Fotografía: Especial.- México tiene a dos nuevas campeonas a nivel mundial. Se trata de Ella BucioDovali, campeona en el primer Mundial de Parkour, y Guadalupe Quintal Catzín, quien recientemente se llevó la medalla de oro en la Serie Mundial de Karate.
Guadalupe Quintal Catzín (conocida por muchos como Lupita Quintal) ganó el oro en la categoría de más de 68 kilos en la Serie Mundial de Karate, la cual concluyó el pasado domingo 25 de septiembre en Kocaeli, Turquía.
La
campeona originaria de Yucatán, quien se ha dedicado a entrenar durante
casi 18 años, venció a su contrincante originaria de Turquía en el
último día de la contienda deportiva. Sin embargo, desde los días
previos ya había acumulado una serie de victorias contra competidoras de Francia, Egipto e Inglaterra.
Quintal Catzín es la actual coordinadora de alto rendimiento del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. Además, es entrenadora del equipo representativo de karate en la Universidad Anáhuac Mayab ubicada en Mérida, la capital yucateca.
Tras
su triunfo, Lupita Quintal se une a una lista de deportistas mexicanas
que han puesto el nombre de su país en lo más alto del podio en el área
de las artes marciales, como la taekwandoista María del Rosario Espinoza. Pero este no es el único campo deportivo en el que las mexicanas han resultado campeonas…
Ella Bucio, primera campeona mundial de Parkour
Por primera vez se celebró el Campeonato Mundial de Parkour,
cuya organización corrió por cuenta de la Federación Internacional de
Gimnasia. Y la alegría para las y los mexicanos no puede ser más grande
luego de que la connacional de 25 años Ella Bucio Dovali se llevara la medalla de oro en el estilo libre de la contienda deportiva.
Bucio
Dovali, quien es originaria de la Ciudad de México, se impuso ante las
competidoras de Japón y de República Checa con una calificación final de
27 puntos. Con esto suma tres reconocimientos a nivel
mundial. El primero de ellos es una medalla de oro obtenida durante la
Copa Mundial de Parkour en Montpellier, Francia este 2022; el segundo,
otra presea dorada resultado de su participación en la Copa Mundial de
Parkour en Sofía, Bulgaria.
La deportista (quien también tiene una trayectoria como doble de acción o stunt cuenta con una beca de la Comisión Nacional del Deporte (Conade). No obstante, tal como ha sucedido con otras deportistas como la raquetbolista Paola Longoria o las mujeres del equipo femenil de futbol americano, no ha recibido el respaldo suficiente de parte del gobierno mexicano para seguir con su desempeño deportivo.
Recientemente, en una publicación de Instagram, Ella Bucio lamentó que las y los deportistas no puedan ir a participar al extranjero por la falta de subsidio para los viajes.
«Ninguna
institución en México cubre los gastos que implica ir a una competencia
y todo corre por parte de los atletas», escribió la campeona mundial.
A
pesar de esta falta de apoyo, tanto ella como Lupita Quintero y otras
deportistas mexicanas no cesan en su esfuerzo de seguir representando a
México y poniendo su nombre en alto, a pesar de que el país no les dé el reconocimiento que sí han obtenido en el extranjero.
.-Buenos Aires, Argentina.-Esta tarde concluyó el foro La Comunicación: Piedra Angular de la Justicia Social, convocado por la Asociación Mundial por la Comunicación Cristiana (WACC por sus siglas en inglés).
Las y los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer los procesos de capacitación técnica para potenciar la participación de las mujeres en la producción de contenidos y en el acceso a las tecnologías para la comunicación como lo son el internet y las radios comunitarias.
La
WACC América Latina (WACC AL) reunió a comunicadoras y comunicadores de
toda la región para dialogar sobre los retos y las experiencias de base
en materia de comunicación indígena y radios comunitarias, la
comunicación medioambiental, la internet ciudadana y la comunicación
para las y los migrantes, todos proyectos para aportar a la justicia
social.
Durante el foro, las expertas y expertos denunciaron los
intereses empresariales que atentan contra la naturaleza, el medio
ambiente y atentan así contra la vida y la cosmovisión de las
comunidades indígenas desde México hasta la Patagonia con afectaciones
directas a los pueblos del Abya yala.
Maribel Guate. Crédito de foto: Marcela Gabioud
Maribel Sontay
de la Asociación de Mujeres Mayas Majawil Qíj Nuevo Amanecer de
Guatemala, destacó la sostenibilidad económica de las radios
comunitarias y la criminalización a defensoras y defensores de derechos
humanos”.
El monopolio digital e incluso el androcentrismo en los
medios de comunicación fueron señalados como una constante que se vive
en la región.
Con los medios comunitarios se destacaron los
procesos de comunicación que se desarrollan desde la mirada de las y los
migrantes y las poblaciones aymaras, garífunas, mayas y pueblos
originarios de América Latina.
Alfedro Rax, de la Red
Centroamericana de Radios Comunitarias de Guatemala señaló que “en la
mayoría de las radios comunitarias hay poca participación de compañeras
por lo que hay que abrir espacios y oportunidades para el
fortalecimiento para que participen en la creación de contenidos… lograr
que al menos haya una técnica en cada radio”.
Crédito de foto: Marcela Gabioud
Las
experiencias compartidas dan cuenta del arduo y valioso trabajo de las
comunidades indígenas que, a pesar de las distancias y brechas,
mantienen un trabajo sostenido, desde su cosmovisión, por una
comunicación que les represente y difunda sus contextos.
“El
avance que tienen las y los hermanos indígenas en cada país nos da luz
para fortalecer la lucha de nuestros pueblos en cuanto a estrategias y
propuestas para una comunicación inclusiva” concluyó Rax.
