El Metro: sufrimiento cotidiano

Escrito por Lucía Melgar Palacios 

Inaugurado en 1969, el Metro de la Ciudad de México fue por varias décadas un símbolo de modernidad, un medio de transporte eficiente, barato y rápido. Además, contribuye a mitigar la contaminación y el cambio climático. Por desgracia, lejos de dar prioridad al sistema de transporte colectivo más usado, con más 60 millones de usuarios al mes, las autoridades capitalinas actuales han permitido o propiciado la degradación del servicio y minimizado accidentes graves, mientras se multiplican “incidentes” y retrasos que ponen en riesgo la salud física y mental de las personas y significan pérdidas económicas cotidianas.

Si ya circular por la ciudad implica millones de horas de sueño y recreación perdidas al año, sobre todo para quienes viven en la zona conurbada y padecen el pésimo servicio de micros y autobuses para llegar a su centro de trabajo o estudio en la CdMx, no contar siquiera con el que podría y debería ser un medio confiable y seguro aumenta el sufrimiento cotidiano. Si ya en 2015 nuestra capital era “la ciudad más dolorosa del mundo para transportarse” (C. Altamirano, Nexos), en este 2022 el calvario en el Metro es inaguantable.

Accidentes graves como un choque de trenes en marzo de 2020, el incendio del centro de control del Metro y el desplome en la línea 12 en 2021 deberían haber bastado para centrar la atención y acción de gobierno y sociedad para garantizar la seguridad del sistema. Substituir el centro de control y reparar la Línea 12 o “modernizar” la línea 1 son acciones indispensables pero no bastan para resolver las consecuencias de la falta de mantenimiento y la negligencia que casi a diario convierten los túneles y pasillos del Metro en hacinamientos multitudinarios, un grave riesgo de seguridad ciudadana.

Las fallas recurrentes en el servicio, más frecuentes, sobre todo este mes, se atribuyen a desperfectos de los trenes, a objetos en las vías, alguna vez por desgracia a personas suicidas, o a “las lluvias”, aunque haya retrasos cuando no llueve, como sucedió este fin de semana. Si bien puede haber imponderables, no es normal ni tolerable que, sin explicación o con pretextos, se condene a la gente a soportar aglomeraciones, empujones, gritos de policías, maltrato y hacinamiento, a cualquier hora. No sólo en horas pico hay problemas.

¿Qué implica usar el Metro en estas condiciones? No sólo llegar tarde al trabajo o a la escuela, con el riesgo de que le descuenten el día, le marquen un retraso o no le dejen entrar, causa suficiente de tensión. También es sentir la presión de cientos de personas en andenes y pasillos, ser empujada para entrar o intentar salir del vagón, ver y sentir cómo usuarias desesperadas se avientan para entrar a un vagón ya saturado sin fijarse si hay niños o personas mayores, porque lo único que importa es seguir el viaje. O quedarse atrapados entre dos estaciones, en la incertidumbre, sin aire suficiente, al borde de la crisis de pánico, como sucedió este domingo en la línea 3. Milagrosamente en los pasillos saturados largo rato, cuando se suspende el servicio o hay retrasos, la paciencia o la necesidad de evitar daños mayores garantizan ahí cierta calma. Sin embargo, no es superfluo preguntarse qué pasaría en caso de temblor o incendio, qué evitaría una estampida y sus brutales consecuencias.

En vez de reconocer este desastre, las autoridades se limitan a repetir: “Tome sus precauciones”, “Lamentamos los inconvenientes”, como si las “afectaciones” fueran menores. Además, presumen inversiones en escaleras eléctricas “nuevas” que anuncian mes con mes para justificar que las existentes sean inservibles, lo que lleva a preguntarnos dónde están esas escaleras nuevas o adónde se fueron, por ejemplo, los 270 millones de pesos que supuestamente han destinado a ellas desde 2019.

Ni ignorar el problema ni achacarlo a males del pasado justifica este atentado contra la ciudadanía. Tampoco puede el gobierno aludir a la “austeridad” oficial cuando el presupuesto anual del Metro en 2022 es de poco más de 18 mil millones de pesos, apenas igual al de 2017 (sin contar la inflación), mientras que el Centro Cultural Chapultepec devorará más de 10 mil mdp., y el Tren (anti)maya más de 143 mil mdp. (si no hay sobrecostos), dos proyectos depredadores que en nada beneficiarán a las mayorías de la ciudad y del país. Esas no son nuestras prioridades.

¿Hasta cuándo pretenden las autoridades capitalinas seguir abusando de nuestra paciencia?

Diputados aprueban «Ley Montse»: van contra quien encubra feminicidas

Escrito por Berenice Chavarría Tenorio 

Fotografía: Twitter.- Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó modificaciones en el Código Penal Federal para sancionar con tres meses a tres años de prisión a la persona que encubra a un feminicida. Lo anterior forma parte de la llamada ‘Ley Montse’, impulsada tras el feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán perpetrado en 2021.

Con 455 votos a favor, la iniciativa propuesta por la diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) fue aprobada, con lo cual se elimina la figura de “excusa absolutoria”, la cual permitía que cónyuges, concubinas, parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado, y por afinidad hasta el segundo, así como a los que estén ligados con el feminicida por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad, encubrieran un delito sin recibir sanción alguna.

La iniciativa aprobada -que pasará al Senado- también refiere que la pena se incrementará hasta en un tercio cuando la víctima de feminicidio sea menor de edad, de la tercera edad, esté embarazada o cuente con alguna discapacidad; también si el presunto feminicida es servidor público.

Estas modificaciones fueron impulsadas a raíz del feminicidio de Montserrat Bendimes, perpetrado en abril de 2021 en Veracruz. La joven de 20 años fue golpeada por Marlon Botas, su entonces pareja. Los padres del presunto feminicida trasladaron a Montserrat a un hospital y posteriormente ayudaron a su hijo a huir; mientras ella se debatía entre la vida y la muerte, Marlon desapareció.

Días después y tras el daño físico causado por Botas Fuentes, Montserrat Bendimes murió, lo que desató una ola de indignación en México. Las exigencias de justicia no cesaron y el rostro del presunto feminicida comenzó a circular en calles, redes sociales y medios de comunicación; siete meses después, sus padres fueron detenidos en la Ciudad de México.

No se tenía ningún rastro de Marlon Botas, pero fue el 16 de mayo cuando el presunto feminicida filtró un video a medios de comunicación donde, sin ninguna señal de temor, condicionó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para entregarse a cambio de la liberación de sus padres.

Finalmente el 3 de junio Marlon fue detenido en Mérida, Yucatán, luego de un cateo realizado a la casa de su abuela. Sin embargo, a más de 500 días del feminicidio, Montserrat y su familia continúan sin justicia.

Fotografía: Twitter Mujeres de la Sal

Aprueban incremento de penas en casos de feminicidio cuando se contara con medida cautelar

Las y los diputados también aprobaron el aumento de penas hasta una tercera parte cuando la víctima contara con una medida cautelar impuesta por otro delito. Dicha medida será aplicable en casos de homicidio y feminicidio.

