Guatemala, el más poblado de Centroamérica, pero con bajo desarrollo capitalista

Pedro Echeverría V.


1. El próximo domingo 11 se realizarán elecciones presidenciales y generales en Guatemala. Al parecer todos los candidatos punteros son de derecha y, en este país de casi 15 millones de habitantes –predominantemente indígena y campesino- la izquierda parece insignificante. Incluso Rigoberta Menchú, la indígena guatemalteca premio Novel de la Paz, apenas cuenta con el dos y tres por ciento en las encuestas en las que aparece el general Otto Pérez Medina arriba por amplio margen. (Hay que decir que éste candidato –estando arriba en las encuestas- fue derrotado hace cuatro años por Álvaro Colom) A mí me ha parecido interesante reflexionar sobre Guatemala, un país que en los sesenta tuvo una fuerte guerrilla encabezada por Montes y otros que, al parecer, no fortaleció a la izquierda.

2. Acabo de ver dos largas e interesantes entrevistas del presidente civil en funciones Álvaro Colom y del principal candidato general Pérez Medina, realizadas por un periodista holandés. Me pareció que las dos estuvieron muy bien llevadas y cada una refleja muy bien el pensamiento y la personalidad del entrevistado. En el lenguaje popular, que parece decir mucho, a Colom –quien me pareció escuchar que es socialdemócrata- le dicen “la mano aguada” o el “indefinido”, y a Pérez, un militar de derecha, “la mano dura”, aunque no ha gobernado. Sin embargo hay muchas cosas básicas que deben tomarse en cuenta; el narcotráfico, las maras salvatruchas, los acuerdos de paz, el que no hayan partidos fuertes, el caso Rosemberg y el papel importante de la CICIG.

3. Guatemala, con sus 15 millones de habitantes, está por encima de Honduras (8), El Salvador (7.8), Nicaragua (7.2), Costa Rica (5.2) y Panamá (3.7); sin embargo, como apunta Colom –a pesar de sus enormes recursos naturales- no ha podido entrar a la modernización (capitalista) por mil un causas. No tiene el problema de la enorme densidad de El Salvador (308 por Km2), pero su población urbana (39 %) es muy baja frente a la de Panamá con 56 por ciento. En cuanto al uso de Internet tiene 17.1 frente a 93 de Casta Rica y en cuanto al PIB por habitante tiene 3.8, frente al 6 de Panamá y 8.6 de Costa Rica. (datos que yo he organizado). Por eso en la entrevista Colom parece concluir que el rezago permanente de Guatemala sólo podrá remediarse con grandes proyectos y no con reformas.

4. La entrevista al general Pérez Medina también es interesante pero su visión parece circunscribirse a la crítica de las cosas que no ha hecho este gobierno. A este no se le ve como un “generalote autoritario”, pero si se ve con muchas limitaciones políticas en este momento en que los problemas de Guatemala, Centro y Latinoamérica sólo pueden resolverse integrados en una política y economía internacional. Estoy convencido que es erróneo pensar que un pueblo atrasado es el que no ha ingresado a la modernidad de las grandes fábricas, restaurantes, automóviles y bancos; sin embargo un pueblo que no puede producir para el consumo de la mayoría de sus habitantes, es un pueblo que debe recibir todos los apoyos necesarios. No para tener Internet, pero sí para aplicar la técnica que ayude.

5. El problema principal es la dependencia económica, política y militar de Guatemala y Centroamérica –desde hace siglo y medio- de los EEUU. No han sido países que no hayan querido desarrollarse por flojera e ignorancia de sus pobladores, sino naciones que no las han dejado crecer porque han sido víctimas del saqueo imperial, de gobiernos autoritarios y empresarios explotadores. ¿Puede olvidarse acaso aquella Doctrina Monroe de principios del XIX que amenazó con castigos a los países de América para evitar que intervengan los europeos en el continente porque América sólo podía ser para los americanos, es decir, para los yanquis? Así que en nuestros países sino hacemos nuevas revoluciones y nuevas independencias, seguiremos postrados ante el imperio opresor.

6. Alvaro Colom reflexiona sobre el atraso de Guatemala y de la falta de modernidad al poner el ejemplo de que no hay partidos políticos con permanencia porque “todos nacen, gobiernan y mueren” siguiendo a un candidato. Por ejemplo él pertenece al UNE (Unión Nacional de la Esperanza) y Pérez al PP (Partido Patriota), Son partidos que no tienen tradición, no tienen principios ideológicos firmes ni programas conocidos. Sin embargo, en los países donde hay partidos con tradición como el PRI y el PAN mexicanos, el peruano de Haya de la Torre o los liberales y conservadores de Uruguay y otras países, tampoco han sido ninguna garantía de democracia o igualdad; más han jugado el papel de frenos a las luchas y de conservación de enormes privilegios muy ofensivos para el pueblo.

7. ¿Quién va a triunfar en Guatemala? Al parecer sólo se ve a la derecha, a Pérez Medida que parece muy adelantado. Se comenta que incluso será en la primera vuelta porque su ventaja es muy alta y no sólo el 5 por ciento como aventajaba a Colom hace cuatro años. La bronca es que ningún país puede liberarse y construir una nación no capitalista mientras el imperio yanqui y la hegemonía de los siete en el mundo siga dominando. Por eso la izquierda honesta no puede estar jugando a las elecciones y a las pequeñas reformas al capitalismo. Se requiere pensar con mayor profundidad en un proyecto que contemple la funesta dominación imperial y la unidad de muchos países de una región. Cualquier cosa que logremos en pequeño será barrida si es un peligro para el imperio

http://pedroecheverriav.wordpress.com

¿Y ahora qué hacemos con los Twitterroristas?

Escrito por Arturo Loría

María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, los tuiteros acusados de terrorismo. Foto: Julio Argumedo / Fuente: http://www.veracruzenred.com/

El recientemente celebrado Marshall McLuhan hacía una distinción entre medios fríos y calientes, basándose en la cantidad de información que éstos aportaban y en el involucramiento de las audiencias. McLuhan sostenía que los medios fríos eran aquellos que, al dar poca información obligaban a la audiencia a involucrarse más. De esta manera podrían explicarse fenómenos como, por ejemplo, lo ocurrido el 31 de octubre de 1938 con Orson Welles y su dramatización radiofónica de La Guerra de los Mundos, que debido a su realismo, provocó una histeria colectiva que afectó a poco más de un millón de personas.

Sería interesante conocer la opinión de McLuhan en una época en la que a pesar de vivir inmersos en un excesivo torrente de información, ésta no parecería llegar completa o con la fidelidad debida. Dentro de su clasificación de medios ¿Dónde quedaría el oscilante internet con sus marejadas de información sin procesar? O más interesante aún ¿En qué nivel pondría a las Redes Sociales donde hay un mayor intercambio de datos entre usuarios pero dudosos niveles de fidelidad? ¿Estamos ante medios tibios, sobre calentados, o simplemente volubles?

Un análisis similar podría realizarse con lo recientemente ocurrido en Veracruz y el par de twitteros que trajeron un nuevo concepto para los mexicanos: el Twitterrorista. Dos de las palabras que parecen estar de moda en nuestro país en un solo concepto.

Con las debidas distancias, lo ocurrido el pasado viernes 26 de agosto tiene ciertas similitudes a la histeria colectiva causada por Orson Welles con su Guerra de los Mundos: debido a una serie de rumores esparcidos por las redes sociales, particularmente Twitter, decenas de padres veracruzanos fueron a recoger a sus hijos a distintos colegios ubicados en el puerto y los municipios conurbados de Alvarado y Boca del Río.

Bajo los hashtags #verfolow y #Veracruz se esparció el rumor de posibles narcoataques a las escuelas ubicadas en estas áreas. A pesar de no haber nada confirmado, los padres corrieron a recoger a sus hijos en medio del pánico colectivo, provocando un inusual tráfico en la ciudad y prácticamente evacuando las escuelas bajo su propia mano.

El movimiento fue tal que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tuvo que ponerse en contacto con los directivos de las escuelas. Tras la histeria generalizada vinieron mensajes oficiales para tranquilizar a los veracruzanos, el gobernador y el secretario de educación del Estado declarando que no había que dejarse llevar “por esta oleada de desinformación”.

El mismo viernes 26, surgieron los nombres de María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera; periodista la primera, el segundo definido en los medios sólo como “tuitero” (especial atención a esta nueva categoría oficial). Pero más importante aún, ambos fueron definidos con un concepto que escuchamos adjudicado por primera vez a connacionales nuestros: Twitterrorista.

