3/28/2020

Que se cierre esa puerta


María Teresa Priego 

Son tiempos de desasosiego. Recuerdo el bello poema de Carlos Pellicer: "Que se cierre esa puerta". El suyo es un llamado al amor, al encuentro erótico. A la intimidad indispensable. Un bello llamado al encierro elegido. A dos. Ahora la puerta se cierra tan a pesar nuestro. Me ha dado por pensar en las Carmelitas Descalzas, en las distintas formas de los claustros. Ahora la vida sucede –sobre todo– del umbral hacia adentro. Y en contactos electrónicos. Por teléfono. Las manos que se agitan a distancia de ventana a ventana. Viva la tecnología que nos permite reunirnos. Organizar comidas y cenas a distancia con la familia y los amigos, como nos sugirió Carmen Boullosa. Extendió su mantel, sus flores, sirvió su mesa y cenó conversando con sus tan amados a través de una pantalla. Ellos también estaban, en otra ciudad, a la mesa. 
Hay cantidad de cosas que hacer hacia adentro. Sin duda. Conversar, leer, estudiar, mirar cantidad de buenas películas. Escribir, pintar. Cantar. Bailar. Participar en juegos a los que invitan en redes sociales. Seguir las visitas virtuales de los museos. Jugar con las mascotas. Ejercicio físico. Yoga, por ejemplo. Los juegos de mesa. Intentar recetas nuevas. Ordenar esos álbumes de fotos, labor que hemos pospuesto por años. Y volver a mirar esas fotos, con todos los viajes de memoria y nostalgia que implican. Circulan lecturas gratuitas cedidas por las editoriales. Vínculos hacia películas de ya reconocidos y nuevos cineastas. Y, sí, pasar la aspiradora hasta por el último de los rincones me ha provocado una paz, que puedo jurar que jamás me ofreció antes. Les decía a mis hijos que me encontré de golpe convertida en madame Trapito. Ese desasosiego casi continuo. Pareciera que viene y va, pero es una especie de telón de fondo interior. Late por dentro. Provoca una cierta angustia, una sensación de amenaza.
Los seres humanos solemos vivir mal la incertidumbre. Los horizontes que no logramos entender. Un cambio demasiado brusco en las reglas de la convivencia. ¿Cómo habría imaginado que recibir un ramo de flores me llevaría a decir de inmediato, en la puerta misma de la casa: "derechito al lava manos, por favor"? Lavar las manos el tiempo de tres consignas breves o una larga, de las de las marchas feministas. Varias veces me ha sucedido sentir un extraño sobresalto mirando una película, y me cacho pensando: "que se alejen un poco, ¿por qué le murmura a la oreja?" "van a contagiar a la persona mayor, qué irresponsables", "Son demasiados en un espacio pequeño, ¿y la sana distancia?" Hay un golpe psicológico innegable, en este cambio de los tiempos. Un estar en alerta del que no necesariamente somos tan conscientes. Compré ramos de flores con la pareja ya mayor que tiene su negocito a dos cuadras de la casa. Han estado allí desde hace más de quince años. Las últimas frutas y verduras del señor que coloca su carrito enfrente. Se dispersan los referentes emocionales de nuestros barrios. ¿Y, hacia dónde van esas personas? ¿hacia dónde? ¿con qué?
Hay una angustia que tiene que ver con el contagio, con qué tan grave podría ser dadas las experiencias de los países a los cuáles el virus llegó antes, los que nos anteceden en la experiencia. ¿Habrá camas suficientes? ¿y si colapsa el sistema de salud? ¿los hospitales públicos atenderán a las personas no afiliadas? ¿los hospitales cuentan con el equipo necesario? Atendemos a los detalles más minuciosos de cómo evitar el contagio, cómo cuidar a una persona enferma. Las cifras al alza. Pero a esa angustia se suma la de la crisis económica por venir. Los pequeños negocios que podrían verse obligados a cerrar, ¿cuántos empleos perdidos? ¿Qué será de las y los millones de mexicanas/os que viven del trabajo informal? Que no pueden dejar de salir. ¿Qué será de las/los trabajadoras/es de las grandes empresas y cadenas transnacionales que podrían sin duda sobrevivir pagando los salarios de sus empleados y que, sin embargo, los "invitan" a retirarse a sus casas sin sus salarios? ¿cuántas familias sostendrán el salario de las trabajadoras del hogar en estos meses de confinamiento? La desigualdad social tan visible, tan siempre ruda, se visibiliza más. Esperamos las propuestas económicas. Las esperamos con ansia.
También nos reímos. A veces, sólo lo intentamos. La cantidad de memes que hemos recibido con el ahora multicitado Poncio Pilatos. La Mona Lisa que mira al exterior desde la ventana de su casa. Por fin pudo irse a descansar de ser mirada. El personaje de "El Grito" de Munch y las partículas de coronavirus que dan vueltas alrededor suyo. El "David" con tapabocas. La habitación de "Las Meninas" de Velázquez desierta. Jesús solitito en la mesa de La última cena. Van Gogh en su habitación en Arlés con una pancarta: "quédense en casa". La creatividad es esa fuerza de Eros en lucha contra su contrario. A ella nos atenemos. A ella nos encomendamos. Los tan pequeños gestos cotidianos que toman, es cierto, una dimensión distinta. Escucho la voz de mi hijo el que sí está en la casa. Miro a los otros dos también encerrados en sus casas en ciudades con niveles de contagio ya mucho más altos. Sentimos incertidumbre, sentimos miedo. Tenemos que cuidarnos también de otras expresiones que podrían llegar como consecuencia de las circunstancias: ansiedades, angustias. Enojo. Falta de concentración. Pesadillas. Insomnio. Creación de síntomas físicos que podríamos confundir con el contagio y nos asustan. No lo olvidemos, en la angustia: el cuerpo habla. Cuidémonos de las discusiones innecesarias que puede provocar una convivencia forzada. O una separación que se prolonga hasta fecha no determinada.
Riego mis plantas. Las coloco en la bañera amontonaditas, como si se abrazaran, abro la regadera para que sientan la lluvia. Para que crean que están en medio del campo, silvestres, libres. Afuera. Baño a mis perruchis y les cuento que se internan en el Puyacatengo. En el Grijalva bajo una tormenta. En el Sena. En el Bósforo. No hemos parado de viajar. También por las ensoñaciones existimos, los seres vivientes. Los minúsculos gestos que sostienen la cotidianidad, nuestros pies en la tierra. Sostengámonos las/los unas/os a las/los otras/os. Cuidémonos. Son tiempos de desasosiego.


