Al mirar la muchedumbre en Islandia que golpeó cacerolas y sartenes hasta que su gobierno cayó, me acordé de una popular consigna en los círculos anticapitalistas en 2002: “Tú eres Enron. Nosotros somos Argentina”.
Su mensaje era sencillo. Ustedes –los políticos y ejecutivos en jefe apiñados en alguna cumbre comercial– son como los imprudentes y estafadores ejecutivos de Enron (claro, no conocíamos ni la mitad de la historia). Nosotros –la chusma de afuera– somos como el pueblo de Argentina, el cual, en medio de una crisis económica inquietantemente parecida a la nuestra, salió a las calles golpeando cacerolas y sartenes. Ellos gritaron, “que se vayan todos”, y expulsaron a cuatro presidentes, uno tras otro, en menos de tres semanas. Lo que hizo único al levantamiento argentino de 2001-2002 fue que no estaba dirigido a un partido político en particular o siquiera a la corrupción en abstracto. El blanco fue el modelo económico dominante; ésta fue la primera revuelta nacional contra el capitalismo contemporáneo desregularizado.
Se llevó un rato, pero desde Islandia a Lituania, desde Corea del Sur a Grecia, el resto del mundo finalmente tiene su momento “¡que se vayan todos!”.
Las estoicas matriarcas islandesas que golpean sus cacerolas incluso mientras sus hijos saquean el refrigerador en busca de proyectiles (huevos, claro, pero, ¿yogurt?) hacen eco de las tácticas que se hicieron famosas en Buenos Aires. Así como lo hace la rabia colectiva contra las elites que destrozaron un país que alguna vez fue próspero y pensaron que se podrían salir con la suya. Como dijo Gudrun Jonsdottir, oficinista islandés de 36 años: “Simplemente ya me harté. No confío en el gobierno, no confío en los bancos, no confío en los partidos políticos y no confío en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Teníamos un buen país, y lo arruinaron”.
Otro eco: en Reykjavik, no van a convencer a los manifestantes con un simple cambio de cara en las alturas (aunque la nueva primera ministra sea una lesbiana). Quieren asistencia para la gente, no sólo para los bancos; una investigación penal de la debacle; y una profunda reforma electoral.
En Lituania, en estos días, se pueden escuchar demandas similares. Ahí, la economía se ha contraído más bruscamente que en ningún otro país de la Unión Europea, y el gobierno se tambalea. Durante semanas, el capital ha sido sacudido por las protestas, que incluyeron un verdadero disturbio con la gente lanzando adoquines, ocurrido el 13 de enero.
Como en Islandia, los habitantes de Lituania están horrorizados con la negativa de sus líderes de asumir alguna responsabilidad en su desastre. Cuando Bloomberg TV le preguntó al ministro de Finanzas de Lituania qué ocasionó la crisis, se encogió de hombros: “Nada especial”.
Pero los problemas de Lituania por supuesto que son especiales: las mismas políticas que permitieron que el Tigre Báltico creciera a una tasa de 12 por ciento en 2006 ahora provocan una violenta contracción a 10 por ciento proyectado para este año: el dinero, liberado de todas las barreras, sale tan rápido como entra, con una buena cantidad desviada a los bolsillos políticos. (No es coincidencia que muchos de los casos perdidos de hoy son los milagros de ayer: Irlanda, Estonia, Islandia y Lituania.)
Hay algo más argentinesco en el aire. En 2001, los dirigentes de Argentina respondieron a la crisis con un brutal paquete de austeridad prescrito por el FMI: 9 mil millones de dólares en recortes al gasto, mucho del cual golpeaba a la salud y la educación. Esto resultó ser un error fatal. Los sindicatos llevaron a cabo una huelga general, los maestros trasladaron sus clases a las calles y las protestas nunca se detuvieron.