Con una inmediatez sorprendente, tal vez propia del Internet, el gobierno de Veracruz, naturalmente asustado por las recientes balaceras que se han dado en su Estado, había encontrado a los responsables de este acto terrorista. Y es que parece ser que tras lo ocurrido en el Casino Royale en Monterrey hace unos días, el terrorismo es el mayor problema de nuestro país. Así pues, cualquiera que atente contra la seguridad nacional es catalogado de terrorista.

Lo “bonito” de todo esto es cuando se decide juntar este adjetivo con el lugar en el que ocurrió todo. Así que ahí están: los dos primeros Twitterroristas mexicanos.

Acusados de sabotaje y terrorismo, a este “twitterpar” (acomodándonos un poco a esta moda) les dieron formal prisión el pasado miércoles, una vez que el juez de la causa determinó que las pruebas presentadas eran suficientes para detener a los acusados.

Toda esta situación ha levantado un debate en torno a si la acción de Bravo Pagola y Martínez Vega fue terrorismo o libertad de expresión. Lo interesante en torno a esto es que ni siquiera se ha confirmado aún que el primer tuit que provocó la histeria colectiva proviniese de alguno de estos dos usuarios.

Además, el abogado que representa tanto a Bravo Pagola como a Martínez Vega ha declarado que se han dado múltiples violaciones a los derechos humanos en el proceso de encarcelamiento de sus clientes.

Cabe insistir en la rapidez con la que el gobierno veracruzano capturó a dos usuarios de internet, un gobierno que, como apunta el blog Pijama Surf, no ha sido capaz de encontrar aún a quien plantó una granada “que explotó en la afueras del acuario del puerto de Veracruz”.

Sin duda vivimos una era en la que el internet parece jugar un papel clave, mas no claro, para la justicia de este país. Ahí esta el caso de Marisela Escobedo y el video de su asesinato frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, que le dio la vuelta al mundo por internet y que permanece sin resolución.

¿Qué es lo que realmente ocurre con el par de “Twitterroristas” veracruzanos? Que estamos en un país en el que la situación se ha salido de las manos, en el que, parafraseando a McLuhan, pareciera ser que el medio no es el mensaje, sino el miedo.

El narcoatentado en Monterrey, junto con el asesinato del periodista Humberto Millán Salazar ocurridos la semana pasada, y el asesinato de las periodistas Ana María Marcela Yarce y Rocío González Trápaga esta semana, son las heridas de un país al que el miedo se está carcomiendo y provoca reacciones de esta índole. El pánico colectivo por el lado de la sociedad civil a la menor provocación y la necesidad de resultados inmediatos, sin premeditación o el debido juicio, por parte de las autoridades.

Este comportamiento por parte del gobierno parece lamentablemente natural, tras cinco años de una Guerra contra el Narcotráfico que, en lugar de ser analizada y planeada como era debido, es reafirmada en el último informe de gobierno del Presidente.

Por supuesto que tampoco es justificable jugar a través del rumor con una sociedad tan sensible como la mexicana en estos días y, particularmente, con la veracruzana, que más ha sufrido de la insensibilidad de otros. Pero lo cierto es que el gobierno parece actuar sin saber qué hacer, tomando medidas autoritarias ante situaciones desconocidas.

México aún no cuenta con el marco legal adecuado para los crímenes virtuales y digitales. Tan es así, que aún no estamos del todo seguros si esto deba ser considerado un crimen y, de ser así, en qué medida debe de ser juzgado.

Amnistía Internacional ya alzó la voz y consideró injusto el trato que se le ha dado a los tuiteros, en Internet ya surgió el movimiento “Yo también soy Twitterrorista”. Pero aún así, nada más ha ocurrido.

¿Es necesario el método del castigo ejemplar? ¿Estamos realmente hablando de terrorismo? Y si ambas respuestas resultaran afirmativas ¿Por qué no se aplican estas medidas con los criminales que van más allá de la virtualidad y que hacen de nuestra realidad lo que es?

De seguro la primera pregunta que surgió en la mente de las autoridades veracruzanas fue ¿Y ahora, qué hacemos con los Twitterroristas?

“De alguna manera, todos son responsables”, opinan nuestros lectores

Escrito por El Zappo

Ha pasado poco más de una semana del narcoatentado en el Casino Royale de Monterrey. Este evento, de enorme carga simbólica, parece ser una de las gotas más pesadas que han derramado el vaso del gobierno de Felipe Calderón, quien el día de ayer no hizo sino mostrarse firme ante una estrategia que muchos consideran más que fallida.

Como siempre, en este espacio nos interesa conocer la opinión de nuestros lectores en torno a los principales temas que hacen el día a día de nuestro país. Y más aún, de un suceso como éste.

A los pocos días de lo ocurrido en el Casino Royale, lanzamos en este sitio una encuesta en la que le preguntábamos a nuestros lectores a qué instancia vinculada con el gobierno consideraban como la principal responsable de esta tragedia. Sabemos que la principal responsabilidad recae sobre quienes provocaron el incendio, pero hay también otra parte responsable, aquella que, como se ha ido destapando en los últimos días, facilitó que esto sucediera. Y justo esa parte es la que queremos conocer.

A la pregunta “¿A qué instancia de gobierno considera más responsable en el narcoatentado al Casino Royale?” han respondido hasta ahora 328 lectores, cuya opinión es la siguiente.

De los tres gobiernos (federal, estatal y municipal), sólo 1.52% (5 votos) considera que parte de la responsabilidad en torno a esta tragedia recae en el municipio; el número aumenta cuando se vincula al gobierno estatal, del que un 5.49% (18 votos) cree que es el responsable; sin embargo, el porcentaje se dispara cuando la responsabilidad se le adjudica al gobierno federal, por el que 30% de nuestros lectores votaron (la segunda cifra más alta de la encuesta, con 99 elecciones).

Otra instancia que pusimos a consideración fueron los dueños del casino, quienes recibieron el menor de los votos con tan sólo un 1% (3 votos). Preguntamos también sobre los jueces que otorgaron los amparos de los casinos, quienes quedaron en cuarto lugar con un 4% (14 votos).

Sin embargo, la mayoría de los votos fue obtenida de forma contundente por aquellos que opinan que todas las instancias tienen algo de responsabilidad en el asunto: 54% de nuestros lectores (176) votaron esta opción.

Entre los comentarios que recibimos están quienes opinan que el ex presidente Vicente Fox tiene parte de la responsabilidad de estos sucesos, ya que en su sexenio se legalizaron este tipo de lugares. Hubo quien opinó que los medios de comunicación y los periodistas eran culpables, así como quien le adjudicó las responsabilidad “a la mafia” y los delincuentes. Un lector consideró que también nosotros, los ciudadanos, éramos responsables de este suceso.

La encuesta sigue abierta y nosotros seguimos interesados en conocer su opinión. Esperamos sus comentarios.

¿Quién es Camila Vallejo?

Escrito por Jenaro Villamil

El periódico británico The Guardian la comparó con el subcomandante Marcos, el sitio Terra de Brasil la bautizó como la “Musa Chilena”, la derecha radical de su país, tan arraigada y misógina, la ha insultado (“muerta la perra, se acaba la leva”, twitteó una funcionaria del Ministerio de Cultura), pero más allá de su belleza, Camila Vallejo, representa un nuevo tipo de liderazgo que ha cimbrado a su país y ha llamado la atención internacional.

Su nombre completo es Camila Vallejo Dowling, militante e hija de dos integrantes del Partido Comunista de Chile, pasante de la licenciatura de Geografía. A los 23 años, en noviembre de 2010, alcanzó el liderazgo de la FECH, convirtiéndose en la segunda mujer en más de 100 años en encabezar esta poderosa agrupación. Desde entonces, encabezó un movimiento que logró el paro nacional los días 24 y 25 de agosto pasados, en alianza con la Central Unitaria de Trabajadores, y decenas de manifestaciones estudiantiles que han enfrentado a los policías y a la derecha empresarial.

Vallejo y la FECH demandan el fin de las onerosas deudas adquiridas para financiar la educación superior (una especie de Fobaproa o de corralito universitario chileno) y reclama el acceso público y gratuito a la enseñanza media y superior.

En Chile, el 85 por ciento del presupuesto universitario lo financian las familias y el Estado sólo aporta el 15 por ciento. El 70 por ciento de los estudiantes dependen de un crédito bancario que ha endeudado con intereses agiotistas a miles de familias. La clase media se ha endeudado de por vida para que los jóvenes alcancen alguna licenciatura. Los créditos son 19 veces más caros que el de las universidades de Francia.

Sus más de 150 mil seguidores en su cuenta de Twitter, sus compañeros estudiantes, están convencidos que Camila Vallejo ha logrado lo que desde la época de Salvador Allende no se veía en Chile: el interés de los jóvenes chilenos (nacidos la mayoría durante la etapa posterior a Pinochet) en las cuestiones sociales y políticas.

