4/09/2022

Programa Tiempo de Mujeres CFRU sabado 9 de abril 2022

Desde cfru 93.3 fm la Radio de la Universidad de Guelph
en Ontario, Canadá
escúchalo cada sábado en 

MUJERES POR LA DEMOCRACIA
Bienvenida al programa de hoy

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Colaboración de la Psicóloga
Guadalupe Magallón
Tema de hoy
Salud Mental
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Este 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y en De la X a la Y conversamos sobre los derechos laborales de las 2.2 millones de mujeres empleadas en este sector en México con Ana Laura Huerta Martínez, integrante de Nosotrxs y coordinadora de la Casa de Trabajadoras del Hogar.
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Cuando acordó Victorina ya iba encaramada sobre un tubo de llanta cruzando las aguas del río Bravo. Los gritos de los otros migrantes la volvieron en sí. ¿Qué hora era? Tal vez la 1 o 2 de la madrugada, cómo saberlo si el cielo estaba emponchado, tal vez estaban redondeando las 3, la hora en que cantan los gallos en su natal Honduras. Ni el frío de la época ni el agua a punto de congelación le aturdieron tanto los sentidos como la conmoción de ver a tantas familias aterradas, sin saber nadar, intentando cruzar el río. Vio a muchas que llevaban como salvavidas bolsas plásticas infladas porque no alcanzaron tubo de llanta. Jamás había visto tantos niños en un río, ni siquiera en el río Choluteca que es inmenso.

Oriunda de El Tulito, Choluteca, Honduras, Victorina se fue con una de las caravanas de migrantes que salió huyendo del hambre y la violencia del gobierno, violencia que repitió la policía guatemalteca que los acorraló a pocos kilómetros de la Basílica de Esquipulas, en los días de la celebración del Cristo Negro. Los cazaron como criminales, como si les fueran a quitar algo con pisar el suelo guatemalteco en su camino hacia Estados Unidos, ¿es que no eran entonces esos cinco dedos formando una mano como reza el himno a Centroamérica?, ¿no eran los guatemaltecos sus hermanos como les habían enseñado en la escuela de primaria? Pero si hasta eran parecidos físicamente, ¿por qué los trataban así? ¿No hambre hay en Honduras y hambre hay en Guatemala? Si los guatemaltecos también migran de la misma forma y piden respeto en México, se preguntó Victorina muchas veces encolerizada, corriendo para tratar de escapar de los garrotazos de los policías que amenazaban con dispararles sino se detenían.


Irantzu Varela

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Todos los Sábados de 6 a 9 de la noche
(tiempo del Este)

“En Chimalhuacán no se puede denunciar”: feministas son reprimidas tras protestar por la agresión y desaparición de defensora

  

De acuerdo a la agrupación Nos Queremos Vivas Neza, en 2019 la hija de Martínez, una menor de 12 años, fue desaparecida por policías, y tres días después fue hallada con signos de drogas, golpes y agresión sexual. Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en 2009, afirmó en entrevista con Cimacnoticias que el ataque en contra de Irene Martínez y las manifestantes forma parte de una serie de hostigamientos y amenazas en contra de quien se atreve a denunciar las agresiones e irregularidades en los procesos de justicia en el Estado de México.

“En Chimalhuacán no se puede denunciar, aquí se le tiene que dar el perdón inmediatamente a quien sea. En este caso eran policías”, dice Buendía.

Por su parte, el colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos mencionó en un comunicado que “el contexto de esta represión son las acciones legítimas convocadas por las compañeras del movimiento feminista y familiares de víctimas de violencia feminicida, en la exigencia de verdad y justicia debido a la detención arbitraria de una compañera, quien además fue severamente golpeada”.

Inician carpeta de investigación contra algunas de las policías implicadas

Tras lo sucedido, el gobierno de Chimalhuacán aseguró que los elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Chimalhuacán —que son quienes detuvieron a Martínez— “actuaron frente a la ley”. También se hizo referencia al plantón realizado a las afueras de la fiscalía local y se mencionó que debido a “los hechos de vandalización cometidos por un grupo de 40 feministas” acudieron al lugar “elementos de la Policía Municipal y la Guardia Nacional para resguardar la integridad física de siete detenidos y todo el personal del Ministerio Público de Chimalhuacán”.

El domingo 3 de abril la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que inició una carpeta de investigación en contra de tres policías de tránsito, por “el delito de lesiones en agravio de una mujer”, e indicó que fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl. Sin embargo, Irinea Buendía  y colectivos feministas, denuncian la participación de cinco policías, cuatro mujeres y un hombre al que nombraban como “El Comandante”.

“Según ellos, ‘actuaron conforme a la ley’ y mencionan que había 40 mujeres feministas, cuando no eran ni 20 […]. Así hubieran estado 100 o 200 feministas el gobierno no debe actuar de esa manera cuando se está pidiendo que hagan su trabajo”, dijo en un pronunciamiento Nos Queremos Vivas Neza.

Detención arbitraria y con agresiones

De acuerdo con los colectivos mencionados, el viernes 1 de abril aproximadamente a las 20:30 de la noche, Irene Martínez fue detenida por policías de tránsito que se trasladaban en las patrullas con placas TM915 y TM820. La activista viajaba de regreso a su casa en compañía de su primo cuando fue interceptada por un operativo a la altura de la avenida Peñón.

“(Su primo) la iba a llevar en la moto a comprar cosas para la fiesta de su hija, entonces la detienen con el pretexto de que iba en sentido contrario”, menciona Buendía. Martínez alcanzó a grabar la detención y pudo enviarle su ubicación a su hija, quien dio aviso a otras activistas y familiares de víctimas de feminicidio. Entre ellas estaban Irinea Buendía, Lidia Florencio e integrantes de la organización “Justicia para Diana”, surgida a raíz del feminicidio de Diana Velázquez Florencio el 2 de julio de 2017 en Chimalhuacán. 

Según Buendía, durante varias horas la buscaron en distintos centros de justicia del Estado de México. Al principio los propios elementos municipales negaron la detención y aseguraron que no se encontraba dentro de las comandancias; no obstante, en una entrevista para Milenio, Lidia Florencio comentó que debido a la presión que ejercieron, las autoridades aceptaron que estaba a su disposición.

Desalojo de la protesta

Una vez libre, el 2 de abril por la mañana Irene Martínez se trasladó a las instalaciones de la Fiscalía de Chimalhuacán para iniciar una denuncia por agresiones y uso excesivo de la fuerza en contra de cuatro policías mujeres y un varón. Cuando por fin la vieron, la mujer estaba herida: sin dos dientes debido a los golpes que recibió, con marcas de estrangulamiento, arañazos en el rostro y una de sus manos muy hinchada. Buendía, quien tuvo la oportunidad de platicar con Martínez, refiere que los policías también la torturaron sexualmente.

Las activistas y mujeres decidieron quedarse protestando a las afueras de las instalaciones para acompañarla en su proceso. Una vez dentro, el personal de la fiscalía “empezó a decirle que tenía que decir todo de modo que cuadrara con lo que los policías dijeran”, de acuerdo con Buendía. Martínez se negó. Finalmente fue valorada por médicos legistas. Mientras tanto, los elementos de tránsito que la detuvieron y agredieron fueron vistos saliendo de la fiscalía con ropa de civil, según feministas que se encontraban en el lugar.

A la 1:30 de la madrugada del domingo llegó Dilcya García Espinoza de los Monteros, fiscal para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, luego de que las activistas se pusieron en contacto con ella. Tras conversar un par de minutos sobre las razones por las que se encontraban en el plantón y sobre la liberación de los elementos de tránsito acusados de agredir a Martínez, comenzaron a llegar decenas de policías, algunos vestidos con uniforme y otros vestidos de civil, para desalojarlas.

“Se veía que eran policías por la forma como actúan, por cómo estaban, nada más nos grababan. De la propia fiscalía salía un sujeto y hablaba con los de la izquierda y salía otro y hablaba con los de la derecha”, dice la madre de Mariana Lima Buendía. También afirmó que vio cómo Dilcya García fue retirada por sus escoltas al mismo tiempo que esto sucedía.

