Desde 2009, las organizaciones civiles que trabajan para poner un alto a los asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas han solicitado al Gobierno Federal activar la Alerta en 21 estados de la República, debido a que sólo en siete aceptaron implementar acciones gubernamentales de urgencia para salvar la vida de las mujeres.
Desde los primeros intentos por activar este mecanismo en Oaxaca y Guanajuato destacó la necesidad de reformar el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de que los funcionarios de los 32 Institutos Estatales de la Mujer no se encargaran de votar la procedencia o la negativa para dejar en manos de expertos la deliberación.
Por presión de la sociedad civil, el 25 de noviembre de 2013 se publicaron las modificaciones al reglamento. El objetivo de la reforma fue evitar trabas en el proceso y que la decisión la respaldara un grupo de expertos; sin embargo, para activar en la actualidad la AVG se requieren una serie de pasos que parecieran estar diseñados para evitar decretarla.
Además, en algunos estados los procesos de solicitud se interrumpieron por el cambio de administración o se alargaron porque el plazo para cumplir con recomendaciones se amplió, como desde hace 2 años que sólo se ha activado en: Morelos, Estado de México, Jalisco y apenas el mes pasado en Michoacán, Chiapas, Veracruz y Nuevo León.
PROCESO BUROCRÁTICO
En todas las entidades los organismos civiles enfrentan un camino de obstáculos cuando presentan una solicitud ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Segob, o ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que siempre es admitida para su análisis sin implicar que procederán las medidas de emergencia.
Una vez que la solicitud es aceptada, se conforma un grupo de trabajo con expertos que en 30 días naturales analizan la situación de violencia para elaborar un informe con conclusiones y propuestas que enfrenten la problemática.
Crear esta comisión de expertos garantiza no politizar el proceso, integrada por ocho personas: cuatro servidoras y servidores públicos que representan al Inmujeres, Conavim, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a los Institutos de las Mujeres estatales; así como cuatro personas expertas (dos estatales y dos nacionales) de instituciones académicas o de investigación especializada en violencia contra las mujeres.
Tras presentar al Ejecutivo estatal y a la organización solicitante el informe, el gobernador cuenta con un plazo de 15 días para aceptar o rechazar las propuestas y conclusiones. A partir de su aceptación se otorga un plazo de seis meses que permita diseñar estrategias y ejecutar acciones.
De los estados que solicitaron la AVG, sólo en Morelos el gobernador Graco Ramírez Garrido y su gabinete mostraron tal desinterés que incumplieron las medidas recomendadas por el grupo de expertos, al provocar que cuatro meses después de la solicitud, el 10 de agosto de 2014, la Segob decidiera decretar el mecanismo.
Indignadas por la burocracia para activar la Alerta, el 5 de agosto organizaciones civiles solicitantes de la AVG en 22 entidades, se reunieron con las integrantes del Consejo Social del Inmujeres en Guadalajara, Jalisco, para exponer los obstáculos que experimentan en el proceso de activación del mecanismo.
Entre las barreras, las activistas expusieron que la Segob otorgó plazos a los gobiernos de Guanajuato, Sonora y Colima para cumplir con las recomendaciones de los expertos. En el primer caso la prórroga fue indefinida y en los otros dos estados, fue de 6 meses.
La vocal y consejera de la Junta de Gobierno del Inmujeres, Magaly Reyes Chávez, asegura que la tendencia de la Segob y los gobiernos estatales es aplazar los tiempos para que no se declare la Alerta en ningún estado.
Ante la preocupación, en la reunión de Guadalajara las asociaciones civiles acordaron exhortar al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a que impulse una nueva reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso para que, esta vez de verdad, garanticen la protección de la vida de las mexicanas.
PROCESOS ESTANCADOS
Los gobiernos estatales deben cumplir con la Ley General de Acceso y las leyes estatales de igualdad y no discriminación, pero ante la inacción gubernamental las organizaciones civiles recurren al mecanismo de AVG para obligarlos a tomar acciones como: otorgar órdenes de protección a las víctimas de violencia, generar datos sobre delitos contra las mujeres, ofrecer anticoncepción de emergencia a sobrevivientes de violencia sexual, entre otras.
Mientras, la mitad del territorio nacional tiene una solicitud de Alerta, como ocurre en: Hidalgo, Guanajuato, Colima, Baja California, Sonora, Querétaro, San Luis Potosí, Quintana Roo, Tlaxcala, Sinaloa, Guerrero, Nayarit, Puebla y Tabasco.
