Habrá cárcel para quienes vivan con menores de edad como si convivieran en matrimonio

 Escrito por La Redacción 

CIMACFoto: César Martínez López.- En México, las personas mayores de edad ya no podrán obligar a niñas, niños o adolescentes a vivir con ellas como si estuvieran en una relación o en un matrimonio. Tampoco podrán orillar a las y los menores de 18 años a vivir con alguien de su edad en este mismo sentido. Esto, debido a una reforma en el Código Penal Federal que reconoce un nuevo delito llamado “cohabitación forzada”, el cual será sancionado con entre 8 y 15 años de prisión.

La cohabitación forzada está estipulada en el Código Penal Federal de nuestro país desde el 25 de abril de este 2023. De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación de esa fecha, comete este delito quien “obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias” personas menores de edad “a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de dieciocho años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio”.

Aunque la reforma no es clara al respecto, esta sanción también podría aplicarse a quienes cometan este delito en contra de personas con discapacidad, pues en el recién añadido Capítulo IX al Código Penal se estipula que las víctimas de la cohabitación forzada pueden ser “personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho” o “personas que no tienen capacidad para resistirlo”.

Quien cometa este delito recibirá entre 8 y 15 años de prisión, además de una multa de entre mil y dos mil quinientos días. Esta pena se incrementará hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo si, además, la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana. De acuerdo con Ipas Latinoamérica y El Caribe (Ipas LAC), precisamente, estas comunidades son de las más afectadas por este tipo de violaciones a los derechos humanos de infancias y adolescencias.

CIMACFoto: Diana Hernández Gómez

El problema de la cohabitación forzada en las regiones rurales de México

A través de un comunicado oficial, Ipas LAC detalló que, según estimaciones, el 3 por ciento de las mujeres entre 20 y 24 años en zonas urbanas de México establecieron una unión con alguna pareja antes de cumplir los 15 años. Esta cifra se eleva al 6 por ciento en áreas rurales y alcanza el 8 por ciento en aquellas zonas donde predomina alguna lengua indígena.

Por otro lado, la organización señala que la quinta parte de las mujeres mexicanas se unen y viven en pareja antes de cumplir 18 años (es decir, siendo niñas o adolescentes). En los estados de Guerrero, Tabasco, Chiapas y Michoacán, una tercera parte de ellas cohabitan con una pareja antes de ser mayores de edad.

La relación entre estos porcentajes y las comunidades rurales donde se presentan no es algo azaroso. Tal como ha explicado la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, en entidades como Oaxaca, el matrimonio infantil es una práctica común al ser considerada parte de los usos y costumbres de las comunidades. Sin embargo, como la misma Eufrosina, muchas niñas huyen de sus hogares al no querer enfrentarse con este destino.

Otro de los problemas detrás de la cohabitación o el matrimonio forzado es el constante aumento de embarazos infantiles y adolescentes. En el país, cada día nacen mil bebés de niñas adolescentes menores de 19 años en promedio. En 2022 nacieron 9 mil 185 bebés de niñas madres menores de 15 años; el 98 por ciento de estas niñas entre 13 y 14 años. Los estados que registran el mayor número de casos son Chiapas, Coahuila, Guerrero y Veracruz.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, 48 mil 051 adolescentes encuestadas tuvieron su primera relación sexual en la infancia o adolescencia sin su consentimiento.

Por último, pese al avance que representan las reformas al Código Penal en este tema, Ipas LAC externa su preocupación debido a que la descripción del delito de cohabitación forzada también abarca las relaciones consentidas entre personas adolescentes. De acuerdo con la organización, este apartado desconoce el principio internacional de capacidades evolutivas de las y los adolescentes para tomar decisiones autónomas sobre el plan de vida y las metas. En este sentido, puede ser interpretado como una limitación para el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las y los adolescentes.

Explotación, salud materna y derechos reproductivos de las mujeres en México

 tribunafeminista.org

Claudia Espinosa Almaguer

 Vivir en un mundo globalizado nos obliga constantemente a visibilizar que las decisiones que se tomen en contextos políticos de primer mundo, pueden perjudicar notoriamente la calidad de vida y el futuro de miles de personas como sucede en el caso de fenómenos de explotación contra las mujeres como la prostitución y la trata sexual y reproductiva.

Por ejemplo, el 14 de junio de este año, el eurodiputado Adrián Vázquez Lázara habló ante el Parlamento Europeo reprochando la asociación que hiciere otro partido político acerca de los vientres de alquiler. Desde su visión, aquello era un insulto, un radicalismo moral, viejos tabúes sobre como tener una familia, y que impulsaría un proyecto para que los europeos pudiesen conseguirlo a través de “la gestación subrogada, altruista y garantista” para confrontar el “invierno demográfico” que enfrenta ese continente. Así mismo se posicionó en la lucha para evitar que se “discrimine” a menores europeos sólo por como han sido gestados y cerró afirmando: “a mi nadie me tiene que dar ninguna clase de moralidad y por eso pido que se reivindique el debate de los derechos de reconocimiento de paternidad…”

Siendo México el sitio más recurrido que usan los españoles, a sabiendas de violar la ley de su país, para abusar de la pobreza de las mujeres y adquirir menores, la realidad es que la laguna producida por la falta de acción de las autoridades, efectivamente provee a que se tergiverse el principio de interés superior, es decir, estos bebés por mucho que se regule su estancia, entran a Europa en condición de esclavos porque se ha pagado por ellos, por consiguiente no existe una manera garantista, es decir, apegada a derechos fundamentales de consentir la explotación.

Este argumento, es un lavado de cara de la trata que sucede en América, aquí, los gobiernos se abren a regular el mercado ofertando a las mujeres de sus países los vientres de alquiler como una forma de subsistencia y al mismo tiempo el crimen organizado hace lo propio, como en cualquier acto de esta categoría si hay clientes que paguen por los niños habrá víctimas.

Lo menos entonces es explicar por qué esto no es una libertad y no es un derecho, otorgando el panorama acerca de la realidad que atraviesan las mexicanas y el alcance que tienen a la salud reproductiva y a tener sus propios hijos.

Preliminares

 El embarazo es un proceso biológico que se desarrolla en el cuerpo de las mujeres, a lo largo de cuarenta semanas aproximadamente cuyos cambios no son menores, agranda el útero y las mamas, puede provocar afectaciones como la diabetes gestacional, la preeclampsia, convulsiones, temblores, hinchazón, infecciones, cefaleas, náuseas, mareos, trastornos visuales y hemorragias. Así mismo implica un trabajo extra para órganos como el corazón y profundos cambios hormonales que preparan el nacimiento. Posterior al parto, la salud física y emocional de madres e hijos permanece vinculada, tomando cada punto en consideración, aun con todos los medios al alcance, el riesgo es de un carácter tan complejo que la decisión debería ser libre y segura para todas las mujeres.

A pesar de ello, el embarazo continúa siendo una experiencia definida, castigada, expropiada y vendida por otros, donde lo más importante es evitar a toda costa que sean las mujeres quienes tomen las decisiones, aunque sean suyas las consecuencias directas en su integridad y vida.

Además, no es lo mismo lo visto atravesarlo en un país de primer mundo, a la realidad padecida en otros territorios donde la pobreza provoca, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 2,4 millones de muertes de recién nacidos y de 830 mujeres diariamente derivadas de complicaciones evitables[1].