En una transmisión que la colectiva “Justicia para Diana” hizo a través de redes sociales, las manifestantes denunciaron que les lanzaron gas lacrimógeno, las golpearon y las despojaron de sus celulares. En imágenes se observa a una de las manifestantes sangrando por un golpe que recibió durante el desalojo.

“Para nosotros fue mucho tiempo, no sabemos cuánto y, finalmente, estaban atrás de mí varias chicas, no conté cuántas. Yo vi que corrían por todos lados. Nosotros no éramos delincuentes, nosotros estábamos en una lucha pacífica pidiendo simplemente ‘El Comandante’ y a la policía que falta para que los detuvieran porque no tenían por qué tener privilegios”.

Por su parte, Lidia Florencio en entrevista para Milenio afirma que el modus operandi que se utilizó en la desaparición y lesiones de Irene Martínez es similar al que se usó en 2019 con la propia hija de Martínez, cuando fue agredida sexualmente: “De hecho esto ya tiene años atrás porque en 2019 municipales le desaparecieron por tres días. Ellos la violaron, la abandonaron en un lugar y la mamá tuvo que rescatar a la niña. Entonces ha sido un constante acoso por parte de estos elementos”.

Actualmente, Chimalhuacán ocupa el lugar número 12 en la lista de los 100 municipios con más presuntos delitos de feminicidio cometidos entre enero y febrero de 2022, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Desde 2015, se convirtió en uno de los primeros municipios de México en tener una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por el alto número de casos de feminicidio; en 2019, esta demarcación también fue elegida para formar parte de los municipios con una segunda AVGM por desaparición de mujeres.  Con 24 mil 367 registros, el Estado de México es la entidad con más mujeres desaparecidas y no localizadas en el país; de ellas, 146 son de Chimalhuacán.

Transformismo patriarcal

 AUTORA

Los sofisticados mecanismos que usa el patriarcado para pervertir y desactivar nuestras luchas de liberación son asombrosos y sofisticadísimos.

Cuando las mujeres conseguimos romper una barrera y pensamos que ya ese espacio está conquistado, constatamos atónitas que inmediatamente, dos pasos más allá, han montado otra artimaña para embarrar el camino y/o desviarnos de él.

El proceso es este: 1) Nosotras planteamos una exigencia. 2) Se oponen frontalmente. 3) Nuestra lucha los desborda y sus posiciones ultramontanas se hacen insostenibles. 4) Entonces, aceptan (eso dicen). 5) Acto seguido, idean señuelos y engaños y erigen nuevos muros…

Nos pasó, por ejemplo, en los setenta-ochenta. Hartas de que, negando y deslegitimando el placer y el deseo femeninos, se nos impusieran férreos corsés de recato y castidad; indignadas por el doble rasero -uno para hombres y otro para mujeres-, luchamos por nuestra liberación sexual. Al final, pareció que lo habíamos logrado… para, inmediatamente, encontrarnos con que se adulteraba el contenido: sí, ya no teníamos que ser puras y vírgenes, pero nuestra libertad consistía en estar siempre disponibles ante las demandas masculinas. O sea, si uno decía “Vamos a follar”, no podíamos oponernos so pena de ser atacadas por mojigatas y ñoñas…

¿Conseguimos progresar? Sin duda, pero ¿existe igualdad en el terreno de la sexualidad? Ni hablar. Ahora nos cargan con una doble y contradictoria exigencia: complacer los deseos viriles, pero, ojo, sin ser excesivamente “libres” (así, ante una agresión, inquieren: ¿íbamos provocando? ¿pasadas de copas? ¿qué hacíamos a ciertas horas en ciertos sitios? ¿no seremos unas putonas?). Estos mandatos tienen tal potencia y están tan interiorizados, que muchas chicas jóvenes continúan sintiéndose culpables de los ataques que sufren y, al tiempo, continúan consintiendo que los hombres marquen los ritmos y los modos en los encuentros sexuales.

Pero, con todo, el empuje feminista de los últimos años ha logrado conquistas importantes. Así, por ejemplo, el derecho a la palabra en el espacio público. Cada vez más mujeres ocupan tribunas y cátedras, publican artículos denunciando injusticias, pidiendo igualdad, difundiendo rebelión y pensamiento feminista; usamos las redes sociales para amplificar nuestros mensajes, organizamos manifestaciones multitudinarias… De modo que obligamos a la prensa, las emisoras de radio, las cadenas de TV a hacerse eco de nuestras demandas.

El patriarcado entró en pánico. Pero ¿podía prohibir abierta y directamente? No. No en una democracia.

¿Entonces? Plan B (mucho más astuto y peligroso): darnos el cambiazo desviando nuestras luchas de sus objetivos y pervirtiendo su contenido.

Y ¿cómo? Pues empleando probadas tácticas y estrategias de difusión de ideología neoliberal, tanto las más clásicas como las más punteras y recién salidas de los gabinetes de los spins doctors: adulteración y perversión del lenguaje, la famosa ventana de Overton, ocultación de lo que no conviene que se sepa, propaganda masiva y mensajes manipulados, etc.

Todas esas artimañas se cimentaron hábilmente en el punto ciego de nuestra “psicología” de mujer, en esos “valores” que nos inculcan y que interiorizamos desde la cuna: el ser para otros, la convicción de que hemos de dar prioridad a las necesidades ajenas…

Estos son los mantras: 1) En el feminismo cabemos todas y todos (el Ministerio de Igualdad llega a decir que en España hay 47 millones de feminismos, incluyendo, pues, los “feminismos” de Abascal, el de los violadores, maltratadores y asesinos). 2) La prioridad del feminismo coincide –¡oh maravilla!- con la “esencia femenina”: cuidar a quienes más lo necesitan (y cualquiera lo necesita más que nosotras, claro). 3) Crear, prácticamente de la nada, un grupo al que definen como superdiscriminado, supersufriente, supernecesitado y sobre el que focalizan la atención mediática.

¿Qué consiguen?

1) Privarnos de voz. Así, por ejemplo, las feministas que publicábamos con regularidad en los periódicos fuimos barridas. Ahora, la prensa prácticamente solo recoge aquellos hechos que, por ser extremadamente violentos, no puede obviar.

2) Como ya no se habla de ellas, nuestras carencias e injusticias quedan oscurecidas, olvidadas, relegadas.

3) convencer a muchas mujeres de que la lucha prioritaria no es contra la violencia que tantas sufren sino contra la que sufren los trans; que el horror no es la prostitución, el paro, la pobreza femeninas sino la prostitución, el paro, la pobreza trans; que nuestros problemas con la sanidad (enfermedades mal diagnosticadas, procedimientos agresivos en los partos, nula atención a las depresiones y problemas mentales de las mujeres, etc.) son peccata minuta comparadas con la lista de espera que tienen los trans para operarse; que lo urgente y absolutamente necesario no es implantar la coeducación sino, por el contrario, enseñar que quien no se ajusta a los estereotipos de género que corresponden al sexo que le “asignaron” al nacer no debe luchar contra esos corsés sino transitar al otro sexo (así, con total frivolidad, como si la realidad biológica no existiera…) y etc. etc.

3) Desactivar los movimientos colectivos y predicar que lo que importa son los deseos individuales. Esos deseos narcisistas y ególatras han de satisfacerse sin cuestionamiento alguno, por supuesto.

4) Aprovechando que la gente joven aún no está formada, hacer campaña de desprestigio de las feministas, presentándolas como brujas maléficas y anticuadas.

Y los misóginos, encantados de que nos den “pal pelo”, colaboran con entusiasmo porque, además, a ellos no les molesta que haya tipos que se cuelen en espacios de mujeres, que nos roben las medallas deportivas, que, en la práctica, dinamiten las leyes que nos protegen; ni les molesta que, al no haber estadísticas por sexo, nuestra desigualdad quede ocultada. Nada de eso les inmuta. Ellos lo que no soportan de ninguna manera es quedarse sin mujeres de las “de toda la vida”: cuidadoras de casa e hijos y mujeres prostituidas a las que humillar impunemente… ¿Y quién les dificulta la perpetuación de esos privilegios? No los transactivistas sino las feministas.

