Víctor M. Toledo*
Los acontecimientos
ocurridos en los últimos días, correctamente contextualizados,
confirman lo visualizado anteriormente. Los puntos neurálgicos o
contradictorios no sólo en México sino en el mundo siempre terminan en
un dilema vital planteado desde la ecología política. Toda acción
humana, sean decisiones individuales o familiares, políticas públicas o
acuerdos internacionales, o se suman a la defensa de la vida (humana y
no humana) o atentan contra ella. El gobierno de la 4T no es ajeno a
esto. Al contrario. Lo que se haga en términos de energía, transporte,
agua, urbanismo, salud, alimentos, cultura, siempre tendrá su
equivalente ambiental. El bienestar de los mexicanos está íntimamente
ligado a lo ambiental, porque todos aquellos males que el neoliberalismo
provocó tuvieron a la par procesos de destrucción ecológica. Hoy el
gobierno de la 4T debe remontar este país injusto, desigual, enfermo,
corrupto, patriarcal y con un entorno devastado y una naturaleza
dilapidada. Esa fue la promesa y esta es la misión.
El gobierno de la 4T no es un gobierno anticapitalista, sino
antineoliberal. Reconocer esta distinción es clave. No busca abolir o
eliminar las empresas privadas ni busca la estatización total de la
economía, sino algo más elemental: la regulación o sujeción del interés
privado a los intereses de la sociedad. Y esto se logra por la simple
aplicación de las leyes existentes o por legislar. Lo anterior significa
recuperar el papel del Estado, que durante la larga noche neoliberal se
volvió un cómplice de los intereses mercantiles, un socio para los
negocios, un mero facilitador de la acumulación de riqueza. Proteger de
verdad selvas, bosques, suelos, biodiversidad, aire limpio, arrecifes,
costas y playas; evitar el acaparamiento y mal uso del agua, impulsar
ciudades, transporte e industrias limpios, transitar hacia las energías
renovables, son algunas de las tareas centrales de la 4T. Nadie, cabal o
sensato, se puede oponer a estas nobles acciones.
Y sin embargo, una enorme campaña de difamación y desprestigio se
orquestó en los últimos meses contra el gobierno de la 4T porque éste
decidió (el Presidente y un amplio sector de su gabinete) enfrentar de
lleno un asunto urgente y vital: la salud de los mexicanos y su relación
con la alimentación y el ambiente. Este asunto salió a la luz de manera
evidente por la pandemia del Covid-19. Si México se encuentra en el top de
países con mayor mortalidad por el virus, esto se debe a la pésima
alimentación y a los ambientes contaminados: 67 por ciento de los
fallecidos tenía padecimientos como diabetes, obesidad, sobrepeso,
hipertensión, etcétera y casi 80 por ciento de los fallecidos habitaban
en alguna de las seis regiones más contaminadas del país. Resulta obvio
que urge modificar el sistema alimentario de México, en la producción,
transformación, transporte y consumo. Para ello, encabezados por la
Semarnat, la Ssa y el Conacyt, se fue construyendo y madurando una
iniciativa novedosa que cristalizó en un programa especial que hoy
aglutina ocho secretarías de Estado y otras cinco dependencias, y que el
Presidente respaldó e hizo oficial. Este programa va con todo para
regular y, en su caso prohibir, toda la batería de elementos que
conforman un sistema alimentario perverso: herbicidas, fungicidas,
insecticidas, cultivos transgénicos, granjas porcícolas y avícolas,
comida chatarra, refrescos y bebidas azucaradas, monopolios de
comercialización, campañas publicitarias falsas, etcétera. El programa
comenzó con dos acciones: la regulación y prohibición gradual del
glifosato y otros 80 plaguicidas, y un etiquetado más riguroso que
entrará en vigor en octubre próximo. A lo anterior, el Presidente de
México agregó el 27 de julio, un decreto con tres mandatos: a) la
prohibición inmediata del uso del glifosato en todas las dependencias
del gobierno y su gradual supresión hasta su eliminación total en 2024;
b) la prohibición al cultivo del maíz transgénico en todo el territorio
nacional, y c) la designación del Conacyt como entidad encargada de
documentar alternativas tecnológicas para sustituir al plaguicida.
Esa fue la gota que derramó el vaso y dio lugar a la
operación glifosatosurgida de las entrañas de los gigantes agroalimentarios y de agroquímicos, en combinación con empresas nacionales afectadas, encabezadas por el Consejo Nacional Agropecuario, brazo político de los grandes empresarios agrícolas y ganaderos, y con la complicidad de tres funcionarios del gabinete. Ello incluyó ataques directos en eventos públicos, difusión de videos, y la filtración ilegal de un audio. Su objetivo: evitar a toda costa ese decreto, subiendo otro apócrifo, y desatando una campaña de desprestigio contra la Semarnat. La gran batalla es hoy ¿soberanía alimentaria mediante sistemas agroindustriales (agronegocios) o por sistemas agroecológicos con producción sana de alimentos sanos? ¿O con la vida o contra ella? Sabemos que los mexicanos están con nosotros.
*Titular de la Semarnat
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