Mabel
Quinto de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
Colombia se pronunció por el respeto a la labor de las y los
comunicadores de los territorios indígenas. “Son necesarias nuevas
formas de comunicación para la defensa de los derechos no solo humanos,
sino también ambientales y naturales”.
Mabel Quinto. Crédito de foto: Marcela Gabioud
Para
el caso de la Amazonia, Sandra Díaz de Grupo Comunicarte de Colombia,
organización que se enfoca en las necesidades de comunicación de las
comunidades migrantes con información contextual, localizada y a través
de las radios comunitarias de esta región.
Para Díaz, este tipo de
encuentros “permiten crear una integración continental para integrar el
trabajo local con pasos hacia políticas globales que logren una mayor
incidencia por nuestros derechos y el respeto a muestra madre tierra y
quienes habitamos en ella”.
Fotografía: Twitter @FNCVVICARIA.-San Luis Potosí.- Este 20 de octubre, San Luis Potosí se unió a la lista de estados de la República Mexicana donde la violencia vicaria ya está tipificada.
Ahora, únicamente falta que el Congreso local reforme sus Códigos
Penales y Familiares para establecer cuáles serán los castigos contra
quienes ejerzan este tipo de violencia.
La iniciativa para reconocer esta expresión de violencia fue presentada por la diputada Gabriela Martínez Lárraga,
del partido Redes Sociales Progresistas, de la mano del Frente Nacional
Contra Violencia Vicaria (FNCVV). Su propuesta aprobada por unanimidad
entre las y los legisladores del estado. Gracias a esto, violencia
vicaria ya quedó reconocida dentro de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Esta violencia tiene diferentes expresiones pero, a grandes rasgos, consiste en que el agresor utilice a sus hijos o hijas
para hacer daño a su pareja o expareja a través de ellos. Un ejemplo de
esto es la retención de los menores en contra de la voluntad de la
madre.
En
este sentido, aunque falta establecer las penas dentro de los Códigos,
la propuesta aprobada incluye que las niñas, niños y adolescentes
víctimas de esta violencia reciban atención psicológica. Dicha atención también será brindada a los agresores dentro de los procesos judiciales que se ejecuten en su contra.
Con la decisión de la legislatura potosina, ya son nueve las
entidades de la República Mexicana en los que la violencia vicaria está
tipificada. Los otro ocho territorios son Baja California Sur, Yucatán,
Puebla, Hidalgo, el Estado de México y Zacatecas. Sin embargo, estos avances están en riesgo debido a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
CNDH pide «diálogo abierto» en la discusión sobre la eliminación de violencia vicaria
Este 19 de octubre, la CNDH emitió un comunicado
dirigido a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En él reitera su llamado a
que haya un diálogo abierto para involucrar a «diferentes actores» en
la discusión sobre la eliminación de la violencia vicaria.
Aunque
el organismo no declara específicamente quiénes son esos actores, a lo
largo del comunicado se hace hincapié en la no discriminación a favor de
la protección de los derechos. Con esto, la CNDH alude al argumento que
ha utilizado para afirmar que la llamada Ley Vicaria y las
legislaciones contra deudores alimentarios morosos discriminan a los agresores.
Según la institución, dichas regulaciones los violentan
al no permitirles, entre otras cosas, acceder a cargos públicos en caso
de ser deudores alimentarios o de haber ejercido violencia en contra de
sus parejas o exparejas.
Diversas organizaciones como el FNCVV y
el Frente Nacional Contra Deudores Alimentarios han rebatido estos
argumentos aludiendo a ponderación de derechos y a la obligación del Estado de
priorizar los derechos de las infancias sobre cualquier otro tipo de
derechos. También, al hecho de que muchos agresores hacen uso de sus
posiciones de poder para eludir sus responsabilidades e incluso
revictimizar a las mujeres imputándoles cargos falsos.
El Frente Nacional de Mujeres (FNM) ya emitió un posicionamiento sobre
el comunicado de la CNDH. En él, la organización explica que la SCJN ha
ofrecido su escucha y su apoyo a las mujeres que se están organizando
para erradicar la violencia vicaria. También hace frente a los
argumentos de que las legislaciones contra agresores y deudores
alimentarios son «sexistas y discriminatorias». Y es que se ha
demostrado que los hombres son quienes ejercen la violencia vicaria
mayoritariamente (una violencia que suele ser precedida por otras
agresiones contra las mujeres).
De igual forma, la agrupación pide que se revise el actuar de
las y los servidores públicos de la CNDH, ya que, al arremeter contra
el reconocimiento de la violencia vicaria, están ayudando a perpetuar la
violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
.- La recuperación del empleo post pandemia se caracteriza por su precariedad,
afectando en mayor medida a las Mujeres, provocando una mayor pobreza.
En el segundo trimeste de este año y conforme a los resultados de
Enoe-Inegi, el trabajo independiente creció al 22.9 por ciento del total
de la población ocupada, un nivel de 1.4 puntos porcentuales por arriba
del nivel observado antes de las afectaciones generadas por la pandemia
en el mercado laboral.
Son 5.3 millones de Mujeres trabajadoras
independientes, mientras que en el mismo periodo de 2018 fueron 4.6
millones, un alto crecimiento porcentual del orden de 15 puntos. Esta
modalidad de trabajo se ve como una ventana de oportunidad frente al
desempleo.
El llamado trabajo independiente o por cuenta propia
se caracteriza por sus bajos ingresos; carecer de derechos laborales,
sin acceso a instituciones de salud, sin protección en accidentes de
trabajo, donde las mujeres son víctimas de acoso laboral y sexual; no
tienen estabilidad en el empleo y pueden ser desempleadas en
cualquier momento sin poder exigir algún derecho.
