“Ella lo provocó, seguramente ahora está exagerando”.
“Si no hubiera mandado esas fotos, no le hubiera pasado nada”.
“Que p*ta”.
Cualquiera puede volverse una víctima. En 2020, “M” recibió una carpeta de Drive donde aparecía su nombre y los de otras 232 jóvenes
de la ciudad de Querétaro. Cada carpeta contiene en media 4 fotos, un
video, y la captura de pantalla de los perfiles en redes sociales de
ella. Se asesoró con varias abogadas para llevar a cabo la denuncia,
pero por culpa del proceso extremadamente largo y costoso, no pudo
continuarlo. Después de casi un año, intentará de nuevo buscar justicia.
Otra
sobreviviente es “F”, quien en julio de 2020 sufrió violencia digital
cuando a su novio le hackearon el celular y así extrajeron sus fotos
privadas. Su pesadilla comenzó en el momento en que recibió amenazas
anónimas. La extorsionaron pidiéndole videollamadas a cambio de no
difundir sus fotos íntimas. “F” acudió a la Fiscalía 4 de Querétaro,
donde la revictimizaron y le dijeron que no iban a poder hacer nada,
porque las fotos aún no habían sido publicadas.
La enviaron a la Fiscalía General donde pudo presentar su denuncia, sin recibir ningún tipo de seguimiento o apoyo.
No le proporcionaron ayuda psicológica ni legal, y sumado a esto,
después de varios meses recibió una respuesta inesperada: su caso había
sido archivado por “falta de evidencia”.
El proceso fue tan
desgastante y duro que decidió dejarlo, hasta hoy. Ahora quiere intentar
de nuevo denunciar y descubrir al responsable que le hace vivir
constantemente ansiedad y le dejó un serio problema de estrés post
traumático.
Paloma sufrió violencia digital a temprana edad,
durante sus años de secundaria. Un amigo suyo le preguntó por fotos
íntimas, y ella, sin entender las consecuencias que podía conllevar ese
acto, decidió enviarlas para después empezar a recibir muchos mensajes
de otros compañeros del colegio preguntándole por más fotos, y descubrir
que también toda su escuela las había visto.
Sin saber qué hacer
ni cómo comportarse, decidió no comentarlo con sus padres y tampoco con
las autoridades de la escuela.Ahora sabe que si le pasara,
definitivamente denunciaría a su agresor.
“Los cuerpos de las mujeres son tratados de manera diferente a los de los hombres porque son sexualizados desde temprana edad. Es violento e injusto.
A la Paloma pequeña quisiera decirle de quererse, ante todo, de no
invalidar sus sentimientos y de respetarse como ella quiera, no como los
demás le dicen de respetarse”.
¿Qué es el revenge porn?
El término revenge porn,
comúnmente llamado “pornovenganza” en español, quiere identificar ese
tipo de violencia hacia las mujeres que se lleva a cabo en entornos
digitales. Difusión de imágenes, vídeos y cualquier otro tipo de
contenido audiovisual sin el consentimiento del propietario, discursos
de odio, violencia verbal, extorsión.
Los discursos de revictimización
derivan de una cultura patriarcal en la cual las mujeres merecen y
tienen que soportar las agresiones que reciben por vivir libremente su
sexualidad. Estos discursos son los mismos que afectan a las víctimas a
la hora de denunciar la violencia que han sufrido digitalmente, porque
las autoridades dan a entender que, en su opinión, ellas reciben el
trato que merecen por haberse salido de la feminidad apropiada que la
cultura patriarcal les impone.
Por estos mismos discursos
revictimizantes, colectivos feministas y víctimas de violencia digital
han dejado de utilizar el término “pornovenganza”, porque el uso de la
palabra venganza implica que la víctima haya hecho algo por lo cual
merece la agresión recibida. De la misma manera, las mujeres que han
sufrido violencia digital rechazan el término “víctimas” y prefieren que
las llamen “sobrevivientes”.
Por lo menos tres
colectivos feministas en México, realizan labores específicas ante la
falta de acción por parte de las autoridades correspondientes. Entre las
actividades de apoyo están asesorías en derechos sexuales y
reproductivos, maternidad no deseada y el derecho a decidir, o apoyos
legales y psicológicos para las mujeres víctimas de violencia, incluida
la violencia digital, que difícilmente pueden encontrar justicia.
Los colectivos feministas en apoyo a las mujeres
En
la Ciudad de México se encuentra la “Colectiva de Abogadas Feministas”.
Su fundadora es Alma Rosa Mora, egresada de Derecho en la Universidad
Autónoma de México, quien forma parte de la Asociación Mexicana para la
Educación Sexual. Este 2021, Alma comenzó a reunir a un grupo de mujeres
abogadas para apoyar a las víctimas de todo tipo de violencia machista:
física, psicológica, digital, sexual. Su equipo cuenta con
especialistas en derecho penal, familiar, entre otros.
El objetivo
es hacer crecer la colectiva, registrarse como ONG y apoyar a las
mujeres para que puedan denunciar los abusos que sufren. Hasta ahora, y
en tan sólo dos meses, las integrantes de la asociación fueron
contactadas por aproximadamente 60 víctimas que reportaron violencia
digital. Ninguna decidió seguir con su proceso de denuncia.
El estudio “Desigualdad en cifras” realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en 2020, destacó que solamente 8.6 por ciento de las mujeres víctimas de violencia digital deciden denunciar ante el ministerio público o la policía.
Melina, quien integra una de las colectivas más famosas de todo México, “Abogadas con Glitter”,
radica igual en la Ciudad de México. Explicó que la colectiva nació
cuando se desataron varias protestas y manifestaciones públicas en 2020
por el hartazgo, dolor y rabia que causaron eventos como el abuso sexual
de una joven por parte de algunos policías y el feminicidio de Ingrid
Escamilla.
Al principio formaban parte de la colectiva sólo dos
abogadas; cuando se sumaron otras dos, decidieron empezar a proporcionar
asesoría gratuita a las mujeres a través de la página de Facebook.
Debido al enorme índice de respuesta
que tuvieron, decidieron crear un correo electrónico para canalizar
todas las solicitudes: actualmente atienden casi 20 solicitudes de apoyo
cada día, y cuentan solamente con cinco abogadas. Sin mencionar que
todo el trabajo que realizan es cien por ciento solidario y sororo.
Para
hacer frente a la numerosa cantidad de solicitudes, decidieron crear 5
comisiones; Melina trabaja en la Comisión de Incidencia y atiende a las
mujeres que necesitan apoyo de ayuda jurídica. En octubre de 2020
decidieron crear la Red Nacional de Abogadas con Glitter y reclutaron abogadas en todo México a quienes canalizan los correos que llegan al colectivo del estado que le corresponde.
A
la fecha no atienden casos, lo que hacen es brindar información,
compartir contenido en la página, así como proporcionar a las víctimas
una red de apoyo de colectivas que dan terapias
psicológicas, talleres de defensa personal, o proporcionan directorios
de refugios para mujeres en situaciones de peligro.
También apoyan
redactando los documentos legales de las solicitantes, además de poner a
disposición sus números de teléfono personales durante las
manifestaciones feministas para ayudar de manera inmediata a sus
compañeras en dificultad.
Del cien por ciento de solicitudes que reciben, 35 son de jóvenes que piden ayuda porque viven o vivieron violencia digital.