Este mismo rechazo –que proviene de abajo y se dirige a los de arriba– a pagar por la crisis unifica muchas de las protestas de hoy. En Lituania, mucha de la rabia popular se enfoca en las medidas de austeridad gubernamentales –despidos masivos, servicios sociales reducidos y salarios del sector público recortados–, todo para tener derecho a un préstamo de emergencia del FMI (no, nada ha cambiado). En Grecia, los disturbios en diciembre ocurrieron después de que la policía le disparó a un joven de 15 años. Pero lo que ha hecho que continúen, con los granjeros asumiendo el liderazgo después de los estudiantes, es el enojo generalizado ante la respuesta gubernamental a la crisis: los bancos recibieron un rescate de 36 mil millones de dólares mientras que a los trabajadores les recortaron sus pensiones y los granjeros recibieron prácticamente nada. A pesar del inconveniente de tener a los tractores cerrando las carreteras, 78 por ciento de los griegos dice que las demandas de los granjeros son razonables. De modo similar, en Francia, la reciente huelga general –provocada, en parte, por los planes del presidente Sarkozy de reducir drásticamente el número de maestros– obtuvo el apoyo de 70 por ciento de la población.
Quizá el hilo más fuerte y resistente que conecta este contragolpe global es el rechazo de la lógica de las “políticas extraordinarias” –la frase fue acuñada por el político polaco Leszek Balcerowicz para describir cómo, en una crisis, los políticos pueden ignorar las reglas legislativas y aprobar a toda prisa “reformas” impopulares. Este truco ya no les funciona, como descubrió recientemente el gobierno de Corea del Sur. En diciembre, el partido gobernante intentó usar la crisis para aprobar a la fuerza un controvertido acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Llevaron la política a puertas cerradas a nuevos extremos: los legisladores se encerraron en la Cámara para poder votar en privado, e hicieron una barricada en la puerta con escritorios, sillas y sillones.
Los políticos de la oposición no lo aceptaron: con mazos y una sierra eléctrica, irrumpieron y tomaron durante 12 días el Parlamento. La votación se retrasó, lo cual permitió que hubiera más debate. Fue una victoria de un nuevo tipo de “política extraordinaria”.
En Canadá, la política no se presta para ser vista en YouTube, pero aun así ha estado asombrosamente llena de incidentes. En octubre, el Partido Conservador ganó las elecciones nacionales con una plataforma que no era ambiciosa. Seis semanas más tarde, nuestro primer ministro Tory encontró su ideólogo interno y presentó una iniciativa presupuestal que le quitaba a los trabajadores del sector público el derecho a huelga, cancelaba los fondos públicos destinados a los partidos y no contenía estímulos económicos. La respuesta de los partidos de la oposición fue formar una coalición histórica, que sólo se logró impedir que tomara el poder mediante una abrupta suspensión del Parlamento. Los Tories acaban de regresar con un presupuesto revisado: las políticas favoritas de la derecha desaparecieron y está lleno de estímulos económicos.
El patrón es evidente: los gobiernos que ante una crisis creada por la ideología del libre mercado respondan con una aceleración de esa misma agenda desacreditada, no sobrevivirán para contarlo. Como los estudiantes italianos, gritan en las calles: “¡No pagaremos su crisis!”
*Es autora de La doctrina del shock.
Copyright 2009 Naomi Klein.
www.naomiklein.org.
El texto fue publicado en The Nation.
Traducción: Tania Molina Ramírez.
Editorial La Jornada.
IFE sometido
En una votación dividida –de cinco contra cuatro–, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) decidió no multar a las dos principales televisoras del país por haber interrumpido hace dos fines de semana las transmisiones de distintos encuentros deportivos para difundir, en bloque y fuera de los espacios comerciales, promocionales del órgano electoral y los partidos políticos, con el falso argumento de que “así lo ordena” la legislación vigente en materia de contratación y difusión de propaganda comicial. Tal medida constituyó, a decir de un informe elaborado por la secretaría ejecutiva del propio IFE, un acto violatorio de la ley, por cuanto los consorcios mediáticos “manipularon” las pautas de difusión de espots televisivos (lo que está expresamente prohibido en el artículo 36 inciso cinco del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral); pero los funcionarios del órgano electoral adujeron, como consideraciones absolutorias, la “normalización” de las transmisiones y la “corrección” de esas “conductas atípicas”, y sobreseyeron el proceso en contra del duopolio televisivo.