“Los datos demuestran que contar con una medida cautelar no hace la diferencia para salvarles la vida, por lo que no debemos escatimar las medidas legislativas para protegerlas, pues el Estado como ente garante de derechos humanos, tiene la obligación de salvaguardar la integridad de sus gobernados y de garantizar el derecho de la vida, ya que es el bien jurídico de mayor valía para las personas. Es urgente frenar la impunidad, es urgente que se castigue con mano dura a los feminicidas”, aseguró la diputada de Morena, María Guadalupe Román.

CIMACFoto: César Martínez López

Tal fue el caso de Vanessa Gaytán Ochoa, asesinada por su esposo en 2019 frente a Casa Jalisco a la misma hora en que el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, sostenía una reunión en matería de seguridad. La mujer contaba con medidas de protección desde 2017 debido a la violencia que el hombre ejercía contra ella.

El mismo año Eliza, de 42 años de edad, fue víctima de feminicidio en un mercado de abastados en Guadalajara por su expareja, contra quien ya había presentado dos denuncias además de solicitar medidas de protección.

Feminismos chicanos y la reivindicación de la new mestiza

Escrito por Diana Hernández Gómez 

Fotografía: Wikimedia Commons

No puede haber luchas sociales equitativas sin que en ellas se contemplen las necesidades de las mujeres. Esta premisa, arraigada en movimientos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es una afirmación esencial para hablar de una de las vertientes del feminismo: el feminismo chicano. Y es que una de las aristas de este movimiento ha sido, precisamente, la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres dentro de las propias comunidades chicanas.

El feminismo chicano comenzó a concretarse con fuerza a finales del siglo XX. Pero, desde finales de los años 1800, mujeres como Lucy González Parsons (nacida esclava por ser hija de una mexicana negra) comenzaron a desarrollar papeles importantes en la lucha por el voto y por las condiciones laborales dignas para las mujeres que, como ella, tenían sus raíces en grupos históricamente vulnerados.

Ya en el siglo XX, esta lucha tomó una dimensión diferente cuando estas comunidades marginadas —como las afroamericanas y las inmigrantes— alzaron la voz frente a aquellos movimientos sociales que los dejaban fuera de sus exigencias. Uno de ellos era el movimiento feminista sufragista, el cual únicamente daban voz a las mujeres blancas y de clases medias-altas en Estados Unidos.

Mientras estos grupos avanzaban en el reconocimiento de sus derechos, las mujeres chicanas (aquellas estadounidenses con ascendencia mexicana cuya identidad, sin embargo, no es exactamente de aquí ni de allá) permanecían en las mismas condiciones: con trabajos precarizados, en situación de pobreza y con una escolaridad baja. Detrás de esto había dos grandes problemas: el sexismo y el racismo.

De los derechos laborales a la igualdad entre mujeres y hombres

Frente a un panorama que las relegaba de la exigencia de los derechos, las mujeres chicanas comenzaron a organizarse para defender sus derecho civiles y laborales de la mano de los hermanos Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano en Texas. De acuerdo con la investigadora mexicana Elena Margarita Cacheux Pulido, en esta misma época (entre 1904 y 1920), las mujeres contribuyeron a hacer consciencia entre la comunidad mexico-americana sobre lo importante que era que ellas crecieran y participaran en las movilizaciones sociales.

Específicamente dos mujeres, Louisa González y Emma Tenayuca, impulsaron la lucha de las mujeres trabajadoras, a quienes motivaron a presionar a sus sindicatos para tener mejores condiciones. Entre sus solicitudes se encontraban los permisos de maternidad y la libertad de la natalidad (esto último, muy en sintonía con el movimiento feminista mexicano de la época).

Sus esfuerzos se frenaron con la Segunda Guerra Mundial en la década de los 40 debido a que muchas de ellas fueron reclutadas para trabajos domésticos y al ambiente bélico diseminado en Estados Unidos. No obstante, transcurrido el tiempo y llegados los años de 1960, las chicanas volvieron a organizarse.Dolores Huerta, sindicalista de Estados Unidos. Fotografía: Wikimedia Commons

Mucha de su fuerza, sin embargo, seguía enfocada en exigir mejoras laborales no sólo para ellas mismas sino para su comunidad en general. Un ejemplo de ello es el caso de Dolores Fernández Huerta (mejor conocida como Dolores Huerta), la famosa activista que cofundó la Unión de Campesinos o United Farm Workers, la organización sindical de trabajadores agrícolas más grande de Estados Unidos —y que, además, continúa existiendo—.

No obstante, de acuerdo con la activista chicana Martha Cotera, en esa misma época se retomaron las otras exigencias ligadas con la libertad de la natalidad y la igualdad de derechos en general. Pero esto no le agradó mucho al Movimiento Chicano, pues significaba ir contra ideas tradicionales de familia y cultura, las cuales mantenían la diferencia jerárquica entre hombres y mujeres.

Esto les valió adjetivos como «agringadas» y «oportunistas». Sin embargo, mujeres como Martha Cotero y Yolanda Nava siguieron insistiendo en la importancia de nombrar a las chicanas y a sus necesidades específicas. De lo contrario, afirmaban, no podía existir un movimiento completamente liberador.

La consolidación del feminismo chicano

Así pues, las mujeres chicanas eran víctimas de una doble opresión. Por un lado estaba el racismo de los estadounidenses que marginaba —y sigue marginando— a sus comunidades y explotándolas laboralmente; y, por otro, sus mismas comunidades les decían que no podían exigir algo más allá de lo que los hombres imponían.

Con todo y estas barreras, las activistas chicanas lograron abrirse paso como sujetas políticas y colocaron sobre la mesa exigencias relacionadas con las labores de cuidado infantil, los derechos reproductivos, los derechos al bienestar social y otros tema como la prostitución y la esterilización forzada.

Finalmente, en la década de 1970, después de insistir en conferencias locales y nacionales, congresos y asambleas, las mujeres lograron que el Movimiento Chicano reconociera la necesidad de hablar sobre la igualdad entre hombres y mujeres y de que estas últimas fueran reconocidas como sujetas de derechos.

Con esto surgieron las exigencias de mejores oportunidades educativas, centros de cuidado infantil bilingües y biculturales, la igualdad salarial, la legalización del aborto y el derecho a la beneficencia social. Entre los resultados de estas peticiones se encuentran la fundación del California Social Welfare Board y la obtención del derecho al voto para las chicanas en 1974.

Este movimiento ha seguido evolucionando a lo largo de los años, pero detrás de él hay muchas discusiones vigentes relacionadas, en parte, con la identidad y el carácter fronterizo de quienes lo conforman. Y, en este punto, no podemos saltarnos a una figura sumamente relevante en el feminismo chicano: Gloria Anzaldúa.Gloria Anzaldúa. Fotografía: Wikimedia Commons

New mestiza: la identidad de ser fronteriza

Ser chicano también implica hablar de cultura o de pertenencia a un grupo social. Y, si bien es cierto que este movimiento se ha caracterizado por un fuerte carácter nacionalista, la feminista chicana Gloria Anzaldúa aborda este carácter desde un punto de vista crítico en el que la frontera juega un papel esencial.

Para ella, estar en la frontera territorial y simbólica es habitar un punto intermedio en el que la opresión es una constante histórica que exige una postura política. Dicha postura lleva consigo el reconocimiento de los conflictos identitarios derivados de estos espacios límite. Sin embargo, estas dudas no necesariamente deben ser fuentes de angustia sino de reivindicación y autoafirmación del mestizaje, del reconocimiento de la mujer chicana como la new mestiza.