Está claro ¿verdad?

Duro panorama tenemos… Pero ¿nos damos por vencidas? Ni hablar. Ni hablar. Ni hablar.

“mujer” es una identidad de género de sexo masculino (Según el Censo 2022 – Argentina)

 AUTORA

El pasado 16 de marzo comenzó en Argentina el Censo Nacional 2022, que concluirá el día 18 de mayo. La categoría de análisis “mujer” –que le permitirá al Estado recabar información a efectos de planificar e implementar políticas públicas de protección y promoción en lo concerniente a las mujeres–, ocupa dos items: “el sexo registrado al nacer” y “la identidad de género”. Ambos ítems incluyen en la categoría “mujer” tres o más sexos/géneros. Revisemos rápidamente la estrategia censal argentina para las mujeres.

En lo concerniente al sexo registrado al nacer, el formulacio censal contiene tres opciones: mujer/femenino, varón/masculino, X-ninguna de las anteriores. Recordemos que en Argentina rige desde 2012 la Ley de Identidad de Género por la cual el sexo registrado al nacer depende del género sentido en el transcurso de la vida, conforme con el cual es posible rectificar a voluntad la partida de nacimiento, cuya primera versión se reserva en carácter confidencial. En este punto entonces, el Censo puede registrar como mujeres a varones o personas sin sexo, o registrar como varones o personas X a mujeres.

En lo concerniente a la identidad de género, la disposición censal ofrece a las mujeres dos opciones. A saber: las mujeres registradas mujeres que se sienten mujeres, y los varones registrados varones/mujeres que se sienten mujeres. Respecto de la primera opción, el Censo especifica que la “identidad de género mujer” significa la “persona que, al nacer, fue registrada como mujer y  en la actualidad se autopercibe como mujer”. Por el contrario, la opción de género “mujer-trans/travesti” aplica a la “persona que, al nacer, fue registrada como varón y en la actualidad se autopercibe como mujer trans o travesti (independientemente de que haya realizado o no la rectificación de su DNI o alguna intervención sobre su cuerpo)”. Esto deja el potencial resultado de mujeres-mujeres, varones-mujeres y varones-trasvesti-mujeres. Aunque también habrá muchas mujeres que no se identifiquen con su estereotipo de “género” y se sentirán entonces entonces mujeres-varones, mujeres-X, mujeres-otra identidad.

Tamaña cientificidad, exactitud y objetividad estadística nos permite extraer algunas conclusiones. A saber:

Primero, en Argentina la definición de mujer en tanto que “persona de sexo femenino” ha sido eliminada a favor de una definición que incluye, por lo menos, tres sexos. “Mujer” es así la persona de sexo femenino y/o masculino.

Segundo, dado que existen mujeres de sexo femenino y/o de sexo masculino, el común denominador de ambas reside en los estereotipos sexistas de “género” asumidos a título identitario. ¿A cuáles estereotipos en concreto se refiere la identidad de género? ¿A los del sexo femenino o a los del sexo masculino, incluyendo en ambos sexos a varones y mujeres? ¿Será entonces que fregar y llorar tienen género?

Tercero, el vaciamiento de sentido de la categoría jurídica “mujer”, capaz de designar a dos o más sexos, exige que las mujeres-mujeres sean nombradas a partir de alguna funcionalidad social tal como “gestantes”, “menstruantes”, “progenitor 1” o “cis-hetero-generizadas”. El resto de los cuerpos serán designados en cambio a partir de la funcionalidad eyaculante o pene-portante, que también incluirá tantos sexos como el poder de la mente sea capaz de percibir.

Sin lugar a dudas, la estrategia censal argentina se ha tomado muy en serio la diseminación, fragmentación y polisemia de los relatos posmodernos y sus construcciones socio-discursivas. Se ha tomado igualmente en serio también la meta-narrativa de Yogyakarta –también de inspiración posmo-surrealista– y sus buenos deseos subjetivos interpretados como derechos humanos universales y objetivos. El panfleto de Yogyakarta autopercibe y autodeclara que sus principios son legalmente obligatorios y vinculantes para los Estados. A fin de posicionarse como vinculantes, el relato yogyakarteño debe instalar que la “identidad de género” es una condición universal y por lo tanto, un derecho humano. Sólo a condición de que la identidad de género sea una realidad humana universal, podrían instituirse tales principios como guardianes de la misma y hacer pasar las autopercepciones y deseos privados por derechos humanos. Tal es el objetivo de Yogyakarta que el formulario censal de Argentina pone de manifiesto.

la estrategia censal argentina se ha tomado muy en serio la diseminación, fragmentación y polisemia de los relatos posmodernos y sus construcciones socio-discursivas.

La propia definición de “identidad de género” introducida por dicho manifiesto aplica universalmente para toda persona bajo el doble supuesto de que el sexo sea “asignado” de manera arbitraria, extrínseca y violenta por la cultura hegemónica y que, por lo tanto, se exija la validación subjetiva del “sexo” que íntima y auténticamente siente cada uno. Esta autentificación subjetiva del sexo arbitrariamente asignado es lo que se llama “identidad de género” e incluye a un mismo nivel generista “la vivencia personal del cuerpo” y “otras expresiones de género tales como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”. Vale decir, la vivencia corporal expresa el género cultural a un mismo nivel socio-discursiva que la ropa y los buenos modales. Pasado en limpio, la experiencia y conciencia inmediata del propio cuerpo sexuado –la misma que experimenta cualquier mamífero, razone o no, hable o no– es reducible a una construcción cultural que se instala en los sujetos desde afuera. Sólo bajo tales supuestos resulta  universalizable y “normalizable” la idea que todos podemos elegir libremente el cuerpo que experimentamos, al igual que elegimos la ropa o pose que nos calzamos.

A fin de instalar la idea de que todos tenemos una identidad de género, los ideólogos de Yogyakarta aplican una serie de falacias bien disimuladas. La principal falacia es el recurso al equívoco a través del cual hacen pasar por lo mismo dos cosas completamente distintas e incompatibles. En concreto, hacen pasar por “identidad de género: mujer” la identidad sexual de las mujeres basada en su cuerpo sexuado y afectivo, y las fantasías y/o alucinaciones de los varones basadas en su poder mental. Ambos fenómenos serían igualmente reducibles al “género” socio-discursivo, sexista y discriminatorio. Se trata en verdad de dos realidades incomparables e irreconciliables. Una mujer que se reconoce mujer afirma ser consciente y autoconsciente de su unidad bio-psico-social y espiritual como persona humana de sexo femenino, en virtud de cuya libertad son rechazados y trasformados los estereotipos sexistas “de género”. Por el contrario, un varón que se autopercibe y autodeclara mujer niega o desmiente la unidad bio-psíquica de su ser sexuado, disocia su mente de su cuerpo, interviene sobre éste último mediante extirpaciones de órganos o partes, hormonaciones cruzadas, bloqueo de desarrollos corporales espontáneos, etc., e imita una serie de atributos estereotipados y sexistas “de género”. En una palabra, el mantra yogyakarteño de la “identidad de género” nos vende, como por arte de magia, gato por libre. A la falacia de equívoco se suma la petición de principio de auto-invocar el meta-relato de Yogyakarta como tratado vinculante. Y la falacia ad hominen de lo fascista y transodiantes que son las Terfas, y lo muy afectadas y vulnerables que se encuentran las víctimas excluidas del imperio hetero-cis-normativo.

El formulario censal de Argentina-2022 asume la universalidad de la identidad de género bajo el equívoco de que la identidad sexual de las mujeres, y las fantasías y/o alucinaciones disociadas de los varones son igualmente reducibles a la hiper-entelequia del “género”. En mi condición de ciudadana argentina alcanzada por el Censo, me siento profundamente interpelada por el Estado en mi intimidad insondable e inescrutable. Dado que no uso tacones ni minifalda, cocino y barro poco, soy progenitorx 1 que he puesto mi apellido a mi hijo y lo mantengo con mi salario, me pregunto si auténticamente me siento “varón trans/masculinidad” o quizás “no-binaria” o mejor todavía “pangenérica”. Aunque en el fondo de todo me surge la duda de si no me sentiré tambien  un poco mujer-mujer, marcada por el destino inexorable de un género hetero-cis-normado. ¿O seré acaso gender-fluid?