Pandemia con desigualdad económica y de género


CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
COVID-19 como pandemia no sólo tiene efectos en la salud de las personas, también en la economía de los países, una economía globalizada. Si bien como virus no discrimina, “nosotros los humanos seguramente lo haremos, formados y animados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia, y el capitalismo”, sentencia la filósofa y académica Judith Butler y tiene toda la razón.
Habrá más desempleo dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y mayor pobreza para Latinoamerica afirma la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Ambas, pobreza y desempleo son significativas para las mujeres.
El escenario “natural” del virus es la desigualdad de género y la enorme concentración del ingreso, la mujer desigual entre las desiguales. Ese es el enorme reto del país para enfrentar esta pandemia: trabajadoras sin derechos, donde la cuarentena o lavarse las manos es un privilegio.
Ya están aquí los primeros indicios de una posible recesión económica. Caídas en las bolsas de valores del mundo, subida exorbitante del dólar, un desplome de los precios del petróleo y, se desacelera la actividad económica en todos los sectores, sólo en la industria es de -3.5 por ciento (2020).
La caída del peso es de 34.2 por ciento -del 31 de enero al 20 de marzo del año actual-, ya que el precio peso/dólar interbancario paso de 18.06 a 24.24 pesos, según datos del Banco de México, la estimación de SHCP para 2020 era de 20.00 pesos (ver gráfica).
Se afectan las finanzas públicas por el pago del servicio de deuda (pago de intereses), así como las empresas que han contraído deudas en dólares y todas las importaciones, que también se pagan en dólares, como las gasolinas .Son factores para la disminucion de las actividades y del empleo.
Aunque las finanzas públicas ya no están petrolizadas ni la economía del país, la terrible caída de los precios del petróleo si impactan, son un revés. Para el 20 de marzo de este año el precio del barril es de 14.54 dólares; desde 1999 no se tenía un precio así. El desplome es de 4.5 veces, ya que en enero de este mismo año el precio era de 66.11 dólares. Todo se originó con la postura de Arabia Saudita (brazo de Estados Unidos en materia petrolera), simplemente incrementó su producción y bajó el precio con un efecto dominó.
La proyección original de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público era de 49 dlb, aunque existe una cobertura ésta no cubre el 100 por ciento la diferencia en el precio, por lo consiguiente tampoco en los ingresos de las finanzas públicas, las que sostienen los programas de bienestar y un pivote básico de este gobierno:  la recuperación de PEMEX y de la soberania energética.
Todas la estimaciones del crecimiento económico son negativas y van de mal en peor, la mínima es de 4.0 negativo y de ahí baja hasta -5 o -6 por ciento; la última cifra negativa que se tuvo fue del 6 por ciento en el gobierno de Calderón con la crisis 2008-2009,  y todavía soplan vientos de esos lodos. 
No solamente el gobierno es un agente económico, tambien están las empresas y… las mujeres. Para todas y todos es un enorme reto enfrentar esta pandemia económica y el tema de salud, no se sabe a ciencia cierta donde inicia una y dónde termina la otra. Se contrajo el consumo, pero también la inversión. En las crisis no todos pierden, se reconcentran los capitales.
La desigualdad marca la vida del país y de sus agentes económico-sociales. No es lo mismo lavarse las manos (prioridad número uno),  en la colonia Nápoles de la Alcaldía Benito Juárez (CDMX), que lavarse las manos en Huajuapan de León, Oaxaca, o en un municipio de la Sierra de Guerrero. Se estima que más de la cuarta parte (27.0 por ciento) de la población no cuenta con agua entubada dentro de su vivienda o que al 36 por ciento no le llega el agua, es un gran lujo poder lavarse las manos, lo más elemental.
Esta Ciudad está tapizada de puestos ambulantes de comida, si acaso 1 por ciento tienen agua corriente; ahí comen todos los días miles de trabajadoras porque es una comida barata y de alto contenido calórico como las famosas guajolotas. ¿Quién se lava la manos? ni los que preparan los alimentos, pero tampoco lo comensales, ya empezaron a poner gel. Es muy poco confiable la higiene, para el COVID-19 y para lo que sea.
Al igual que no es lo mismo ser empresa transnacional que pequeña y mediana empresa nacional, éstas últimas también son pobres y no están reprentadas por el CCE. En tiempos de pandemia económica se puede barrer con muchas de ellas y claro, con los empleos que ahí estan o estaban. Es indispensable generar apoyos con políticas que protejan el empleo, el empleo de muchas mujeres, porque ese es su principal espacio laboral. Seguramente ya hay paros técnicos, aunque no se anuncien.
Habrá nuevos procesos de reconcentración de las gigantes absorbiendo a todos las pequeñas y medianas empresas que no puede aguantar la crisis. Más desigualdad social y económica.
Al momento no se sabe a ciencia cierta si serán suficientes los 180 mil millones de pesos que el Congreso aprobó para enfrentrar esta contingencia. Ante la inminente pérdida de empleos y de ingresos el día 21 de marzo la Jefa de Gobierno dirigió un mensaje a los empresarios, exhortándolos a colaborar con medidas excepcionales, porque también son condiciones más que excepcionales.
En la misma medida en que se ignora el tamaño del golpe, no se puede decir si bastará con los 180 mil millones de pesos que el Congreso aprobó para hacer frente a la emergencia sanitaria y económica.
Tal parece que por desgracia lo que prevalece entre los empresarios es la mezquindad, en redes circula el anuncio de Alsea (corporativo de varias empresas retauranteras). Resulta que 20 de ellas decidieron darle un mes de “ausencia” a sus trabajadoras y/o trabajadores, pero sin sueldo, ahí están: Starbook, Vips, Italiannis, entre otras. 
Una medida en la total ilegalidad, porque aunque usted no lo crea existe una Ley Federal del Ttrabajo que a la letra dice: “En caso de contingencia sanitaria se deberá pagar un salario mínimo por parte del patrón a las trabajadoras cada día de suspensión con límite de 30 días”. Cap.III, Art. 42 y 429. Fracción IV.
Es sabido que la Secretaría del Trabajo sólo puede intervenir “a petición de las partes”, pero como eso no va a suceder y estamos en una crisis que puede hundir al país, se reqiere, es indispensable la voz de la Secretaría del Trabajo, para éste y todos los casos que se presenten. Permitir esta arbitrariedad sienta precedente y lo harán las demás empresas, impunemente
¿Qué hace una jefa de familia en esta situación? no cuenta con suficientes ahorros para esto o para el desempleo inminente; son 5.4 millones y la mayoría con empleos muy precarios. En el outrsourcing (terciarizacion), se estima que hay 4 millones de mujeres y más de 1 millón de jefas de familia, todas sin servicios del IMSS o ISSTE, sin derecho laborales.
Datos de Inegi dicen que son 30.9 millones de personas sin derechos laborales (cero ISSSTE o IMSS): 15.3 millones de mujeres en el comercio amulante con la misma problemática y 2.3 millones de trabajadoras domésticas; todas estas mujeres no cuentan con derechos laborales como la salud, y hoy enfrentan al Covid-19.
Meterse en el campo de la salud es complejo, nadie en su sano juicio puede negar la importancia que reviste la medicina social, un buen sistema de salud pública, con gratuidad en los servicios, el derecho a la seguridad social; todos estos elementos fueron vituperados por Tirios y Troyanos, cuestionando la pertinencia de un INSABI. Hoy ¿qué proponen? qué sería de este país sin esos médicos y demás personal de la seguridad social. Las dos conferencias diarias del doctor López Gatell y su equipo, tienen al país en vilo, lo sostienen.
Nuestra realidad. En el comercio informal hay 26 millones de personas que de ninguna manera pueden darse el lujo de una cuarentena, viven al día y ya saben que menguarán sus ingresos, porque hay menos gente en la calle y con menor salario.
Para remate la pesadilla de Trump quiere cerrar la frontera, tiene un grave problema porque ahí ni sombra de un sistema de salud pública. Han suspendido muchas actividades económicas, con una excepción importantísima: la producción de alimentos, el trabajo de personas jornaleras agrícolas mexicanas, o centroamericanas. En medio de una pandemia mundial, se le pide a una de las poblaciones más marginadas de Estados Unidos, las y los trabajadores agrícolas, que trabajen.
Según el Centro Occidental de Salud y Seguridad Agrícola de UC Davis, alrededor de la mitad de la población de trabajadores agrícolas en California no tiene cobertura de atención médica. Que todo esto sirva de recordatorio: Estados Unidos necesita trabajadores agrícolas y la mayoría provienen de México, South of the Border. La frontera que quiere eliminar.

Home Office: Para muchas mujeres, una ilusión


Ciudad de México. De acuerdo con la La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2019, 70.1 por ciento de la población usaba Internet. De un total de 80.6 millones de personas usuarias, 51.6 por ciento fueron mujeres, lo que las colocó incluso encima de los hombres, con 48.4 por ciento de los usuarios.
Sin embargo, la distribución del acceso al internet es muy desigual, principalmente entre zonas urbanas y rurales, y la metodología del Inegi no recopila la manera en que se usa el internet, por lo tanto, se puede asumir que hay millones de mexicanas que no pueden quedarse en casa y hacer teletrabajo, o que no tienen las herramientas para acceder a informaciones verídicas sobre la pandemia del COVID-19.
“Primero que nada hay que definir un acceso funcional”, explicó la autora Gisela Pérez de Acha, en la presentación de su informe “¿De qué hablamos cuando hablamos de acceso?“, sobre la brecha digital de género en México, publicado en 2018. Ella y otras organizaciones que trabajaron el tema, como APC Women, Artículo 19, Luchadoras y Data Cívica, sostienen que los datos del Inegi, que miden si hay una computadora en el hogar, o si las personas poseen un celular inteligente (Smartphone), no dicen mucho sobre la conectividad de las mujeres.
“Para nosotras, hay acceso a internet cuando la red sirve como una herramienta para aprender y conocer; cuando como mujeres podemos pagarla sin abandonar otras prioridades; si tiene contenidos que nos interesen y sean relevantes para nosotras; si podemos producir y co-crear estos mismos; si un espacio seguro para compartir y disentir, en comunidad, en su propio idioma”, escribió Pérez de Acha.
Varios factores influyen en el acceso de las mujeres al internet. En primer lugar, hay una diferencia sustantiva entre las zonas urbanas y rurales. De acuerdo con la ENDUTIH, 76.6 por ciento de la población urbana es usuaria de Internet, mientras que en las zonas rurales, son 47.7 por ciento, cifra que el Inegi no desglosó por sexo. “Las estadísticas no tienen perspectiva de género”, criticaron las expertas de organizaciones en derechos digitales en 2018.

