Malinaltepec, Gro., 8 de agosto. “Si el gobierno insiste en aprobar su reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex), yo le diría que mejor lo vaya pensando porque, de ser así, estaríamos llamando a todos a la movilización para detener ese nuevo robo a la nación”, advirtió Andrés Manuel López Obrador.
En su gira por la región de la Montaña de Guerrero, zona en que se concentra uno de los mayores niveles de pobreza y atraso en el país, el tabasqueño insistió en que la pretensión de la derecha panista de privatizar el petróleo convertiría a México en una colonia, “y los mexicanos seríamos esclavos en nuestra propia tierra”, por lo que subrayó que el movimiento de resistencia civil pacífica está preparado para impedir la entrega del sector energético a trasnacionales.
Al iniciar este viernes la visita a municipios como Iliatenco, donde prevalece un estado de tensión por la defensa de tierras de esta comunidad, López Obrador explicó que los empresarios extranjeros ambicionan apoderarse del petróleo por tratarse del mejor negocio del mundo, pues si se considera que la extracción de un barril de 160 litros tiene un costo de cuatro dólares, y en el mercado mundial se vende en 120, la explotación de los yacimientos mexicanos “es para las minorías rapaces, las que no tienen llenadera”.
Con la llamada reforma energética –apuntó–, ese grupo pretende continuar el saqueo de las riquezas naturales y de los bienes de la nación. “El petróleo es como la sangre de la tierra, y millones de mexicanos no vamos a permitir su entrega a extranjeros, ya que se mantiene como el mejor negocio del mundo, porque por el momento no hay fuentes alternas de energía”.
Advirtió que de privatizarse el petróleo “habrá más pobreza y el país enfrentará una situación de destrucción. Entonces, tendríamos que resignarnos por los siglos de los siglos a vivir en la marginación”.
Destacó que con la iniciativa de reformas del Ejecutivo federal, “la derecha panista, en complicidad con el PRI, pretende que el país retorne a 1901, precisamente cuando las empresas inglesas y estadunidenses eran dueñas del petróleo y no pagaban ni un centavo por concepto de impuestos. Años después, cuando el presidente Francisco I. Madero intentó de manera infructuosa aplicar un gravamen de 20 centavos, los extranjeros reaccionarios conspiraron, junto con el chacal Victoriano Huerta, para asesinar al presidente Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez.
“Fue hasta 1938 cuando el general Lázaro Cárdenas del Río expropió el petróleo para beneficio del pueblo de México y para convertir el sector en palanca del desarrollo nacional”, resaltó más tarde, al reunirse con habitantes de Atlamajalcingo y Copanatoyac.
Como en los dos días previos, para trasladarse a estos municipios hubo que transitar por caminos de terracería, lodo e interminables deslaves que en no pocas ocasiones tuvieron que ser removidos por maquinaria pesada.
“A pesar de esta situación de pobreza, que se ha agravado en los últimos 19 meses del gobierno usurpador, en los que hemos tenido incrementos en todos los productos, como la tortilla, el maíz o las gasolinas, en Los Pinos hay una pandilla de rufianes, de ladrones, que intenta privatizar el petróleo; esa pandilla tiene como sus cabecillas al presidente pelele, Felipe Calderón, y al delincuente confeso Juan Camilo Mouriño”, afirmó el ex candidato presidencial a su paso por estos municipios de la Montaña guerrerense.
Pasado el mediodía, en Tlacoapa destacó que mientras en toda la geografía nacional se han reportado alrededor de 6 mil asesinatos en sólo 19 meses de “mal gobierno, Calderón cree que apareciendo en la televisión va a resolver los problemas; pero se equivoca, porque el aumento de los índices de inseguridad es fruto de la imposición de un régimen que sólo favorece a una minoría y mantiene en la pobreza a millones de mexicanos”.
Durante su tercer día de recorridos, de los cinco que hará esta semana para visitar 27 municipios del estado en los que habitan comunidades indígenas y campesinas, López Obrador enfatizó que el país atraviesa una crisis política y económica que se refleja en el incremento de los niveles de desempleo e inseguridad, como resultado “de un sistema corrupto, antipopular y entreguista que está vigente desde hace 26 años y que sólo busca mantener los privilegios de los poderosos”.