El formulario censal de Argentina-2022 asume la universalidad de la identidad de género bajo el equívoco de que la identidad sexual de las mujeres, y las fantasías y/o alucinaciones disociadas de los varones son igualmente reducibles a la hiper-entelequia del “género”.

El pasado 17 de febrero, un grupo de mujeres, entre las cuales me incluyo, presentamos al Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina una acción administrativa pidiendo se eliminen las categorías “mujer” y “varón” de las “identidades de género”. Ante la falta de respuesta de dicho Organismo, el 3 de marzo radicamos una medida cautelar autónoma. Las razones esgrimidas son la violencia institucional, simbólica y psicológica ejercida contra las mujeres; la ininteligibilidad censal de la categoría de análisis “mujer”; y los estándares acientíficos e incontrastables de las percepciones subjetivas. La falta de una definición clara e inequívoca de la categoría mujer, hace imposible que el Estado recabe datos demográficos fidedignos en base a los cuales diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que tiendan a erradicar la desigualdad estructural entre varones –personas de sexo masculino– y mujeres –personas de sexo femenino–.

Hasta el momento, el Estado argentino ha ratificado su convicción de que las mujeres son una identidad de género y ha dilatado los plazos de la resolución judicial con el objetivo de volver abstracto el reclamo cautelar.  Así las cosas, entendemos es la CEDAW quien debará responder por el abuso de convertir a las mujeres en personas de sexo masculino y estereotipo sexista.

Sin seguridad social, trabajadoras del hogar no ejercen sus derechos reproductivos y de cuidado

  trabajadorasdelhogar_cesarmartinezCiudad de México.- La falta de seguridad social en 9 de cada 10 trabajadoras del hogar que hay en México propicia que ellas no ejerzan plenamente sus derechos reproductivos, como el acceso a la atención médica obstétrica de calidad, las licencias de maternidad, las estancias infantiles o las guarderías.

Al presentar este 29 de marzo el informe “Promesas sin cumplir: derechos reproductivos y laborales de las trabajadoras del hogar en México 2021” y la campaña “Son derechos no privilegios”, sindicalistas, expertas en derechos de las mujeres, así como funcionarias y funcionarios federales y de la Ciudad de México, reflexionaron sobre la importancia de abordar la aún persistente precarización laboral para las trabajadoras del hogar desde la perspectiva de los cuidados y de los derechos reproductivos.

La directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), Friné Salguero, explicó que el estudio que presentaron hoy pero elaboraron en 2021 señala que para diciembre de 2021 había únicamente 41 mil 373 trabajadoras del hogar incorporadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esto quiere decir que 9 de cada 10 trabajadoras no están afiliadas a la seguridad social y, por lo tanto, no pueden contar con descanso pagado por maternidad, licencias de maternidad, estancias infantiles o guarderías, explicó Salguero, lo que resulta preocupante al considerar que 86 por ciento de estas trabajadoras está en edad reproductivo, con un promedio de uno hasta cinco hijas e hijos cada uno. 

Por su parte, la coordinadora de investigación en el Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE), Verónica Esparza, explicó que si bien las trabajadoras del hogar organizadas han logrado en estos años importantes modificaciones al marco legal (como su reconocimiento en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la ratificación del Convenio 189 o la instauración del Programa Piloto para su incorporación al IMSS), el trabajo del hogar sigue siendo un trabajo poco valorado, mal remunerado y con importantes brechas de género y  discriminación. 

El hecho de que la cifra de trabajadoras afiliadas al IMSS sea tan reducido, dijo Esparza, representa barreras para el ejercicio de los derechos laborales y reproductivos, por ejemplo, las trabajadoras del hogar que no tienen seguridad social comúnmente acuden a servicios privados o a hospitales de beneficencia, los cuales se caracterizan por falta de infraestructura, recursos presupuestales, materiales y humanos necesarios para dar una atención de calidad y oportuna.

Infografía retomada del informe Al presentar este 29 de marzo el informe “Promesas sin cumplir: derechos reproductivos y laborales de las trabajadoras del hogar en México 2021”

Por falta de licencias, dijo la experta en derechos sexuales y reproductivos, es frecuente que las trabajadoras del hogar renuncien al empleo en las últimas semanas del embarazo, ya que las actividades que realizan podrían significar un riesgo para su salud o la del producto. 

Una de las secretarías generales del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (SINACTRAHO), Norma Palacios, dijo que en el día a día los avances en la ley, por ejemplo que se estableció una jornada máxima, descansos y prestaciones, no se observan en su realidad, ya que la mayoría no tiene un contrato firmado.

Palacios, quien desde el sindicato lleva a cabo programas de capacitación con otras trabajadoras, señaló que tras la pandemia por la COVID-19 se observó que en el caso de las trabajadoras que se emplean “de entrada por salida”, que son mayoría,  hubo una disminución de sus días laborales, por lo que el requisito del IMSS de ganar 5 mil 637 pesos para afiliarse impide que la mayoría acceda a la seguridad social.

“Si una compañera quiere ser mamá tiene que pensarlo dos veces porque sabe que al ser trabajadora del hogar probablemente va a ser despedida y no va a contar con todas las prestaciones que debería, el acceso a licencia de maternidad, servicios médicas, que tiene que pagar los servicios privados para dar a luz, y así nos vamos en cada caso también su quieren contar con el acceso a una guardería. Muchas de nuestras compañeras son trabajadoras del hogar adultas mayores, que también ahí hay que pensar el tema de cuidados”,relató la sindicalista y explicó que mientras no haya un mecanismo que haga la seguridad social para ellas obligatoria, los cambios serán muy lentos. 

Isidra Llanos, otra integrante de la secretaría colegiada del SINACTRAHO, explicó que ellas se dedican a cuidar a otras niñas y niños pero dejan el cuidado de sus hijas e hijos propios a cargo de otras de sus familiares, lo que no se traduce en una buena calidad de vida para ellas y sus familias.

También presentes en el evento, Ana Carolina Maldonado Pacheco, Directora para la Igualdad de las Mujeres y Hombres en la vida Económica del Instituto Nacional de las Mujeres, explicó que la perspectiva de los cuidados había sido una perspectiva ignorado en el tema del trabajo del hogar; sin embargo, es importante notar que, debido a las condiciones laborales de este sector, ellas toman decisiones de vida, reproductivas, en función del contexto de su empleo y no en condiciones de libertad. 

Nicole Jaimes, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, observó que al cruzar los derechos laborales con los reproductivos, este informe visibiliza la interdependencia de los derechos y, a su vez, la articulación de las diferentes discriminaciones y violencias que viven las trabajadoras del hogar.

De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Pedro Maldonado, dijo que su dependencia desarrolló una guía sobre seguridad y protección en el trabajo para trabajadoras del hogar pero que se adecúa a los hogares como centro de trabajo, así como un modelo de contrato individual para este sector. “Es mucho el trabajo que aún queda por hacer, pero es mucho el entusiasmo porque sabemos que las trabajadoras cuentan con las instituciones”, detalló. 

Gabriela Noemi Segura, subdirectora de promoción y capacitación del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reconoció que la garantía de que todas las mujeres tengan acceso a la seguridad social es una tarea que le toca a las instituciones del Estado, y que se debe trabajar mucho en la promoción y difusión de los derechos de las trabajadoras del hogar. 

De acuerdo con los hallazgos del informe, en entrevista a trabajadoras del hogar sin seguridad social, ninguna recibió apoyo económico para pagar las consultas durante su embarazo ni el parto. Ante el nacimiento de una hija o hijo, las y los empleadores no pagaron a las trabajadoras el tiempo que estuvieron inactivas. Además, un tercio de las trabajadoras son jefas de su propio hogar.