En este proceso, Anzaldúa retoma y reinventa aspectos espirituales y religiosos de la cultura mexicana pre y poscolonial. Así, habla de personajas como Coatlicue y «La Llorona», las cuales han sido históricamente marginadas. Una marginación similar a la que experimentan las mujeres lesbianas, tales como la propia Gloria.

La teoría feminista desarrollada por esta activista y poeta expresa las formas que la autora tiene de reivindicarse y resistir; de nombrar a lo chicano desde la intersección entre la raza, la sexualidad y la identidad cultural. Todos estos conflictos son componentes históricos del movimiento feminista chicano (un movimiento que, como la frontera, no deja de transformarse para seguir existiendo).

El culto Haredi Ultra-Ortodoxo LEV TAHOR y el matrimonio forzoso infantil

Escrito por Teresa C. Ulloa Ziáurriz

Hace ya un año, el pasado 17 de octubre, presenté una denuncia contra los líderes del Culto Haredi Ultra-Ortodoxo Lev Tahor, por trata de niños y niñas y matrimonios forzosos, ante la FEVIMTRA de la Fiscalía General de la República y no sucedió nada. Estaban esperando que la CATWLAC buscara a las víctimas y se las presentara.

En la denuncia manifestamos que:

Los miembros del culto haredi ultra-ortodoxo Lev Tahor escaparon de los Estados Unidos y las autoridades mexicanas les impidieron que viajaran a Irán y fueron regresados a Guatemla, en donde residían desde el 2014, lo que reportaron los medios mexicanos.

El culto que asciende aproximadamente a 300 miembros, la mayoría de ellos de nacionalidad Israelita, han hecho varios intentos para viajar a Irán, primero en 2018 y, de forma más reciente, la semana pasada.

De acuerdo con el sitio de noticias Hare di Behaderey Haredim, los miembros del culto están tratando de volar a la región del Kurdistan de Iraq y lograr avencidarse en Irán, esperando poder conducir más libremente sus prácticas y abusos sin la interferencia del Estado.

En julio, el FBI y la policía de Guatemla allanó el complejo de Lev Tahor y arrestó al menos a dos altos líderes, Yoel y Shmuel Weingarten, quienes tenían órdenes de aprehensión en su contra en los Estados Unidos por secuestro y abuso infantil.

Las imágenes de video obtenidas por Behaderey Haredim de los medios mexicanos esta semana mostraron dos autobuses llenos de mujeres y niños miembros del culto a punto de ser enviados de regreso a Guatemala.

La semana pasada, los miembros de la secta intentaron embarcarse en vuelos desde la Ciudad de Guatemala, pero fueron impedidos por funcionarios de seguridad.

Según los informes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel está trabajando para frustrar la llegada del culto a Irán por la preocupación de los miembros de la familia en Israel de que podrían ser utilizados por la República Islámica como moneda de cambio en su conflicto con Israel, informó Ynet.

Tres líderes de Lev Tahor ya están en Kurdistán esperando la llegada de otros miembros, informó Behaderey Haredim la semana pasada.

El grupo está tratando de mudarse a Irán para poder llevar a cabo sus prácticas extremistas más libremente de lo que pueden hacer en Guatemala, dijo el lunes a KAN Radio Yoel Levi, un ex miembro del culto que escapó en 2018. Ha habido informes de matrimonios infantiles forzados y diversas formas de abuso psicológico y físico por parte de los líderes de la secta contra sus miembros.

El fundador del grupo, Shlomo Helbrans, fue condenado por delitos de secuestro antes de su muerte por ahogamiento en 2017, y uno de sus líderes actuales, Yaakov Weinstein, fue arrestado por las autoridades guatemaltecas en marzo bajo sospecha de secuestro de niños.

Por otro lado, en 2019, por denuncia de una madre que había huído a Nueva York, la secta judía ultraortodoxa secuestro a dos hermanos de 14 y 12 años, ideando un complejo plan para secuestrarlos. Y un operativo que involucró a agentes del FBI, la policía federal mexicana y personal diplomático para un rescate que se concretó en una pequeña comunidad casi tres semanas más tarde y después de una huida de 4 mil kilómetros. Esta es la trama del último escándalo de la secta Lev Tahor, fundada en Israel, desterrada de Estados Unidos, fugada de Canadá y asentada recientemente en México y Guatemala. El peregrinaje del culto, que no supera los 500 miembros activos, ha dejado a lo largo de 40 años un rastro de acusaciones por matrimonios forzados, tratos humillantes y abuso infantil. La cúpula del clan enfrenta ahora una pena que puede alcanzar la cadena perpetua ante la justicia de Estados Unidos.

El plan de un suicidio colectivo

El despliegue binacional para la captura y rescate de las víctimas se originó cuando la madre aseguró que la cúpula de la secta había contemplado un suicidio colectivo ante nuevos potenciales conflictos legales, de acuerdo con la prensa de ambos países. «¡[Nachman Helbrans] está hablando sobre preparar un suicidio si los sionistas entran, los padres matarán a todos los niños!», dijo la hija del fundador en declaraciones citadas por la revista Mispacha, que ha cubierto el caso de Lev Tahor durante años.

Desde que fue fundada en la década de los ochenta, la secta ha acusado «una persecución de Israel». La posición antisionista del grupo, similar a la de otros grupos de judíos ortodoxos, se ampara principalmente en el discurso de que el Estado judío debe ser restaurado por la mano de Dios y no por la del hombre. Tras las fricciones en Israel, el grupo se mudó a Nueva York a principios de los noventa. El fundador de la secta cumplió en 1994 una condena de dos años de prisión por el secuestro de un joven israelí de 13 años.

El patriarca de los Helbrans fue deportado a Israel en 1996 y recibió en 2003 asilo político en Canadá para establecerse en la comunidad de Sainte Agathe, una localidad montañosa de Quebec. Lev Tahor, que se traduce del hebreo como corazón puro, tuvo que abandonar la provincia francófona después de que se acusara al grupo de maltrato infantil: físico, emocional y sexual. Los miembros de la secta se mudaron a la provincia de Ontario e intentaron abandonar Canadá entre finales 2013 e inicios de 2014, en pleno proceso legal en su contra.

El grupo se asentó en 2014 en San Juan La Laguna, en el departamento guatemalteco de Sololá, de mayoría indígena. El consejo de ancianos de los locales echó a la secta tras pocos meses y Lev Tahor cambió las orillas del lago Atitlán por un edificio de oficinas en Ciudad de Guatemala. Los allanamientos, los juicios y las investigaciones se replicaron en el país centroamericano. El periplo del grupo siguió en otras zonas del territorio guatemalteco y supuestamente cruzó la frontera con México, a la región del Soconusco, en 2017. El rabino Helbrans fue hallado muerto a los 55 años tras un ritual en el río Shujubal, en el Estado mexicano de Chiapas, en julio de 2017. Tres meses antes, un tribunal israelí había declarado al grupo como un culto peligroso.

