUNDAS
Las mujeres en defensa del petróleo están organizadas desde antes y después de que diera inicio la resistencia civil pacífica. “Estamos bien organizadas, nos reuníamos al menos una vez a la semana, para dialogar, escuchar las indicaciones de las coordinadoras, en espera del grito, mientras conservamos la calma”, informó a Cimacnoticias Rosa María Pérez, integrante de “Las enaguas profundas”, brigada que lidera Jesusa Rodríguez y cuenta con el registro de 500 mujeres.
También se han dado a la tarea de conocerse “cara a cara”, para “por seguridad” reconocerse como parte de la resistencia civil pacífica y de este modo “identificar a las que no pertenecen al movimiento”.
Ante “la posibilidad de que haya gente infiltrada”, cada una tiene al menos 10 números telefónicos de sus compañeras para “pasar la voz” y confirmar las indicaciones que les dan sus organizadoras, por esta vía.
De igual forma, “por seguridad” las llamadas defensoras de este recurso energético, cuentan con un gafete que las identifica como integrantes de esta brigada, el cual fue firmado personalmente por su Coordinadora general.
08/GCJ/GG
‘Adelitas’ levantan carpas; marchan contra televisora
Exigen apertura a propuestas; buscan más adeptos para AMLO
Alberto Morales
Alberto Morales
El Universal
Sábado 12 de abril de
Las adelitas, la primera línea de la resistencia civil de Andrés Manuel López Obrador contra la privatización del petróleo, anunciaron un plan con brigadas para convocar al mayor número de personas a la asamblea de mañana en el Zócalo.
El objetivo es salir hoy a las calles a informar a la población de la “barbarie” conta el petróleo, pues al privatizarlo “lo único que hacen es quitarnos un pedazo de nación, del corazón”.
El objetivo es salir hoy a las calles a informar a la población de la “barbarie” conta el petróleo, pues al privatizarlo “lo único que hacen es quitarnos un pedazo de nación, del corazón”.
Luego de levantar su plantón en las inmediaciones del Senado, marcharon hacia Televisa lideradas por Claudia Sheinbaum.
Sheinbaum aseguró que quedó levantado el plantón, pero dijo que regresarán si el próximo martes los senadores no atienden la petición del Frente Amplio Progresista (FAP) de diferir hasta agosto el debate sobre la iniciativa energética.
Emplazó a todas las fuerzas política del país a un debate nacional, donde participen gobierno, sociedad y especialistascon argumentos sobre las implicaciones de la reforma.
Frente a miles de sus seguidoras, que simbólicamente cercaron a Televisa, Sheinbaum leyó una carta donde lamentó que la televisora difunda información distorsionada sobre su movimiento y solicitó a la empresa abrir sus noticieros y dar espacio para que expongan sus argumentos contra la reforma.
Compañeros............
Se abrió un foro de discusión en el Universal acerca de la toma de la tribuna por parte del FAP. Por favor contribuyan con su opinión con objeto de hacer ver que los legisladores del FAP cuentan con el respaldo de millones de personas que sabemos que son los únicos legisladores que están haciendo su trabajo, es decir, están defendiendo los intereses de los mexicanos y de la nación.. Dar click para ir a la página del foro de discusión:
y por ultimo chequense este video
De la Red Latina y sin fronteras
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Argentina: Entre improvisaciones, estiércol y hacendados
La pedagogía popular de la comunicación
COMUNICADO DE LA RED DE RADIOS COMUNITARIAS INDIGENAS DEL SURESTE MEXICANO
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México: Dos campesinos acumulan sentencias por 300 años
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Los Fox, Mouriño y Bribiesca Sahagún,involucrados en los mismos negocios
Forum 176. Abril de 2008.
www.securities.com
José Vilchis Guerrero
jvilchis@yahoo.com
Una nueva línea de investigación de la comisión legislativa que indaga a los hermanos Jorge y Manuel Bribiesca, es la posible relación entre Juan Camilo Mouriño y los negocios de los Bribiesca y Javier Fox, hermano del expresidente Vicente Fox, quien junto con Martha Sahagún también está involucrado en los negocios de sus hijastros.
José Vilchis Guerrero
jvilchis@yahoo.com
Una nueva línea de investigación de la comisión legislativa que indaga a los hermanos Jorge y Manuel Bribiesca, es la posible relación entre Juan Camilo Mouriño y los negocios de los Bribiesca y Javier Fox, hermano del expresidente Vicente Fox, quien junto con Martha Sahagún también está involucrado en los negocios de sus hijastros.
Lo anterior es una de las comprobaciones que logró la primera comisión legislativa, que desde entonces documentó contratos conseguidos por las empresas de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño como apoderado legal, con Petróleos Mexicanos (Pemex) Refinación en el sexenio pasado, al mismo tiempo presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y luego subsecretario de Energía.
Asimismo, ante la reiterada negativa de los funcionarios federales para aportar información a las comisiones especiales que investigan la configuración de los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito por parte de Vicente Fox, generaron una iniciativa de reforma legal promovida por legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para obligar a funcionarios y exfuncionarios del gobierno federal a entregar la información requerida para tal fin, informó el diputado Víctor Valencia de los Santos.
La razón es que mucha de la información y documentos que la contienen están clasificados como confidenciales, razón de la iniciativa priísta, explicó Valencia de los Santos, quien la presentó ante el pleno cameral.
El 12 de marzo, durante un recorrido por León, Guanajuato, el legislador de esa fracción parlamentaria declaró a La Jornada que debido a la opacidad y falta de voluntad de instituciones públicas para entregar documentación –que está clasificada como confidencial o protegida por el secreto bancario– a la comisión legislativa que investiga las denuncias de ejercicio indebido del servicio público en la Presidencia durante la gestión de Fox, presentará una controversia constitucional para que el Poder Legislativo tenga acceso a dicha información.
Que comparezca Mouriño
Por ese motivo Valencia de los Santos anunció que la comisión investigadora pediría la comparecencia del titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien fue empleado de Fox en la Secretaría de Energía. Por tanto, agregó, la comisión legislativa está facultada para investigar lo que está vinculado con todos los funcionarios que en el gobierno anterior colaboraron con Fox y de alguna forma tienen que ver con el tema.
Que comparezca Mouriño
Por ese motivo Valencia de los Santos anunció que la comisión investigadora pediría la comparecencia del titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien fue empleado de Fox en la Secretaría de Energía. Por tanto, agregó, la comisión legislativa está facultada para investigar lo que está vinculado con todos los funcionarios que en el gobierno anterior colaboraron con Fox y de alguna forma tienen que ver con el tema.
El presidente de la comisión legislativa que investiga el tráfico de influencias y enriquecimiento de los hijastros de Vicente Fox, anunció que ésta amplía ahora sus investigaciones indirectamente a la actuación del secretario de Gobernación por los contratos firmados en 2000 y 2003, cuando Mouriño presidió la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, cuando Felipe Calderón fue coordinador de la fracción panista y luego secretario de Energía.
Por su parte, el diputado de Convergencia Alberto Esteva dio a conocer que en algún momento de la administración pasada se “engarzó” Juan Camilo Mouriño, como apoderado legal y accionista de la empresa Ivancar, con los hijos de la exprimera dama Martha Sahagún, para introducirlos en los negocios con Pemex.
Comentó que Juan Camilo construyó una relación cercana con los Bribiesca para involucrarlos en los negocios de su familia y favorecerlos en los contratos con Pemex en los que él ya tenía participación en el transporte de hidrocarburos. Mouriño Terrazo, agregó, fue el facilitador de la participación de los Bribiesca en el transporte y renta de buques para transportar hidrocarburos.
Esteva indicó que en ese tejido de negocios en Pemex, a partir de la influencia del ahora secretario de Gobernación, también aparece la empresa Autotransportes Flensa, de la que es accionista Javier Fox Quesada.
Como escribió Miguel Badillo el 17 de marzo en su columna Oficio de Papel: “A partir de que la reportera Ana Lilia Pérez obtuvo y publicó en la revista Contralínea los contratos que firmó Juan Camilo Mouriño con la paraestatal Pemex Refinación, nada volverá a ser igual para el actual secretario de Gobernación”.
En posterior conferencia de prensa, Valencia de los Santos explicó que la controversia constitucional se interpondrá debido a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), el Instituto Nacional para el Fomento a la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), Pemex y la Dirección General de Aduanas, entre otros organismos, no han entregado documentación a esta comisión investigadora.
Entre otras pistas que sigue la investigación, dijo el diputado Antonio Xavier López Adame –también presente en la conferencia de prensa– son unos contratos firmados por Fox cuando era presidente de la República, por servicios profesionales por los que cobraba. Uno de ellos asciende a tres millones de pesos. Lo que se pretende conocer es a quién se prestaron esos servicios profesionales para comprobar lo que es un secreto a voces.
Niegan documentos en Los Pinos
El pasado 12 de marzo, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) hizo un llamado de atención a la Presidencia de la República para que deje de negar la inexistencia de documentos que obran en sus archivos, sobre todo cuando hay evidencias de ellos en el organismo.
Le ordenó entregar la lista de personas que en la anterior administración visitaron a la señora Sahagún en sus oficinas de Los Pinos y las copias de 6 mil 50 fojas de documentos enviados a la fundación Vamos México.
El exhorto de los cinco comisionados del IFAI a la Presidencia precisa que cualquier documento que obre en sus archivos es susceptible de acceso, o sea, es información pública y no procede la declaratoria de inexistencia, sino de clasificación probable de confidencialidad, si así correspondiera conforme a la ley.
De lo contrario, además de la declaratoria de confidencialidad tendría que presentar al IFAI un oficio en el que explique por qué no los tiene, cuál fue su destino, qué sucedió con ellos; si fueron dados de baja, se transfirieron al Archivo General de la Nación o es otra la causa de su inexistencia.
Al resolver el recurso 4590/07, a cargo del comisionado Alonso Lujambio, se explicó que la orden anterior se sustenta en los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y 70, fracción V, que obligan a rendir un informe.
En el pleno del IFAI Juan Pablo Guerrero propuso modificar la resolución, pues inicialmente se había dictaminado que la Presidencia hiciera una búsqueda exhaustiva de las personas que visitaron a la señora Sahagún Jiménez y de no encontrarlas declarara su inexistencia.
Recordó que fueron muchas las quejas que se presentaron en la administración anterior por la negativa a entregar dichos documentos porque en la Presidencia alegaron que las visitas a Sahagún eran de particulares y sus hijos Manuel y Jorge Bribiesca, y que por ese motivo se clasificaron de confidenciales.
También rememoró Guerrero que por entonces hubo inconsistencia por parte de las autoridades de la Presidencia, pues a los peticionarios de la información les negó la existencia de documentos y luego que se presentó la queja ante el IFAI, la dependencia informó que había localizado 6 mil 50 documentos entregados a la presidenta de Vamos México.
Desde que surgió, las oficinas de Vamos México se ubicaban dentro de la residencia presidencial de Los Pinos y se pagaban del erario los sueldos de los empleados.
Silencio en la PGR
En el número 156 de mayo de 2006, páginas 6-9, Forum dio a conocer la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) que presentó la comisión que presidía en la anterior legislatura el diputado de Convergencia, Jesús González Schmal.
Silencio en la PGR
En el número 156 de mayo de 2006, páginas 6-9, Forum dio a conocer la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) que presentó la comisión que presidía en la anterior legislatura el diputado de Convergencia, Jesús González Schmal.
“Los hermanos Jorge y Manuel Bribiesca Sahagún, hijastros del presidente Vicente Fox; su socio Miguel Khoury, el secretario ejecutivo del IPAB Mario Beauregard, y cinco empresarios más fueron denunciados el 4 de abril por diputados ante la Procuraduría General de la República como presuntos responsables del delito de tráfico de influencias.
“En la víspera de la ratificación de la denuncia el diputado Jesús González Schmal, presidente de la comisión legislativa que investiga los negocios de los hijos de Martha Sahagún, dijo que la primera dama podría ser llevada ante los tribunales para que responda sobre su función como titular de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, pues se desconoce su declaración de ingresos como servidora pública”.
“En la víspera de la ratificación de la denuncia el diputado Jesús González Schmal, presidente de la comisión legislativa que investiga los negocios de los hijos de Martha Sahagún, dijo que la primera dama podría ser llevada ante los tribunales para que responda sobre su función como titular de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, pues se desconoce su declaración de ingresos como servidora pública”.
González Schmal, ahora al frente de su despacho de abogados, enfrentó una denuncia de Martha Sahagún, porque presentó a la PGR documentación en la que demostró que Fox y su esposa están involucrados en los negocios de sus hijos y aportó a la nueva comisión investigadora la documentación correspondiente para que se continúe la investigación.
Los integrantes de esta comisión viajaron antes de la semana santa al rancho de San Cristobal, en San Francisco del Rincón, Guanajuato, para atender una demanda de despojo de tierras a ejidatarios del que se responsabiliza a Vicente Fox Quesada y a su familia.
Valencia de los Santos lamentó que los panistas Juan de Dios Castro Muñoz y Alma Edwiges Alcaraz se hayan negado a participar en el recorrido que incluyó una entrevista con el titular del Tribunal Agrario de Guanajuato.
Relató que junto con sus compañeros Juan Guerra, del Partido de la Revolución Democrática, y Antonio López Adame, del Verde Ecologista, revisarían los documentos en los que se comprobaría que los ejidatarios ganaron un amparo interpuesto ante el incumplimiento del decreto 449/89, firmado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien ordenó dotar a los vecinos de San Cristóbal con 2 mil 114 hectáreas que formaban parte de la hacienda de San Cristóbal, propiedad de José L. Fox, padre de Vicente Fox.
La denuncia de los ejidatarios es que Vicente Fox ocupa indebidamente estos terrenos y ahí se construyó su primera casa y la remodeló tan pronto como inició su administración. Hoy la finca incluye una magnífica residencia remodelada por el arquitecto Humberto Artigas, una casa de huéspedes, un lago artificial, alberca y extensos jardines.
La denuncia de los ejidatarios es que Vicente Fox ocupa indebidamente estos terrenos y ahí se construyó su primera casa y la remodeló tan pronto como inició su administración. Hoy la finca incluye una magnífica residencia remodelada por el arquitecto Humberto Artigas, una casa de huéspedes, un lago artificial, alberca y extensos jardines.
CNDH y PGR repitieron sus ideas contra la ILE ante SCJN
Escasas mujeres de organizaciones conservadoras en audiencia
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 11 abril 08 (CIMAC).- Con “la defensa de la vida desde el momento de la concepción” como principal argumento, hoy se presentaron ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los principales impugnadores de las reformas que permiten la interrupción del embarazo en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de gestación: José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Eduardo Medina Mora, procurador General de la República (PGR).
Al dar inicio este día a la primera de seis audiencias públicas para discutir las reformas a la Ley de Salud del DF y del Código Penal del DF, que permiten la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, aprobadas por unanimidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el 24 de abril de 2007, José Luis Soberanes centró su defensa de la vida desde el momento de la concepción, a través de argumentos biológicos, en los 30 minutos que tenía para exponer.
En su oportunidad, y en menor tiempo del estipulado, el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, quien estuviera al frente de la Policía Federal Preventiva (PFP) durante los operativos de San Salvador Atenco en 2006, donde 26 mujeres fueron violadas y dos personas asesinadas por los elementos policíacos a su cargo, también defendió la vida de los “no nacidos”.
En esta primera audiencia, tanto Soberanes Fernández como Medina Mora insistieron (como lo han hecho desde que presentaron el recurso de inconstitucionalidad), en la “invasión” de competencias al señalar que la ALDF no está facultada para legislar en materia de salud, así como en la violación de los artículos 1º, 3º, 4º, 13,14,17 y 123 constitucionales.
La audiencia, programada para tres horas, ocupó menos de ese tiempo para escuchar alegatos en contra de la ILE, que se aplica en el DF desde que se publicó en la Gaceta del Distrito Federal, el 26 de abril de 2007, y cuya aplicación han solicitado 6 mil 499 mujeres a marzo de este año.
Las organizaciones civiles de derecha también presentaron argumentaciones. Los representantes de dichos grupos, en su mayoría hombres y no más de 5 mujeres, hablaron ante las y los ministros del significado del embrión, vida humana, persona humana, cigoto y algunos más se centraron en la discusión de en qué momento “inicia la vida”.
La próxima audiencia será el viernes 25 de abril, en la que el Ejecutivo local y la ALDF presentarán sus alegatos a favor de la ley y donde organizaciones civiles harán lo propio.
MÁS ANTICONCEPTIVOS, MENOS ABORTO
La organización civil IPAS México, experta en derechos sexuales y reproductivos, ha señalado en sus “Apuntes para el debate sobre aborto”, que éste, realizado en condiciones legales y con personal capacitado, es un procedimiento muy seguro, con una tasa de mortalidad cientos de veces inferior a cualquier evento obstétrico.
Contrario a lo señalado en continuas ocasiones por organizaciones de derecha sobre los efectos del aborto (practicado en condiciones seguras y legales), IPAS manifiesta que éste no afecta la fertilidad futura; no se asocia con el riesgo de desarrollar cáncer de mama y no hay evidencia de una relación causa-efecto entre el aborto inducido y una pobre salud mental.
IPAS considera que el aborto “nunca podrá eliminarse por completo” debido a varias razones, como las violaciones sexuales, las relaciones sexuales no protegidas, por fallas en los métodos anticonceptivos y por razones personales.
No obstante, una medida para disminuir el número de embarazos no deseados, de acuerdo a esta organización, es utilizando un mayor número de anticonceptivos, pues existe una relación directa entre los ideales reproductivos, es decir, el número de hijos que una mujer desea tener, la cobertura y el aborto inducido.
Diversos estudios han considerado que se requiere aumentar un 10 por ciento la cobertura anticonceptiva en una población para prevenir 1.6 abortos inducidos por cada mujer.
La organización civil ha destacado que en México menos de 40 de cada 100 adolescentes unidas usa anticonceptivos; lo mismo que 57 mujeres de cada 100 sin escolaridad y 52 de cada 100 mujeres de lengua indígena.
NUMERALIA
De acuerdo con datos de IPAS México: a 2003, entre 4 y 6 de cada 10 mujeres dijeron haber sido violadas alguna vez en su vida, el 65 por ciento entre los 10 y 20 años, al inicio de su etapa reproductiva.
Se estima que al año suceden 120 mil violaciones en el país. Y la probabilidad de un embarazo es de 8 a 10 por ciento por cada acto sexual no protegido.
Únicamente el 10 por ciento de mujeres violadas denuncia y la gran minoría lo hace después de las primeras horas, lo que le permitiría acceder a la anticoncepción de emergencia y evitar un embarazo.
08/LGL/GG
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 11 abril 08 (CIMAC).- Con “la defensa de la vida desde el momento de la concepción” como principal argumento, hoy se presentaron ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los principales impugnadores de las reformas que permiten la interrupción del embarazo en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de gestación: José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Eduardo Medina Mora, procurador General de la República (PGR).
Al dar inicio este día a la primera de seis audiencias públicas para discutir las reformas a la Ley de Salud del DF y del Código Penal del DF, que permiten la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, aprobadas por unanimidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el 24 de abril de 2007, José Luis Soberanes centró su defensa de la vida desde el momento de la concepción, a través de argumentos biológicos, en los 30 minutos que tenía para exponer.
En su oportunidad, y en menor tiempo del estipulado, el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, quien estuviera al frente de la Policía Federal Preventiva (PFP) durante los operativos de San Salvador Atenco en 2006, donde 26 mujeres fueron violadas y dos personas asesinadas por los elementos policíacos a su cargo, también defendió la vida de los “no nacidos”.
En esta primera audiencia, tanto Soberanes Fernández como Medina Mora insistieron (como lo han hecho desde que presentaron el recurso de inconstitucionalidad), en la “invasión” de competencias al señalar que la ALDF no está facultada para legislar en materia de salud, así como en la violación de los artículos 1º, 3º, 4º, 13,14,17 y 123 constitucionales.
La audiencia, programada para tres horas, ocupó menos de ese tiempo para escuchar alegatos en contra de la ILE, que se aplica en el DF desde que se publicó en la Gaceta del Distrito Federal, el 26 de abril de 2007, y cuya aplicación han solicitado 6 mil 499 mujeres a marzo de este año.
Las organizaciones civiles de derecha también presentaron argumentaciones. Los representantes de dichos grupos, en su mayoría hombres y no más de 5 mujeres, hablaron ante las y los ministros del significado del embrión, vida humana, persona humana, cigoto y algunos más se centraron en la discusión de en qué momento “inicia la vida”.
La próxima audiencia será el viernes 25 de abril, en la que el Ejecutivo local y la ALDF presentarán sus alegatos a favor de la ley y donde organizaciones civiles harán lo propio.
MÁS ANTICONCEPTIVOS, MENOS ABORTO
La organización civil IPAS México, experta en derechos sexuales y reproductivos, ha señalado en sus “Apuntes para el debate sobre aborto”, que éste, realizado en condiciones legales y con personal capacitado, es un procedimiento muy seguro, con una tasa de mortalidad cientos de veces inferior a cualquier evento obstétrico.
Contrario a lo señalado en continuas ocasiones por organizaciones de derecha sobre los efectos del aborto (practicado en condiciones seguras y legales), IPAS manifiesta que éste no afecta la fertilidad futura; no se asocia con el riesgo de desarrollar cáncer de mama y no hay evidencia de una relación causa-efecto entre el aborto inducido y una pobre salud mental.
IPAS considera que el aborto “nunca podrá eliminarse por completo” debido a varias razones, como las violaciones sexuales, las relaciones sexuales no protegidas, por fallas en los métodos anticonceptivos y por razones personales.
No obstante, una medida para disminuir el número de embarazos no deseados, de acuerdo a esta organización, es utilizando un mayor número de anticonceptivos, pues existe una relación directa entre los ideales reproductivos, es decir, el número de hijos que una mujer desea tener, la cobertura y el aborto inducido.
Diversos estudios han considerado que se requiere aumentar un 10 por ciento la cobertura anticonceptiva en una población para prevenir 1.6 abortos inducidos por cada mujer.
La organización civil ha destacado que en México menos de 40 de cada 100 adolescentes unidas usa anticonceptivos; lo mismo que 57 mujeres de cada 100 sin escolaridad y 52 de cada 100 mujeres de lengua indígena.