El caso de México y su cumplimiento a garantizar derechos reproductivos es tan inseguro, que el lugar en donde una mujer viva determina la diferencia entre la vida y la muerte, entre la libertad y la prisión, o peor aún entre la posibilidad de ser víctima de trata reproductiva causada por el crimen organizado o por la que recién han regulado algunos Estados de la República para entregar a niños y niñas a compradores extranjeros.

1. México y el acceso al aborto seguro

¿Qué pasa si las mujeres no quieren ser madres? Cuando la decisión es no continuar con un embarazo, la posibilidad de la interrupción legal y segura se ve obstaculizada por la criminalización del aborto, penado en 21 entidades del país y permitido en un margen de doce semanas en once: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Coahuila y Quintana Roo.

 Este contexto jurídico, que incumple con criterios de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a que no se puede sancionar el aborto en términos absolutos, provoca mayor invisibilidad. De acuerdo a las ultimas observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, miles de mujeres y niñas se someten a abortos peligrosos en condiciones clandestinas que pueden conducir a riesgos de salud irreversibles y a la muerte

Esto fue reiterado en las Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México emitido en julio de 2018 que en el tema de Salud indica:

“El Comité reitera las preocupaciones que manifestó previamente […] Las disposiciones de las leyes penales estatales restringen el acceso al aborto legal y siguen obligando a las mujeres y a las niñas a someterse a abortos en condiciones de riesgo que ponen en peligro su salud y su vida. La falta de coherencia entre los códigos penales de los Estados, que obstaculiza la aplicación efectiva del artículo 35 de la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Nom – 046- SSA2-2005, sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que legaliza el aborto en caso de violación[2]”.

Sin embargo, cinco años después la situación señalada en este acceso permanece en las mismas condiciones debido a intereses de carácter político, esto quiere decir que se legisla no desde el marco de derechos sino desde los prejuicios y estereotipos de legisladores y partidos de todos los flancos, quienes usan la promesa de este acceso para simpatizar durante las campañas electorales con los movimientos de mujeres activistas de cada Estado, para luego una vez alcanzado el puesto, faltar a los compromisos que les hicieron llegar al poder.

A esto se añade precisamente el incumplimiento a la interrupción voluntaria en caso de violación sexual de la Norma de Salud para atender violencia familiar y sexual, que sí es vinculante para todo el sector salud de cualquier nivel en el país, de acuerdo con ella, no es necesario que la víctima presente ninguna denuncia para acceder a esta atención[3] dado que así mismo se reconoce en la Ley General de Víctimas como atención de emergencia para las víctimas[4].

Es así, que en algunas entidades no sólo no se brinda atención, sino que se puede ir a prisión inclusive por abortos espontáneos y no sólo por el propio delito que corresponde sino debido a tipos penales como el homicidio agravado en relación al parentesco, en tanto en otras, el acceso es legal pero no materialmente posible, como sucede en Guerrero para las zonas donde habitan las comunidades indígenas.

1. México y la muerte materna

¿Qué pasa cuando las mujeres sí quieren ser madres? Si la decisión es llevar a término la gestación, los derechos humanos en este ámbito incluyen el acceso a servicios de salud reproductiva de calidad, a recibir un trato digno y no ser sometida a discriminación, a ninguna forma de violencia o trato degradante, ni estereotipos, ni actos sin consentimiento como la aplicación de métodos anticonceptivos o de esterilización forzada.

Nuevamente la realidad en el país es distinta, la aplicación de procedimientos innecesarios y contrarios a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como la cesárea, realizada en 45 de cada 100 nacimientos en México, la episiotomía usada en un 30% además de prácticas y conductas abiertamente violentas como las descritas en el Informe de la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer de la Organización de las Naciones Unidas, respecto a la denuncia que hicieron mujeres indígenas de Guerrero sobre comentarios ofensivos y falta de conocimiento de su cultura tradicional:

“Las mujeres del nivel socioeconómico más bajo han relatado haber sido humilladas por los trabajadores sanitarios debido a su pobreza o su incapacidad para leer o escribir, por vivir en zonas rurales o barrios marginales o por estar sucias o desaliñadas.”

Además, la salud materna ni siquiera está garantizada, en cifras, para el año 2019 se produjeron 695 defunciones de mujeres en el país por causas como hemorragias, enfermedad hipertensiva, aborto, complicaciones en el embarazo, parto y puerperio, con una Razón de Mortalidad Materna superior a la nacional en Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Tabasco, Michoacán, Chihuahua, Nayarit, Quintana Roo, Chiapas, Tlaxcala, Durango y Guerrero.

Para 2020 el número incrementó a 1014 muertes causadas principalmente por Covid-19 confirmado o probable, por enfermedad hipertensiva, hemorragia obstétrica, complicaciones del embarazo, parto y puerperio, así como por “enfermedad del sistema respiratorio que complica el embarazo”, con una Razón de Mortalidad Materna superior a la nacional en: Morelos, Tlaxcala, Sonora, Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Yucatán, Baja California, Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Tabasco, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, y Quintana Roo. Es decir, la emergencia del coronavirus arrasó con el acceso de calidad a los servicios de salud para las mujeres al momento de pretender un embarazo y un parto seguro.

En 2021 la cifra de defunciones aumentó aún más a 1109 por consiguiente, que para la semana 52 del año 2022 haya disminuido a 644 y que hasta ahora esta cifra no haya sido publicada como definitiva[5], puede ser indicador de que o bien, los reportes sobre la muerte materna no se rindieron a tiempo para el momento de la emisión esta información o habría un ocultamiento de la realidad.

Cabe aún referir, las prácticas de discriminación sexual expresadas como formas de violencia obstétrica aun reconocidas en algunas legislaciones locales no han disminuido su prevalencia. El mal trato por parte del personal sanitario es una característica común a la experiencia del cuidado prenatal, el parto y el puerperio a pesar de que se ha demostrado que la protección de las mujeres en esos momentos, resultan indispensables para la disminución de riesgos como los descritos.

Así, con pendientes no menores al considerar que no hay autonomía reproductiva reconocida, ni derecho a decidir, ni muchas posibilidades de acceder una vida libre de violencia ni siquiera en este momento de la vida o al menos unas condiciones básicas de buen trato, de garantía de la salud para las mujeres y sus hijos, como derechos fundamentales, el sustento legal que formalmente protegería a las mujeres para tomar estas decisiones, es decir, el artículo 4° de la Constitución Mexicana que aborda el derecho a formar una familia ha sido tergiversado para regular la compra de niñas y niños por parte de personas que no pueden o no quieren tener hijos propios.

III. Vientres de alquiler, una forma de trata regulada desde el Estado

¿Qué sucede en México y por qué oferta el Estado a las mujeres la opción de vender a sus hijos? Muy por el contrario de cumplir a cabalidad los compromisos internacionales del país para abolir la esclavitud y eliminar la explotación y la trata, los gobiernos no están por la labor de buscar una sanción penal, sino que, dados los intereses económicos en torno a la explotación reproductiva de las mujeres y la asimilación de que es viable que niños y niñas sean objeto del mercado; la pretensión ha sido sostener falsamente que hay un modo ético de llevar a cabo estas conductas.

A eso provee el uso de eufemismos como “maternidad subrogada” “padres de intención” “compensación económica” “técnica de reproducción asistida”, que le suaviza a compradores, intermediarias y gobiernos, conductas que deberían ser previstas y sancionadas como delitos.

