FOTOCIMAC: Hazel Zamora
Ciudad de México. A un año de que el gobierno de México se planteó
saldar el desamparo que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en
condición de orfandad por feminicidio, la cifra real de estas víctimas
indirectas aún es desconocida y no existen programas sociales que les
garanticen la protección plena que requieren tras la pérdida de sus
madres.
En marzo de 2019, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, presentó el “Plan de emergencia
para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y
las niñas en México”. El anuncio proponía atender de manera más amplia
el impacto del feminicidio en México, un delito que ocurre al menos 10
veces al día. Este plan buscaba atender la deuda histórica que tiene el
Estado con estas víctimas indirectas de la violencia contra las mujeres.
Como muchas otras políticas para la prevención y atención de la
violencia contra las mujeres, ésta es el resultado de las demandas de
abuelas y hermanas quienes, además de exigir justicia por sus víctimas,
cuidan a las niñas y niños a quienes les fueron arrebatadas sus madres.
El reto de estas mujeres no es menor, ya que estas niñas y niños viven
con las secuelas de estos crímenes y violencia contra sus madres, de la
cual fueron testigos en muchos casos.
Cimacnoticias retrató estas historias hace tres años en la investigación periodística, “Hijas e hijos de mujeres asesinadas, víctimas ignoradas del feminicidio”,
que dio cuenta por primera vez que no existía ninguna política pública
para la protección de esta niñez, a pesar de las obligaciones nacionales
e internacionales del Estado mexicano respecto de la violencia contra
las mujeres. Esta investigación también sirvió de base para algunos
estados crear programas de reparación del daño a la niñez en condición
de orfandad por feminicidio.
Testimonio: Huellas de la violencia
El 12
de febrero de 2014, Rafael, Ulises y Fabiola -nombres para proteger a
las víctimas- vieron a su madre, Nadia Muciño, inerte, en cuclillas y
con una cuerda atada al cuello. Esta escena los persiguió durante su
infancia y aunque repitieron hasta el cansancio el mismo testimonio de
cómo vieron a su padre, Bernardo López, y su tío Isidro “El Matute”,
meter a su madre a la cisterna y luego colgarla en la habitación de su
casa en Cuautitlan Izcalli, Estado de México, casi ninguna autoridad les
creyó, porque apenas tenían entonces 5, 4 y 3 años de edad, y su
declaración no fue considerada como evidencia. Su abuela María Antonia
Márquez, nos relata la historia.
Sin registro de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio
Como documentó Cimacnoticias en 2017, uno de los principales
obstáculos del gobierno federal para hacer realidad una política para la
atención de la niñez en condición de orfandad por feminicidio era que
desde los años noventa, cuando comenzaron a registrarse los asesinatos
de mujeres por razón de género en Ciudad Juárez, Chihuahua, se
desconocía la magnitud de esta problemática.
Tres años después, el Estado mexicano sigue sin tener un mecanismo
claro para registrar a las niñas, niños y adolescentes en condición de
orfandad tras la muerte violenta de sus madres.
El “Plan de emergencia para garantizar la integridad, la seguridad y
la vida de las mujeres y las niñas en México”, que se anunció en 2019,
incluía la creación de un registro de las niñas y niños en orfandad por
el asesinato de sus madres, así el Estado podría brindarles atención y
acompañamiento integral.
No obstante, actualmente el Inmujeres sólo tiene información de 26
entidades federativas que identificaron 796 casos de niñas, niños y
adolescentes en condición de orfandad por feminicidio entre enero y
diciembre de 2019. Los estados de Oaxaca, Morelos, Sinaloa, Tabasco,
Tamaulipas y Tlaxcala no compartieron información sobre las solicitudes
hechas por la instancia rectora de la política de género en el país.
Tampoco se tiene información de años previos.
Otras niñas, niños y adolescentes seguirán sin ser visibilizados y
escuchados, pues el registro no contempla a las mujeres asesinadas cuyos
casos fueron clasificados como homicidio o las que se encuentran
desaparecidas. Sólo este año, de enero a mayo de 2020, se cometieron mil
608 asesinatos de mujeres, entre feminicidio y homicidios dolosos.