Las integrantes de la Red les aconsejan entonces llevar toda la
evidencia posible, y proporcionar a los funcionarios el artículo
correspondiente de la Ley Olimpia, ya que al ser una ley nueva, muchos
de ellos se rehúsan a utilizarla y prefieren dejar a las víctimas sin
apoyo legal.
Una red nacional para agrupar a la defensaDefensoras Digitales Querétaro
forma parte del “Frente Nacional para la Sororidad”, un grupo que
engloba a más de 60 colectivos de todo México. Sus integrantes
decidieron organizarse porque tenían bajo su responsabilidad muchos
casos legales por violencia digital de género y necesitaban darles
seguimiento, además de recolectar datos y documentar la violencia
digital en México.
Antes de la visibilización del caso de Olimpia
Coral Melo, la violencia digital en el país no estaba en la agenda
pública, y “Defensoras Digitales” nació para dar a conocer el tema,
hacer aprobar la Ley Olimpia en México y educar a la sociedad sobre la
violencia digital.
Mayra Davila, sobreviviente de esta violencia,
empezó el proyecto junto con Olimpia Coral Melo, la defensora mexicana
que impulsó la creación y legalización de la Ley Olimpia, aprobada en 2021 y que protege a las víctimas de violencia digital.
“Olimpia
y yo luchamos mucho tiempo para que la violencia digital fuera
considerada dentro de las instituciones, pero desde que empezamos,
contamos solamente con dos vinculaciones a proceso, las cuales aún
siguen abiertas, en espera de la sentencia definitiva”.
A diario
reciben aproximadamente cinco mensajes o llamadas de jóvenes buscando
ayuda, y sólo uno de los casos que reciben y atienden decide denunciar
ante las autoridades. Sin embargo, la colectiva juega un rol fundamental en la concientización y difusión
del fenómeno de la violencia digital en la sociedad queretana: se
preocupan por crear relaciones con el gobierno del estado para que la
voz de las sobrevivientes sea más escuchada, dan conferencias y cursos
para sensibilizar sobre el problema, realizan tendederos virtuales para
denunciar públicamente a los agresores y acompañan a las víctimas de
violencia digital a través de apoyos legales y psicológicos.
“La mayoría de las voluntarias dentro de la asociación son ellas mismas sobrevivientes,
y su objetivo es hacer entender a las mujeres que acuden pidiendo ayuda
que la agresión que recibieron no es su culpa, y que no se tienen que
avergonzar de la desnudez de sus cuerpos”, agregó Mayra.
El conjunto de leyes que protege a las víctimas de violencia digital
“Defensoras
Digitales”, junto con Olimpia Coral Melo, lograron, en noviembre de
2021, que se aprobara una de las primeras leyes en el mundo que protege a
las víctimas de violencia digital, la “Ley Olimpia”,
un conjunto de reformas legislativas cuyo objetivo es que las
autoridades reconozcan e intervengan de manera apropiada en los casos de
violencia digital.
Durante los años que Olimpia y Mayra sufrieron
violencia ni siquiera se podía ir a denunciar porque dentro de la
Fiscalía no existía un área apta para atender delitos de violencia
digital.
“Hay que seguir trabajando, porque esta ley definitivamente no es la solución:
tenemos que seguir sensibilizando y educando para que se pueda prevenir
el fenómeno más fácilmente, para que la violencia digital pueda
entenderse en todos los aspectos como violencia y ser tratada como tal”,
afirmó Mayra.
Melina, de “Abogadas con Glitter” agregó: “nos
falta mucho por lograr, aunque la Ley Olimpia es un grandioso avance
existe un vicio dentro del sistema judicial que se rehúsa a castigar a
los verdaderos culpables de la violencia digital, que son los agresores
de las víctimas. Es necesario hoy en día tomar en cuenta la perspectiva de género
a la hora de atender los casos de mujeres violentadas, y
lamentablemente seguimos sin tener capacitación adecuada para el
personal sobre el feminismo, además de no tener ningún tipo de cultura
de prevención dentro de las instituciones, rol fundamental que asumen
las colectivas feministas”.
La impunidad de las redes sociales(Trigger Warning: en esta parte del texto se mostrará lenguaje violento.)
El
revenge porn es seguramente un problema fuerte que afecta a muchas
mujeres de muchas maneras, sin embargo, ellas no reciben el apoyo que
necesitan. La difusión no consensual de contenido íntimo de ex parejas
forma una mínima parte de lo que realmente agrupa el término en su
significado.
Innumerables personas que se
intercambian contenido cada día online, con reglas definidas, agrupados
en comunidades virtuales, divididas por región o país, de usuarios que
rellenan estos grupos de porno amateur, fotos “caseras” – como
dicen ellos – de sus novias, mamás, primas, hermanas, hijas, tías,
amigas, compañeras de trabajo… hasta contenido prohibido, como
pedopornografía, violaciones o vídeos de cámaras de vigilancia.
Existen
grupos y páginas en casi todas las redes sociales que conocemos –
Instagram, Twitter, Facebook, pero es en los grupos de Telegram donde la
mayoría de los delitos son llevados a cabo: la plataforma tiene varias
funciones por las cuales es extremadamente simple esconder tu identidad,
porque es posible ocultar el número, la foto del perfil y el nombre a
los otros usuarios; además la aplicación utiliza un cifrado end to end,
es decir que sólo el receptor y el emisor pueden leer las conversaciones
y mensajes secretos, y cuando uno de los dos elimina mensajes en su
lado de la conversación, la app en el otro lado del chat los elimina
también.
Por lo mismo, Telegram se presenta como la plataforma
perfecta para la difusión de cualquier tipo de contenido – incluso
ilegal – porque no deja rastro.
Hay grupos de hasta 200 mil
personas en todo México, Latinoamérica y el mundo. Una vez que pudiste
acceder a tu primer grupo, ya accediste a todo un mundo de perversiones y degeneraciones.
Los grupos tienen sus reglas,
las cuales son bastante estrictas: en la mayoría de los grupos, por
ejemplo, no se puede compartir material violento o pedo-pornográfico,
revelar la identidad de las personas cuyas fotos son compartidas, no se
pueden vender ni promocionar productos.
Sin embargo, dentro de los grupos hay miles de personas que las infringen:
podemos encontrar fácilmente contenido violento como vídeos de abusos
sexuales, papás compartiendo fotos de sus hijas, contenido íntimo de
menores de edad o enlaces a cámaras de seguridad hackeadas, por ejemplo.
De
acuerdo a un ejercicio de observación realizado por esta reportera de
los grupos en Telegram, las dinámicas entre los usuarios son
particulares: parece que su verdadera satisfacción no consiste en la
difusión de las fotos, sino en compartirlas con los otros integrantes del grupo.
Parecen amigos íntimos que piden consejos, se ayudan, se apoyan y
comparten sus perversiones entre ellos. De esta manera, las relaciones
de amistad entre estos agresores se desenvuelven en un entorno digital
violento, machista y perverso.
En la cultura patriarcal
que domina nuestra sociedad, todos los cuerpos de las mujeres son de
consumo público, a disposición para la diversión de los hombres, y la
difusión de imágenes íntimas sin consentimiento a través de Internet ha
incrementado de manera exponencial.