NUMERALIA
De acuerdo con datos de IPAS México: a 2003, entre 4 y 6 de cada 10 mujeres dijeron haber sido violadas alguna vez en su vida, el 65 por ciento entre los 10 y 20 años, al inicio de su etapa reproductiva.
Se estima que al año suceden 120 mil violaciones en el país. Y la probabilidad de un embarazo es de 8 a 10 por ciento por cada acto sexual no protegido.
Únicamente el 10 por ciento de mujeres violadas denuncia y la gran minoría lo hace después de las primeras horas, lo que le permitiría acceder a la anticoncepción de emergencia y evitar un embarazo.
08/LGL/GG
Militarización del país arriesga la vida y seguridad de mujeres
Advierten OSC de todo el país
De la redacción
México DF, 11 abril 08 (CIMAC).- El crudo, indiscriminado e inconstitucional proceso de militarización de la vida civil del país tiene en Ciudad Juárez, Chihuahua, una expresión extrema de violencia institucional que multiplica la violencia por medio de la impunidad de integrantes de las fuerzas armadas que actúan en el estado, con lo que se atenta contra los derechos humanos de las mujeres que son agredidas.
En este proceso --señalan el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, conformado por 40 organizaciones en 17 estados del país-- las mujeres somos vistas en forma diversa, por la cultura misógina patriarcal y se nos asume como parte de los bonos que se ofrecen a las fuerzas represivas del Estado.
Por tanto, exigen se garantice un contexto de seguridad en la vida de las mujeres, en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de las recomendaciones jurídicamente vinculantes emitidas a México por los organismos internacionales de protección a los derechos humanos.
Señalan que la abierta e inmoral criminalización de la protesta social --que ahora se pretende aplicar retroactivamente, pues la reforma al 139 del Código Penal Federal fue aprobada en abril de 2007-- significa la renuncia al diálogo por parte del gobierno, y se vive en la indiscriminada represión policial, la descalificación del movimiento social, la militarización que trae consigo detenciones arbitrarias y otras violaciones al debido proceso, que equipara a luchadores sociales con delincuentes y pone agravantes a las acusaciones contra ellos.
Un ejemplo de esto, recuerdan, es el caso de Cipriana Jurado, integrante del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, quien el pasado 3 de abril fue arrestada arbitrariamente --sin exhibir la orden de aprehensión-- por policías federales, pretendiendo responsabilizarla de un bloqueo de una hora al Puente Internacional Santa Fe, ocurrido en 2006 en el que participaron centenares de personas.
Consideran preocupante la declaraciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que, a través de un comunicado, afirma que “la organización Carrillo Fuentes empleando uniformes similares a los de uso militar pretende: Efectuar actos ostensibles a plena luz del día, a bordo de vehículos civiles pintados como los del ejercito mexicano (y) realizar violaciones tumultuarias durante supuestos cateos a casas habitación, negocios y centros nocturnos”.
La Sedena informa también que esta organización ha emprendido una estrategia, la cual consiste en financiar marchas, plantones y pronunciamientos sin fundamento para desprestigiar al Ejército Mexicano. “Nos parece indignante, dice el comunicado, que la Sedena generalice que todas las marchas, plantones y pronunciamientos son financiados por el Cartel de Juárez”.
Por todo esto, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio exige el retiro inmediato de los cargos “a quienes injustamente se les ha imputado un delito en el marco legal antes expuesto” y que hoy se encuentran en libertad “condicional”, y se dicte la libertad absoluta, para que puedan reintegrarse a la vida cotidiana con seguridad.
Exigimos también que el Ejército asuma los abusos y arbitrariedades que ha cometido contra la ciudadanía poniendo en riesgo la integridad de las y los mexicanos
Se pronuncia en exigencia del respeto por parte del Estado a la labor de defensoría de los derechos humanos, protegida por la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, (A/RES/53/144-1999; Artículo 12.3).
Y que se garantice un contexto de seguridad en la vida de las mujeres, en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de las recomendaciones jurídicamente vinculantes emitidas a México por los organismos internacionales de protección a los derechos humanos.
CARTA A LAS AUTORIDADES
En forma paralela, decenas de organizaciones de todo el país, entre ellas feministas, personas y colectivos comprometidos con los derechos humanos se sumaron a la exigencia porque se respete la dignidad humana en Ciudad Juárez, informó Cencos.
En una carta dirigida a Felipe Calderón; Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, José Reyes Baeza Terrazas, gobernador de Chihuahua; José Reyes Ferriz, presidente Municipal de Ciudad Juárez, afirman que las y los ciudadanos de Ciudad Juárez quieren y exigen seguridad en su cotidianidad, porque están ante un escenario de intimidación, arbitrariedad, impunidad, persecución, tortura e ilegalidad, que pretende agregar “a nuestras vidas el miedo y el temor que paraliza y enmudece porque viene de instancias de gobierno”.
Entre las organizaciones feministas y del movimiento de mujeres que firman la carta, junto con las demás OSC, ciudadanas y ciudadanos están: Casa Amiga Centro de Crisis; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua; Centro de Mujeres Tonantzin; Mujeres por México, en Chihuahua; Promoción de la Integración Familiar y Salud Integral; Red Nacional Género y Economía; y Marcha Mundial de las Mujeres.
También, Mujeres por el Diálogo; Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía; Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer; Mujeres por México, en Chihuahua; Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Mujeres Unidas: Olympia de Gouges; Las Hormigas Comunidad en Desarrollo; Nuestras Hijas de regreso a Casa; así como Justicia para Nuestras Hijas.
Señalan en su misiva el caso de Cipriana Jurado, activista social interceptada y detenida con violencia en Ciudad Juárez por elementos encapuchados de la AFI, remitida al Cereso y liberada bajo fianza al siguiente día. Ella, recuerdan, semanas antes, el 1 de febrero, ya había sido detenida en circunstancias similares.
También el caso de Nain Paulino Romero acusado de motín por participar en una manifestación frente a la PGR; Armando Villareal Martha, dirigente social y líder campesino, asesinado el 14 de marzo en Casas Grandes, Chihuahua; Carlos Chávez, compañero de Villareal, arrestado por participar en una manifestación en el puente internacional de Juárez, por el mismo motivo, el 3 de abril.
Relatan también a las autoridades que tres mujeres policías acusan a los militares de desnudarlas y cometer vejaciones contra ellas, que agentes ministeriales arrestados bajo sospecha fueron torturados y que policías de seguridad pública también acusan a los militares de torturarlos de diversas formas.
Tras esas detenciones, dicen las organizaciones a los funcionarios, se anuncia que la PGR tiene más de 40 órdenes de aprehensión contra dirigentes de organizaciones sociales por haber participado en diversos eventos.
Los soldados, afirman, han entrado a hogares de ciudadanos de bien sin orden de cateo y sin ninguna explicación, dejando a familias enteras en crisis y a niñas, niños, mujeres, ancianas y ancianos sumidos en el miedo. “Y si esto fuera poco, también se les acusa de llevarse pertenencias”.
Estamos, dicen, a favor de la vida, del Estado de derecho, de la justicia y la dignidad de toda persona. No se abate la delincuencia matando a los delincuentes ni se les encuentra en hogares comunes y a los policías no se les endereza con tortura. La historia y el pasado reciente de nuestra ciudad nos han demostrado cómo la tortura y la violencia gubernamental fabricaron culpables de feminicidios.
No es legítimo decir –enfatizan a las autoridades-- que se ven rebasados y seguir viviendo de nuestros impuestos montando escenarios de terror. Se requiere trabajo de inteligencia e investigación profesionales que aporten pruebas suficientes para ubicar a los criminales y demostrar su culpabilidad así como la complicidad y participación de agentes policíacos en la delincuencia organizada.
Las y los defensores de los derechos humanos no defendemos delincuentes, aclaran las OSC, a pesar de que algunas voces quieren perversamente hacerlo parecer así, en cambio, la violación de ellos sí fabrica delincuentes y deja a los verdaderos en las calles y en las corporaciones.
Preocupantes son también las declaraciones que brindan un contexto de impunidad a esta situación, afirman.
Y sostienen: no es el precio que se tiene que pagar, como dicen algunos regidores, tampoco son acciones necesarias aunque sean ilegales como dicen los colegios de abogados, no somos todos responsables de la violencia que se vive en la ciudad como dicen algunos medios de comunicación, ni se trata de matar delincuentes para que sean menos como expresa un comandante del Ejército.
Advierten que seguirán luchando porque se respete la dignidad de todas y todos, denunciando las acciones arbitrarias de los tres niveles de gobierno y manifestando ideas y propuestas, porque su misión y las leyes les otorgan el derecho a defender los Derechos Humanos.
08/GG/CV
De la redacción
México DF, 11 abril 08 (CIMAC).- El crudo, indiscriminado e inconstitucional proceso de militarización de la vida civil del país tiene en Ciudad Juárez, Chihuahua, una expresión extrema de violencia institucional que multiplica la violencia por medio de la impunidad de integrantes de las fuerzas armadas que actúan en el estado, con lo que se atenta contra los derechos humanos de las mujeres que son agredidas.
En este proceso --señalan el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, conformado por 40 organizaciones en 17 estados del país-- las mujeres somos vistas en forma diversa, por la cultura misógina patriarcal y se nos asume como parte de los bonos que se ofrecen a las fuerzas represivas del Estado.
Por tanto, exigen se garantice un contexto de seguridad en la vida de las mujeres, en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de las recomendaciones jurídicamente vinculantes emitidas a México por los organismos internacionales de protección a los derechos humanos.
Señalan que la abierta e inmoral criminalización de la protesta social --que ahora se pretende aplicar retroactivamente, pues la reforma al 139 del Código Penal Federal fue aprobada en abril de 2007-- significa la renuncia al diálogo por parte del gobierno, y se vive en la indiscriminada represión policial, la descalificación del movimiento social, la militarización que trae consigo detenciones arbitrarias y otras violaciones al debido proceso, que equipara a luchadores sociales con delincuentes y pone agravantes a las acusaciones contra ellos.
Un ejemplo de esto, recuerdan, es el caso de Cipriana Jurado, integrante del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, quien el pasado 3 de abril fue arrestada arbitrariamente --sin exhibir la orden de aprehensión-- por policías federales, pretendiendo responsabilizarla de un bloqueo de una hora al Puente Internacional Santa Fe, ocurrido en 2006 en el que participaron centenares de personas.
Consideran preocupante la declaraciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que, a través de un comunicado, afirma que “la organización Carrillo Fuentes empleando uniformes similares a los de uso militar pretende: Efectuar actos ostensibles a plena luz del día, a bordo de vehículos civiles pintados como los del ejercito mexicano (y) realizar violaciones tumultuarias durante supuestos cateos a casas habitación, negocios y centros nocturnos”.
La Sedena informa también que esta organización ha emprendido una estrategia, la cual consiste en financiar marchas, plantones y pronunciamientos sin fundamento para desprestigiar al Ejército Mexicano. “Nos parece indignante, dice el comunicado, que la Sedena generalice que todas las marchas, plantones y pronunciamientos son financiados por el Cartel de Juárez”.
Por todo esto, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio exige el retiro inmediato de los cargos “a quienes injustamente se les ha imputado un delito en el marco legal antes expuesto” y que hoy se encuentran en libertad “condicional”, y se dicte la libertad absoluta, para que puedan reintegrarse a la vida cotidiana con seguridad.
Exigimos también que el Ejército asuma los abusos y arbitrariedades que ha cometido contra la ciudadanía poniendo en riesgo la integridad de las y los mexicanos
Se pronuncia en exigencia del respeto por parte del Estado a la labor de defensoría de los derechos humanos, protegida por la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, (A/RES/53/144-1999; Artículo 12.3).
Y que se garantice un contexto de seguridad en la vida de las mujeres, en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de las recomendaciones jurídicamente vinculantes emitidas a México por los organismos internacionales de protección a los derechos humanos.
CARTA A LAS AUTORIDADES
En forma paralela, decenas de organizaciones de todo el país, entre ellas feministas, personas y colectivos comprometidos con los derechos humanos se sumaron a la exigencia porque se respete la dignidad humana en Ciudad Juárez, informó Cencos.
En una carta dirigida a Felipe Calderón; Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, José Reyes Baeza Terrazas, gobernador de Chihuahua; José Reyes Ferriz, presidente Municipal de Ciudad Juárez, afirman que las y los ciudadanos de Ciudad Juárez quieren y exigen seguridad en su cotidianidad, porque están ante un escenario de intimidación, arbitrariedad, impunidad, persecución, tortura e ilegalidad, que pretende agregar “a nuestras vidas el miedo y el temor que paraliza y enmudece porque viene de instancias de gobierno”.
Entre las organizaciones feministas y del movimiento de mujeres que firman la carta, junto con las demás OSC, ciudadanas y ciudadanos están: Casa Amiga Centro de Crisis; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua; Centro de Mujeres Tonantzin; Mujeres por México, en Chihuahua; Promoción de la Integración Familiar y Salud Integral; Red Nacional Género y Economía; y Marcha Mundial de las Mujeres.
También, Mujeres por el Diálogo; Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía; Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer; Mujeres por México, en Chihuahua; Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Mujeres Unidas: Olympia de Gouges; Las Hormigas Comunidad en Desarrollo; Nuestras Hijas de regreso a Casa; así como Justicia para Nuestras Hijas.
Señalan en su misiva el caso de Cipriana Jurado, activista social interceptada y detenida con violencia en Ciudad Juárez por elementos encapuchados de la AFI, remitida al Cereso y liberada bajo fianza al siguiente día. Ella, recuerdan, semanas antes, el 1 de febrero, ya había sido detenida en circunstancias similares.
También el caso de Nain Paulino Romero acusado de motín por participar en una manifestación frente a la PGR; Armando Villareal Martha, dirigente social y líder campesino, asesinado el 14 de marzo en Casas Grandes, Chihuahua; Carlos Chávez, compañero de Villareal, arrestado por participar en una manifestación en el puente internacional de Juárez, por el mismo motivo, el 3 de abril.
Relatan también a las autoridades que tres mujeres policías acusan a los militares de desnudarlas y cometer vejaciones contra ellas, que agentes ministeriales arrestados bajo sospecha fueron torturados y que policías de seguridad pública también acusan a los militares de torturarlos de diversas formas.
Tras esas detenciones, dicen las organizaciones a los funcionarios, se anuncia que la PGR tiene más de 40 órdenes de aprehensión contra dirigentes de organizaciones sociales por haber participado en diversos eventos.
Los soldados, afirman, han entrado a hogares de ciudadanos de bien sin orden de cateo y sin ninguna explicación, dejando a familias enteras en crisis y a niñas, niños, mujeres, ancianas y ancianos sumidos en el miedo. “Y si esto fuera poco, también se les acusa de llevarse pertenencias”.
Estamos, dicen, a favor de la vida, del Estado de derecho, de la justicia y la dignidad de toda persona. No se abate la delincuencia matando a los delincuentes ni se les encuentra en hogares comunes y a los policías no se les endereza con tortura. La historia y el pasado reciente de nuestra ciudad nos han demostrado cómo la tortura y la violencia gubernamental fabricaron culpables de feminicidios.
No es legítimo decir –enfatizan a las autoridades-- que se ven rebasados y seguir viviendo de nuestros impuestos montando escenarios de terror. Se requiere trabajo de inteligencia e investigación profesionales que aporten pruebas suficientes para ubicar a los criminales y demostrar su culpabilidad así como la complicidad y participación de agentes policíacos en la delincuencia organizada.
Las y los defensores de los derechos humanos no defendemos delincuentes, aclaran las OSC, a pesar de que algunas voces quieren perversamente hacerlo parecer así, en cambio, la violación de ellos sí fabrica delincuentes y deja a los verdaderos en las calles y en las corporaciones.
Preocupantes son también las declaraciones que brindan un contexto de impunidad a esta situación, afirman.
Y sostienen: no es el precio que se tiene que pagar, como dicen algunos regidores, tampoco son acciones necesarias aunque sean ilegales como dicen los colegios de abogados, no somos todos responsables de la violencia que se vive en la ciudad como dicen algunos medios de comunicación, ni se trata de matar delincuentes para que sean menos como expresa un comandante del Ejército.
Advierten que seguirán luchando porque se respete la dignidad de todas y todos, denunciando las acciones arbitrarias de los tres niveles de gobierno y manifestando ideas y propuestas, porque su misión y las leyes les otorgan el derecho a defender los Derechos Humanos.
08/GG/CV
Mujeres e infancia, mayores víctimas de militarización en AL
Advierte Campaña por la Desmilitarización de las Américas
De la redacción
México DF, 11 abril 08 (CIMAC).- Las mujeres, las niñas y los niños son la parte de la población más afectada por el crecimiento en la militarización, no sólo por la violencia física directa que se ejerce sobre ellas sino por las consecuencias que siguen a la guerra, en especial por la agudización de la miseria en que viven.
Esta es una de las conclusiones obtenidas durante una reunión de la Campaña por la Desmilitarización de las Américas (Cada), organizada para compartir información sobre los avances de la militarización y la criminalización de los movimientos sociales en el Continente Americano, y realizada en el marco del VII Encuentro Hemisférico de Lucha contra los Tratados de Libre Comercio (TLC), que inició el 7 de abril y concluye mañana en la ciudad de La Habana, Cuba.
De acuerdo con un texto de Gerardo Cerdas Vega, difundido por Minga Informativa de Movimientos Sociales, la reunión se realizó también para coordinar aspectos políticos y organizativos de cara al II Encuentro Hemisférico contra la Militarización, a celebrarse en octubre próximo en Honduras.
Las organizaciones que participaron de este espacio, relata Cerdas Vega, constataron que la estrategia guerrerista puesta en marcha por los Estados Unidos, después del ataque de las Torres Gemelas en septiembre de 2001, ha llevado a un aumento de la militarización y de la criminalización de los movimientos sociales en países como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia, Perú, Haití, entre otros.
Asimismo, se ha intensificado el trabajo de inteligencia norteamericana en toda la región, combinado con estrategias tendientes a desarticular la justa resistencia popular frente al genocidio neoliberal.
Como ejemplo de lo anterior, se señaló que en México hay una guerra abierta contra todos pueblos indios, no sólo contra los zapatistas.
En el caso de Chiapas, hay un proceso de militarización que abarca zonas zapatistas pero va más allá, se está creando confrontación entre las mismas comunidades para facilitar la apropiación de las tierras para luego desarrollar proyectos “ecoturísticos”, para dividir a las comunidades y arrebatarles sus recursos, denunciaron.
Esta guerra económica es parte del avance del Plan Puebla Panamá, que está permitiendo a las grandes corporaciones y a los gobiernos tener control sobre extensos territorios ricos en diversidad biológica y cultural.
CENTRO Y SUDAMÉRICA
En Honduras, en regiones indígenas y campesinas empobrecidas, con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se están desarrollando “proyectos productivos”, consistentes en entregar a las organizaciones o familias montos de hasta 30 mil dólares, a cambio de que esas organizaciones se comprometan a apoyar la “lucha contra el terrorismo” del gobierno de los Estados Unidos.
En Costa Rica, por otra parte, el Comando Sur del ejército norteamericano anunció en febrero anterior que, para el 2010, cuadruplicará su presupuesto de operaciones en el país, en una clara provocación a los gobiernos venezolano y ecuatoriano pues desde aguas costarricenses es muy fácil preparar y lanzar ataques potenciales contra ambos países, dice Gerardo Cerdas.
Asimismo, esto lleva a un mayor control sobre los movimientos sociales, a los que ya se ha acusado de tener vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El caso de Ecuador es asimismo grave frente a la decisión del gobierno de Correa de no renovar el contrato para el funcionamiento de la base militar de Manta.
HAITÍ, EMERGENCIA TOTAL
Pero el caso más grave en la coyuntura actual es el de Haití, considera Gerardo Cerdas, país que ha sido tomado por una fuerza militar combinada de la ONU, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah), integrada por soldados de países latinoamericanos como Guatemala, El Salvador, Uruguay y Brasil. Desde hace una semana, se ha producido un alzamiento popular. La situación en Haití es de emergencia total, advierte.
La sublevación, que comenzó el viernes pasado, ya lleva 5 muertos y varios heridos, incluidos periodistas extranjeros. El levantamiento es contra el alza de precios y contra la Minustah.
Hay bien documentados 114 casos de violaciones, por lo menos, y la población vive aterrorizada.
Se está llevando a la población a la desesperación total y en ello los gobiernos latinoamericanos que mantienen tropas en el país son –acusa el texto-- corresponsables directos de la violencia sobre nuestros hermanos y hermanas, que demandan alimento, agua, vida digna y paz.
MILITARIZACIÓN, NEOLIBERALISMO Y POBREZA
No podemos ver el crecimiento en la militarización y criminalización de los movimientos de forma aislada, explica Cerda. El crecimiento de los presupuestos militares y policíacos, así como de la acción de las fuerzas militar y policial, va de la mano con la expansión del neoliberalismo en toda la región, que se está llevando a cabo sobre una cada vez mayor apropiación y explotación no sólo de la fuerza de trabajo, sino de recursos como el agua, el bosque, la tierra, el petróleo y los minerales, entre otros.
Para ello, se recurre al desplazamiento o aniquilación de comunidades indígenas y campesinas completas, todo lo cual redunda en mayor miseria y en una agudización de los conflictos sociales.
Se trata, explica, de un cóctel explosivo cuyas consecuencias son inimaginables, pero que con toda seguridad radicalizará más todavía la lucha popular, pues se está negando a decenas de miles de personas lo más elemental para su supervivencia.
Así que la militarización es el correlato de la expansión de los grandes capitales en la región, además de ser un gran negocio para los productores y comercializadores de armas, que ven en la guerra un botín permanente, señala el texto. Los vínculos de la militarización con el narcotráfico y el paramilitarismo hacen todavía más complejo el escenario y esta complejidad sirve de excusa para todo tipo de abuso contra la población civil.
Aunque se ha insistido en los últimos meses en la inminencia de la crisis en los Estados Unidos, no debe subestimarse la capacidad militar instalada de este país en el mundo entero y en América Latina en particular, advierte. Estados Unidos cuenta con bases militares, sistemas de monitoreo y espionaje, así como con el apoyo incondicional de gobiernos como el de Álvaro Uribe en Colombia y Oscar Arias en Costa Rica, entre otros, que le permiten operar atacando a los gobiernos progresistas de la región y a los movimientos sociales que luchan por la transformación social.