El mejor ejemplo
son las y los trabajadoras de plataformas digitales como: Uber, Didi,
Rappi, etc.; los llamados “gig work” son trabajadoras y trabajadores
independientes, por cuenta propia. Les venden la fantasia de compartir
la empresa, son emprendedoras y por tanto no son “empleados”, desde esta
perspectiva cero derechos.
El
pomposo título de “socios repartidores”, esconde una explotación de las
y los repartidores porque la premisa de socias permite negar derechos
laborales como salud, vacaciones, accidentes de trabajo, etc.. En
realidad es una explotación encubierta, no se puede formar un
sindicato de“socios”.
El ingreso promedio por hora trabajada de
las y los trabajadoras independientes apenas alcanza un promedio de 49.5
pesos, muy inferior a los 78.3 de los empleadores; en tanto que los
datos de personas sin acceso a instituciones de salud es de 13.7 en
hombres y 10.5 millones para mujeres trabajadoras, un efecto inegable
del “trabajo independiente” (veáse gráfica).
De hecho las
llamadas “socias repartidoras” cuentan con un ingreso mensual promedio
de ocho mil pesos, ni siquiera alcanzan diez salarios mínimos.
“Lo
cierto es que obtienen muy bajos ingresos, a tal punto que un 20 por
ciento declaró que“pasó hambre porque no podía pagar lo suficiente para
comer”. Y casi un tercio que no pagaron el monto total de sus recibos de
los servicios públicos de sus hogares (luz, gas,agua) en el mes
anterior a la encuesta.
Adicionalmente, un 62 por ciento de los
encuestados declaró que perdió parte de sus ingresos debido a
dificultades técnicas para marcar la entrada o la salida de sus
labores”.
Un factor a considerar es la relación entre trabajo
independiente y desempleo juvenil, en las mujeres tiene una tasa de 6.93
para la edad de 15-19 años y 5.77 para 20-29. En contraste la tasa muy
baja de 2.06 corresponde del grupo de mujeres trabajadoras con 40-49
años.
Es sabido que el desempleo más alto del mercado laboral
está en la juventud, las altas tasas permiten concluir que no se ha
recuperado el nivel de empleo para este segmento demográfico de la
población, registrado previo a la pandemia; para mayor información: 7 de
cada diez mujeres de 15 a 19 años no tienen acceso a trabajos formales,
mucho menos a derechos laborales y sindicalización (ver gráfica).
Y
esta situación significa un grave problema social y político generador
de pobreza. Según Inegi el trabajo por cuenta propia sumó 345 mil 728
personas a la población ocupada en el octavo mes del año, el trabajo
subordinado (generalmente con derechos laborales) tuvo una reducción de
155 mil 726 plazas.
Implica una amplia desigualdad laboral entre
trabajadoras con derechos y las “independientes” sin acceso a derechos
laborales, con ingresos muy bajos que las circunscriben a condiciones de
pobre intergeneracional.
Los documentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el tema del desempleo juvenil señalan:
“Entre
2019 y 2020, las y los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad
experimentaron una pérdida porcentual de empleo mucho mayor que los
adultos (definidos como las personas que tienen 25 años o más).
Muchos
de ellos abandonaron la fuerza de trabajo, o no llegaron a incorporarse
a ella, debido a la enorme dificultad de buscar y conseguir un empleo
en un momento en el que muchos gobiernos imponen medidas de cierre y
confinamiento y los empleadores sufrían pérdidas masivas de ingresos
como consecuencia del cierre de empresas.
Además, la fuerte caída
de los ingresos familiares y el cambio al aprendizaje a distancia por
parte de las instituciones educativas hicieron que la búsqueda de
educación y formación fuera más ardua para muchos. En consecuencia, el
ya elevado número de jóvenes sin estudios, trabajo ni formación
aumentara a partir de 2020.
El déficit global de empleo de los
jóvenes con respecto a 2019 ascendía al 8,2 por ciento en 2020, mientras
que el déficit correspondiente a los adultos ascendía a menos de la
mitad”.
Fotografía: Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).-Ciudad de México.- Este 19 de octubre se cumplen 21 años del asesinato de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y Plácido. También en este día, el Estado mexicano
finalmente reconoció su responsabilidad por las diversas
irregularidades que no le han permitido a la familia de Digna dar con
los responsables y obtener justicia.
La mañana de este miércoles se llevó a cabo un acto de reconocimiento de responsabilidad y una disculpa pública
por el caso Digna Ochoa, en el cual participaron diferentes
funcionarios del gobierno de México, así como defensores y familiares de
la abogada mexicana.
Tal ceremonia es sólo una de las 15 medidas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ordenó adoptar al Estado mexicanopor las diversas fallas
cometidas en la investigación de la muerte de Digna Ochoa y Plácido.
Debido a estas «graves falencias», en 2011, la entonces Procuraduría de
Justicia de la Ciudad de México determinó que la defensora de derechos
humanos se había suicidado y cerró el caso.
Hoy, a 21 años del hecho, Alejandro Encinas Rodríguez (Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación) y Cristopher Ballinas Valdés (Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores) ofrecieron explícitamente una disculpa por
este acto revictimizante y por la falta de voluntad del gobierno
mexicano para dar una respuesta real sobre el feminicidio de la
defensora.
Ofrezco una disculpa
pública a Digna y a su familia porque el Estado mexicano no pudo
garantizar su seguridad y su integridad personal y porque tampoco
garantizó su acceso pleno a la justicia… Por las fallas en la
implementación de los protocolos especializados para la investigación de
su caso, las faltas al debido proceso y a las debidas diligencias.
Porque su lucha y su memoria no pueden ser discriminadas ni
estigmatizadas por su pertenencia de género ni su pertenencia social y
cultural.