La determinación del IFE resulta inaceptable pues constituye la claudicación y el sometimiento de una instancia pública, y pretendidamente autónoma, ante presiones, chantajes y actitudes abiertamente subversivas de un poder fáctico –el de los empresarios de los medios–, cuyo fin evidente en este caso fue sembrar en los ciudadanos un sentir de animadversión y descontento hacia la propia autoridad electoral, en obediencia a un espíritu de revancha tras las modificaciones aprobadas a la legislación respectiva en 2007 que, entre otras cosas, prohíben tanto a partidos políticos como a particulares la contratación de espacios para difundir propaganda comicial y lesionan, por tanto, los intereses monetarios de los concesionarios de medios electrónicos de comunicación. Los dueños de los consorcios mediáticos reiteraron así su propensión a abusar de las concesiones que detentan sobre el espacio de frecuencias electromagnéticas –un bien público, extensión del territorio nacional y propiedad de la nación– para desinformar y mentir a la ciudadanía, presionar a las instancias públicas encargadas de hacer valer la ley, y demandar para sí –con éxito, por lo que puede verse– situaciones de excepción en lo que respecta a la aplicación de las directrices legales vigentes.
Con la resolución de ayer, por lo demás, los consejeros electorales han hecho un flaco favor a la credibilidad de la institución a la que pertenecen, la cual, cabe recordarlo, enfrenta el desafío de revertir el descrédito monumental en que quedó sumida tras los desaseados comicios de julio de 2006. Dicha perspectiva, de suyo lamentable, lo es aún más a pocos meses de la celebración de unas elecciones federales para las que el propio IFE ha dispuesto la entrega de enormes recursos públicos a los partidos políticos, y en las que pretende presentarse como una autoridad renovada, justa e imparcial, imagen que difícilmente puede sostenerse ante determinaciones como la que se comenta.
Por último, es catastrófico para el conjunto de la institucionalidad del país que en dos días consecutivos se hayan producido, en el seno de la Suprema Corte de Justicia –con la injustificable exoneración del gobernador del estado de México y otros funcionarios por los abusos cometidos en Texcoco y Atenco– y del Consejo General del IFE, fallos que lesionan la vigencia de la legalidad y el estado de derecho, garantizan impunidad para quienes infringen la ley y muestran a esas instituciones, ante la opinión pública, como gestoras de los intereses de la camarilla político-empresarial que detenta el poder en el país.
José Luis Piñeyro
Mariguana: ¿legalizada?
En varias ocasiones he planteado en este espacio de opinión lo impostergable que es iniciar un debate nacional sobre la despenalización de la mariguana.
Debate que convoque a especialistas de diversas disciplinas (sociólogos, abogados, economistas, médicos, toxicólogos, agrónomos, entre otros), representantes de la sociedad civil (empresarios, comunicólogos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, ecologistas) y, por supuesto, a autoridades civiles y militares de los tres niveles del gobierno y del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Debate que debe partir del abandono de dogmatismos políticos o morales, en el que prive una discusión basada en análisis científicos desde una perspectiva interdisciplinaria que sopese cuáles han sido y seguirán siendo los costos (humanos, económicos y ecológicos) y los beneficios de mantenerse el enfoque represivo contra el narcotráfico.
En México, los costos sociales de las narcoejecuciones han sido crecientes: 2006 (2 mil 221 personas), 2007 (2 mil 561) y 2008 (5 mil 612), a lo que habría que agregar las personas heridas o traumadas por la guerra a las drogas. Los costos económicos son multimillonarios: una estimación supone 94 mil 300 millones de dólares gastados de 1994 a 2007. De los costos ecológicos (por uso de herbicidas) creo que nadie ha hecho cálculos, mas no han de ser pocos.
Los beneficios que apunta el gobierno son los de siempre: cultivos destruidos, drogas confiscadas, desmembramiento de cárteles, confiscación de armas, vehículos y dinero.
Hace una década, personalidades de las más diversas profesiones e ideologías (Gabriel García Márquez, Milton Fridman, Mario Vargas Llosa, entre otros) se pronunciaron a favor de despenalizar las drogas como la estrategia más efectiva de combate al narcotráfico. Ya ha corrido desde entonces mucha sangre y dinero.
Días atrás, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, dirigida por los ex presidentes Cardoso de Brasil, Gaviria de Colombia y Zedillo de México, concluyó que la estrategia represiva y de criminalización del consumo de drogas ha fallado en la erradicación de plantíos y en combatir los distribuidores.