Las mujeres y las niñas y niños son la parte de la población más afectada por el crecimiento en la militarización, no sólo por la violencia física directa que se ejerce sobre ellas sino por las consecuencias que siguen a la guerra, en especial por la agudización de la miseria en que viven.
ENCUENTRO CONTRA LA MILITARIZACIÓN
En este contexto, apenas dibujado aquí, se realizará en octubre próximo el II Encuentro contra la Militarización, con el objetivo de discutir entre los movimientos sociales de la región acerca de la realidad que estamos enfrentando y acordar un plan de acción común para que la lucha en cada país cuente con verdadero respaldo y acompañamiento regionales.
El II Encuentro busca dar continuidad al esfuerzo iniciado en Chiapas, en mayo del 2003, por poner el tema de la militarización en el centro de la agenda de los movimientos sociales. Se avanzará en la definición de las líneas estratégicas de acción mediante el intercambio de experiencias sobre las consecuencias y reacciones sociales, éxitos, luchas, que se dan en el continente contra la militarización.
Todo ello, con el fin de trabajar más de manera coordinada y efectiva para enfrentar los embates que se están agudizando como respuesta a la oposición que surge con la puesta en marcha del Plan Puebla-Panamá y de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) --y otros procesos de integración-- y sus megaproyectos y políticas bajo el saqueo neocolonial de hábitats, vidas y culturas.
Asimismo, el II Encuentro servirá para manifestar el rechazo a la ocupación militar de Estados Unidos, ante la amenaza continental y global que representa la militarización, las guerras y la represión convertida en jugoso y poderoso negocio.
Se espera que acudan al II Encuentro todos los movimientos y redes regionales que luchan por un mundo con equidad, con trabajo y justicia, donde se respete la vida en primer lugar.
Las más de 25 organizaciones convocantes hacen un llamado para que este Encuentro sea exitoso y permita a los movimientos sociales enfrentar coordinadamente las amenazas cada vez mayores que se levantan sobre nuestros pueblos y sobre aquellas organizaciones y personas que luchan por la transformación de la sociedad, concluye el texto de Gerardo Cerdas Vega.
08/GG/CV
De la redacción
México DF, 11 abril 08 (CIMAC).- Las mujeres, las niñas y los niños son la parte de la población más afectada por el crecimiento en la militarización, no sólo por la violencia física directa que se ejerce sobre ellas sino por las consecuencias que siguen a la guerra, en especial por la agudización de la miseria en que viven.
Esta es una de las conclusiones obtenidas durante una reunión de la Campaña por la Desmilitarización de las Américas (Cada), organizada para compartir información sobre los avances de la militarización y la criminalización de los movimientos sociales en el Continente Americano, y realizada en el marco del VII Encuentro Hemisférico de Lucha contra los Tratados de Libre Comercio (TLC), que inició el 7 de abril y concluye mañana en la ciudad de La Habana, Cuba.
De acuerdo con un texto de Gerardo Cerdas Vega, difundido por Minga Informativa de Movimientos Sociales, la reunión se realizó también para coordinar aspectos políticos y organizativos de cara al II Encuentro Hemisférico contra la Militarización, a celebrarse en octubre próximo en Honduras.
Las organizaciones que participaron de este espacio, relata Cerdas Vega, constataron que la estrategia guerrerista puesta en marcha por los Estados Unidos, después del ataque de las Torres Gemelas en septiembre de 2001, ha llevado a un aumento de la militarización y de la criminalización de los movimientos sociales en países como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia, Perú, Haití, entre otros.
Asimismo, se ha intensificado el trabajo de inteligencia norteamericana en toda la región, combinado con estrategias tendientes a desarticular la justa resistencia popular frente al genocidio neoliberal.
Como ejemplo de lo anterior, se señaló que en México hay una guerra abierta contra todos pueblos indios, no sólo contra los zapatistas.
En el caso de Chiapas, hay un proceso de militarización que abarca zonas zapatistas pero va más allá, se está creando confrontación entre las mismas comunidades para facilitar la apropiación de las tierras para luego desarrollar proyectos “ecoturísticos”, para dividir a las comunidades y arrebatarles sus recursos, denunciaron.
Esta guerra económica es parte del avance del Plan Puebla Panamá, que está permitiendo a las grandes corporaciones y a los gobiernos tener control sobre extensos territorios ricos en diversidad biológica y cultural.
CENTRO Y SUDAMÉRICA
En Honduras, en regiones indígenas y campesinas empobrecidas, con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se están desarrollando “proyectos productivos”, consistentes en entregar a las organizaciones o familias montos de hasta 30 mil dólares, a cambio de que esas organizaciones se comprometan a apoyar la “lucha contra el terrorismo” del gobierno de los Estados Unidos.
En Costa Rica, por otra parte, el Comando Sur del ejército norteamericano anunció en febrero anterior que, para el 2010, cuadruplicará su presupuesto de operaciones en el país, en una clara provocación a los gobiernos venezolano y ecuatoriano pues desde aguas costarricenses es muy fácil preparar y lanzar ataques potenciales contra ambos países, dice Gerardo Cerdas.
Asimismo, esto lleva a un mayor control sobre los movimientos sociales, a los que ya se ha acusado de tener vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El caso de Ecuador es asimismo grave frente a la decisión del gobierno de Correa de no renovar el contrato para el funcionamiento de la base militar de Manta.
HAITÍ, EMERGENCIA TOTAL
Pero el caso más grave en la coyuntura actual es el de Haití, considera Gerardo Cerdas, país que ha sido tomado por una fuerza militar combinada de la ONU, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah), integrada por soldados de países latinoamericanos como Guatemala, El Salvador, Uruguay y Brasil. Desde hace una semana, se ha producido un alzamiento popular. La situación en Haití es de emergencia total, advierte.
La sublevación, que comenzó el viernes pasado, ya lleva 5 muertos y varios heridos, incluidos periodistas extranjeros. El levantamiento es contra el alza de precios y contra la Minustah.
Hay bien documentados 114 casos de violaciones, por lo menos, y la población vive aterrorizada.
Se está llevando a la población a la desesperación total y en ello los gobiernos latinoamericanos que mantienen tropas en el país son –acusa el texto-- corresponsables directos de la violencia sobre nuestros hermanos y hermanas, que demandan alimento, agua, vida digna y paz.
MILITARIZACIÓN, NEOLIBERALISMO Y POBREZA
No podemos ver el crecimiento en la militarización y criminalización de los movimientos de forma aislada, explica Cerda. El crecimiento de los presupuestos militares y policíacos, así como de la acción de las fuerzas militar y policial, va de la mano con la expansión del neoliberalismo en toda la región, que se está llevando a cabo sobre una cada vez mayor apropiación y explotación no sólo de la fuerza de trabajo, sino de recursos como el agua, el bosque, la tierra, el petróleo y los minerales, entre otros.
Para ello, se recurre al desplazamiento o aniquilación de comunidades indígenas y campesinas completas, todo lo cual redunda en mayor miseria y en una agudización de los conflictos sociales.
Se trata, explica, de un cóctel explosivo cuyas consecuencias son inimaginables, pero que con toda seguridad radicalizará más todavía la lucha popular, pues se está negando a decenas de miles de personas lo más elemental para su supervivencia.
Así que la militarización es el correlato de la expansión de los grandes capitales en la región, además de ser un gran negocio para los productores y comercializadores de armas, que ven en la guerra un botín permanente, señala el texto. Los vínculos de la militarización con el narcotráfico y el paramilitarismo hacen todavía más complejo el escenario y esta complejidad sirve de excusa para todo tipo de abuso contra la población civil.
Aunque se ha insistido en los últimos meses en la inminencia de la crisis en los Estados Unidos, no debe subestimarse la capacidad militar instalada de este país en el mundo entero y en América Latina en particular, advierte. Estados Unidos cuenta con bases militares, sistemas de monitoreo y espionaje, así como con el apoyo incondicional de gobiernos como el de Álvaro Uribe en Colombia y Oscar Arias en Costa Rica, entre otros, que le permiten operar atacando a los gobiernos progresistas de la región y a los movimientos sociales que luchan por la transformación social.
Las mujeres y las niñas y niños son la parte de la población más afectada por el crecimiento en la militarización, no sólo por la violencia física directa que se ejerce sobre ellas sino por las consecuencias que siguen a la guerra, en especial por la agudización de la miseria en que viven.
ENCUENTRO CONTRA LA MILITARIZACIÓN
En este contexto, apenas dibujado aquí, se realizará en octubre próximo el II Encuentro contra la Militarización, con el objetivo de discutir entre los movimientos sociales de la región acerca de la realidad que estamos enfrentando y acordar un plan de acción común para que la lucha en cada país cuente con verdadero respaldo y acompañamiento regionales.
El II Encuentro busca dar continuidad al esfuerzo iniciado en Chiapas, en mayo del 2003, por poner el tema de la militarización en el centro de la agenda de los movimientos sociales. Se avanzará en la definición de las líneas estratégicas de acción mediante el intercambio de experiencias sobre las consecuencias y reacciones sociales, éxitos, luchas, que se dan en el continente contra la militarización.
Todo ello, con el fin de trabajar más de manera coordinada y efectiva para enfrentar los embates que se están agudizando como respuesta a la oposición que surge con la puesta en marcha del Plan Puebla-Panamá y de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) --y otros procesos de integración-- y sus megaproyectos y políticas bajo el saqueo neocolonial de hábitats, vidas y culturas.
Asimismo, el II Encuentro servirá para manifestar el rechazo a la ocupación militar de Estados Unidos, ante la amenaza continental y global que representa la militarización, las guerras y la represión convertida en jugoso y poderoso negocio.
Se espera que acudan al II Encuentro todos los movimientos y redes regionales que luchan por un mundo con equidad, con trabajo y justicia, donde se respete la vida en primer lugar.
Las más de 25 organizaciones convocantes hacen un llamado para que este Encuentro sea exitoso y permita a los movimientos sociales enfrentar coordinadamente las amenazas cada vez mayores que se levantan sobre nuestros pueblos y sobre aquellas organizaciones y personas que luchan por la transformación de la sociedad, concluye el texto de Gerardo Cerdas Vega.
08/GG/CV
“Hay autores intelectuales”, en asesinato de locutoras de la Mixteca oaxaqueña
Conflictos políticos y poder económico, la causa
Por Soledad Jarquín Edgar/corresponsal
Oaxaca, Oax., 11 abril 08 (CIMAC).- Tras rechazar la posible intervención de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) o del Ejército en el territorio Triqui, José Ramírez Flores, presidente del municipio autónomo de San Juan Copala, apuntó que “hay autores intelectuales” del asesinato de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, y señaló como responsables al ex diputado local Rufino Merino Zaragoza y al líder del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz.
El munícipe de San Juan Copala calificó el asesinato de las dos locutoras y reporteras de “La Voz que Rompe el Silencio” como una venganza de los integrantes del Partido de Unificación Popular (PUP) creado por el dirigente del MULT, Heriberto Pazos Ortiz.
En entrevista con Cimacnoticias sostuvo que en San Juan Copala existe un clima de indignación y tristeza por el homicidio de las dos jóvenes, sepultadas la tarde del miércoles en el panteón municipal, porque “todo el mundo sabe quiénes son nuestros enemigos, los mismos que se opusieron a la formación del municipio autónomo en enero de 2007, los mismos que nos acusan de la desaparición de las hermanas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez”.
Sin embargo, apuntó, la violencia que enfrenta a los pueblos de la zona Triqui es creada por las organizaciones políticas que no quieren el avance de nuestro municipio.
“Por eso no tenemos duda que detrás de todo lo que ocurre es preparado sólo por las personas que mencioné”, dijo refiriéndose al ex diputado Rufino Merino y a Heriberto Pazos Ortiz.
Explicó a Cimacnoticias que como resultado del conflicto político y desde la creación del municipio autónomo de San Juan Copala --antes agencia del municipio de Juxtlahuaca, uno de los tres grandes municipios que conforman la zona Triqui-- se ha dificultado el paso de la gente “nosotros no entramos a la zona de Putla y Juxtlahuaca (donde desparecieron Daniela y Virginia en junio de 2007) ahí sólo circula gente del MULT”.
De acuerdo con familiares de las dos jóvenes locutoras y reporteras asesinadas el pasado 7 de abril --Felicitas y Teresa-- ambas habían recibido amenazas de muerte de gente del diputado Merino Zaragoza y de Pazos Ortiz, reiteró el presidente municipal del municipio autónomo de San Juan Copala.
Por otra parte, Macario García Merino, secretario municipal de San Juan Copala, sostuvo que será necesaria la intervención del gobierno federal para que se esclarezca el asesinato de Teresa y Felicitas, sin embargo rechazó que “la militarización resuelva el problema, al contrario podría agravar la situación y pone en riesgo los derechos humanos, en especial de las mujeres”.
En la región tenemos amargas experiencias, como sucedió en 1964 y en 1978, cuando el Ejército mexicano entró en la zona, dice, “la partida de militares detenía a las personas que la gente del partido oficial señalaba porque no convenía a sus intereses, cuando la gente huía al monte, los soldados entraban a las casas y violaban a las mujeres, no queremos que eso se repita”.
MUNICIPIO AUTÓNOMO
La zona Triqui está conformada por 26 comunidades que hasta enero de 2007 pertenecían a los municipios de Santiago Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Putla.
En esa fecha, la hasta entonces agencia municipal de San Juan Copala se declaró municipio autónomo y al menos 18 comunidades Triquis se adhieren a esta iniciativa. El resto se quedó bajo la “tutela” del MULT y el PUP, partido político con registro estatal.
García Merino explica que la formación de este municipio autónomo obedeció a que las organizaciones como el MULT, UBISORT y MULTI dividían a la población por lo que las dos últimas decidieron conformar el municipio autónomo, a lo que se opuso el dirigente del MULT, Heriberto Pazos Ortiz, a quien identifica como “muy ligado” al PRI.
En un principio cuando se conformó, el MULT trabajó bien --dice el secretario municipal de San Juan Copala-- pero al paso del tiempo se fueron corrompiendo.
Unos cuantos líderes manejaban los recursos que los gobiernos enviaban. Incluso metieron al banco los recursos del Procampo y sólo pretendían distribuir los intereses que éstos generaban, “no sé cuánto dinero era, pero era muchísimo dinero”, denuncia.
En la actualidad, añade el entrevistado, la gente del MULT sigue acaparando los recursos del Ramo 28 y del Ramo 33 “y si alguna autoridad pregunta en Juxtlahuaca por los recursos, corre el riesgo de que lo castiguen o lo metan a la cárcel, en el mejor de los casos”.
El gobierno estatal no quiere reconocer al municipio autónomo de San Juan Copala, nosotros estamos buscando los mecanismos para logarlo, pues se trata de un asunto de justicia social, ya que hasta 1948 San Juan Copala era la cabecera municipal, sólo que por intereses políticos nos redujeron a agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca, explica.
QUE INVESTIGUEN
La etnia Triqui, ubicada en la parte más occidental de Oaxaca, es considerada como uno de los más antiguos pobladores de México y han “convivido” con los mixtecos, sus más cercanos vecinos.
Los Triquis son un pueblo dividido por los conflictos políticos y por el poder económico, sostiene García Merino, quien reconoce que se habrían recrudecido más a raíz de la creación del municipio autónomo o quizá porque “ahora sí la gente está más enterada de lo que aquí pasa, antes nadie sabía de la violencia”.
Todo ello a pesar de que uno de los objetivos del municipio autónomo creado el 20 de enero de 2007 es buscar la unidad y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, “tal parece que hay gente empeñada en seguir sembrando la violencia, pero no somos nosotros”, agrega.
Sostiene que a pesar de las acusaciones del MULT sobre la presunta responsabilidad de la gente del municipio autónomo (UBISORT-MULTI) en la desaparición de Virginia y Daniela Ortiz, nosotros nada tenemos que ver, al contrario hemos exigido que las autoridades investiguen.
En ese mismos sentido, el presidente del municipio autónomo pone el dedo en la yaga: “creemos que los responsables están entre la misma gente del MULT”.
Ahora las autoridades municipales exponen que es necesaria una investigación a fondo, para esclarecer los homicidios de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, locutoras y reporteras de “La Voz que Rompe el Silencio”, así como para dar con el paradero de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas desde el 5 de julio de 2007, “que vengan y que investiguen, nosotros no estamos cerrados y no tenemos nada que ver”, remata.
08/SJ/CV
Por Soledad Jarquín Edgar/corresponsal
Oaxaca, Oax., 11 abril 08 (CIMAC).- Tras rechazar la posible intervención de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) o del Ejército en el territorio Triqui, José Ramírez Flores, presidente del municipio autónomo de San Juan Copala, apuntó que “hay autores intelectuales” del asesinato de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, y señaló como responsables al ex diputado local Rufino Merino Zaragoza y al líder del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz.
El munícipe de San Juan Copala calificó el asesinato de las dos locutoras y reporteras de “La Voz que Rompe el Silencio” como una venganza de los integrantes del Partido de Unificación Popular (PUP) creado por el dirigente del MULT, Heriberto Pazos Ortiz.
En entrevista con Cimacnoticias sostuvo que en San Juan Copala existe un clima de indignación y tristeza por el homicidio de las dos jóvenes, sepultadas la tarde del miércoles en el panteón municipal, porque “todo el mundo sabe quiénes son nuestros enemigos, los mismos que se opusieron a la formación del municipio autónomo en enero de 2007, los mismos que nos acusan de la desaparición de las hermanas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez”.
Sin embargo, apuntó, la violencia que enfrenta a los pueblos de la zona Triqui es creada por las organizaciones políticas que no quieren el avance de nuestro municipio.
“Por eso no tenemos duda que detrás de todo lo que ocurre es preparado sólo por las personas que mencioné”, dijo refiriéndose al ex diputado Rufino Merino y a Heriberto Pazos Ortiz.
Explicó a Cimacnoticias que como resultado del conflicto político y desde la creación del municipio autónomo de San Juan Copala --antes agencia del municipio de Juxtlahuaca, uno de los tres grandes municipios que conforman la zona Triqui-- se ha dificultado el paso de la gente “nosotros no entramos a la zona de Putla y Juxtlahuaca (donde desparecieron Daniela y Virginia en junio de 2007) ahí sólo circula gente del MULT”.
De acuerdo con familiares de las dos jóvenes locutoras y reporteras asesinadas el pasado 7 de abril --Felicitas y Teresa-- ambas habían recibido amenazas de muerte de gente del diputado Merino Zaragoza y de Pazos Ortiz, reiteró el presidente municipal del municipio autónomo de San Juan Copala.
Por otra parte, Macario García Merino, secretario municipal de San Juan Copala, sostuvo que será necesaria la intervención del gobierno federal para que se esclarezca el asesinato de Teresa y Felicitas, sin embargo rechazó que “la militarización resuelva el problema, al contrario podría agravar la situación y pone en riesgo los derechos humanos, en especial de las mujeres”.
En la región tenemos amargas experiencias, como sucedió en 1964 y en 1978, cuando el Ejército mexicano entró en la zona, dice, “la partida de militares detenía a las personas que la gente del partido oficial señalaba porque no convenía a sus intereses, cuando la gente huía al monte, los soldados entraban a las casas y violaban a las mujeres, no queremos que eso se repita”.
MUNICIPIO AUTÓNOMO
La zona Triqui está conformada por 26 comunidades que hasta enero de 2007 pertenecían a los municipios de Santiago Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Putla.
En esa fecha, la hasta entonces agencia municipal de San Juan Copala se declaró municipio autónomo y al menos 18 comunidades Triquis se adhieren a esta iniciativa. El resto se quedó bajo la “tutela” del MULT y el PUP, partido político con registro estatal.
García Merino explica que la formación de este municipio autónomo obedeció a que las organizaciones como el MULT, UBISORT y MULTI dividían a la población por lo que las dos últimas decidieron conformar el municipio autónomo, a lo que se opuso el dirigente del MULT, Heriberto Pazos Ortiz, a quien identifica como “muy ligado” al PRI.
En un principio cuando se conformó, el MULT trabajó bien --dice el secretario municipal de San Juan Copala-- pero al paso del tiempo se fueron corrompiendo.
Unos cuantos líderes manejaban los recursos que los gobiernos enviaban. Incluso metieron al banco los recursos del Procampo y sólo pretendían distribuir los intereses que éstos generaban, “no sé cuánto dinero era, pero era muchísimo dinero”, denuncia.
En la actualidad, añade el entrevistado, la gente del MULT sigue acaparando los recursos del Ramo 28 y del Ramo 33 “y si alguna autoridad pregunta en Juxtlahuaca por los recursos, corre el riesgo de que lo castiguen o lo metan a la cárcel, en el mejor de los casos”.
El gobierno estatal no quiere reconocer al municipio autónomo de San Juan Copala, nosotros estamos buscando los mecanismos para logarlo, pues se trata de un asunto de justicia social, ya que hasta 1948 San Juan Copala era la cabecera municipal, sólo que por intereses políticos nos redujeron a agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca, explica.
QUE INVESTIGUEN
La etnia Triqui, ubicada en la parte más occidental de Oaxaca, es considerada como uno de los más antiguos pobladores de México y han “convivido” con los mixtecos, sus más cercanos vecinos.
Los Triquis son un pueblo dividido por los conflictos políticos y por el poder económico, sostiene García Merino, quien reconoce que se habrían recrudecido más a raíz de la creación del municipio autónomo o quizá porque “ahora sí la gente está más enterada de lo que aquí pasa, antes nadie sabía de la violencia”.
Todo ello a pesar de que uno de los objetivos del municipio autónomo creado el 20 de enero de 2007 es buscar la unidad y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, “tal parece que hay gente empeñada en seguir sembrando la violencia, pero no somos nosotros”, agrega.
Sostiene que a pesar de las acusaciones del MULT sobre la presunta responsabilidad de la gente del municipio autónomo (UBISORT-MULTI) en la desaparición de Virginia y Daniela Ortiz, nosotros nada tenemos que ver, al contrario hemos exigido que las autoridades investiguen.
En ese mismos sentido, el presidente del municipio autónomo pone el dedo en la yaga: “creemos que los responsables están entre la misma gente del MULT”.
Ahora las autoridades municipales exponen que es necesaria una investigación a fondo, para esclarecer los homicidios de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, locutoras y reporteras de “La Voz que Rompe el Silencio”, así como para dar con el paradero de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas desde el 5 de julio de 2007, “que vengan y que investiguen, nosotros no estamos cerrados y no tenemos nada que ver”, remata.