Todos nos sentimos más
seguros detrás de una pantalla, porque nuestra cara, nuestra voz,
nuestro nombre, nuestra vida no son expuestos. Y redes sociales como
Telegram utilizan esta seguridad a propio favor, proporcionando
herramientas para que los delitos de violencia digital sean llevados a
cabo más fácilmente. El anonimato en redes sociales incentiva este tipo
de conductas violentas e ilegales hacia las víctimas, cuyo cuerpo es
cosificado y explotado en entornos digitales, seguros para los agresores y violentos para las mujeres.
Uno
de los ejemplos más claros puede ser el de Rosy Morales, que se
convirtió en sobreviviente de violencia digital a los 50 años. Ella
perdió su celular, donde traía archivos íntimos que publicaron a través
de un perfil falso de Facebook, y en su pueblo – muy pequeño – todos la vieron y reconocieron.
Gracias a la colectiva “Defensoras Digitales Querétaro” pudo denunciar,
volviéndose la primera vinculación a proceso en Querétaro y la tercera a
nivel nacional. Después de una manifestación, decidieron proceder con
su caso, y lograron que uno de los responsables pagara 40 mil pesos de
multa por el delito cometido, mientras que el otro 20 mil pesos. Sin
embargo, el caso de Rosy sigue abierto porque no todos los responsables
fueron castigados, aunque su vida tuvo que sufrir cambios dolorosos por
muchos años a causa de la violencia que vivió. Mientras tanto, participa
en las actividades de la colectiva, para ayudar a más víctimas de
violencia digital.
Con voz firme y segura, Rosy dice que quiere
su nombre completo en este texto. Sonríe: “Si ya me conocieron el c*lo,
tengo que sacarle provecho”. De inmediato pero, seriamente, me dice: “Ya
no tengo miedo: las mujeres, como todos, somos seres sexuales, y no
tenemos que fingir lo contrario. Ya no me voy a quedar callada; mi
agresor se metió con la persona equivocada. Si atacan a una, respondemos
todas, y nadie nos va a callar. Y quiero decir a todas las víctimas de
violencia digital que nunca, nunca se queden calladas: no es justo que usen nuestros cuerpos”.
Directorio de colectivas que apoyan a las víctimas de violencia digital:
Si
te encuentras en dificultad, no dudes en contactarlas, ellas podrán
brindarte el apoyo que necesitas o, en caso de no poder hacerlo,
dirigirte con las personas que podrán ayudarte.
Si has sufrido o estás sufriendo violencia digital, no dudes en contactarme en Facebook (Sofia Pontiroli) o Instagram (@sofia_pontiroli) También soy sobreviviente de violencia digital: no estás sola.
En
memoria de Rosabelina de la Cruz Cortés, 23 años, del municipio de
Landa de Matamoros en la Sierra de Querétaro, asesinada por violencia
digital.
¿A
quién le sirve fragmentar la visión de la violencia que vivimos en
México o la que está arrasando con países enteros? ¿Por qué medios y
gobierno tienden a presentar por separado las atrocidades del crimen
organizado, los homicidios dolosos y los casos de feminicidio o los
crímenes de odio como si se tratara de fenómenos desligados que
sucedieran cada uno por muy peculiares razones en burbujas separadas?
¿Por qué, pese a décadas de estudios sobre violencia y derechos humanos,
desde el Estado persiste la adopción de medidas descoordinadas y hasta
contradictorias para enfrentar (supuestamente) la violencia del crimen
organizado, la expansión de la criminalidad común, y las violencias
machistas en espacios públicos o privados en vez de diseñar políticas
integrales efectivas?
¿Por qué, por otro lado, en pleno siglo XXI,
hay quienes parecen ignorar al machismo como factor común en la
estigmatización y degradación del “otro/a”. ¿A quién beneficia
fragmentar las violencias?
La presentación fragmentada de las
violencias en el mundo tiene consecuencias. En México contribuye, entre
otros, a dispersar las luchas contra ellas, sobre todo desde que, en vez
de modificar el rumbo, el gobierno actual apostó por la militarización y
la minimización de las violencias -extrema o cotidianas- y por la
polarización y manipulación como hilo conductor del discurso oficial.
Como
si no viviéramos desde 2007 en un clima de violencia extrema cada vez
más normalizada, como si la impunidad del feminicidio desde los años 90
no hubiera favorecido la reproducción e intensificación de la violencia
misógina, como si el machismo no conllevara ideas y conductas adversas a
los “otros” (lo femenino, las masculinidades no conformes al modelo
heterosexual blanco), persiste la tendencia, también en la sociedad, a
ver por separado masacres y lesiones, asesinatos, crímenes de odio,
agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes.
Peor aún,
persisten discursos sociales que atribuyen los crímenes a la “súbita”,
acaso “inexplicable” , crueldad de un grupo criminal, a la maldad de un
“monstruo” (¿ajeno a la sociedad?), a discursos de odio (¿salidos de la
nada?) o a la socorrida “crisis de valores familiares” con que se suele
estigmatizar a las mujeres. Así se elude la responsabilidad
institucional y social, por acción y omisión.
Los estudios de la
violencia y los Derechos Humanos han documentado la necesidad de
articular las violencias, de encajar sus distintas manifestaciones en un
sistema necropolítico y/o en el marco del machismo exacerbado y/o del
Estado represor.
El feminismo ha señalado, dentro del sistema
patriarcal, las violencias específicas que afectan a las mujeres, a las
niñas y niños, y, en décadas más recientes, a las personas no
heterosexuales, no binarias, etcétera. Por eso, por ejemplo, se habla de
feminicidio, para hacer visibles sus particularidades como asesinato de
una mujer (por un hombre) por razones de género. Del mismo modo, un
crimen por homofobia o transfobia remite al asesinato de una persona no
heterosexual o trans por su orientación o identidad de género. No son
idénticos pero están ligados: se derivan del machismo, de la
estigmatización del “Otro/a”, y de la impunidad.
Que en redes
sociales, grupos de la sociedad civil (y, en estos días entre actores
políticos), se intente contraponer la defensa de los derechos de las
mujeres y los derechos de las personas trans o se pretenda usar el
atentado contra la defensora trans Natalia Lane para cargar contra
ciertos “discursos transfóbicos” sin hacerse cargo del machismo
institucional/izado y de la indiferencia gubernamental ante la violencia
extrema, no contribuye a explicar ni a desactivar estas violencias.
El
ensañamiento contra hombres, mujeres o personas no binarias se
relaciona con los discursos de odio pero también con la tolerancia
social ante la violencia y con la impunidad que el Estado permite o
promueve.
Conocer y conectar las causas de las diversas violencias
es un primer paso para fortalecer desde la diversidad la necesaria
lucha por los derechos humanos y la igualdad.
Abogados de la familia Ochoa | Imagen retomada de la CDHCDMX
Ciudad de México.-
El próximo 25 de enero la representación legal de la familia Digna
Ochoa y Plácido, encabezada por abogados del Grupo de Acción Urgente por
los Derechos Humanos y la Justicia Social, se reunirá con funcionarios
de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación
(Segob) para analizar la ruta para reabrir la investigación por el
asesinato de la abogada y defensora, ocurrido el 19 de octubre de 2001.
En
conferencia de prensa, los abogados que llevaron el caso al sistema
interamericano, Karla Michel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez,
expusieron que confían en que las autoridades federales y la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México cumplan con las medidas de
reparación dictadas en la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH), que se dio a conocer este 19 de enero.