Hasta este momento en México las decisiones jurídicas al respecto son pocas: Sinaloa y Tabasco la han regulado para permitirla bajo ciertas condiciones, en San Luis Potosí, Querétaro y Coahuila está prohibida y en los 27 estados restantes no se ha legislado.

Ahora bien, la posición de la Corte en los últimos años se ha producido en contra nuestra. Primero con la resolución del amparo 553/2018 se manifestó a favor del reconocimiento del derecho de matrimonios entre personas del mismo sexo a recurrir a técnicas de reproducción asistida para ser padres y registrar la filiación. Desde entonces se abordó someramente a la mujer gestante en tanto se asumió a la subrogación como un método más.

Luego para enero de 2021 se quiso presentar el proyecto de resolución del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en el asunto 129/2019 iniciado por una empresa en Tabasco que se dolió de “discriminación” porque la norma que regula esta práctica no permite la intervención de terceros ni el acceso de parejas extranjeras, sin embargo, las feministas de ese estado se movilizaron aseverando que no podía entenderse como un derecho lo que en realidad eran actos de explotación.

En junio de ese mismo año durante la sesión remota del Tribunal Pleno, la Suprema Corte comenzó a fijar su posición, a propósito de unos artículos del código civil de Tabasco en la Acción de inconstitucionalidad 16/2016; de tal suerte, con 9 votos a favor y 2 en contra se abrió la posibilidad a cada entidad federativa para decidir si regulaba la “gestación subrogada” o permitía volverle un negocio más entre particulares.

Desafortunadamente la sesión donde se desarrolló ese último proyecto de la estuvieron presentes las mismas características, al integrar una visión a favor de esta práctica, además de haber prejuicios de género y condescendencias, se contó con la asesoría de una organización denominada “Colegio de Bioetica” y del “Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)”, sedicente feminista autodenominados como expertos en el tema: El argumento fue que valía más regularla que prohibirla para que de ese modo se interviniese directamente en decidir si iba a ser “altruista” o tendría un costo, en las condiciones de los contratos, los riesgos, los permisos y el número de participantes.

Para ello, se usó una interpretación sesgada del artículo 4 de la Constitución Política para legitimar un supuesto derecho de acceder a un vientre de alquiler desde el concepto de “técnica de reproducción” con el fin de formar una familia y además que las mujeres pudiesen participar en ello en el entendido de una “autonomía reproductiva” avalada hasta por jurisprudencia internacional como el caso Artavia Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cuando el diario El País en 2016, entrevistó a mujeres mexicanas[6] que fueron madres gestantes en aquel tiempo y todas tomaron su decisión a partir de una necesidad económica acuciante, todas vivían en la pobreza y por consiguiente el dinero recibido de parejas provenientes de países como Canadá, Francia, Australia, Israel o España ayudó a paliar situaciones críticas, una bicoca proveniente de lugares en donde está prohibido por considerarse, como lo es un acto carente de toda ética y opuesto a los derechos humanos.

Porque es cierto, el artículo 4 Constitucional versa sobre el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos. Sin embargo, ese derecho no alcanza para sacar ventaja de la necesidad ajena con tal de reproducirse, es decir, yo puedo formar una familia, pero no a costa de aprovecharme de las condiciones de desigualdad de otra mujer, puedo tener un hijo o adoptarlo, pero no debería poder comprarlo.

 Del mismo modo la jurisprudencia internacional que se alude en el caso comprende el derecho a la vida esencialmente a través de la protección de la mujer embarazada, como sujeta de cuidados y ayudas especiales, no como un mero objeto continente. Entonces ¿Qué fue lo que propuso la Suprema Corte? Regular la explotación reproductiva.

Curiosamente, cuando la mercancía implica la explotación a mujeres pobres, la desigualdad no les suena mal y las situaciones que se padecen derivadas de ella como la prostitución o los vientres de alquiler resultan ser preferibles regularlas que abolirlas, es decir, se acepta que no dejará de existir una determinada forma de abusar de las mujeres y que es mejor negociar, habituarse o venderlo como un ejercicio de libertad personal.

Esto es como decir: “Eres libre de ser explotada y que te paguen por ello”

En la actualidad, la esperanza se sostiene a partir de una iniciativa para prohibir los vientres de alquiler que se promovió en 2023 en el Senado de la República cuyo potencial podría dar marcha atrás al estado que por ahora denigra a las mujeres a ser ciudadanas de segunda clase en México además de dar protección a la infancia, sin embargo, conociendo los tiempos electorales de este país se corre el riesgo de quedar en el olvido.

Insisto, lo que se dice del otro lado del mundo nos puede costar la vida.

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1] Salud Materna, Organización Panamericana de la Salud https://www.paho.org/es/temas/salud-materna

[2] Observaciones finales del Comité – CEDAW: México. 25/07/2018., p.14., https://www.gob.mx/conavim/documentos/observaciones-finales-al-9o-informe-mexico-ante-la-cedaw?state=published

[3] NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/LeyesNormasReglamentos/NormaOficialMexicana/NOM-046-SSA2-2005_ViolenciaFamiliarSexual.pdf

[4] Véase artículo 30 fracción IX de la Ley General de Víctimas https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf

[5] La última emisión del reporte es a la semana 18 de 2023 https://omm.org.mx/wp-content/uploads/2023/05/BOLETIN_MUERTE-MATERNA_18_2023.pdf

[6] SANTOS, Yaida “Retrato de la Maternidad Subrogada en México”, https://elpais.com/elpais/2016/12/17/eps/1481929548_148192.html

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Vacío legal en EEUU permite donaciones secretas a grupos de ultraderecha

 Imagen: James Battershill / Adobe Stock

KAMPALA – Un vacío en la legislación de Estados Unidos permite a donantes anónimos entregar cientos de millones de dólares a grupos que, dedicados a la “guerra cultural”, despliegan campañas contra los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ en todo el mundo, revela una investigación de openDemocracy que llevó nueve meses.

Entre los beneficiarios de 272 millones de dólares distribuidos entre 2017 y 2020 mediante cuentas especiales conocidas como ‘fondos asesorados por donantes’ (DAF, en inglés) hay por lo menos dos grupos involucrados en la agitación política que fue antesala de una brutal ley que acaba de criminalizar la homosexualidad en Uganda.

También hay otros que defienden la esterilización obligatoria de las personas trans en Europa o han participado en dañinas ‘terapias de conversión’ incluso en estados de Estados Unidos donde estas prácticas están prohibidas.

El anonimato hace imposible conocer el origen del dinero que financia a los grupos “antiderechos” y frustra los intentos de exigir responsabilidades a sus patrocinadores o de persuadirlos de seguir sosteniendo económicamente el odio.

openDemocracy obtuvo y analizó datos de casi 2000 financiadores estadounidenses para investigar los flujos de dinero que reciben 36 organizaciones de extrema derecha que actúan para restringir derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ.

Entre estas 36 hay cuatro que el Southern Poverty Law Center (una prestigiosa entidad estadounidense de derechos civiles) cataloga como grupos de odio, otras dos que están asociadas a estos grupos de odio, y otras 30 cuyas actividades openDemocracy viene investigando desde hace años.

Este análisis permitió descubrir que 12 administradoras de cuentas DAF canalizaron casi la mitad del dinero que estos grupos de extrema derecha obtuvieron de la filantropía estadounidense.