08/SJ/CV
Cinco redes de periodistas exige justicia
Oaxaca: asesinato de reporteras comunitarias, parte de ola represiva
México DF, 11 abril 08 (CIMAC).- Organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca, autoridades municipales y radios comunitarias denunciaron que el clima de violencia represiva que sufren los pueblos de Oaxaca se ha incrementado en los últimos meses.
Los secuestros, detenciones y asesinatos son una política de Estado, con la cual el Gobierno de Ulises Ruiz busca frenar la lucha legitima de nuestros pueblos, señalan.
Como ejemplo de la violencia cotidiana que se vive en el estado mencionaron la muerte de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, reporteras y locutoras de la radio comunitaria del municipio autónomo de San Juan Copala, quienes fueron emboscadas y asesinadas el pasado 7 de abril, así como los recientes asesinatos, aún impunes, de los líderes indígenas Placido López Castro, Lauro Juárez y Rosalino Díaz, señalan en un comunicado difundido por Cencos.
Las organizaciones que suscriben el comunicado son: Ayuntamiento Autónomo de San Juan Copala, Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste de México, CODECI, OIDHO, Autoridades Municipales de Yosotatu, CACTUS, Centro de Orientación y Asesoría a los Pueblos Indígenas COAPI, Asoc. Nacional de Abogados Democráticos, AMAP, MAIZ, UCIZONI, CAMA, Codedi´Xanica, Radio Ayuuk, Radio Huave, Frente de Pueblos del Istmo en Defensa de la tierra.
Asimismo, Radio Triqui, CEDAPI. Consejo de Organizaciones y Pueblos de la Chinantla, Bienes comunales de Chalcatongo, Bienes Comunales de San Juan Yaveo, Comité de Presos Políticos de Ixcotel, Alianza Magonista Zapatista, estudiantes de la UABJO, Comisión Magisterial de derechos Humanos de la Secc. 22 del SNTE, Radio Arco Iris
ASESINATO DE REPORTERAS
El asesinato de nuestras compañeras, quienes eran locutoras de la Radio Triqui, “La Voz que Rompe el Silencio”, patrocinada por el Ayuntamiento Autónomo de San Juan Copala –explican las OSC en el comunicado-- fue perpetrado en las proximidades de Llano Juárez, Juxtlahuaca, “zona donde ha sido denunciada la actuación de una banda de pistoleros ligada al partido Unidad Popular”, en un acto más de represión del Gobierno que encabeza Ulises Ruiz, el gobernador del estado.
Ante lo que consideran un nuevo crimen de Estado, demandan una investigación a fondo y el castigo de los autores materiales e intelectuales del mismo, que la investigación sobre este nuevo hecho de sangre que conmueve a la región Triqui sea atraída por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos en contra de periodistas y por la Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) relacionada con atentados en contra de los comunicadores.
Recuerdan también que, como parte de la situación que priva en el estado, en diferentes cárceles se encuentran injustamente detenidos Pedro Castillo Aragón, Flavio Sosa, Adán Mejía López, Miguel Ángel García, Miguel Juan Hilaria, Víctor Hugo Martínez Toledo, Roberto Cárdenas Rosas, Reynaldo Martínez Álvarez, Juliantino Martínez García, Homero Castro López, Constantino Castro López y Abraham Ramírez Vázquez, de quienes exigen su inmediata liberación, así como la cancelación de órdenes de aprehensión libradas en contra de cientos de indígenas y dirigentes sociales.
Afirman que la impunidad, la fabricación de culpables y la indiscriminada liberación de órdenes de aprehensión y otros actos de hostigamiento contra líderes sociales y comunitarios, configuran en Oaxaca una política parapolicial y represiva, violatoria de las garantías constitucionales, los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.
Sintetizan puntualmente sus exigencias a las autoridades en el castigo para los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Felicitas Martínez, Teresa Bautista, Lauro Juárez, Rosalino Díaz y Plácido López Castro.
También, en la liberación inmediata “de nuestros compañeros” injustamente detenidos y la cancelación de cientos de órdenes de aprehensión libradas en contra de dirigentes sociales y representantes de pueblos indígenas. La presentación con vida de Virginia y Daniela Ortiz García, desaparecidas desde julio del 2007.
En la intervención de la Procuraduría General de la República en estos crímenes, de acuerdo a sus facultades legales. Y en el cese a la represión del Gobierno de Ulises Ruiz en contra del movimiento social en Oaxaca y el respeto pleno al derecho a la Autonomía de los pueblos Indios.
JUSTICIA PARA TERESA Y FELICITAS: PERIODISTAS
En tanto, las y los periodistas de la Red Nacional de Periodistas de México, La Red de México Centroamérica y el Caribe; la Red Trinacional de Periodistas: México, Estados Unidos y Canadá; la Red Latinoamericana de Periodistas y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, exigieron por medio de sendas misivas al Gobierno mexicano la inmediata investigación de los asesinatos de las periodistas Teresa Bautista y Felicitas Martínez, locutoras y reporteras de la radio “La Voz que Rompe el Silencio”, así como el castigo a los culpables.
En asesinato de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, explican, se suma a una larga de atentados contra periodistas de México, que al día de hoy siguen en la impunidad, dicen el casi centenar de periodistas México, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Canadá en su carta a las autoridades.
Aseguran que atentar contra las y los periodistas en un país que se dice democrático es sinónimo de atraso y preocupación, cuando México se coloca en el segundo país, en todo el mundo, más peligroso para ejercer el periodismo.
Como periodistas comprometidas con la libertad de expresión y con los derechos humanos de las mujeres exigimos al gobierno mexicano la inmediata investigación y el castigo a los culpables, así como todas las garantías necesarias para el libre ejercicio del periodismo en México, explican las periodistas de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú condenó de manera enérgica el asesinato de las comunicadoras, al igual que la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social (Felatracs), crimen que se enmarca en la violencia contra las mujeres en la región Triqui, como resultado del conflicto político.
08/GG/CV
Oaxaca: asesinato de reporteras comunitarias, parte de ola represiva
México DF, 11 abril 08 (CIMAC).- Organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca, autoridades municipales y radios comunitarias denunciaron que el clima de violencia represiva que sufren los pueblos de Oaxaca se ha incrementado en los últimos meses.
Los secuestros, detenciones y asesinatos son una política de Estado, con la cual el Gobierno de Ulises Ruiz busca frenar la lucha legitima de nuestros pueblos, señalan.
Como ejemplo de la violencia cotidiana que se vive en el estado mencionaron la muerte de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, reporteras y locutoras de la radio comunitaria del municipio autónomo de San Juan Copala, quienes fueron emboscadas y asesinadas el pasado 7 de abril, así como los recientes asesinatos, aún impunes, de los líderes indígenas Placido López Castro, Lauro Juárez y Rosalino Díaz, señalan en un comunicado difundido por Cencos.
Las organizaciones que suscriben el comunicado son: Ayuntamiento Autónomo de San Juan Copala, Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste de México, CODECI, OIDHO, Autoridades Municipales de Yosotatu, CACTUS, Centro de Orientación y Asesoría a los Pueblos Indígenas COAPI, Asoc. Nacional de Abogados Democráticos, AMAP, MAIZ, UCIZONI, CAMA, Codedi´Xanica, Radio Ayuuk, Radio Huave, Frente de Pueblos del Istmo en Defensa de la tierra.
Asimismo, Radio Triqui, CEDAPI. Consejo de Organizaciones y Pueblos de la Chinantla, Bienes comunales de Chalcatongo, Bienes Comunales de San Juan Yaveo, Comité de Presos Políticos de Ixcotel, Alianza Magonista Zapatista, estudiantes de la UABJO, Comisión Magisterial de derechos Humanos de la Secc. 22 del SNTE, Radio Arco Iris
ASESINATO DE REPORTERAS
El asesinato de nuestras compañeras, quienes eran locutoras de la Radio Triqui, “La Voz que Rompe el Silencio”, patrocinada por el Ayuntamiento Autónomo de San Juan Copala –explican las OSC en el comunicado-- fue perpetrado en las proximidades de Llano Juárez, Juxtlahuaca, “zona donde ha sido denunciada la actuación de una banda de pistoleros ligada al partido Unidad Popular”, en un acto más de represión del Gobierno que encabeza Ulises Ruiz, el gobernador del estado.
Ante lo que consideran un nuevo crimen de Estado, demandan una investigación a fondo y el castigo de los autores materiales e intelectuales del mismo, que la investigación sobre este nuevo hecho de sangre que conmueve a la región Triqui sea atraída por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos en contra de periodistas y por la Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) relacionada con atentados en contra de los comunicadores.
Recuerdan también que, como parte de la situación que priva en el estado, en diferentes cárceles se encuentran injustamente detenidos Pedro Castillo Aragón, Flavio Sosa, Adán Mejía López, Miguel Ángel García, Miguel Juan Hilaria, Víctor Hugo Martínez Toledo, Roberto Cárdenas Rosas, Reynaldo Martínez Álvarez, Juliantino Martínez García, Homero Castro López, Constantino Castro López y Abraham Ramírez Vázquez, de quienes exigen su inmediata liberación, así como la cancelación de órdenes de aprehensión libradas en contra de cientos de indígenas y dirigentes sociales.
Afirman que la impunidad, la fabricación de culpables y la indiscriminada liberación de órdenes de aprehensión y otros actos de hostigamiento contra líderes sociales y comunitarios, configuran en Oaxaca una política parapolicial y represiva, violatoria de las garantías constitucionales, los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.
Sintetizan puntualmente sus exigencias a las autoridades en el castigo para los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Felicitas Martínez, Teresa Bautista, Lauro Juárez, Rosalino Díaz y Plácido López Castro.
También, en la liberación inmediata “de nuestros compañeros” injustamente detenidos y la cancelación de cientos de órdenes de aprehensión libradas en contra de dirigentes sociales y representantes de pueblos indígenas. La presentación con vida de Virginia y Daniela Ortiz García, desaparecidas desde julio del 2007.
En la intervención de la Procuraduría General de la República en estos crímenes, de acuerdo a sus facultades legales. Y en el cese a la represión del Gobierno de Ulises Ruiz en contra del movimiento social en Oaxaca y el respeto pleno al derecho a la Autonomía de los pueblos Indios.
JUSTICIA PARA TERESA Y FELICITAS: PERIODISTAS
En tanto, las y los periodistas de la Red Nacional de Periodistas de México, La Red de México Centroamérica y el Caribe; la Red Trinacional de Periodistas: México, Estados Unidos y Canadá; la Red Latinoamericana de Periodistas y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, exigieron por medio de sendas misivas al Gobierno mexicano la inmediata investigación de los asesinatos de las periodistas Teresa Bautista y Felicitas Martínez, locutoras y reporteras de la radio “La Voz que Rompe el Silencio”, así como el castigo a los culpables.
En asesinato de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, explican, se suma a una larga de atentados contra periodistas de México, que al día de hoy siguen en la impunidad, dicen el casi centenar de periodistas México, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Canadá en su carta a las autoridades.
Aseguran que atentar contra las y los periodistas en un país que se dice democrático es sinónimo de atraso y preocupación, cuando México se coloca en el segundo país, en todo el mundo, más peligroso para ejercer el periodismo.
Como periodistas comprometidas con la libertad de expresión y con los derechos humanos de las mujeres exigimos al gobierno mexicano la inmediata investigación y el castigo a los culpables, así como todas las garantías necesarias para el libre ejercicio del periodismo en México, explican las periodistas de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú condenó de manera enérgica el asesinato de las comunicadoras, al igual que la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social (Felatracs), crimen que se enmarca en la violencia contra las mujeres en la región Triqui, como resultado del conflicto político.
08/GG/CV
Las breves de Cimac
Subasta en apoyo a Magdalena García, ex presa de conciencia por represión en Atenco. España: Campaña Sin Mujeres no hay Democracia aborda participación política de centroamericanas. Preparan en Guatemala Encuentro Nacional de Mujeres. Posponen decisión sobre legalidad de la huelga en la Universidad de Sonora. Mañana sábado, Feria del Condón “Juntos por la Prevención del VIH e ITS”, en Guadalajara. Convención Iberoamericana de Derechos de Jóvenes restringe derechos humanos de LGBTT. Del 16 al 18 de abril, Foros para la iniciativa de Ley de Protección a Periodistas del Estado de México…
Redactó Susana Trejo de Jesús
SUBASTA EN APOYO A MAGDALENA GARCÍA, EX PRESA DE CONCIENCIA POR HECHOS DE ATENCO
México DF.- La Asociación Civil Desde Abajo invita a participar en una campaña de apoyo solidario con doña Magdalena García Durán, quien estuvo presa durante más de un año a partir de mayo de 2006 y fue declarada presa de conciencia del Gobierno Mexicano por Amnistía Internacional. Es una de las 206 personas que fueron detenidas, violentadas y golpeadas salvajemente por la Policía Federal Preventiva durante la agresión al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006.
Desde que salió de prisión hace seis meses, doña Magdalena no ha podido trabajar porque ya no se le permite vender en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es por ello que ha decidido rifar uno de los cuadros que bordó en punto de cruz durante los meses que estuvo presa. Los cuadros a rifar son siete y el o la ganadora podrá escoger el que más le guste, además de que se le entregará enmarcado. La rifa se hará el 10 de mayo y el costo de boleto (habrá 250 números) es de $50 pesos mexicanos ($5 U.S.Dls).
Más información y el catálogo de las obras en: http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1160, www.mujeresylasexta.org
Y en mujeresyla6a@yahoo.com.mx
ESPAÑA: CAMPAÑA “SIN MUJERES NO ES DEMOCRACIA” ABORDA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE CENTROAMERICANAS
España.- Durante abril y mayo de este año se llevará a cabo la campaña “Sin Mujeres No Es Democracia”, organizada por la ACSUR, SEGOVIAS” agrupación española que se encarga de impulsar la equidad entre hombres y mujeres y seis organizaciones de América Latina, la cual consistirá en difundir las distintas estrategias desarrolladas por las organizaciones de mujeres centroamericanas para la participación política y ciudadana, a través de materiales como trípticos, carteles y pegatinas (calcomanías).
Entre las actividades también se realizarán actividades dirigidas a diversos colectivos como mujeres no organizadas, personas de partidos políticos, en distintas ciudades de España como Madrid, Santiago de Compostela, Santander y Oviedo. La primera charla de sensibilización a mujeres "no organizadas" se hará el próximo miércoles 16 de abril en Madrid
Más información sobre la Campaña en el blog http://sinmujeresnoesdemocracia.wordpress.com o a la página:
http://sinmujeresnoesdemocracia.wordpress.com
PREPARAN EN GUATEMALA ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES
Guatemala.- Desde marzo pasado y hasta julio de este año se realiza el proceso de formación Cívico-Política de Mujeres Lideresas que tiene como objetivo fortalecer las capacidades y habilidades de lideresas indígenas y mujeres rurales pobres, así como a sus respectivas organizaciones en los departamentos seleccionados de Quetzaltenango, Totonicapán e Izabal. La formación consiste en seis módulos presenciales cuyo propósito final es organizar un Encuentro Nacional de Mujeres para intercambiar experiencias y facilitar el establecimiento de alianzas y redes de trabajo para la implementación de políticas públicas.
Con esta capacitación se busca beneficiar a cerca de 80 mujeres en la apropiación de sus derechos y en el fortalecimiento de su liderazgo. Las participantes, además, elaborarán propuestas con otras lideresas en sus comunidades dirigidas a reconocer y ejercer esos derechos, teniendo como herramienta la reciente Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 2008-2023 (PNPDIM). De esta manera, se espera beneficiar de manera indirecta a 500 mujeres de estos departamentos.
La selección de las beneficiarias será hecha por instituciones integradas al Programa Lucha Contra las Exclusiones como la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi), el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (Fodigua) y, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) en el nivel regional.
POSPONEN DECISIÓN SOBRE LEGALIDAD DE LA HUELGA EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA
Hermosillo, Son.- Para el próximo 14 de abril se pospuso la audiencia ordenada por el Juzgado Primero de Distrito para definir si la huelga estallada por el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora STEUS, es o no inexistente como lo determinaron las autoridades laborales, informa desde aquella entidad la corresponsal de Cimacnoticias Silvia Núñez Esquer.
El sindicato paró actividades y tomó las instalaciones de la institución el pasado 3 de abril. De inmediato la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado declaró inexistente la huelga. En respuesta, el STEUS a través de su Secretaria General Dorotea Rascón Gámez, promovió el juicio de amparo 368/2008, logrando la suspensión provisional concedida el 4 de abril por el Juez Primero de Distrito del Estado de Sonora, Raúl Martínez Martínez.
Para informar sobre la huelga, la lideresa del STEUS, Dorotea Rascón, se reunió con estudiantes de la Unison, entre los que se encontraban el Consejero Divisional de Psicología y Comunicación, miembros de la Sociedad de Alumnos de Comunicación, de la Sociedad de Alumnos de Contabilidad, Consejero divisional y Sociedad de Alumnos de Derecho, Sociedad de Alumnos de Químico Biólogo, miembros de Liderazgo Integral y Sociedad de Derecho, entre otros.
MAÑANA SÁBADO, FERIA DEL CONDÓN “JUNTOS POR LA PREVENCIÓN DEL VIH E ITS”, EN GUADALAJARA
Guadalajara, Jal.- Mañana sábado 12 de abril se desarrollará la 5° Feria del Condón “Juntos por la prevención del VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)”, donde habrá pláticas sobre técnicas básicas de negociación sexual del uso del condón con pareja; derechos del consumidor de condones y mercadeo social, y sobre limitaciones de la abstinencia y la fidelidad como estrategias de prevención del VIH/SIDA.
Organizada desde el año 2004 por Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer "Elisa Martínez", condonerías educativas El Encanto del Condón, La Red Mexicana de Trabajo Sexual, el COESIDA Jalisco, así como condones Triángulo, esta jornada es realizada con la finalidad de promover el uso del condón entre las personas y grupos específicos que decidieron tener una vida sexual activa, informó Jaime Montejo de portal informativo Noti.Calle.
La sede del evento, gratuito, será la Plaza Universidad, ubicada en Avenida Juárez y Pedro Moreno, de 11:00 a las 20:00 horas.
CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE JÓVENES RESTRINGE DERECHOS HUMANOS DE GLBTT
Perú.- Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de la Mujer y Desarrollo Social del Congreso de Perú aprobaron la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, con restricciones “interpretativas” respecto al derecho de las personas y comunidades homosexuales a la no discriminación, al derecho a la identidad y personalidad propias, y al derecho a la formación de una familia, denunció el Movimiento Homosexual de Lima (Mhol).
Pareciera, dice el Mhol, que las proximidades de la jerarquía eclesiástica, y su cardenal Juan Luis Cipriani, y el presidente de la República, hoy se hacen extensivas al Congreso de la República, con el beneplácito de los grupos confesionales ultraconservadores presentes en las galerías del Congreso.
Hace algunos meses, el Pleno del Congreso devolvió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de la Mujer el Dictamen que recomendaba la aprobación de la Convención con reservas, para su mayor análisis y sustento. Sin embargo, éstas Comisiones sólo tomaron en cuenta las opiniones técnicas del Ministro de Relaciones Exteriores y de la representante de la Secretaria Nacional de la Juventud, obviando aquellas que fueran formuladas desde sociedad civil.
El actual Congreso de la República, en diversas iniciativas legislativas, ha eliminado sistemáticamente toda mención que considere positivamente los derechos humanos de las personas y comunidades homosexuales, como ocurrió con la Ley que modificó el Artículo 323 del Código Penal, que refiere a las causales de discriminación, o cuando se eliminó el término de orientación sexual en la Ley de Igualdad de Oportunidades.
DEL 16 AL 18 DE ABRIL, FOROS PARA LA INICIATIVA DE LEY DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS DEL EDOMEX
México DF.- Los días 16, 17 y 18 se abril se realizarán Foros regionales de consulta para la elaboración de la iniciativa de Ley de protección a los periodistas del Estado de México, en las siguientes sedes: Universidad Autónoma del Estado de México, plantel Neza; Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, Plantel Acatlán, y Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca.
Estos debates convocados por la LVI Legislatura del Estado de México tratarán las temáticas: Ética periodística, Profesionalización del periodista, Derechos y obligaciones del periodista, Agresiones a periodistas y Responsabilidad social y civil del periodista.
08/STJ/GG
Redactó Susana Trejo de Jesús
SUBASTA EN APOYO A MAGDALENA GARCÍA, EX PRESA DE CONCIENCIA POR HECHOS DE ATENCO
México DF.- La Asociación Civil Desde Abajo invita a participar en una campaña de apoyo solidario con doña Magdalena García Durán, quien estuvo presa durante más de un año a partir de mayo de 2006 y fue declarada presa de conciencia del Gobierno Mexicano por Amnistía Internacional. Es una de las 206 personas que fueron detenidas, violentadas y golpeadas salvajemente por la Policía Federal Preventiva durante la agresión al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006.
Desde que salió de prisión hace seis meses, doña Magdalena no ha podido trabajar porque ya no se le permite vender en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es por ello que ha decidido rifar uno de los cuadros que bordó en punto de cruz durante los meses que estuvo presa. Los cuadros a rifar son siete y el o la ganadora podrá escoger el que más le guste, además de que se le entregará enmarcado. La rifa se hará el 10 de mayo y el costo de boleto (habrá 250 números) es de $50 pesos mexicanos ($5 U.S.Dls).
Más información y el catálogo de las obras en: http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1160, www.mujeresylasexta.org
Y en mujeresyla6a@yahoo.com.mx
ESPAÑA: CAMPAÑA “SIN MUJERES NO ES DEMOCRACIA” ABORDA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE CENTROAMERICANAS
España.- Durante abril y mayo de este año se llevará a cabo la campaña “Sin Mujeres No Es Democracia”, organizada por la ACSUR, SEGOVIAS” agrupación española que se encarga de impulsar la equidad entre hombres y mujeres y seis organizaciones de América Latina, la cual consistirá en difundir las distintas estrategias desarrolladas por las organizaciones de mujeres centroamericanas para la participación política y ciudadana, a través de materiales como trípticos, carteles y pegatinas (calcomanías).
