México
D.F., 12 feb. 15. AmecoPress/SEMlac.- Los avances para lograr la
igualdad de género y garantizar el pleno ejercicio de los derechos para
las mujeres y las niñas en América Latina y Caribe, no se han traducido
en mejoras vitales y cotidianas; la desigualdad y el machismo siguen en
pie.
Lo
más sorprendente es que se han cambiado leyes, hay programas y
políticas públicas, avances en los derechos sexuales y reproductivos,
pero el tema más atrasado es el que se refiere a la mujer y los medios
de comunicación. Por eso es lento el cambio de actitudes y la necesaria
revolución cultural.
Así lo da a
conocer el informe "A 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing:
objetivos estratégicos y esferas de preocupación", realizado por el
Comité de ONG de América Latina y el Caribe para la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) y coordinado por la
presidenta de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la
Mujer (Argentina), FEIM, Mabel Bianco.
El documento
que se distribuirá en la próxima Asamblea de las Naciones Unidas sobre
la Mujeres (marzo 9-19) en Nueva Cork y contó con aportes de casi 100
organizaciones feministas y de mujeres en la región.
El texto
explica que la esfera de preocupación menos atendida por los gobiernos
de América Latina y el Caribe es "La mujer y los medios de difusión",
ya que ellas no tienen acceso a la generación de contenidos y a la toma
de decisiones en los medios.
Además, la
difusión de contenidos estereotipados sigue predominando fuertemente en
la región. El informe señala que "en tanto los Estados sean
indiferentes a esta situación, la desigualdad estructural en la región
no podrá eliminarse".
La esfera de
"la niña" tuvo muy pocos avances. Problemas como el aumento de
embarazos en adolescentes y el abuso sexual infantil son constantes en
la región y no hay políticas claras que ayuden a combatirlos. Además,
en algunos países latinoamericanos, la edad de casamiento permitido es
menor a 18 años, cuando el Comité de los Derechos del Niño plantea esa
edad.
En relación
con "la mujer y la salud", persisten grandes problemas de acceso a la
salud sexual y reproductiva, sobre todo para mujeres indígenas,
afrodescendientes, adolescentes, mujeres con capacidades diferentes,
migrantes y las que viven con VIH.
Varios países
han implementado planes y programas específicos de salud sexual y salud
reproductiva desde el año 2000, como Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, México, Nicaragua y República Dominicana. Sin embargo, no se
logra una cobertura integral y homogénea al interior de cada país.
La mortalidad
materna no ha disminuido, según las metas propuestas, y la mayoría de
esas muertes son evitables. En Brasil, Perú y Nicaragua, la tasa
continúa alta. En la mayoría de las naciones no disminuyó ni logró
reducirse en dos tercios, como era el propósito para 2015. El menor
logro se registró en Argentina y México, mientras que Uruguay, Puerto
Rico y Chile consiguieron descenderla.
Las
restricciones al acceso al aborto permitido por la ley continúan e
incluso en algunos países se restringió más el acceso al aborto. En
Chile, Nicaragua, Honduras, El Salvador y República Dominicana la
interrupción del embarazo está prohibida en todas las circunstancias.
En México, en
muchas de las entidades federativas, hubo cambios desfavorables después
de la legalización en el Distrito Federal en 2007. En algunos países se
eliminaron algunas causales de su despenalización, como en Guatemala y
Ecuador.
El éxito más
importante en la región es el de Uruguay, que en 2012 modificó el marco
legal, amplió la exención de la pena hasta las 12 semanas de gestación
y generó servicios legales de aborto en el sistema nacional integrado
de salud. Puerto Rico, Cuba, Guyana Francesa, Guyana y Barbados son los
únicos países de la región donde el aborto está legalizado en todas las
circunstancias.
Adicionalmente,
han aumento los casos de mujeres que viven con VIH. Las adultas
representan el 31 por ciento de las personas viviendo con VIH,
indicador que en el Caribe asciende a 53 por ciento.
La "violencia
contra mujeres y niñas" persiste como un problema en aumento. La
mayoría de los países tiene legislación que reconoce la violencia
contra las mujeres. Sin embargo, muchas de las definiciones sobre
violencia que establecen no concuerdan con la Convención de Belem do
Pará, que define violencia contra la mujer como cualquier acción o
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público
como en el privado.
La
tipificación y homologación del feminicidio sigue siendo un desafío,
pese a que América Latina es la segunda región con índices más altos de
muertes de mujeres por violencia, tanto en el ámbito rural como en el
urbano.
En
Centroamérica y México el feminicidio se ha incrementado: entre 2003 y
2012 hubo 12.178 casos en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Tan solo en El Salvador se reportan 194 crímenes de mujeres en 2004 y
en México se contabilizaron 1.221 homicidios dolosos contra mujeres y
niñas en 12 entidades del país, entre 2007 y 2008.
El acceso a la
justicia es una deuda en los países de la región, para las mujeres que
viven y padecen violencia. Pese a los avances legislativos, en la
realidad no tienen garantizada la reparación y castigo a los culpables.
México y Guatemala han sido denunciados por eso ante el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.
La trata con
fines de explotación sexual se ha incrementado. En República Dominicana
se estima que en los últimos 20 años se han traficado más de 70.000
mujeres.
En cuanto a la
esfera de "mujer y pobreza", si bien ha disminuido en los países de la
región, no ocurre lo mismo con la desigualdad. La participación laboral
de las mujeres continúa siendo en el sector informal, en trabajos
precarios, mal pagados y sin cobertura de la seguridad social, con un
gran predominio en el trabajo doméstico. La brecha salarial entre
mujeres y hombres persiste.