22/AJSE/

Organización duda de cifras oficiales sobre muertes violentas de mujeres en Morelos

  

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Así lo hicieron en un pronunciamiento que circula desde el 28 de marzo, dirigido al secretario de Gobernación a nivel federal, Adán Augusto López Hernández; al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rubén Jasso Díaz; y al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara.

En este documento, el Grupo se dijo indignado por las declaraciones realizadas el pasado 25 de marzo por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien declaró que “ocho municipios (morelenses) cuentan con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), y es probable que en Jiutepec y Huitzilac se retire debido a los resultados”.  El funcionario también dijo que, de ser necesario, se declararán más alertas

Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que “Morelos presenta una reducción de 45.7 por ciento en feminicidios, ya que la incidencia de este delito fue de 35 feminicidios de marzo de 2020 a febrero de 2021, mientras que sólo se registraron 19 entre marzo de 2021 y febrero de 2022”. 

Huitzilac, sin embargo, no es un municipio con AVGM. “Lo que demuestra no sólo su desconocimiento de los municipios morelenses declarados con AVGM por la propia Secretaría que encabeza (…) sino también el nulo análisis territorial de las violencias feminicidas y su relación con otros delitos”, expresó el Grupo al respecto de las declaraciones de López Hernández.

Sobre las cifras ofrecidas por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien dijo que “Morelos presenta una reducción”, el Grupo expresó que “existen claras deficiencias en la incorporación de una perspectiva de género al momento de determinar y clasificar que una muerte violenta de mujer sea feminicidio”, por lo que se negó a reconocer las cifras oficiales. 

El Grupo también observó que, de acuerdo con una revisión hemerográfica y con análisis propios sobre las formas o métodos empleados para el asesinato violento de mujeres y la disposición ulterior de sus cuerpos, para el año 2021 ocurrieron al menos: 96 muertes violentas de mujeres; de ellas, 47 fueron por arma de fuego, ocho por asfixia, ahogamiento y estrangulamiento, cuatro por arma blanca, siete por golpes, 26 se desconoce y cuatro por otros métodos, como pedradas y calcinamiento. 

Ante la discordancia en las cifras, el Grupo llamó a recordar que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia feminicida se entiende como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus Derechos Humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 

El Grupo precisó que Morelos no ha cumplido cabalmente con todas las medidas que se le mandataron en la AVGM que se declaró para esa entidad desde 2015; además, denunció el grupo, los municipios han sido, en la figura de sus presidencias, “incapaces de cumplir, generar acciones o destinar recursos propios por lo que difícilmente se logrará darles cumplimiento”. 

En su pronunciamiento, el Grupo también precisó que para este 2022, la secretaría de Gobierno de Morelos no tuvo la aprobación para recibir recursos de coadyuvancia a las AVGM, además de que persiste una carencia de indicadores para medir el impacto de las acciones realizadas.

En el documento, el Grupo precisó que las cifras de feminicidio, homicidios dolosos y otras formas de muertes violentas en Morelos indican, “de manera innegable”, la ausencia de acciones eficientes y eficaces por parte del poder ejecutivo en su calidad de ente preventivo y responsable de la política pública.

Este Grupo también señaló por su responsabilidad en estas muertes violentas a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio al no catalogar e investigar desde una puntual perspectiva de género, y al Tribunal Superior de Justicia porque las sentencias de los pocos casos judicializados se ralentiza o se minimiza, violentando los derechos a la reparación del daño y el derecho a la verdad, principalmente de las víctimas indirectas: madres, hijas e hijos, puntualizaron.

Por todo ello, el Grupo exhortó al gobierno mexicano a evitar una “narrativa superflua sobre la vida e integridad de las mujeres y más aún sobre la enorme cantidad de mujeres asesinadas de manera violenta en este México Feminicida”.

Asimismo, el Grupo convocó al gobierno de Morelos a generar “acciones urgentes” que consideren la participación y experiencia de las mujeres defensoras y organizaciones de la sociedad civil con experiencia en este tema para generar una hoja de ruta no simulada, pertinente, viable, alcanzable y medible que conduzca a la reducción en el corto plazo de las violencias feminicidas.

Por otro lado, el Grupo exigió a la Fiscalía General del Estado de Morelos y al Tribunal Superior de Justicia garanticen un acceso a la justicia y a la verdad de todos los feminicidios y homicidios dolosos expresados en muertes violentas de las mujeres en Morelos.

Vivir libres de violencia en la diferencia

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CIMACFoto: César Martínez López

Para todas mis maestras y colegas feministas

La violencia es un instrumento que se utiliza para intimidar, someter o imponer, eso lo conocemos muy bien las mujeres, a lo largo de nuestra historia lo hemos vivido en lo privado y en lo público, y algunas hemos sobrevivido a ella. Cada que aparece provoca graves estragos en nuestras vidas, pero cuando se usa para minar la presencia de las mujeres en el ámbito público sus impactos adquieren dimensiones destructivas para todas.

En medida que avanzamos en el mundo público la respuesta ha sido la violencia, llevamos siglos documentando el asesinato de mujeres que se atrevieron a alzar la voz para demandar nuestro lugar en el mundo. Las han decapitado, asesinado, encerrado en manicomios, encarcelado, exiliado. Declaradas como el mal, brujas y demonios, han llamado a las masas a linchar a las mujeres que se salen de la norma y que buscan ampliar libertades, defender derechos o generar debates teóricos.

El uso de la violencia ha generado que las mujeres nos repleguemos, tengamos miedo, nos callemos, por ello nos hemos tardado siglos en avanzar.

Cuando inició este milenio se dijo que sería la era de las mujeres, las razones fueron varias, entre ellas porque el feminismo había ganado un buen nombre, como lo recuerda Amelia Valcárcel, porque tenemos un marco jurídico que nos ha costado muchísimo construir para judicializar nuestros derechos y ser reconocidas humanas, como nos recuerda Alda Facio y Andrea Medina y aún así la justicia hay que arrancarla. Porque abrimos espacios académicos para estudiar, analizar y seguir avanzando a favor de la igualdad de las mujeres.

Porque cada paso que hemos avanzado las feministas ha servido incluso para aquellas que han trabajado en su contra. Y a cada paso que avanzamos la descalificación y la violencia se hace sentir como respuesta misógina hacia un movimiento que pese a todo se mantiene en el mundo.

La zozobra de lo que puede pasar cuando hay acciones organizadas para atacar posiciones feministas se va extendiendo como la humedad. Quienes atacan adoptan prácticas usadas por gobiernos represivos o grupos supremacistas, como el surgimiento de listas donde se colocan nombres, ¿con qué propósito? no se sabe a ciencia cierta, pero uno de ellos es intimidar a quienes aparezcan en ella.

En México esto ha sido usado una y otra vez para desmovilizar. Por ejemplo, en el gremio periodístico, cada tanto surge el rumor de la existencia de una lista de periodistas que serán asesinados, que serán censurados, perseguidos por ser críticos. En las dictaduras la lista de “los rojos” sirvió para generar miedo, pero también para venganzas; el movimiento Ku klux klan, tenía sus listas de quienes estaban en la búsqueda de la igualdad de la población negra.

Todas estas prácticas violentas se ejercen para intimidarnos, someternos, imponer una visión de mundo, acallarnos, eliminarnos de la contienda, destruirnos, porque así el patriarcado seguirá gozando de su lugar en el mundo.

Cada que se ataca a una lideresa, a mujeres reconocidas, las otras se sienten doblemente vulnerables y la respuesta a la brutalidad es echarse dos pasitos para atrás.

Las periodistas bajan el perfil, dejan “descansar los temas”, las políticas y dirigentas sociales incluso renuncian a sus aspiraciones, la violencia en el mundo digital hace que las mujeres se callen, cierren sus cuentas, desaparezcan del mundo virtual. Con ello, se imponen por la fuerza no por la razón.

Cuando vivimos violencia vemos debilitados nuestros poderes vitales como los ha denominado Marcela Lagarde, teórica feminista mexicana que dedica su saber a brindar herramientas, claves, para que las mujeres transitemos del sometimiento a la autonomía.

Cuando esa violencia se dirige hacia una postura feminista, hacia una organización o movimiento, el poder vital que se busca minar es la articulación, la movilización, el debate, lo que se quiere es la parálisis, el rechazo, el linchamiento.