Alejandro Encinas Rodríguez
Durante el acto, tanto Encinas Rodríguez como la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), Ernestina Godoy Ramos, recordaron que la Fiscalía de la CDMX ya reabrió la investigación de la muerte de la abogada y defensora de los derechos humanos. Además, de acuerdo con Ernestina Godoy, se creó una Unidad Especializada para la Investigación del Caso de Digna Ochoa para ofrecer una resolución satisfactoria a las y los familiares de Digna.
Digna Ochoa no es un caso aislado; ¿y la justicia?
La Senadora Olga Sánchez Cordero
también estuvo presente durante la ceremonia. En su discurso destacó
que tuvo la oportunidad de conocer a Digna Ochoa «en una versión de
México en la que en muchas ocasiones el gobierno revictimizaba con
impunidad e incluso era el primer sospechoso de articular la violencia
homicida y feminicida». Sin embargo, aseveró, «ese país ha quedado atrás«.
«Las
amenazas ya no vienen del Estado», añadió la funcionaria, aunque
reconoció que aún hay muchos peligros para las y los defensores de
derechos humanos. Estos peligros siguen tan latentes que, según un
informe del Comité Cerezo México, en 2021 asesinaron por lo menos a 25 defensoras y defensores en el territorio mexicano. Además, según el mismo informe —y contrario a lo indicado por Sánchez Cordero—, los perpetradores de estas muertes fueron agentes del Estado mexicano directa o indirectamente.
Desde que inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hasta diciembre de 2021 se han contabilizado 59 homicidios de defensoras y defensores
de derechos humanos. Aunado a esto, el gobierno mexicano sigue
acumulando casos y sentencias de organismos internacionales por su falta
de acción para ofrecer justicia a las y los familiares de estas
víctimas.
Funcionarias
y funcionarios del gobierno mexicano durante el acto de reconocimiento
de responsabilidad por el caso Digna Ochoa. En este cato también
estuvieron presentes las y los abogados del caso, así como los
familiares de la defensora. Fotografía: Twitter @SEGOB_mx
Apenas la semana anterior, los abogados Micheel Salas y David Peña (quienes llevan el caso Digna Ochoa) anunciaron la decisión de llevar el caso de los defensores Bety Cariño y Jyri Jaakkola
con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tal como ha
ocurrido con el asesinato de digna, la muerte de ambos activistas lleva
años en la impunidad.
Los posibles culpables de este homicidio forman parte de un grupo delictivo que presuntamente tuvo alianzas electorales con el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones pasadas por la gubernatura de Oaxaca.
Pero, más allá de estos casos ligados con asuntos políticos, el Estado tampoco ha podido garantizar la no revictimización de
víctimas de otros crímenes feminicidas. Muestra de ello son las
declaraciones de la Fiscalía General de Jalisco acerca del caso de Luz
Raquel. Al igual que con Digna Ochoa, las autoridades también la culparon de su propia muerte.
El caso de Digna Ochoa y Plácido forma parte de este contexto de violencia generalizada
que ha golpeado de manera específica a mujeres, defensoras y defensores
de derechos humanos y también a periodistas. A raíz de él, el Estado mexicano tiene
la obligación de implementar y fortalecer los protocolos de actuación
en casos de ataques contra personas defensoras. También debe cumplir su
compromiso de dar con los responsables del asesinato de Digna.
¿Cuándo
asumirá este compromiso con las miles de víctimas más en México? Como
declaró su hermano Jesús Ochoa y Plácido este miércoles: «Digna Ochoa no esta muerta: está mas viva que nunca y exige justicia». Que esa justicia se extienda para todas y todos quienes actualmente habitan en los terrenos de la impunidad.
.-Este lunes 17 de octubre, se conmemoraron 69 años del voto universal en México,
culminación de décadas de lucha de las mexicanas por acceder a sus
plenos derechos políticos y al reconocimiento de su ciudadanía también
en términos civiles, sociales, económicos y culturales. Desde 1953 mucho
ha cambiado pero quedan grandes pendientes para alcanzar una ciudadanía plena y sobre todo la igualdad.
En
estas décadas México y el mundo cambiaron, la sociedad es más plural,
el discurso de los derechos humanos y la igualdad de género se ha
globalizado y es evidente el valor de la participación de las mujeres en
la esfera pública y laboral. En términos legales, son indudables los
cambios: a raíz del reconocimiento de la igualdad política se
modificaron leyes discriminatorias.
En 1974 se inscribió en la Constitución la igualdad de hombres y mujeres, en los años 80 y 90 se tomaron medidas contra la violencia machista, en 2006 y 2007 se aprobaron respectivamente la Ley de Igualdad y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El marco jurídico electoral sobre todo se fue ajustando a las demandas
de mujeres organizadas que promovieron las cuotas como medio de
compensar desigualdades históricas y por último la paridad que se ha
concretado en la casi igual representación de hombres y mujeres en el
Congreso.
¿Podemos estar satisfechas con estos cambios? Es
evidente que no. Las leyes no modifican por sí solas prácticas y
mentalidades; aunque inciden en la organización política, no la pueden
transformar de fondo si no se cumplen y si persisten o se agudizan
tendencias autoritarias y excluyentes, como sucede en nuestro país.
El
contraste más evidente entre la ley y la realidad se da en la creciente
violencia contra mujeres y niñas que limita sus oportunidades de
desarrollo y crecimiento. Con un promedio de once mujeres asesinadas al día, México es uno de los países más hostiles para las mujeres en América Latina.
A este agravio, se suman el acoso laboral y callejero, la violencia
sexual, la inseguridad rampante, la amenaza de la trata y la
desaparición y ahora la legalización de los vientres de alquiler (en
Tabasco y Sinaloa), práctica que en un país sin estado de derecho puede
agravar la cosificación y explotación de los cuerpos femeninos.