La secta —que ha levantado alarmas en Israel por su extremismo, que colmó la paciencia del sistema de acogida canadiense, que ha recibido decenas de portadas en Guatemala y que movilizó a los Gobiernos de México y Estados Unidos para resolver el secuestro de dos niños— tiene ahora su principal campamento en el departamento de Santa Rosa, al suroeste de Guatemala.

En el artículo que aparece en la siguiente liga, se puede revisar la historia de la secta ultraortodoxa de Lev Tahor:

A finales de septiembre de 2022, pudimos ver en los medios y en los principales noticieros de la televisión mexicana que habían detenido a dos líderes de la secta y aseguraron a más de veinte mujeres, niñas y niños. Esta vez la acción estuvo a cargo de UEIMPO-FEMDO de la misma Fiscalía General de la República, supuestamente por ser un área especializada contra la trata y el tráfico de personas y niños y niñas, pero, lamentablemente no lograron la vinculación a proceso ya que las personas que llegaron a trabajar como autoridades a esa área, no saben derecho penal y mucho menos aplicar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

¿Qué es autonomía reproductiva y cuáles son sus implicaciones?

Escrito por Berenice Chavarría Tenorio 

CIMACFoto.- Ciudad de México.- A través de un proyecto de decreto propuesto por la diputada Aleida Alavez Ruiz, de Morena, se busca incluir en la Constitución mexicana el término “autonomía reproductiva” para “dotar de claridad el derecho a decidir libremente sobre el número de hijos o a no tenerlos”. Sin embargo, el término trae consigo un debate: ¿hasta dónde llega la autonomía de los padres?

Comencemos por definir el término “autonomía reproductiva”. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) la explica como: “la autodeterminación y la capacidad de las mujeres de determinar, su fecundidad y sus decisiones reproductivas –incluido el aborto– así como vivir una vida libre de violencia y una sexualidad plena”.

Al hablar de autonomía reproductiva también se incluye la obligación del Estado de brindar información en materia de planificación familiar y salud reproductiva; además del derecho a estar libre de interferencias en la toma de decisiones reproductivas.

CIMACFoto: César Martínez López

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW), también hace referencia a la autonomía y los derechos reproductivos al indicar la capacidad de las mujeres para decidir si quieren o no tener hijos y, en su caso, cuándo, con qué intervalo de tiempo y cuántos hijos tener.

De esta forma, Alavez Ruíz busca que en el párrafo segundo del artículo 4º constitucional se inserte dicho término, considerándolo no sólo para la libertad reproductiva de las mujeres, también para los hombres, quedando de la siguiente forma:

“Toda persona tiene derecho a la autonomía reproductiva, esto es, a decidir de manera libre, responsable, informada y segura, sobre tener hijas e hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, a recibir servicios para acceder al más alto nivel de salud sexual y reproductiva, así como la prevención, sanción y reparación del daño por esterilización involuntaria o de cualquier otro método anticonceptivo forzado”.

¿Hasta dónde llega la autonomía reproductiva de los hombres?

Para Silvia Álvarez Medina, profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, la autonomía reproductiva debe plantearse a través de una mirada contextual entre las asimetrías a las que están expuestas las mujeres y los hombres.

“La construcción de la autonomía reproductiva a través de las opciones que desde el derecho se promuevan o se desincentivan, deberá tener en cuenta el complejo entramado de relaciones que tales opciones reflejan, con especial atención a las repercusiones de género, las necesidades de las y los menores y las consecuencias de justicia”.

En ese sentido, explica la especialista, la asimétrica socialización de hombres y mujeres resulta relevante al hablar de cómo se configuran los derechos reproductivos. Por un lado se basan en las asimetrías biológicas, ya que “aunque hombres y mujeres son agentes reproductivos, con capacidad para procrear, la vida reproductiva de unos y otras es distinta. Es distinto el inicio de su vida reproductiva, es distinto su desarrollo y es distinto también el fin de la vida reproductiva de ambos”.

CIMACFoto

En segundo lugar, se destaca el desarrollo de esterotipos de género en torno a la especificidad reproductiva de las mujeres (madre, cuidadora, reproductora, referente familiar), los cuales condicionan las opciones para la toma de decisiones.

“Los estereotipos patriarcales de la mujer reproductora, por tanto, deben ser claramente identificados y analizados en su contexto para comprender mejor los intereses y las demandas de las mujeres en este ámbito. Las mujeres toman sus decisiones reproductivas teniendo en cuenta no solo las posibilidades de sus respectivos cuerpos, sino la manera en que socialmente se define el cuerpo femenino, su sexualidad y su potencial para la maternidad”.

Teniendo en cuenta lo anterior, las autonomía de las mujeres va cargada de un contexto patriarcal, contrario a las decisiones de los hombres, quienes con el decreto propuesto incluso podrían atentar contra los derechos y necesidades de las y los niños.

En Cimacnoticias daremos seguimiento a dicha iniciativa para analizar de fondo los riesgos e implicaciones que puede tener la posibilidad de otorgar a hombres el derecho a «no ser padres» cuando sus hijos o hijas ya han nacido

Cada año desaparecen más de 2 mil mujeres en México, revela diagnóstico

Escrito por Berenice Chavarría Tenorio 

CIMACFoto.- Ciudad de México.- Desde el año 2020 se comenzaron a denunciar anualmente en México más de dos mil casos de desaparición de mujeres, adolescentes y niñas. Siendo el pico más alto en el año 2021, con dos mil 729 casos, de acuerdo con el Diagnóstico de mujeres desaparecidas, realizado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

El diagnóstico señala que Puebla, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Nuevo León y Guerrero son las entidades donde se concentran el 56.13 por ciento de los casos de desaparición de mujeres, adolescente y niñas de todo el país.

El rango de edad donde se concentran los casos de niñas y mujeres desaparecidas va de los 15 a los 19 años. Al respecto, el IMDHD señala que se puede encontrar el vínculo de este rango de edad con los delitos de feminicidio, trata de personas y explotación sexual de adolescentes y mujeres jóvenes.

El instituto detalla que dicha tendencia a la alta podría explicarse debido a la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición, lo cual pudo haber incentivado el reporte de casos de mujeres desaparecidas; asimismo, se hace referencia a que el crimen organizado “ha encontrado en la desaparición una forma de ocultar delitos como el feminicidio, la trata de personas, el secuestro, el reclutamiento y utilización de niñas y mujeres”.

Anaís Palacios, defensora que brinda acompañamiento a víctimas en el IMDHD, añadió que hay una invisibilización del contexto en que desaparece una mujer, tampoco hay profesionalización en los servidores públicos y se suma el discurso político de: “no está ocurriendo nada”.

Ciudad de México

En la capital del país, diariamente desaparecen 20 mujeres, explica el informe. Ante esta problemática, familiares de víctimas de desaparición y defensoras de derechos humanos señalan que el gobierno de Claudia Sheinbaum está “ocultando y silenciando la magnitud del problema”.

Entre marzo de 1964 y diciembre de 2020 en la CDMX desaparecieron 910 mujeres, sumado a lo anterior se tiene una cifra de 123 mujeres desaparecidas y no localizadas de las que no hay un año de referencia. Siendo las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, las que se concentra el mayor número de casos.