Vivir libres de violencia para todas las mujeres no sólo es un derecho, es también una apuesta política, una forma de vida cotidiana, una práctica feminista para el disenso.

El feminismo nunca inició la guerra, jamás dio el manotazo, apuesta a la construcción de conocimiento, desarrolla argumentos, teorías, porque busca la reflexión, el pensamiento crítico, construir un cambio de paradigma donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.

22/LLH/LGL

Piden que se cancele concurso de belleza en Chimalhuacán

 

Ciudad de México.- Feministas de Chimalhuacán, uno de los municipios del Estado de México con más casos de violencia contra las mujeres, rechazaron la propuesta del Ayuntamiento para realizar un concurso de belleza y convocaron a una acción virtual este miércoles para exigir la cancelación del evento.

Con el lema “transformación con igualdad” al inicio, el gobierno de Chimalhuacán difundió un video en el que el director de turismo del Ayuntamiento, Jonathan Mercado Vargas, y una mujer joven a quien se le identifica como “Srita. Estado de México”, invitan a otras jóvenes a participar en el certamen de belleza. 

Los requisitos de este concurso es “ser mujer de nacimiento”, tener entre 18 y 27 años, vivir en Chimalhuacán, ser soltera y sin hijos, escolaridad mínima de bachillerato, estatura mínima de 1.55 metros y tener disponibilidad de tiempo. En los materiales para la difusión de este evento se lee que el Ayuntamiento de Chimalhuacán “te invita a vivir tu sueño”.

Tras la difusión de esta convocatoria, las feministas del municipio agrupadas en la colectiva “Rudas Chimalhuacán aborteras” convocaron este miércoles a iniciar una acción virtual en repudio del concurso de belleza a través de las redes sociales del Ayuntamiento. 

Las feministas señalaron que los certámenes de belleza son patriarcales, cosifican a las mujeres y “nos presentan al mundo como objetos de consumo cuyo fin último es competir con otras mujeres por ser ‘la más bella’”. 

Y destacaron que es incongruente haber instaurado el “Día Naranja” en el municipio para pronunciarse en contra de la violencia hacia las mujeres, para posteriormente convocar a un concurso de belleza. 

Las feministas también dijeron que la actual administración municipal — hoy dirigida por Morena— presume de dejar atrás los paradigmas con los que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó el municipio por 80 años, sin embargo, perpetúa la violencia simbólica hacia las mujeres por medio de su convocatoria para un concurso que representa intereses patriarcales, perjudiciales para las mujeres. 

También señalaron que “para las mujeres de Chimalhuacán vivir nuestro sueño sería salir a las calles sin miedo, volver a nuestras casas sin miedo, que dejen de matarnos, que dejen de violarnos, que dejen de golpearnos. Vivir nuestro sueño sería poder transitar las calles de nuestro municipio sin miedo, poder hacer activismo por las mujeres sin persecución política y policial. Para las mujeres de Chimalhuacán vivir nuestro sueño sería que los responsables de violentar, violar y asesinar mujeres paguen por sus crímenes, que los MP dejen de ser cómplices de los feminicidas”. 

“Las mujeres de Chimalhuacán no soñamos ser objetos, no soñamos competir con las otras, no soñamos que nuestra apariencia física está por encima de nuestras capacidades e intereses”, dijeron. 

También exigieron que se cancele Señorita Chimalhuacán y que ese presupuesto sea destinado a apoyar económicamente a las madres de mujeres víctimas de feminicidio, madres de mujeres desaparecidas, hijos e hijas de mujeres desaparecidas y asesinadas. 

Chimalhuacán ocupa el lugar número 12 en la lista de los 100 municipios con más presuntos delitos de feminicidio cometidos entre enero y febrero de 2022, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Desde 2015, se convirtió en uno de los primeros municipios de México en tener una AVGM por el alto número de casos de feminicidio; en 2019, esta demarcación también fue elegida para formar parte de los municipios con una segunda AVGM por desaparición de mujeres. 

Con 24 mil 367 registros, el Estado de México es la entidad con más mujeres desaparecidas y no localizadas en el país; de ellas, 146 son de Chimalhuacán. 

Futbol femenil en México, Una historia de opresión y resistencia

  

Ciudad de México.- Para el segundo Campeonato Mundial de Futbol Femenil, en 1971, las porterías del Estadio Azteca se pintaron de rosa y blanco. En la inauguración, el 15 de agosto, más de 80,000 personas presenciaron cómo las mexicanas se imponían a las argentinas por tres goles a uno. El juego de las mujeres había dejado las canchas pedregosas, sin gradas ni vestuarios, para tomar el mayor recinto futbolístico del país.

En ese año, los “partidos profesionales masculinos” rara vez reunían 20,000 asistentes en un estadio, consignan Brenda J. Elsey y Joshua H. Nadel en Futbolera (Ediciones UC, 2021).

Las jugadoras de la selección habían logrado un año antes en Italia el tercer lugar ante Inglaterra en la primera edición del campeonato, organizado por la Federación Internacional Europea de Futbol Femenil. Desde entonces, su presencia en la prensa era constante. Días antes de disputar la final ante Dinamarca, las mexicanas exigieron un pago por su trabajo; si no recibían del presidente del comité organizador, Jaime de Haro, dos millones de pesos, no acudirían al partido. Se calculaba que, por la venta de boletaje, concesiones de televisión y souvenirs, se habían obtenido no menos de nueve millones de pesos, escribe Maritza Carreño en su tesis Futbol femenil en México 1969-1971.

La excusa para no pagarles era su condición de amateurs. En lugar de dinero, les ofrecían regalos de hasta cinco mil pesos. Dos días antes del juego, tras una llamada del regente del Departamento del Distrito Federal, Octavio Sentíes, las jugadoras desistieron de su petición por el bien del “nombre de México”. El equipo nacional perdió con un marcador 3-0 ante 90,000 personas y el Ángel de Oro fue para las danesas.

En esta lucha pionera, el historiador del deporte Giovanni Pérez Uriarte advierte un vínculo con las demandas actuales de las futbolistas por tener salarios justos. “Fueron las primeras en emprender una batalla a favor de la profesionalización”, subraya. “Piden que les paguen, y eso era de avanzada. Implicaba reconocerlas como trabajadoras y que se les tratara en igualdad de condiciones respecto a los varones”.

La lucha pasó factura al futbol femenil. A partir de 1972, desapareció progresivamente de la prensa. Pero no dejó de jugarse. Aunque a las mujeres les resultaba difícil encontrar estadios, hubo muchas ligas, pero al igual que sucedió con los campeonatos mundiales, no tuvieron reconocimiento oficial.

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), que aún no incluía al futbol femenil en sus reglamentos, prohibió en 1971 a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) organizar torneos con jugadoras. “La FMF”, se asegura en Futbolera, “amenazó con multar a los clubes con 25,000 pesos si permitían que los equipos femeninos practicaran o jugaran en sus canchas”. Tuvieron que pasar veinte años para que se celebrara, en China, la primera Copa Mundial de Futbol Femenino de la FIFA, que ganó Estados Unidos.

“Es una historia de opresión”, reconoce Pérez Uriarte, “pero también de mucha resistencia, y de transgresión. En 1971 se sentaron las bases de una lucha que las futbolistas mantienen hasta el día de hoy”.

‘Nadie trabaja gratis’

En México, los sueldos de las futbolistas son un secreto bien guardado. Un tuit del periodista Vladimir García coronó a Katty Martínez, del América, como la jugadora mejor pagada de la liga femenil, con 130,000 pesos (6,500 dólares) mensuales.

El jugador más valioso de la Liga MX es Florian Thauvin, extremo derecho de Tigres, que según el portal Fichajes.com cobra un salario de 468,000 dólares mensuales.

La disparidad se replica a nivel internacional con el y la ganadora del Balón de Oro en 2021. Alexia Putellas, capitana del F. C. Barcelona, cobra 166,000 dólares al año, mientras que Leonel Messi recibe 45.5 millones de dólares anuales del Paris Saint Germain.

