Las entidades federativas no han entendido en toda su
dimensión la emergencia del problema social y de justicia sobre alerta
de género, advirtió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (Conavim) en su reciente informe.
Entre 2013 y 2020 han sido presentadas 52 solicitudes de alerta en
México, de las cuales ha prosperado 40 por ciento. De esa cifra, 21
están en el rango de
declaradas, 10 no declaradas, 11 acumuladas, cuatro desechadas y cinco en proceso.
La mayoría (86 por ciento de medio centenar de peticiones) fue
promovida por organizaciones de la sociedad civil y el resto por
comisiones estatales o la nacional de derechos humanos.
Acorde con el seguimiento a estos procesos algunos han visto la luz
sólo a partir de órdenes judiciales que han obligado al sistema nacional
en la materia a emitir la alerta y a los gobiernos estatales a
aceptarla.
De las 21 vigentes, que involucran en conjunto a 18 entidades, tienen
que ver con 682 municipios en todo el país señalados por altos grados
de violencia feminicida, desapariciones y por agravio comparado.
Hay entidades como Guerrero y Veracruz que tienen, además de la
alerta por feminicidio, otra por agravio comparado, mientras en el
estado de México se suma la desaparición forzada.
En tanto, de las cinco que están en proceso cuatro no reportan
resoluciones desde hace más de un año. Si bien la emergencia sanitaria
afectó procesos en los tres niveles de gobierno y en el Poder Judicial,
el mayor número de las alertas (ocho) fue emitido en 2017 y en 2019, con
seis.
La Conavim señala en su informe la urgencia de actualizar las
metodologías para lograr la reducción de la problemática actual. Datos
oficiales muestran que de 2015 a junio de 2020 un total de 4 mil 66
asesinatos han sido clasificados como feminicidio y se agregan miles de
homicidios dolosos, lesiones y otras formas de violencia contra las
mujeres.
La nueva titular de la comisión, Fabiola Alanís, propone un plan para
evaluar las alertas, trabajo que está pendiente desde hace un lustro,
pero advierte que estos mecanismos
no pueden ser camisas de fuerza para las entidades federativas.
Comentó que se requiere evaluar las condiciones municipales,
estatales y nacionales con el acompañamiento de todos los involucrados,
incluidos grupos civiles y académicos.
Tenemos alertas emitidas hace cuatro años que ni siquiera hemos evaluado si han o no funcionado.
Subrayó que no habrá recorte de recursos y se brindará apoyo a las
entidades para coadyuvar a la operación de las recomendaciones
contenidas en la alerta, así como en el funcionamiento de los 48 centros
de justicia para las mujeres.
Para estas dos tareas se han dispersado este año 235 millones de pesos y el siguiente seguramente se mantendrá, pues nunca hubo posibilidad de recortar los recursos destinados a la alerta.
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
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