Estado de México

De acuerdo con el informe, entre enero de 2012 y agosto de 2018 se denunciaron un total de cinco mil 108 niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas en: Chimalhuacán, Cuautitlán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca y Valle de Chalco. Cabe destacar que esta entidad tiene declaradas dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

“El número de mujeres desaparecidas podría ser mucho mayor del que reportan las autoridades, puesto que muchas ONG y activistas coinciden en que varios de los casos no son denunciados, ya sea porque desconfían de las autoridades, no se conocen las leyes o por temor a sufrir represalias o incluso a perder la vida por levantar una denuncia. De igual forma, llega a suceder que luego de haber levantado la denuncia las autoridades simplemente dejan la carpeta de investigación archivada”, destaca el IMDHD.

Veracruz

En conferencia de prensa, Silvia Patricia Chica Rinckoar, una de las autoras del diagnóstico, detalló que en Veracruz se tiene el registro de mil 827 mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas. 24.6 por ciento de estos casos se concentran en los municipios de: Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica de Hidalgo y Orizaba. Dichas desapariciones se concentran en edades de 15 a 19 años.

CIMACFoto

Nuevo León

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia destaca que en la entidad hay mil 771 mujeres desaparecidas, casos concentrados en el área metropolitana de Monterrey, conformada por 10 municipios.

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) señala que, en los últimos años, se ha observado una tendencia de desapariciones de mujeres en el rango de edad de 10 a 17 años. A pesar de lo anterior, no existe una visibilización del tema y recalcó que en “las cifras oficiales hay inconsistencias, por lo que los números reales podrían ser mucho mayores”.

Jalisco

De 1964 a 2020, dentro del territorio de Jalisco, el 38.49 por ciento de los casos (tres mil 98) se concentran en Guadalajara y Zapopan, mientras que Tlajomulcode Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque son el tercer y cuarto municipio con más desapariciones de mujeres, 840 y 720 desapariciones registradas respectivamente, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), respectivamente.

Los focos de alerta de casos de mujeres desaparecidas se concentran en la zona centro del estado de Jalisco, en la región centro, la cual comparte frontera con Zacatecas y Nayarit. Cabe destacar que dicha zona es un foco rojo en cuanto a número de feminicidios, pues al 11 de enero de 2020 ya se contaban con nueve feminicidios en el estado.

Puebla

El diagnóstico señala que dentro del territorio poblano, el 52 por ciento de los casos de desaparición de mujeres (475) se concentran en Puebla, capital del estado, mientras que Tehuacán es el segundo municipio con más casos, es decir, 70 desapariciones registradas en la RNPED.

“Las mujeres de entre 15 y 19 años que viven en Puebla, tienen tres veces más posibilidades de ser desaparecidas que las mujeres de cualquier otro rango de edad”, destaca el diagnóstico.

Guerrero

En esta entidad Acapulco concentra las cifras de desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas, con 162 casos. Le siguen, Chilpancingo con 121 casos e Iguala y Taxco de Alarcón, de la región norte, con 81 y 31 casos, respectivamente. Finalmente se encuentra Chilapa, con 41.

“La dificultad que tienen las personas para denunciar o acercarse a las autoridades en municipios operados por el crimen o abandonados institucionalmente por el Estado, hace pensar que existe un subregistro de casos de personas desaparecidas”, señala el diagnóstico.

Colima

Dentro del territorio de Colima, el 28.5 por ciento de los casos de desaparición de mujeres se concentran en Manzanillo, 72 casos en concreto, mientras que Colima es el segundo municipio con más desapariciones de mujeres (59) casos, de acuerdo con el RNPED.

“Pese a tener una población de apenas 750 mil habitantes, Colima es el segundo estado con la tasa más alta de mujeres desaparecidas en el país”. Siendo las mujeres de 0 a 19 años el rango más vulnerable.

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Medidas urgentes que debe implementar el Estado mexicano

Tras darse a conocer este panorama, el IMDHD instó a los tres niveles de gobierno a formular e implementar de manera urgente una política pública focalizada en las ciudades y municipios que concentran el mayor número de casos, teniendo en cuenta los siguientes componentes:Focalizar acciones prioritarias, con planes estratégicos de prevención, investigación y búsqueda.

Entregar recursos específicos para la implementación de política pública desde el nivel federal y estatal.

Actualizar las alertas de violencia de género contra las mujeres vigentes con el diagnóstico de la problemática de desaparición de niñas y mujeres en cada estado.

Diseñar estrategias especiales para la prevención de la desaparición de mujeres que se encuentran entre los quince y diecinueve años.

Garantizar que exista un seguimiento y atención continua a las carpetas de investigación de estos casos.

Garantizar que existan planes y diligencias de búsqueda que incorporen todos los casos y que tengan una vinculación de los mismos de acuerdo al análisis del contexto.

Fortalecer, al interior de las áreas de análisis de contexto de fiscalías y comisiones de búsqueda, la aplicación del enfoque de género y el desarrollo de estudios particulares sobre la desaparición de mujeres y niñas en los estados.

Lograr sentencias que condenen a los responsables de la desaparición forzada de niñas y mujeres en los estados.

Sancionar a las y los funcionarios que incurran en prácticas de violencia institucional contra familiares de personas desaparecidas, incluyendo el uso de estereotipos y prejuicios basados en género.

Denuncian apartheid de género en Irán. En México mujeres se unen a la resistencia mundial

Escrito por Berenice Chavarría Tenorio 

CIMACFoto: Berenice Chavarría Tenorio

Ciudad de México.- “Nosotras crecimos en una cárcel”, dice Nesar Nohannadi, una joven iraní de 29 años que desde hace seis meses vive como refugiada en México tras huir de su país donde las mujeres no tienen derecho a la libertad.

Ella, como miles más, anhela romper los barrotes de esa cárcel en la que se ha convertido Irán para las mujeres. Por eso, hace poco más de un mes las protestas en esa nación se han intensificado buscando un único objetivo: una sociedad libre.

“Nosotros no queremos un líder supremo en Irán, lo que queremos es una sociedad libre donde nadie nos obligue a seguir una religión o una ideología en particular”, aseguró Nesar Nohannadi en entrevista con Cimacnoticias.

La joven periodista y poeta cuenta que huyó de Irán debido a las nulas oportunidades con las que cuentan las mujeres y la violencia a la que están expuestas, ya que, por ejemplo, si no llevan el hiyab de manera correcta, pueden ser asesinadas e incluso se les lanza ácido al rostro, ocasionando laceraciones físicas y emocionales irreversibles.

CIMACFoto: Berenice Chavarría Tenorio

Por este motivo Parichehr Kazemi también fue sacada de Irán por su familia cuando tenía siete años. La mujer estudiante de doctorado en Ciencias Políticas actualmente vive en la Ciudad de México y contó a Cimacnoticias que es una realidad que en su país natal no hay vida para las mujeres y refirió que la situación del país asiatico no es distinta a la del resto del mundo.

“En México hay machismo y en Irán también, pues hay muchos tipos de leyes que no dejan a una mujer estar en paz. En México 11 mujeres cada día son víctimas de feminicidio, pero en Irán las mujeres también están muriendo por ser mujeres, entonces no es tan diferente. Esto no es un problema iraní, es del mundo”.

El hastío por estas condiciones para las mujeres en Irán se acumuló por años y estalló el pasado 16 de septiembre, cuando Mahsa Amini, de 22 años, murió en un hospital de Teherán en circunstancias sospechosas.