Según la encuesta Global Sports Salaries 2017, en la temporada 2017-2018 las jugadoras de la Liga MX Femenil ganaban en promedio 3,500 pesos al mes, mientras que los sueldos más bajos de los futbolistas eran de 25,000 pesos mensuales.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) destapó un tope salarial que se mantuvo desde noviembre de 2016, un mes antes de la creación de la Liga MX Femenil, hasta mayo de 2019. La medida se acordó para que los clubes tuvieran “menor presión competitiva para contratar jugadoras, ya que sus competidores no les ofrecerían un sueldo superior”, se lee en la versión estenográfica de la sesión. La cantidad máxima que podían ganar las futbolistas eran 2,000 pesos mensuales; el año siguiente se incrementó a 15,000 pesos al mes.

En septiembre de 2021, la Cofece resolvió multar con 177.6 millones de pesos a 17 clubes y a la FMF por esta práctica y por imponer el llamado “pacto de caballeros”, que impedía a un jugador negociar libremente su contrato.

La directora de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez Bernárdez, aseguró en una entrevista con As, sin dar cifras, que por su ingreso las futbolistas se ubicaban en el 6 por ciento de la población, según datos del Inegi de 2021. Esto equivaldría a un mínimo de 15,000 pesos mensuales. Hace un año, todavía afirmaba que uno de sus objetivos era que los clubes dotaran de sueldos “profesionales reales” a las jugadoras.

La Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro) dio a conocer en febrero de 2021 su iniciativa de proponer a la FMF la creación de un salario base para las y los futbolistas. Más de un año después, no se han reportado avances.

Nicole Paredes, directora de Player Doce, agencia que representa a doce jugadoras de la liga, advierte que el hecho de carecer de buenas condiciones laborales hace que el rendimiento de las futbolistas baje o no sea el adecuado.

“Ya no es una liga prototipo ni un proyecto”, señala. “Así como las jugadoras, con su esfuerzo, han ido mejorando su nivel, haciéndola más competitiva y atractiva para patrocinadores y espectadores, esto debería acompañarse del crecimiento en los salarios, pues eso las encaminará a la verdadera profesionalización. Por más que amen lo que hacen, nadie trabaja gratis ni come del amor al futbol”.

Violencia económica

Este tipo de prácticas discriminatorias incurren en una violencia de tipo económico, precisa la abogada Zitlally Flores Fernández, especialista en derecho deportivo. “A menudo, (estas brechas salariales) ni siquiera se perciben como una problemática que vulnera los derechos de las mujeres”.

Entre los recursos legales que existen para combatir la discriminación salarial menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y tratados como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La abogada feminista Paulina Madero Suárez, cofundadora de Transforma MyM, agrega la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

“Faltaría también”, indica Flores Fernández, “que la Ley General de Cultura Física y Deporte incorpore una perspectiva de género, que no tiene, para que pueda ser un marco regulador y de protección para las deportistas”.

En su informe de 2020, Raising Our Game, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) urge a establecer “estándares básicos” en las condiciones laborales de las futbolistas que les garanticen “trabajos dignos, estables y seguros”, pide una mayor inversión en el futbol femenil y llama a encontrar “modos creativos” de comercializarlo.

“Como punto de partida”, se señala, “es crucial que se reconozca el estatus profesional de las jugadoras. En otras palabras, la tarea que realizan debe ser reconocida en primer lugar como un trabajo”.
El informe menciona avances logrados en las ligas varonil y femenil de Australia, y en el club Ajax de Ámsterdam, que acordaron establecer un salario mínimo para los y las jugadoras.

En Chile, la creación de un sindicato permitió que se acelerara la batalla por la profesionalización de las futbolistas. La Asociacion Nacional de Jugadoras de Futbol Femenino celebró en marzo la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados de una ley que obliga a los clubes a contratar, en un plazo de tres años, a las futbolistas que integran sus plantillas.

Las selecciones nacionales femeniles han logrado también avances en sus demandas de igualdad salarial; las jugadoras de países como Inglaterra, Brasil, Irlanda, Noruega, Finlandia y Estados Unidos, ya cobran lo mismo que sus compañeros varones.

Ante estos ejemplos, Flores Fernández, profesora-investigadora en la Universidad Juárez del Estado de Durango, considera que la creación de un sindicato podría contribuir a mejorar las condiciones laborales de las futbolistas mexicanas. “De manera aislada no se van a lograr avances, hay que organizarse”.

El Estado tampoco debe ser omiso, señala, en su obligación constitucional de proteger los derechos humanos, en este caso, de las futbolistas. Y plantea la posibilidad de interponer un “litigio estratégico” con el propósito de lograr la igualdad salarial, recurrir a los tribunales laborales y, si se agotan las instancias, llevar la petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Madero Suárez afirma que no basta con que la FMF plantee en sus estatutos el objetivo de “fomentar el desarrollo del futbol femenino y procurar la participación de las mujeres en todos los niveles de gobernanza del futbol”. Si no establece acciones específicas, evaluables, que permitan monitorear la implementación de esta política, dice, “es letra muerta”.

Para que la Liga MX Femenil sea “autosustentable”, como ha planteado Gutiérrez Bernárdez, tiene que existir un respaldo institucional, agrega. “Se necesitan medidas afirmativas. Si no se destina un presupuesto al futbol femenil y se establecen medidas para equilibrar el desbalance entre ambas ligas, realmente no hay un compromiso. La igualdad tiene un costo y requiere procesos”.

‘El aplauso’

El valor de la Liga MX, según su presidente Mikel Arriola, es de 2,400 millones de dólares. Es la décima en el mundo por su tamaño, y la sexta por el número de asistentes en los estadios.
Aunque las jugadoras cuentan con 1.5 millones de personas que las siguen en las redes sociales, la igualdad salarial es un tema “a desarrollar por meses y años”, según el presidente de la FMF, Yon de Luisa. En 2020 advirtió que si ordenaran a los clubes subir los sueldos de “las chicas”, el resultado sería la desaparición de los equipos.

Las palabras de Gutiérrez Bernárdez durante su participación la semana pasada en la International Sports Convention en Londres no resultaron alentadoras: “Visibilidad es la palabra clave para el futbol femenil. Necesitamos verlo para creer que podrás ser profesional. (…) Ya construimos la liga, ahora hay que construir el sueño”.
Un informe de la FIFA de 2021, Setting the Pace, con información recabada en 2019 entre 30 ligas y 282 clubes, registra que el ingreso promedio por club en la Liga MX Femenil es de 259,000 dólares, y que el 80 por ciento informa de pérdidas financieras.

Japón es el país que reporta mayores ingresos promedio por club, con 1.65 millones de dólares, mientras que los más bajos de la tabla son Argentina, con 32,000 dólares, y Tailandia, con 24,000 dólares.

La FIFA señala como un área de oportunidad los ingresos por patrocinio, que considera “desaprovechados”, pues el 69 por ciento de los contratos en los clubes femeniles se negocian en paquete con el equipo varonil.

En México, el futbol femenil recibe 2.6 millones de pesos anuales del banco BBVA, que desde 2013 da nombre a la Liga MX con una aportación de 10 millones de dólares (200 millones de pesos) al año. Ambas ligas comparten los patrocinios de Voit, Caliente y Tecate.

“El vínculo que las jugadoras han creado con su afición es algo que los clubes deben apoyar y fomentar para que se mantenga y la audiencia crezca cada vez más”, señala Paredes. “Se debe facilitar a la afición ver los partidos y también poder comprar merchandising de sus jugadoras favoritas”.

La salud económica de la Liga MX no parece ser un obstáculo para mejorar las condiciones laborales de las jugadoras, pues según Arriola, el año pasado se obtuvieron utilidades por primera vez desde 2016, mejorando sus propias expectativas.

En 1920, el popular equipo británico de las Dick, Kerr’s Ladies convocó a 53,000 personas en el estadio de Goodison Park, en Liverpool. El futbol femenil generaba más recursos que el varonil, que eran donados a soldados y marinos heridos en la Primera Guerra Mundial, escribe la periodista Anuka Fernández Fuks. La Football Association, que regula el deporte en Inglaterra, decidió prohibirlo bajo el argumento de que su práctica “era inadecuada para las mujeres”.