“Puede
ser un proceso suave en el cumplimiento o puede seguir siendo parte del
larguísimo litigio que hemos enfrentado como representación y como
familia, a lo largo de estos 20 años. Pensamos, creemos y confiamos en
que ahora que ya ha acabado el litigio, ya acabó el pleito y hay una
sentencia, el cumplimiento sea mucho más ágil”, afirmó el abogado David
Peña Rodríguez.
Se cae hipótesis del suicidio
Desde
que ocurrió la muerte de la defensora en 2001, la familia insistió en
que ella no se suicidó de tres disparos: uno en un sillón, otro en una
pierna y uno más en la cabeza, como en su momento afirmó la Fiscalía
Desconcentrada de la entonces Procuraduría capitalina, hipótesis que
sostuvo indagando en la vida personal de la abogada y después de
realizar un peritaje psicológico pos-mortem. Esta versión se mantuvo
hasta el final del litigio ante la Corte Interamericana.
Ahora que
el máximo tribunal de la región aseguró que hubo falencias en la
investigación de los hechos, en la cual también se utilizaron
estereotipos de género, el hermano de la defensora, Jesús Ochoa, afirmó:
“Cuanta razón tenía la familia Ochoa y Plácido, razón que nos asistía
desde hace 20 años. Lo viene a confirmar, precisamente, la sentencia
emitida por la Corte Interamericana hace unos días”.
Jesús Ochoa
destacó que quienes denostaron a su hermana y a su familia fueron el
entonces Procurador de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz
Vázquez, quien actualmente es consejero de la Judicatura Federal; y el
subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la entonces
Procuraduría, Renato Sales Heredia, quien hoy es fiscal general del
estado de Campeche. Aún así también confió en que la investigación se
reabrirá y se sancionará a los responsables del asesinato.
Por su
parte, el abogado David Peña, recordó que investigar el delito le
corresponde a la Fiscalía de la Ciudad de México, encabezada por la
fiscal Ernestina Godoy, con quien se espera construir una metodología de
investigación, retomando las líneas que dictó la Corte Interamericana
como las actividades profesionales que realizaba la abogada, las zonas
donde trabajó y las amenazas previas que recibió.
A su vez, la
abogada Karla Michel Salas Ramírez destacó que hay un voto de confianza
con la fiscal Ernestina Godoy, una mujer que viene de de la sociedad
civil, pues fue integrante de la Asociación Nacional de Abogados
Democráticos (ANAD), organización que también defendió a la familia
Ochoa. “Desde que ella presidía la ANAD exigió al gobierno de la Ciudad y
el gobierno federal el esclarecimiento del asesinato de Digna. Entonces
no dudamos que ahora que tiene esta alta responsabilidad la asuma”,
dijo Salas.
Estándares en casos de violencia contra mujeres
La
subdirectora del Centro por la Justicia y el Derechos Internacional
(Cejil), Marcela Martino, quien también acompañó el litigio
internacional de la familia de Digna Ochoa, destacó que el alto tribunal
consideró que la violación de Derechos Humanos de Digna Ochoa no se
agotó en la deficiente investigación de su muerte, sino que continuó y
se exacerbó a través de un discurso de agentes estatales encaminado a
denostar su imagen pública, a polarizar a la sociedad mexicana y a
sustentar ante la opinión pública la versión del suicidio.
Sin
embargo, esta no es la primera vez que la Corte se refiere el impacto
negativo de los estereotipos de género como un obstáculo para el acceso a
la justicia. En noviembre de 2009 el alto tribunal emitió la sentencia
conocida como “Campo Algodonero”, donde condenó al Estado mexicano como
responsable en la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette
González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez,
cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad Juárez,
Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001.
Esa sentencia, que en el
fondo reconoció el feminicidio, se convirtió en un referente porque la
Corte Interamericana estableció parámetros para determinar, prevenir,
investigar, procesar y castigar la violencia de género. Ahora, en el
caso de Digna Ochoa el tribunal destaca que las mujeres defensoras
sufren obstáculos adicionales debido a su género, al ser víctimas de
estigmatización, estar expuestas a comentarios sexistas y misóginos o a
que sus denuncias no se asuman con seriedad.
A la resolución de
“Campo Algodonero” le siguieron las sentencias emitidas entre 2010 y
2011 por la Corte Interamericana, en las que el Estado mexicano resultó
internacionalmente responsable por la violación a los derechos a la
integridad personal, dignidad, a la vida privada, a las garantías
judiciales y a la protección judicial en prejuicio de las indígenas Inés
Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, víctimas de violación
sexual por militares, en 2002, en hechos diferentes.
Después, en
noviembre de 2018 la Corte Interamericana emitió otra sentencia contra
el Estado mexicano por su responsabilidad en la tortura ejercida por
elementos de las fuerzas de seguridad en contra de once mujeres, hechos
ocurridos en Atenco, Estado de México en 2006 y conocido como “Mujeres
de Atenco”. En todos estos casos la Corte documento un problema
sistémico de discriminación en el acceso a justicia para las mujeres.
La
abogada de Cejil, Lady Guzmán Marenco, destacó que la Corte también
reconoció que el contexto de ataques contra personas defensoras e
impunidad persiste hasta el día de hoy y que existe una violencia
diferenciada contra las defensoras. “La Corte destaca el riesgo que
tienen las mujeres defensoras de Derechos Humanos a ser víctimas de
feminicidio, violaciones, detenciones arbitrarias, encarcelamientos,
asesinatos y también desaparición forzada”, aseguró.
Los abogados
destacaron que la sentencia el caso Digna Ochoa también es una
oportunidad para mejorar el funcionamiento del Mecanismo de Protección
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la ley
vigente desde 2012 que le dio origen, la cual está en proceso de
revisión en la Secretaría de Gobernación.
Ciudad de México.- Desde
2010, México tiene el mandato de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CoIDH) de considerar los testimonios de las mujeres que son
víctimas de violencia, ya sea familiar, sexual o de otros ámbitos, como
“pruebas fundamentales”, afirmó la abogada experta en derechos de las
mujeres, Leticia Bonifaz Alfonso.
A pesar de las exigencias del
movimiento feminista, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste
en mantener el nombramiento que hizo el pasado 17 de enero, cuando
propuso al historiador Pedro Agustín Salmerón (acusado reiteradamente en
redes sociales por acoso y abuso sexual) como embajador de México en
Panamá.
Como lo hizo en el caso de la candidatura a gobernador
del morenista Félix Salgado Macedonio, el mandatario federal argumentó
que no echará para atrás la postulación de Salmerón porque no existe una
denuncia formal en contra del académico.
Al respecto del valor de
la palabra de las mujeres en casos de violencia, la abogada, experta en
los derechos de las mujeres e integrante del Comité de Expertas de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), Leticia Bonifaz,
explicó en entrevista con Cimacnoticias que desde 2010 y luego en 2011
la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que “los testimonios de
mujeres víctimas de delitos constituyen una prueba fundamental de la
naturaleza propia de dichos delitos, ya que normalmente ocurren en
ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los
agresores, y en lugares privados”.
Esto lo sostuvo la Corte
Interamericana al revisar los casos de las indígenas mexicanas Inés
Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú (violadas por militares) y
emitir dos sentencias condenatorias contra México. Por ello, explicó la
abogada, no se puede esperar que existan pruebas gráficas, documentales o
testimoniales de personas que no sean las víctimas directas. “La
declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el
hecho”, dijo la Corte.