Más que un fenómeno mediático, constituye la demostración de nuevos liderazgos tras dos décadas de transición política en Chile, modelo “ideal” para los fondomonetaristas y ahora desafío para los neoliberales del gobierno de Sebastián Piñera.

En entrevista con la agencia mexicana Notimex, Vallejo explicó que desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) “el Estado trasladó al mercado la responsabilidad de educar” a los jóvenes. Por eso, afirmó a la agencia AP, “en Chile se instauró el modelo neoliberal en la educación y el Estado redujo sus aportes. Hoy el costo de la educación superior descansa en las familias, que tienen que endeudarse para educar a sus hijos. Lo que buscamos es recuperar la educación pública”.

No pide el fin de la burguesía, no reclama la instauración de un modelo socialista, mucho menos encabeza un discurso del odio. Vallejo representa a la nueva ola que abandonó el dogma para tomar la agenda de los derechos sociales como propios (y el centro aquí es la educación).

En tres meses de masivas movilizaciones, los estudiantes chilenos han logrado transitar de la demanda por una educación pública y gratuita a encabezar la propuesta de una nueva Constitución, un nuevo Código del Trabajo, mejor sistema de salud pública, reforma tributaria y la renacionalización del cobre, el recurso estratégico por excelencia de Chile.

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Guajardo, aliado de la FECH de Vallejo, lo sintetizó así en entrevista con Prensa Latina:”entraron los trabajadores al escenario y eso le da una cualidad muy distinta y más profunda a este movimiento que existe en el país”.

“En Chile se ha producido lo que hasta hace no mucho parecía imposible: que una clara mayoría comparta la idea de que el modelo heredado del pinochetismo debe ser cambiado de raíz por otro que abra paso a la justicia social”, sentenció la editorial de la revista chilena Punto Final, que considera lo sucedido en estos tres meses como una “auténtica revolución social”.

El optimismo desbordado no excluye el poder y la capacidad de la derecha chilena, tan arcaica como el pinochetismo, que tiene frente a sí no sólo a una lideresa joven y carismática, sino inteligente que ha rebasado las fronteras de la nación andina.

La camilización de los movimientos sociales y estudiantiles de América Latina puede ser el segundo “contagio” que las redes sociales protagonizarán en esta región tras las revueltas en el mundo árabe.

“Desde los días del zapatista subcomandante Marcos, Latinoamérica no se veía encantada por una líder rebelde”, sentenció The Guardian, en el estilo británico de encumbrar a las nuevas figuras del imaginario europeo.

Por lo pronto, Camila Vallejo, a sus 23 años, con su piercing en la nariz, su largo cabello castaño y sus ojos claros afirma: “siempre voy a estar metida en la política”.

México: Libertad de expresión y “terrorismo”

El difunto Carlos Montemayor lo expresó muy bien en su artículo sobre la Ley Antiterrorismo: “veamos ahora lo que constituye quizás el texto central de esta reforma legislativa en México...

Javier Hernández Alpízar | Babel, Para Kaos en la Red

El difunto Carlos Montemayor lo expresó muy bien en su artículo sobre la Ley Antiterrorismo: “veamos ahora lo que constituye quizás el texto central de esta reforma legislativa en México: "Se impondrá pena de prisión de seis a 40 años y hasta mil 200 días de multa, sin prejuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación".

“Cada una de las hipótesis enlistadas aquí tipifican o pueden tipificar delitos en sí mismos; no requieren el contexto del terrorismo ni los vínculos con las organizaciones identificadas por el gobierno estadunidense. Pero sí se trata de un retroceso legal porque se recurre a elementos ambiguos como "que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella". Numerosos motivos y circunstancias que producen esos efectos no pueden tipificarse como evidencia terrorista. La alarma, el temor o el terror lo produce la presencia del Ejército o de los cuerpos policiacos en operativos de cateos ilegales y represivos y la militarización actual de varios estados de la República en la lucha contra el narcotráfico. También lo producen las bandas de secuestradores en ciertos sectores de la población, o los asesinos seriales (el Mataviejitas, que resultó ser la Mataviejitas, por ejemplo), las vendettas del crimen organizado, los asaltos a mano armada en vía pública o en transportes colectivos, y en ninguno de estos casos podríamos hablar tampoco de terrorismo. Es decir, el rasgo que tipifica a las organizaciones que Estados Unidos considera tales no es el terror que producen, sino la descalificación política con que se les proscribe.”

“La parte riesgosa es la tentación de confundir el término terrorismo con la inconformidad social. Pues, insisto, el "terrorismo" fue una creación del poder de las elites mundiales para descalificar a ciertos grupos, y no fue resultado del surgimiento de una realidad criminal evidente o de una intencionalidad comprobable de causar terror como fin principal.” (La Jornada, 26 de Mayo de 2007)

Pero hay un claro elemento en los gobiernos que usan la acusación de “terrorismo” contra los disidentes, la oposición, los grupos antagónicos a su política: La España que persigue a los grupos autonomistas, el Chile que encarcela a indígenas mapuches, los Estados Unidos que limitan libertades civiles en su territorio para evitar otro movimiento civil como el que se opuso a la guerra de Vietnam y usan el epíteto para justificar sus bombardeos a Afganistán e Irak… Se trata de gobiernos autoritarios, militaristas, dictatoriales o “democracias tuteladas” que heredaron una legislación de las dictaduras…

La importación a México del discurso antiterrorista es sobre todo por tratarse de una “democracia tutelada” no sólo por una legislación heredada de la dictadura perfecta priista, sino sobre todo colonialmente tutelada por el gobierno de Washington, mediante sus agencias intervencionistas, la CIA, la DEA, el Pentágono, el FBI, e incluso mercenarios privados, bajo el Plan México o Plan Mérida y las escuelas de asesoría militar herederas de la Escuela de las Américas, y una embajada de USA en México que trajo a los intervencionistas que les han sacado en trabajo en los países que han desestabilizado, bombardeado e invadido.

Un autoritarismo de este corte, el caso mexicano de violencia extrema del poder contra la población de su propio país, aproxima a este país al caso colombiano, pero no desdeñemos los elementos de otros países.

Así, “confundir el término terrorismo con la inconformidad social” es ya no un riesgo que corra el derecho, es un modelo deseado para tratar a los mexicanos por el poder. Como expresó Montemayor “el "terrorismo" fue una creación del poder de las elites mundiales para descalificar a ciertos grupos”. Y lo tenemos en acción en su manera más autoritaria, sin necesitar como pretexto un hecho violento, simplemente por postear en Twitter una alerta que consideraron urgente.

Por esa razón, la única explicación lógica que han encontrado organizaciones internacionales serias como Article19 y Amnistía Internacional, es tomar a los twitteros como presos de conciencia, y al ejercicio penal en su contra como una violación a los derechos humanos, particularmente como un intento de cortar el libre flujo de información, opiniones y discusión en las redes sociales como Twitter y Facebook.

Mientras en México una sociedad fragmentada se moviliza en grupos de afinidad y no logra articular una fuerza los suficientemente poderosa para evitar la metamorfosis del poder mexicano en un estado policiaco, el poder sí observa con temor las redes sociales como uno de los espacios donde la información y la formación de opinión pueden escapar a su control y no duda en exagerar, en atribuir un delito desproporcionado, para buscar un castigo ejemplarizante y tratar de disuadir mediante el miedo las opiniones críticas contra él.

El desprestigio nacional e internacional del gobierno veracruzano por encerrar (después de torturar, según la denuncia de los presos de conciencia) a la disidente del priismo y crítica desde su columna Cartas a Veracruz (publicada en Imagen del Golfo, lo cual no implica una relación laboral, pues es tradición aquí que los columnistas sean colaboradores sin salario) Maruchi Bravo Pagola y del twittero Gilberto Martínez Vera, parece un precio que están dispuestos a pagar, con tal de domesticar a su ciudadanos y evitar la crítica incluso en espacios tan cerrados como Facebook y Twitter.

En el mismo país donde son asesinadas las periodistas las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, en la “ciudad más segura del mundo” (según cierto perredismo), que sean encarcelados usuarios de redes sociales no es casual.

Pedir el esclarecimiento de los crímenes y la libertad de los presos de conciencia es apenas un deber mínimo que tenemos los mexicanos, nuestro deber cabal es desterrar la política de Washington de guerra contra la población civil para mejor tomar lo que el gobierno de allá desee. En eso estamos…

Pretende además infiltrar a detectives privados en una corporación policiaca mexicana

Washington asume un papel directo en la lucha contra cárteles

Operan en México agentes de la CIA y la DEA, señala el NYT

Agentes policiacos mexicanos tendrían que realizar trabajo conjunto con estadunidensesFoto Reuters

De la Redacción

Periódico La Jornada
Lunes 8 de agosto de 2011, p. 2

Nuevos agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligancia de Estados Unidos), civiles del Pentágono, militares retirados y agentes de la DEA (agencia antidrogas) se están desplegando en México, al ampliar Washington su papel directo en la guerra antinarcóticos en el país vecino.