Las estadísticas sobre conectividad engañan

Por ejemplo, el Inegi sólo mide la conectividad en los hogares. “Pero si una mujer vive violencia en su casa y el único celular para conectarse es del esposo que la maltrata, no puede entrar a internet para encontrar solución”, dijo Lulú Barrera de Luchadoras. Otro obstáculo serían las barreras culturales y actitudes sociales machistas en torno al acceso, como la creencia que “las mujeres no deben usar internet.”
La falta de tiempo, sería otro factor que impide las mujeres acceder a la red, destacó el informe. Las mujeres tienen la doble carga de trabajo, el doméstico, y el trabajo laboral profesional, y disponen de menos tiempo ‘libre’ para conectarse. Además, la violencia en línea, como hostigamiento y acoso, llevaría a las mujeres a una autocensura al usar el internet.
Otro limitante es el costo de conectarse al internet. “La brecha salarial de género disminuye la habilidad que las mujeres tenemos para pagar acceso a internet”, escribió Pérez de Acha. Lo mismo aplicaría para los planes de telefonía móvil, cuyos costos representarían una fracción muy alta de los ingresos mensuales. “Estos factores afectan más a mujeres indígenas con menos educación y menos recursos económicos, que además viven en zonas rurales”, destacó el informe.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el programa “México Conectado” tuvo el objetivo inicial de 200 mil puntos de conexión en espacios públicos como escuelas, hospitales y plazas, pero durante el mandato su alcance fue recortado a 100 mil, enfocándose principalmente en centros educativos.
Sin embargo, la organización Data 4 documentó que los lugares se establecieron en zonas que ya estaban muy conectadas, y que no hubo forma de medir cuántas personas, o cuántas mujeres, utilizaron los puntos de conectividad, por lo tanto, consideraron “poco probable que “México Conectado” contribuya eficazmente a contraer la brecha digital.” Además, el nuevo gobierno no prolongó los contratos de acceso a internet de por lo menos 47 por ciento de los puntos, el acceso a los cuales, siendo espacios públicos, sería restringido bajo la contingencia actual del COVID-19.

Poco progreso para conectar lugares remotos

Después de su toma de protesta en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que “Mexico Conectado” sería restituido por el programa “Internet para tod@s”. A mediados de 2019, se creó la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos’, subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad y sin fines de lucro, para garantizar el derecho constitucional de acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo a las comunidades en situación de pobreza.
Sin embargo, el sitio web del gobierno sobre “Internet para tod@os” tiene escasa información y no rinde cuentas sobre la cantidad de líneas que se pudieron instalar, por ejemplo.
Otro lugar que brindaría a las mujeres la oportunidad de conectarse y educarse sobre internet y las tecnologías de comunicación, serían las escuelas. Sin embargo, el informe “¿De qué hablamos cuando hablamos de Internet?” destacó que según la organización México Evalúa, en 2017 tan solo 26 por ciento de las escuelas tenía acceso a internet.
Con todo esto, queda claro que gran parte de las alumnas no tienen las herramientas técnicas para participar en clases vía remota; las y los profesores de las escuelas públicas no están capacitados para impartir clases vía remota, y las madres y los padres no están capacitadas para ayudar a sus hijas e hijos.
Encima de eso, con las medidas de contingencia, las madres tienen la triple carga de su trabajo laboral, el trabajo doméstico, y la enseñanza de sus hijos e hijas, porque los roles patriarcales en la sociedad mexicana, les imponen el cuidado de la niñez, como indicó el Instituto Nacional de Mujeres. Todo en conjunto, pinta un panorama oscuro para el acceso de las mujeres al internet en tiempos de COVID-19.

Organizaciones civiles se suman a exigencia de justicia para indígenas exhibidas en grupo de whatsapp


Ciudad de México. La Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) que integra a 86 agrupaciones nacionales, y 8 organizaciones se sumaron a la exigencia de justicia para las mujeres indígenas de Oaxaca, quienes fueron fotografiadas y exhibidas en un grupo de mensajería integrado por funcionarios públicos.
Las agrupaciones, quienes en agosto de 2019 realizaron una Misión Civil de Observación a los municipios de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, difundieron un comunicado en el que rechazaron la violencia impulsada por el entonces funcionario, Rolando Vásquez Pérez en el grupo de whatsapp “Sierra XXX”, donde se difundían imágenes sexuales de mujeres indígenas.
El 20 de marzo medios de comunicación del estado de Oaxaca revelaron la existencia del grupo mensajería, integrado por Donato Vargas, extrabajador del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI ) y Rolando Vázquez Pérez, quien a raíz del conflicto “renunció” a su cargo como jefe de plazas en la Dirección de Recursos Humanos del INPI, así como el líder Juan Eliel Hernández.
El “Colectivo de Mujeres de Ayutla Mixes” difundió un comunicado que se suma a la denuncia colectiva de diversas redes y organizaciones feministas y llamó al acceso a la justicia y castigo a los responsables de las diversas formas de violencia y acoso cibernético, delitos que fueron denunciados penalmente por defensora Sandra Domínguez Martínez, quien descubrió el grupo.

Indígenas sin acceso al agua

Además de sumarse a esta exigencia de justicia, las agrupaciones de la Misión Civil de Observación urgieron a las autoridades federales y del estado a reconectar inmediatamente el agua para Ayutla.
 De acuerdo con información de las organizaciones, en Ayutla el abastecimiento de agua era cubierta por el Manantial y lograba cumplir los estándares establecidos de suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible.
Sin embargo desde 2017 sus habitantes han tenido que acarrear el agua del Manantial, captar agua de lluvia, comprarla en pipas, tinacos y/o garrafones sin que logren cubrir sus necesidades como lo hacían antes.
Ante la crisis sanitaria derivada del COVID-19, sumada al estiaje de la temporada, además de las afectaciones derivadas de los mil días sin agua, las agrupaciones alertaron que la falta del servicio puede resultar en graves consecuencias, no solo para la comunidad de Ayutla, sino para la región Mixe.
Esta situación, consideraron, puede ser evitada por las autoridades estatales y federales, si tienen la voluntad para hacerlo. En su Informe la Misión documentó la problemática del agua entre Ayutla y Tamazulapam Mixe de la que derivan violaciones al derecho a la salud, a la vida, a la integridad física y seguridad personal, al debido proceso legal y la seguridad jurídica, afectaciones a los derechos de las mujeres; de las niñas, niños y adolescentes y a defender Derechos Humanos.
El 5 de junio de 2017, mujeres comuneras de Ayutla fueron despojadas de sus tierras y la comunidad vivió una agresión por parte de personas de Tamazulapam. Hasta fechas recientes, personas defensoras han sido también víctimas de amenazas, acoso y hostigamiento digital. Incluso, la Misión atestiguó que una defensora es señalada de fomentar el conflicto entre ambas comunidades.

Derechos humanos de mujeres, restringidos bajo cuarentena


Ciudad de México. Organizaciones feministas en Europa, donde el desarrollo del coronavirus COVID-19 y las medidas de contingencia son algunas semanas adelantadas a la situación en México, alertaron sobre la restricción de Derechos Humanos de las mujeres. Hasta el momento, el posible aumento de la violencia familiar durante el aislamiento ha sido la mayor preocupación para organizaciones sociales.
Sin embargo, la organización Doctors for Choice (Médicas para el Aborto), de Alemania, exigió medidas urgentes para garantizar los derechos reproductivos en el país. Ellas encontraron una reducción masiva de la oferta de consulta para mujeres embarazadas, debido a las medidas de contingencia.
También los consultorios y las clínicas redujeron sus servicios, reportaron. La falta de equipo de protección, como cubrebocas, batas, y desinfectante ha llevado a horarios reducidos de atención y el trabajo en turnos, con el fin de minimizar el riesgo para pacientes y personal médico. En otros casos, los consultorios tuvieron que entrar en cuarantena de 15 días, debido a que una persona del personal se enfermó de COVID-19.

Con cuarentena, mujeres podrían no cumplir plazo legal para aborto

La organización advirtió que ante al estado de crisis, las clínicas podrían considerar una interrupción del embarazo (ILE) una “intervención no necesaria”, y negarse a realizarla. Por el otro lado, el acceso de las mujeres a la ILE podría ser restringido, debido a que algunas tienen que cuidar sus hijas e hijos en casa, o que la mujer misma puede tener COVID-19, y verse obligada a mantener cuarentena en casa por 15 días.
“Todo esto significa que las mujeres embarazadas ya no podrían cumplir el plazo legal de 12 semanas para la ILE”, escribió Doctors for Choice, y advirtió que las mujeres podrían llegar a practicarse abortos inseguros. “Los embarazos no deseados podrían aumentar, debido a un aumento de la violencia de género durante el aislamiento.”
La organización demandó que se legalice la telemedicina y el acompañamiento por video a las mujeres que necesiten una ILE, así como el envío a casa de medicamentos para terminar el embarazo.
Por otro lado, varias defensoras alemanas alertaron que mujeres en situación de prostitución se quedaron en la calle, debido a que sus proxenetas las echaron de los burdeles, que quedaron cerrados.
Personas defensoras de varios países, como Alemania, Reino Unido, y España, demandaron que se habiliten hoteles, no usados para fines turisticos, para acomodar a víctimas de violencia, o personas en situación de calle. El Ministerio de Igualdad de España impulsó un Plan de Contingencia contra la violencia de género debido a la crisis del COVID-19.
Con éste, la asistencia a mujeres víctimas de violencia se declaró “servicio esencial”, por lo que la línea de emergencia, la respuesta de emergencia, los albergues, así como la asistencia psicológica, jurídica y social seguirán funcionando normal. También se activará un nuevo sistema “mediante un mensaje de alerta por mensajería instantánea con geolocalización que recibirán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, informó el Ministerio.
También se impulsará una campaña de comunicación institucional para dar a conocer el Plan de Contingencia contra la violencia, y se convocó a los municipios a dar a conocer sus medidas locales para poder incluirlas en la oferta de la línea de emergencia.