A partir de este caso, explicó Bonifaz, la
Suprema Corte Justicia de la Nación ha venido reiterando en diversos
amparos la situación de vulnerabilidad en la que se puede encontrar una
víctima y su relación particular con el agresor (que puede ser
jerárquica).
Un ejemplo de ello es el Amparo Directo en Revisión
3186/2016 (sobre hostigamiento sexual), donde se reafirma que por la
complejidad que implica la valoración probatoria por parte de las
personas juzgadoras en casos en los que se ha ejercido violencia sexual
contra la mujer, “la cual radica en la naturaleza de la comisión de este
tipo de actos, los cuales son, generalmente, perpetrados de manera
oculta, situación que dificulta la existencia de testigos o de otro tipo
de evidencias”, el testimonio de la víctima del delito suele constituir
“la prueba de mayor relevancia en la acusación formulada contra la
persona imputada”.
Este amparo también dice que en casos de
violencia contra las mujeres, puede incluso no amerita contacto alguno,
implica una expresión de abuso de poder. Esto mismo, y el hecho de dar
mayor credibilidad al dicho de las mujeres por las características y el
peligro en el que se encuentran se reiteró en el amparo 2655/2013 (sobre
patria potestad y pensión alimenticia); 6181/2016 (sobre violencia
familiar en contra de las mujeres); 1206/2016 y el 1412/2017.
Crecen reacciones en contra
Ante
la insistencia del mandatario de mantener el nombramiento de Salmerón,
el movimiento feminista sigue mostrando su rechazo. Por ejemplo, la red
“Nosotras Tenemos otros Datos” y el movimiento “Todas México” iniciaron
una campaña en redes sociales en la que aseguran que “un acosador no
debe ser embajador” y pidieron que el Senado ni la cancillería
ratifiquen el nombramiento, y que la Fiscalía General de Justicia de la
República investigue las denuncias de las mujeres que han prestado su
testimonio.
Asimismo, las feministas pidieron a López Obrador que
deje de proteger a agresores sexuales, no estigmatice a las víctimas y
cumpla sus responsabilidades constitucionales y convencionales.
Además
del movimiento feminista en México, algunos medios de alcance nacional
en Panamá publicaron en sus portadas del día 19 de enero la noticia de
que un hombre acusado de acoso sexual sería nombrado embajador de México
en su país. Por ejemplo, el medio TVN noticias puso de titular
“Profesor señalado por supuesto acoso sexual es nombrado como embajador
de México en Panamá”; y el medio La Estrella de Panamá puso “Polémica
por designación de embajador”.
En el Senado de la República –donde
se deberá ratificar este nombramiento– se han escuchado posiciones
encontradas al respecto de Salmerón, incluso dentro de quienes han
legislado a favor de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, por un
lado la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, expresó en
entrevista con Cimacnoticias su rechazo a la propuesta por lo que
significaría que un hombre con estas acusaciones acuestas represente a
México.
No
obstante, algunas senadoras morenistas que en el caso de la candidatura
de Félix Salgado Macedonio como gobernador de Guerrero expresaron su
rechazo, en este caso han respaldado la posición del presidente, como
Martha Lucía Micher Camarena, que preside la Comisión de Igualdad de
Género, llamó a respetar “la presunción de inocencia” del postulante.
En
otros casos, las senadoras morenistas como Citlalli Hernández, Antares
Vázquez Alatorre, Jesusa Rodríguez, que en su momento se pronunciaron en
contra de Félix Salgado, no han expresado ninguna opinión al respecto
de la postulación del Salmerón.
De acuerdo con datos del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en
2021 se abrieron 69 mil 512 carpetas de investigación por delitos contra
la libertad y la seguridad sexual.
Cortesía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Ciudad de México.-
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
atrajo un amparo en revisión cuya resolución podría permitir determinar
si el delito de abuso sexual prescribe cuando se comete en contra de
menores de edad.
Este caso se originó porque se libró una orden de
aprehensión en contra de una persona acusada de abusar sexualmente de
una niña menor de edad. En contra de esa resolución el imputado promovió
un juicio de amparo indirecto en el que alegó que el delito prescribió.
De
acuerdo con medios locales de Guanajuato y Animal Político, el imputado
es Roberto ‘N’, director del Colegio Liceo de León, en Guanajuato,
quien en 2018 abusó de una niña de 9 años de edad. En 2020, y después de
recibir terapia, la niña pudo hablar de lo sucedido .
En
Guanajuato, el Código Penal del estado indica que el delito de abuso
sexual se castiga con penas de tres meses a un año de prisión, pero en
caso de que la víctima sea menor de edad la sanción es de seis meses a
dos años de prisión.
De acuerdo con los medios, el presunto
responsable del delito alegó que han pasado dos años desde los hechos y
ya prescribió el delito.
La Jueza de Distrito negó la protección
federal tras concluir que no opera la prescripción en el delito de abuso
sexual, cuando las víctimas son menores de edad. Inconforme con esta
decisión, el acusado interpuso un amparo en revisión. El Tribunal
Colegiado que revisó el caso solicitó a la Suprema Corte que atrajera el
asunto.
En la sesión de este 19 de enero, la Primera Sala
decidió atraer el expediente porque consideró necesario determinar si
el artículo 106, último párrafo, de la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, vigentes desde 2014, que señala “no podrá
declararse la caducidad ni la prescripción en perjuicio de niñas, niños y
adolescentes”, implica que no prescribe el delito cuando es cometido en
contra de menores de edad.
La disposición de esta ley, de
carácter general, se contrapone con el artículo 123 del Código Penal del
estado de Guanajuato, que desde 2011 indica que “la acción penal
prescribirá en el término máximo de la sanción privativa de libertad del
delito que se trate”. En este caso el abuso sexual se castiga con dos
años de carcel y la víctima (menor de edad) tardó dos años en denunciar.
Próximamente,
la Primera Sala, presidida por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat,
determinará si el delito de abuso sexual prescribe cuando se comete en
contra de menores de edad, atendiendo al interés superior de la niñez, a
los artículos 1 y 4 de la Constitución Política del país, y 3, 4 y 19
de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En un comunicado
emitido por el alto tribunal, se expuso que en este caso las reglas
podrían ser distintas a las que aplican en términos generales en materia
de prescripción de los delitos y, al respecto, la Suprema Corte no
cuenta con un pronunciamiento específico.
Abuso sexual contra menores
De
acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU),
del Inegi, durante el segundo semestre de 2021, 3.9 por ciento de la
población de 18 y más fue víctima de abuso sexual, acción que incluye
besos, toqueteos, manoseos, arrimones o que alguna persona muestre sus
partes íntimas o toque su cuerpo con fines sexuales, sin consentimiento
de la otra persona.
Por otra parte, organizaciones defensoras de
la infancia han señalado que niñas y niños tardan tiempo en poder
narrar un abuso o violación sexual. Como ejemplo, en la Ciudad de
México, en 2010, un niño, de sólo tres años de edad, dejó de controlar
sus esfínteres, lloraba por cualquier cosa, tenía pesadillas y no quería
alejarse de su madre, Mireya Agraz Cortés.
Cuando la madre notó
los cambios en el comportamiento de su hijo pensó que era un problema de
salud y lo llevó al proctólogo, quien le dijo que eran síntomas de
posible violación sexual. Después de sesiones de terapia con personas
expertas, se determinó que el menor de edad fue víctima de violencia
sexual por parte de su padre.