Entre las actividades también se realizarán actividades dirigidas a diversos colectivos como mujeres no organizadas, personas de partidos políticos, en distintas ciudades de España como Madrid, Santiago de Compostela, Santander y Oviedo. La primera charla de sensibilización a mujeres "no organizadas" se hará el próximo miércoles 16 de abril en Madrid
Más información sobre la Campaña en el blog http://sinmujeresnoesdemocracia.wordpress.com o a la página:
http://sinmujeresnoesdemocracia.wordpress.com
PREPARAN EN GUATEMALA ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES
Guatemala.- Desde marzo pasado y hasta julio de este año se realiza el proceso de formación Cívico-Política de Mujeres Lideresas que tiene como objetivo fortalecer las capacidades y habilidades de lideresas indígenas y mujeres rurales pobres, así como a sus respectivas organizaciones en los departamentos seleccionados de Quetzaltenango, Totonicapán e Izabal. La formación consiste en seis módulos presenciales cuyo propósito final es organizar un Encuentro Nacional de Mujeres para intercambiar experiencias y facilitar el establecimiento de alianzas y redes de trabajo para la implementación de políticas públicas.
Con esta capacitación se busca beneficiar a cerca de 80 mujeres en la apropiación de sus derechos y en el fortalecimiento de su liderazgo. Las participantes, además, elaborarán propuestas con otras lideresas en sus comunidades dirigidas a reconocer y ejercer esos derechos, teniendo como herramienta la reciente Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 2008-2023 (PNPDIM). De esta manera, se espera beneficiar de manera indirecta a 500 mujeres de estos departamentos.
La selección de las beneficiarias será hecha por instituciones integradas al Programa Lucha Contra las Exclusiones como la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi), el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (Fodigua) y, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) en el nivel regional.
POSPONEN DECISIÓN SOBRE LEGALIDAD DE LA HUELGA EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA
Hermosillo, Son.- Para el próximo 14 de abril se pospuso la audiencia ordenada por el Juzgado Primero de Distrito para definir si la huelga estallada por el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora STEUS, es o no inexistente como lo determinaron las autoridades laborales, informa desde aquella entidad la corresponsal de Cimacnoticias Silvia Núñez Esquer.
El sindicato paró actividades y tomó las instalaciones de la institución el pasado 3 de abril. De inmediato la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado declaró inexistente la huelga. En respuesta, el STEUS a través de su Secretaria General Dorotea Rascón Gámez, promovió el juicio de amparo 368/2008, logrando la suspensión provisional concedida el 4 de abril por el Juez Primero de Distrito del Estado de Sonora, Raúl Martínez Martínez.
Para informar sobre la huelga, la lideresa del STEUS, Dorotea Rascón, se reunió con estudiantes de la Unison, entre los que se encontraban el Consejero Divisional de Psicología y Comunicación, miembros de la Sociedad de Alumnos de Comunicación, de la Sociedad de Alumnos de Contabilidad, Consejero divisional y Sociedad de Alumnos de Derecho, Sociedad de Alumnos de Químico Biólogo, miembros de Liderazgo Integral y Sociedad de Derecho, entre otros.
MAÑANA SÁBADO, FERIA DEL CONDÓN “JUNTOS POR LA PREVENCIÓN DEL VIH E ITS”, EN GUADALAJARA
Guadalajara, Jal.- Mañana sábado 12 de abril se desarrollará la 5° Feria del Condón “Juntos por la prevención del VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)”, donde habrá pláticas sobre técnicas básicas de negociación sexual del uso del condón con pareja; derechos del consumidor de condones y mercadeo social, y sobre limitaciones de la abstinencia y la fidelidad como estrategias de prevención del VIH/SIDA.
Organizada desde el año 2004 por Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer "Elisa Martínez", condonerías educativas El Encanto del Condón, La Red Mexicana de Trabajo Sexual, el COESIDA Jalisco, así como condones Triángulo, esta jornada es realizada con la finalidad de promover el uso del condón entre las personas y grupos específicos que decidieron tener una vida sexual activa, informó Jaime Montejo de portal informativo Noti.Calle.
La sede del evento, gratuito, será la Plaza Universidad, ubicada en Avenida Juárez y Pedro Moreno, de 11:00 a las 20:00 horas.
CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE JÓVENES RESTRINGE DERECHOS HUMANOS DE GLBTT
Perú.- Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de la Mujer y Desarrollo Social del Congreso de Perú aprobaron la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, con restricciones “interpretativas” respecto al derecho de las personas y comunidades homosexuales a la no discriminación, al derecho a la identidad y personalidad propias, y al derecho a la formación de una familia, denunció el Movimiento Homosexual de Lima (Mhol).
Pareciera, dice el Mhol, que las proximidades de la jerarquía eclesiástica, y su cardenal Juan Luis Cipriani, y el presidente de la República, hoy se hacen extensivas al Congreso de la República, con el beneplácito de los grupos confesionales ultraconservadores presentes en las galerías del Congreso.
Hace algunos meses, el Pleno del Congreso devolvió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de la Mujer el Dictamen que recomendaba la aprobación de la Convención con reservas, para su mayor análisis y sustento. Sin embargo, éstas Comisiones sólo tomaron en cuenta las opiniones técnicas del Ministro de Relaciones Exteriores y de la representante de la Secretaria Nacional de la Juventud, obviando aquellas que fueran formuladas desde sociedad civil.
El actual Congreso de la República, en diversas iniciativas legislativas, ha eliminado sistemáticamente toda mención que considere positivamente los derechos humanos de las personas y comunidades homosexuales, como ocurrió con la Ley que modificó el Artículo 323 del Código Penal, que refiere a las causales de discriminación, o cuando se eliminó el término de orientación sexual en la Ley de Igualdad de Oportunidades.
DEL 16 AL 18 DE ABRIL, FOROS PARA LA INICIATIVA DE LEY DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS DEL EDOMEX
México DF.- Los días 16, 17 y 18 se abril se realizarán Foros regionales de consulta para la elaboración de la iniciativa de Ley de protección a los periodistas del Estado de México, en las siguientes sedes: Universidad Autónoma del Estado de México, plantel Neza; Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, Plantel Acatlán, y Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca.
Estos debates convocados por la LVI Legislatura del Estado de México tratarán las temáticas: Ética periodística, Profesionalización del periodista, Derechos y obligaciones del periodista, Agresiones a periodistas y Responsabilidad social y civil del periodista.
08/STJ/GG
Rafael Correa, presidente de Ecuador, visita este país
Teme familia Morett que Lucía sea detenida en México
Por Gladis Torres Ruiz
México DF, 11 abril 08 (CIMAC).- La mexicana Lucía Andrea Morett continúa sin retornar a su país, cuarenta días después de que resultó herida en el bombardeo realizado por Ejército colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador, donde murieron otros 4 connacionales. Mientras tanto, Rafael Correa, presidente de Ecuador, se encuentra en México en visita oficial.
Al abandonar el hospital militar de Quito, en el que permaneció por más de un mes, la estudiante mexicana señaló a los medios de comunicación: “Soy una victima más del terrosismo de Estado colombiano, sobreviví a dos bombardeos y a las balas que por la espalda disparaba el Ejército a las y los heridos. He salvado mi vida gracias a Ecuador”.
Reiteró que su presencia en campamento del las FARC no se debió a que tuviera algún vínculo con este grupo, sino por motivos académicos, por lo que no quiere ser procesada por narcotráfico o terrorismo en Colombia, México o en Estados Unidos.Ante las pretensiones del gobierno colombiano de extraditarla para iniciarle una causa penal, la mujer pidió al Gobierno de Ecuador no ceder a las presiones del Gobierno de Colombia.
Lucía Morett envió la semana pasada una carta a la chancillería mexicana, pidiendo garantías a su vida y su libertad, para poder regresar a México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dio respuesta señalando que las garantías constitucionales de Lucía se encuentran cabalmente salvaguardadas.
En comunicado de prensa, la SRE señala que las acciones de las autoridades mexicanas seguirán dándose con pleno apego a derecho, así como el compromiso del Gobierno de México con la protección de los derechos humanos de Lucía, “dentro de los que se encuentra el de garantizar su libertad de tránsito para ingresar y salir del país cuando así lo desee conforme lo dispone nuestro orden jurídico”.
Trascendió en la prensa nacional e internacional que Lucía fue interrogada el martes y miércoles de esta semana en el Hospital Militar, donde se encontraba, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía General del Estado de Ecuador, pero hasta el momento, y a decir del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, no se ha determinado si se le radicarían cargos penales o si es sospechosa de algún delito, señala el periódico el Universal de México.
En declaraciones a Notimex, Jorge Morett, padre de Lucía, afirmó que “no hay condiciones en México para garantizar ni la integridad física, ni la vida y ni siquiera la libertad de Lucía. Tememos que sea detenida por la PGR”. Señaló que ésta abrió una averiguación previa en contra de Lucía, en donde se le señala como “presunta responsable de cometer delitos como asociación delictuosa, delitos contra la salud y trafico de armas”.
Esta semana Lucía Morett solicitó a acogerse a un programa de protección de victimas de la Fiscalía Ecuatoriana. En tanto que su madre y padre pidieron al presidente Rafael Correa, en ocasión de su vista a México, hacer una recomendación a Felipe Calderón para que sus demandas sean atendidas y sea congruente con la defensa de las y los mexicanos en el extranjero.
Teme familia Morett que Lucía sea detenida en México
Por Gladis Torres Ruiz
México DF, 11 abril 08 (CIMAC).- La mexicana Lucía Andrea Morett continúa sin retornar a su país, cuarenta días después de que resultó herida en el bombardeo realizado por Ejército colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador, donde murieron otros 4 connacionales. Mientras tanto, Rafael Correa, presidente de Ecuador, se encuentra en México en visita oficial.
Al abandonar el hospital militar de Quito, en el que permaneció por más de un mes, la estudiante mexicana señaló a los medios de comunicación: “Soy una victima más del terrosismo de Estado colombiano, sobreviví a dos bombardeos y a las balas que por la espalda disparaba el Ejército a las y los heridos. He salvado mi vida gracias a Ecuador”.
Reiteró que su presencia en campamento del las FARC no se debió a que tuviera algún vínculo con este grupo, sino por motivos académicos, por lo que no quiere ser procesada por narcotráfico o terrorismo en Colombia, México o en Estados Unidos.Ante las pretensiones del gobierno colombiano de extraditarla para iniciarle una causa penal, la mujer pidió al Gobierno de Ecuador no ceder a las presiones del Gobierno de Colombia.
Lucía Morett envió la semana pasada una carta a la chancillería mexicana, pidiendo garantías a su vida y su libertad, para poder regresar a México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dio respuesta señalando que las garantías constitucionales de Lucía se encuentran cabalmente salvaguardadas.
En comunicado de prensa, la SRE señala que las acciones de las autoridades mexicanas seguirán dándose con pleno apego a derecho, así como el compromiso del Gobierno de México con la protección de los derechos humanos de Lucía, “dentro de los que se encuentra el de garantizar su libertad de tránsito para ingresar y salir del país cuando así lo desee conforme lo dispone nuestro orden jurídico”.
Trascendió en la prensa nacional e internacional que Lucía fue interrogada el martes y miércoles de esta semana en el Hospital Militar, donde se encontraba, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía General del Estado de Ecuador, pero hasta el momento, y a decir del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, no se ha determinado si se le radicarían cargos penales o si es sospechosa de algún delito, señala el periódico el Universal de México.
En declaraciones a Notimex, Jorge Morett, padre de Lucía, afirmó que “no hay condiciones en México para garantizar ni la integridad física, ni la vida y ni siquiera la libertad de Lucía. Tememos que sea detenida por la PGR”. Señaló que ésta abrió una averiguación previa en contra de Lucía, en donde se le señala como “presunta responsable de cometer delitos como asociación delictuosa, delitos contra la salud y trafico de armas”.
Esta semana Lucía Morett solicitó a acogerse a un programa de protección de victimas de la Fiscalía Ecuatoriana. En tanto que su madre y padre pidieron al presidente Rafael Correa, en ocasión de su vista a México, hacer una recomendación a Felipe Calderón para que sus demandas sean atendidas y sea congruente con la defensa de las y los mexicanos en el extranjero.
EL ATAQUE
El ataque donde resultó herida Lucía Morett ocurrió el 1 de marzo de este año, cuando el Ejército colombiano atacó en territorio ecuatoriano un campamento de las FARC. Murieron 24 personas, entre ellas 4 mexicanos, estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Al ataque sobrevivieron la mexicana Lucía Moret y las colombianas Martha Pérez y Doris Bohórquez.Este hecho, afirma el Taller Básico de Monitores de Derechos Humanos, pone de manifiesto el desprecio que el Gobierno de Álvaro Uribe, con apoyo del Gobierno de Estados Unidos, tiene por la vida y por la paz. Y tal crimen no solo atentó contra la vida de 24 personas, sino contra el acuerdo humanitario, la liberación de rehenes, la apertura de procesos de paz y distensión en Colombia y amenaza fuertemente la seguridad de la región de América Latina.
El ataque militar, asegura, se ejecutó actuando con premeditación, alevosía y ventaja, masacrando a personas de la población civil. Por lo menos cinco mexicanos fueron víctimas durante los hechos: Verónica Natalia Velásquez Ramírez, Fernando Franco Delgado, Juan González de Castillo y Lucía Andrea Morett Álvarez, estudiantes de la UNAM, así como Zoren Ulises, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes se encontraban dormidos cuando ocurrió la masacre.
CORREA EN MEXICO En este contexto el presidente de Ecuador, Rafael Correa, llegó este jueves en una visita oficial de tres días a México. A su arribo señaló a los medios de comunicación que llega con la confianza de que este país y toda Latinoamérica eliminen las visas de ingreso, como su Gobierno decidió hacerlo con los mexicanos.
La cancillería ecuatoriana señaló que para fortalecer las relaciones bilaterales, así como facilitar el comercio y el turismo entre los dos países y en aplicación al principio de libre circulación de las personas, Correa dispuso la supresión del visado para las y los ciudadanos de México que ingresen al Ecuador en calidad de turistas.
El mandatario ecuatoriano permanecerá en el país hasta el día de mañana y, entre otras actividades, se reunirá con Secretarios de Estado mexicanos, ofrecerá una conferencia y recibirá una condecoración en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La delegación ecuatoriana está conformada por la ministra de Relaciones Exteriores, María Isabel Salvador; de Gobierno, Fernando Bustamante; de Cultura, Galo Mora; Coordinador de Política, Ricardo Patiño; de Educación, Raúl Vallejo; de Deporte, Raúl Carrión y el de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga.
08/GT/GG
Enfoque de género y diversidad sexual, sus ejes
Presenta OSC modelo integral para atender salud mental
Por Sandra Torres Pastrana
México, DF, 11 abril 08(CIMAC).- Los efectos de las enfermedades emocionales y mentales, en mujeres y hombres, deben ser atendidos de manera integral, con un enfoque de género y desde la diversidad sexual.
Así lo consideró la directora del Centro de Salud Mental y Género de México (Cenapsig), Alejandra Buggs, durante el foro Realidades de la salud mental con enfoque de género y diversidad, que se llevó a cabo en esta ciudad el miércoles pasado y donde expuso el modelo de atención en salud mental de esta organización de la sociedad civil (OSC).
“Una propuesta diferente”, en su opinión, que esta OSC ha construido en una experiencia que lleva ya 8 años.
El modelo tiene dos ejes fundamentales, según Buggs, el enfoque de género y la diversidad sexual, el cual al “romper con las estructuras tradicionales de atención” ha consolidado su trabajo con la recepción de más de 2 mil 518 llamadas telefónicas por año y una labor periódica a través de grupos llamados “círculos de conversación psicoterapéutica” que se reúnen en 6 centros, distribuidos en varios puntos de la zona conurbada de la Ciudad de México.
Estos centros han transformado la terapia tradicional a través de permitir que el consultante tenga como primer contacto al terapeuta, permitiéndole crear un vínculo de respeto y sensibilidad que rompe con las estructura terapéuticas tradicionales, señaló.
Expuso Buggs que “como es bien sabido el género habla de las construcciones no sólo sociales y culturales, sino también psicológicas que se han impuesto a las diferencias biológicas. Estas normas se trasmiten a través de diferentes sistemas, como son la familia, la religión, la escuela, entre otras”.
La propuesta del centro de salud mental y género, en su segundo eje --la diversidad sexual y erótica-- trabaja a base de respeto y apertura que permite un modo de abordaje psicoterapéutico reconociendo las diversas formas de vivir, ejercer y disfrutar la sexualidad.
Para Buggs, esta visión diferente no es fácil de adquirir ya que implica un cuestionamiento en primer plano como personas y después como profesionales, “el impacto que se genera en el transcurso de nuestra vida con las vivencias de desigualdad entre los géneros, así mismo como revisar lo que sucede en nuestra sexualidad”.
Explicó que incorporar éste modelo de Atención Integral a la Salud Mental, propuesta por el Centro de Salud Mental y Género de México, “impide que se corra el riego que el sexismo domine en el proceso terapéutico y que por consecuencia tenga un efecto limitante sobre el mismo, así se rompe con los estereotipos más perjudiciales que están relacionados con la homofonía, los roles sexuales, étnicos y de clase”.
ENCUESTA
Las diferencias de género aparecen en particular en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud sobre trastornos mentales comunes depresión, ansiedad y quejas somáticas, trastornos que predominan en las mujeres afectando aproximadamente a 1 de cada 3 en la comunidad y constituye un serio problema para la salud pública.
Estudios realizados por el Centro de Salud Mental se corrobora mucho de lo que la OMS plantea, expuso Buggs en el foro, lo que hace que el foco rojo se convierta en una “señal de alarma” que debe de ser atendida de manera integral para reducir lo efectos de las enfermedades emocionales y mentales de mujeres y hombres.
Una encuesta realizada por el Cenapsig revela que los motivos de consulta más frecuentes entre las mujeres es la depresión (28 por ciento), conflictos de pareja (21 por ciento) y baja autoestima (14 por ciento).
En cuanto a los hombres, aún cuando la depresión ocupa el primer lugar, el porcentaje es distinto: 44 por ciento, le sigue conflictos de pareja (28 por ciento) y crisis existencial (20 por ciento).
Mientras las mujeres presentan problemas de alcoholismo en un 8 por ciento, en los hombres es del 26 por ciento.
En cuanto a los antecedentes de abuso sexual, la encuesta indica que en las mujeres el índice es de 33 por ciento y en hombres un 13 por ciento.
Así mismo en cuanto a las orientaciones erótica afectiva las parejas heterosexuales son las que más acuden a consulta (73 por ciento) y en un mínimo las parejas del mismo sexo (mujeres 24 por ciento y hombres 18 por ciento).
LA UTOPÍA
“Nuestro modelo de atención intenta convertirse en un granito de arena más para contribuir en la creación de esa utopía concreta”, señaló Buggs.
E hizo, por último, una pregunta al público que asistió al foro: “¿Estaremos ya en el camino de esa utopía robinsoniana en donde las líneas fundamentales son el marco de un tipo de sociedad solidaria, equitativa, justa, respetuosa donde las personas sean elementos fundamentales se la trascendencia social?”.
08/ST/CV
Por Sandra Torres Pastrana
México, DF, 11 abril 08(CIMAC).- Los efectos de las enfermedades emocionales y mentales, en mujeres y hombres, deben ser atendidos de manera integral, con un enfoque de género y desde la diversidad sexual.
Así lo consideró la directora del Centro de Salud Mental y Género de México (Cenapsig), Alejandra Buggs, durante el foro Realidades de la salud mental con enfoque de género y diversidad, que se llevó a cabo en esta ciudad el miércoles pasado y donde expuso el modelo de atención en salud mental de esta organización de la sociedad civil (OSC).
“Una propuesta diferente”, en su opinión, que esta OSC ha construido en una experiencia que lleva ya 8 años.
El modelo tiene dos ejes fundamentales, según Buggs, el enfoque de género y la diversidad sexual, el cual al “romper con las estructuras tradicionales de atención” ha consolidado su trabajo con la recepción de más de 2 mil 518 llamadas telefónicas por año y una labor periódica a través de grupos llamados “círculos de conversación psicoterapéutica” que se reúnen en 6 centros, distribuidos en varios puntos de la zona conurbada de la Ciudad de México.
Estos centros han transformado la terapia tradicional a través de permitir que el consultante tenga como primer contacto al terapeuta, permitiéndole crear un vínculo de respeto y sensibilidad que rompe con las estructura terapéuticas tradicionales, señaló.
Expuso Buggs que “como es bien sabido el género habla de las construcciones no sólo sociales y culturales, sino también psicológicas que se han impuesto a las diferencias biológicas. Estas normas se trasmiten a través de diferentes sistemas, como son la familia, la religión, la escuela, entre otras”.
La propuesta del centro de salud mental y género, en su segundo eje --la diversidad sexual y erótica-- trabaja a base de respeto y apertura que permite un modo de abordaje psicoterapéutico reconociendo las diversas formas de vivir, ejercer y disfrutar la sexualidad.
Para Buggs, esta visión diferente no es fácil de adquirir ya que implica un cuestionamiento en primer plano como personas y después como profesionales, “el impacto que se genera en el transcurso de nuestra vida con las vivencias de desigualdad entre los géneros, así mismo como revisar lo que sucede en nuestra sexualidad”.
Explicó que incorporar éste modelo de Atención Integral a la Salud Mental, propuesta por el Centro de Salud Mental y Género de México, “impide que se corra el riego que el sexismo domine en el proceso terapéutico y que por consecuencia tenga un efecto limitante sobre el mismo, así se rompe con los estereotipos más perjudiciales que están relacionados con la homofonía, los roles sexuales, étnicos y de clase”.
ENCUESTA
Las diferencias de género aparecen en particular en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud sobre trastornos mentales comunes depresión, ansiedad y quejas somáticas, trastornos que predominan en las mujeres afectando aproximadamente a 1 de cada 3 en la comunidad y constituye un serio problema para la salud pública.
Estudios realizados por el Centro de Salud Mental se corrobora mucho de lo que la OMS plantea, expuso Buggs en el foro, lo que hace que el foco rojo se convierta en una “señal de alarma” que debe de ser atendida de manera integral para reducir lo efectos de las enfermedades emocionales y mentales de mujeres y hombres.
Una encuesta realizada por el Cenapsig revela que los motivos de consulta más frecuentes entre las mujeres es la depresión (28 por ciento), conflictos de pareja (21 por ciento) y baja autoestima (14 por ciento).