Cuando los gobiernos de estas entidades han sido obligados a informar sobre el cumplimiento de las observaciones de la Conavim, la Segob les otorga plazos de hasta 6 meses para que puedan acatarlas, como en el caso de Guanajuato en donde esta estrategia funcionó, mientras que en Sonora y Colima darles más tiempo culminó en no decretar la Alerta.
Guanajuato es uno de los primeros estados que solicitó la AVG en 2009 y luego en marzo del 2014. Para agosto del 2015 el gobierno en turno cumplió con 9 de las 13 recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo, por lo que la Conavim consideró que ya no había elementos para declarar la AVG.
La directora y fundadora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, dijo en entrevista con Cimacnoticias, que en ese estado ya tipificaron la violencia familiar y el intento de feminicidio como un delito grave, pero considera que todas las acciones realizadas para responder al proceso de activación del mecanismo deberían integrarse a las políticas públicas estatales con proyección a 20 años.
Por ejemplo, Cruz Sánchez indicó que el gobierno sólo ofreció acompañamiento a los familiares de las víctimas que denunciaron durante el periodo de solicitud de la Alerta, pero no sucede lo mismo con el resto de las familias de mujeres que asesinaron después de la solicitud, por lo que consideró que estas medidas deben aplicarse de manera permanente y no sólo para cumplir con los indicadores del mecanismo.
En otros estados como Tlaxcala, en donde se solicitó la AVG el pasado 8 de agosto por trata de personas y desapariciones, pasaron 3 meses para que se conformara el grupo de trabajo que investigaría la violencia. Al respecto la activista de la agrupación Mujeres en Consenso, Coral Ávila Castro, señaló en entrevista, que este grupo aún no llama a las asociaciones civiles ni a las instituciones para realizar las entrevistas correspondientes, que deja ver falta de compromiso por parte del gobierno estatal.
Otro caso donde no se ha decretado la AVG es Quintana Roo. De acuerdo al seguimiento dado por la representante de la agrupación Maya sin Fronteras, Graciela Machuca Martínez, después de que se solicitó activar el mecanismo hubo un cambio de administración. El proceso se encuentra estancado, pese a que el gobierno de Carlos Joaquín González de la alianza PAN-PRD inició el 25 de septiembre pasado.
Aunque desde 2013 se tipificó como delito el feminicidio en Quintana Roo, los asesinatos de mujeres se clasifican sólo como homicidios, motivo de quejas por las asociaciones solicitantes de la AVG en diciembre del 2015, que de acuerdo a la activista sigue sin cumplirse.
DECRETO SIN RESULTADOS
Lograr declarar la AVG en los estados es un trabajo de las organizaciones civiles que a la par de seguir los procedimientos administrativos ante la Conavim y el Inmujeres, las obliga a presentar amparos y pasar por largos procesos legales ante instancias judiciales. Al momento, en siete estados han declarado la AVG: Michoacán, Morelos, Estado de México y Jalisco, pero en noviembre se sumaron Chiapas, Nuevo León y Veracruz.
La experiencia en los estados en los que se declaró la Alerta, como en el caso de Morelos, es que no existen avances en acciones como la creación de un Banco de Datos de violencia y realizar campañas de prevención de la violencia de género. En este caso, la Comisión Independiente de Derechos Humanos del estado señaló que el gobierno estatal ni siquiera publicó el informe sobre el cumplimiento de las observaciones hechas por la Conavim.
En Michoacán, a 5 meses de que el gobernador Silvano Aureoles Conejo reconociera que la violencia contra las mujeres se tendría que erradicar en conjunto con el Gobierno Federal y municipal, no se ha hecho un diagnóstico ni planeación de actividades para lograr ese objetivo. De acuerdo a la presidenta de Humanas Sin Violencia en Michoacán, Lucero Circe López Riofrío, el desplazamiento por conflicto armado y el crimen organizado, son dos situaciones que incrementan los delitos como el homicidio contra mujeres, feminicidio y violencia sexual, pero durante este tiempo no han visto acciones concretas de los gobiernos estatal y municipal para reducir la problemática.
Ante ello, en octubre de este año solicitaron datos al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Michoacán, para conocer cómo los 14 municipios ofrecen seguridad y acceso a la justicia a las mujeres y cómo reparan los daños a las víctimas.
principios de noviembre se venció el plazo para recibir una respuesta, la organización decidió interponer una acción de inconformidad y les notificaron que a los Ayuntamientos les otorgaron un plazo de 10 días hábiles para emitir su respuesta.