A pesar de que el delito se
denunció en 2011, el agresor siguió abusando del niño mientras se
investigaba y después comenzó a abusar de sus hijas gemelas, también
menores de edad. La investigación duró siete años, hasta que en junio de
2017, ante la falta de justicia, las omisiones y la orden judicial de
entregar la custodia al padre, Mireya decidió quitarse la vida junto con
sus tres hijos y sus padres.
Una investigación de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos sobre la legislación en materia de
abuso sexual, realizada en 2015, mostró que cada entidad tiene un tipo
penal distinto y que las penas iban desde un mes de prisión hasta 10
años. A excepción de Campeche, Nuevo León y Tamaulipas, en el resto del
país era una agravante la minoría de edad de la víctima, la falta de
capacidad de comprender el significado del hecho o el no poder
resistirlo.
Oaxaca, Oax. Entre
finales de 2021 y lo que va de este 2022, dos mujeres embarazadas
fueron asesinadas de manera violenta en Oaxaca, entidad del sureste de
México que desde agosto de 2018 cuenta con una declaratoria de Alerta de
Violencia de Género, sin que la ruta de impunidad deje de repetirse en
la mayoría de feminicidio.
Entre el 1 de diciembre de 2016, cuando
inició su administración el actual gobernador Alejandro Murat, y este
20 de enero de 2022, el Grupo de estudios sobre la mujer Rosario
Castellanos (GESMujer) contabilizó 589 asesinatos violentos de niñas y
mujeres, siete de éstos en lo que va del nuevo año y 374 desde la
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.
“Causa una profunda
preocupación que los siete casos de mujeres que han ocurrido en lo que
va el mes de enero, son un reflejo de la problemática que año con año se
repite”, refirió la presidenta del GESMujer, Angélica Ayala Ortiz.
Entre
esos siete casos se encuentra el de M.L.R.H., una mujer de 23 años
embarazada, cuyo cuerpo fue encontrado en estado de putrefacción en un
canal de agua hace unos días en Juchitán de Zaragoza. Los dictámenes
forenses indicaron que estaba embarazada, al igual que Juliana, una
mujer de 33 años que falleció por los golpes que recibió y cuyo cuerpo
fue abandonado dentro de un auto que estaba entre los carrizales de un
arroyo de aguas negras.
“Fueron víctimas de feminicidio, fueron
asesinadas de manera violenta y sus cuerpos fueron abandonados, lo que
refuerza la urgencia de incorporar la perspectiva de género, tanto a
nivel de identificación del nivel de riesgo de violencia feminicida que
viven las mujeres durante el embarazo, dado que en esta etapa se agrava
la violencia”, resaltó Ayala Ortiz.
De los 966 casos de
feminicidio que en 2021 reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, 43 ocurrieron en Oaxaca, menos de la
mitad que los 87 que el GESMujer documentó a través de las notas
periodísticas.
La coordinadora Ejecutiva del Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada , dijo que
más allá de los números oficiales que ve con reserva porque suelen
ocultar un subregistro, las mujeres y sus deudos siguen viviendo una
ruta de impunidad.
En agosto de 2018 la Secretaría Gobernación
(Segob) declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Oaxaca y las
autoridades se han dedicado a declarar su cumplimiento, cuando persisten
las graves violencias que evidencian que las mujeres no están
protegidas, sobre todo en un estado complejo por su diversidad
cultural.“
A nivel nacional hay fallas, pero en Oaxaca lo grave es
que el estado diga que va cumpliendo, que han mejorado en la
procuración de justicia, cuando en los hechos vemos que no hay una mejor
investigación de los casos de feminicidio, que prevalece la impunidad y
revictimización”, además de que “ni siquiera elaboran un estudio para
analizar cómo puede la normatividad interna de usos y costumbres generar
más violencia.
”Las fallas en el mecanismo de Alerta de Violencia
de Género se agrava porque la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) tiene pendiente
generar indicadores con medios de verificación “para ir a campo y
constatar si lo que reporta un estado realmente implica una mejora y no
una simulación”.
Luz Estrada hizo notar que la Alerta de Género es
un mecanismo que no se está usando debidamente: “Se debe insistir al
gobierno de Oaxaca que realmente avance en la prevención porque tiene el
tipo penal, un protocolo, pero hay una carencia en la prevención porque
no hay una estrategia clara”.
Ciudad de México.-
Las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE)
aseguraron que estudiarán con atención y cumplirán la sentencia emitida
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), donde se
condena al Estado mexicano por su responsabilidad en las falencias en la
investigación de la muerte de la defensora de Derechos Humanos, Digna
Ochoa y Plácido, ocurrida el 19 de octubre de 2001.
Un día después
de recibir la notificación de la sentencia, dictada en noviembre de
2021, las dependencias expusieron en comunicado que el Estado mexicano
refrenda los compromisos y acuerdos alcanzados con la familia de la
defensora Digna Ochoa en materia de reparación del daño y garantías de
no repetición, y atenderá puntualmente lo señalado por la Corte
Interamericana.
“México reitera su compromiso con la protección de
los Derechos Humanos y su respaldo a la labor de las y los defensores
de Derechos Humanos. Por último, el Estado mexicano manifiesta una vez
más su reconocimiento a la labor de la defensora Digna Ochoa y reitera
su compromiso de honrar su memoria y legado”, se detalló en el
comunicado.
Durante 20 años la familia de la defensora insistió
en que ella no se suicidó de 3 disparos como en su momento afirmó la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Fiscalía
General de Justicia. Aun así, los procuradores Bernardo Bátiz Vázquez,
Rodolfo Félix Cárdenas y finalmente Miguel Ángel Mancera Espinosa,
mantuvieron firme la conclusión del suicidio y por eso en tres ocasiones
(julio de 2003, marzo de 2007 y noviembre de 2010) decidieron no
ejercer acción penal.
En la sentencia el tribunal constató que en
la época de los hechos, las y los defensores –además de otras personas
que trabajaban en la defensa de los Derechos Humanos, como periodistas,
representantes sindicales o indígenas– corrían riesgo de sufrir
numerosas violaciones de Derechos Humanos.
Las mujeres
defensoras, destacó, “sufrían obstáculos adicionales debido a su género,
siendo víctimas de estigmatización, expuestas a comentarios de
contenido sexista o misógino o sufriendo el hecho de que las denuncias
presentadas por ellas no sean asumidas con seriedad”. El tribunal
también constató que en la actualidad continúa este contexto de
violencia contra personas defensoras.
Es por eso que en la
sentencia, además de ordenar reabrir la investigación penal y otorgar
tratamiento médico y/o psicológico, psiquiátrico o psicosocial a la
familia de la defensora, el máximo tribunal de la región determinó
medidas de no repetición, entre ellas, diseñar e implementar una campaña
para reconocer la labor de las personas defensoras.
Esta
sentencia se da en la administración de López Obrador en la que existe
un contexto de animadversión en contra de las organizaciones defensoras
de Derechos Humanos, personas que defienden causas sociales y
periodistas. Cabe recordar que en en noviembre de 2019, un grupo de
organizaciones nacionales e internacionales, enfocadas en la defensa de
la libertad de expresión, realizaran una misión de observación en
México.
