5/04/2024

La lucha de las mujeres insumisas para liberar el pueblo saharaui: "Nos han torturado y violado, pero resistiremos"

 eldiario.es

Maialen Ferreira

“Hay recuerdos que jamás se irán de mi mente. Como en el que entraron los soldados en casa por la fuerza y yo intentaba quedarme con mi hijo mientras los soldados tiraban de él. Es una imagen con la que moriré. La imagen de mi familia cuando los soldados me sacaron, mi madre sostenida por otras personas para no desfallecer, mis hermanas pequeñas, con los brazos cruzados mirando la escena y mi padre apartado en un rincón de la casa. Me secuestraron con 16 años delante de mi familia. Eran las cuatro de la mañana. Fue muy duro. Mi familia no sabía dónde estaba y no se atrevían a preguntar. Yo era una niña y no sabían a dónde me habían llevado. No podían preguntar y no conocían mi paradero. Sufrí abusos sexuales y otras violencias degradantes. Sin embargo, tenía fe y una fuerte convicción de que todos los saharauis estamos destinados a sufrir lo mismo, como los que nos antecedieron y de los cuales no sabemos su paradero”. Las palabras de Mina Baali salen firmes de su boca cuando narra las torturas que sufrió por parte de la policía marroquí con tan solo 16 años por haber participado en una protesta contra otros presos saharaui, pero quiebran cuando habla de sus hijos.

La activista ha pasado toda su vida luchando por la liberación del pueblo saharaui y reside con su marido y sus dos hijos en uno de los territorios ocupados por Marruecos en el Sahara Occidental. La suya es una de las historias más duras del documental 'Insumisas' codirigido por la brasileña Laura Dauden y el colombiano Miguel Ángel Herrera, que recoge las luchas de las mujeres por la resistencia saharaui y que ha inaugurado el Festival Internacional de Cine del Sahara (FiSahara).

“Nunca he dejado de manifestarme. Pero ahora, mi hijo, me dice que me quede en casa. Yo le digo que no me puede pedir eso, que yo con su edad estuve presa. Que nuestra lucha no es algo temporal, que se trata de nuestra nación. Me rompí del todo cuando me dijo 'Mamá nunca te voy a perdonar si por ti no consigo estudiar'. Me impactó. Él siente que mi lucha le afecta, porque quiere estudiar Ingeniería. Me ha costado entender que he dado a mis hijos más responsabilidades de las que debería dar. Aun así aquí estoy y voy a seguir luchando porque nos han torturado y violado, pero no nos han quitado las ganas de luchar. Resistiremos”, reconoce Baali rodeada de sus compañeras en la película y en la vida.

Me secuestraron con 16 años delante de mi familia. Eran las cuatro de la mañana. Fue muy duro. Mi familia no sabía dónde estaba y no se atrevían a preguntar

Mina Baali Activista saharaui

En medio del desierto más inhóspito no hay más oasis que el que crean cada noche, durante una semana, los cientos de habitantes de Ausserd, el campamento de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia gracias al FiSahara, un festival bajo las estrellas que muestra películas, documentales y cortometrajes para denunciar la vulneración de derechos humanos de distintos pueblos, pero sobre todo el saharaui.

El lema de esta edición, la XVIII, es 'Jaimitna Fi Cinema. Resistir es vencer' ('Nuestra jaima en el cine', en castellano) y estará compuesto por activistas de los cuatro continentes. “Al inicio de la invasión del Sahara Occidental, Hassan II afirmó lo siguiente: 'Hemos ocupado territorios, pero no hemos ocupado corazones'. El pueblo saharaui es corazón, el mismo corazón que tenían los nómadas y que ahora comparten sus nietos. El régimen ocupante ha intentado destruirnos, pero este festival es el reflejo de la cultura de paz contra la violencia, la xenofobia y el racismo. Resistiremos para vencer”, sostienen desde el festival.