En ésta, una de las regiones más pobres y con mayor atraso social en el país, rechazó que en México “haya ciudadanos de segunda y hasta de tercera y que el gobierno sea un comité al servicio de unos cuantos. A los de arriba, a los potentados, no les interesa el sufrimiento de la gente, y los gobiernos neoliberales, tanto de origen priísta como panista, no han hecho nada en beneficio de los ciudadanos; sólo han provocado mayor pobreza y mayor carestía de la vida”, apuntó.
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Javier Valdez y Saúl Maldonado
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Ante embajadores en La Paz, detalla violencia de grupos antidemocráticos
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Rosa Rojas, corresponsal
La Paz, 8 de agosto. El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, denunció ante los embajadores acreditados en el país que grupos antidemocráticos realizan acciones violentas con la intención de sabotear y empañar el referendo autonómico del próximo domingo.
Por su parte, el alcalde derechista de la ciudad de Santa Cruz, Percy Fernández, pidió a las fuerzas armadas de Bolivia “tumbar” (derrocar) al presidente Evo Morales, “porque todavía no ha aprendido a gobernar”, llamado que según la radio Erbol ocurrió el jueves anterior durante un acto multitudinario en que estuvo acompañado de líderes cívicos y fue respaldado por otros prefectos regionales.
En reunión con los diplomáticos, Choquehuanca mencionó entre esas acciones la huelga de hambre de los comités cívicos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, los disparos contra el automóvil del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, las amenazas para que impedir que el presidente Morales presentara su informe en Sucre, y otras acciones.
La denuncia del canciller fue hecha mientras que desde Nueva York el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, en un mensaje sobre el referendo revocatorio de autoridades, hizo un llamado a todos los actores políticos y sociales de Bolivia, “de modo que aseguren un clima pacífico a lo largo de todo el proceso electoral y el periodo subsiguiente”.
Asimismo reafirmó el compromiso de la ONU de trabajar con el gobierno y la sociedad de Bolivia en su conjunto, con el fin de generar un ambiente de tolerancia, respeto y diálogo en el país.
Por su parte, en una carta al pueblo boliviano, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel denunció “los intentos de golpe de Estado de los sectores del poder económico boliviano encabezados por el alcalde cruceño Percy Fernández y la embajada de Estados Unidos en Bolivia, que pretenden continuar sometiendo al pueblo para defender sus intereses económicos y políticos”.
El dirigente humanitario llamó al pueblo boliviano a estar unido, hoy más que nunca, en la defensa de la democracia, en el derecho a la soberanía nacional y en apoyo al gobierno de Morales, “más allá de las diferencias que puedan tener algunos sectores”.
Agregó Pérez Esquivel: “Hoy la lucha es de todos y todas, y lo que resuelvan en esta etapa de resistencia marcará el pulso y camino en América Latina hacia la liberación y la soberanía o hacia el oscurantismo y la dominación para ser esclavizados por los poderes del neoliberalismo”.
De su lado, el presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni, aseveró que ya todo está listo para la realización del citado referendo autonómico, en el que estarán en juego los cargos del presidente de la república, el vicepresidente y ocho de los nueve prefectos del país.
Afirmó el funcionario que existen “reglas claras y justas” y un padrón “confiable” para que los bolivianos puedan emitir con confianza su voto el próximo domingo. Respecto de los ciudadanos que están en huelga de hambre, comentó que será decisión de ellos acudir o no a votar.
Informó que más de 3 mil 500 observadores electorales verificarán el desarrollo del proceso comicial y añadió que entre ellos hay por lo menos 300 extranjeros.
Al respecto, la embajada de México en Bolivia informó que la madrugada de este sábado arriba al país la delegación de observadores mexicanos; cuatro son del Partido Revolucionario Institucional, entre ellos el senador Heladio Ramírez y la ex dirigente nacional Dulce María Sauri Riancho, y cinco del Partido de la Revolución Democrática, entre ellos la senadora Yeidckol Polevnsky, el senador Carlos Sotelo García y los dirigentes Saúl Escobar y Gerardo Fernández Noroña.
En Tarija, mientras tanto, se cumplió a medias el paro de 24 horas convocado por los derechistas cívicos del departamento para reforzar la huelga de hambre en reclamo de la devolución de parte de los ingresos regionales por la importación de gas, que fueron utilizados por el gobierno de Evo Morales para entregar un bono alimentario a los ancianos.
La acción de protesta sólo fue acatada en la capital, pero no en las provincias, reportó la cadena radiofónica Erbol.