Examinamos en detalle más de 15 000 páginas de declaraciones fiscales que las 12 mayores administradoras de DAF presentaron a las autoridades impositivas de Estados Unidos. Según esos documentos, estas administradoras entregaron a los 36 grupos más de 600 donaciones equivalentes a más de 272 millones de dólares entre 2017 y 2020, el último año fiscal sobre el que hay información completa disponible.

Más de 40 % del dinero de los DAF que openDemocracy logró identificar (113 millones de dólares) fueron para cuatro organizaciones designadas como grupos de odio anti LGBTIQ por el Southern Poverty Law Center: Alliance Defending Freedom (ADF), Family Research Council, Family Watch International y Liberty Counsel.

Donaciones de las 12 mayores administradoras de DAF a grupos seleccionados de la ‘guerra cultural’ (2017-2020)
Administradoras de DAF	Total de donaciones (dólares)	Número de grupos beneficiados
National Christian Charitable Foundation Inc	120 028 483	31
Signatry (registrada como Servant Foundation)	54 139 000	16
Fidelity Investments Charitable Gift Fund	28 672 208	34
DonorsTrust	26 632 251	12
Schwab Charitable Fund	20 538 559	34
Vanguard Charitable Endowment Program	1 699 674	26
National Philanthropic Trust	5 369 500	18
American Endowment Foundation	3 336.506	12
American Online Giving Foundation Inc	1 141 217	16
Morgan Stanley Global Impact Funding Trust Inc	396 527	10
Silicon Valley Community Foundation	354 033	3
Goldman Sachs Philanthropy Fund	225 800	5
Total general	272 533 758	36

Rebaja de impuestos

Un DAF (fondo asesorado por donante) es una cuenta que cualquier organización, familia o individuo que tenga una entidad sin fines de lucro puede abrir con el propósito de manejar sus donaciones filantrópicas. Esos DAF ofrecen importantes reducciones de impuestos al donante, así como – y esto es esencial – una estructura que lo blinda de toda controversia suscitada por los beneficiarios de su donación.

Esto es importante porque, de otra forma, en Estados Unidos las donaciones con fines benéficos pueden ser de conocimiento público mediante el examen de las declaraciones de impuestos. En otras palabras, si usted es un billonario que quiere dar dinero a un grupo que aparece en las noticias por atacar a las personas trans, pero no quiere verse involucrado públicamente en esa polémica, abra una cuenta DAF con una entidad registrada como sin fines de lucro y canalice su donación a través de ella.

Quienes critican este sistema afirman que ese vehículo de dinero opaco desde los DAF constituye una amenaza para la justicia y los derechos humanos, de modo análogo a  los tsunamis de dinero anónimo que alimentan las campañas políticas y electorales en Estados Unidos.

Este anonimato “trabaja en gran medida a favor de la gente que quiere ocultar a quién da dinero”, en especial a quienes apoyan a grupos que están siendo cada vez más cuestionados por exacerbar la desinformación, el discurso de odio y la violencia, dice Heidi Beirich del Global Project Against Hate and Extremism (proyecto mundial contra el odio y el extremismo).

El uso de DAF como vehículo de la filantropía en Estados Unidos crece de manera exponencial desde hace unas décadas. Cada uno de los 12 administradores de DAF examinados en esta investigación recibe más de 1.000 millones de dólares por año.

Diseñada para financiar el odio

Una de las organizaciones que obtienen dinero mediante DAF, Family Watch International, está involucrada en la campaña política que sentó las bases para la ley anti-homosexualidad de Uganda, recién aprobada y que contempla incluso cadena perpetua.

En 2020, una investigación de openDemocracy reveló que Family Watch International estaba entrenando a políticos africanos de alto nivel para que se opusieran a la educación sexual y los derechos LGBTIQ.

Un 6 % de los 2,9 millones de dólares que recibió este grupo entre 2017 y 2020 llegó vía DAF. Otra organización involucrada en la infame ley ugandesa, la Fellowship Foundation, obtuvo vía DAF unos 12,8 millones de dólares, casi un cuarto de sus ingresos en el mismo período.

Alliance Defending Freedom (ADF), que recibió en ese lapso 43 % de sus ingresos a través de los 12 administradores de DAF examinados en esta investigación, es conocida por sus batallas contra el derecho al aborto y las personas LGBTIQ.

Este mes logró, mediante un caso fabricado, que la Corte Suprema diera la razón a una ciudadana cristiana que dice querer diseñar páginas web para bodas, pero pretende negar el servicio a parejas gays o lesbianas, lo que violaría la ley antidiscriminación de Colorado, el estado donde vive. (La Corte Suprema considera que la demandante puede discriminar a esos potenciales clientes pues su derecho a la libre expresión tiene preeminencia).

Este grupo alardea de haber sido parte del equipo legal que litigó con éxito para que la Corte Suprema eliminara la protección constitucional del derecho al aborto, porque en 2018 ayudó a políticos de Mississippi a redactar una ley concebida para impugnar, y finalmente derogar, el fallo Roe contra Wade.

Legisladores conservadores atribuyen a Alliance Defending Freedom haber redactado leyes para prohibir a atletas trans participar en deportes – como el proyecto HB500 de Idaho. También redactó proyectos de ley “modelo” para prohibir a estudiantes trans el acceso a baños y vestuarios acordes con su género.

El brazo internacional de ADF ha estado asimismo muy activo en las cortes europeas. En 2015, por ejemplo, introdujo una petición ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, argumentando a favor del mantenimiento de leyes que exigían la esterilización de las personas trans antes de otorgarles el cambio de género en documentos oficiales. Esta intervención de ADF contribuyó a que fuera designada oficialmente como grupo de odio anti-LGBTIQ por el Southern Poverty Law Center.

ADF también ha intervenido en campañas legales y políticas en América Latina. En Paraguay, por ejemplo, asesoró a grupos fundamentalistas que empujaron al gobierno en 2017 a prohibir las menciones al “género” en la educación pública.

Las principales administradoras de DAF entregaron 2,6 millones de dólares a dos organizaciones que colaboran con ADF – el American Legislative Exchange Council (ALEC) y Advocates International.

Algo más de la mitad del dinero descubierto en esta investigación se canalizó a través de dos administradoras de DAF, DonorsTrust y National Christian Charitable Foundation (NCF). Ambas se establecieron específicamente para manejar los recursos de donantes con puntos de vista conservadores, según fuentes conocedoras de la filantropía estadounidense.

Una quinta parte del dinero rastreado por openDemocracy se vehiculizó a través de una administradora de DAF conectada a NCF, llamada Servant Foundation y que en los últimos años experimentó un crecimiento explosivo. Se trata de una fundación poco conocida, que recibía y distribuía entre tres y cuatro millones de dólares por año, pero que en 2019 registró unos ingresos de 1000 millones de dólares, entre ellos más de 307 millones directamente desde NCF.

Ni NCF ni Servant Foundation contestaron las preguntas de openDemocracy.

‘Derecho a expresarse’

Una vez que alguien deposita dinero en un DAF, a ojos de la ley de beneficencia estadounidense ese dinero pasa a pertenecer a la administradora del DAF. Esto quiere decir que el depositante obtiene una reducción de impuestos inmediata por su donación filantrópica incluso si el dinero no llega a su destinatario final.

En principio, esto significa que los administradores de DAF pueden vetar la recomendación de los donantes sobre a qué grupos entregar el dinero – de allí la expresión no vinculante “asesorado por donante”. En realidad, los administradores de DAF raramente ejercen esta potestad.