De hecho hasta está considerando emplear contratistas de seguridad privados, con iniciativas diseñadas para evadir leyes mexicanas que limitan la presencia de fuerzas de seguridad extranjeras en el país, reportó el periódico The New York Times.

En las semanas recientes un pequeño número de agentes de la CIA y civiles del Departamento de Defensa de Estados Unidos comenzaron a trabajar en una base militar en el norte de México, donde por primera vez oficiales de seguridad de ambos países trabajan conjuntamente en recaudar información y planear operaciones.

Por otro lado, también se contempla insertar un equipo estadunidense de contratistas privados dentro de una unidad policiaca antinarcóticos mexicana, informó el rotativo.

Funcionarios de ambos países indicaron al NYT que estas nuevas iniciativas han sido elaboradas de tal manera que evadirán las restricciones de las leyes mexicanas que prohíben a militares y policías extranjeros operar en territorio nacional.

En la base militar mexicana, un equipo integrado por menos de 24 agentes de la DEA y la CIA, junto con militares retirados del Comando Norte del Pentágono, instala un centro de inteligencia basado en el modelo de los centros de fusión que Estados Unidos opera en Afganistán e Irak para vigilar a grupos insurgentes.

La iniciativa se desarrolló después de que se intensificó la violencia en Monterrey, Nuevo León, y de que el gobierno del presidente Felipe Calderón solicitó a sus contrapartes estadunidenses mayor acceso a tecnología sofisticada de vigilancia y a expertos. Después de meses de negociaciones, Estados Unidos estableció en las semanas recientes el centro de inteligencia en la base militar mexicana, cuya ubicación no fue revelada por el NYT, a solicitud de las autoridades estadunidenses.

El reportaje del diario, firmado por Ginger Thompson y publicado en la primera plana de su edición dominical, afirma que, con esta iniciativa, Washington cambia su papel tradicional de compartir información a estar más directamente involucrado en recaudarla.

Los oficiales estadunidenses enfatizaron que jugarán un papel exclusivamente de apoyo a las autoridades mexicanas. Un oficial militar estadunidense declaró al rotativo que “los mexicanos están a cargo. Es su show. Sólo somos de apoyo técnico”.

Por otro lado, ex oficiales de la DEA informaron al NYT que ambos países evalúan una propuesta para insertar a un grupo de contratistas de seguridad privados –conformado, entre otros, por ex agentes de la DEA y ex integrantes de grupos especiales de las fuerzas armadas estadunidenses– en una unidad de policía antinarcóticos mexicana especializada, la misma que llevó a cabo el operativo en coordinación con la DEA para detener al capo José Antonio Hernández Acosta la semana pasada.

Aunque el periódico informa que esta medida aún no se ha aprobado, indicó que la labor del grupo estadunidense sería tener una especie de academia de capacitación dentro de la misma unidad, para ayudar a guiar operaciones a fin de que concluyan en procesos judiciales exitosos. De hecho, fiscales mexicanos también trabajarían con la unidad, según las fuentes estadunidenses.

Entre Afganistán y Colombia

Varios analistas de seguridad de ambos países comparan los desafíos de ayudar a México a reconstruir sus fuerzas de seguridad y sus instituciones civiles con retos parecidos a los de Afganistán, reporta Thompson, en los que Washington lucha junto a un socio al que necesita, pero en el que no confía del todo. Recuerda que el nuevo embajador estadunidense en México llega desde un puesto diplomático en Kabul.

Pero, agrega, funcionarios del gobierno de Barack Obama descartan esa comparación con Afganistán y prefieren comparar la situación en México con la de Colombia hace unos 15 años. Estos funcionarios dicen que una de las lecciones que han aprendido es que en toda lucha contra el crimen organizado las cosas tienden a empeorar antes de mejorar.

El NYT indica que, a través de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos ha otorgado capacitación a casi 4 mil 500 nuevos agentes de Policía Federal; ha ayudado a realizar intervenciones de telecomunicaciones, en el manejo de informantes y en el interrogatorio de sospechosos, como también en la entrega de helicópteros Blackawk. Además, en meses recientes ha realizado sobrevuelos de territorio mexicano con naves no tripuladas manejadas a control remoto (los llamados drones) para detectar narcotraficantes.

Las nuevas iniciativas, reporta Thompson, se llevan a cabo tres años después de que Estados Unidos incrementó su asistencia de seguridad a México a través de la Iniciativa Mérida (con un presupuesto de 1.4 mil millones de dólares, más otros millones del Departamento de Defensa). A la vez, también se impulsan estas iniciativas un año antes de elecciones federales en los dos países donde ambos presidentes y sus partidos podrían enfrentar cuestionamientos sobre la estrategia antinarcóticos que han implementado y sus resultados.

Si esa cooperación ha dado buenos resultados, ¿por qué no desciende el trasiego de droga?

Silenciosa invasión a la soberanía: juristas

Las ejecuciones no cesan en el país, a pesar del trabajo de inteligencia que se realiza, aseguran organizaciones no gubernamentalesFoto Xinhua

Alfredo Méndez y José Antonio Román

Periódico La Jornada
Lunes 8 de agosto de 2011, p. 3

La revelación que hizo el diario The New York Times respecto de que México se convirtió en la zona cero de la lucha contra el narcotráfico provocó reacciones de molestia y preocupación entre juristas y especialistas en seguridad y justicia mexicanos.

Los presidentes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y de la Unión Nacional de Juristas de México, Manuel Fuentes Muñiz y Eduardo Miranda Esquivel, respectivamente, coincidieron en que estos convenios binacionales de cooperación, enfocados a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, como el que mantienen México y Estados Unidos, violan la Constitución mexicana.

Ambas organizaciones agrupan a juristas de corte progresista a escala nacional.

Entrega de soberanía

Fuentes Muñiz sostuvo que no es únicamente una muestra de incapacidad gubernamental de las autoridades mexicanas en la lucha contra el crimen organizado trasnacional, sino también es una entrega de soberanía y una violación descarada a la Constitución.

Destacó que la Carta Magna establece en su artículo 21 que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las que actuarán bajo la conducción y mando de aquel en ejercicio de esta función.

El diario estadunidense publicó ayer en su página de Internet que los intercambios de inteligencia entre México y Estados Unidos han ayudado a la captura o eliminación de unos 30 líderes de narcotraficantes.

México se convirtió en la zona cero de la lucha contra el narcotráfico, cuyos cárteles son responsables de más de 80 por ciento de la droga que ingresa a Estados Unidos, por lo que ha recibido más asistencia antinarcóticos en los últimos tres años que Afganistán y Colombia, aseguró el rotativo.

El penalista Heraclio Bonilla consideró que “el absurdo señalamiento de que los cárteles mexicanos son responsables de ingresar 80 por ciento de la droga demandada por estadunidenses es una evidencia de que quienes integran el gobierno de Obama piensan que estamos igual de dañados que su pueblo y no tenemos capacidad para analizar los datos que ellos mismos generan.

“Si el intercambio de información y la suma de inteligencias han dado tan buenos resultados en capturas y ejecuciones, ¿por qué no ha descendido el nivel de ingreso de drogas al vecino del norte? ¿A quién le están haciendo el trabajo?”, se cuestionó el ex abogado del ex presidente Luis Echeverría.

En su reportaje, el NYT indicó que en fecha reciente operativos de la CIA y civiles con entrenamiento militar han sido enviados a una base militar en el norte de México, donde “por primera vez funcionarios de seguridad de ambos países trabajan conjuntamente en recolectar información sobre los cárteles de las droga y colaboran para planear operaciones”.

Este punto es el que causó mayor extrañeza a los especialistas consultados por este diario. La información revela una alta dependencia del calderonismo respecto del gobierno de Estados Unidos en materia de investigación de delitos, es decir, un colonialismo en materia de investigación y justicia penal, opinó el presidente de la ANAD.

Fuentes Muñiz exhortó al Congreso de la Unión para que, mediante una investigación, determine si hay responsabilidades de Calderón o de algún miembro de su gabinete encargado de la política internacional.

En el mismo sentido, el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, consideró que lo revelado por el rotativo demuestra que hay una silenciosa invasión a la soberanía nacional por parte del gobierno estadunidense.

El también vocero del Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo –integrado por un centenar de organizaciones sociales, obreras, campesinas, de juristas y de otros sectores que apoyan la campaña de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República– indicó que es vergonzoso e ilegal que el gobierno mexicano permita la operación de la CIA y de otros cuerpos policiacos y militares estadunidenses en territorio nacional para combatir a la delincuencia organizada que opera en México.