Personas que presenciaron los hechos relataron que la Patrulla de Orientación -policía de moralidad religiosa del gobierno de Irán– arrestó a Amini por no usar el hiyab de acuerdo a las normas del país, ya que se podía observar un poco de su cabello saliendo del velo negro.

La policía aseguró que luego de trasladar a Amini al hospital sufrió un ataque al corazón y entró en coma; sin embargo, testigos afirmaron que la joven fue brutalmente golpeada y un grupo de observadores independientes determinó que Mahsa Amini murió como consecuencia de un derrame cerebral ocasionado por dicha agresión.

La muerte de Amini resultó en una serie de protestas en las que mujeres decidieron quitarse el hiyab y muchas de ellas se cortaron el cabello en público, para exigir no sólo que el uso de este velo deje de ser obligatorio, también contra el apartheid de género (un sistema impuesto que discrimina y coloca en una posición de sumisión a las mujeres); contra la religión forzada, falta de debido proceso, juicios injustos, ejecuciones extrajudiciales, falta de libertad de expresión, tortura, matrimonio infantil, corrupción gubernamental, financiamiento al terrorismo, teocracia y por la situación económica que enfrentan.

Esta lucha es para que las mujeres tengan derecho a estudiar y trabajar, a cantar, andar en bicicleta o motocicleta o salir del país sin necesidad de la autorización del padre o esposo.

A Parichehr Kazemi las protestas la envuelven en dos emociones: por un lado el orgullo, pero también la tristeza provocada por la represión perpetrada por el gobierno.

“Por un lado estoy super orgullosa que esas mujeres que han experimentado tanta opresión en su vida, están ahora en el frente de la lucha y de la sociedad. Pero por el otro lado es que muchas están muriendo solo por exigir sus derechos, eso también me pone muy triste porque deberían tener al nacer”.

Mujeres, niñas y niños, detenidas y asesinadas por protestar

De acuerdo con información de la organización Iran Human Rights, desde que iniciaron las protestas hasta el pasado 17 de octubre se tenía el registro de 215 personas asesinadas, incluidas 27 niñas y niños.

Mujer lleva un chador (tipo de hiyab utilizado por mujeres religiosas) y sostiene una pancarta que dice «No a la República dictatorial Islámica» FOTOGRAFÍA: Twitter @SomosMahsa

Iran Human Rights también dio a conocer que recibió numerosos informes sobre detenciones masivas de manifestantes y personas de la sociedad civil que han sido identificados por agencias de inteligencia. En estos casos destaca el uso de la tortura y los malos tratos contra las y los prisioneros.

Por otra parte, la organización acusó que el gobierno iraní está deteniendo a niñas, niños y adolescentes que protestan encerrándoles en centro psiquiátricos para que sean “corregidas”.

“En tales circunstancias y en esta etapa, los alumnos de la escuela pueden convertirse en personajes antisociales y queremos corregirlos”, confirmó el ministro de Educación, Yousef Nouri.

Con este panorama, la resistencia de las mujeres se ha extendido por el mundo. Tal es el caso de las iraníes en México, quienes el pasado 22 de octubre organizaron un performance en el Monumento a la Revolución como muestra de unión, libertad y apoyo.

CIMACFoto: Berenice Chavarría Tenorio

“Aunque no estamos ahí, estamos aquí luchando con ustedes. Estamos haciendo lo que podemos hacer para que todo el mundo sepa lo que están haciendo, no vamos a dejar que la lucha de las mujeres se olvide”, aseguró Parichehr Kazemi.

Por su parte, Nesar Nohannadi pidió a las y los mexicanos alzar la voz por las personas de Irán que están protestando y muriendo en la exigencia de sus derechos. “Hay que romper por la fuerza esa cárcel”, sentenció.

Ya es obligatorio dar seguridad social a trabajadoras del hogar

Escrito por Diana Hernández Gómez 

Fotografía: Twitter @CACEHmx

Ciudad de México.- Este 27 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas a la Ley de Seguro Social. Gracias a esto, ahora será obligatorio que las y los empleadores de las personas trabajadoras del hogar las inscriban en dicho seguro y les den las prestaciones necesarias como en cualquier otro trabajo.

Las reformas fueron aprobadas con 486 votos a favor, 0 en contra y una abstención. En el dictamen aprobado se establece que trabajadoras y trabajadores del hogar tendrán derecho a los cinco seguros previstos en la Ley de Seguro Social, los cuales son:Seguro de enfermedades y maternidad (que incluye atención médica, farmacéutica y hospitalaria para el asegurado y para sus beneficiarios, así como pago de incapacidad por enfermedades en general)

Seguro de riesgos de trabajo (incluyendo rehabilitación, órtesis y prótesis, incapacidad por accidente de trabajo y pensión, además de los servicios mencionados arriba)

Seguro de invalidez y de vida (en cuyo caso se dará una pensión al asegurado o a sus beneficiarios legales)

Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (es decir, ahorro para la pensión)

Seguro de guarderías y prestaciones sociales

Además de esto, una vez inscritas, las personas aseguradas no tendrán que calcular sus cuotas: el sistema hará estos cálculos tanto para las y los trabajadores como para sus empleadores. Por su parte, los empleadores tendrán la obligación de inscribir a sus trabajadores y trabajadoras. Para hacerlo podrán disponer de un esquema de pospago aplicable en el primer periodo del aseguramiento.

Estas y otras obligaciones puntuales de los empleadores, como el respeto a los días de vacaciones y otras prestaciones, fueron añadidas a la Ley de Seguro Social por medio de la adición del Capítulo XI. En dicho capítulo también se agregaron definiciones de «persona trabajadora del hogar»; así, las y los trabajadores podrán saber exactamente si pueden o no ser inscritos al seguro social.

Las modificaciones aprobadas beneficiarán principalmente a las mujeres. Y es que, de acuerdo con el dictamen aprobado, el 87.7 por ciento de los 2.2 millones de personas trabajadoras del hogar contabilizadas hasta 2019 eran mujeres. Sus principales actividades son la limpieza y el cuidado de casas particulares.

Ahora, sólo falta que las reformas sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación para que sean vigentes y comiencen a aplicarse.

Reformas a la Ley del Seguro Social llevaban años buscándose

El dictamen aprobado este jueves 27 de octubre no surgió espontáneamente. Tiene una serie de antecedentes importantes, entre los cuales la organización colectiva jugó un papel fundamental.

Uno de estos antecedentes es la historia de Marcelina Bautista Bautista, una activista originaria de Oaxaca que fue trabajadora del hogar durante 21 años. Con el tiempo, tras haber sufrido diferentes maltratos, injusticias y expresiones de discriminación, transformó su experiencia en activismo y fundó el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO).

Ambas organizaciones fueron esenciales para que en 2019 se implementara el Programa Piloto para la Incorporación a las Trabajadoras del Hogar a la Seguridad Social del IMSS. Esto, bajo las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Desde entonces hasta ahora, diversas organizaciones de la sociedad civil han implementado varias campañas de información para que las personas trabajadoras del hogar sepan que tienen derechos a la seguridad social con todo lo que ello implica.