Algunas administradoras de DAF más pequeñas, como el Chicago Community Trust, se han negado a transferir donaciones a grupos conocidos por involucrarse en actividades cuestionables.

Otras, como DonorsTrust, defienden con energía el derecho de los depositantes a donar a quien quieran, sin importar el destino. “DonorsTrust está comprometido con la protección del derecho de nuestros cuentahabientes de expresarse mediante sus donaciones caritativas”, dijo a openDemocracy el presidente y director ejecutivo de la administradora con sede en Virginia, Lawson Bader. “Tampoco pretendemos saber qué motiva a un donante a recomendar una donación”.

“Es lamentable que la gente seleccione causas con las cuales pueda discrepar y luego demonice a quienes tengan diferentes creencias y opiniones sobre, por ejemplo, el aborto”, agregó.

DonorsTrust envió pequeñas sumas a dos organizaciones designadas como grupos de odio por el Southern Poverty Law Center, Liberty Counsel y ADF, y casi dos millones de dólares a ALEC, que colabora con esta última. También destinó más de 18,5 millones de dólares a la Federalist Society, un grupo que ha sido calificado como “el conducto conservador hacia la Corte Suprema” y “arquitecto de la distopía estadounidense”.

Incentivos financieros

Además de las consideraciones ideológicas, existen incentivos financieros para que las administradoras de DAF respeten los deseos de sus depositantes acerca de adónde donar el dinero.

Más de un quinto de los fondos identificados en esta investigación, entre ellos más de 8,6 millones de dólares para grupos de odio, fueron transferidos a través de DAF administrados por entidades sin fines de lucro vinculadas a bancos de inversión de Wall Street: Fidelity, Schwab, Vanguard, Morgan Stanley y Goldman Sachs.

Antes de transferir el dinero de los donantes a sus destinatarios, estas entidades lo invierten en sus compañías matrices, y así logran para ellas millones de dólares en honorarios y servicios de administración.

Por ejemplo, en 2020, Fidelity Charitable pagó a su empresa madre, Fidelity Investments, más de 94 millones de dólares por servicios de administración de inversiones.

Las administradoras de DAF también hacen millones de dólares en forma directa – en el año fiscal que terminó en junio de 2021, Fidelity Charitable se embolsó más de 146 millones que cobró a sus depositantes por administrar los fondos y las inversiones y por honorarios profesionales.

Con todo ese dinero en juego, las administradoras de DAF tienen un enorme incentivo para mantener a sus depositantes contentos, sin importar el costo en derechos humanos o el impacto en grupos marginados, según Alan Cantor, consultor de organizaciones sin fines de lucro de New Hampshire. Él critica las leyes que gobiernan los DAF y caracteriza el sistema así: “Wall Street tomando el control de la beneficencia”.

En comunicados enviados a openDemocracy o a otros medios, las administradoras de DAF que pertenecen a empresas de inversión justificaron su filosofía como “neutralidad en materia de causas” – argumento desestimado por algunas fuentes.

“El dinero nunca es neutral”, dijo Mark Hurtubise, expresidente de la entidad sin fines de lucro estadounidense Inland Northwest Community Foundation quien presenció cómo una administradora de DAF supuestamente “neutral” financió a un grupo nacionalista blanco.

Lo crucial, argumenta Hurtubise, es que lo que propugnan algunas de esas entidades sin fines de lucro no cumple con la definición de “propósito caritativo” que justificaría ser clasificadas como organización benéfica por las autoridades de EEUU.

“Lo que agrava el desafío”, agregó, “es que la estructura de los DAF implica que los verdaderos donantes permanezcan anónimos para autoridades, periodistas y, potencialmente, para los propios grupos” beneficiarios.

Hurtubise cree que esta opacidad ha hecho de las administradoras de DAF “el punto débil oculto de la filantropía estadounidense” al que se le ha “permitido contaminar las intenciones nobles” de la actividad caritativa.

Investigación y recopilación de datos: Angelina De los Santos, Dánae Vílchez, Diana Cariboni, Khatondi Soita Wephukulu, Lou Ferreira, Lucy Martirosyan, Lydia Namubiru, Maysa Pritilata, Mukanzi Musanga, Tatev Hovhannisyan y Zeynep Sentek. Traducción: Diana Cariboni.

Este artículo se publicó originalmente en openDemocracy, con la que IPS tiene un acuerdo especial de republicación.

RV: EG

Reportaje. El estafador chilango de Tinder

Escrito por Berenice Chavarría Tenorio, Diana Hernández Gómez, Lizbeth Ortiz Acevedo 

Foto: Cimacnoticias.- El reportaje se presenta en 8 distintas pestañas para favorecer la lectura. Solo pulsa en cada una de ellas, ahí encontrarás el contenido.

Presentación2. Dalia3. Tamara4. Daniela 5. Sin protección en Apps6. El fraude amoroso en cifras7. Claves para el ligue digital8. Denuncia

“Si te dice que se conocieron en un café, en realidad se conocieron en Tinder”. Esta frase se ha vuelto recurrente en un presente donde las redes sociales y las aplicaciones se han posicionado como una poderosa herramienta para entablar relaciones sexoafectivas. 

Pero, cuando las dinámicas violentas se filtran por la pantalla —y, sobre todo, cuando la víctima es una mujer—, la situación cambia: usar apps de citas o chatear con alguien se convierte en el nuevo “tú te lo buscaste”. 

Es en medio de este terreno que hombres como Alfonso (o Laszlo, como también se hizo llamar) buscan tomar ventaja, dañar y estafar a las mujeres de múltiples formas, lo que da pie a nuevas formas de resistir frente a la violencia en el mundo digital. El rostro de estas resistencias está presentado aquí, en tres testimonios recopilados por Cimacnoticias.

En este reportaje rompemos con la presentación de perfiles masculinizados hegemónicos que enganchan por su dañina romantización. Consideramos necesario mirar desde la historia de Dalia, Tamara y Daniela para documentar sus resistencias ante la violencia y la relación entre ciberdelitos, amor romántico y fraude. 

Sin estigmatizar el terreno virtual, desde Cimacnoticias consideramos oportuno exponer cómo se está llevando a cabo este patrón de estafa donde se crean perfiles falsos para entablar supuestas relaciones sentimentales y, a partir de ello, violentar a mujeres.

Cimacnoticias investigó la coincidencia de tres diferentes casos de mujeres quienes vivieron estafa amorosa, fraude, violencia psicológica, económica y digital por parte de un mismo hombre a quien conocieron en redes sociales. Éste recurre a distintas personalidades las cuales cambia según su conveniencia. 

Diversos estudios han determinado que la violencia digital asociada a vínculos sentimentales afecta mayormente a mujeres y lo que les sucede no es un hecho aislado, sino convergente de vulnerabilidades asociadas a los roles y estereotipos de género. Especialistas señalan que dichos estereotipos, con los cuales convivimos día a día en nuestra vida real, se trasladan al mundo digital y convierten a la tecnología en una herramienta para ejercer violencia. Al mismo tiempo, esto acrecienta la brecha digital al orillar a las mujeres a alejarse del uso de la web.

En esta investigación expondremos las principales redes de contacto entre víctimas y agresores, cuáles son los ciberdelitos, alerta de perfiles falsos y los pretextos para pedir dinero. Con esto, llegamos a la conclusión de continuar la revolución amorosa para encontrar formas de amar en relaciones éticas, igualitarias y cuidadosas emocionalmente. Y, en este proceso, la alfabetización digital se ha convertido en otro elemento importante.