Estas
violencias no se derivan sólo del machismo que reproduce las
desigualdades desde la casa y la escuela. El sistema de justicia,
permeado de corrupción, carente de recursos suficientes, y por tanto
ineficiente, es incapaz de hacer justicia a mujeres y niñas. No sólo las
deja a la intemperie, las revictimiza. Éste es el caso de madres que
denuncian acoso sexual por parte del padre contra sus hijas y violencia
vicaria (abuso y manipulación de hijos e hijas para vengarse de la
madre). No sólo no encuentran apoyo, son a su vez denunciadas por los
agresores con la complicidad de MPs y jueces, sobre todo cuando los
acusados tienen poder político o económico, como los magistrados
acusados de violencia vicaria o incluso violencia sexual y protegidos
por sus colegas u otros “poderosos”.
La mayor participación de
mujeres en las legislaturas, por otra parte, implica el reconocimiento
de la igualdad política pero no garantiza la igualdad sustantiva de la
mayoría. Resultado de las luchas feministas, y de acuerdos políticos, la
paridad ha llevado al poder a mujeres que no siempre responden a las
demandas y necesidades de las mujeres precarizadas o violentadas sino a
su afán de poder, a los mandatos patriarcales – de jefes políticos,
grupos religiosos o grupos de interés. Ser mujer no equivale a ser
feminista pero no deja de sorprender, indignar, que, como en este
gobierno, haya autollamadas “feministas” que toleran un discurso
oficial misógino, callan ante la estigmatización de grupos feministas,
votan por la militarización o montan su carrera política sobre su
identidad de “mujer” y para ello pretenden manipular, como el
patriarcado, a mujeres vulnerables o dependientes de fondos públicos.
No
podemos exigir a legisladoras, funcionarias y agentes de justicia que
se comporten como feministas, la pluralidad es clave de la democracia.
Si podemos documentar que la paridad que muchas presumen como el gran
logro de las mexicanas no ha servido, ya no digamos para mejorar la
vida, para hacerle justicia a niñas y mujeres que todos los días
enfrentan violencia y desigualdad. Éste sigue siendo el gran pendiente
de nuestra precaria democracia.
Fotografía: Pexels.-Ciudad de México.- “Es
difícil este proceso, yo me siento muy mal, pienso que me voy a morir y
que esto nunca va a pasar. Ya llevo años así desde los 35 años, ya
tengo 40 años”, escribió Patricia en el grupo de Facebook Nosotras y la menopausia, consejos para vivir mejor.
Ella, como miles, transitan por esta etapa de su vida entre dudas y
temores debido a la poca información sobre el tema, aún cuando es un
proceso que viven más de 10 millones de mexicanas, según cifras del Censo de Población y Vivienda 2020.
Por ello cada año, desde el 2000, se conmemora el Día Mundial de la Menopausia, con el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de prestar atención a la salud de las mujeres y que así puedan llegar a esta etapa de su vida de manera libre y sin tabús.
Hace 22 años la Sociedad Internacional de la Menopausia (SIM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) declararon este día para que gobiernos y sociedad construyan soluciones que permitan a las mujeres mejorar sus experiencias al hablar de menstruación. Sin embargo, al día de hoy continúa siendo un tema poco abordado.
La organización Planned Parenthood señala que “la menopausia comienza cuando tus ovarios dejan de producir estrógeno y comienzan a producir menos de otras hormonas reproductivas, como la progesterona. Sin estas hormonas deja llegar tu menstruación y el embarazo ya no puede ocurrir”.
Fotografía: Pexels
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destaca que es común que la menopausia se presente en las mujeres entre los 49 y 51 años. Cabe destacar que en edades previas, las mujeres pueden experimentar períodos menstruales impredecibles, esta etapa mayormente es conocida como perimenopausia.
Estos procesos, destaca la académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Aline García Cortés, si se atienden y vigilan de una manera integral, permitirá a las mujeres tener una vida satisfactoria.
La Norma destaca que los espacios de salud están obligados a: brindar atención médica integral, contribuir a la prevención y tratamiento oportuno de los síntomas y signos; fomentar en las mujeres hábitos higiénicos, dietéticos, saludables; además de procurar el acceso a la información.
Sin embargo, los comentarios de las mujeres que forman parte del grupo Nosotras y la menopausia, consejos para vivir mejor, las autoridades de salud no han hecho lo propio.
“¿Alguna
de ustedes ha tenido mareos?”, “¿Me pueden compartir cuáles fueron sus
síntomas de la premenopausia?”, “Tengo 42 años y estoy teniendo cambios
de humor que no puedo controlar y el deseo sexual se ha venido al suelo,
qué puedo hacer?”, son algunos de los cuestionamientos que realizan día a día decenas de mujeres en este espacio creado en 2020 por Reina Reyes Osorio, pedagoga mexicana.
Al respecto, Aline García Cortés -especialista de la UNAM- destaca que lo primordial es brindar información a las mujeres sobre todas las etapas que vivirán a lo largo de su vida y de esta forma puedan estar preparadas desde años antes.
Sobre la medicalización, García Cortés señala:
“Aunque
no hay medicamentos para retrasar la menopausia, hay tratamiento para
sus síntomas, adecuado para cada paciente. A partir de la
perimenopausia, cuando se comienzan a acortar y alargar los ciclos
menstruales, se puede iniciar el procedimiento sustitutivo hormonal con
estrógenos y progesterona si la mujer tiene sintomatología importante.
Cada caso debe individualizarse, porque el tratamiento podría incluir,
además de hormonas, antidepresivos o medicamentos para osteoporosis; es
decir, una atención específica para las necesidades de cada mujer”.
