También se ha constatado cómo sentencias de las altas Cortes en los
últimos años protegen el “derecho al trabajo” de proxenetas
(propietarios y administradores de establecimientos destinados a la
explotación de la prostitución ajena), así como un Código Nacional de
Policía que reglamenta las conductas de establecimientos, clientes y
personas en “situación de prostitución”, logrando un marco
socio-jurídico favorable a la industria del sexo, con un efecto directo
en la descriminalización tácita del proxenetismo y la trata de personas
con fines de explotación sexual.
La Iniciativa Pro Equidad de Género ha documentado al menos 8 casos en
prensa, y a través de testimonios de mujeres en situación de
prostitución, desde finales del 2015 a la fecha, de mujeres que han sido
asesinadas en establecimientos de prostitución, o por sus “parejas”,
con perfiles correspondientes a mujeres explotadas sexualmente en la
prostitución.
Las mujeres en situación de prostitución viven graves violaciones a sus
Derechos Humanos fundamentales y son sometidas a tortura o tratos
crueles inhumanos y degradantes, secuestro, desaparición, feminicidio,
entre otros.
Adicionalmente, nos parece importante que ONU Mujeres promueva el
lenguaje utilizado en el derecho internacional y de los Derechos
Humanos, sobre la prostitución. Se sugiere que al hablar de
prostitución, se evite utilizar términos como “Trabajo Sexual” que
llevan a invisibilizar las violencias contra las mujeres inherentes en
ella, favoreciendo la impunidad de los explotadores sexuales (proxenetas
e intermediarios), poniendo la responsabilidad de la explotación sexual
en las víctimas.
Contexto actual de las mujeres explotadas sexualmente en la prostitución y tratadas con este fin, en Colombia:
1. Se ha constatado el impacto desproporcionado del conflicto armado y
el desplazamiento forzado en los derechos fundamentales de las mujeres
en Colombia, donde todos los grupos armados han abusado, violado,
explotado y tratado a mujeres, niñas, niños y adolescentes durante esta
larga guerra.
2. También se ha comprobado que en contextos postconflicto en el mundo
se tiende a empeorar la violencia contra las mujeres, niñas, niños y
adolescentes, y aumenta la explotación sexual en la prostitución, así
como la trata de personas con este fin. Los grupos post-desmovilización y
los traficantes de armas, cambian el negocio de la guerra por el
negocio de la trata de personas que, junto con el tráfico de drogas, son
los socios fundamentales del proxenetismo.
3. El proxenetismo y la mal llamada “industria del sexo” se alimenta sin
restricción, principalmente, de las niñas y mujeres que son los grupos
más vulnerables de la sociedad. Ellas pertenecen a poblaciones
tradicionalmente discriminadas, con escasa escolaridad y recursos,
además de venir de un continuo de violencias de género, y luego
explotadas y tratadas para la explotación sexual y, finalmente,
asesinadas porque no satisfacen a proxenetas y hombres que pagan por
utilizarlas sexualmente. De hecho, es el grupo humano con más riesgo de
ser asesinado en el mundo. La explotación sexual en la prostitución
tiene impactos graves para su salud mental y física, así como
afectaciones directas en la salud e integridad de sus hijos e hijas.
4. Además de las mujeres colombianas víctimas del conflicto armado, la
violencia de la que son víctimas y la exclusión social, la crisis en
Venezuela ha hecho que muchas mujeres sean atrapadas por las redes de
trata y explotación sexual en Colombia, que además de ser país de
destino, es conocido en el mundo como país de origen de víctimas
tratadas hacia Ecuador, Panamá, México y otros continentes, todo esto
facilitado por normativas que consideran la prostitución como “trabajo
sexual”.
5. Adicional a una tradición de economías extractivas, cultivos
temporales y narcotráfico; el turismo se está presentando actualmente
como la mega industria postconflicto, y esto asociado a la
naturalización de la explotación sexual como “trabajo sexual”, hace que
la “industria del sexo” utilice la infraestructura del turismo y la
termine desplazando, con enormes impactos en la protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
6. La explotación sexual en la prostitución está normalizada tanto
culturalmente, como en la actuación histórica del Estado colombiano, con
una visión de salud pública o de convivencia en el espacio público, que
ha dejado la responsabilidad de la explotación sexual en las víctimas,
muy a pesar del bloque de constitucionalidad y el Código Penal
Colombiano.
7. Supuestos “sindicatos de trabajadoras sexuales”, la academia y
organizaciones han avanzado en una agenda en los últimos años para
lograr una jurisprudencia favorable a la “industria del sexo” en
Colombia. Estas sentencias en realidad no protegen a las mujeres, sino
que sugieren soluciones que terminan facilitando su explotación sexual y
la impunidad de tratantes y explotadores sexuales, efectos que ya son
visibles en la jurisprudencia de las altas cortes en la que se ha
exonerado e incluso ordenado la indemnización de tratantes y proxenetas
bajo el argumento del consentimiento de las víctimas.
8. Cada vez son más frecuentes escándalos en medios de comunicación
relacionados con violencia sexual hacia mujeres en situación de
prostitución, que terminan justificándola porque “fueron pagadas” y
“ellas consintieron” o porque consideran que son “trabajadoras
sexuales”. No se entienden las causas estructurales ni los impactos de
la prostitución en la vida de ellas, y los explotadores directos e
indirectos no son judicializados ni visibilizados por la violencia que
ejercen.
9. Existe un modelo para abolir la explotación sexual que funciona en el
mundo, llamado modelo de igualdad de género, nórdico o abolicionista:
Este modelo no penaliza a las mujeres en situación de prostitución, pero
si prohíbe que otros lucren con la explotación de la prostitución
ajena, y desestimula la demanda. Adicionalmente crea políticas públicas
integrales de apoyo a las personas tratadas y explotadas sexualmente en
la prostitución, medidas preventivas en población vulnerable, y educa a
la sociedad en igualdad de género.
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas
en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
CIMACFoto: César Martínez López
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