Mahfouda Lekfir, al igual que Mina Baali y cientos de mujeres insumisas, también fue encarcelada. En su caso fue durante una concentración pacífica en Marruecos en 2019. “Estaba manifestándome para exigir la puesta en libertad de un preso y me encarcelaron a mí. Sin juicio ni abogados. Recibí varias palizas dentro de la cárcel. Yo sabía que participar en esta lucha me iba a traer consecuencias, pero no sabía las violaciones que se sufrían en la cárcel. Aún así, lo que más me dolió fue que estuve seis meses sin poder recibir la visita de mis hijos. Cuando por fin les dejaron entrar a verme me dijeron que me echaban de menos. No poder responder cuándo volveré a casa me dolió mucho”, reconoce Lekfir.

Estaba manifestándome para exigir la puesta en libertad de un preso y me encarcelaron a mí. Sin juicio ni abogados. Recibí varias palizas dentro de la cárcel

Mahfouda Lekfir Activista saharaui

La resistencia saharaui se compone de mujeres insumisas como ellas, que pese a las fuerzas que intentan acallarles, siguen en pie siendo altavoz de una lucha, pero también de la violencia que han vivido. Son aquellas mujeres que se quedan en casa criando mientras sus maridos van al frente o marchan al extranjero a trabajar. Son las que representan a sus pueblos y se organizan para tener agua, electricidad y comida tras casi 50 años en el desierto, en territorio argelino. Son las que resisten también en los territorios ocupados del Sahara Occidental y que se niegan a marcharse, aunque quedarse suponga poner en peligro su vida y la de su familia. Son las que recorren el mundo para que se escuche su voz y que jamás deje de sonar.

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En la inauguración del festival, un grupo de mujeres ha acogido a saharauis y vigilantes en un campamento tradicional en el que han mostrado usos y costumbres con comida típica, la fabricación de ropa, música, danzas y juegos tradicionales. La jaima, la típica tienda de campaña de los nómadas saharauis, es el centro de esta edición. “La jaima visibiliza parte de nuestra identidad, la misma que ha querido destruir el régimen marroquí prohibiendo su levantamiento en el Sahara Ocupado”, explica la gobernadora de Ausserd, Jira Bulahi.

Una de las mujeres que ha mostrado las tradiciones de su pueblo es Zeyinbou Edkihil, que ha servido el té acompañada de su madre y su abuela portando un traje tradicional negro. La tradición indica que se deben servir tres tés: el primero de ellos, amargo como la vida; el segundo dulce como el amor; y el tercero, suave como la muerte. Después de tomarlo ha dado comienzo la fiesta que durará hasta el próximo domingo, 5 de mayo y en la que el pueblo saharaui busca resistir y que los ojos del mundo entero no miren para otro lado y sean testigos de una lucha que después de cinco décadas, está más viva que nunca.

Terminó periodo legislativo lejos de agendas feministas. 25 iniciativas congeladas

 

.-Ciudad de México.- La LXV Legislatura del Congreso cerró el último periodo ordinario, este 30 de abril, y pese a que se acordó denominarla como «la de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad», congresistas se quedaron lejos de cumplir con la agenda feminista, al acumular una pila de 25 iniciativas en materia de género que quedaron congeladas en el último tramo del 2023 y 2024.

Entre las más recientes están la regulación de vientres de alquiler, el Sistema Nacional de Cuidados, la igualdad salarial entre mujeres y hombres, la Ley Silla y la ampliación de los permisos de paternidad, que son algunas de las reformas que se quedaron pendientes.

Con 252 legisladoras de todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados, por primera vez, se superó el 50% de paridad, pero esto no influyó para que los temas de género tuvieran un avance, y aunque son mayoría, no ocupan los principales puestos de poder, pero se logró garantizar la paridad al menos en la presidencia de la Mesa Directiva, que fue ocupada por la priista Marcela Guerra, pero al frente de la Junta de Coordinación Política predominaron los hombres.