Pero
más allá de la medicalización, no se puede dejar de lado la necesidad
de una buena alimentación y mantener activación física, además, evitar
el tabaquismo y otros factores que predispongan a enfermedades como
hipertensión o diabetes.
En lo anterior coincide Hadine Joffe, investigadora de la menopausia y
psiquiatra de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH por sus siglas
en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados
Unidos, quien destaca que “la mayoría de las mujeres no tienen síntomas severos” cuando en la transición de la mediana edad llevaron una vida saludable.
Universo de experiencias
Al hablar de menopausia no existe una experiencia única, pero es común encontrar cambios corporales en las mujeres que
en ocasiones derivan en síntomas vasomotores (sofocos y sudores
nocturnos), dificultades para dormir, cambios de humor, además de
dolores musculares o articulares.
Sin embargo, la obstetra Martha
Hickey, adscrita al Royal Women’s Hospital de Victoria (Australia),
destaca en un informe publicado en el British Medical Journal que “las
expectativas y experiencias de la menopausia de las mujeres están fuertemente influenciadas por factores personales, familiares y socioculturales”. Es decir, una mujer mexicana no atravesará este proceso de la misma forma que una mujer británica, ya que la multiplicidad de vivencias es infinita.
“Los
estudios transculturales muestran una variación geográfica y étnica
sustancial en la experiencia de la menopausia. Mientras que las mujeres
en países de altos ingresos tienden a reportar más síntomas vasomotores,
una revisión de mujeres menopáusicas en 11 países asiáticos encontró
que los dolores corporales y articulares eran los síntomas más
problemáticos, afectando al 76 por ciento de las mujeres coreanas y al
96 por ciento de las mujeres vietnamitas. Solo el 5 por ciento de las
mujeres indonesias reportaron sofocos”, se explica en el informe.
Sumado a lo anterior, la especialista destaca que la experiencia de las mujeres que viven la menopausia está influenciada por los valores sociales en torno a la reproducción y el envejecimiento. “Las mujeres tienden
a tener peores experiencias con la menopausia en países donde su valor
se basa en la juventud y la capacidad reproductiva y el envejecimiento
está asociado con el declive”.
Entonces, mientras este contexto no se analice y las autoridades de salud no provean de los servicios necesarios para informar y acompañar, la menopausia continuará siendo un tabú y una etapa de incertidumbre.
En México falta mucha información sobre cuántas niñas y niños viven en situación de calle.
Sin embargo, gracias a estudios como los desarrollados por la doctora
en Antropología Social y Cultural María Espinoza Spínola podemos tener
una idea de los factores que llevaron a estos menores a dejar sus
hogares y habitar la calle como un espacio de resistencia y libertad.
Espinoza Spínola se dedicó a estudiar la condición de niñas y niños en las calles de la Ciudad de México entre
2000 y 2009. A lo largo de estos años, la antropóloga española
identificó una serie de constantes en las historias de las y los menores
que deciden abandonar sus hogares.
Una de estas constantes es la separación entre padres y madres,
tras la cual, son ellas quienes asumen por completo la responsabilidad
del cuidado de hijas e hijos. No obstante, también es frecuente que
estas mujeres busquen a otra pareja que cubra sus necesidades económicas y afectivas… algo que no suele suceder.
De acuerdo con las investigaciones de María Espinoza, la llegada de un padrastro a casa puede traer una serie de maltratos hacia
la familia. Esto se exacerba en el caso de las niñas; por un lado,
porque los hombres suelen ejercer violencia sexual contra ellas, y por
otro porque, al ser mujeres, constantemente las descalifican y les hacen
sentir que no tienen ningún derecho en el hogar que habitan.
Además de esto, hay otros factores íntimamente ligados con los roles de género socialmente establecidos. Es decir: con lo que nos han dicho sobre cómo tiene que ser una madre.
«Mala madre» y «buena madre»: no hay punto intermedio
Durante
su estancia en México, María Espinoza Spínola escuchó los relatos de
varias niñas y niños en situación de calle. En estos relatos, uno de los
reclamos constantes de niñas y niños fue la falta de cariño de sus madres.
A ellas las calificaban como «malas madres»
y mujeres indecentes por unirse con otros hombres tras el abandono de
los padres, y también las consideraban tontas porque esos otros hombres
las violentaban. Para los padres, por el contrario, no había ningún
calificativo en específico, lo cual indica que detrás de la decisión de
huir de estas niñas y niños hay concepciones de género revictimizantes para las mujeres y socialmente extendidas incluso en el imaginario de las infancias.
Fotografía: Pexels
De la misma forma, la antropóloga social explica que el reclamo de las y los menores tiene que ver con la concepción de la «madre abnegada»
tan arraigada en la cultura mexicana. Esta madre ideal es una madre
amorosa consagrada por completo al cuidado de su familia aunque ello
implique sacrificar sus propias necesidades.
Ninguno de los
menores a los que entrevistó Espinoza Spínola identifica esta figura con
la de su madre. Por el contrario, las juzgaban como principales
responsables de las violencias ejercidas en su contra, aún cuando muchas
de estas violencias provienen de padrastros, tíos y otros familiares varones.
La calle como alternativa a una vida difícil
Las
razones que llevan a niñas y niños a abandonar su hogar son muy
complejas y no se limitan a los factores expuestos anteriormente. Las situaciones de pobreza y la precariedad económica también juegan un papel importante en esta decisión, así como la violencia como método de educación y
aleccionamiento. Pero, ¿por qué elegir la calle para hacer frente a
estas condiciones? María Espinoza ha concluido que esto tiene que ver
con lo que significa la calle para niñas y niños.