Piden en la ONU más códigos en favor de los derechos de la mujer

 

Activistas en una marcha contra la violencia de género en Ecuador. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se plantea la necesidad de códigos, medidas y campañas para favorecer la igualdad y la plena participación de las mujeres en las esferas ciudadana, laboral y política. Imagen: Johis Alarcón / ONU Mujeres

GINEBRA – Códigos que garanticen tolerancia cero ante la violencia de género, y más políticas y medidas para promover los derechos fundamentales de la mujer, reclamó nuevamente este viernes 30 el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Los Estados del mundo “deben comprometerse a tomar medidas concretas y transformadoras para abordar la violencia de género contra las mujeres y las niñas en la vida pública y política, y promover su participación y liderazgo”, dijo Türk en una exposición ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El Consejo, integrado por 47 Estados miembros de la ONU y con sede en esta ciudad suiza, abordó durante la jornada un diálogo y debate sobre los derechos fundamentales de la mujer, en el marco de su 53 período de sesiones.

Aquí Türk pidió tomar medidas para garantizar la participación segura de las mujeres y las niñas en la esfera pública y en la toma de decisiones.

Entre ellas, reforzar los marcos jurídicos, establecer cuotas parlamentarias, reformar el sistema educativo, reducir la brecha digital y brindar protección social para un reparto equitativo de los cuidados y el trabajo doméstico.

Destacó el papel transformador de las mujeres y las niñas que han estado al frente de las instituciones públicas, “desde la reivindicación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos hasta el fin de la violencia, la lucha contra el cambio climático, el acceso a la educación y la igualdad salarial”.

Recordó que, a pesar de que se han logrado inmensos avances en la participación pública y política de las mujeres, persisten barreras importantes. “Si queremos desmantelar el patriarcado, tenemos que desmantelar estas barreras”, señaló.

“El objetivo debe ser un mundo en el que todas las niñas y todas las mujeres sean libres de crecer, prosperar y dar forma al curso de la historia”: Volker Türk.

El alto comisionado consideró la violencia de género como la principal amenaza al trabajo de las mujeres y niñas defensoras de los derechos humanos, periodistas, y las que ocupan cargos públicos.

Explicó que aquellas que participan en la toma de decisiones son agredidas por quienes consideran que su trabajo desafía las nociones tradicionales de familia y género o las normas sociales tradicionales.

Se trata a menudo de “ataques sexistas, sexualizados y misóginos que intentan silenciar sus voces y producir daños físicos y psicológicos. Su propósito es claro: ejercer el control, perpetuar la subordinación y aplastar el activismo político y sus aspiraciones”, aseveró.

Türk dijo que esas normas y estereotipos generan tales desequilibrios, que mujeres y niñas aún constituyen más de dos tercios de la población analfabeta mundial, y soportan tres cuartas partes de la carga de trabajo doméstico y de cuidados.

Un estudio de la agencia de las Naciones Unidades dedicada a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, ONU Mujeres, en 39 países, reveló que 81,8 % de las encuestadas en los parlamentos han sufrido violencia psicológica; 44,4 % amenazas de muerte, violaciones, palizas y secuestros, y 25,5 % violencia física.

Otra investigación, también reciente, de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), estimó que 73 % de las mujeres periodistas han sufrido violencia en línea, incluso a través de noticias falsas o imágenes trucadas, y amenazas y ataques verbales directos.

Por ello, el alto comisionado abogó por “un profundo cambio sistémico”, en el que se refuercen los marcos jurídicos nacionales para proteger a las mujeres de la violencia, tanto en línea como fuera de ella.

“Es fundamental centrarse en la prevención. Debemos adoptar códigos de conducta con tolerancia cero frente a la violencia de género y establecer mecanismos eficaces de denuncia para quienes la sufren”, declaró Türk.

Otras medidas que consideró necesarias son el establecimiento de cuotas en la esfera política, la creación de campañas de sensibilización para promover la participación de la mujer, y el desarrollo de capacidades para aumentar su capacidad electoral.

Además, incentivos económicos, medidas de protección social y campañas para promover un reparto más equitativo del trabajo doméstico y de cuidados.

Los sistemas educativos requieren también cambios sistémicos, dijo Türk. Mujeres y niñas no solo deben tener un acceso igualitario a la educación secundaria y terciaria, sino que deben ganar espacio en los sectores tradicionalmente dominados por los hombres, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Y otro objetivo es reducir la brecha digital, ya que la disparidad de género en el acceso aumenta según Türk: “A nivel mundial, las mujeres superan ahora a los hombres no usuarios de internet en 18%, frente a 11% en 2019”.

“El objetivo debe ser un mundo en el que todas las niñas y todas las mujeres sean libres de crecer, prosperar y dar forma al curso de la historia”, postuló.

A-E/HM

El cuchillo en la mochila

 almadelia.mx

Fernanda tiene 18 años, quiere estudiar Medicina y convertirse en una neurocirujana prominente. Su vida no ha sido fácil, ¿la de quién lo es?

Me mata de ternura su cara de cervatillo a medio crecer, sus escasos 40 kilos (tal vez sean menos), el gesto con el que oscurece la mirada usando un discreto delineador negro. 

El sábado presentó su examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México, así que atravesó la ciudad para venir desde la zona donde vive a un plantel céntrico donde transcurrirían sus tres horas de examen.

Fernanda le contó a su tío —que fue a esperarla al metro, que trae un cuchillo en la mochila para defenderse, él me lo contó a mí entre sorprendido y orgulloso; supongo que no esperaba mi respuesta: yo también traigo un cuchillo en la mochila. 

Yo, en mis 40s, una señora que ha recorrido la ciudad, el país, un pedacito del mundo; yo, que escribo con rabia para nombrar a las víctimas del feminicidio, también tengo miedo cuando voy en la calle, cuando me subo al metro, cuando una reunión de trabajo termina de noche. Yo también traigo un cuchillo en la mochila.

Hará tres semanas que salí con unas amigas a cenar, mientras caminaba con una de ellas de regreso al metro, me dijo que se sentía más tranquila desde que traía su arma, y me mostró un inmovilizador eléctrico en forma de lámpara que lleva en el bolsillo de la chamarra. Me pareció buena idea, le pregunté dónde lo compró, y anoté entre mis pendientes comprar uno.

Me detengo a pensar en lo que esto significa, en sus posibles alcances, y, con perdón de todo dios y todo diablo, no puedo sino alegrarme. Deconstruir el arquetipo de la víctima para llegar al de la mujer que sabe estar alerta y puede defenderse es un tema profundo, necesario, urgente. Será también un largo proceso, se requieren generaciones, saltos históricos; pero incorporar la posibilidad de la defensa, es un avance gigantesco.

Virginie Despentes en su libro Teoría King Kong (Random House, 2018), reflexiona sobre el principio político ancestral, implacable, que enseña a las mujeres a no defenderse luego de narrar su experiencia de abuso cuando tres tipos la violaron a ella y a su amiga en un automóvil: 

Durante la violación, llevaba en el bolsillo de mi cazadora Teddy blanca y roja una navaja, mango negro brillante, mecánica impecable, cuchilla fina pero larga, afilada, perfecta, radiante (…) Esa noche la navaja se quedó escondida en mi bolsillo y la única idea que me vino a la cabeza fue: sobre todo que no la encuentren, que no decidan jugar con ella. Ni siquiera pensé en utilizarla.