A estos casos se suman las hijas e hijos de quienes se encuentran
entre las cuatro mil 305 mujeres de entre 20 y 30 años de edad que se
encuentran desaparecidas en el país, según el último reporte del
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Por todo esto, la cifra de las posibles víctimas indirectas de la
violencia contra las mujeres en México, específicamente de las niñas,
niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, aún es
desconocida.
Inmujeres proyectó en 2019 una primera cifra de estas víctimas hasta
ahora invisibles. Sólo de diciembre de 2018 a abril de 2019, unas 3 mil
400 niñas y niños estarían en esta condición. La estimación se obtuvo de
multiplicar el número de víctimas de feminicidio en este periodo, mil
564, con el número de hijas e hijos que en promedio tiene una mujer de
acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid), 2.2
descendientes.
Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)
conocía de 65 casos entre 2014 a febrero de 2018, mientras la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya función
inició en octubre de 2015, únicamente reportó uno hasta 2017.
Testimonio: Abuela-madre-activista
Tras
el asesinato de Lilia Alejandra García Andrade, Norma Andrade, su madre,
dejó su profesión de maestra y se convirtió en abuela de sus nietos,
Judith de un año y Alberto*, de seis meses de edad. Alejandra fue
encontrada sin vida y con signos de violencia sexual en un lote baldío
de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de febrero de 2001. Pese al dolor por
la pérdida de su hija, Norma, sin la misma fuerza de cuando era joven y
fue madre, se convirtió nuevamente en mamá de sus nietos, obligada por
una situación que la llevó más allá de asumir ese papel y la convirtió
en activista, en busca de justicia para su hija y las cientos de hijas
víctimas de feminicidio.
Apoyos a cuenta gotas
El pasado 20 julio de 2020, el Inmujeres informó finalmente de los
avances en la política para atender a la orfandad por feminicidio. Junto
al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
(Sipinna) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) adelantaron la creación del Protocolo de atención integral
para niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por
feminicidio (PNNAOF).
El protocolo que aún es un borrador, prevé publicarse en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) para que los estados queden obligados a
garantizar el acceso a la justicia a través de la prestación de
servicios diferenciados y especializados de ayuda inmediata, asistencia y
atención a la infancia en orfandad por feminicidio, pues hoy son
contados los estados que buscan reparar el daño a estos niños y niñas en
condiciones vulnerables.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) las
únicas entidades del país que regulan de manera específica en sus
normativas la reparación del daño a las hijas e hijos de víctimas de
feminicidio son Aguascalientes, Colima, Estado de México, Nuevo León y
Veracruz. Otras entidades como Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo,
Oaxaca, Sonora y Zacatecas, prevén de manera general la reparación del
daño para el delito de feminicidio en sus Códigos Penales.
El resto del país no tiene regulaciones específicas en la materia; no
obstante, las autoridades tienen la obligación de atender a la orfandad
por feminicidio por que la Ley General de Víctimas indica que los
familiares o las personas que tengan una relación
inmediata con la víctima directa son víctimas indirectas y por tanto
pueden recibir ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de
Ayuda de los sistemas de víctimas federales o de las entidades
federativas.
Tras la investigación de Cimacnoticias, algunos estados crearon
programas de reparación del daño a la niñez en condición de orfandad por
feminicidio. En Jalisco, por ejemplo, se creó el “Apoyo económico para
las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio”. A cargo de la
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres entregan a las
personas responsables del cuidado un recurso de tres mil pesos de
manera bimestral por cada niño o niña. El programa tiene para 2020 un
presupuesto de seis millones 300 mil pesos.
Otro ejemplo es el Estado de México, que en 2020 etiquetó 43 millones
200 mil pesos para el programa “Reparación a víctimas o víctimas
indirectas u ofendidos del delito de feminicidio”.
Mientras se crean los mecanismos de protección para la niñez en
orfandad en todo el país, el número de víctimas indirectas sigue en
aumento. En cinco años, las denuncias por presuntos delitos de
feminicidio en México se han incrementado 129.3 por ciento según el
Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara
de Diputados; en 2020 se calcula un total de 10.53 de mujeres asesinadas
al día, en 2015 se contaban en promedio 6.