Respecto de las movilizaciones que durante dos semanas ha realizado la Central Obrera Boliviana (COB) por la aprobación de una nueva ley de pensiones, hoy continuó el bloqueo en la ciudad de Sucre, si bien por la tarde se informó que en las negociaciones que sostenían los líderes y el gobierno se llegó a un “preacuerdo” para superar la crisis, que será llevado a las bases para su consulta.
El ministro de Trabajo, Walter Delgadillo, informó que el preacuerdo consta de tres puntos. El primero “se refiere a los avances esenciales en relación a la nueva Ley de Pensiones”, un segundo punto a la “continuidad del proceso de construcción de una nueva legislación” y el tercero que expresa la “voluntad de llegar de forma definitiva a suspender las medidas de presión y consensuar un escenario de diálogo”.
La COB decidió dar una tregua a sus movilizaciones por la nueva ley de pensiones hasta el próximo día 12, cuando se llevará a cabo una reunión de carácter nacional en el local sindical del centro minero de Huanuni.
Mueren unos mil 400 civiles en ofensiva sobre Osetia del SurGeorgia y Rusia se enfrentaron por tierra y aire en la separatista Osetia del Sur –pro Moscú–, donde unos mil 400 civiles perdieron la vida entre jueves y viernes, de acuerdo con líderes independentistas. En Pekín, el primer ministro ruso, Vladimir Putin, aprovechó su asistencia a la inauguración de los Juegos Olímpicos para señalar que Georgia rompió el frágil entendimiento que había en la zona y pidió a los mandatarios de los países occidentales mantenerse al margen. En la imagen, tropas georgianas avanzan cerca de la capital de la república secesionista Foto Reuters
Juan Pablo Duch, corresponsal
Discurso oficial sobre sida debe convertirse en acciones: ONGConcluye 17 conferencia internacional en la materia
Á. Martínez y Á. Bolaños
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Sociedad y justiciaRayuela
Vaya novedad: la política del gran garrote del Tío Sam en América Latina está de vuelta.
PRD rechaza iniciativa penal que Calderón envió al SenadoNo avalará reformas "propagandistas y oportunistas": Pablo Gómez
Andrea Becerril
La iniciativa para instaurar la cadena perpetua a secuestradores, que Felipe Calderón hizo llegar la víspera a la Comisión Permanente, es prácticamente la misma que envió al Senado en marzo del año pasado y, dado que en esta ocasión pidió que se turne a San Lázaro, se dará el caso poco usual de una misma reforma dictaminada simultáneamente en ambas cámaras.
Las diferncias entre los dos textos son mínimas y la mayoría son de redacción, excepto que la iniciativa recibida el jueves por la noche en la Comisión Permanente excluye la mención expresa a la aplicación de “prisión vitalicia” cuando el secuestrado sea una mujer. De hecho, se propone de manera general esa penalidad cuando el delincuente se aproveche de “la situación de vulnerabilidad” de la víctima y se pone énfasis en el caso de los menores plagiados.
Al respecto, Pablo Gómez, senador del PRD, recalcó que su partido no avalará reformas “propagandísticas y oportunistas”, que no ayudan en nada a frenar el alto índice de secuestros. Por lo que toca a Xicoténcatl, dijo, debe ser dictaminada en contra, ya que no se aprobó antes por considerarla ineficaz para combatir la criminalidad.
La primera iniciativa dedica atención especial a las mujeres secuestradas, ya que Calderón la anunció el 9 de agosto de 2007 en el marco del Día Internacional de la Mujer y por ello lleva ese énfasis de género.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo señala que: “se considera de importancia fundamental proteger a las mujeres que son víctimas de este delito, ya que por su propia condición y naturaleza sufren el secuestro con mucha mayor intensidad, sobre todo si sus secuestradores son físicamente superiores y se aprovechan de tal circunstancia. Con ello, se da respuesta a un añejo reclamo que demanda una protección mayor para este sector de la sociedad”.
Este párrafo ya no aparece en la segunda iniciativa de reforma a los artículos 25 y 366 del Código Penal Federal, proyecto en el que todas las referencias explícitas a la pena de cadena perpetua para quien secuestre mujeres o mayores de 60 años fueron eliminadas.
La iniciativa, que Calderón dio a conocer en cadena nacional el pasado jueves, luego del asesinato del joven Fernando Martí, mantiene la argumentación central del proyecto de marzo de 2007 –incluso con la mayoría de los párrafos textuales– para justificar el establecimiento de “prisión vitalicia” en aquellos casos en que el secuestrador haya sido integrante de instituciones de seguridad pública, “ejecute el acto contra un menor de edad, o de una persona incapaz, o bien lesione gravemente o prive de la vida a la víctima”.