Durante crisis, mujeres y niñas con mayor riesgo a ser víctimas de violencia: GESMujer


Oaxaca, Oax. A la par de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, la violencia contra las mujeres, niñas y niños, podría incrementarse, alertó Angelica Ayala del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer).
“¿Cuál es el origen de este incremento?  Hay diferentes teorías que explican esta situación, pero desde el feminismo, las investigaciones apuntan a que, en toda situación de crisis, las relaciones de inequidad entre mujeres y hombres, las conductas de sumisión y dominación aprendidas como parte de la construcción social de los roles y estereotipos de género, se expresan más fácilmente, estos factores no son la causa, son desencadenantes de conductas violentas que ya están presentes en las relaciones de pareja y familiares”, explicó.
Cuando en el contexto familiar, comunitario o social, existen crisis económicas, de desplazamiento, de conflictos armados, de delincuencia organizada incluso de desastres naturales, también incrementa el riesgo de que mujeres y niñas sean víctimas de violencia de género e incluso de violencia feminicida, sostuvo.
En este sentido, indicó que es de especial preocupación que las medidas que se han definido de aislamiento para disminuir el riesgo de contagio del COVID-19, impacten de manera negativa en las mujeres y las niñas, pues indicó que en periodos no laborales y vacacionales es cuando se incrementan los niveles de violencia hacia las mujeres. 
La situación por la que atraviesa el país -indicó- combina los diferentes factores de riesgo, donde existe un entorno social de incertidumbre y miedo, así como una mayor presencia, en cuanto a tiempo y espacio compartido, de los varones en el hogar, reiterando que se incrementa donde en sí ya hay relaciones de violencia de género. 
“Por ello es fundamental seguir trabajando en la construcción de relaciones de equidad entre mujeres y hombres, porque es ahí donde se puede impactar positivamente y crear factores de protección que favorezcan que, ante las crisis, haya una respuesta conjunta de cuidado, autocuidado y socio cuidado entre mujeres y hombres.
En este sentido informó que durante la contingencia sanitaria mantendrán la comunicación a través del teléfono 51 6 68 10 y atenderán las emergencias que se presenten en este sentido.
“Reconocemos el riesgo real que enfrentan las mujeres y las niñas ante esta situación de aislamiento social, donde la indicación de recluirse en sus hogares puede no ser para muchas, un espacio seguro ni libre de todas las formas de violencia de género. Como GESMujer nos mantendremos alertas, pues dentro de nuestras actividades atendemos y acompañamos a mujeres en situación de violencia e incluso de violencia extrema, de manera que aunque disminuyan las actividades dirigidas a la población en general”.

Exigen proceder penalmente contra quienes difundieron imágenes de mujeres indígenas con contenido sexual en grupo de whatsapp


Ciudad de México. La Red Nacional de Abogadas Indígenas y la Red Nacional Indígena pidieron que se investigue, se proceda penalmente y se conozcan los nombres de todas las personas que integraban el grupo de WhatsApp “Sierra XXX”,  donde se compartía ilegalmente imágenes con contenido sexual o íntimo de mujeres indígenas Ayuujk .
El 20 de marzo medios de comunicación del estado de Oaxaca revelaron la existencia del grupo mensajería, integrado por funcionarios públicos en el que se encontraron imágenes de la defensora Sandra Domínguez Martínez, quien al descubrirlo presentó las quejas y denuncias correspondientes.
En dicho grupo había funcionarios públicos locales y federales, entre ellos Donato Vargas, extrabajador del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI ) y Rolando Vázquez Pérez, quien a raíz del conflicto “renunció” a su cargo como jefe de plazas en la Dirección de Recursos Humanos del INPI, así como el líder Juan Eliel Hernández.
En una carta dirigida al Gobierno de Oaxaca, al INPI y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la red de abogadas expresó su preocupación porque funcionarios que laboran en espacios donde se supone lideran la defensa de los derechos de la población indígena, son quienes precisamente violentan estos derechos.
Aunado a lo anterior, las abogadas condenaron la actitud del presidente municipal de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, en Oaxaca, Artemio Ortiz Ricárdez, quien emitió un comunicado por medio del cual revictimizó y estigmatizó a la denunciante, y respaldó a Rolando Vázquez Pérez.
Los actos de Artemio Ortiz violentan públicamente a las víctimas y las deja en una situación de extrema vulnerabilidad a otros actos de violencia y discriminación, señalaron las abogadas, por lo que las integrantes de la red exigieron que se inicien las carpetas de investigación correspondientes con la debida diligencia y prontitud.
En la carta, que también fue firmada por 78 organizaciones de mujeres, se pidió a las autoridades involucradas, especialmente al INPI, investigar prácticas de violencia sexual ejercidas por el personal a su cargo, sancionar estas conductas y rescindir de sus puestos a quienes se encuentre responsables.
Asimismo, pidieron se elabore y aplique efectivamente un protocolo de atención a la violencia de género aplicable al INPI; y que se realicen filtros que eviten este tipo de perfiles machistas y misóginos en sus instituciones.
A su vez, la Red Nacional Indígena emitió un pronunciamiento para exigir que las autoridades del estado de Oaxaca, tanto de la Secretaría de la Función Pública, como de la Fiscalía General del estado, realicen las investigaciones correspondientes para que se sancione de manera administrativa y penal a quienes resulten responsables.
Las personas que integran esta red aseguraron que el silencio ante este tipo de situaciones denigrantes se puede entender implícitamente como complicidad, por ello decidieron hacer pública su postura, para que las instituciones correspondientes hagan valer el respeto irrestricto de los derechos de las mujeres indígenas.
Con la misma exigencia, más de 200 organizaciones de mujeres y 300 defensoras de Derechos Humanos exigieron una disculpa pública al titular del INPI, Adelfo Regino Montes, quien este fin de semana consideró como un “asunto personal” el caso que involucra a funcionarios de su dependencia ejerciendo violencia sexual y cibernética contra mujeres indígenas.
Las organizaciones de mujeres indígenas, y mujeres afrodescendientes “con el permiso de la palabra de las abuelas de nuestras naciones originarias”, manifiestaron su preocupación por la violencia y expresaron temor por posible riesgo para las víctimas directas.
“Se debe considerar que en las comunidades indígenas el ser funcionario público aporta facilidades para pactos patriarcales y de impunidad”, esto en un país caracterizado “por sus altos índices de violencia machista y racismo”, advirtieron.
Tras conocerse la denuncia pública, el jefe de plazas en la Dirección de Recursos Humanos del INPI, Rolando Vásquez Pérez, renunció a su cargo. Sin embargo, las defensoras recordaron que la autoridad de Tamazulapam Mixe defendió públicamente, en un comunicado, a este ex funcionario, originario de esta comunidad.
Cabe recordar que la difusión de imágenes íntimas de mujeres se castiga en Oaxaca hasta con ocho años de cárcel. 
20/AGM/LGL