No es porque estemos en contra de que se combata al crimen trasnacional, que no se confunda. Señalamos el error de cálculo del gobierno calderonista, que al avalar esta política intervencionista permite que se refuerce la penetración e intervención económica, política, cultural y ahora policiaco-militar de Estados Unidos en México, sostuvo Miranda Esquivel.

Sobre los intercambios de información entre Estados Unidos y México, Vargas Aguilar recordó que nunca ha sido gratuito el apoyo que el gobierno del vecino país del norte le ha dado al mexicano, pues siempre va inmersa una intención de dominación o de imposición de sus políticas económicas, sociales o de seguridad nacional.

¿Cómo es posible que nuestro país reciba más asistencia antinarcóticos que Colombia y Afganistán? ¿De qué tamaño será el problema que enfrentamos, que ahora hasta la CIA (Agencia Central de Inteligencian de Estados Unidos) está operando en una base militar mexicana? Con esta información periodística queda la impresión de que los gobiernos de Felipe Calderón y Barack Obama nos están ocultando la verdadera dimensión del problema, o la verdadera intención del gobierno estadunidense, cuestionó Simón Vargas Aguilar, colaborador de La Jornada.

Colaboración hipócrita

La colaboración del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico resulta hipócrita, pues no hay un compromiso de frenar el consumo, que es el motor principal de este negocio ilícito, aseguró Édgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Al comentar las versiones periodísticas sobre el intercambio de inteligencia entre México y Estados Unidos, que han derivado en un aumento en la captura y eliminación de líderes narcotraficantes, el activista de derechos humanos señaló que esta participación de agentes estadunidenses se da sin ningún mecanismo de control.

Incluso, dijo, pareciera que el diseño de estas políticas y estrategias responden más a los intereses del país vecino que a los de México.

En entrevista, Cortez señaló que hasta ahora ha sido México el que ha pagado los costos sociales de esta lucha, donde Estados Unidos no se ha comprometido en el tema de disminuir el consumo de drogas, por lo que su colaboración resulta hipócrita. Señaló que mientras exista demanda de narcóticos, será materialmente imposible avanzar en esta lucha.

El activista agregó que la capacitación de cuerpos policiacos, dentro de un marco regulatorio transparente, resulta razonable, pero es inadmisible que agentes de Estados Unidos participen en interrogatorios de presuntos responsables vinculados con el crimen organizado en territorio nacional, pues esa es una tarea exclusiva de autoridades mexicanas.

Además advirtió contra la obtención ilegal de documentos o pruebas para inculpar a alguien, producto de intervención de comunicaciones sin la previa solicitud y autorización de los jueces.

De acuerdo con versiones periodísticas, fuerzas estadunidenses han entrenado más de 4 mil agentes federales mexicanos y han realizado grabaciones de conversaciones e interrogado a sospechosos.

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Violencia y terrorismo

Porfirio Muñoz Ledo

En las sociedades democráticas las situaciones críticas obligan a la mayor precisión conceptual de los gobernantes y los conductores de opinión en aras de la transparencia y la toma racional de las decisiones. Deben valorarse y ponderarse los hechos antes de calificarlos, para no abonar a la confusión ni incurrir en demagogia ventajista.

La declaración irreflexiva de Calderón sobre el grave atentado contra el Casino Royale, calificándolo de “terrorismo”, recordó las arengas maniqueas de Bush, el pequeño, que atizaban guerras de ocupación, y las acusaciones electoreras de Aznar cuando la tragedia de Atocha. Tuvimos que aclararle públicamente que Los Zetas no son el ETA ni los narcos mexicanos seguidores de Bin Laden.

El respeto al Estado de derecho exige la tipificación precisa de las faltas y los excesos con apego a la normatividad nacional e internacional. No existe, prácticamente, una definición de terrorismo por la inmensa cantidad de acciones que comprende y de situaciones políticas que las generan. Por eso, las leyes y tratados prefieren hablar de “actos”, “actividades” o “delitos” terroristas.

El experto Mauricio Meschoulam recopila una docena de categorizaciones, todas las cuales comprenden los siguientes elementos: premeditación, violencia extranormal contra no combatientes, objetivos políticos y que el blanco último no sean los afectados —aunque resulten numerosos— sino una sociedad, un adversario ideológico o una nación enemiga, como en Hiroshima, en Guernica o en las Torres Gemelas.

Es claro que en Monterrey, salvo el hecho de la violencia excesiva, no se dieron esas características. Todo parece indicar que se trató de una extorsión criminal contra el dueño del establecimiento en la que —de modo tal vez deliberado— se hizo víctimas a los usuarios. Es un incalificable acto de barbarie que descubre la impotencia y/o complicidad de las autoridades públicas y exacerba la indignación ciudadana.

Algunos advierten que la desmesurada declaración oficial obedece al juego propagandístico que presenta al gobierno como el héroe de la película aunque sus fallas e imprevisiones hayan desencadenado el ciclo de la violencia y la derrota de su política sea inocultable. Otros sospechan que es un llamado abierto a mayor intervención extranjera: el SOS del náufrago.

En efecto, a pesar de que el 11 de septiembre generó una enorme presión del gobierno norteamericano sobre la comunidad internacional, la mayor parte de los Estados se resistió a caer en la trampa de una segunda guerra fría: a la traducción automática entre comunistas y terroristas. Rechazó la subordinación a un solo poder mundial respecto del alcance político —e incluso civilizatorio— de cualquier alteración a la paz pública y la determinación de sus consecuencias represivas.

Las resoluciones 1373 (2001) y 1624 (2005) del Consejo de Seguridad dieron forma a un Comité contra el Terrorismo responsable de “fortalecer las capacidades de los Estados miembros para combatir actividades terroristas dentro de sus fronteras”. Sin embargo, no se creó ningún instrumento que abarcara las disposiciones en la materia, por lo que dicho organismo tiene como referentes 16 convenciones distintas, mismas a las que debe promover en virtud de su baja adhesión internacional. Se instauró el policentrismo interpretativo y operativo con objeto de propiciar un mundo multipolar.

Conocí el proceso que condujo a la adopción de la Convención Internacional sobre Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo) y tuve ocasión de seguir el debate europeo sobre terrorismo en los primeros años de este siglo. Los mecanismos de cooperación son numerosos, así como los criterios compartidos sobre el carácter multidimensional del problema. El propósito explícito es favorecer una acción internacional efectiva que salvaguarde la autodeterminación de los Estados.
Preocupa a las naciones independientes que cualquier trastorno social, conflicto étnico, flujo migratorio, protesta política, movimiento estudiantil o violencia intrafamiliar pudiese ser motivo de injerencia externa. De ahí que se resistan a asumir los criterios y obedecer las estrategias de las potencias dominantes. La actitud del gobierno mexicano exhibe lo contario: un vaciamiento aberrante de soberanía.

Diputado del PT

El costo de la desconfianza

Silvia Gómez Tagle

En México el sistema electoral, y sobre todo el andamiaje institucional para llevar a cabo una elección federal, ha sido fruto de una lenta transformación tanto de los órganos electorales como de las reglas, a lo largo de muchos años, en los que ciudadanos y partidos fuimos conquistando el derecho a tener derechos políticos, o, dicho de otra manera, el derecho a exigir que nuestros derechos políticos se respetaran.

El precio que se ha pagado por esta lenta transformación ha sido la desconfianza de todo y hacia todos los actores que podrían intervenir en la elección. Por eso se ha diseñado uno de los sistemas de organización electoral más complejos que hay en el mundo. El Instituto Federal Electoral fue creado para organizar las elecciones profesionalmente y sin sesgos de intereses partidarios y —a pesar de los muchos errores de los consejeros y funcionarios de todos los niveles y de los intereses políticos que lo han penetrado— desde 1997 ha contribuido a generar confianza en los resultados electorales, incentivando la participación ciudadana y ofreciendo a todos los partidos una oportunidad más equitativa para competir.

Sin embargo, la desconfianza aumentó con la competitividad de los partidos, sobre todo en las elecciones presidenciales de 2006, a tal punto que surgieron nuevos problemas. La intervención de “actores no autorizados”, como el presidente Fox, los líderes de organizaciones empresariales y sindicales, además de los empresarios de los medios de comunicación, quienes se han convertido en actores con intereses políticos propios. El origen de los recursos para las campañas electorales se convirtió en un tema de cuestionamiento social de la elección presidencial 2006, que impactó negativamente la legitimidad del proceso.

La reforma electoral de 2007 pretendió dar respuesta a algunos de estos problemas, rescatando principios democráticos importantes, como la equidad en el uso de recursos para las campañas electorales y el acceso a los medios electrónicos, no en función de intereses económicos para vender más publicidad, sino en términos de asignar los tiempos que cada partido merece de acuerdo a los criterios de la ley electoral.