Se agrega la modalidad “secuestro exprés” entre los delitos que ameritan cadena perpetua, en esa reforma a la que se dará entrada el próximo miércoles en sesión de la Comisión Permanente, para turnarse a la Cámara de Diputados.
Al respecto, el perredista Pablo Gómez resaltó que el Código Penal Federal incluye ya penalidades altas, equivalente a la prisión de por vida, aunque está demostrado que no resuelve el problema, porque los secuestros siguen incrementándose. Además, agregó, establecer en una ley secundaria la cadena perpetua no es congruente con el principio de readaptación social incluido en la Constitución Política.
Al respecto, en la exposición de motivos de ambas iniciativas se asegura que a quienes sostienen que la cadena perpetua es una pena inhumana, que hace nugatoria la reinserción social de los sentenciados, “habría que contestarles que la prisión vitalicia no cambia el carácter o la pena de prisión, sino tan sólo extiende su duración, a fin de asegurar que el secuestrador que comete una acción tan aberrante como la mutilación o la privación de la vida, no podrá salir libre”.
Y, “por lo que hace a la readaptación del delincuente, es importante mencionar que ésta no constituye la finalidad última de la pena, pues tratándose de la comisión de las modalidades más graves del secuestro, las cuales revelan por sí mismas la imposibilidad de que el delincuente conviva en paz y en armonía con los demás, lo primordial es que la sociedad y la víctima tengan la seguridad de que esa persona no volverá a delinquir”.
Respecto de la excitativa que Calderón pidió a la Comisión Permanente haga al Senado para que descongele su iniciativa de marzo del año pasado, el senador Gómez, dijo que es un tema discutido ya en comisiones, pero en todo caso deberán dictaminarla en contra, con lo que se desechará en definitiva.
“Calderón quiere que el Congreso haga su chamba, para que él aparezca como el paladín en el combate al secuestro, pero nosotros no somos la PGR para andar persiguiendo a delincuentes”, insistió.
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Pagan usuarios de tarjetas de crédito hasta 72% de interés anualRoberto González Amador
Columnas
Jaime Avilés :
Desfiladero Por medio de Claudia Sheinbaum, el gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador convocó a los integrantes del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo a concentrarse el próximo domingo 31 de agosto en todas las plazas públicas del país. El anuncio, hecho el pasado lunes en la casona de la calle San Luis Potosí, detalló que en la ciudad de México la reunión se llevará a cabo ante el Monumento a la Revolución. De tal suerte quedó eslabonada una secuencia de cuatro acciones específicas contra la privatización de Pemex. El reloj ha abierto una cuenta regresiva y marca los días que faltan para el eventual estallido de una crisis política de consecuencias impredecibles.
La primera de esas cuatro acciones es la consulta ciudadana que se va a celebrar mañana en los estados de Puebla, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Colima sobre las propuestas de Felipe Calderón. Iba a ser también en Chiapas, pero numerosas dificultades organizativas en la entidad que gobierna el panista de origen priísta con camiseta perredista, Juan Sabines, la aplazaron otras dos semanas. Por lo tanto, la segunda acción será la etapa final de la misma consulta, prevista para el domingo 24 de agosto en Chiapas y los estados del norte.
Una vez que el ejercicio concluya, el grupo de trabajo integrado, a petición de López Obrador, por una variada gama de sabios, científicos, técnicos, intelectuales y políticos opuestos a la venta de la industria petrolera dará a conocer su propia iniciativa para la transformación de Pemex entre el lunes 25 y el viernes 29. Así, la presentación de ese proyecto, que van a defender en las cámaras los legisladores del Frente Amplio Progresista, será la tercera acción de la cadena, previa a la concentración de fuerzas en las plazas públicas de todo el país, sólo unas horas antes del arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones en las cámaras de Senadores y de Diputados.
Éste, en resumidas cuentas, es el cronograma opositor. En el bando opuesto, la Comisión de Energía del Senado comenzó a estudiar las iniciativas calderónicas y se declaró en “sesión permanente” para impresionar a los ingenuos. Al mismo tiempo, los líderes del PRI y del PAN, Beatriz Paredes y Germán Martínez, volvieron a reunirse con el del PRD, Guadalupe Acosta, esta vez en Pachuca, donde anteayer, como registró la nota de Carlos Camacho, corresponsal de La Jornada en Hidalgo, “acordaron apoyar la reforma, sin especificar” cuál, si la de Calderón, la de Manlio Fabio Beltrones o una surgida de la fusión de ambas, que algunos conocen ya como la ley Calbeltrón.