Las olvidadas

                 Coronavirus & Empleadas de Hogar

Fuentes: https://tribunafeminista.elplural.com

En estos días aciagos parece que no se pueda hablar de otra cosa que no sea del virus coronado, sus efectos o causas, su duración o su intensidad, la posible curación o la condena al confinamiento “sine die”. Todo sigue siendo muy confuso, la gente asustada y las finanzas en caída libre. Los gobiernos dictan medidas para frenar la difusión del virus, todas muy detalladas, pero también, cómo no, adolecen de ciertos olvidos que apuntan casualmente a un mismo sujeto.
La ministra de Defensa ha puesto a disposición del vicepresidente Iglesias dotaciones del ejército para atender a los “sin techo”. Alimentos, cobijo y cuidados médicos no pueden faltar a esta parte de la población que no tiene ya nada que perder. La mayoría hombres. Una medida que merece la entusiasta aprobación ciudadana. Si no se hubiera tomado, aparecerían, cada amanecer, nuevos muertos en nuestras calles desiertas como si de una ciudad medieval se tratara en plena peste bubónica. Afortunadamente, en Ifema se les ha habilitado un espacio con todos los servicios. ¡Bravo!
También se han tomado medidas económicas casi asistenciales para los arrastrados y desbordados por el tsunami a partir del mayor crédito de la historia reciente en este país. Mientras las ayudas empiecen por abajo, y no se repita lo de salvar bancos antes que personas, vamos bien. Y si hay que mandar a Europa a tomar viento si insiste en restricciones y recortes, habrá que hacerlo. Espero que Calviño no emule a su colega De Guindos, cuando aplaudía cada carnicería que llevaba a cabo el ministro alemán Schäuble en la crisis de 2008. A ver si se nota que tenemos un Gobierno de izquierdas. Parece que sí, pero se trata de una izquierda, como todas y todos, circunscrita en un latente y letal corazón patriarcal con prioridades y olvidos.
Lo digo por los olvidos. Y uno de los olvidos es el de las empleadas de hogar, que carecen de subsidio por desempleo ¿Por qué? ¿Porque la mayoría son mujeres? ¿Pobres? ¿Inmigrantes? Están, además, excluidas de la Ley de Prevención de riesgos Laborales (LPRL) cuando esa Ley trata de “la protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo.” Ese cuidado lo ha dejado el Estado en manos del empleador, o sea. Pero es que, además, en la presente crisis sanitaria, la privación de la prestación por desempleo es un arma que permite imponer condiciones ilegales con la amenaza del despido, como escribe la catedrática vasca Isabel Otxoa, y continúa, “que el coronavirus combinado con la Ley de Extranjería añade excepcionalidad y precariedad a la situación preexistente”.
Si la trabajadora se contagia y es despedida, las que son internas se quedan en la calle, además de no contar con medidas de protección frente al contagio. Por mucho que diga Sánchez que nadie quedará atrás, me temo que esas mujeres ni siquiera son nadie. Muchas están recluidas estos días en cuartitos de tres por dos metros, confinadas realmente sin salir, excepto para los servicios que los señores les requieran. O cuidando a gente muy mayor con frecuencia enferma o dependiente. ¿Qué pueden hacer estas mujeres? ¿Quién cuida a las cuidadoras? Esta crisis está poniendo de relieve cantidad de injusticias y de errores estructurales acallados por otros logros y por la vorágine del día a día. Una situación así no es digna de una sociedad democrática ni propia de cualquier grupo humano. Es realmente sangrante.
Otro colectivo olvidado son las mujeres prostituidas. Entre toda la panoplia infinita de normas, prohibiciones y prevenciones, no he escuchado al Presidente decir tajantemente: “Cierre absoluto de los prostíbulos”, que seguramente los llamaría eufemísticamente “clubes de alterne”, pero dictando medidas de protección para estas mujeres como se ha hecho con los homeless. Tampoco se lo he escuchado al supuesto sindicato de prostitutas, que pide dinero a falta de clientes. A esos clientes es a quienes multaría con la pena máxima de los 30.000 euros. Pienso en esas mujeres, expuestas, más ahora, a la enfermedad vírica. No me puedo imaginar en una situación así. Legalizar semejante horror como si fuera “un trabajo más” supondría tener que conseguir un título, programando la consiguiente FP, para que las jovencitas aprendieran ¿qué?.
Ya se pueden imaginar el programa, que yo no me atrevo a escribir aquí, pero que ellos si se atreverán a realizar allí. Los regulacionistas defienden que, si le quitamos el estigma, es como otro trabajo cualquiera en el que también se pone el cuerpo. Si, claro, el obrero de una fábrica pone su “fuerza de trabajo” a través del cuerpo, pero mediando determinados “medios de producción”. ¿Cuáles son los medios de producción de las mujeres prostituidas? Su cuerpo maldito y maltratado, desgarrado, cada uno de sus orificios por los que ser violada y su pudor, ese derecho inalienable de toda persona humana. Pues bien, esos regulacionistas de izquierdas bien podrían aplicar conceptos básicos marxistas a esta situación. Sólo el abolicionismo podrá terminar con este crimen organizado. ¿Por qué los políticos regulacionistas se han vuelto a olvidar de ellas? ¿Por qué? ¿Porque siguen la “teoría King-Kong”?
Hay otros grupos de mujeres en los que pienso mucho en estos tiempos del cólera, y son las maltratadas por sus parejas sin poder salir de su cárcel, sin poder salir a consolarse con una amiga, con su madre.
Se ha activado especialmente el 016, menos mal, pero debe de ser como vivir en un campo de concentración esperando la ducha de gas y durmiendo, además, con tu carcelero. Mujeres, siempre mujeres: las olvidadas. Pero las feministas no os olvidamos. Simplemente porque no podemos, simplemente porque vuestro dolor es también el nuestro.

Sobre la autora: Es Dra. en Filosofía y escritora feminista.