Logros

De los últimos logros destacan la Ley 3 de 3 contra la violencia a las mujeres y la tipificación de los ataques con ácido como violencia física, ambas aprobadas hace un año. Otros pasos hacia delante para tipificar la violencia machista fue la aprobación en la Cámara de Diputados de reformas y modificaciones a varias leyes para prevenir y sancionar la violencia vicaria, una expresión de violencia de género que busca ocasionar daño a través del uso de los hijos por parte de los progenitores. 

También, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, relativo a espacios y transporte públicos libres de violencia y acoso sexual hacia las mujeres. Sin embargo, la falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios han dejado en el olvido otras iniciativas prioritarias en la agenda feminista.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer, siempre ha sido un buen momento para avanzar en reformas de gran calado a favor de las mujeres en el Congreso, pero en este último tramo de la LXV Legislatura los consensos para lograr legislar en este paquete de reformas pendientes en materia de género no prosperaron. Una vez concluida la actual legislatura, el próximo 31 de agosto, los dictámenes e iniciativas se quedan a la espera de que la nueva Legislatura que inicia el 1 de septiembre próximo las quiera retomar.

Deuda histórica

Y es que el Congreso arrastra una deuda histórica en favor de las mujeres con reformas constitucionales y legales las cuales están empantanadas desde hace al menos 6 años, como autonomía reproductiva o la interrupción legal del embarazo, iniciativas que quedaron estancadas en la Cámara de Diputados y el Senado y que no pudieron ver la luz, tan solo las diputadas federales de la LXIV Legislatura dejaron una agenda amplia de 10 minutas pendientes de votar y 11 dictámenes que no lograron pasar al pleno.

En este caso, la diputada del PRI, Blanca Alcalá, fue consultada por Cimacnoticias, y consideró que en la agenda de las mujeres se van haciendo avances importantes en modificaciones constitucionales, como se logró con la Ley 3 de 3 contra la violencia, lo cual es un gran avance, incluso hubo las primeras sentencias que impidieron que algunos deudores alimentarios pudieran ser postulados a cargos de elección popular y lo mismo se tiene que hacer valer que ocurra ante la renovación que exista en 2024.

“Eso es un gran avance, en perfeccionar la legislación secundaria, sin duda también esos son muy positivos desde lo que tiene que ver con las mayores sanciones a lo que implica, pues todos estos tipos de violencia, que además se han vuelto muy sofisticadas, o sea, la violencia ácida a la violencia digital, en fin, todos estos temas que hemos tenido que ir perfeccionando”, expresó. 

Blanca Alcalá indicó que en donde también hay pendientes es dentro del presupuesto, de nada sirve que se tenga una legislación cada día más acabada, si al final del día muchos de estos temas tienen que materializarse en políticas públicas y no se está poniendo el recurso donde debe darse que es en el Anexo 13, donde la legisladora reconoció la labor de Cimacnoticias por las investigaciones que ha realizado para exhibir cómo se deja en segundo plano la inversión a un sistema de cuidados, así como la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

Dijo que es un anexo que ha subido de manera sustancial año con año, pero eso no implica que haya subido en favor del adelanto de las mujeres y la igualdad, un porcentaje que no excede el 20% es el que realmente se destina a programas que puedan mejorar la situación de las mujeres y ejemplos abundan desde los temas prioritarios de la salud hasta por supuesto las casas de mujeres indígenas o el fortalecimiento de las instancias municipales y en los estados.

Iniciativas congeladas

El Sistema Nacional de Cuidados fue aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre del 2020, desde entonces quedó congelado en el Senado. Se trata de una reforma constitucional que garantiza el derecho a cuidar y recibir cuidados, establece también el derecho al tiempo libre y crea una ley para regular un sistema de cuidados; es decir, una red de instituciones, programas y políticas públicas enfocadas en esta materia.

CIMACFoto: César Martínez López

Estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que la implementación de este sistema requiere de un presupuesto equivalente al 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país. Incluso el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) aseguró que dejará listo el diagnóstico para que la siguiente administración federal ponga en marcha el sistema, porque las tareas de cuidados caen desproporcionadamente en las mujeres, esto no solo limita su incorporación al mercado laboral, también su permanencia y su crecimiento en el mundo del trabajo.