Plantean la despenalización de la mariguana, acompañada de campañas de prevención y rehabilitación de adicciones. Propuesta que presentarán al presidente Obama y a los mandatarios de la Unión Europea, confiando en que éste es pragmático y tiene informes de la ineficacia de estrategia represiva: no ha logrado disminuir el precio de las drogas y sólo ha multiplicado por 10 el número de presos. Las campañas propuestas pretenden reducir la demanda potencial y real de drogas y disminuir el precio de la mariguana como formas de golpear el poder económico de los narcos, además llenar las prisiones con narcotraficantes y no con drogadictos.
¿Habrá sensibilidad en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los partidos políticos y en las agrupaciones empresariales y sindicales para discutir y mejorar la anterior propuesta? Quiero pensar que sí, aunque si nos atenemos a la falta de pragmatismo e imaginación para cambiar la política económica frente a la catastrófica crisis en curso, el optimismo se acaba.
¿Será que al igual que con la crisis económica no se quiere reconocer que hay una crisis de seguridad pública? De hecho, es de seguridad nacional dadas sus dimensiones territoriales, sociales, económicas e institucionales. Pragmatismo y pacto nacional es la única senda de fortalecimiento de la nación y del Estado.
jlpineyro@aol.com
Profesor investigador de la UAM-A
Alejandro Encinas
Divorcio
Una función fundamental de los partidos es la disputa legítima por el poder político a través de la competencia electoral. En ella todos los partidos se encuentran inmersos y buscan mantener y ampliar su electorado.
La lógica electoral y la búsqueda de mayores posiciones han copado los rincones del trabajo partidario, al extremo que todos, sin excepción y con una gran dosis de pragmatismo, plantean la necesidad de “moverse al centro”, diluyendo su discurso y por tanto las diferencias entre los proyectos que cada uno dice representar.
Son muchos los ejemplos: en 2006, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de bajar los precios de luz, gas, gasolinas y de ampliar los apoyos para adultos mayores, antes satanizadas como populistas, fue retomada por los candidatos del PRI y del PAN, o el caso reciente de la campaña oficial del PRD con relación a la reforma energética, que sostiene que “jugamos en equipo con los demás partidos” y que “la receta es de todos los partidos, pero la mayoría de los ingredientes los puso el PRD”, con la que se mantiene la lerda idea de que “cogobernamos desde el Congreso” y, en consecuencia, se es copartícipe de las políticas que han llevado al colapso de las instituciones encargadas de la seguridad pública y de las políticas económicas. Esto, además de crear confusión, desalienta al elector para quien todos son lo mismo.
Así, los partidos se empantanan en un discurso que olvida, como sostiene Arnoldo Martínez Verdugo, que “el centro político es la gobernabilidad, mientras el centro ideológico es el pantano”.
Algo similar sucede con los gobiernos locales, que en su mayoría, buscando su continuidad, privilegian mantenerse en el poder por encima de impulsar transformaciones que pudieran afectar los intereses de los grupos beneficiarios del estatus vigente. Así vemos cómo muchos gobiernos locales y municipales, incluso de la izquierda, asumen posiciones conservadoras, administran y palian la crisis, cuando no viven el embeleso de un poder efímero.
En tanto, la sociedad permanece ajena a estas dinámicas y demanda definiciones y respuestas fuertes, lo que da cuenta del profundo divorcio entre los partidos políticos, sus gobiernos y la sociedad.
La actual campaña electoral abre la posibilidad de impulsar nuevos paradigmas y alternativas. La izquierda no necesita más diagnósticos o explicaciones; requiere diferenciarse con claridad, tomar iniciativas, impulsar cambios que permitan rescatar al país desde la raíz de su vida comunitaria, vinculando la acción de los partidos con la autoridad local y los movimientos sociales, y desde ahí definir las agendas en el Parlamento.
Se requiere del replanteamiento de las políticas hasta ahora seguidas; de nuevas alianzas y formas de participación en la comunidad y el territorio en que se insertan; de una nueva relación entre autoridades locales y movimientos sociales desde el territorio.
La crisis obliga a adaptarse a la nueva situación y el territorio es un nuevo protagonista en la creación del nuevo paradigma, no sólo para enfrentar la crisis y promover el desarrollo de la economía local, sino para un ejercicio democrático distinto, que admita el desarrollo de comunidades fuertes, articuladas con los poderes locales, que permitan la democratización de la vida pública y el desarrollo de una cultura que aliente la vida comunitaria, y que reconozca su diversidad y refuerce las acciones por el bien vivir y la redistribución del ingreso.