«Las
interpretaciones que los chicos y chicas hacían de la calle como lugar
de libertad fue una de las explicaciones que me dieron para argumentar
su salida», explica la investigadora en su artículo Discursos, narrativas y percepciones entre los y las niñas de la calle en torno a su huida.
Así, la calle se convierte en ese espacio en el que se liberan de la violencia, la pobreza y la disciplina rígida.
También, en ese nuevo hogar sin delimitaciones claras encuentran a
otros en las mismas condiciones que les ofrecen el apoyo o el cariño que
nunca encontraron en el seno familiar.
La calle, por otro lado, también se convierte en un espacio de reafirmación.
Una niña llamada Sonia, por ejemplo, confesó a Espinoza que todas las
vivencias que ha tenido en el entorno callejero han hecho que no sea una
ignorante y sepa defenderse.
Así, lo que para unos puede ser un modo de vida inimaginable, para otros es la mejor posibilidad frente a realidades crueles. No obstante, esto no los exenta de los obstáculos y las otras violencias que esto supone.
México, sin cifras claras sobre niñas y niños en situación de calle
Según datos del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en 2009, en México había cerca de 94 mil 795 niñas y niños en
situación de calle. Desde ese entonces hasta ahora no hay una cifra
oficial que dé cuenta de cuántas infancias viven en esta condición de
vulnerabilidad.
Lo que sí se sabe es que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil
(ENTI) 2019 del Inegi, 2.2 millones de niñas, niños y adolescentes
están trabajando. Tres de cada diez de estos menores son del sexo
femenino de 15 años o menos, mientras que siente de cada diez son
varones. Además, cinco de cada 100 (es decir, cerca de 116 mil 600
menores en total) trabajan por su cuenta, sin aportar nada a ningún familiar o alguna otra persona.
Es
posible que esta última cifra corresponda al grupo de niñas y niños que
viven en situación de calle en México. No obstante, la falta de datos al
respecto no permite hacer inferencias tan a la ligera. Aun así, es
innegable que las y los menores en situación de calle suelen hacer uso
de diferentes recursos para subsistir, tales como emplearse vendiendo
dulces, limpiando parabrisas en los semáforos o trabajando en mercados,
entre una infinidad de posibilidades más.
Lo anterior los pone en riesgo de caer en redes de trata o sufrir diferentes tipos de abusos. Aun así, para ellos, la calle es un espacio preferible a la violencia que habita en sus hogares.
Fotografía: Tomada de video.- Ciudad de México.- Alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunció haber sido víctima de violación al
interior de las instalaciones de la escuela de nivel medio superior.
Estudiantes se manifestaron esta tarde para exigir justicia y atención a
la violencia de género en la institución, pues no es el primer caso que se registra en los últimos meses.
De acuerdo con un comunicado de la colectiva Feministas Organizadas Independientes de CCH Sur, la agresión se perpetró el pasado 17 de octubre en los baños de las mujeres del edificio P aproximadamente a las 16:00 horas. La denuncia la realizó la madre de la estudiante, quien detalló que su hija no recibió ayuda de la institución al momento de los hechos.
“Se
dirigió a la oficina de asuntos estudiantiles y ahí le dijeron que no
había pruebas y que no iban a hacer nada. La compañera llamó a una
familiar suya y de ahí la canalizaron con la abogada de jurídico, Lorena
Fabiola Bautista Salazar, quien le dijo (como en anteriores ocasiones)
que guardara silencio y no se acercara a ninguna feminista del
plantel”.
Feministas Organizadas Independientes de CCH Sur
La colectiva de CCH Sur detalla que posterior a los hechos la víctima y su madre acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a interponer una denuncia y se les indicó que autoridades acudirían el día jueves 20 de octubre a tomar fotografías.
Sin
embargo, la directora del plantel, Susana de los Ángeles Lira de Garay,
dijo a la madre y su hija que personal de la Fiscalía no podía acudir
el día jueves debido a que los baños donde se habría perpetrado la
agresión estaban cerca de un espacio separatista “y no quería tener
problemas con las feministas”.
Tras darse a conocer esta información, autoridades del CCH Sur emitieron un comunicado en el que lamentaron lo ocurrido y aseguraron que a la víctima se le brindó acompañamiento desde el primer momento.
Tras la gravedad de la situación, mujeres se manifestaron este 20 de octubre a las afueras del plantel para exigir justicia por su compañera agredida al interior del CCH.
“No estás sola”, “Ni una más”, “El CCH no me cuida”, fueron algunas de las pintas que se dejaron ver frente a la institución.
Tras dicha movilización, el viernes 21 de octubre se llevará a cabo una Asamblea Estudiantil «por
las violaciones dentro del plantel y su intento por silenciarnos».
Para ello se rechazó la presencia de personal directivo, profesores y
profesoras.
Fotografía: Facebook
Este no es el primer caso de abuso sexual reportado en la institución, apenas el 30 de agosto otra estudiante acusó haber sido víctima de intento de violación.
Lo anterior se acumula a otras denuncias, como la realizada en 2019,
cuando una joven refirió que sus compañeros la drogaron para
posteriormente agredir sexualmente en las instalaciones del CCH Sur.
La violencia de género perpetrada en el CCH Sur no es un hecho aislado, pues la UNAM en general ha registrado altas cifras de agresiones contra mujeres pertenecientes a la comunidad universitaria debido a una ola de impunidad reflejó de la que se vive en todo el país.
De acuerdo con su Informe sobre la implementación del Protocolo para la atención de casos de violencia de género,
la universidad dio a conocer que, de agosto de 2016 al 21 de agosto de
2020, mil 486 personas presentaron una queja por posibles hechos de violencia de género
ante el Subsistema Jurídico de la institución, a partir de las cuales
se identificaron a mil 311 personas presuntas agresoras, de las cuales
únicamente a mil 158 se les pudo iniciar procedimiento de sanción en la
institución debido a que en el resto de los casos no se encontraron
elementos suficientes.