Además de estas acciones, el 3 de julio de 2021 entró en vigor en México el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Dicho convenio busca proteger los derechos de las personas trabajadoras del hogar; fue firmado por México en 2011 y ratificado el 3 de julio de 2020, tras años de lucha por organizaciones civiles como las lideradas por Marcelina Bautista.

Sin embargo, pese a la implementación del programa del IMSS y la entrada en vigor del Convenio 189, hasta julio de este 2022 sólo había 49 mil 482 inscripciones de personas trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con Marcelina Bautista Bautista, uno de los principales problemas alrededor de este hecho es la informalidad bajo la cual laboran miles de trabajadoras del hogar. Y es que, usualmente, sus empleadores no les ofrecen ningún contrato y pueden despedirlas sin ninguna anticipación.

Precisamente, la reforma aprobada este jueves por la Cámara de Diputados (y aprobada también previamente por las y los senadores) busca cubrir este vacío definiendo como persona trabajadora del hogar a toda aquella que «de manera remunerada, realice actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar».

El CACEH celebró la decisión de las y los diputados a través de sus redes sociales. Con ella, el avance en los derechos de las trabajadoras del hogar continúa y se fortalece para hacer frente a los diferentes tipos de violencia y discriminación en contra de las mujeres que laboran en dicho ámbito.

«Que se dicte una sentencia»: Exige Inés Fernández, sobreviviente de tortura sexual a manos del Ejército

Escrito por Berenice Chavarría Tenorio

.- Guerrero, Gro.- A 20 años sin justicia tras la agresión sexual perpetrada por militares hacia Inés Fernández Ortega, se llevó a cabo la audiencia de vista final contra el militar Hugo Humberto García de León, quien es uno de los elementos señalados por la tortura ejercida en perjuicio de la mujer indígena me’phaa.

A través de un comunicado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’, instó a las autoridades a garantizar la protección y el acceso a la justicia a Inés, quien por más dos décadas “ha sostenido dignamente su testimonio y su denuncia, a pesar de los diversos obstáculos y los riesgos que ha tenido que enfrentar para acceder a la justicia”.

La audiencia estaba agendada para el pasado 17 de octubre; sin embargo, fue pospuesta debido a que Hugo Humberto G. se encuentra preso en el Campo Militar número uno de la Ciudad de México y debía acudir a un juzgado de procesos federales en esa entidad, pero no se hicieron los trámites necesarios para que el inculpado acudiera a comparecer.

Esta decisión preocupó a Inés y su defensa, ya que existe el temor de la presencia de presiones por parte del Estado y el propio Ejército para que el militar no sea sancionado por la agresión perpetrada en 2002.

“Lo que pido como víctima es que a la persona que está detenida se le dicte una sentencia. No solo es para mí como mujer me’phaa, sino para todas que han vivido agresiones sexuales”, señaló Inés Fernández en conferencia de prensa a su salida de la audiencia realizada el 24 de octubre.

Cabe recordar que otro de los responsables de la agresión en contra de Inés, Salvador Aguilar Otáñez, murió tras una pelea en la cárcel militar número uno.

Dos décadas sin justicia para Inés

El 22 de marzo de 2002 Inés se encontraba en su domicilio, cuando un grupo de militares entraron a su hogar y abusaron sexualmente de ella frente a sus cuatro hijos.

La presentación de la denuncia ante las autoridades supuso para Inés un camino que no ha culminado a 20 años, incluso la mujer declaró que fue tachada de mentirosa por parte del personal de la instancia a la que acudió.

Debido a la impunidad en el caso, Inés Fernández, la Organización de Pueblo Indígena Tlapaneco/Me’paa (OPIT) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’, el 14 de junio de 2004 presentaron una petición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En 2006 la Comisión rindió su informe de admisibilidad en el caso y recomendó al Estado la adopción de una serie de medidas para la reparación integral de los derechos violados, otorgando dos meses para ello.

Posteriormente, la CIDH concedió una prórroga de tres meses al Estado para presentar el escrito de demanda. Sin embargo, las autoridades mexicanas incumplieron las recomendaciones, por lo que el 7 de mayo de 2009 la Comisión decidió someter el caso al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Fue así como el 30 de agosto de 2010 la CorteIDH declaró que el Estado era responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada de Inés, dando lugar a un Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional en 2012, en el que las autoridades mexicanas ofrecieron una disculpa pública a la mujer mepha’a.

Fotografía: Twitter @Tlachinollan

Violencia e impunidad sistémica

El caso de Inés se suma al de Valentina Rosendo Cantú, quien en 2002 también fue víctima de violencia sexual por parte de militares en el estado de Guerrero. Para Valentina Rosendo Cantú, el acceso a la justicia estuvo plagado de irregularidades por parte de las autoridades mexicanas, por lo que en 2010 su acusación llegó a la CorteIDH, donde nuevamente se responsabilizó al Estado por dicha agresión y las omisiones que le prosiguieron.

Finalmente, tras varios años de ejercer presión, el 7 de junio de 2018, la Jueza Federal Iliana Contreras condenó a los responsables de la violación de Valentina Rosendo Cantú a 19 años de prisión.

Ernestina Ascencio Rosario, una mujer náhuatl de 73 años, también vivió en carne propia la violencia ejercida por las Fuerzas Armadas. El 26 de febrero de 2007 perdió la vida tras haber sido agredida sexualmente por miembros del Ejército Mexicano.

En 2021 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para reabrir el caso, y este 2022 diversas organizaciones han pedido que se realice una investigación independiente para, por fin, alcanzar la justicia.

Lo anterior es reflejo de la impunidad que permea en torno a las violaciones ejercidas por las Fuerzas Armadas que, de acuerdo con Amnistía Internacional, son más de cuatro mil casos perpetrados desde 2014, de los que se tiene registro.

En riesgo vida de la titular del Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia Extrema

Escrito por Citlalli López Velázquez 

Foto: César Martínez López.- Oaxaca.- La defensora feminista Nora Elizabeth García Cancino, quien actualmente es titular de la Casa de Medio Camino (CAMEC) refugio de alta seguridad para mujeres víctimas de violencia extrema de Oaxaca de Juárez, fue amenazada de muerte por Alberto N. quien se desempeña como abogado penalista conocido por defender a hombres denunciados por delitos de violencia extrema de género, entre ellos -en el inicio del proceso- a Juan Antonio V.C señalado por el ataque con ácido contra la saxofonista, María Elena Ríos Ortiz.

Las intimidaciones iniciaron con el acompañamiento que García Cancino ha dado a la abogada Sara N., quien al integrarse al equipo de la CAMEC mostró signos y denunció ser víctima de violencia extrema de género por parte de su entones pareja Alberto N.

Sara N, se incorporó a laborar a la CAMEC en julio de este año mediante un contrato de prestación de servicios del programa de Comisión Nacional para Prevenir, Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) a través de la Secretaría de las Mujeres (SMO). Al paso de los días Alberto N. comenzó a presionarla para que dejara de laborar. Ante la negativa, la violencia en su contra fue en incremento y surgieron amenazas contra el personal de la CAMEC.