En cuanto a los hombres, aún cuando la depresión ocupa el primer lugar, el porcentaje es distinto: 44 por ciento, le sigue conflictos de pareja (28 por ciento) y crisis existencial (20 por ciento).
Mientras las mujeres presentan problemas de alcoholismo en un 8 por ciento, en los hombres es del 26 por ciento.
En cuanto a los antecedentes de abuso sexual, la encuesta indica que en las mujeres el índice es de 33 por ciento y en hombres un 13 por ciento.
Así mismo en cuanto a las orientaciones erótica afectiva las parejas heterosexuales son las que más acuden a consulta (73 por ciento) y en un mínimo las parejas del mismo sexo (mujeres 24 por ciento y hombres 18 por ciento).
LA UTOPÍA
“Nuestro modelo de atención intenta convertirse en un granito de arena más para contribuir en la creación de esa utopía concreta”, señaló Buggs.
E hizo, por último, una pregunta al público que asistió al foro: “¿Estaremos ya en el camino de esa utopía robinsoniana en donde las líneas fundamentales son el marco de un tipo de sociedad solidaria, equitativa, justa, respetuosa donde las personas sean elementos fundamentales se la trascendencia social?”.
08/ST/CV
Prensa del sabado 12..
PORTADAS EL UNIVERSAL: “PEJISTAS” VAN CONTRA MEDIOS EXCÉLSIOR: DEBATE… AL ESTILO PRD MILENIO: ASALTAN LOS PEJISTAS EL CONGRESO LA JORNADA: SE FRACTURA EL ACUERDO PRI-PAN LA CRÓNICA: 68% CONDENA ACTOS DE RESISTENCIA A LA REFORMA
Por unafuente.com
EL UNIVERSAL: “PEJISTAS” VAN CONTRA MEDIOSLegisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) condenaron el trato que los medios de comunicación, principalmente los electrónicos, hicieron de la toma de las tribunas del Senado y de la Cámara de Diputados. Anunciaron que recurrirán a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión para exigir el derecho de réplica en los noticiarios cuyos conductores utilizaron algún adjetivo en contra de su estrategia de resistencia a la reforma energética. VER NOTA COMPLETA
EXCÉLSIOR: RECHAZA 72% TOMA DEL PRDLos resultados de una encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior, efectuada entre el 10 y 11 de abril, muestran un significativo apoyo a la iniciativa de reforma energética del presidente Felipe Calderón Hinojosa y un contundente rechazo a la toma de tribunas por parte de legisladores del Frente Amplio Progresista en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. VER NOTA COMPLETA
MILENIO: LOS PEJISTAS IRÁN ADONDE SESIONE EL CONGRESOLas fracciones de PAN y PRI en la Cámara de Diputados anticiparon la posibilidad de sesionar el próximo martes en un recinto alterno si los legisladores del Frente Amplio Progresista no han liberado para entonces la tribuna parlamentaria, aunque Nueva Alianza no descartó el desalojo mediante la fuerza pública. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA: SE FRACTURA EL ACUERDO PRI-PANPese a la crisis que se registra en el Congreso, la dirigencia nacional del PAN aseguró ayer que la reforma energética seguirá su curso y se concretará en los tiempos y condiciones que acuerde la mayoría de los diputados y senadores. Acción Nacional puntualizó además que impulsará el trámite parlamentario de la enmienda con estricto apego a la legislación vigente. VER NOTA COMPLETA
LA CRÓNICA: 68% CONDENA ACTOS DE RESISTENCIA A LA REFORMASiete de cada diez mexicanos desaprueban que se impida, mediante movilizaciones, la discusión de la reforma energética en el Congreso. Dos de cada diez lo aprueban, y el diez por ciento restante no tiene opinión, según la encuesta nacional telefónica de GEA/ISA, realizada el pasado jueves 10 de abril. VER NOTA COMPLETA
Editorial La Jornada.
Aborto: reacción e intolerancia
Los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, defendieron ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los recursos de inconstitucionalidad que interpusieron ante el máximo tribunal por las reformas legales que despenalizan el aborto en el Distrito Federal cuando éste se practica en las primeras 12 semanas de gestación.
Al margen de las posturas morales con respecto al tema, que ciertamente es polémico, es indudable que las condiciones de clandestinidad y descontrol en las que se realizaban los abortos antes de la aprobación de las reformas referidas constituyeron durante mucho tiempo un gravísimo problema de salud pública, que se tradujo en miles de muertes de mujeres pertenecientes, por lo regular, a los estratos sociales más bajos. Ante ello resultaba impostergable, por elementales razones sociales y humanitarias, adecuar el marco legal de esta capital para asegurar que quienes decidieran interrumpir su embarazo lo hicieran en condiciones adecuadas. Con este telón de fondo, la decisión de la PGR y la CNDH de presentar una controversia constitucional contra las reformas sobre el aborto sólo puede entenderse, más que como una defensa de la vida, como un intento de imponer convicciones reaccionarias, fanáticas e intolerantes, de espaldas al órgano legislativo del Distrito Federal y al bienestar de la sociedad: es de suponer que si los recursos interpuestos por estas instituciones prosperaran, miles de capitalinas se verían obligadas a acudir –como ocurría antes de la despenalización– a la práctica de abortos clandestinos en condiciones insalubres y peligrosas, con lo que se les estaría colocando en peligro de muerte.
En la actualidad, tanto la PGR como la CNDH acusan un severo desprestigio en lo que toca al correcto desempeño de sus funciones. Durante los últimos sexenios, la primera ha fungido en ocasiones como instrumento para golpear a las oposiciones políticas y sociales, y como comparsa para exculpar a funcionarios o allegados de los gobiernos en turno sospechosos de enriquecerse a costa del erario. La anacrónica postura que ensayó ayer el titular de esa dependencia revela más su carácter conservador que su compromiso efectivo con la legalidad y el estado de derecho.
De su lado, la CNDH se encuentra sumida, desde hace meses, en un creciente descrédito a causa de la actitud errática que ha exhibido en asuntos que constituyen claras violaciones a las garantías individuales: baste con mencionar su intervención tardía en el contexto de los conflictos de Texcoco-Atenco y Oaxaca, y su inverosímil diagnóstico –al unísono con el del titular del Ejecutivo federal– sobre la muerte de Ernestina Ascensión Rosario: “gastritis crónica mal atendida”, aun cuando los testimonios de familiares, vecinos y autoridades estatales sugerían que la anciana había sufrido una brutal agresión sexual por parte de efectivos del Ejército. Por tanto, sería deseable que los titulares de ambas instituciones se dedicaran a corregir las deficiencias que éstas acusan en el desempeño de sus funciones antes de atacar una normativa que responde a necesidades reales de la sociedad, como lo es la despenalización del aborto.
La SCJN tiene ante sí la oportunidad de revertir en alguna medida el deterioro de su propia imagen ante el conjunto de la opinión pública –agravado severamente con la ominosa resolución por el caso de la periodista Lydia Cacho–, así como la crisis de credibilidad que padece el conjunto de las instituciones políticas en el país. El organismo debe analizar detenidamente a qué acabará por darle mayor peso: si a la voluntad de la mayoría de los habitantes de esta capital –que se reflejó en un proceso legislativo ejemplar, plural y orientado a resolver un problema de salud pública– o a posturas reaccionarias, intolerantes e insensibles.
Por unafuente.com
EL UNIVERSAL: “PEJISTAS” VAN CONTRA MEDIOSLegisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) condenaron el trato que los medios de comunicación, principalmente los electrónicos, hicieron de la toma de las tribunas del Senado y de la Cámara de Diputados. Anunciaron que recurrirán a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión para exigir el derecho de réplica en los noticiarios cuyos conductores utilizaron algún adjetivo en contra de su estrategia de resistencia a la reforma energética. VER NOTA COMPLETA
EXCÉLSIOR: RECHAZA 72% TOMA DEL PRDLos resultados de una encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior, efectuada entre el 10 y 11 de abril, muestran un significativo apoyo a la iniciativa de reforma energética del presidente Felipe Calderón Hinojosa y un contundente rechazo a la toma de tribunas por parte de legisladores del Frente Amplio Progresista en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. VER NOTA COMPLETA
MILENIO: LOS PEJISTAS IRÁN ADONDE SESIONE EL CONGRESOLas fracciones de PAN y PRI en la Cámara de Diputados anticiparon la posibilidad de sesionar el próximo martes en un recinto alterno si los legisladores del Frente Amplio Progresista no han liberado para entonces la tribuna parlamentaria, aunque Nueva Alianza no descartó el desalojo mediante la fuerza pública. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA: SE FRACTURA EL ACUERDO PRI-PANPese a la crisis que se registra en el Congreso, la dirigencia nacional del PAN aseguró ayer que la reforma energética seguirá su curso y se concretará en los tiempos y condiciones que acuerde la mayoría de los diputados y senadores. Acción Nacional puntualizó además que impulsará el trámite parlamentario de la enmienda con estricto apego a la legislación vigente. VER NOTA COMPLETA
LA CRÓNICA: 68% CONDENA ACTOS DE RESISTENCIA A LA REFORMASiete de cada diez mexicanos desaprueban que se impida, mediante movilizaciones, la discusión de la reforma energética en el Congreso. Dos de cada diez lo aprueban, y el diez por ciento restante no tiene opinión, según la encuesta nacional telefónica de GEA/ISA, realizada el pasado jueves 10 de abril. VER NOTA COMPLETA
Editorial La Jornada.
Aborto: reacción e intolerancia
Los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, defendieron ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los recursos de inconstitucionalidad que interpusieron ante el máximo tribunal por las reformas legales que despenalizan el aborto en el Distrito Federal cuando éste se practica en las primeras 12 semanas de gestación.
Al margen de las posturas morales con respecto al tema, que ciertamente es polémico, es indudable que las condiciones de clandestinidad y descontrol en las que se realizaban los abortos antes de la aprobación de las reformas referidas constituyeron durante mucho tiempo un gravísimo problema de salud pública, que se tradujo en miles de muertes de mujeres pertenecientes, por lo regular, a los estratos sociales más bajos. Ante ello resultaba impostergable, por elementales razones sociales y humanitarias, adecuar el marco legal de esta capital para asegurar que quienes decidieran interrumpir su embarazo lo hicieran en condiciones adecuadas. Con este telón de fondo, la decisión de la PGR y la CNDH de presentar una controversia constitucional contra las reformas sobre el aborto sólo puede entenderse, más que como una defensa de la vida, como un intento de imponer convicciones reaccionarias, fanáticas e intolerantes, de espaldas al órgano legislativo del Distrito Federal y al bienestar de la sociedad: es de suponer que si los recursos interpuestos por estas instituciones prosperaran, miles de capitalinas se verían obligadas a acudir –como ocurría antes de la despenalización– a la práctica de abortos clandestinos en condiciones insalubres y peligrosas, con lo que se les estaría colocando en peligro de muerte.
En la actualidad, tanto la PGR como la CNDH acusan un severo desprestigio en lo que toca al correcto desempeño de sus funciones. Durante los últimos sexenios, la primera ha fungido en ocasiones como instrumento para golpear a las oposiciones políticas y sociales, y como comparsa para exculpar a funcionarios o allegados de los gobiernos en turno sospechosos de enriquecerse a costa del erario. La anacrónica postura que ensayó ayer el titular de esa dependencia revela más su carácter conservador que su compromiso efectivo con la legalidad y el estado de derecho.
De su lado, la CNDH se encuentra sumida, desde hace meses, en un creciente descrédito a causa de la actitud errática que ha exhibido en asuntos que constituyen claras violaciones a las garantías individuales: baste con mencionar su intervención tardía en el contexto de los conflictos de Texcoco-Atenco y Oaxaca, y su inverosímil diagnóstico –al unísono con el del titular del Ejecutivo federal– sobre la muerte de Ernestina Ascensión Rosario: “gastritis crónica mal atendida”, aun cuando los testimonios de familiares, vecinos y autoridades estatales sugerían que la anciana había sufrido una brutal agresión sexual por parte de efectivos del Ejército. Por tanto, sería deseable que los titulares de ambas instituciones se dedicaran a corregir las deficiencias que éstas acusan en el desempeño de sus funciones antes de atacar una normativa que responde a necesidades reales de la sociedad, como lo es la despenalización del aborto.
La SCJN tiene ante sí la oportunidad de revertir en alguna medida el deterioro de su propia imagen ante el conjunto de la opinión pública –agravado severamente con la ominosa resolución por el caso de la periodista Lydia Cacho–, así como la crisis de credibilidad que padece el conjunto de las instituciones políticas en el país. El organismo debe analizar detenidamente a qué acabará por darle mayor peso: si a la voluntad de la mayoría de los habitantes de esta capital –que se reflejó en un proceso legislativo ejemplar, plural y orientado a resolver un problema de salud pública– o a posturas reaccionarias, intolerantes e insensibles.
Se fractura el acuerdo PRI-PAN
Insuficiente, el tiempo del periodo de sesiones: priístas
Insuficiente, el tiempo del periodo de sesiones: priístas
Se harán los cambios necesarios y se rechazará lo que vaya contra la nación, advierte
En encerrona, el PRI decide que el plan de Calderón requiere análisis exhaustivo
■ Los 17 días restantes del actual periodo ordinario son insuficientes para analizar el futuro de Pemex
No al debate, dice el blanquiazul; exige desalojo de tribunas
Cita Beltrones para el lunes a la Junta de Coordinación Política
"Aquí nos quedamos", advierte en las cámaras el FAP
Adelitas demandan a Televisa tiempos y derecho de réplica
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La réplica es un derecho social, plantean las adelitas a Televisa
■ Mujeres defensoras del petróleo protestan en carta a Azcárraga por manejo de información sobre Pemex
Durante una manifestación, las Brigadas de Mujeres en Defensa del Petróleo entregaron una carta en las instalaciones de Televisa para demandar derecho de réplica. A continuación el texto íntegro.
Emilio Azcárraga Jean
Presidente de Grupo Televisa
Presente
El proyecto de reforma que el gobierno federal presentó esta semana en la Cámara de Senadores para legalizar y ampliar la participación de las empresas privadas nacionales y extranjeras en la industria petrolera, ha generado el rechazo de amplios sectores de la población y de una parte de los legisladores en el Congreso de la Unión.
Muchos mexicanos no vemos razón alguna de interés nacional para abrir la industria petrolera a intereses privados, y mucho menos extranjeros. Sin embargo, sobran los intereses de individuos, grupos y empresas que quieren apoderarse de esta riqueza, el sector más rentable de nuestra economía. Ese es el centro de la actual disputa por el petróleo mexicano.
Por tal razón, hemos emplazado a un debate nacional a todas las fuerzas políticas del país, al gobierno, a los medios y a la sociedad en su conjunto, sin exclusiones ni exclusivismos, para que la población conozca a fondo los argumentos de todos los interesados y las implicaciones que tendrá la reforma para los mexicanos y las futuras generaciones.
Como ha sido del dominio público, este movimiento ciudadano rechaza cualquier forma, abierta o disfrazada, de privatizar Pemex y la industria petrolera, porque significaría cancelar el futuro para millones de mexicanos y la posibilidad de desarrollo para nuestro país.
Sin embargo, el gobierno, el PRI y el PAN, y no pocos medios de comunicación, confunden el dar la voz a unos cuantos, a puerta cerrada, con el debate libre y amplio que este tema y la ciudadanía se merecen.
Frente a este panorama, los canales de televisión y las emisoras de radio de su empresa han difundido información distorsionada de nuestro movimiento y han asumido como propios los argumentos del gobierno, con el objetivo de manipular la opinión pública. Los noticiarios de Televisa y sus conductores se han dedicado a calumniar el movimiento de resistencia civil pacífica en defensa del petróleo. Esta política editorial no fomenta el debate ni la discusión, pero sí el odio y la polarización.
Nosotros queremos un debate nacional en el que la radio y la televisión deben jugar un papel central. Por esta razón, y por respeto a los televidentes, que también son ciudadanos, le solicitamos abrir espacios y brindar tiempo en sus noticiarios y su programación para exponer nuestros puntos de vista y argumentos en contra de la reforma energética de Felipe Calderón. Es un derecho de la sociedad y es una obligación de los concesionarios. Esa es la forma civilizada de abordar los problemas nacionales; la cerrazón nos regresa a los tiempos del autoritarismo y la barbarie.
Atentamente
Brigadas de Mujeres en Defensa del Petróleo
Claudia Sheinbaum
Responsable
■ Mujeres defensoras del petróleo protestan en carta a Azcárraga por manejo de información sobre Pemex
Durante una manifestación, las Brigadas de Mujeres en Defensa del Petróleo entregaron una carta en las instalaciones de Televisa para demandar derecho de réplica. A continuación el texto íntegro.
Emilio Azcárraga Jean
Presidente de Grupo Televisa
Presente
El proyecto de reforma que el gobierno federal presentó esta semana en la Cámara de Senadores para legalizar y ampliar la participación de las empresas privadas nacionales y extranjeras en la industria petrolera, ha generado el rechazo de amplios sectores de la población y de una parte de los legisladores en el Congreso de la Unión.
Muchos mexicanos no vemos razón alguna de interés nacional para abrir la industria petrolera a intereses privados, y mucho menos extranjeros. Sin embargo, sobran los intereses de individuos, grupos y empresas que quieren apoderarse de esta riqueza, el sector más rentable de nuestra economía. Ese es el centro de la actual disputa por el petróleo mexicano.
Por tal razón, hemos emplazado a un debate nacional a todas las fuerzas políticas del país, al gobierno, a los medios y a la sociedad en su conjunto, sin exclusiones ni exclusivismos, para que la población conozca a fondo los argumentos de todos los interesados y las implicaciones que tendrá la reforma para los mexicanos y las futuras generaciones.
Como ha sido del dominio público, este movimiento ciudadano rechaza cualquier forma, abierta o disfrazada, de privatizar Pemex y la industria petrolera, porque significaría cancelar el futuro para millones de mexicanos y la posibilidad de desarrollo para nuestro país.
Sin embargo, el gobierno, el PRI y el PAN, y no pocos medios de comunicación, confunden el dar la voz a unos cuantos, a puerta cerrada, con el debate libre y amplio que este tema y la ciudadanía se merecen.
Frente a este panorama, los canales de televisión y las emisoras de radio de su empresa han difundido información distorsionada de nuestro movimiento y han asumido como propios los argumentos del gobierno, con el objetivo de manipular la opinión pública. Los noticiarios de Televisa y sus conductores se han dedicado a calumniar el movimiento de resistencia civil pacífica en defensa del petróleo. Esta política editorial no fomenta el debate ni la discusión, pero sí el odio y la polarización.
Nosotros queremos un debate nacional en el que la radio y la televisión deben jugar un papel central. Por esta razón, y por respeto a los televidentes, que también son ciudadanos, le solicitamos abrir espacios y brindar tiempo en sus noticiarios y su programación para exponer nuestros puntos de vista y argumentos en contra de la reforma energética de Felipe Calderón. Es un derecho de la sociedad y es una obligación de los concesionarios. Esa es la forma civilizada de abordar los problemas nacionales; la cerrazón nos regresa a los tiempos del autoritarismo y la barbarie.
Atentamente
Brigadas de Mujeres en Defensa del Petróleo
Claudia Sheinbaum
Responsable
Los espacios están abiertos, responde la concesionaria
Gozoso transcurrió el segundo día de la resistencia pacífica
Aplaude el FMI los proyectos energéticos del gobierno federal
La iniciativa sobre Pemex excluye a la Auditoría Superior
Gozoso transcurrió el segundo día de la resistencia pacífica
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La iniciativa sobre Pemex excluye a la Auditoría Superior
La propuesta de incorporación de cuatro nuevos integrantes al consejo de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), que serían nombrados por el Ejecutivo federal, limita la facultad de revisión de la Secretaría de la Función Pública y excluye de esta fiscalización a la Auditoría Superior de la Federación, a la cual, por cierto, ni se menciona, lo que definitivamente conculca la facultad de supervisión por parte del Congreso.
Además, la propuesta de iniciativa para el “fortalecimiento de Pemex” concentra toda la operación, fiscalización, evaluación y demás aspectos en el Ejecutivo federal y en el Comité de Transparencia y Auditoría, y no en la Nación como lo quiere hacer parecer el texto de iniciativa, según advierte un amplio análisis de la Secretaría de la Hacienda Pública del autodenominado gobierno legítimo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
El pasado 8 de abril, Felipe Calderón envió a la Cámara de Senadores el paquete de iniciativas que conforman la llamada reforma energética, que involucran la modificación de cinco leyes secundarias que rigen a Pemex.
Se propone modificaciones al régimen de gobierno corporativo de Pemex. Actualmente el consejo de administración esta integrado por seis representantes del gobierno y cinco representantes del sindicato, para un total de 11 miembros, así como un comisario que es el representante de la Secretaría de la Función Pública y del órgano de control interno de la petrolera.
Con las modificaciones propuestas se pretende incluir a cuatro consejeros “profesionales” que serían designados por el Ejecutivo federal; dos de ellos representantes del gobierno y otros dos “consejeros externos”, en virtud de que sólo trabajarían tiempo parcial.
Al respecto, Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del “gobierno legítimo” comentó que, contrario a lo que establece la iniciativa, estos consejeros no son autónomos puesto que en primer lugar serán designados por el Ejecutivo federal (o sea que le deberán el nombramiento) y en segundo lugar la propia iniciativa establece que “dos de los consejeros profesionales que se proponen trabajarán de tiempo completo en la paraestatal, por tanto, se considerarán como representantes del Estado”.
Esto, dijo el especialita, resulta igualmente falso, ya que Estado y gobierno federal no son sinónimos, porque no hay que olvidar que serán designados por el Ejecutivo federal, y no por los poderes que conforman al Estado y a la sociedad.
Otro punto relevante es el fortalecimiento de las facultades del consejo de administración para la creación de otros organismos subsidiarios de Pemex, sin perjuicio de su autonomía de gestión.
Esto implica que el nuevo consejo de administración puede, en determinado momento, crear más empresas subsidiarias de Pemex, con lo que se incrementaría aún más la disgregación de las cadenas productivas, de por sí ya muy desintegradas, y la creación de una Pemex alterna.