Asistimos a un nuevo proceso electoral. No es posible reproducir la percepción de que todos somos lo mismo. Esta es una oportunidad para ofrecer al elector una opción que motive su participación y supere el divorcio con la sociedad, cultivando un electorado maduro y con memoria.
aencinas@economia.unam.mx
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
César Cansino
Abstencionismo a la carta
No es descabellado anticipar que el abstencionismo será el protagonista en las elecciones federales intermedias de este año. Según las estimaciones más conservadoras difundidas hasta ahora sobre la renovación de la Cámara de Diputados, y de muchas elecciones locales en todo el país, el rango estimado de abstención varía entre 60% y 75%, lo que marca una tendencia poco alentadora para los partidos en contienda, por cuanto manifiesta un malestar creciente de la ciudadanía hacia los mismos.
De cara a este escenario, habría que desechar aquellas interpretaciones según las cuales un creciente abstencionismo es sinónimo de incultura política y una fuerte tasa de participación sólo es posible en naciones con culturas democráticas maduras. Pese a que la democracia mexicana está apenas dando sus primeros pasos, no se puede decir que la cultura política de los mexicanos sea escasamente democrática. Por el contrario, el abstencionismo constituye una expresión de creciente apatía o malestar social hacia la política institucional, lo cual nada tiene que ver con el grado de cultura democrática existente sino con el pésimo desempeño de las autoridades y la pobre oferta de los partidos.
Este diagnóstico vale para casi todas las democracias del planeta, pues hoy presenciamos una crisis de la representación política, un creciente extrañamiento de las sociedades y sus representantes elegidos democráticamente. En lo personal, prefiero leer el fenómeno del abstencionismo en las democracias actuales asociado a este contexto global de crisis de la política representativa, que quedarme en la superficie de nociones como “fatiga” o “saturación” electoral con las que politólogos y electorólogos suelen referirse al asunto; subestiman la magnitud de la crisis de la política institucional de fondo y suponen que basta perfeccionar las campañas electorales o la imagen de los partidos para revertir las tendencias a la baja, cuestión que la propia realidad ha desmentido una y otra vez. Es decir, estas lecturas terminan haciendo apología de esa bazofia que es el “marketing político”.
No puede decirse que la cultura política de los mexicanos es pobre cuando han sido los ciudadanos los que marcaron la diferencia en las urnas para que finalmente terminara pacíficamente el viejo régimen priísta y fuera sustituido por otro distinto sustentado en la libertad y la justicia.
Por ello, tampoco extraña que los electores no concurran ahora a las elecciones en la misma proporción que en 2000 o 2006, o incluso antes cuando la expectativa de cambio era un ingrediente adicional, pues la mayoría de los mexicanos nos sentimos defraudados o frustrados ante una expectativa de transformación que no se ha concretado. La percepción dominante entre los ciudadanos es que ninguno de los actores políticos, sobre todo gobierno federal, partidos y Congreso, ha estado a la altura de las expectativas de transformación. Otra cosa es calificar el tipo de cultura política dominante en México, o ubicarla en una escala de cercanía a los valores democráticos de tolerancia, pluralismo, participación, etcétera. Pero incluso aquí nos llevaremos una sorpresa si se contrasta la cultura política de los ciudadanos con la de sus propios políticos.
Basta de menospreciar a los ciudadanos. En México, tanto el voto como el no voto son hoy en la mayoría de los casos elecciones individuales absolutamente racionales y maduras.
La elección de no votar, cuando es consciente, es también una elección legítima: tiene un significado que quiere proyectarse políticamente. Tampoco comparto las interpretaciones que consideran que el desencanto de los ciudadanos más que con los partidos o con los políticos es con la propia democracia, pues han descubierto con pesar que ésta no resuelve sus problemas inmediatos. Nuevamente se etiqueta aquí a los electores y se presume que su apatía en las urnas nace más de la ignorancia y el desconocimiento de lo que es la democracia, pues la cargan de significados que no tiene. Este supuesto candor no aplica; lo que la mayoría de los ciudadanos en México pretende de la democracia es que sus representantes los representen adecuadamente, quiere mejor leyes y garantías, quiere vivir en un verdadero estado de derecho. Ni más ni menos.
cansino@cepcom.com.mx
Director del Centro de Estudios de Política Comparada