El IFE ha tenido que asumir nuevas funciones (de hecho fueron 57 adicionales las que se agregaron a su agenda), entre las más importantes y controvertidas están las de fiscalización de los recursos de los partidos (que ya tenía pero que se amplió de manera significativa) y se agregó la responsabilidad de administrar los tiempos y espacios públicos asignados a los partidos para toda la propaganda electoral, lo cual implica una gigantesca tarea de administración para distribuir equitativamente esos recursos; así como negociar, exigir y supervisar que los medios electrónicos o impresos cumplan sus compromisos. Pero el problema más grave, que involucra no sólo a los partidos, sino a todos los funcionarios públicos, es el uso de los medios para promover a sus candidatos y sancionar a los responsables por los excesos en gasto y/o propaganda.

Una consecuencia imprevista y desafortunada de este nuevo diseño institucional fue colocar al IFE como juez y parte en el proceso electoral, porque quedó atrapado en un fuego cruzado, donde, por un lado, los intereses de los medios en la venta de tiempo aire en periodos de campaña electoral se han visto severamente afectados, y por el otro los partidos que han sido sancionados por el IFE se han dedicado a denostar a la institución, con el agravante de que los consejeros del IFE son nombrados por los diputados de los mismos partidos que la institución pretende sancionar. Desde que entró en vigor la reforma electoral de 2007 el IFE ha sido objeto de ataques constantes en los medios y ha sufrido un fuerte desprestigio.

Existe una evidente necesidad de transparentar el uso de recursos públicos en todas las instituciones públicas, incluyendo al IFE, sin embargo, el enorme presupuesto que esta institución solicita para el proceso electoral federal de 2012 debería de ser analizado a la luz de las responsabilidades que se le han conferido para esas elecciones, que serán de por sí difíciles, dado el clima de violencia que sufren muchas regiones del país.

sgomez@colmex.mx

Investigadora del Centro de EstudiosSociológicos de El Colegio de México

Trabajadoras de Mexicana y LyFC, ejemplo de resistencia sindical

ESPECIAL LUSTRO PERDIDO: CALDERÓN Y SU DEUDA CON LAS MUJERES

Están en plantones, mítines y sobreviven en el subempleo

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 2 sep 11 (CIMAC).- El deterioro de la calidad de vida de miles de trabajadoras de Mexicana de Aviación y de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), desempleadas desde agosto de 2010 y octubre de 2009, respectivamente, son “muestra clara” del “fracaso del ‘Presidente del empleo’”, Felipe Calderón.

En ello coinciden las empleadas de la aerolínea, quienes en julio pasado iniciaron un plantón en las inmediaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y las agremiadas al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), también en plantón desde marzo pasado en el Zócalo capitalino.

María Araceli Vargas, quien laboró en Mexicana durante 28 años, hoy vive en la incertidumbre económica con la esperanza de recuperar su empleo. En tanto, para subsistir inició un negocio de venta de persianas.

La contadora de profesión, al igual que ocho mil trabajadoras y trabajadores de la aerolínea, dejó de percibir salario en octubre pasado, ya que el 28 de agosto del 2010 la empresa suspendió funciones y entró en concurso mercantil para definir si se declara en quiebra o es rescatada por algún grupo inversionista.

En tanto, esos grupos están en proceso de demostrar su capacidad financiera (250 millones de dólares) para echar a andar la empresa. El gobierno federal reitera que no rescatará a Mexicana con recursos públicos. Vargas señala: “Tengo que hacer malabares para pagar el gas, agua, teléfono y los gastos de mis hijos”.

La venta de cortinas no ha dado las ganancias que esperaba, “la situación es bien complicada, el negocio va lento todavía”, apunta. Su principal preocupación es poder apoyar a sus dos hijos para que continúen con sus estudios, uno de ellos cursa la preparatoria y el mayor ingresó este año a la universidad.

LUCHA POR LA SUBSISTENCIA

“Las autoridades nos traen de prórroga en prórroga y todavía no hay una certeza de volver a nuestros trabajos. Esperemos que no alarguen más este proceso que ha sido de demasiado desgastante para las trabajadoras, porque atrás de cada una de nosotras hay una familia que depende de nuestro trabajo”, explica Araceli.

En una situación semejante o más desfavorecedora está el resto de las empleadas de la aerolínea; algunas de ellas se dedican a la venta de comida, cosméticos, bolsas de mano, pasteles, sándwiches, entre otros productos que les permiten un ingreso para sobrevivir en la espera por volver a trabajar.

En Mexicana laboraban ocho mil personas, seis mil están sindicalizadas y dos mil son de confianza.

Araceli es agremiada del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación y Servicios Similares (SNTTTASS), conformado por dos mil 500 personas, de las cuales cerca de 40 por ciento son mujeres.

En Mexicana, Click y Link laboraban cerca de de mil 500 sobrecargos, de los cuales 70 por ciento son mujeres. Para estas aerolíneas también trabajaban mil 168 pilotos, de los cuales 27 son mujeres.

ELECTRICISTAS EN PIE DE GUERRA

La movilización del personal de la aerolínea ha sido apoyada por las y los trabajadores del SME, quienes permanecen en resistencia desde el decreto de Felipe Calderón que extinguió 44 mil fuentes de trabajo, el 11 octubre de 2009.

Ana María Castillo, quien trabajó 18 años como secretaría en LyFC, es una de las y los más de 16 mil “Smeítas” que se mantienen en “pie de lucha”, pese a la adversa situación económica y los múltiples compromisos de solución al conflicto, incumplidos del gobierno federal.

“El primer año, además de participar en el movimiento de resistencia, vendía desayunos en avenida Juárez. También hice ventas de garage”. Este año “me he dedicado de lleno a participar en la resistencia, organizando a las mujeres de mi escalafón”.

La electricista es soltera, pero su madre depende económicamente de ella. “Afortunadamente mi mamá recibe el apoyo económico a personas de la tercera edad que da el Gobierno del DF y eso le permite cubrir algunos de sus gastos”. El otro ingreso que las dos mujeres reciben es la “aportación solidaria” de electricistas jubilados.

“Con el apoyo económico de las y los jubilados, muchas podemos acudir a las movilizaciones y mantenernos en resistencia, incluso el mes pasado aportaron para la adquisición de útiles escolares”, abunda.

Algunas mujeres en la lucha por la recuperación de sus empleos reciben apoyo de sus padres o de sus esposos. “Las que son madres solteras o carecen de una red de apoyo tienen que trabajar en lo que encuentren, en cocinas económicas o en tiendas, porque en las empresas no nos contratan por la campaña de desprestigio de Felipe Calderón en nuestra contra”, lamenta.

En tanto, las más de 16 mil personas, de las cuales alrededor del 10 por ciento son mujeres, “seguimos en pie de lucha para que nos devuelvan nuestro empleo”, advierte. Ahora, desde el Zócalo capitalino, recalca que permanecerán en guardia día y noche hasta que se resuelva el conflicto.

Además del desempleo y en consecuencia el deterioro en la calidad de vida del personal de Mexicana y de la extinta LyFC, las y los trabajadores tienen en común su pertenencia a una organización sindical con contratos colectivos que pugnaban por el respeto de sus derechos.

Actualmente, sólo 10 por ciento de las y los más de 40 millones de empleados en el país, cuentan con representación sindical.

Piden que en crimen de reporteras no se descarte posible censura

PGJDF confirma que caso se investiga como feminicidio

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 2 sep 11 (CIMAC).- El asesinato de las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga se investigará como un caso de feminicidio, informó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Al respecto el abogado de la revista Contralínea, David Peña, quien también ha litigado casos de feminicidio, dijo a esta agencia que la investigación del caso, que será analizado como homicidio doloso por razones de género, comenzó hoy.

Afirmó que hasta el momento no se puede hacer un vínculo directo con las amenazas que ha recibido Contralínea por ejercer periodismo de investigación, sin embargo, dijo que pedirán que no se descarten los actos de hostigamiento que ha recibido la revista.

Ana María Marcela Yarce Viveros se desempeñaba como gerente de Relaciones Públicas de Contralínea y Rocío González Trápaga era periodista independiente.

Según datos de la PGJDF, ambos cuerpos presentaban signos de violencia, por ello la Fiscalía Central de Investigación para la atención del Delito de Homicidio lo investigará a través de la Fiscalía especial de Delitos Dolosos contra Mujeres.

De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, el feminicidio se acredita cuando la víctima presenta signos de violencia sexual, lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida.