Adicionalmente, se le faculta para la conducción central y dirección estratégica de Pemex, pero también las actividades relativas a la programación, coordinación y evaluación estratégica institucional de sus actividades y las de sus organismos subsidiarios.
Esto significa que el consejo de administración se convierte en “juez y parte” al tener la dirección central y estratégica, pero al mismo tiempo la evaluación institucional de sus actividades.
Más aún, el artículo 29 de la iniciativa establece textualmente que: “La Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control no podrán ejercer, en ningún caso, las facultades previstas en esta ley para el comité de transparencia y auditoría o el comisario, salvo a solicitud expresa del citado comité para que coadyuven con él, en el cumplimiento de las funciones que este último tiene encomendadas”.
Por su parte, el Comité de remuneraciones asumirá la tarea de proponer al consejo de administración las remuneraciones del director general y de los funcionarios de los tres niveles inmediatos inferiores a aquel, tomando en consideración el otorgamiento de incentivos con base en el desempeño y resultados.
Lo anterior conculca la facultad del Congreso para establecer las remuneraciones de los servidores públicos y nuevamente abre la posibilidad de que se asignen a estos funcionarios niveles de sueldo similares a los del Poder Judicial, como en el caso de los consejeros del IFE.
Además, la propuesta de iniciativa para el “fortalecimiento de Pemex” concentra toda la operación, fiscalización, evaluación y demás aspectos en el Ejecutivo federal y en el Comité de Transparencia y Auditoría, y no en la Nación como lo quiere hacer parecer el texto de iniciativa, según advierte un amplio análisis de la Secretaría de la Hacienda Pública del autodenominado gobierno legítimo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
El pasado 8 de abril, Felipe Calderón envió a la Cámara de Senadores el paquete de iniciativas que conforman la llamada reforma energética, que involucran la modificación de cinco leyes secundarias que rigen a Pemex.
Se propone modificaciones al régimen de gobierno corporativo de Pemex. Actualmente el consejo de administración esta integrado por seis representantes del gobierno y cinco representantes del sindicato, para un total de 11 miembros, así como un comisario que es el representante de la Secretaría de la Función Pública y del órgano de control interno de la petrolera.
Con las modificaciones propuestas se pretende incluir a cuatro consejeros “profesionales” que serían designados por el Ejecutivo federal; dos de ellos representantes del gobierno y otros dos “consejeros externos”, en virtud de que sólo trabajarían tiempo parcial.
Al respecto, Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del “gobierno legítimo” comentó que, contrario a lo que establece la iniciativa, estos consejeros no son autónomos puesto que en primer lugar serán designados por el Ejecutivo federal (o sea que le deberán el nombramiento) y en segundo lugar la propia iniciativa establece que “dos de los consejeros profesionales que se proponen trabajarán de tiempo completo en la paraestatal, por tanto, se considerarán como representantes del Estado”.
Esto, dijo el especialita, resulta igualmente falso, ya que Estado y gobierno federal no son sinónimos, porque no hay que olvidar que serán designados por el Ejecutivo federal, y no por los poderes que conforman al Estado y a la sociedad.
Otro punto relevante es el fortalecimiento de las facultades del consejo de administración para la creación de otros organismos subsidiarios de Pemex, sin perjuicio de su autonomía de gestión.
Esto implica que el nuevo consejo de administración puede, en determinado momento, crear más empresas subsidiarias de Pemex, con lo que se incrementaría aún más la disgregación de las cadenas productivas, de por sí ya muy desintegradas, y la creación de una Pemex alterna.
Adicionalmente, se le faculta para la conducción central y dirección estratégica de Pemex, pero también las actividades relativas a la programación, coordinación y evaluación estratégica institucional de sus actividades y las de sus organismos subsidiarios.
Esto significa que el consejo de administración se convierte en “juez y parte” al tener la dirección central y estratégica, pero al mismo tiempo la evaluación institucional de sus actividades.
Más aún, el artículo 29 de la iniciativa establece textualmente que: “La Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control no podrán ejercer, en ningún caso, las facultades previstas en esta ley para el comité de transparencia y auditoría o el comisario, salvo a solicitud expresa del citado comité para que coadyuven con él, en el cumplimiento de las funciones que este último tiene encomendadas”.
Por su parte, el Comité de remuneraciones asumirá la tarea de proponer al consejo de administración las remuneraciones del director general y de los funcionarios de los tres niveles inmediatos inferiores a aquel, tomando en consideración el otorgamiento de incentivos con base en el desempeño y resultados.
Lo anterior conculca la facultad del Congreso para establecer las remuneraciones de los servidores públicos y nuevamente abre la posibilidad de que se asignen a estos funcionarios niveles de sueldo similares a los del Poder Judicial, como en el caso de los consejeros del IFE.
Correa les dio trato de “compañeros” a los familiares en duelo. Antes, frente al pleno del Colegio, en presencia de centenares de universitarios y diplomáticos, expresó: “Verlos a ustedes aquí me llena mi corazón de dolor, de indignación; tal vez de preocupación al preguntarme si no hubiéramos podido hacer algo más para conservar la vida de sus hijos”.
Por su parte, José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) agradeció al presidente ecuatoriano la ayuda humanitaria que brindó su gobierno a los deudos “de estos cinco ciudadanos mexicanos, todos ellos jóvenes, todos ellos estudiantes, todos ellos afectados de la misma manera irracional; cuatro de ellos en su vida y una en su destino”.
El rector rechazó, una vez más, “la violencia, venga de donde venga” porque ésta –dijo– no puede imponerse “como método de lucha, como tampoco se acepta el conformismo que admite la existencia de la pobreza y la injusticia como parte irremediable de la realidad”. Narro Robles volvió a salir al paso a la campaña negativa que sufrió la UNAM a raíz de que se supo que eran universitarios los jóvenes atacados en el campamento de las FARC: “Somos y seguiremos siendo parte fundamental de la conciencia crítica de la sociedad”, refrendó. Sus palabras fueron saludadas con un sentido “goya” de las familias de las víctimas.
Agradece Narro Robles la ayuda humanitaria de Ecuador a los deudos
Tenemos coincidencias, dice Calderón; "sólo le falta ser socialista", le reviran
Por su parte, José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) agradeció al presidente ecuatoriano la ayuda humanitaria que brindó su gobierno a los deudos “de estos cinco ciudadanos mexicanos, todos ellos jóvenes, todos ellos estudiantes, todos ellos afectados de la misma manera irracional; cuatro de ellos en su vida y una en su destino”.
El rector rechazó, una vez más, “la violencia, venga de donde venga” porque ésta –dijo– no puede imponerse “como método de lucha, como tampoco se acepta el conformismo que admite la existencia de la pobreza y la injusticia como parte irremediable de la realidad”. Narro Robles volvió a salir al paso a la campaña negativa que sufrió la UNAM a raíz de que se supo que eran universitarios los jóvenes atacados en el campamento de las FARC: “Somos y seguiremos siendo parte fundamental de la conciencia crítica de la sociedad”, refrendó. Sus palabras fueron saludadas con un sentido “goya” de las familias de las víctimas.
Agradece Narro Robles la ayuda humanitaria de Ecuador a los deudos
Tenemos coincidencias, dice Calderón; "sólo le falta ser socialista", le reviran
El presidente Felipe Calderón fue el primero en resaltar las coincidencias con Rafael Correa: 45 años de edad, tres hijos, aficionados a la música latinoamericana y al ciclismo. “Mucho en común”, convalidó el ecuatoriano, pero con una sugerencia de por medio. “Sólo le falta ser socialista, presidente, no perdemos las esperanzas. Ser de derecha ya pasó de moda en América Latina. Véngase, bienvenido siempre”.
el visitante confirmó que a partir del 1º de mayo los mexicanos no necesitarán visa para entrar a Ecuador. La razón, explicó, es que “creemos que no debe haber restricciones para la circulación de los seres humanos, más aún, de hermanos latinoamericanos dentro de Latinoamérica”. Por parte del anfitrión no hubo anuncio parecido, sino agradecimiento acompañado de la promesa de “facilitar” el flujo de turistas y personas de negocios de Ecuador en tanto se revisa el marco la política migratoria,
Preparan acción penal contra Lucía Morett cuando regrese a México, confirma abogado Aunque al menos oficialmente Lucía no figura en la averiguación previa de la PGR como “indiciada”, al representante legal de la sobreviviente le preocupa que el interrogatorio distó de indagar sobre la verdad histórica de los hechos ocurridos en la frontera ecuatoriana y, en cambio, “se orientó a investigar sobre un probable delito cometido por la interrogada, previo a su viaje a Ecuador y perseguible en México”.
Opinó que el “procedimiento irregular de la PGR tiene la intención de disminuir el valor de un testimonial” de Lucía Morett en el juicio internacional que la Aldhu prepara contra Colombia por “actos de guerra ilegales” y terrorismo.
“Vamos a protestar. Si la PGR tiene elementos de juicio para iniciar un proceso en su contra, que lo inicie. Y si no, que no especule. Vamos a forzarlos a que abran sus cartas para que Lucía pueda ejercer su derecho a la defensa”, comentó.
Opinó que el “procedimiento irregular de la PGR tiene la intención de disminuir el valor de un testimonial” de Lucía Morett en el juicio internacional que la Aldhu prepara contra Colombia por “actos de guerra ilegales” y terrorismo.
“Vamos a protestar. Si la PGR tiene elementos de juicio para iniciar un proceso en su contra, que lo inicie. Y si no, que no especule. Vamos a forzarlos a que abran sus cartas para que Lucía pueda ejercer su derecho a la defensa”, comentó.
Incluso en la Casa Blanca les hacían demostraciones de las técnicas: ABC News
Cheney, Rice y otros jefes de EU avalaron torturas en 2002-03
Presuntos integrantes de Al Qaeda, principales objetivos de esos métodos de interrogación
Ahí se solicitó al Departamento de Justicia que endosara la legalización de tormentos
El entonces procurador John Ashcroft expresó: "la historia no juzgará esto gentilmente"
David Brooks, corresponsal
Cheney, Rice y otros jefes de EU avalaron torturas en 2002-03
Presuntos integrantes de Al Qaeda, principales objetivos de esos métodos de interrogación
Ahí se solicitó al Departamento de Justicia que endosara la legalización de tormentos
El entonces procurador John Ashcroft expresó: "la historia no juzgará esto gentilmente"
David Brooks, corresponsal
Nueva York, 11 abril. El vicepresidente Dick Cheney, la entonces asesora de Seguridad Nacional Condoleezza Rice, el ex secretario de Estado Colin Powell y otros altos funcionarios del gobierno de George W. Bush evaluaron y autorizaron personalmente el uso de técnicas de tortura entre 2002 y 2003.
Estos funcionarios, acompañados por el entonces procurador general John Ashcroft, el director de la Agencia Central de Investigaciones (CIA) George Tenet y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, evaluaron las diferentes técnicas en detalle –hasta les hacían presentaciones sobre cómo se empleaban– durante reuniones presididas por Rice en el Cuarto de Situaciones de la Casa Blanca.
Entre ellos discutían varios de los “métodos severos de interrogación” que casi universalmente son considerados tortura, incluyendo el simulacro de ahogamiento o waterboarding, pero también el uso de golpes, bofetadas, privación de sueño y más, reveló esta semana ABC News y confirmó hoy la agencia Ap.
Según estos medios, hubo veces en que oficiales de la CIA demostraban algunas de las tácticas ante los reunidos para asegurarse de que “entendían plenamente” a qué serían sometidos los sospechosos de pertenecer a Al Qaeda.
Ahí solicitaron que el Departamento de Justicia endosara la legalidad de estas técnicas para escudar a todos los que autorizaron e implementaron estas medidas. Los famosos memorandos que legalizaban la tortura, cuyos contenidos se han dado a conocer recientemente, fueron formulados para este propósito.
Por lo menos uno de los participantes, reportó ABC News, se preocupaba no sólo de la autorización y legalidad de estas tácticas, sino también sobre quiénes se juntaban para discutirlas. El procurador general Ashcroft dijo después de una de estas reuniones, según un alto funcionario: “¿Por qué estamos hablando de esto en la Casa Blanca? La historia no juzgará esto gentilmente”.
Como suele ser la práctica en asuntos tan políticamente delicados y potencialmente explosivos, los altos funcionarios aseguraron otorgar lo que se llama “negación plausible” a su jefe, aislando al presidente de estas reuniones.
“¿Quién podría haber imaginado que en Estados Unidos en el siglo XXI los altos funcionarios de la rama ejecutiva se reunían de manera rutinaria en la Casa Blanca para aprobar la tortura?”, se preguntó el senador Edward Kennedy en un comunicado al revelarse estos detalles. “Mucho después de que el presidente Bush deje su puesto, nuestro país seguirá pagando el precio por el repudio irresponsable del imperio de la ley y los derechos humanos fundamentales por su gobierno”.
El Centro de Derechos Constitucionales (CCR) en esta ciudad, una de las principales organizaciones del país en enfrentar ante tribunales nacionales (incluyendo la Suprema Corte) e internacionales los abusos legales del gobierno de Bush en coordinación con cientos de abogados, declaró hoy que “es escalofriante” que estos altos funcionarios se enfocaron en los detalles más repugnantes de interrogatorios ilegales.
Afirmó que para los cientos “cuya tortura fue explícitamente aprobada en estas reuniones secretas de más alto nivel, la condena en el futuro de los arquitectos del programa de tortura no es suficiente… merecen justicia. Los funcionarios del gobierno de Bush tienen que ser fiscalizados por sus actos criminales. Mientras que nuestro país no pueda enjuiciarlos en nuestros tribunales, el CCR continuará persiguiendo a los arquitectos del programa de tortura estadunidense en los tribunales por todo el mundo”.
Por su parte, la principal organización nacional de libertades civiles solicitó el jueves pasado al Congreso nombrar un investigador especial para levantar cargos contra estos funcionarios.
La directora de la oficina de asuntos legislativos de la Unión Americana de Libertades Civiles, Carolina Fredrickson, dijo hoy que “si los funcionarios actuales y anteriores del gobierno violaron la ley, deben ser fiscalizados por actos criminales. Nadie está sobre la ley. Con cada nueva revelación, empieza a verse cómo la operación de tortura sí fue manejada y dirigida desde la Casa Blanca. Era lo que sospechábamos desde el principio. El Congreso tiene que llegar al fondo de estos informes”.
Estos funcionarios, acompañados por el entonces procurador general John Ashcroft, el director de la Agencia Central de Investigaciones (CIA) George Tenet y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, evaluaron las diferentes técnicas en detalle –hasta les hacían presentaciones sobre cómo se empleaban– durante reuniones presididas por Rice en el Cuarto de Situaciones de la Casa Blanca.
Entre ellos discutían varios de los “métodos severos de interrogación” que casi universalmente son considerados tortura, incluyendo el simulacro de ahogamiento o waterboarding, pero también el uso de golpes, bofetadas, privación de sueño y más, reveló esta semana ABC News y confirmó hoy la agencia Ap.
Según estos medios, hubo veces en que oficiales de la CIA demostraban algunas de las tácticas ante los reunidos para asegurarse de que “entendían plenamente” a qué serían sometidos los sospechosos de pertenecer a Al Qaeda.
Ahí solicitaron que el Departamento de Justicia endosara la legalidad de estas técnicas para escudar a todos los que autorizaron e implementaron estas medidas. Los famosos memorandos que legalizaban la tortura, cuyos contenidos se han dado a conocer recientemente, fueron formulados para este propósito.
Por lo menos uno de los participantes, reportó ABC News, se preocupaba no sólo de la autorización y legalidad de estas tácticas, sino también sobre quiénes se juntaban para discutirlas. El procurador general Ashcroft dijo después de una de estas reuniones, según un alto funcionario: “¿Por qué estamos hablando de esto en la Casa Blanca? La historia no juzgará esto gentilmente”.
Como suele ser la práctica en asuntos tan políticamente delicados y potencialmente explosivos, los altos funcionarios aseguraron otorgar lo que se llama “negación plausible” a su jefe, aislando al presidente de estas reuniones.
“¿Quién podría haber imaginado que en Estados Unidos en el siglo XXI los altos funcionarios de la rama ejecutiva se reunían de manera rutinaria en la Casa Blanca para aprobar la tortura?”, se preguntó el senador Edward Kennedy en un comunicado al revelarse estos detalles. “Mucho después de que el presidente Bush deje su puesto, nuestro país seguirá pagando el precio por el repudio irresponsable del imperio de la ley y los derechos humanos fundamentales por su gobierno”.
El Centro de Derechos Constitucionales (CCR) en esta ciudad, una de las principales organizaciones del país en enfrentar ante tribunales nacionales (incluyendo la Suprema Corte) e internacionales los abusos legales del gobierno de Bush en coordinación con cientos de abogados, declaró hoy que “es escalofriante” que estos altos funcionarios se enfocaron en los detalles más repugnantes de interrogatorios ilegales.
Afirmó que para los cientos “cuya tortura fue explícitamente aprobada en estas reuniones secretas de más alto nivel, la condena en el futuro de los arquitectos del programa de tortura no es suficiente… merecen justicia. Los funcionarios del gobierno de Bush tienen que ser fiscalizados por sus actos criminales. Mientras que nuestro país no pueda enjuiciarlos en nuestros tribunales, el CCR continuará persiguiendo a los arquitectos del programa de tortura estadunidense en los tribunales por todo el mundo”.
Por su parte, la principal organización nacional de libertades civiles solicitó el jueves pasado al Congreso nombrar un investigador especial para levantar cargos contra estos funcionarios.
La directora de la oficina de asuntos legislativos de la Unión Americana de Libertades Civiles, Carolina Fredrickson, dijo hoy que “si los funcionarios actuales y anteriores del gobierno violaron la ley, deben ser fiscalizados por actos criminales. Nadie está sobre la ley. Con cada nueva revelación, empieza a verse cómo la operación de tortura sí fue manejada y dirigida desde la Casa Blanca. Era lo que sospechábamos desde el principio. El Congreso tiene que llegar al fondo de estos informes”.
Arturo Alcalde Justiniani
La propuesta de reforma laboral de la STPS
Repentinamente, y aun antes de ser presentado ante la Cámara de Diputados, fue filtrado en su integridad el proyecto de reforma laboral elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que empieza a ser conocido como reforma Lozano. La iniciativa esta esencialmente apoyada en la conocida reforma Abascal, que en el sexenio pasado provocó un gran rechazo popular y fracasó su aprobación al no convencer siquiera a los sindicatos corporativos.
La reforma Lozano tiene aspectos positivos, tales como eliminar la distribución unilateral de la jornada bajo el denominado “sistema de banco de horas”, considerar nula la clasificación de confianza a trabajadores cuyas funciones no se ajusten a la definición del artículo 9 de la ley, e intentar regular a las empresas subcontratistas al obligarlas a registrarse ante la autoridad laboral, fijando la presunción de ser dolosa cuando en una misma empresa una o más personas subcontratadas perciban salarios menores a los que tienen quienes laboran para la empresa beneficiaria.
Los aspectos negativos son incontables: ignora los diagnósticos y propuestas surgidas en múltiples foros, ponencias, análisis académicos y de especialistas que buscaban transitar hacia un modelo laboral más democrático, honesto, responsable y competitivo. Omite considerar las decenas de iniciativas de ley previamente presentadas por distintos partidos y desecha en su totalidad los planteamientos de la iniciativa UNT-PRD del 31 de octubre de 2002, tales como el voto secreto en las elecciones sindicales, el registro público de sindicatos y contratos colectivos, el fortalecimiento de la contratación colectiva legítima o la reforma al sistema de justicia laboral.
El despido se libera en términos aún más amplios que en la reforma Abascal, se suprime la cláusula de exclusión cuando los trabajadores renuncian a un sindicato, sin embargo se ignoran las medidas recíprocas elementales que impida a los patrones presionar a los trabajadores para que renuncien; reduce, aún más, las obligaciones patronales en materia de capacitación, y como una muestra evidente de la parcialidad del proyecto, se crea una nueva disposición que establece que los sindicatos gremiales ya no podrán obtener la titularidad de un contrato colectivo cuando haya sido celebrado con un sindicato de industria (artículo 388 parte final). Esta petición empresarial, que busca consolidar los contratos de protección patronal en las nuevas empresas de bajo costo, fue incluso rechazada en la época de Abascal, por resultar lesiva a los sindicatos democráticos tales como los de pilotos y sobrecargos.
La propuesta de la STPS considera formas de contratación temporal orientadas a reducir la estabilidad en el empleo, particularmente por medio de los contratos a prueba, de capacitación y temporada, flexibilidades que abonan la precariedad laboral. En materia procesal, reduce el carácter protector de las reglas vigentes, especialmente en el capítulo de cargas probatorias, otorgando a los empresarios mayores ventajas. En los temas relacionados con la transparencia de contratos colectivos y de registro de asociaciones, en los que ya existe el compromiso de publicidad total, se da un paso atrás al optar por una vía discrecional o “preferente”.
Son de destacar tres artículos, 387, 899-A y 899-C, los cuales en conjunto atentan contra el derecho de asociación profesional, contratación colectiva y huelga. Mediante los dos primeros, se imponen requisitos insalvables en la práctica para que los trabajadores puedan ejercitar el derecho de huelga para obtener la firma de un contrato colectivo de trabajo, o en caso de cambio de sindicato, cuando el existente no cuenta con la preferencia de los trabajadores; en la actualidad, estos dos procesos son las únicas posibilidades para contar con un sindicato fuera del control patronal.
En la propuesta se exige como requisito previo a cualquier trámite ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA) informar los nombres de los trabajadores inconformes, exhibir sus firmas y acreditar la afiliación al sindicato promovente de la demanda demostrando su relación laboral con el patrón demandado. Se trata de una verdadera monstruosidad, claramente inconstitucional y violatoria de los convenios internacionales en materia de libertad sindical; de ser aprobado, cerraría el cerco en contra de los trabajadores, consolidando los contratos colectivos de protección patronal, por la simple razón, de que ningún trabajador se animaría a la aventura de cumplir con tales requisitos previos sabiendo que será despedido de inmediato.
Este mecanismo conocido como “listas negras” fue incluso retirado de la reforma Abascal, por las críticas que mereció cuando se intentó llegar a un consenso sobre la reforma laboral; hoy se retoma por gestión de los abogados empresariales, que no ceden en su intento de proteger el negocio de la venta de contratos de protección. Por su parte, el artículo 899-C consagra un mecanismo adicional para bloquear los juicios de titularidad de contratos colectivos al establecer que mientras exista un juicio en curso, los trabajadores no podrán intentar cambio de sindicato alguno; un auténtico disparate, pues obliga a una espera eterna.