Las mujeres latinoamericanas, el Covid-19 y el neoliberalismo


Fuentes: Rebelión

En las últimas semanas, la emergencia del coronavirus (COVID19) puso sobre la mesa una institucionalidad desgarrada y visibilizó un entramado de desigualdades geopolíticas y sexogenéricas, todo esto, en el marco de un nuevo ciclo de la crisis del capitalismo contemporáneo.
Desde fines de la década del ochenta, nuestro continente dio paso a una serie de reformas económicas ideadas en los laboratorios del floreciente pensamiento neoliberal, principalmente en Estados Unidos y Gran Bretaña. A la cabeza de los Chicago Boys de Chile, Latinoamérica abrió sus economías realizando una serie de reformas constitucionales que a la postre posibilitarían la reducción de derechos sociales a través del desmantelamiento de cierta institucionalidad estatal, cuyo rango de acción habría sido definido en el (ahora pisoteado) contexto de las economías de bienestar. Una bala en la cabeza de Salvador Allende precedió el largo camino de los Chicago Boys. Desde entonces, se han tornado cotidianas las reformas previsionales, y es creciente el proceso de privatización de la educación y la salud. En la década del noventa las reformas económicas estuvieron abocadas a modificar la relación entre los Estados, los mercados y la sociedad. En la actualidad, el correlato de esta situación ha sido la dependencia casi total al mercado global de servicios, una tendencia progresiva a la concentración de la riqueza y la pauperización de las condiciones mínimas de vida. La flexibilidad laboral y la tercerización, profundizan desigualdades de géneros, clase y raza. La masa laboral activa en los años de los Chicago Boys se pensiona si puede. Es decir, poco a poco hemos asumido que la tercera edad dependa de sus hijxs, trabaje hasta el fin de sus días o viva en mendicidad, aun cuando cuenten con un mínimo pensional del que las siguientes generaciones ya no habrán de disfrutar. Este es el gran contexto del que partimos para vislumbrar las contradicciones de la mayor parte de la población latinoamericana después de que la Organización Mundial de la Salud declarara al COVID-19 como una pandemia mundial.
Como es de conocimiento corriente para el feminismo, la CEPAL cifra en alrededor del 30% la brecha salarial entre hombres y mujeres. Según el mismo organismo, las mujeres latinoamericanas perciben un 34% menos de ingresos (salariales o pensionales), dada la división familiar de la renta  y el trabajo de cuidados de menores, enfermxs, y ancianxs. 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), teniendo en cuenta la edad laboral, para el 2018 la participación de la fuerza de trabajo masculina en la región era del 75%, mientras que en las mujeres rondaba apenas el 50%. Esto no quiere decir que las mujeres trabajen menos que los hombres. Por el contrario, una de cada dos mujeres latinoamericanas está expuesta al desempleo o la informalidad. De hecho, «la desocupación de las mujeres subió 1,6 puntos porcentuales, por encima de la variación de los hombres que aumentó en 1,3 puntos porcentuales», según José Manuel Salazar, director regional de la OIT. Valga anotar que estas estadísticas adolecen de una perspectiva sobre la carga socioeconómica del trabajo doméstico. Sumemos al panorama el hecho de que siete de cada diez mujeres se desempañan en el sector servicios o comercio. Dos rubros cruzados por la informalidad parcial o total.
Teniendo en cuenta este horizonte, en medio de la crisis social, económica y política que atraviesa la región desde el año 2017 -para poner un estimativo de corto plazo-, las medidas para frenar la pandemia COVID-19 dejan sinsabores y preguntas que cuesta resolver con la misma urgencia. 
Esta semana se decretaron cuarentenas en casi todos los países latinoamericanos y caribeños. Sin embargo, 140 millones de personas en la región dependen del sector informal. Teniendo en cuenta las cifras abordadas, debemos asumir que la mayoría de las mujeres se ven imposibilitadas de llevar a cabo tales medidas. Dado que en nuestro continente la mitad de las mujeres dependen de las economías de subsistencia, un día sin trabajar implica un día en que sus familias no pueden comer. 
UN PANORAMA LATINOAMERICANO
Perú es uno de los países que tiene la tasa de informalidad más alta, aunque esta es incluso superior en países como Guatemala y Honduras, donde ronda el 80% según la OIT; o en Bolivia, donde asciende al 83%. Martín Vizcarra, presidente del país andino, anunció este lunes una bonificación de US$108 para que los sectores más desposeídos no tuvieran que verse expuestos al virus en el quehacer de sus trabajos precarios. Sin embargo, el monto está muy por debajo del salario mínimo mensual, estimado en US$263. Según el portal del Foro Económico Mundial, el bono no habría estimado el gasto en alquileres. 
En un artículo titulado Las mujeres y la tierra, la propiedad y la vivienda, ONU Mujeres apela a la implementación de medidas urgentes en materia inmobiliaria. Mujeres, ancianxs, y enfermxs son los sectores más golpeados por la especulación de la tierra y la vivienda. Si se tiene en cuenta que las mujeres son propietarias de menos del 1% de la tierra, y un número apenas mayor de viviendas urbanas,  debemos concluir que el gasto en alquileres tiene un peso abrumador sobre sus economías dado que, como se dijo anteriormente, trabajan y cargan sobre sus hombros la dependencia económica de la tercera edad, enfermxs e infantes. 
En síntesis, medidas como las tomadas por el gobierno peruano (entre otros gobiernos) –como militarizar las calles para obligar a las personas a no moverse de casa-, no prevén el impacto de la inmovilidad sobre las economías familiares, cuya participación mayoritaria depende de los aportes de mujeres. Éstas, para evitar el riesgo de contagio, deben recluirse dos semanas en sus casas, no pudiendo hacer frente a las tareas de cuidados, el costo inmobiliario y la recesión laboral.
Sobre el impacto del COVID-19 en el sector de la salud en Uruguay, la médica y feminista uruguaya Virginia Cardozo explica que  las medidas drásticas afectarán especialmente a las mujeres, que ya son el grueso de profesionales sanitarios que se enfrentan al sufrimiento y a las muertes: «Del total del personal asistencial en Uruguay, 76% son mujeres y 24% varones. En aquellas disciplinas que mantienen contacto más directo con la población –medicina general, medicina familiar y comunitaria, pediatría y profesiones no médicas– el índice de feminización es aún mayor. En los cargos de mayor responsabilidad jerárquica, por supuesto que el porcentaje de varones aumenta, desempeñándose en tareas que implican menor contacto directo con usuarios y usuarias de los servicios de salud».
Según La Diaria –diario feminista uruguayo-, el impacto de la infección por Covid-19 tiene mayor riesgo de repercusiones graves en la salud de los adultos mayores y en pacientes con múltiples patologías. Estas personas requerirán un aumento de los cuidados, elemento a tener en cuenta en un país con un envejecimiento activo de la población. Los cuidados en estos casos se encuentran mayoritariamente en las órbitas de las familias, por medio de cuidadoras informales que cumplen con tareas de alimentación, higiene, administración de medicamentos, vestimenta o acompañamiento a servicios de salud; 64% de las personas que se dedican al cuidado de adultos mayores son mujeres, y una buena parte de ellas inmigrantes.
En el caso de Venezuela, el bloqueo impuesto por Estados Unidos (y la corporación farmacéutica Bayer-Monsanto) ha golpeado fuertemente la salud. En palabras de Nicolás Maduro, el 75% de los ingresos de la Nación Bolivariana son destinados a la inversión social en vivienda, educación, salud, cultura y alimento. Lo cierto es que al día, por ejemplo, muchas personas gestantes tienen que buscar alternativas en sus partos para poder dar a luz, siendo imposible garantizar insumos de urgencia como la penicilina en casos de cesáreas u otras intervenciones. En este contexto de crisis económica y sanitaria, «El FMI dejó 1 billones de dólares para ayudar a los países golpeados por la pandemia COVID-19. Venezuela acudió al FMI para pedir $ 5 mil millones, destinados a importar suministros para abordar la pandemia. El FMI se negó», comenta el analista internacional Vijay Prashad.
No es la primera vez que la llamada ayuda internacional demuestra intenciones meramente utilitarias e irresponsables en momentos de extrema crisis. Países intervenidos como Haití guardan en la memoria la repercusión de los efectos intervencionistas de los países centrales. Huelga recordar en estos días que el país caribeño sufrió la peor crisis sanitaria inmediatamente después del terremoto, dado que en el mismo 2010 un destacamento militar de la ONU proveniente de Nepal difundió el brote epidémico del cólera en la región de Artibonito, a tan solo cien kilómetros de la capital Puerto Príncipe. El saldo de la tragedia fue de 9000 muertos. El silencio cómplice de los encargados de la ayuda humanitaria no hizo más que condenar a la muerte a miles de seres humanos. Hoy, en la Perla del Caribe se registran dos muertes de un ciudadano belga y otro francés, respectivamente. Dos muertes llaman la atención de las autoridades internacionales por el hecho de provenir del arco de países intervencionistas, sin que se lea ni asuma la responsabilidad correspondiente, sin embargo, de la fragilidad de las instituciones sanitarias producidas por la intervención imperial en dicha nación hermana. Como en tantos otros países, son las brigadas de salud de Cuba en Haití las que siguen haciendo frente a la desgracia de la muerte por la inanición sembrada bajo el yugo neoliberal.
En Chile, hasta la semana pasada la agenda mediática no había podido instalar el tema del Coronavirus. Incluso el gabinete del presidente Piñera fue abucheado por insinuar la proscripción del Plebiscito Constituyente en caso de una posible expansión del virus. 
Desde el 18 de octubre del 2019 la sociedad chilena ha decidido poner fin al sueño precipitado de los Chicago Boys. No es raro encontrar en las plazas, al calor de las barricadas, gentes en sillas de ruedas tirando piedras, o enardecidas ancianas vociferando contra las AFP (sistema previsional privado, impulsado por el equipo económico del gobierno chileno en tiempos de Pinochet). Contrario a lo que pasó en España, donde mermó la convocatoria del 8M ante la posible expansión del virus, Chile vivió la mayor concentración feminista en toda su historia. Una militante de la Coordinadora Feminista 8M comentaba a la Cátedra Feminista Martina Chapanay que «con corona o sin corona la gente en Chile muere esperando una cama en un hospital; o peor, se mueren endeudados por tratarse una pulmonía. Los únicos exentos de morirse en la miseria son los carabineros (…) Pinochet pidió que se les dejara afuera de las AFP cuando el neoliberalismo reestructuró la salud y las pensiones». 
En las últimas horas las fuerzas políticas consensuaron una nueva fecha para llevar el urgente plebiscito adelante, el cual se desarrollaría el 25 de octubre. Casi un año después de empezadas las revueltas en la cuna del neoliberalismo en Nuestra América.
En Argentina, mientras el gobierno nacional buscaba coordinar una estrategia con los gobiernos locales, e impelía a los y las trabajadoras a quedarse en casa, Beatriz Machado fue atropellada y asesinada por la policía de la Ciudad de Buenos Aires, por decisión política del Jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. El caso de Beatriz es un ejemplo claro de la avanzada punitivista en medio del desconcierto generado por las medidas sanitarias del legislativo. Mientras las instituciones, empresas y locales comerciales llamaban a la cuarentena a sus trabajadores, Beatriz Machado, pensionada de 73 años, se veía forzada a defender su puesto de trabajo en la Plaza de Once. La mujer que vendía medias fue reprimida con saña por la policía federal. Beatriz sintetiza la cruda realidad de buena parte de las mujeres de nuestro continente.
Beatriz son las siete de cada diez mujeres que trabajan en condiciones de marginalidad; Beatriz es la pensionada que tiene que trabajar en la calle, ante el desguace inhumano del sistema previsional; Beatriz es la abuela de alguien que no puede pagar para cuidarla; Beatriz es la vida de la mayoría de las mujeres quienes pandemia o no, tienen que salir a defender su trabajo, con el único objetivo de defender su vida de la muerte, aun cuando esta termine ganando la partida. 