El documento
asegura que, en ningún caso, se advierte una preocupación explícita por
la dimensión e impactos de género de las medidas adoptadas y la
feminización de la pobreza sigue creciendo.
Según cifras
de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de 2013, la
pobreza se incrementó en los hogares con jefas mujeres: 43 por ciento
de los hogares indigentes y 38 por ciento de los hogares pobres en
América Latina están a cargo de una mujer.
El reto es
instrumentar políticas públicas que apunten a asegurar la autonomía
económica de las mujeres y a implementar acciones respecto al tema de
la distribución desproporcionada del uso del tiempo y trabajo de
cuidado.
Respecto a
"educación y capacitación de la mujer" en zonas urbanas y rurales, las
indígenas tienen menor porcentaje de finalización de la educación
primaria, excepto en Uruguay en las zonas rurales. Hacia 2010, en
República Dominicana, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas
persistían disparidades de género significativas en relación con la
menor escolarización primaria de las mujeres.
Si bien se han
reducido las tasas de analfabetismo en la región, esta sigue siendo una
de las situaciones de exclusión más graves que aún afrontan las
sociedades. Bolivia es el país con mayor desigualdad de analfabetismo
según género.
Sobre
educación terciaria y superior, solo Argentina, República Dominicana y
Uruguay aportan datos de los últimos cuatro años sobre la terminación
del ciclo superior. En estos tres países las mujeres superan a los
hombres en culminación del nivel terciario.
En cuanto al
tema "mujer y conflictos armados", hay que recordar que en América
Latina surgieron diferentes conflictos armados en Guatemala, Honduras,
Nicaragua, El Salvador, Perú y Colombia. Esto exacerba la violencia de
género, amplificando su impacto diferenciado en la mujer y
recrudeciendo su situación de discriminación. La violencia sexual como
táctica de guerra también ha estado presente en la región,
particularmente contra mujeres indígenas.
Además, el
contexto regional de inseguridad, militarización y debilitación del
Estado, con la protección e impunidad del narcotráfico, las
corporaciones y los paramilitares, aumentó la vulnerabilidad de los
derechos humanos de las mujeres, que corren el riesgo de sufrir
amenazas y ataques violentos.
En México, la
lucha contra el crimen organizado ha incrementado la violencia contra
ellas y ha generado desplazamientos internos que las afectan de manera
particular.
"La mujer y la
economía" es otra esfera de preocupación. En la última década, las
mujeres elevaron su participación laboral, pero persisten las brechas
de género estructurales en el mercado laboral. La tasa de desocupación
sigue siendo mayor. El trabajo de las mujeres aún se concentra en los
servicios y el comercio y tienen los menores niveles de productividad,
ingresos y protección social.
En materia de
servicios de cuidado, ha crecido la discusión sobre su extensión, en
particular de cuidado de niños y niñas. Los países más avanzados son
Uruguay, Costa Rica y Ecuador.
Respecto a "la
mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones", la
participación femenina en la vida política y en el acceso a los cargos
públicos ha aumentado considerablemente en los últimos años.
En el caso de
los poderes legislativos, se observa un avance notable en su
participación política. Sin embargo, la paridad sigue pendiente por las
dificultades para la plena implementación del cupo, debido a diversas
barreras culturales, sociopolíticas y regulatorias.
Este principio
fue incorporado en la Constitución de Bolivia (2009), en Ecuador
(2008), en el Código Electoral de Costa Rica (2009) y en la
Constitución de México (2014), donde ya 11 entidades federativas
incluyen la paridad en sus marcos electorales estatales.
En lo que se
refiere a los "mecanismos institucionales para el adelanto de la
mujer", la realidad en la región muestra que las jerarquías y rangos de
estos mecanismos institucionales han sido diversos y no tienen
suficiente fuerza para incidir en políticas públicas a favor de la
igualdad, además de que cuentan con poco presupuesto para funcionar
adecuadamente.
Los avances en
la región respecto a "los derechos humanos de la mujer" no se traducen
en mejoras en la vida cotidiana. Todos los países de América Latina y
el Caribe ratificaron tanto la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), como la
Convención de Belém do Pará.
Pero los
mecanismos de implementación de esos documentos rectores aún son
escasos. En general, los avances más notables han sido, sobre todo, las
leyes integrales de violencia contra las mujeres y la creación de
mecanismos judiciales o extrajudiciales.
La situación
de las personas defensoras de derechos humanos muestra que las mujeres
son más propensas a sufrir amenazas, muertes y tentativas de muerte,
especialmente en Colombia, México, Guatemala, Brasil, Honduras y Perú.
Finalmente, en
lo que se refiere a la esfera "la mujer y el medio ambiente" el informe
señala que, pese al rol clave que ellas desarrollan en la gestión del
agua, la perspectiva de género sigue ausente de las legislaciones, las
políticas públicas y los programas relacionados con los recursos
hídricos.
En pocos
países de la región se han adoptado estrategias nacionales de
desarrollo sustentable, en los que la transversalización de género está
casi ausente, con excepción de Costa Rica, Uruguay y México.
Este informe
refleja lo observado por las organizaciones de mujeres y feministas,
que se traducirá en recomendaciones como una contribución para los
debates de la sesión de la CSW en marzo de 2015. Allí, además de los
problemas visibilizados en Beijing en 1995, se agregarán otros que urge
considerar de cara a la agenda de desarrollo posterior a 2015.
Foto: Archivo AmecoPress.