La filtración integral de la reforma Lozano da la oportunidad para iniciar desde los sindicatos, los trabajadores y la sociedad una discusión abierta sobre el tema, a fin de crear las condiciones para transitar por una vía distinta de reforma laboral que tome en cuenta las experiencias internacionales, la realidad de nuestro país, favorecer el desarrollo productivo y el mejoramiento de la calidad de vida de los hombres y las mujeres que trabajan.
Esta propuesta es mala no sólo por las lesiones que genera, sino fundamentalmente por sus omisiones. Seguramente el próximo primero de mayo los trabajadores harán sentir su protesta ante este intento de cerrarles el cerco.
La propuesta de reforma laboral de la STPS
Repentinamente, y aun antes de ser presentado ante la Cámara de Diputados, fue filtrado en su integridad el proyecto de reforma laboral elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que empieza a ser conocido como reforma Lozano. La iniciativa esta esencialmente apoyada en la conocida reforma Abascal, que en el sexenio pasado provocó un gran rechazo popular y fracasó su aprobación al no convencer siquiera a los sindicatos corporativos.
La reforma Lozano tiene aspectos positivos, tales como eliminar la distribución unilateral de la jornada bajo el denominado “sistema de banco de horas”, considerar nula la clasificación de confianza a trabajadores cuyas funciones no se ajusten a la definición del artículo 9 de la ley, e intentar regular a las empresas subcontratistas al obligarlas a registrarse ante la autoridad laboral, fijando la presunción de ser dolosa cuando en una misma empresa una o más personas subcontratadas perciban salarios menores a los que tienen quienes laboran para la empresa beneficiaria.
Los aspectos negativos son incontables: ignora los diagnósticos y propuestas surgidas en múltiples foros, ponencias, análisis académicos y de especialistas que buscaban transitar hacia un modelo laboral más democrático, honesto, responsable y competitivo. Omite considerar las decenas de iniciativas de ley previamente presentadas por distintos partidos y desecha en su totalidad los planteamientos de la iniciativa UNT-PRD del 31 de octubre de 2002, tales como el voto secreto en las elecciones sindicales, el registro público de sindicatos y contratos colectivos, el fortalecimiento de la contratación colectiva legítima o la reforma al sistema de justicia laboral.
El despido se libera en términos aún más amplios que en la reforma Abascal, se suprime la cláusula de exclusión cuando los trabajadores renuncian a un sindicato, sin embargo se ignoran las medidas recíprocas elementales que impida a los patrones presionar a los trabajadores para que renuncien; reduce, aún más, las obligaciones patronales en materia de capacitación, y como una muestra evidente de la parcialidad del proyecto, se crea una nueva disposición que establece que los sindicatos gremiales ya no podrán obtener la titularidad de un contrato colectivo cuando haya sido celebrado con un sindicato de industria (artículo 388 parte final). Esta petición empresarial, que busca consolidar los contratos de protección patronal en las nuevas empresas de bajo costo, fue incluso rechazada en la época de Abascal, por resultar lesiva a los sindicatos democráticos tales como los de pilotos y sobrecargos.
La propuesta de la STPS considera formas de contratación temporal orientadas a reducir la estabilidad en el empleo, particularmente por medio de los contratos a prueba, de capacitación y temporada, flexibilidades que abonan la precariedad laboral. En materia procesal, reduce el carácter protector de las reglas vigentes, especialmente en el capítulo de cargas probatorias, otorgando a los empresarios mayores ventajas. En los temas relacionados con la transparencia de contratos colectivos y de registro de asociaciones, en los que ya existe el compromiso de publicidad total, se da un paso atrás al optar por una vía discrecional o “preferente”.
Son de destacar tres artículos, 387, 899-A y 899-C, los cuales en conjunto atentan contra el derecho de asociación profesional, contratación colectiva y huelga. Mediante los dos primeros, se imponen requisitos insalvables en la práctica para que los trabajadores puedan ejercitar el derecho de huelga para obtener la firma de un contrato colectivo de trabajo, o en caso de cambio de sindicato, cuando el existente no cuenta con la preferencia de los trabajadores; en la actualidad, estos dos procesos son las únicas posibilidades para contar con un sindicato fuera del control patronal.
En la propuesta se exige como requisito previo a cualquier trámite ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA) informar los nombres de los trabajadores inconformes, exhibir sus firmas y acreditar la afiliación al sindicato promovente de la demanda demostrando su relación laboral con el patrón demandado. Se trata de una verdadera monstruosidad, claramente inconstitucional y violatoria de los convenios internacionales en materia de libertad sindical; de ser aprobado, cerraría el cerco en contra de los trabajadores, consolidando los contratos colectivos de protección patronal, por la simple razón, de que ningún trabajador se animaría a la aventura de cumplir con tales requisitos previos sabiendo que será despedido de inmediato.
Este mecanismo conocido como “listas negras” fue incluso retirado de la reforma Abascal, por las críticas que mereció cuando se intentó llegar a un consenso sobre la reforma laboral; hoy se retoma por gestión de los abogados empresariales, que no ceden en su intento de proteger el negocio de la venta de contratos de protección. Por su parte, el artículo 899-C consagra un mecanismo adicional para bloquear los juicios de titularidad de contratos colectivos al establecer que mientras exista un juicio en curso, los trabajadores no podrán intentar cambio de sindicato alguno; un auténtico disparate, pues obliga a una espera eterna.
La filtración integral de la reforma Lozano da la oportunidad para iniciar desde los sindicatos, los trabajadores y la sociedad una discusión abierta sobre el tema, a fin de crear las condiciones para transitar por una vía distinta de reforma laboral que tome en cuenta las experiencias internacionales, la realidad de nuestro país, favorecer el desarrollo productivo y el mejoramiento de la calidad de vida de los hombres y las mujeres que trabajan.
Esta propuesta es mala no sólo por las lesiones que genera, sino fundamentalmente por sus omisiones. Seguramente el próximo primero de mayo los trabajadores harán sentir su protesta ante este intento de cerrarles el cerco.
Proyecta EU trasladar una base militar de Ecuador a Colombia: embajada en Bogotá
■ Washington y Buenos Aires pactan crear una “estructura para dialogar a nivel alto”
Afp y Dpa
Bogotá, 11 de abril. El gobierno de Estados Unidos reveló hoy planes para trasladar a la costa del Pacífico colombiano una base militar que actualmente se encuentra en Ecuador, al tiempo que reiteró acusaciones contra Venezuela sobre una supuesta tolerancia al tráfico de drogas hacia Europa.
En una jornada en la que las relaciones con América Latina ocuparon un lugar destacado, el subsecretario para Asuntos Hemisféricos, Thomas Shannon, acordó en Buenos Aires con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Taina, una “estructura que podemos usar para dialogar y asegurar el contacto a un nivel alto en temas en los que realmente podemos producir resultados sustantivos en poco tiempo”.
La visita de Shannon a Buenos Aires ocurre mientras en Miami continúa un proceso judicial emprendido por el Departamento de Justicia contra cuatro venezolanos y un uruguayo que supuestamente trataron de acallar a un empresario venezolano-estadunidense que desde Caracas intentó meter miles de dólares para apoyar la campaña proselitista de la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el año pasado.
En Bogotá, el embajador estadunidense, William Brownfield, aseguró: “hemos dialogado con el gobierno colombiano sobre las posibilidades de ubicar en algún punto del Pacífico colombiano” la base de Manta, único enclave militar de Washington en América del sur.
Las instalaciones de Manta fueron establecidas en 1978 sobre la costa ecuatoriana del Pacífico. En octubre de 1998 el presidente Jamil Mahuad, quien sólo estuvo en el poder de agosto de ese año a enero de 2000, cedió a Estados Unidos el uso de la base por 10 años, en el marco del Plan Colombia, plataforma contra el narcotráfico y la guerrilla.
El presidente Rafael Correa propuso desde su campaña presidencial, en 2006, cancelar el convenio al cumplirse el plazo pactado, lo cual fue aprobado este año por la Asamblea Constituyente, que prepara nuevas bases para el Estado ecuatoriano. El mandatario ha señalado que el arrendamiento de Manta es equivalente a un acto contrario a los intereses de su nación.
Otras instalaciones castrenses de Estados Unidos fuera de su territorio se encuentran en Guantánamo –sureste de la isla de Cuba–, donde está uno de sus principales centros navales, Puerto Rico, que alberga un campo de tiro, y Panamá, sede de una base aérea.
En Bruselas, el director de la Oficina de la Política Nacional para el Control de las Drogas, John Walters, afirmó hoy en conferencia de prensa que el reciente fortalecimiento del euro frente al dólar ha favorecido el flujo de drogas –especialmente cocaína– hacia el viejo continente, particularmente proveniente de Venezuela.
Según cifras presentadas por Walters, la cantidad de cocaína enviada de Venezuela a Europa –segundo mayor mercado de drogas después de Estados Unidos– aumentó 30 por ciento, al pasar de 43 mil 328 kilos en 2006 a 58 mil 148 kilos en 2007. Esto contrasta con la disminución del tráfico procedente de Colombia, que bajó de 14 mil 465 kilos en 2006 a 3 mil 621 en 2007.
B. Petrich, C. Herrera y E. Olivares
■ Washington y Buenos Aires pactan crear una “estructura para dialogar a nivel alto”
Afp y Dpa
Bogotá, 11 de abril. El gobierno de Estados Unidos reveló hoy planes para trasladar a la costa del Pacífico colombiano una base militar que actualmente se encuentra en Ecuador, al tiempo que reiteró acusaciones contra Venezuela sobre una supuesta tolerancia al tráfico de drogas hacia Europa.
En una jornada en la que las relaciones con América Latina ocuparon un lugar destacado, el subsecretario para Asuntos Hemisféricos, Thomas Shannon, acordó en Buenos Aires con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Taina, una “estructura que podemos usar para dialogar y asegurar el contacto a un nivel alto en temas en los que realmente podemos producir resultados sustantivos en poco tiempo”.
La visita de Shannon a Buenos Aires ocurre mientras en Miami continúa un proceso judicial emprendido por el Departamento de Justicia contra cuatro venezolanos y un uruguayo que supuestamente trataron de acallar a un empresario venezolano-estadunidense que desde Caracas intentó meter miles de dólares para apoyar la campaña proselitista de la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el año pasado.
En Bogotá, el embajador estadunidense, William Brownfield, aseguró: “hemos dialogado con el gobierno colombiano sobre las posibilidades de ubicar en algún punto del Pacífico colombiano” la base de Manta, único enclave militar de Washington en América del sur.
Las instalaciones de Manta fueron establecidas en 1978 sobre la costa ecuatoriana del Pacífico. En octubre de 1998 el presidente Jamil Mahuad, quien sólo estuvo en el poder de agosto de ese año a enero de 2000, cedió a Estados Unidos el uso de la base por 10 años, en el marco del Plan Colombia, plataforma contra el narcotráfico y la guerrilla.
El presidente Rafael Correa propuso desde su campaña presidencial, en 2006, cancelar el convenio al cumplirse el plazo pactado, lo cual fue aprobado este año por la Asamblea Constituyente, que prepara nuevas bases para el Estado ecuatoriano. El mandatario ha señalado que el arrendamiento de Manta es equivalente a un acto contrario a los intereses de su nación.
Otras instalaciones castrenses de Estados Unidos fuera de su territorio se encuentran en Guantánamo –sureste de la isla de Cuba–, donde está uno de sus principales centros navales, Puerto Rico, que alberga un campo de tiro, y Panamá, sede de una base aérea.
En Bruselas, el director de la Oficina de la Política Nacional para el Control de las Drogas, John Walters, afirmó hoy en conferencia de prensa que el reciente fortalecimiento del euro frente al dólar ha favorecido el flujo de drogas –especialmente cocaína– hacia el viejo continente, particularmente proveniente de Venezuela.
Según cifras presentadas por Walters, la cantidad de cocaína enviada de Venezuela a Europa –segundo mayor mercado de drogas después de Estados Unidos– aumentó 30 por ciento, al pasar de 43 mil 328 kilos en 2006 a 58 mil 148 kilos en 2007. Esto contrasta con la disminución del tráfico procedente de Colombia, que bajó de 14 mil 465 kilos en 2006 a 3 mil 621 en 2007.
B. Petrich, C. Herrera y E. Olivares
Organizaciones sociales e indígenas de Oaxaca denunciaron que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz “busca frenar la lucha legítima de nuestros pueblos” mediante una política de estado basada en secuestros, arrestos y asesinatos de luchadores sociales.
En un documento emitido por el municipio autónomo de San Juan Copala, la Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste de México, autoridades de Yosotatu, el Centro de Orientación y Asesoría de los Pueblos Indígenas, entre otros, se denuncia que recientemente fueron asesinados los líderes indígenas Plácido López, Lauro Juárez y Rosalino Díaz, lo que “muestra la violencia cotidiana que se vive en nuestro estado. Las organizaciones oaxaqueñas denunciaron también detenciones arbitrarias de luchadores sociales como Pedro Castillo, Flavio Sosa Villavicencio, Adán Mejía, Miguel Ángel García, Constantino Castro López, entre otros, quienes “se encuentran injustamente detenidos, por lo que exigimos su inmediata liberación”. Además, demandaron la cancelación de órdenes de arresto libradas contra decenas de dirigentes indígenas y sociales.
“La impunidad, la fabricación de culpables y la indiscriminada liberación de órdenes de aprehensión y otros actos de hostigamiento contra líderes sociales y comunitarios, configuran en Oaxaca una política parapolicial y represiva de las garantías constitucionales, derechos humanos y garantías de derechos indígenas”, señalan.
Asimismo exigieron presentar con vida a las indígenas triques Virginia y Daniela Ortiz García, desaparecidas en julio de 1997; que la PGR intervenga “inmediatamente” en los crímenes referidos y cese la represión que el gobierno de Ulises Ruiz encabeza contra los movimientos sociales en la entidad.
En este contexto, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo denunció que elementos del Ejército Mexicano ocuparon hoy el municipio de Matías Romero e instalaron un reten en la colonia Rincón Viejo, Santa María Petapa, para indagar las actividades de los integrantes de esa organización.
Carlos Beas Torres, coordinador de Programas de la agrupación, dijo que los soldados arribaron a las 13 horas a la colonia Rincón Viejo cuando se encontraban reunidos en las oficinas varios campesinos de San Juan Guichicovi, Matías Romero, Barrio de la Soledad y Santa María Petapa, afectados por la ampliación del tendido eléctrico Juchitán, Oaxaca-Acayucan, Veracruz, de la Comisión Federal de Electricidad.
Mencionó que los militares interrogaron en forma prepotente y grosera a los vecinos de la colonia sobre las actividades de la Ucizoni. A pesar de esto, destacó que unos mil integrantes de la organización y profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como vecinos de las colonias populares y trabajadores del sector salud marcharon por las calles de Matías Romero, para demandar mejoras en el servicio del Hospital IMSS-Oportunidades.
Beas Torres condenó el uso de tropas en tareas propias de los cuerpos policiacos pues además de violar la Constitución Federal, la falta de preparación de los militares los lleva con facilidad a violar las garantías constitucionales y los derechos humanos de la población civil.
En un documento emitido por el municipio autónomo de San Juan Copala, la Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste de México, autoridades de Yosotatu, el Centro de Orientación y Asesoría de los Pueblos Indígenas, entre otros, se denuncia que recientemente fueron asesinados los líderes indígenas Plácido López, Lauro Juárez y Rosalino Díaz, lo que “muestra la violencia cotidiana que se vive en nuestro estado. Las organizaciones oaxaqueñas denunciaron también detenciones arbitrarias de luchadores sociales como Pedro Castillo, Flavio Sosa Villavicencio, Adán Mejía, Miguel Ángel García, Constantino Castro López, entre otros, quienes “se encuentran injustamente detenidos, por lo que exigimos su inmediata liberación”. Además, demandaron la cancelación de órdenes de arresto libradas contra decenas de dirigentes indígenas y sociales.
“La impunidad, la fabricación de culpables y la indiscriminada liberación de órdenes de aprehensión y otros actos de hostigamiento contra líderes sociales y comunitarios, configuran en Oaxaca una política parapolicial y represiva de las garantías constitucionales, derechos humanos y garantías de derechos indígenas”, señalan.
Asimismo exigieron presentar con vida a las indígenas triques Virginia y Daniela Ortiz García, desaparecidas en julio de 1997; que la PGR intervenga “inmediatamente” en los crímenes referidos y cese la represión que el gobierno de Ulises Ruiz encabeza contra los movimientos sociales en la entidad.
En este contexto, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo denunció que elementos del Ejército Mexicano ocuparon hoy el municipio de Matías Romero e instalaron un reten en la colonia Rincón Viejo, Santa María Petapa, para indagar las actividades de los integrantes de esa organización.
Carlos Beas Torres, coordinador de Programas de la agrupación, dijo que los soldados arribaron a las 13 horas a la colonia Rincón Viejo cuando se encontraban reunidos en las oficinas varios campesinos de San Juan Guichicovi, Matías Romero, Barrio de la Soledad y Santa María Petapa, afectados por la ampliación del tendido eléctrico Juchitán, Oaxaca-Acayucan, Veracruz, de la Comisión Federal de Electricidad.
Mencionó que los militares interrogaron en forma prepotente y grosera a los vecinos de la colonia sobre las actividades de la Ucizoni. A pesar de esto, destacó que unos mil integrantes de la organización y profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como vecinos de las colonias populares y trabajadores del sector salud marcharon por las calles de Matías Romero, para demandar mejoras en el servicio del Hospital IMSS-Oportunidades.
Beas Torres condenó el uso de tropas en tareas propias de los cuerpos policiacos pues además de violar la Constitución Federal, la falta de preparación de los militares los lleva con facilidad a violar las garantías constitucionales y los derechos humanos de la población civil.
Bajo Reserva
Periodista de EL UNIVERSAL12 de abril de 2008
No conforme con bloquear el acceso a los funcionarios locales, la Cancillería ahora impide que los visitantes extranjeros hablen con la prensa. No nos referimos a ningún otro país, estamos hablando de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores prohibió al equipo del presidente Rafael Correa que el mandatario ecuatoriano diera entrevistas a medios mexicanos. “La verdad es que el área de protocolo de la Cancillería mexicana nos pidió cancelar las entrevistas con los periódicos mexicanos”, dijo apenada una funcionaria de la presidencia ecuatoriana, quien se comunicó con este diario a las dos y media de la mañana para cancelar la entrevista pactada. Nos aseguran que la intención era evitar a toda costa que el presidente Correa hablara con la prensa antes de hacerlo con su colega Felipe Calderón.
No conforme con bloquear el acceso a los funcionarios locales, la Cancillería ahora impide que los visitantes extranjeros hablen con la prensa. No nos referimos a ningún otro país, estamos hablando de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores prohibió al equipo del presidente Rafael Correa que el mandatario ecuatoriano diera entrevistas a medios mexicanos. “La verdad es que el área de protocolo de la Cancillería mexicana nos pidió cancelar las entrevistas con los periódicos mexicanos”, dijo apenada una funcionaria de la presidencia ecuatoriana, quien se comunicó con este diario a las dos y media de la mañana para cancelar la entrevista pactada. Nos aseguran que la intención era evitar a toda costa que el presidente Correa hablara con la prensa antes de hacerlo con su colega Felipe Calderón.
AGENCIA INFORMATIVA PULSAR - PANORAMA DEL DIA - 2008-04-11
PERÚ-REPRESIÓN
Congresista pide renuncia de ministro del Interior por ordenar represión
La congresista peruana, Elizabeth León, exigió este viernes la renuncia del ministro del Interior, Luis Alva Castro, por ordenar la represión a bloqueos del paro nacional agrario de febrero. Cuatro campesinos fueron asesinados en las manifestaciones.
Audios disponibles:
Elizabeth León, congresista de Unión por el Perú. - 16 seg. (257 Kb.)
Elizabeth León, congresista de Unión por el Perú. - 53 seg. (833 Kb.)
Elizabeth León, congresista de Unión por el Perú. - 55 seg. (863 Kb.)
ARGETINA-TIERRAS
Justicia remata campo habitado por campesinos en Argentina
La Justicia de la provincia argentina de Córdoba remató esta semana un campo trabajado por campesinos. La subasta pública presentó el terreno como deshabitado. Un abogado del Movimiento Campesino de Córdoba fue detenido al intentar impedir el remate.
Audios disponibles:
Joaquín Gonzalez, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba. - 1 min. 12 seg. (1,11 Mb.)
Joaquín Gonzalez, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba. - 1 min. 19 seg. (1,20 Mb.)
BRASIL-INDÍGENAS
Al menos 76 indígenas asesinados en Brasil por hechos violentos en 2007
Un informe elaborado por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) asegura que los hechos de violencia contra pueblos originarios aumentaron un 60 por ciento entre 2006 y 2007. Al menos 76 indígenas fueron asesinados en el 2007 en sucesos violentos.
AGENCIA INFORMATIVA PULSAR - FIN DEL DESPACHO
PERÚ-REPRESIÓN
Congresista pide renuncia de ministro del Interior por ordenar represión
La congresista peruana, Elizabeth León, exigió este viernes la renuncia del ministro del Interior, Luis Alva Castro, por ordenar la represión a bloqueos del paro nacional agrario de febrero. Cuatro campesinos fueron asesinados en las manifestaciones.
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Elizabeth León, congresista de Unión por el Perú. - 55 seg. (863 Kb.)
ARGETINA-TIERRAS
Justicia remata campo habitado por campesinos en Argentina
La Justicia de la provincia argentina de Córdoba remató esta semana un campo trabajado por campesinos. La subasta pública presentó el terreno como deshabitado. Un abogado del Movimiento Campesino de Córdoba fue detenido al intentar impedir el remate.
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Joaquín Gonzalez, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba. - 1 min. 19 seg. (1,20 Mb.)
BRASIL-INDÍGENAS
Al menos 76 indígenas asesinados en Brasil por hechos violentos en 2007
Un informe elaborado por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) asegura que los hechos de violencia contra pueblos originarios aumentaron un 60 por ciento entre 2006 y 2007. Al menos 76 indígenas fueron asesinados en el 2007 en sucesos violentos.
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