Fuentes: Escrito para el Instituto Tricontinental de Investigación Social https://www.thetricontinental.org/es/ba-research/mujeresycoronavirus/

Mujeres aún más vulnerables ante la emergencia sanitaria


Fuentes: www.publico.es

«Si no tengo para comer, ¿qué hago?» se pregunta Stefanía, una colombiana que ejerce la prostitución. Ninguna de las medidas adoptadas por el Gobierno hasta la fecha sirven para aliviar la situación de vulnerabilidad en la que viven y que se ha acrecentado exponencialmente desde que se decretaran las medidas de confinamiento.
«La semana anterior al confinamiento fue buena. Hice unos 830 euros que me sirvieron para mandar dinero a mis padres, pagar mi habitación y comprarme algunas cosas de comida e higiene. Ahora sólo me quedan 50 euros y me tocará llamar a algún cliente de confianza que con migo ha sido bueno».
Quién habla es Stefanía, el nombre ficticio de una mujer de 23 años que hace seis meses llegó de Colombia para ganarse la vida. Cuando le preguntamos por teléfono si no tiene miedo de contagiarse o contagiar a alguien, responde: «Si estuvieras en mi lugar, ¿tú que harías? ¿Cómo como? ¿Como pago? ¿Cómo comen mi mamá y mi papá? Tengo que comer vivir y mantener a mi familia en Colombia que dependen de mí». 
«Yo no vine a esto», explica, «pero sin papeles nadie me daba trabajo. Venimos engañadas porque nos aseguran que aquí hay trabajo y te puedes ganar la vida, pero las oportunidades no existen. Sólo hay una salida y terminas en la prostitución». 
«Lo que estamos viendo en nuestro día a día con las mujeres en prostitución y trata es que la desesperación las lleva a esto. No tienes nada que echar al estómago y piensas en tu salud. Pero tu salud también es comer. Ellas no han sido tenidas en cuenta en las ayudas económicas que han anunciado ni nos han dotado a las ONG que trabajamos con ellas de los mínimos fondos para poder asegurar su comida, que sería un primer paso para no pensar en buscar clientes», afirma Hodan, técnica de intervención de género en Médicos del Mundo.
«Si optara por esta opción», reconoce Stafanía, «tendría que buscarme un lugar donde ejercer, porque el club en el que trabajo ahora está cerrado por la cuarentena». Afirma que no se hace rica. Sólo consigue lo justo para comer, enviar lo justo a su familia y sobrevivir. Viven al día para pagar la deuda, muchas de ellas y para enviar dinero a los que dependen de su trabajo.

Ninguna ayuda a la vista

Ninguna de las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno sirven para aliviar las condiciones en la que viven las mujeres en situación de prostitución y trata. Este colectivo tan vulnerable y en su gran mayoría en situación administrativa irregular, ha quedado excluido, incluso, de las medias adoptadas para aliviar la situación de los hogares, que prohiben a las compañías suministradoras cortar el suministro de luz, agua o gas a los hogares mientras dure la crisis. Por su situación, la mayoría tampoco tiene acceso al Sistema Público de Salud.
«Las mujeres prostituidas afrontan un estado crítico ante la alarma que vive el país por Covid-19», alertan desde Médicos del Mundo, que denuncia la precaria situación de estas mujeres, la falta de medidas de protección frente al virus y una terrible situación económica. A tal punto llega ésta, que en algunos casos se ven empujadas a seguir prostituyéndose.
«Todas las medidas sociales adoptadas por el Gobierno para paliar esta emergencia están destinadas a personas en situación regular. Pero incluso las mujeres en prostitución que estén en esta situación, no pueden demostrar ingresos ni en la mayoría de los casos pedir ayudas al alquiler», afirma Elisa García, portavoz de Médicos del Mundo en Madrid. Muchas, tal como explican desde esta organización, alquila una habitación sin ningún tipo de contrato formal ni puede demostrar ingresos. Por lo que están en riesgo de acabar en la calle y no tener acceso a ninguna de las medidas de ayuda que se han establecido.
Por eso, explican, algunas reconocen que están aceptando clientes habituales. «Porque necesitan comer o enviar dinero a su familia que suele estar en otro país, porque la mayoría son cabezas de familia de la que depende una red familiar. Se ven obligadas a elegir entre contagiarse o subsistir. Con necesidades económicas tan acuciantes la capacidad de elección está totalmente mermada», comenta García.
Esta situación se agrava aún más en el caso de las víctimas de trata, que tienen deudas con sus explotadores y que temen que éstas se incrementen debido al confinamiento. La mayoría viven en pisos gestionados por los proxenetas o en los clubes, lo que conlleva gastos. Si esta situación de confinamiento se alarga, muchas van a ver incrementada su deuda exponencialmente y las que no la tengan por trata la van a adquirir, aumentando la dependencia con sus explotadores.

Dudas sobre el cierre de los burdeles

Tal como afirman fuentes de Médicos del Mundo, más de 60 mujeres en situación de prostitución y trata a las que han contactado afirman que tanto pisos como clubes se mantienen cerrados, dato que confirman los propietarios. «Pero tenemos nuestras serias dudas de que esto sea así y que en realidad no se estén abriendo a prostituidores conocidos o clientes habituales de la zona, porque algunas mujeres nos cuentan que por las tardes les pedían que bajaran al bar a tomarse algo y así no estaban tan encerradas. También estamos atentas a artículos que afirman que se están haciendo fiestas privadas en diversos pisos. 
Ante esta situación de precariedad y falta de recursos, exigen que se tomen medidas más amplias y que se consideren a las mujeres en situación de prostitución y de trata población vulnerable para que puedan beneficiarse de las políticas públicas de apoyo económico y poder acceder a los diversos sistemas de servicios sociales o Institutos de la mujer. Esta petición se extiende a la necesidad de apoyo psico-social urgente, puesto que en la mayoría de los casos se trata de personas que carecen de redes sociales o familiares, confinadas en prostíbulos o pisos, lo que añade estrés y ansiedad a una situación de por sí ya difícil. 
Fuentes del Ministerio de Igualdad contactadas por este diario, han afirmado que no hacen declaraciones sobre las medidas a adoptar y que todas las decisiones y anuncios se llevan a cabo desde el gabinete de crisis del Gobierno en torno a la emergencia del coronavirus. 

“El tiempo en casa es de cuidados”, Inmujeres publica folleto para sana convivencia durante contingencia


Ciudad de México. Como parte de las acciones de gobierno por el inicio de la Fase 2 de contingencia por el COVID-19, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) –encargada de coordinar la política pública en materia de igualdad– publicó tres folletos con “recomendaciones para la sana convivencia y para reflexionar sobre el trabajo doméstico y de cuidados en los hogares”. 
Los tres folletos que presentó en versión digital el Inmujeres este 24 de marzo de 2020 tienen el objetivo de “romper con los estereotipos que propician que las mujeres y las niñas sean las únicas que tienen las capacidades para dedicarse a estas labores mientras los hombres y los niños son quienes los reciben”.
Los documentos llevan por nombre  El tiempo en casa es tiempo de cuidados; Cinco mensajes clave para cuidarnos; y COVID-19 y su impacto en números desde la perspectiva de género. Éste último presenta datos de 2019 acerca del personal profesionista dedicado a cuidados de la salud en México, la situación de las personas que se dedican al trabajo del hogar remunerado, y la carga de trabajo de cuidados no remunerados que asumen las mujeres en los hogares mexicanos.
La dependencia informó que 79 por ciento de las 472 mil 781 personas que se dedican a la enfermería con un grado técnico o especializado en todo el país, son mujeres; asimismo, 95 por ciento de las 359 mil 783 personas que realizan trabajo de cuidado de niñas, niños, personas con discapacidad y adultas mayores, son mujeres. 
Otros datos dados a conocer por la propia dependencia son que nueve de cada diez personas que hacen trabajo del hogar remunerado son mujeres, 75 por ciento de las cuales no cuenta con ningún tipo de prestaciones; y el trabajo de limpieza que se realiza en establecimientos concentra a un millón 46 mil 88 personas, de las cuales 61 por ciento son mujeres.
 A esto se suma que 63 por ciento de las mujeres ocupan su tiempo al cuidado de integrantes del hogar de 0 a 14 años; solamente en las actividades de llevar, recoger o esperar a que reciban atención de salud y de “estar al pendiente” mientras hacía otra cosa el porcentaje es del 51 por ciento; y 5 por ciento de las mujeres también se ocupan al cuidado de integrantes del hogar de 60 y más años, en cuidados pasivos el porcentaje es de 5.3 por ciento.
El Inmujeres es la entidad del gobierno federal que coordina el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad sustantiva y coadyuva con la erradicación de la violencia contra las mujeres. Hasta ahora, todas sus acciones para abordar la contingencia del COVID-19 están dirigidas a las sociedad, ninguna a otra dependencia de gobierno, y son recomendaciones. 