Pero mientras los legisladores analizaban la cosa y los timoneles de los partidos posaban juntos para dar certeza a los impacientes empresarios españoles, que no ven la hora de añadir las siglas de Pemex a las de Repsol, el senador perredista Carlos Navarrete comenzó a trabajar con ahínco para obtener el respaldo de sus compañeros de bancada. El motivo es el siguiente: luego de descartar la opción Graco Ramírez, el PRI ofreció a Navarrete la presidencia del Senado y éste de inmediato se puso a hacer campaña en pro de sí mismo. Hace pocos días desayunó con su colega, la actriz María Rojo, quien a instancias del solicitante le dejó firmada una carta de adhesión. Y, aseguran otros testimonios, habló también con Pablo Gómez.
Hay, al respecto, una explicación muy sencilla: para agilizar la privatización de Pemex, los priístas de la casona de Xicoténcatl pretenden convertir a Navarrete en su propia Ruth Zavaleta. Ello, claro, en obvia alusión a la metamorfosis que experimentó la legisladora guerrerense, quien llegó a San Lázaro con los votos de los seguidores de López Obrador pero se dedicó a hacer la política de Calderón y la derecha panista a partir del momento en que un acuerdo de cúpula la convirtió en presidenta de la Cámara de Diputados. Navarrete, calculan ahora los allegados a Beltrones, tal vez no caerá tan bajo, pero al menos se verá impedido a volver a tomar la tribuna, si la polarización del conflicto obliga al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo a adoptar soluciones extremas.
Los senadores perredistas carecen del mínimo de escaños (25 por ciento) para ocupar la Junta de Coordinación Política de esa cámara y tampoco tienen derecho, por lo mismo, a hacerse de la presidencia. Sin embargo, ésta puede ser suya si así lo acepta la bancada del PRI, cosa que en este momento no desea Beltrones por dos motivos muy simples: uno es que el presidente del Senado, en realidad, carece de poder si no tiene a su disposición una mayoría efectiva –en este sentido, ese privilegio, hoy por hoy, es del ex gobernador de Sonora, quien aún vacaciona en Europa–, y dos, una de sus funciones obligatorias es la de llamar a las fuerzas del orden para que repriman disturbios dentro del recinto. Así pues, para ello, ¿quién mejor que el buenazo de Navarrete?
Antes de ser elevado a tan discutibles alturas, Navarrete deberá esperar a que se resuelva otro conflicto: el de los senadores panistas leales a Santiago Creel, quienes hace pocos días enviaron una carta a Los Pinos para exigir a Felipe Calderón que deje de maniobrar a través de Gustavo Madero, su coordinador parlamentario, en contra del ex secretario de Gobernación, quien por su parte no quiere dejar la presidencia del Senado. No olvidemos que Creel fue sometido a degüello, al menos en grado de tentativa, cuando las encuestas del primer círculo del felipato revelaron que era el panista con mayor grado de aceptación entre la gente de a pie.
Por lo pronto, Ruth Zavaleta llega dentro de unas horas a la capital de Tabasco para escuchar con toda atención el informe de labores del diputado panista Juan José Rodríguez Prats en un solemne acto dominical al que asistirá también el gobernador Andrés Granier. Nadie descarta que en realidad la casi casi ex presidenta de los diputados aprovechará su visita a la tierra natal de López Obrador para volver a descalificar la consulta, honrando así el ya tres veces desmentido pacto Zavaleta-don Beltrone, que con la tentadora oferta que acaba de recibir Carlos Navarrete sigue dando pruebas de su indudable existencia.
Otra la constituye el hecho de que, en el Distrito Federal, la delegación Iztapalapa, bastión de René Arce y Víctor Hugo Círigo, es decir, de Nueva Izquierda, tuvo el penúltimo lugar en participación en la consulta de hace 15 días, apenas arriba de la panista Miguel Hidalgo. Mañana se espera que Tabasco, en el mejor de los casos, aporte 100 mil votos más y todavía no se sabe cuántos recogerán los seis estados restantes. Por lógica, el resultado de la segunda fase será aún más pequeño y los levantacejas, desde el lunes, la darán por muerta, urgiendo a que se concrete la privatización ya, con lo que solamente se tensarán más las cosas. Ahora bien, si ustedes desean comunicarse con esta columna escriban a
jamastu@gmail.com.