“Me atreví a decirle a la abogada Sara, en ánimo de proteger a mi personal de trabajo en el refugio, que dijera mi nombre: que yo, Nora Elizabeth García Cancino, lo denunciaría a él como primer sospechoso, si a ella le pasara algo como desaparecer, morir o ser golpeada. Posteriormente, supe que él continuó exigiéndole a ella que se saliera de trabajar del refugio. La amenazó de muerte tanto a ella como a mí, con expresiones de odio hacia las mujeres, a las víctimas de violencia de género y al personal del refugio”.

García Cancino

La situación se agravó cuando el 19 de septiembre de este mismo año una de sus tres hijas le revela a Sara N. que había sido víctima de delitos sexuales por parte de uno de los hijos de Alberto N., por lo que la mañana siguiente al encararlos, Sara N. fue golpeada tanto por su pareja como por el hijo señalado de violación y la hija mayor de Sara.

“Ella tuvo que salir de ese domicilio donde vivía con Alberto, y ante la falta de un espacio digno dónde resguardarse, pues en el refugio no hay espacio actualmente, toda vez que está ocupado por otras usuarias a su máxima capacidad, acudimos en su auxilio con la choferesa del refugio, resguardándola en mi domicilio particular con su hija y su padre de 92 años de edad”.

Por estos hechos el 29 de septiembre Sara N y García Cancino solicitaron órdenes de protección al juzgado de control del circuito judicial de valles centrales con sede en Tanivet, Oaxaca, misma que motivó el cuaderno de antecedentes 296/2022. Las órdenes de protección fueron emitidas a su favor, sin embargo, hasta la fecha no se han cumplido las relativas a la guardia permanente en el domicilio en que habitan, asimismo, en lo relativo a la asignación de botones de emergencia.

Días después, García Cancino fue informada que Alberto N. y su hijo habían interpuesto dos denuncias por lo que la fiscalía había integrado dos carpetas de investigación en contra de ella y de Sara N. por los delitos de violencia familiar, corrupción de menores y abuso sexual, éstos dos últimos presuntamente cometidos en contra de la hija menor de Sara N, quien se encuentra en poder de Alberto N.

“Es mi preocupación, que, por haber brindado apoyo a una víctima de violencia de género extrema, en situación de alto riesgo, se me inventen delitos para desactivarme como única red de apoyo actual de la víctima”, expresó.

Nora Elizabeth García Cancino es abogada feminista, especialista en violencia de género y atención a víctimas de violencia de género extrema en situación de alto riesgo, certificada en los estándares EC0433, EC0539, EC0779, EC0076, EC0217, EC0497 del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) de La S.E.P. y capacitadora y evaluadora en los estándares EC0433 “Coordinación de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia”, EC0539 “Atención Presencial de Primer Contacto a Mujeres Víctimas de Violencia de Género”, EC0497 “Orientación Telefónica a Mujeres Víctimas de la Violencia Basada en el Género”.

Cobertura Especial. Alumnas del CCH Sur afirman que hubo otra violación antes del 17 de octubre

Escrito por Diana Hernández Gómez

CIMACFoto: Diana Hernández Gómez.- Ciudad de México.- Las y los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH Sur) se han movilizado para exigir justicia y protección frente a la violencia que experimentan en el plantel. Una de las víctimas de esta violencia es una chica que fue abusada sexualmente dentro de los baños de la institución el pasado 17 de octubre. Sin embargo, de acuerdo con las alumnas de la escuela, esa no es la primera violación que ha sucedido en lo que va del semestre.

En entrevista con Cimacnoticias, miembras de las Feministas Organizadas Independientes del CCH Sur declararon que hubo una primera violación hace poco más de un mes. Sin embargo, la víctima no quiso hacer el caso público ni dentro ni fuera de la escuela debido a la desacreditación de los profesores frente a los casos de violencia de género.

De acuerdo con las alumnas organizadas, el hecho se suscitó dos semanas antes del paro de labores realizado el 27 de septiembre. Al parecer, la agresión ocurrió frente al edificio IM (una instalación ubicada cerca del estacionamiento para profesores que, según un plano de la escuela, únicamente es utilizado para asesorías; en él, además de cubículos, hay una mediateca y baños para los docentes).Imagen: UNAM

La víctima no ha querido comunicar nada más al respecto, por lo que las Feministas Organizadas Independientes desconocen si su caso llegó a concretarse en una denuncia formal o si las autoridades del CCH Sur le han ofrecido algún tipo de acompañamiento o apoyo.

Violencia sexual en CCH Sur no es algo reciente

En resumen, de acuerdo la información ofrecida por la colectiva de alumnas organizadas en CCH Sur, no es una sino dos las violaciones en lo que va de 2022. No obstante, dos años antes ya se había reportado otra agresión sexual que trascendió a nivel público.

Este otro caso sucedió el 7 de octubre de 2019, cuando una alumna ingirió un pastelillo que le habían ofrecido cuatro compañeros suyos, luego de lo cual perdió el conocimiento. Cuando la joven despertó, no tenía ropa y tenía indicios de haber sido violada.

La estudiante pudo confirmar el abuso tras realizarse diferentes pruebas con un ginecólogo. A raíz de esto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación; por su parte, el CCH Sur informó que brindó apoyo a la alumna y a su familia después de enterarse de lo ocurrido.

Estas expresiones graves de violencia no son aisladas: a inicios de septiembre, el Bloque Negro emitió un comunicado afirmando que se han suscitado otros dos intentos de violación este 2022; uno ocurrió el 30 de agosto y otro en el mes de abril.

Pero esta violencia no es la única a la que las alumnas del CCH del sur de la Ciudad de México están expuestas. De acuerdo con quienes estudian en el plantel, el acoso es una constante dentro y fuera de su escuela.

«La semana de paro yo venía caminando por «torres» [la avenida Paseo del Pedregal, que atraviesa un costado del CCH Sur] y muy cerca de la escuela vi que un señor se estaba masturbando en un taxi. Lo único que hice fue echarme a correr. Llegué a donde había una patrulla pero ni siquiera había policías dentro», declaró a Cimacnoticias una joven llamada Jimena momentos antes de la manifestación realizada este 24 de octubre.

Estos hechos han provocado que las alumnas exijan una mayor protección a las afueras del plantel con una vigilancia constante por parte de la policía de la Ciudad de México. Además, en un pliego petitorio de la asamblea celebrada el 27 de septiembre, colocaron diversas exigencias como la instalación de luminarias en ciertas áreas de la escuela y un mejor control en el ingreso de personas a la escuela para identificar a visitantes externos.

Estas solicitudes, sin embargo, no se han cumplido en su totalidad. La colocación de luminarias, por ejemplo, recién inició el pasado 20 de octubre, y la presencia de patrullas de la policía capitalina no ha sido tan constante como las alumnas desearían.

Las estudiantes del CCH Sur declararon a Cimacnoticias que seguirán organizándose frente a la violencia y la falta de atención por parte de las autoridades. Mientras tanto, exigen la destitución de la directora Susana Lira de Garay y de los titulares del departamento jurídico y de psicopedagogía por no dar seguimiento adecuado a estos hechos.

Esperan que sus denuncias finalmente sean atendidas ya no sólo por el CCH Sur, sino por los altos organismos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Por su parte, la máxima casa de estudios se ha posicionado enfatizando el rechazo a la violación ocurrida el 17 de octubre, pero, sobre todo, reprobando y criminalizando la reacción de las y los estudiantes al respecto.