El artículo 148 Bis del Código penal precisa que será feminicidio si existieron amenazas, acoso, violencia o lesiones del victimario; y si el cuerpo fue expuesto, depositado o arrojado en un lugar público.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Organizaciones civiles y organismos internacionales hoy se pronunciaron por no descartar los actos contra la libertad de expresión, y es que desde 2008 Contralínea enfrenta procesos jurídicos en su contra e incluso se le ha negado publicidad oficial.

Este viernes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que iniciaría una queja de oficio por el asesinato de ambas periodistas y detalló que una vez integrado el expediente de queja, se emitiría la determinación correspondiente.

La CNDH dijo que las agresiones, amenazas, intimidaciones y persecuciones que sufren las y los comunicadores, inhiben y limitan la libertad de expresión y afirmó que con la muerte de las reporteras, suman ocho los periodistas asesinados en lo que va del año y 74 del 2000 a la fecha.

Por su parte Amnistía Internacional emitió un pronunciamiento público para condenar el doble asesinato y exhortó a las autoridades responsables a considerar que sus actividades profesionales pudieron jugar un papel en la motivación de su asesinato.

También señaló la importancia de que la investigación establezca si el género de las periodistas fue un factor en la motivación del crimen. “La posibilidad de que estas mujeres periodistas hayan sido secuestradas y brutalmente asesinadas por razón de su género es alarmante”, expresó.

Al respecto la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo público un pronunciamiento donde argumenta que independientemente del móvil, “la violencia en contra de las y los periodistas ha devenido en un tema de acuciante preocupación”.

Calderón año V: la bomba de dinero

Serpientes y Escaleras | Salvador García Soto

Felipe Calderón Hinojosa arriba a su quinto año de mandato con demasiadas incertidumbres: ¿qué va a pasar cuando acabe su gobierno y venga el juicio por los más de 50 mil muertos en su sexenio? ¿Será capaz de retener el poder para su partido o será recordado como el panista que le regresó el poder al PRI? ¿Cómo se dará un proceso electoral en medio de la violencia y el miedo en amplias zonas de México?

Pero, entre tanta duda, Calderón también llega al final de su administración con una gran certeza: es el presidente que más dinero ha tenido en las arcas públicas en la historia de nuestro país.

Como nunca había ocurrido en la historia de nuestra Hacienda Pública —tal vez sólo en el año de la “administración de la abundancia” lopezportillista— el gobierno calderonista tiene un enorme superávit en las finanzas públicas entre ahorros, subejercicios, ganancias de intereses e ingresos extraordinarios, que lo hacen entrar a su último año de gestión, literalmente, con las bolsas llenas de recursos.

Otra cosa muy distinta es que, durante su administración, Calderón haya agudizado la pobreza del país: 3.2 millones de mexicanos pasaron a los peores niveles de pobreza; pero de que la bolsa de recursos públicos la traen llena no hay duda; sólo falta saber, y que nos informen, cómo piensan utilizarla.

Porque la tentación de meter dinero a una elección competida, como la que se librará en 2012 por la Presidencia de la República, es tan real como latente. De acuerdo con cálculos no oficiales que manejan algunos gobernadores en la Conago, la “fortaleza económica” con la que contará Felipe Calderón en el año electoral se compone de lo siguiente: 146 mil millones de pesos en reservas internacionales del Banco de México. A esa cifra hay que sumarle las millonarias ganancias que ha obtenido el Banxico por la compra anticipada que hizo de 100 toneladas de oro, equivalentes a 65 mil millones de pesos y que, se estima, le han dejado una ganancia, de la compra a la fecha, de mil dólares por cada onza adquirida. Treinta mil millones de pesos es el remanente que se calcula ha obtenido el gobierno por las diferencias en el tipo de cambio, que se obtiene de la entrada y salida de dólares al país.

Los ingresos extraordinarios del petróleo o excedentes petroleros, nadie sabe exactamente a cuánto ascienden, pero llevamos cuatro años en los que el precio del barril se establece en el presupuesto a 60 dólares, y el promedio mundial ha sido de 100 billetes verdes; el argumento de que esa enorme bolsa extra se usaba para pagar la importación de gasolinas ya no se sostiene a la luz de los incrementos y ajustes mensuales en gasolina y diesel que pagamos los mexicanos desde hace dos años.

Los recursos de las afores y el SAR son calculados por los gobernadores en 146 mil millones de pesos que el gobierno de México tiene invertidos en fondos del gobierno de Estados Unidos, lo que también ha dejado rendimientos importantes al país, de los cuales, por cierto, tampoco existe información pública.

El gas y el gas petrolífero son otra de las fuentes de la abundancia del último año calderonista. Sin que se reporte a las finanzas públicas, el gobierno está obteniendo enormes ingresos por la explotación y/o concesión de este recurso del subsuelo mexicano que se explota en grandes cantidades en la Cuenca de Burgos y en campos petrolíferos de varios estados. No hay registros, contables o financieros, de esa entrada de dinero, pero los gobernadores estiman en 30 mil millones de pesos el monto del que dispone el gobierno por ese concepto sin ningún tipo de fiscalización.

Y si todo ese dinero no fuera suficiente para documentar la abundancia, los cálculos de los estados hablan de hasta 650 mil millones de subejercicio en programas de la SCT acumulados en los últimos tres años y cuyo destino tampoco ha sido del todo precisado.

El presidente Calderón tiene una enorme bolsa de recursos y estaría en posibilidades de lanzar, en pleno año electoral, una auténtica “bomba de dinero” que impactaría no sólo los programas sociales, sino que podrían contribuir a generar empleo y a fortalecer el mercado interno, todo con un cálculo político-electoral innegable y con el riesgo de convertir el 2012 en una clara elección de Estado.

Si a eso se añade la guerra contra los opositores, que comenzó con el torpedeo a Humberto Moreira, dirigente del PRI, puede entenderse cuál será la prioridad del sexto año de gobierno, por encima del discurso. Así que nada está escrito aún en este último año del calderonismo, sobre todo en términos de las elecciones presidenciales. A los priístas y más específicamente a los peñistas, que ya celebran con cierta soberbia un regreso a Los Pinos, no les vaya a explotar en la cara esa “bomba” del fin de sexenio.

NOTAS INDISCRETAS… En el PRI lo consideran casi un “golpe de Estado”. Esta semana, el martes, citaron en el CEN priísta a todos los dirigentes de los comités estatales para darles la noticia: a partir de ahora se tienen que coordinar, para toda la operación partidista, con Miguel Ángel Osorio Chong, el flamante secretario de Operaciones (cargo inexistente en los estatutos priístas), “porque a partir de este momento —les dijeron— el señor Moreira se dedicará a atender el tema de las oposiciones y a otros asuntos”, es decir, ¿Osorio, alfil incondicional de Peña, ya asumió el control del CEN del PRI…? Mientras tanto, Ernesto Cordero sigue jugando al candidato misterioso y hay versiones encontradas sobre su inminente renuncia; Josefina Vázquez Mota sigue vendiendo la idea de que puede ser la candidata del calderonismo y lo único cierto en Acción Nacional es que Santiago Creel no se bajará en ningún momento de su aspiración y será el candidato a derrotar por el calderonismo. Así que sólo falta definir a quién manda Calderón, pero un combatiente está seguro, trae trabajo interno, experiencia y sigue encabezando las encuestas… Los dados mandan doble serpiente. Caída libre.

Llegan eurodiputadas para dar seguimiento a caso Bety Cariño

Se reúnen este sábado con gobernador de Oaxaca

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 2 sep 11 (CIMAC).- Las eurodiputadas de la representación del Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo (PE), Franziska Keller y Satu Hassi, se reunirán este sábado con el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, para solicitarle información sobre las investigaciones de los asesinatos de la activista mexicana Beatriz Alberta Cariño y el observador finlandés Tyri Jaakkola, ocurridos el 27 de abril de 2010, en San Juan Copala.

Durante cinco días las eurodiputadas realizarán su segunda visita en misión oficial en el país donde además se reunirán con autoridades del estado, entre ellas el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, el secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, y la comisionada estatal de Derechos Humanos, Eréndira Cruzvillegas.

Según información de la oficina de la representación del Grupo de los Verdes del PE, también se reunirán con el fiscal general del estado, Manuel de Jesús López López.

Las eurodiputadas Satu Hassi y Franziska Keller esperan encontrar avances en las investigaciones ya que ha pasado más de un año de su primera visita en la cual sólo se reunieron con funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación y de la Procuraduría General de la República (PGR), ya que ninguna autoridad del gobierno de Oaxaca las recibió poniendo como obstáculo el proceso electoral en la entidad.

En su momento esa respuesta la consideraron “inconcebible”. En Finlandia nunca ocurriría esto, si hay elecciones, el gobierno no se encierra, ni deja de atender las demandas, posiblemente una parte trabaje en ello, es muy extraño, afirmaron el 4 de julio de 2010 a Cimacnoticias.