Enrique Galván Ochoa :
Dinero Qué significa “guanajuatizar” a México? Es una meta del panismo, según expresó su presidente nacional, Germán Martínez Cázares. En opinión de 89 por ciento de nuestros encuestados de esta semana, la críptica expresión ‘guanajuatizar’ significaría extender la pobreza, corrupción, narcoviolencia e impunidad de los gobiernos panistas. El 4 por ciento cree que es un llamado a promover la producción de cajeta de Celaya. El 2 por ciento lo interpretó como una invitación a fomentar el uso del guano en la agricultura y sólo 1 por ciento considera que es la convocatoria para construir un país donde impere el bien común.
Gloria Muñoz Ramírez :
Los de AbajoCarlos Fernández-Vega :
México SAJavier Hernández Chelico :
En el ChopoOpinión
Gustavo Leal F.* :
ISSSTE: una “reforma” para “la” salud... sin hospitalesMiguel Concha :
Despojo de tierras y explotación minera trasnacionalMarcos Roitman Rosenmann :
El comercio de las OlimpiadasIlán Semo :
Nueva YorkGustavo Gordillo :
Unidos frente al crimen organizadoNoam Chomsky* :
Todas las opciones están sobre la mesaBernardo Bátiz :
Oportunismo y guerra de nerviosPolíticaAumentan en BC los secuestros con la participación de policíasCCE: plagios están frenando las inversionesLa nueva iniciativa antiplagio de Calderón, refrito de la que envió al Senado en 2007EconomíaAumentan las tasas de interés de las tarjetas de crédito bancariasCaen monedas latinoamericanas; temor a desaceleración de la economía globalNo subirá precio de la leche Liconsa: SedesoMundoLlama alcalde de Santa Cruz a militares a derrocar al presidente Evo MoralesLa ubicación de Betancourt se hizo con videocámaras, admiten EU y ColombiaBogotá, 8 de agosto. Colombia y Estados Unidos admitieron haber instalado cámaras ocultas en la selva para rastrear los movimientos de los rehenes que estaban en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que permitió ubicar a 15 cautivos, entre ellos la política Ingrid Betancourt y tres estadunidenses, que fueron liberados el 2 de julio pasado.
El ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo que la aportación de esas cámaras estadunidenses fue la “única participación” de Washington en la operación Jaque –aparatos que luego fueron descubiertos por la insurgencia–, aunque finalmente se logró también la liberación de 11 militares y policías colombianos.
“Dentro de la tecnología están unas cámaras que metieron en la selva en los sitios donde supuestamente podrían pasar los secuestrados para vigilar que no se escaparan. Eso fue en febrero, pero desafortunadamente se nos escaparon. Esa fue la participación que ellos –los estadunidenses– tuvieron”, afirmó.
El embajador estadunidense en Bogotá, William Brownfield, confirmó que su gobierno envió los equipos espaciales de cámaras de televisión, y que su instalación en lugares estratégicos como en ríos y quebradas corrió por cuenta de comandos colombianos.
Explicó que la idea inicial era contar con una completa dirección geográfica por donde eran llevados los rehenes. Los aparatos se activaban al detectar movimientos y enviaban su señal a los aviones de inteligencia y a la central de la embajada estadunidense en Bogotá.
Fue una de esas cámaras la que captó a los tres rehenes estadunidenses cuando se bañaban en un río, que difundió entonces la prensa internacional.
La prensa colombiana ha informado que Estados Unidos colaboró con equipos y fuerzas especiales en los días previos al rescate. Asimismo, en un video que difundió la televisora local RCN se informó que Washington apoyó con un avión plataforma.
En tanto, uno de los líderes de las FARC detenido en el rescate de Betancourt y otros rehenes, aseguró el viernes en una diligencia judicial que hubo tres militares colombianos que usaron emblemas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y no uno como afirma la versión oficial.
Según la privada Radio Caracol, Alexander Farfán (Enrique Gafas) dijo a un juez que lo procesa por los delitos de secuestro y rebelión, que durante el rescate, cuando un comando del ejército simuló una misión humanitaria de traslado de los rehenes, filmó a tres personas que portaban chalecos del CICR, y que tras ser reducido por los militares le quitaron su cámara.
La defensa del guerrillero anunció que entablará una demanda contra el ejército por ocultar evidencia tras la desaparición de dicho material audiovisual, luego de que el gobierno de Álvaro Uribe se ha tenido que disculpar nuevamente ante la CIRC por el uso deliberado del emblema.
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