Jalisco, Estado de México y Veracruz los estados
A
partir del año 2012 -de la administración de Enrique Peña Nieto- se
incrementó el número de desapariciones forzadas de mujeres y niñas en
las entidades de Jalisco, Estado de México y Veracruz, informaron
Colectivos de familiares de personas desaparecidas y la organización
I(dh)eas, “Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC” al Comité de
Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas
en inglés).
Las organizaciones entregaron el pasado15 de mayo un reporte al
Comité de la ONU con el objetivo de brindar un panorama certero sobre la
situación de desaparición forzada en el país y para que el órgano
internacional tenga la oportunidad de contrastarlo con las respuestas
que le entregó el Estado mexicano en cumplimiento a las recomendaciones
que emitió el mecanismo en 2015.
En éste destacan que de las más de 35 mil desapariciones reportadas
por la RNPED un 61 por cierto (21 mil 602 desapariciones) ocurrieron en
el sexenio de Peña Nieto, (680 del fuero federal y 20 mil 922 del fuero
común).
Hasta el 31 de enero de 2018 existen en México 35 mil 410 personas
víctimas de desaparición, de las cuales, 8 mil 982 son mujeres y 3 mil
675 niñas y adolescentes.
Las organizaciones sostienen en su informe que el Estado mexicano
minimiza la situación sobre la desaparición y para demostrarlo,
recabaron declaraciones públicas de diversos funcionarios (gobernadores,
fiscales de justicia, alcaldes.) en los que se visibilizan las
prácticas de estigmatización y el recurrente discurso que utilizan para
minimizar las desapariciones de mujeres y desestimar la lucha de madres
en búsqueda de sus hijos e hijas.
Por ejemplo el alcalde del municipio de Ecatepec en el Estado de
México, Indalecio Ríos, dijo en julio de 2017 que las desapariciones de
mujeres son ausencias voluntarias “por descomposición familiar, o porque
“se van con el novio y no avisan”. O bien, están los dichos del
Procurador de Justicia de San Luis Potosí, quien dijo en mayo de 2017
sobre la desaparición y posterior asesinato de cuatro mujeres que no se
podían calificar como casos de feminicidio porque “podrían ser
consecuencias derivadas del propio comportamiento de las víctimas”.
Otras declaraciones, incluyen las que dio en 2015 el hoy candidato a
la presidencia Jaime Rodríguez Calderón sobre las denuncias de madres
que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos en el estado de Nuevo León:
“Yo entiendo eso, mujeres que lloran todos los días por sus hijos,
también hay que decirles la verdad […] las mamás nunca dicen que su hijo
anda mal y entonces la mejor excusa es culpar al gobierno”.
La organización I(dh)eas y los colectivos de familias recalcaron que
el Estado mantiene un discurso en el que responsabiliza a los grupos
del crimen organizado de los casos de desaparición forzada, “evadiendo
su responsabilidad frente al fenómeno” y la “participación directa de
funcionarios públicos en los hechos y omisión de los agentes en
investigar los hechos”, manifestaron.
Denunciaron además que las autoridades del sistema de procuración de
justicia siguen indagando las desapariciones sin tener en cuenta el
“entorno social, político u otras causas que favorecen a graves
violaciones de Derechos Humanos como la tortura, desaparición forzada o
las ejecuciones a manos de las fuerzas del Estado”.
I(dh)eas ejemplificó que en dos casos que han acompañado de
desapariciones han aportado elementos a la Fiscalía de Búsqueda de la
Procuraduría General de la República sobre la participación de policías
en el delito, y al indagar en varios casos del fuero local, documentaron
–sin precisar el número o género de las víctimas- de la existencia de
“otras investigaciones donde se señala la participación de policía
municipal en la desaparición de personas”.
Los colectivos civiles indicaron que la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV) ha reparado el daño por violaciones a los
Derechos Humanos por parte de autoridades federales a 101 mujeres, sin
embargo, no se sabe cuántos por desapariciones forzadas.
La consecuencia de la falta de rendición de cuentas por la
desaparición forzada es el fomento a la impunidad que alimenta la
repetición de este delito, agregaron las agrupaciones, quienes
informaron que de acuerdo con información que les proporcionó el Poder
Judicial Federal, de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2017, solo
se emitieron 14 sentencias por desaparición forzada y 12 de ellas son
condenatorias.
FAMILIAS SIN REPARACIÓN DEL DAÑO
Entre otras situaciones los colectivos de familias vislumbraron en el
informe que hasta la fecha no existe información pública de las
compensaciones económicas que ha hecho la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas (CEAV) por la reparación del daño a víctimas directas o
indirectas de desaparición forzada.
Se conoce, indica el reporte, que hasta el 31 de diciembre de 2017 el
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de CEAV utilizó
únicamente 18 por cierto de los ingresos que obtuvo para reparar el daño
a víctimas.
Señalan que en 2017 el Fondo registraba un saldo total de mil 259.7
millones de pesos, resultados de ingresos por mil 683 millones de pesos y
de egresos por 423.3 millones de pesos.
De los egresos un 70 por ciento (296.4 millones) fueron destinados
para el pago de compensaciones por reparación integral del daño en
beneficio de 608 víctimas directas o indirectas, la mayoría mujeres, 321
en total. Es decir, se ejerció solo un18 por ciento del total de
ingresos para los fines por los que fue creada la CEAV.
Las organizaciones agregan que de las 608 víctimas que recibieron la
compensación como parte de la reparación integral del daño, 184 fueron
víctimas de “violaciones a Derechos Humanos cometidos por autoridades
federales”, de ellas, 101 mujeres.
La primera vez que México se sometió al escrutinio del Comité de la
ONU contra la Desaparición Forzada fue en 2015 donde recibió
observaciones y recomendaciones de las que este año comenzó a rendir
cuentas. Este Comité tiene el propósito de evaluar el alcance de las
medidas adoptadas por México en cumplimiento de la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la
Desaparición Forzada, que ratificó el país en 2008.
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