De los mil 158 procedimientos iniciados,
648 concluyeron con una sanción formal y 30 con un acuerdo a través de
un procedimiento alternativo, 278 se encontraban en trámite, en 93 no se
encontraron elementos para sancionar, 23 fueron declaradas
improcedentes y 89 se declararon insubsistentes. Es decir, únicamente
55.9 por ciento de los agresores fueron sancionados.
Wendy Figueroa Morales,
directora de la Red Nacional de Refugios, durante el parlamento abierto
sobre el PEFE 2023 celebrado este miércoles 19 de octubre de 2023.
Fotografía: Twitter @AliadasLa.-
Ciudad de México.- En estas últimas semanas del año se espera que Cámara de Diputados vote el Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio 2023 (PEFE 2023). A pesar de que este
paquete económico cuenta con un anexo específico para procurar la igualdad entre mujeres y hombres, diputadas y activistas afirman que el dinero de este rubro no está ni cerca de cumplir el objetivo que se propone.
Durante un parlamento abierto celebrado
en la Cámara de Diputados este 19 de octubre, varias diputadas,
funcionarias y activistas analizaron con detenimiento qué es lo que se
está presupuestando en el famoso Anexo 13. Diversas opiniones hicieron
énfasis en aquello que se viene discutiendo desde la publicación del
proyecto: más de la mitad del dinero en este rubro se está destinando a los programas sociales protagonistas de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Es por eso que muchas de las asistentes a este parlamento están pidieron a las y los legisladores que el PEFE 2023 se modifique
antes de su aprobación. De lo contrario, insisten, la igualdad
permanecerá sólo en el discurso mientras que, en la realidad, las
mujeres estarían desapareciendo de los planes del gobierno.
Pese a argumentos del gobierno, programas de AMLO no tienen perspectiva de género
Uno de los argumentos de los que se ha valido la administración actual para incluir sus programas asistenciales en
el Anexo 13 es que dichos programas están pensados con perspectiva de
género; además, dicen, están enfocados en cerrar las brechas de
desigualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, de acuerdo con la
diputada del PAN Leticia Zepeda Martínez, la funcionaria Cecilia Aguilar
Setién y la economista Magdalena García Hernández coinciden en que esto
no es así.
Cecilia Aguilar Setién —directora general de
Estadística Información y Formación en Género del Instituto Nacional de
las Mujeres (Inmujeres)— explicó que algunos de los programas
asistenciales están supuestamente enfocados en
fortalecer el sistema nacional de cuidados y, así, disminuir la carga de
las mujeres en las labores de trabajo doméstico no remunerado.
Un ejemplo de ello son las becas para
niñas y niños en educación básica «Benito Juárez», las cuales tienen un
presupuesto de más de 27 mil millones de pesos en el PEFE 2023. Estas
becas representan un alivio en la carga económica de
las mujeres. Sin embargo, en muchos casos, siguen siendo ellas quienes
se hacen cargo de administrar este y otros ingresos, así como de
procurar todas las necesidades emergentes de la educación de sus hijas e
hijos.
«Los programas están
orientados a que las mujeres hagan más trabajo no remunerado», afirma
Aguilar Setién, y agrega que el problema se extiende a otros programas
de vacunación y alimentación a nivel nacional.
Al respecto, la directora de Estadística del Inmujeres recordó que el Estado no es una beneficencia
sino un organismo garante de derechos. Por lo tanto, más que
asistencia, debe procurar una igualdad real entre hombres y mujeres.
Por su parte, Magdalena García Hernández aseveró que los programas sociales de la administración obradorista ni siquiera cuentan con indicadores
de impacto que den cuenta sobre si realmente funcionan para cerrar
brechas de desigualdad o no. También externó su preocupación de que, a
pesar de ello, haya una fuerte negativa para que el proyecto del PEFE
2023 se modifique.
Violencia y comunidades vulneradas históricamente quedan fuera del PEFE 2023
Otra de las asistentes al parlamento fue Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios.
En comparación con los más de 27 mil millones para el programa de becas
Benito Juárez, a dicha red únicamente se le están asignando poco más de
443 millones de pesos en el presupuesto de egresos del próximo año.
Figueroa expresó su frustración debido a que, desde el año antepasado,
sus solicitudes sobre un aumento presupuestal no han sido escuchadas
pese al incremento en la demanda de los refugios. También, pese a que en
2020 esos servicios fueron declarados esenciales por parte del mismo
gobierno que se ha negado a dar el presupuesto completo de este 2022.
Además de esta falta de atención al tema de prevención de violencia, Magdalena García afirma que las mujeres indígenas prácticamente han quedado
fuera del presupuesto 2023. Lo único que se está proyectando para ellas
es un monto de poco más de 175 millones de pesos incluidos en el
Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas.
Ante
este panorama, las diputadas Leticia Zepeda y Johana Montserrat
Hernández Pérez, Cecilia Aguilar Setién, Wendy Figueroa y Magdalena
García Hernández exigen que el proyecto del PEFE 2023se modifique y
se vuelvan a asignar los montos a programas realmente necesarios para
las mujeres. Además, piden que esto se haga tomando en cuenta la
inflación de los años siguientes y todas las alertas por violencia de
género activas en las diferentes entidades de la República Mexicana.
«Nos
desmantelaron todo el trabajo que habíamos hecho durante muchos años»,
aseveró la economista Magdalena García. También agregó que las mujeres
han perdido más de 30 mil millones de pesos en presupuestos durante los
últimos años. Pero, ante esto, no se dejará de insistir para que las
mujeres realmente se incluyan en el PEFE 2023.