El equipo, integrado por 17 personas defensoras de
organizaciones como International Women´s Media Foundation, Artículo 19 y
Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), acudió a la conferencia
matutina del presidente y le preguntó, entre otras cosas, si se
comprometía a utilizar un lenguaje que en ningún caso pudiera
estigmatizar el ejercicio del periodismo ni a las y los periodistas.
En
ese momento el presidente López Obrador respondió que no tenía que
hacer ningún compromiso ya que él nunca había utilizado lenguaje
ofensivo y siempre había sido respetuoso. “En el tiempo que llevamos
luchando, nunca hemos afectado o agredido a ningún periodista ni lo
haríamos… Nosotros siempre vamos a respetar la libertad que tienen todos
los ciudadanos de manifestarse”, dijo.
Otro ejemplo del discurso
de López Obrador en contra de las personas defensoras es lo que ocurrió
el 12 de julio de 2021, al ser cuestionado por un periodista sobre el
funcionamiento del Mecanismo de Protección, después de que Front Line
Defenders México dio a conocer que al menos 44 activistas fueron
asesinados en su administración (2019-2020). El presidente dijo que
Segob protegía esta población, pero que los datos eran “propaganda” de
sus adversarios, difundida por el periódico Reforma.
Meses
después, en octubre de 2021, el presidente aseguró que grupos
“neoliberales” utilizaron causas “muy nobles” como el feminismo, el
ecologismo y la defensa de los Derechos Humanos, para “saquear” y
apropiarse de bienes nacionales.
“Muy nobles todas estas causas,
muy nobles, pero el propósito era crear o impulsar, desarrollar todas
estas nuevas causas para que no reparáramos, para que no volteáramos a
ver que estaban saqueando al mundo y que el tema de la desigualdad en lo
económico y en lo social quedara afuera del centro del debate. Por eso
no hablaba de corrupción, se dejó de hablar de explotación, de opresión,
de clasismo, de racismo”, dijo.
En este contexto, la sentencia
por el asesinato de la defensora Digna Ochoa indica que en un plazo de
dos años, el Estado mexicano deberá elaborar un plan de fortalecimiento
calendarizado del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, retomando las recomendaciones y
propuestas de los peritos Erika Guevara Rosas y Michel Forst, y de la
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, que desde 2019 presentó un diagnóstico para mejorar
este Mecanismo.
Lo anterior porque en abril de 2021 estos peritos
declararon ante la Corte por el caso Digna Ochoa. Allí la directora para
Las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, presentó
una radiografía sobre la situación de las personas defensoras de
Derechos Humanos en México y afirmó que hay “un grave deterioro de los
Derechos Humanos” desde mediados de la década de 1990 y cuando ocurrió
la muerte de Digna Ochoa.
La sentencia llega también cuando la
Segob trabaja en una propuesta para derogar la Ley para la Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, vigente desde
2021 y la cual dio origen al Mecanismo de Protección; y en su lugar
crear la Ley General de Prevención y Protección para Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas, para lo cual se realizaron dos foros
con sociedad civil para revisar qué debe contener la ley, el pasado 17 y
18 de enero.
Por otro lado, otras medidas de reparación dictadas
en la sentencia emitida por la Corte Interamericana son crear e
implementar un “Mecanismo de Protección de Testigos que intervengan en
el Procedimiento Penal”, elaborar una iniciativa de reforma
constitucional para dotar de autonomía e independencia a los Servicios
Periciales, elaborar una reforma a la “Ley Federal Para la Protección a
Personas que intervienen en el Procedimiento Penal” y crear un protocolo
para la investigación de ataques contra las defensoras y personas
defensoras.
Pues
otra vez la designación presidencial de un agresor genera una gran
polémica y no es para menos, pues gracias a las víctimas, valientes hay
que decir, se ha colocado nuevamente en el centro del debate que aún se
sigue privilegiando la palabra del agresor antes que la de las víctimas.
La
designación que hace el Presidente de la República de Pedro Salmerón
como embajador de México en Panamá tiene varios efectos negativos para
las mujeres y niñas de nuestro país, por lo tanto para la democracia
mexicana y la supuesta política exterior feminista que tanto se ha
presumido por el Canciller Ebrard. Está difícil creer en ella cuando
colocas a un agresor como embajador.
Pedro Salmerón tiene por lo
menos cuatro años denunciado públicamente por mujeres que han tenido
contacto con él, estudiantes y militantes de Morena lo han denunciado
por acoso y hostigamiento sexual.
El solo hecho de nominarlo, pese
a las denuncias públicas de ser un agresor de mujeres, normaliza la
violencia, desdeña los daños que ésta ocasiona, violenta a las víctimas,
deslegitima a las instituciones creadas para erradicar la violencia
machista y debita la política de igualdad, al privilegiar un perfil
académico frente a un actuar ético apegado al respeto y dignidad de las
mujeres
La respuesta ante el rechazo lógico de las víctimas y
feministas por la nominación de un agresor, es la de un gobierno que no
cree en las mujeres y que se pone del lado del agresor, a quien no le
exige demostrar que no lo es y por el contrario, demanda a las víctimas
que demuestren que fueron agredidas.
Esta reacción confirma que la
ideología de este gobierno es misógina, y explico, porque para el
presidente las mujeres son instrumentos para cuidar y tener hijos, en la
política para apoyarlo, por ello cuando era candidato creó “Las
Adelitas”; en su gabinete hay muchas mujeres sin agenda verdadera de
igualdad de género y de Derechos Humanos de las mujeres.
Las
Adelitas acompañaron al candidato en 2006, llamaron al voto y como dice
la canción iban “detrás de su Juan”. Por más que repitan que este es un
gobierno feminista, no lo es.
Ya como presidente, se ha negado a
escuchar las exigencias de las mujeres, ha descalificado al movimiento
feminista, lo ha tachado de conservador, de ser infiltrado, ha negado su
historia y ha señalado que la única lucha que reconoce es precisamente
la del siglo XIX.
Y más recientemente, ha puesto en el banquillo
de los acusados a las víctimas que denuncian agresiones contra los
hombres de su confianza, Félix Salgado Macedonio y ahora Pedro Salmerón.
La
ideología misógina es la que sostiene a los agresores en el poder,
porque a través de la impunidad, alienta en los hombres violentar a las
mujeres, les da prestigio, e instala en la sociedad a las víctimas
propiciatorias.
Por ello, el presidente ha pedido a las víctimas
que prueben las agresiones y ha desdeñado su dicho alegando ataques
políticos, ninguneando la agresión.
Cuando él sobreexpone a las víctimas resguarda en la sombra a los agresores.
Un
hombre que cada mañana despliega su conocimiento histórico, se resiste a
mirar el bosque de los Derechos Humanos de las mujeres.
En México
las estudiantes llevan años denunciando las agresiones que viven de sus
profesores, el movimiento MeeToo dio la oportunidad de hacerlo cuidando
la identidad de la víctima, porque se sabe que esa complicidad social
que hay con los agresores, caería como tsunami contra ellas.
En
2019 en el #MeTooITAM salieron las denuncias contra Salmerón cuando era
profesor en este centro educativo, el cual no negó los hechos, no
investigó las denuncias de las estudiantes, y se escudó en la renuncia
Salmerón.
En 2017, Estefanía Vela y 8 militantes de Morena
denunciaron la violencia ejercida por Salmerón contra ellas, sin que el
instituto político hiciera ninguna investigación al respecto, al igual
que en el caso de Basilia Castañeda, quien denunció a Félix Salgado
Macedonio, Morena le dio carpetazo, protegió al agresor y se fue contra
la víctima.