La prohibición terminó en 1971, el año del Campeonato Mundial de Futbol Femenil en México, “un hito en la historia del deporte femenino latinoamericano”, escriben Elsey y Nadel en Futbolera: “El evento, tanto en términos de popularidad como de éxito deportivo, refuta las afirmaciones paternalistas de que el deporte femenino es un acontecimiento reciente. Así también socava la sugerencia de que el deporte femenino es impopular y no comercializable”.

Pero el tema del dinero no parece haber cambiado mucho desde que en 1971 el cronista Fernando Marcos se preguntó cuántas ganancias se destinaron a las jugadoras mexicanas que fueron “la piedra de toque para ese éxito económico, espectacular y deportivo”. Su respuesta fue: “el aplauso”.

*Este reportaje forma parte del proyecto “Las mujeres futbolistas y sus derechos humanos laborales. Una mirada rumbo al Mundial 2026”, de la Red de Mujeres Sindicalistas.

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Veto presidencial a la ley de aborto por violación obstaculiza el derecho de las ecuatorianas: especialistas

  

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Así lo dijeron en un debate organizado el jueves 31 de marzo por el” Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, transmitido a través de “Spaces” de Twitter, en el que participaron Selene Soto (abogada), Virginia Gómez de la Torre (médica y líder de la fundación “Desafío”), Silvia Serrano (abogada colombiana y directora asociada al Institute for National and Global Health Law) y Macarena Sáez (directora de la División de los Derechos de las Mujeres).

El veto parcial fue presentado el 15 de marzo y, de acuerdo con el diario Pulso, la Asamblea Nacional (órgano encargado de ejercer el poder legislativo) tiene un mes de plazo a partir de la objeción para ratificar su resolución original, para lo que necesitará una mayoría de dos tercios (92 votos) o aceptar las propuestas de Lasso, las cuales se pueden aprobar con mayoría simple. Se adopte o no la propuesta del Ejecutivo, la Asamblea no podrá exceder su respuesta del tiempo estipulado, pues de lo contrario el texto presidencial se aprobará por fuerza de ley.

Transmisión de la mesa de diálogo con especialistas.

Un veto que no contempla el contexto de las mujeres

En su participación, Selene Soto afirmó que los principales fundamentos de la objeción presidencial están relacionados con estereotipos de género e incluyen barreras para que las mujeres tengan la posibilidad de acceder al aborto. Un ejemplo de ello son los plazos tan cortos (12 semanas) que se consideraron para llevar a cabo el servicio.

Soto recordó que no es que las víctimas quieran esperar hasta el “último momento” para acceder al servicio (tal y como lo interpreta el veto), sino que se enfrentan a otras barreras, lo que provoca que acudan en etapas avanzadas de su embarazo. Además, mencionó que muchas veces el sistema de salud emite respuestas tardías a las solicitudes.

La especialista señaló que hay una “necesidad de verificar” que las mujeres hayan sido violadas: “Hay toda una referencia a esta necesidad de verificar que hayan pruebas en estos casos, pero sin una consideración a la importancia de la centralidad que debe darse al testimonio de las víctimas […]. Históricamente ellas han experimentado esta falta de credibilidad cuando dicen que son víctimas de violencia sexual”.

La especialista en derecho sostuvo que el veto ignora que, en muchos casos, los principales agresores son familiares, por lo que exigir una declaración jurada para comprobar la violación no protege a las víctimas, especialmente cuando se trata de menores de edad. Por otra parte, cuestionó las negociaciones políticas que están detrás de la aprobación de este tipo de leyes, ya que “se privilegian los intereses políticos sobre los derechos y necesidades de las mujeres y niñas”.

Desconocimiento o “una mala interpretación de los acuerdos internacionales”

La abogada Silvia Serrano aseguró que el veto dejó claro la postura personal de Guillermo Lasso, aunque “ésta debería ser irrelevante para su ejercicio constitucional”, además recalcó que a lo largo de su escrito hay un uso “selectivo y acomodado” de las obligaciones internacionales de Ecuador y señaló que al parecer el presidente “omite” o “desconoce” los estándares internacionales, los cuales son “bastante claros” y no sólo “recomendaciones”, como los hace ver.

Serrano contradice a Lasso en afirmaciones que hacen referencia a que “no hay un estándar internacional en casos de aborto por violación” y afirma que no hay tratados internacionales que hablen sobre la “objeción de consciencia” en el área de la salud; ésta sólo está presente en temas del ámbito militar.

“El presidente desconoce estándares que son muy claros en las interpretaciones donde sí se ha establecido responsabilidad de los Estados, como en falta de acceso al aborto en casos de violación o el secreto médico profesional y, por el otro lado, se inventa unas interpretaciones sobre el alcance de la objeción de consciencia que no tienen base el derecho internacional y los derechos humanos”, detalló Serrano.

La especialista recordó el caso de Manuela, una mujer originaria de El Salvador que fue condenada a 30 años de cárcel tras parir al feto luego de una emergencia obstétrica. Esta situación marcó un precedente, pues el caso fue llevado a la Corte Interamericana y logró que el “secreto médico convencional” fuera protegido por el organismo en casos de emergencias obstétricas, por lo que ahora éste “prevalece por encima de una denuncia”.

También señaló que el modelo en el que sólo se permiten 12 semanas para abortar es uno de los más restrictivos del continente y lo comparó con otros países que lo han implementado, como Chile y Panamá. “Está documentado que este modelo es la principal causante de barreras de acceso y de práctica para que no accedan todas las niñas, mujeres y adolescentes que requieren acceder a este servicio”, dijo.

Sobre la “objeción de consciencia

La directora de la División de Derechos de las Mujeres, Marareca Sáez, se centró en el tema de la “objeción de consciencia” y expresó su preocupación debido a que no hay “límites claros” en el alcance de este concepto, lo que puede resultar problemático para quienes deseen acceder al servicio.

En su opinión la idea se fundamenta en “el respeto a la integridad moral de la consciencia individual de una persona”, la cual es  una “observación restrictiva” que no está considerada en acuerdos internacionales. Mencionó que uno de los problemas de su uso es que “en cualquier momento se puede objetar” y es problemático en tanto que termina siendo un obstáculo para las mujeres.

También hizo un llamado de atención debido a que las mujeres que viven en entornos rurales terminarían siendo las más afectadas. Muchas veces sus comunidades sólo cuentan con un médico y, en caso de que éstos se opongan a realizar el aborto, de nuevo se estaría obstaculizando el proceso.

El ascenso de los grupos antiderechos

Para la médica Virginia Gómez de la Torre, el veto fue una decisión planificada que tiene como trasfondo “no permitir que las mujeres tengan acceso al poder para decidir sobre sus propios cuerpos”. Recordó que no es la primera vez que las mujeres intentan despenalizar el aborto e hizo mención de algunos esfuerzos llevados a cabo, como “introducir el misoprostol en las notas levonorgestrel (medicamentos anticonceptivos)”.

La líder de la fundación “Desafío” aseguró que el gobierno actual ha puesto en evidencia que tiene un proyecto político y conservador que “desprecia a las niñas”. Un ejemplo de ello, asegura, es que “sólo en caso de tener presupuesto se implementarán las acciones que dice la ley”. Agregó que esta es una insinuación que anticipa que el gobierno no cederá recursos para comprar los insumos necesarios para llevar cabo los abortos que se soliciten.

Cabe recordar que el veto parcial de Lasso contiene 61 observaciones, entre las que destaca que el plazo de gestación máximo para que se practique un aborto en caso de violación sea de hasta 12 semanas para todas las mujeres (lo que implica una reducción de seis semanas, a comparación del planteamiento original que establecía 18 semanas mujeres del sector rural); la presentación obligatoria de una denuncia de violación, un certificado médico o una declaración jurada suya o de sus representantes y, finalmente, la introducción de la “objeción de consciencia”, con la cual el personal de salud puede excusarse de practicar un aborto por asuntos de carácter personal o religioso.