Plan de atención y mitigación carece de perspectiva de género

En días pasados, varios organismos internacionales alertaron (con base en la experiencia de otros países e información sobre la desigualdad de género que prevalece en el mundo) que la actual contingencia sanitaria traerá mayor carga de trabajo de cuidados y limpieza, mayor riesgo de perder el ingreso o el empleo, aumento de la violencia en los hogares y mayor pobreza para las mujeres.
Por esto, los organismos urgieron a los países a tomar medidas y a integrar la perspectiva de género en sus planes de mitigación, tales como que quienes tengan a cargo el cuidado de otras personas puedan contar con políticas flexibles para atenderles sin afectar su estabilidad en el empleo o sus prestaciones laborales; y que, en caso de que se decrete una cuarentena generalizada, se generen planes de contingencia para que las labores que realizan las mujeres a cargo el cuidado de otras personas puedan ser subsumidos por otras personas sin que esto afecte su ingreso o sus derechos laborales.
Aunque el pasado 20 de marzo, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró a pregunta expresa de Cimacnoticias que el plan sí incluye acciones con perspectiva de género, hasta este día, el gobierno federal no ha informado sobre ninguna acción específica dentro del plan de atención para los grupos vulnerables ante el COVID-19 que tenga como objetivo evitar los impactos negativos en las mujeres. 
Durante las más recientes dos conferencias matutinas (24 y 25 de marzo de 2020), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a las familias a asumir principalmente los cuidados de las personas adultas mayores o las que resulten contagiadas y, reiteró, con las hijas mujeres “tenemos un seguro” de cuidados, pues –dijo– los hombres podemos ser más “desprendidos”.
Si bien cada una de las dependencias federales tiene responsabilidades establecidas en la ley para erradicar la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres, hasta ahora sólo el INMUJERES ha informado sobre los impactos negativos del COVID-19 en la vida de las mujeres. 

Medidas contra COVID-19 podrían causar efecto desproporcionado en mujeres


Ciudad de México. El Comite de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), advirtió que muchas de las medidas que se están tomando para mitigar las consecuencias del COVID-19 pueden tener un efecto desproporcionado para mujeres y niñas, y que en algunos casos, puede exacerbar la violencia en su contra, por lo que recomendó tomar medidas necesarias en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y niñas durante la crisis.
El llamado abarca los tres temas de la prevención de la violencia, el trabajo del cuidado, y el acceso a la salud. Relacionado al primero, las expertras destacaron que “un porcentaje muy alto de las mujeres y niñas en la región son violentadas por sus parejas, sus familiares o por las personas con las que conviven cotidianamente. En este sentido, el aislamiento forzoso que conllevan las cuarentenas enfrenta a las mujeres a un riesgo muy alto de que se extreme la violencia en su contra al convivir tiempo completo con sus victimarios.”
Las acciones promovidas son el establecimiento de albergues y refugios; campañas de publicidad para dar a conocer los medios a través de los cuales las mujeres pueden denunciar, tomando en cuenta establecimientos a los que sí se puede acceder en caso de cuarentena, como supermercados y farmacias; crear “células de reacción inmediata” para atender eficazmente las denuncias y los casos de violencia de género; fortalecer las medidas de protección; mantener activas las medidas para prevenir, atender, juzgar y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas; así como evitar la venta de alcohol, drogas, armas  y cualquier otro detonante de la violencia de género durante los periodos de aislamiento.
En México, el Inmujeres publicó “recomendaciones para la sana convivencia durante la fase 2 del Covid-19” y el número de emergencia para mujeres violentadas, sin embargo, ésta no opera las 24h, y mujeres en situación de violencia deben llamar al 911. Hasta el momento, no se han distribuido materiales en supermercados y farmacias. Siguen abiertos los casos penales y se emiten medidas de protección, pero se han reducido los horarios de atención en los tribunales.
Relacionado a los trabajos del cuidado, las expertas del MESECVI hicieron hincapié en que las mujeres son las que “generalmente están a cargo de las labores domésticas y del cuidado de las niñas y los niños, de las personas adultas mayores, de las personas enfermas, y de las personas con alguna discapacidad.”
Por eso, pidieron a los gobiernos facilitar al personal femenino de sectores necesarios, como clínicas, hospitales, farmacias, o supermercados, el acceso de manera digna y segura al cuidado de las personas bajo su cargo y que se establezcan medidas para el cuidado de las personas que se encuentren a cargo de las personas infectadas por el COVID-19; políticas dentro de las empresas, instituciones y organizaciones para que las mujeres y los hombres puedan hacerse cargo de sus hijas e hijos a partir del cierre de escuelas sin que esto les afecte ninguna de sus prestaciones o derechos laborales.
Además, se recomendaron “políticas flexibles” para que las medidas sanitarias no afecten la estabilidad en el empleo de las personas que están a cargo del cuidado de otras personas; y que se asegure el cuidado de las personas que no han podido ser atendidas por quienes están a su cargo por la imposición de restricciones a la movilidad.
En México, el plan de atención a la población más vulnerable frente al COVID-19 que anunció el presidente por el inicio de la Fase 2, no consideró acciones para mitigar el impacto desigual que éste tendría en la vida de las mujeres. De acuerdo con datos del Inmujeres, 63.7 por ciento de las mexicanas ocupan su tiempo al cuidado de integrantes del hogar de 0 a 14 años, el 5.6 por ciento cuida a personas de 60 y más años, y 9.8 por ciento realiza cuidados de integrantes del hogar por enfermedad crónica, temporal o discapacidad.
En el tercer eje, la salud, las expertas del MESECVI recordaron que “las mujeres y las niñas tienen menos acceso a prestaciones de seguridad social y a condiciones de vida digna por la discriminación estructural a la que se encuentran sujetas en los centros de trabajo, por el trabajo que realizan en la informalidad y por el tipo de actividades históricamente designadas a las mujeres.”
Habría otras mujeres que no pueden acceder a la salud por su condición de discapacidad, migrantes, refugiadas, adultas mayores, o por pertenecer a grupos históricamente discriminados, destacaron. Por lo tanto, sería necesario que las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios de salud “sin importar las condiciones laborales, estatus migratorio o cualquier otra categoría.”
El Comité también recomendó a los gobiernos generar “esquemas de pagos únicos por causa de fuerza mayor” en las instituciones, organizaciones y empresas, “que no formen parte del salario cotidiano”, para que las familias puedan enfrentar el aislamiento sin que se vean afectados sus derechos mínimos a la alimentación, a la salud y a la vida digna.
El Inmujeres informó el 24 de marzo que 472 millones 781 mil personas se dedican a la enfermería con un grado técnico o especializado en todo el país, de las cuales el 79.1 por ciento son mujeres. Las personas trabajadoras en el cuidado de otros que incluye a niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores, suman 359 millones 783 mil, de las cuales 95.7 por ciento son mujeres, lo que las coloca “en un mayor riesgo de exposición al contagio comparadas con los hombres”, concluyó la institución.

Segob “exhorta” a estados a atender a infancia, y mujeres víctimas de violencia

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Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación (Segob) “exhortó” a los gobiernos de las entidades federativas a mantener abiertos los servicios de atención a niñas, niños y adolescentes, así como a mujeres víctimas de violencias en el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia.
La titular de la Segob hizo este llamado como parte de los acuerdos tomados en la tercera reunión de estrategias contra la violencia de género que llevó a cabo este 25 de marzo con distintas dependencias. Esta reunión fue en seguimiento de la que se llevó a cabo el 21 de febrero, cuando estallaron en todo el país múltiples protestas por la falta de estrategias para la erradicación del feminicidio en México.  
De acuerdo con un comunicado difundido la tarde de ayer por la Segob, en la tercera reunión se abordó el tema de la implementación de las medidas con perspectiva de género que el Gobierno de México adoptará en la presente fase 2 de la contingencia por COVID-19, con el fin de prevenir las violencias contra las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y la infancia en el marco del confinamiento en los hogares.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala que la Secretaría de Gobernación es responsable de diseñar la política integral con perspectiva de género para promover la cultura del respeto a los Derechos Humanos de las mujeres; formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, locales, de la Ciudad de México y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; y diseñar, con una visión transversal, la política integral orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres. 
Asimismo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, establece que corresponde al Gobierno Federal conducir, elaborar y aplicar la política nacional, y sus instrumentos, en materia de igualdad entre mujeres y hombres; coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género, así como garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas.
El llamado de Segob a los gobiernos dos días después de haberse declarado la Fase 2 de la contingencia, revela que, contrario a lo que declaró el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, a pregunta expresa de esta agencia de noticias el pasado 20 de marzo, el plan de atención en el que trabaja el Consejo General de Salubridad por el Covid-19 no tenía perspectiva de género.
Cimacnoticias ha buscado desde el pasado 20 de marzo entrevistas con distintas dependencias, entre ellas la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Conavim y la SRE para detallar este plan, pero hasta ahora no ha habido respuesta favorable. 
En la reunión de ayer no estuvo presente ninguna Secretaria o Secretario federal; participaron la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Diana Álvarez Maury; del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann; de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos; de la Dirección de Protección Integral para las Mujeres de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, Alicia Leal Puerta; del Consejo Nacional de Población, Gabriela Rodríguez; del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Mónica Maccise Duayhe; de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Serena Chew; de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Paulina Téllez Martínez; y de manera virtual la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna.
También estuvieron de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Mara Gómez Pérez; del Instituto Nacional de Desarrollo Social, Luz Rosales; de la Secretaría de Salud, Karla Berdichevsky Feldman; del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Rocío García Pérez; del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio Mújica, y de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, Omar Cervantes Rodríguez.