La omisión de las instituciones deja solas a las
víctimas y eso queda claro, nuevamente, con quienes acusan a Salmerón de
violencia sexual.
En un país donde la impunidad alcanza 98 por
ciento en delitos contra las mujeres, cómo exigirles a las víctimas que
crean en la denuncia, hacerlo es tratar de lavarse las manos y
sobrecargar a las víctimas.
La andanada violenta contra quienes
levantan la voz para denunciar a los hombres poderosos tiene efectos
gravísimos al desempoderar a las mujeres, un ejemplo es lo puesto por
Estefanía Veloz estos días en su tuit “No importa lo que digamos, no
importa si hay pruebas o sólo testimonios, contra un hombre poderoso
siempre vamos a perder la batalla en redes sociales. De alguna manera
terminamos linchadas y agredidas, por eso nadie quiere denunciar a sus
agresores”.
La última frase sintetiza el efecto de la incredulidad
en la palabra de las víctimas, por ello el peso está en congruencia y
autonomía de las instituciones, ellas tienen la obligación de romper con
la permisividad social que cobija a los agresores.
El senado de
la República en concreto tiene en sus manos retirar a Pedro Salmerón en
el encargo como embajador en Panamá, esta institución cuenta con la
Medalla Elvia Carrillo Puerto, un reconocimiento a la trayectoria
femenina a favor de los Derechos Humanos de las mujeres, creado en 2013,
a propuesta de la Comisión de Igualdad de Género.
En 2021 se
otorgó a Laura Martínez, directora de la organización ADIVAC que
acompaña a víctimas de violación, en su participación, Laura Martínez
pidió al senado que no dejara solas a las víctimas de violencia
machista. Será que el senado de la paridad sí lo escuche, será que las
senadoras que han declarado estar del lado de las víctimas sí lo hagan.
Qué
tanto este poder guardará su autonomía frente al Ejecutivo y será
congruente para negar la ratificación de Salmerón como embajador de
Panamá, es lo que vamos a ver en estos días.
De ratificarlo
estarán violando su deber como poder autónomo al mostrar su sumisión
ante el presidente, pues al instituir la Medalla, asumieron un
compromiso con la igualdad y por una vida libre de violencia hacia las
mujeres, ratificado al otorgar el primer reconocimiento a la creadora de
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
Marcela Lagarde.
Sé que para las mujeres no es fácil mantenerse en
la política de los hombres, pero la sumisión nunca ha sido la opción
para avanzar, desde el feminismo la política de las mujeres es pactar a
favor de las mujeres y sus Derechos Humanos.
Sostener la
nominación de Salmerón como embajador de México en Panamá es ratificar
que somos un país feminicida, porque las autoridades se coluden con los
agresores y les dan la espalda a las víctimas. Veremos de qué lado está
el senado de la paridad.
María
(nombre modificado), de 19 años, trabajadora de una fábrica, desplazada
en Honduras. Fue herida y perdió una pierna durante el asesinato de una
compañera. Los feminicidios en el norte de América Central empujan el
desplazamiento y migración de miles de mujeres cada año. Foto: Daniel
Dreifuss/Acnur
SAN SALVADOR – El feminicidio, del que se registran altas tasas
en El Salvador, Guatemala y Honduras, es una de las principales causas
que empujan a migrar a las mujeres de América Central, de acuerdo con un
reporte de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Para la jurista australiana Gillian Triggs, alta comisionada adjunta
de Acnur para la protección, “es inaceptable que la violencia de género
siga expulsando a las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ de sus hogares, y
que siga siendo uno de los principales riesgos a los que se enfrentan
durante su desplazamiento”.
Las autoridades de esas naciones de origen o tránsito de las personas
desplazadas y migrantes “deben garantizar su acceso al asilo y a la
protección, así como ampliar las medidas de prevención y respuesta”,
dijo Triggs.
El nuevo llamado de Acnur se inscribe en la campaña de activismo
iniciada el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, y que culmina este 10 de diciembre, Día de
los Derechos Humanos.
La Comisión Económica para América Latina (Cepal) indicó que en 2019 y
2020 hubo en Honduras 295 y 227 feminicidios, respectivamente, es
decir, 6,1 y 4,7 por cada 100 000 de sus mujeres.
En el Salvador las cifras fueron 113 y 73 feminicidios en esos dos
años (3,3 y 2,1 por 100 000 mujeres), y en Guatemala se registraron 139 y
119 (tasas de 1,6 y 1,3 de esos crímenes). Otros países de la región
con tasas elevadas son República Dominicana, Bolivia, Brasil y México.
Triggs también comentó que, además de los feminicidios, los abusos
continúan durante el desplazamiento de mujeres y niñas, y la situación
se ha visto agravada por la pandemia covid-19 que “sigue siendo uno de
los principales riesgos a los que se enfrentan durante su
desplazamiento”.
“Es inaceptable que la violencia
de género siga expulsando a las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ de sus
hogares, y que siga siendo uno de los principales riesgos a los que se
enfrentan durante su desplazamiento”: Gillian Triggs.
Un estudio reciente en Honduras mostró que la violencia contra las
mujeres era un factor determinante en el desplazamiento, sobre todo para
quienes tenían liderazgo y relaciones con miembros de las pandillas o
de las fuerzas de seguridad.
La situación se volvió crítica durante los confinamientos
relacionados con la pandemia, que aumentaron los incidentes y los
riesgos. Al levantarse las restricciones fronterizas a la circulación en
los últimos meses, las mujeres y las niñas siguieron entre las personas
forzadas a huir de sus hogares.
Acnur ha llamado la atención sobre la actividad de las pandillas
criminales en el llamado Triángulo Norte de América central, pues esos
grupos “suelen atacar y forzar, a mujeres y niñas, a la esclavitud
sexual”.
Los delincuentes “también utilizan la agresión sexual -o la amenaza
de ella- como arma para obligar a los miembros de la familia a realizar
actividades ilícitas”, o pueden ser víctimas de bandas rivales, e
incluso pueden ser asesinadas como parte de los ritos de iniciación de
las pandillas.
Las personas LGBTIQ+, especialmente las mujeres transgénero, también
son especialmente vulnerables a la extorsión, la explotación y la
persecución.
En El Salvador, la organización no gubernamental Comcavis Trans
informó que dos tercios de las personas LGBTIQ+ a las que han asistido
este año huían de pandillas criminales, y las amenazas de muerte
constituyen el principal motivo para huir.
En Honduras, otra oenegé, Cattrachas, reportó 373 asesinatos violentos de personas LGBTIQ+ desde 2009.
Incluso cuando huyen en busca de seguridad, muchas mujeres, niñas y
personas LGBTIQ+ son vulnerables a la trata, las agresiones y las
violaciones, sobre todo cuando recurren a las redes de tratantes o
cruzan las fronteras por puntos informales.
“Las medidas de prevención son cruciales para ayudar a empoderar a
mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, así como para garantizar sus derechos
e impulsar su autosuficiencia. Al mismo tiempo, quienes logran
sobrevivir a los abusos deben estar en el centro de todas las
respuestas”, insistió Triggs
Acnur se ha sumado a los pedidos para que las autoridades de los
países concernidos adopten medidas más eficaces, innovadoras e
inmediatas para proteger los derechos de mujeres, niñas y personas
LGBTIQ+ que se desplazan en la región.