Durante su estadía en el DF, nuevamente se reunirán con funcionarios de la PGR, quienes durante su primera visita realizada del 30 de junio al 4 de julio del 2010, les informaron que trabajaban en la investigación de los asesinatos del 27 de abril de ese año.

Cabe recordar que durante esa primera visita pidieron identificar a los autores del ataque a la caravana de paz y solidaridad internacional, conformada por defensoras y defensores de Derechos Humanos, observadoras civiles, nacionales e internacionales y periodistas, que se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca.

Así como de los asesinatos de Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), e integrante de la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano; y de Tyri Jaakkola, observador de origen finlandés, ocurridos el día de la emboscada, así como la respectiva sanción de los culpables, tanto materiales como intelectuales.

La legisladora Franziska Keller, ex presidenta de la Federación de los Jóvenes Verdes Europeos, y Satu Hassi, diputada finlandesa, de la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente del PE, sostendrán reuniones privadas con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en Oaxaca y el DF, y con el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Juan Izaguirre.

Durante su primera visita realizada al país, las eurodiputadas señalaron que se entrevistaron con mujeres del municipio autónomo triqui de San Juan Copala, que lleva cerca de dos años sitiado por paramilitares armados.

Constataron que las mujeres ponen en riesgo su vida al tratar de conseguir alimentos, son violentadas y secuestradas, y carecen de servicios básicos de salud y educación. “Queda más que claro que el Estado mexicano no cumple con su función básica de proteger la vida”, aseguraron a Cimacnoticias el 4 de julio de 2010

Consideraron que resolver el conflicto en la zona, y esclarecer los asesinatos “es una prueba para el gobierno del país. En la medida en que se resuelva el caso y se rompa con el círculo de la impunidad. Tiene potencial no sólo de ayudar a San Juan Copala y Oaxaca, sino al país entero”.

Yacimientos fronterizos: desventajas y riesgos

Editorial La Jornada

Con el arranque de las negociaciones entre México y Estados Unidos para acordar los términos de exploración y explotación de los yacimientos petroleros transfronterizos –luego de la conclusión de la moratoria de 10 años establecida para esas actividades desde junio de 2000–, nuestro país inicia en condiciones de clara desventaja un proceso de discusión sumamente trascendente desde la óptica de las potestades del Estado mexicano sobre los hidrocarburos.

De acuerdo con comunicados emitidos tanto por el Departamento de Estado de la nación vecina como por la Secretaría de Energía de nuestro país, las negociaciones iniciadas esta semana en Washington tendrían que derivar en un nuevo acuerdo para la explotación segura, eficiente y equitativa de los yacimientos ubicados en la frontera marítima común para finales de 2011. De cualquier forma, desde abril del año pasado las empresas petroleras Shell y Chevron anunciaron el inicio de trabajos en pozos localizados en aguas profundas del Golfo de México, algunos de los cuales se ubican tan sólo a 11 kilómetros del límite marino entre México y el país el vecino del norte. Y aunque el hallazgo de crudo en aguas profundas no implica el inicio inmediato de la producción –proceso que puede tardar incluso varios años–, el escenario descrito plantea una circunstancia de riesgo para los recursos petroleros ubicados en el lado mexicano.

La circunstancia obliga a recordar que la razón fundamental por la que Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha podido ampliar sus tareas de exploración y explotación marítima a gran profundidad –se estima que los yacimientos transfronterizos se ubican en un rango de entre 2 mil 500 y 3 mil 500 metros bajo el nivel del mar– no es otra que la sostenida insuficiencia presupuestal que sufre la paraestatal para desarrollar su capacidad operativa y tecnológica, así como la que padecen los órganos de investigación y desarrollo a cargo del Estado. Significativamente, el Instituto Mexicano del Petróleo ha venido desarrollando un programa de explotación de campos en aguas profundas, en tanto que Pemex ha realizado, desde hace años, perforaciones productivas en profundidades marinas de entre 500 y mil metros. Para potenciar esas capacidades existentes, bien habrían podido utilizarse los recursos destinados a la compra de acciones de la petrolera española Repsol, que ascienden a unos mil 700 millones de dólares, o bien una porción de las millonarias cantidades que son sistemáticamente sustraídas de Pemex mediante el cobro de impuestos y derechos diversos.

No debe soslayarse, por otra parte, que la existencia de yacimientos transfronterizos, así como la posibilidad de que éstos comiencen a ser explotados por Estados Unidos, fue parte de los argumentos centrales del gobierno calderonista durante la intentona gubernamental de modificar, en 2008, el marco legal de la industria petrolera nacional para abrirla a manos privadas.

Con tal antecedente, es inevitable suponer que el acuerdo que se alcance con estas discusiones pueda servir como pretexto para acentuar la participación de empresas extranjeras en tareas que, por mandato constitucional, corresponden exclusivamente al Estado mexicano; como botón de muestra de esta amenaza, es pertinente advertir que uno de los escenarios posibles para la explotación de los citados yacimientos es la llamada unitización, modelo que contempla la explotación binacional conjunta a través de una sola compañía, y que podría sentar un precedente para la ampliación en las operaciones de petroleras privadas en el territorio, las cuales recientemente se vieron beneficiadas con el otorgamiento de los cuestionados contratos integrales de servicios.

En suma, cabe demandar que en las negociaciones que iniciaron esta semana en la capital estadunidense las autoridades mexicanas rechacen cualquier modalidad de explotación que implique la vulneración de la Carta Magna. La sociedad organizada, por su parte, deberá estar alerta ante lo que se presenta como una nueva oportunidad de avanzar el empeño privatizador del Ejecutivo federal.

EEUU negocia con México explotación de nuevos pozos petroleros en el Golfo

Plataformas petroleras en el Golfo de México

Israel Rodríguez / La Jornada

Estados Unidos y México iniciaron formalmente la negociación de un acuerdo de explotación de los yacimientos de hidrocarburos transfronterizos en el Golfo de México, informó la Secretaría de Energía. Se espera que el acuerdo quede concluido al final de este año, agregó.

Representantes de los gobiernos de ambos países se reunieron en Washington los pasados martes y miércoles con el fin de llegar a un pacto que regule la utilización y reglamentación de los yacimientos de hidrocarburos que atraviesen la frontera marítima internacional.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que el próposito es regular la exploración y explotación de las reservas en los límites marinos de manera segura, eficiente y equitativa. Se pretende llegar a un acuerdo a finales de 2011.

Durante las reuniones, representantes de ambos países discutieron los objetivos y las acciones requeridas para alcanzar dicho acuerdo, reafirmando el compromiso de asegurar que se aborden adecuadamente los temas de seguridad y medio ambiente.

Antes del inicio de las negociaciones, que proseguirán este mismo mes en México, ambos países tuvieron una amplia agenda de contactos, que incluyó la visita en abril del secretario del Interior estadunidense, Ken Salazar.

Este convenio servirá para mejorar la seguridad en América del Norte y explotar de manera responsable y bajo estándares medioambientales las reservas del Golfo, agregó el Departamento de Estado.

El antecedente para concretar este nuevo acuerdo es el tratado entre los gobiernos de ambos países sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas, firmado en Washington el 9 de junio de 2000, que establece una moratoria de 10 años para la explotación de hidrocarburos limítrofes.

El Senado aprobó ese tratado el 28 de noviembre de 2000. El 17 de enero de 2001, México y Estados Unidos realizaron el intercambio de los instrumentos para ratificarlo y, en consecuencia, entró en vigor en esa fecha.

El polígono, conocido coloquialmente como hoyo de dona, está localizado en la plataforma continental de aproximadamente 17 mil kilómetros cuadrados en la región occidental del Golfo de México.

De esa superficie, 10 mil 556 kilómetros cuadrados corresponden a México, es decir, 60.36 por ciento del área total, y a Estados Unidos 6 mil 932 kilómetros cuadrados, 39.64 por ciento.

Para preservar la integridad de sus recursos, se estableció una franja de 2.6 kilómetros de ancho a cada lado de la frontera de la zona delimitada en el hoyo de dona.

Estados Unidos se muestra especialmente cauto tras el gigantesco derrame de millones de litros de crudo en el Golfo de México por la explosión de una plataforma de British Petroleum en abril de 2010.

Tanto Felipe Calderón como Barack Obama buscan incrementar la producción petrolera de sus respectivos países.

Como se hizo patente en el comunicado conjunto suscrito por los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama al concluir la visita de Estado del presidente Calderón a Washington, el 19 de mayo de 2010, los gobiernos de México y de Estados Unidos están comprometidos a garantizar la seguridad energética de América del Norte y la explotación equitativa y eficiente de los yacimientos transfronterizos bajo los estándares más altos de seguridad y protección al medio ambiente, indicó la secretaría.