En el caso de Jalisco fue el actual gobernador Aristóteles Sandoval Díaz quien decretó la AVG, el 8 de febrero de este año, pero de acuerdo la integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), María Guadalupe Ramos Ponce, la Alerta es una farsa porque no ha hecho nada por eliminar la violencia contra las mujeres. Para exigir que se tomen acciones para proteger la vida de las jaliscienses es necesario que haya un documento oficial de decreto que permita que, organizaciones y gobierno del estado, acuerden acciones a implementar.
Es por esta razón que el pasado 23 de noviembre el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) solicitó a la Segob decretar la AVG en ese estado, sin necesidad de iniciar de nuevo un procedimiento. A 4 años de que se solicitó la AVG en el estado de Nuevo León, decretaron el pasado 18 de noviembre el mecanismo de emergencia por el resultado de un proceso legal que emprendieron las organizaciones civiles OCNF y Arthemisas por la Equidad, mediante un amparo y otros recursos legales.
Ese estado es la tercera entidad federativa que solicitó la AVG, el 13 de enero del 2012, pero el 28 de junio del mismo año se la negaron por considerarse improcedente al provenir de organizaciones que promueven Derechos Humanos y no por las que son afectadas de manera directa, es decir las víctimas o familiares, a pesar de que el mecanismo de emergencia fue diseñado para que la ciudadanía pudiera solicitarlo.
De acuerdo a la coordinadora ejecutiva de la OCNF, María de la Luz Estrada, emprendieron un proceso legal a través de un amparo interpuesto el 5 de marzo del 2012, y después con un recurso de revisión solicitado el 28 de julio del mismo año, a fin de revocar la negativa que señalaba que, como agrupaciones civiles, no tenían interés legítimo ni jurídico para solicitarla.
El 2 de agosto del 2012, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa emite una resolución y solicita que se reanude el proceso de solicitud de la AVG, porque de acuerdo a la Convención de Belém do Pará y el Control de Convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se tiene que atender, prevenir y sancionar la violencia en contra de las mujeres sin dilación y con carácter inmediato.
El 21 de noviembre del 2012, el Inmujeres en conjunto con la Segob y otras instituciones solicitaron la suspensión del procedimiento, pero se los negaron por considerarse una violación a los Derechos Humanos de las mujeres; hasta el 24 de abril del 2013 se reanuda el procedimiento de la AVG. La investigación del proceso de solicitud de la AVG en Nuevo León duró un año con 8 meses; la Segob decretó el mecanismo para ese estado el pasado 18 de noviembre. La violencia en contra de las mujeres documentada en esa entidad federativa es de asesinatos y desapariciones.
En el estado de Chiapas el proceso legal es similar, la Alerta fue solicitada el 25 de noviembre del 2013 por el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y OCNF, quienes interpusieron un amparo que permitió que el 18 de noviembre se decretara la AVG en: Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. De enero del 2015 a noviembre del 2016, en Chiapas fueron asesinadas 249 mujeres.
tipo de violencia que se diagnosticó en esa entidad del sureste, de acuerdo a María de la Luz Estrada, es la falta de medidas de protección para las mujeres que denuncian violencia familiar, así como asesinatos de mujeres mayores de 50 años en el ámbito comunitario y familiar, además de la trata de mujeres y niñas en el municipio de Tapachula. La última AVG declarada en este año fue en Veracruz, con fecha del 23 de noviembre para 11 municipios del estado: Tuxpan, Poza Rica, Córdoba, Orizaba, Xalapa, Veracruz, Boca de Río, Martínez de la Torre, Coatzacoalcos, Minatitlán y Las Choapas.
La coordinadora de la organización solicitante, Aracely González Saavedra, dijo a Cimacnoticias que espera que la administración de Miguel Ángel Yunes Linares tome la AVG como una medida urgente y no simule como el exgobernador ahora prófugo, Javier Duarte Ochoa, al rendir su informe de acciones a la Conavim.
¿QUÉ SIGUE?
Aun con todas las barreras para lograr que las instituciones de gobierno implementen políticas públicas para proteger la vida de mujeres y niñas, las organizaciones civiles consideran que la AVG es un mecanismo necesario y por ello ahora impulsan modificaciones de orden administrativo para que sea más eficaz su activación.
Durante la reunión que sostuvieron el pasado 5 de agosto organizaciones civiles solicitantes de la AVG con las integrantes del Consejo Social del Inmujeres en Guadalajara, Jalisco, acordaron proponer una reforma al Reglamento de la Ley General, para establecer tiempos y devolverle a las organizaciones civiles la facultad de trabajar en coordinación con los tres niveles de gobierno durante y después de la solicitud.
A su vez, la Conavim presentó a las académicas que han conformado los grupos de trabajo y a las organizaciones solicitantes, su propuesta de reforma al Reglamento de la Ley General.