En el mismo pasaje Despentes dialoga con la reflexión de la escritora Camille Paglia cuando Piglia posibilita imaginarnos como guerrilleras, no tanto responsables de algo que nos habíamos buscado, sino víctimas ordinarias de algo que podíamos esperar (...) Ella hacía de la violación una circunstancia que debíamos aprender a encajar. Paglia cambiaba todo: ya no se trataba de negar, ni de morir, se trataba de vivir con.

La propuesta es escandalosa, incómoda, perturbadora, pero hay que detenerse a pensarla: ¿si las mujeres aprendiéramos desde niñas que el mundo es el que es y que podemos defendernos?, ¿sería esta una modificación cultural que impediría que el número de violaciones, abusos y feminicidios sigan ocurriendo? No lo sé, como están las cosas hoy, con el marco jurídico que tenemos y la cultura castigadora con las víctimas, se ve difícil. Sin embargo, la pregunta arde. 

Cuando tenía la edad de Fernanda, esos mismos 18 desde los que se mira al mundo con todas las posibilidades delante, trabajaba medio turno en un despacho de arquitectos y por la mañana estudiaba el último grado de bachillerato. Una tarde, en el trayecto de la escuela al trabajo, en un vagón a reventar de gente que llegaba al metro Hidalgo, un tipo se paró detrás de mí y metió su mano bajo mi vestido y mi ropa interior, el recuerdo del contacto hace que un escalofrío de rabia me levante las orejas, como animala furiosa. Reaccioné, lo agarré del brazo y, entre tanta gente, no pudo zafarse. Grité a todo pulmón que me había agredido, pedí ayuda; para mi fortuna, la gente me ayudó y pronto llegaron dos oficiales de seguridad de las instalaciones del metro.

Nunca voy a olvidar mi cara cuando me ofrecieron encerrar al tipo en un cuartito: 

—Nosotros lo agarramos y tú le das unas patadas, amiga. 

Juro que no miento, eso me ofrecieron. Dije que no, la sombra civilizadora ejerce un poder a veces indeseable. Lo que ocurrió fue que llamaron a una patrulla y en esa patrulla nos fuimos el acusado y yo. Al principio, el hombre me dijo que era una puta, pinche mentirosa y que —no podía faltar— ni que estuviera tan buena. Pero cuando ya íbamos rumbo al Ministerio Público en la patrulla, empezó a disculparse.

Yo lo ignoré. Sintiendo que el corazón se me salía por la boca, me esforcé para mantenerme en silencio sin siquiera voltear a mirarlo. Llegamos al Ministerio Público, el agente que me recibió escuchó toda la historia con una hueva monumental y me preguntó: ¿entonces qué quieres hacer?

Bendita la hora que las palabras vinieron a mi boca, dijera mi madre, respondí que yo no podía hacer nada pero él sí, él estaba facultado para hacer algo. 

Falta administrativa, no era delito. Por la falta debía pagar $500 o quedarse una noche detenido. El tipo se quedó, cuando ya me encaminaba hacia la salida, me alcanzó a gritar: Esto era lo que querías, ¿verdad?

Entonces volteé a mirarlo por primera vez y casi con calma, respondí: sí, esto era lo que quería, para esto vine.

Pírrica si quieren, pero fue mi victoria personal. Pude reaccionar, pelear, defenderme, llevarlo al encierro. Me reivindicaba a mí misma por lo que no pude hacer cuando tenía seis años y abusaron de mí.

No sé bien cómo, aún no alcanzo a elaborarlo, pero sí sé que hay una tan fina como poderosa esperanza en este mensaje que las mujeres como Fernanda, Virginie, yo, y tantas otras vamos incorporando: puedo defenderme. Puedo defenderme.

*Texto originalmente publicado en El Cultural

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Guía de cuidados para después de un aborto con medicamentos

 Escrito por Diana Hernández Gómez 

CIMACFoto: César Martínez López.- El riesgo de complicaciones al someternos a un aborto seguro es de menos del 1 por ciento. Aun así, debemos tomar en cuenta que, como todo procedimiento médico en nuestro cuerpo, puede provocar reacciones o síntomas posteriores que no son del todo agradables aunque no representen un riesgo para nuestra salud. Es por eso que la organización Ipas Latinoamérica y El Caribe (Ipas LAC) te ofrece una serie de recomendaciones para cuidar de tu cuerpo y de tus emociones después de haber interrumpido tu embarazo con medicamentos.

Estos consejos son para todas aquellas mujeres que han interrumpido su embarazo con misoprostol o mifepristona. Lo primero que se debe considerar es que, después de este procedimiento, es normal presentar los siguientes síntomas:

• cansancio
• náuseas
• fiebre
• mareos 
• escalofríos

No obstante, estas reacciones desaparecen en un máximo de 24 horas. Si en tu caso no es así, entonces, el primer consejo es que acudas con el personal de salud. Si estás dentro de este rango normal de tiempo, entonces puedes disminuir estas molestias y el dolor que causan usando analgésicos y antiinflamatorios. Los más recomendables son paracetamol e ibuprofeno; puedes tomar entre una y dos tabletas cada 6 u 8 horas. Es muy importante que NO tomes más de 6 pastillas de ibuprofeno u 8 tabletas de paracetamol al día, pues pueden provocar daños en tu sistema digestivo o en tus riñones.

Además de los síntomas enlistados arriba, también puedes presentar sangrado acompañado de cólicos que persista durante los siguientes días. Al principio puede ser un sangrado abundante y con muchos coágulos. Recuerda que esto es normal debido a que se está expulsando el contenido uterino; sin embargo, el sangrado debe disminuir con el paso de los días.

¿Cuándo retomar actividades y métodos anticonceptivos después de un aborto?

Tal como explica Ipas LAC, hay mujeres que retoman sus actividades diarias al día siguiente de haber interrumpido su embarazo con medicamentos. Si tus síntomas postaborto están dentro de los parámetros normales, tú también puedes hacerlo (o, si lo prefieres, puedes tomar un descanso). Incluso, de acuerdo con la organización, puedes retomar tu vida sexual tan pronto como te sientas lista: no hay un parámetro establecido al respecto más que tu propia sensación de bienestar y comodidad.

Pero, si inicias tu actividad sexual de nuevo, debes considerar que tu fertilidad regresará poco después de que te hayas practicado un aborto. De hecho, Ipas explica que un nuevo embarazo podría presentarse tan pronto como una o dos semanas después del procedimiento. Es por eso que, si no deseas presentar otro embarazo, debes optar por algún método anticonceptivo. 

Lo que debes tomar en cuenta es que los únicos métodos no recomendados para después de un aborto son los dispositivos intrauterinos (DIU). Éstos no pueden emplearse durante los días de sangrado postaborto. Fuera de eso, puedes recurrir a cualquier otro método como el implante, el parche, la inyección o las pastillas hormonales. Incluso —de acuerdo con Ipas— no es necesario que esperes a que se haya concluido el aborto: ningún método interfiere con la efectividad de este procedimiento.

Recuerda que, además, siempre es recomendable utilizar un condón para prevenir el contagio de cualquier infección o enfermedad de transmisión sexual.

No olvides el acompañamiento emocional

Por último —pero no menos importante— toma en cuenta que, aunque es un mito que el aborto cause problemas en la salud mental de las mujeres, sí puedes experimentar diversas emociones durante el proceso. Esto es completamente normal y puede estar asociado con aspectos como la relación con tu pareja al momento de abortar, qué tanto apoyo recibes por parte de su parte o de parte de tu familia, las condiciones en las que se presentó tu embarazo, etc.

Explora estas emociones e intenta expresarlas para descargarlas y, así, aliviar la carga emocional. Algo que también puede ayudarte es socializar tu experiencia con el aborto. No es fácil sabiendo que hay muchos prejuicios religiosos y morales alrededor del tema, pero evita sentirte juzgada o culpable al respecto. Recuerda: es tu autonomía y tú decides qué hacer para cuidar de ti. 

“Vivir cualquier experiencia de la vida en soledad no es saludable”, nos dice Ipas LAC. Así que acércate a tus redes y habla sobre lo que estás atravesando. Incluso puedes buscar a colectivas u organizaciones que den acompañamiento emocional para ello. Desde Cimacnoticias te compartimos un par de directorios de agrupaciones a las que puedes buscar:

No estás sola en este proceso. Solo tú sabes por qué tomaste esta decisión y nadie tiene el derecho a ponerlo en duda.

Puedes consultar más materiales de Ipas LAC sobre el proceso de aborto con medicamentos dando clic aquí.

La lucha por el agua potable en una de las aldeas más aisladas de la India

 

Simita Devi, cuya hija pasó 10 días en el hospital hace un año, aquejada de fiebre tifoidea causada por el agua contaminada, recolecta agua limpia que una bomba solar lleva a la superficie de su propia vivienda en la remota aldea de Champad, en el noreste de India. Imagen: Umar Manzoor Shah / IPS

CHAMPAD, India – Hace un año, Simita Devi pasó más de 10 días en un hospital público indio cuidando con ansiedad a su hija de nueve años, Gudiya, a quien le diagnosticaron fiebre tifoidea. La niña estaba tan enferma que incluso entró en coma durante un día. El personal médico que la atendió dijo que había contraído la enfermedad por beber agua contaminada.

Tras recibir el alta, la principal preocupación de Devi era conseguir agua potable para que Gudiya no recayese, después que le aconsejaron que no consumiera agua de pozos del pueblo ni de fuentes no analizadas, como arroyos o manantiales.

Devi es de Champad, una aldea tribal del estado de Jharkhand, en el noreste de India, y trabaja como jornalera junto a su marido. Con unos ingresos muy limitados, Devi no podía permitirse comprar agua potable envasada para su hija.

Decidió entonces hervir el agua con leña para hacerla potable. Pero para conseguir la leña, tenía que caminar por los traicioneros terrenos de los bosques cercanos, una labor larga y difícil en la que acechaba el miedo a los animales salvajes.

No era Devi la única afectada por el agua contaminada, mucha gente caía enferma en la aldea, y sus pobladores sentían que no podían hacer nada al respecto.

Registros oficiales indican que 80 % del agua potable de las zonas rurales de la India procede de fuentes subterráneas. Un tercio de los 600 distritos de India no dispone de agua potable segura porque las concentraciones de flúor, hierro, salinidad y arsénico superan los niveles de tolerancia.

Eso coloca a la calidad del agua de India como mala, ocupando el puesto 120 de 122 países estudiados.

Los expertos creen que la fuente de estos metales pesados son los residuos industriales que se vierten sin tratar en los sistemas hídricos y los nitratos que afloran a la superficie debido al uso excesivo y prolongado de fertilizantes.

El gobierno nacional calcula que cada año mueren en el país más de 100 000 personas por enfermedades transmitidas por el agua.

Champad,  habitado por una comunidad tribal, cuenta con 105 familias según el censo de 2011. Hasta 2022, la comunidad dependía únicamente de dos pozos entubados como fuente de agua potable.

Pero estos pozos entubados solían funcionar mal, por lo que los habitantes no tenían más remedio que ir a buscar agua a un río, un manantial o un estanque cercanos.

Como consecuencia,  aumentaban las enfermedades transmitidas por el agua, que afectaban especialmente a la salud de mujeres y niños. Además, la necesidad de recorrer largas distancias para obtener agua potable había incrementado la carga de trabajo de las mujeres.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

Perturbados por la amenaza de las enfermedades transmitidas por el agua, los habitantes del pueblo se reunieron al comenzar este año para intentar encontrar una solución.

Inicialmente acudieron a los políticos locales en busca de ayuda. Luego se dirigieron a las oficinas gubernamentales.

“No pasó nada, absolutamente nada. Prácticamente nos dejaron tirados. Excepto Dios, nadie está ahí para ayudarnos. A veces nos decían que esperáramos y otras que no había fondos públicos. Pero nos moríamos poco a poco. Nuestros hijos estaban sufriendo ante nuestros propios ojos”, dijo a IPS Ram Singh, un poblador de Champad.

Los paneles solares en la torre de agua se han traducido desde febrero en agua limpia para los habitantes de Champad, una aldea tribal en el estado de Jharkhand, en el noreste de India. Imagen: Umar Manzoor Shah / IPS

También a principios del año, un equipo de una organización no gubernamental que trabaja para mejorar las zonas rurales de la India visitó el pueblo para evaluar las dificultades de sus habitantes.

La agencia propuso entonces la idea de construir depósitos solares de agua en la aldea. Se explicó a los aldeanos el proceso de construcción de cada torre y se les precisó que era necesaria la aprobación del gobierno del distrito (municipio).

Los representantes del pueblo aceptaron la propuesta y la presentaron al departamento de aguas de su distrito.

“Al gobierno le gustó la idea y la aprobó sin problemas. Todo el pueblo colaboró para que el proyecto fuera un éxito”, afirmó a IPS un miembro de la agencia humanitaria que desea permanecer en el anonimato.

Las torres estaban equipadas con paneles solares, lo que les permitía funcionar de forma sostenible y con un impacto medioambiental mínimo. La selección de los emplazamientos de las torres fue un esfuerzo de colaboración en el que participaron las comunidades de las aldeas.

La primera torre solar de agua se construyó en febrero, mientras que las obras de las otras dos siguen todavía en curso.

Como resultado, 45 familias se benefician ya directamente de la comodidad de disponer de agua potable limpia canalizada hasta sus hogares a través de tuberías. El agua suministrada es de buena calidad y se considera segura, en contraste con la del pozo al aire libre de la que se dependía antes.

Este desarrollo ha aliviado significativamente la carga de las mujeres, que ya no tienen que recorrer largas distancias para buscar agua de diversas fuentes.

El impacto de esta intervención fue significativo. La salud de la comunidad mejoró y ya no corren el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua. Las mujeres y los niños, que solían encargarse de recoger agua de fuentes lejanas, pudieron dedicar su tiempo a otras actividades. La calidad de vida general de la comunidad mejoró y pudieron centrarse en sus medios de subsistencia o en la educación.

Para Simita Devi, la jornalera que tuvo a su hija gravemente enferme, la instalación es nada menos que un gran consuelo en su vida. Utiliza el agua para beber y da gracias a Dios por este esfuerzo.

“El agua potable significa la vida para nosotros. La torre solar se ha convertido en un mesías para los aldeanos pobres como nosotros. Apreciaremos de por vida los momentos en que el agua comenzó a llegar a nuestras casas”, dijo Devi a IPS.

T: MF / ED: EG