El pasado 12 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Congreso que las reformas laborales, como las licencias paternales, se discutan después de las elecciones del próximo 2 de junio, pero estos cambios legislativos no son los únicos que se quedaron en la congeladora. 

Esta decisión presidencial detuvo la aprobación de la reforma para permisos de paternidad, quedó como un pendiente de su aprobación en el pleno del Senado para poder materializarse.

El proyecto modifica la Ley Federal del Trabajo (LFT) para ampliar de cinco a 20 días los permisos de paternidad, estos no solo aplicarían por el nacimiento de un bebé, también serían válidos para adopción. La propuesta también plantea que en caso de complicaciones de la madre o del bebé posterior al parto, el permiso podrá extenderse a 30 días. 

México incorporó a su legislación laboral las licencias de paternidad el 30 de noviembre de 2012, es parte del incremento del 39% (entre 2009 y 2018) en los países que contemplan permisos remunerados para papás trabajadores por nacimiento o adopción, según el Foro Económico Mundial, pese a ello México es uno de los países con menos semanas por licencia de paternidad, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

En marzo del 2021, el Senado de la República aprobó un paquete de reformas para garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres que realizan el mismo trabajo. Desde entonces, su discusión no llegó al pleno de la Cámara de Diputados. De igual forma, en la Cámara baja también se dictaminó y aprobó una reforma en materia de igualdad sustantiva en los salarios, la minuta fue remitida a la Cámara alta, donde tampoco se discutió en el pleno.

La brecha salarial de género en México es de 16%, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Esto significa que por cada 100 pesos que ganan los hombres, las mujeres perciben 84 pesos.

En marzo del 2022, el Senado aprobó un paquete de reformas a cinco ordenamientos legales para erradicar la violencia y el acoso en el trabajo. Estas modificaciones son parte de la armonización del marco legal con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, mismo que ya fue ratificado por la Cámara alta, pero a pesar de que la ratificación del instrumento internacional obliga a México a armonizar su legislación, la minuta no se votó en San Lázaro. Entre otros aspectos, la reforma amplía los conceptos de acoso y violencia laboral, y también detalla lo que deben incluir las empresas en sus protocolos para prevención y atención de estos casos.

La Ley Silla, impulsada por la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, que buscaba reformar la Ley Federal del Trabajo reconoce el derecho al descanso en un asiento o silla con respaldo, un aspecto que no está regulado aún en México. El proyecto ya fue aprobado por el Senado y se quedó en espera del aval de la Cámara baja. El dictamen tiene por objetivo prevenir los riesgos asociados a trabajar de pie por tiempos extensos. 

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En ese sentido, los empleadores estarán obligados a proveer las sillas para el descanso y establecer las pausas en sus reglamentos internos de trabajo. Esta regulación será aplicable solo para centros de trabajo de los sectores de servicio, comercio y análogos. En el resto de las industrias, será exigible solo cuando la naturaleza del trabajo lo permita. En caso de aprobarse sin cambios, las empresas tendrán un plazo de 180 días para cumplir con las disposiciones.

También se quedó pendiente de legislar el prohibir la gestación subrogada. La subrogación de vientres de alquiler es un asunto que no respeta fronteras. Por el contrario, es a través de las fronteras donde mucha de esta problemática se está presentando. La diputada del PRI, Blanca Alcalá Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva, expuso que la maternidad subrogada es una práctica que, ante la falta de regulación adecuada, se ha multiplicado en varias entidades de nuestro país y constituye «una nueva forma de trata de personas».

La diputada priista dijo que varias de estas conductas ya se encuentran sancionadas en nuestra legislación, pero no así, el caso de la utilización de mujeres para procreación y entrega de niñas y niños a cambio de dinero, que beneficia a la Industria del vientre de alquiler, teniendo consecuencias graves para las mujeres y para los bebés, al vulnerar sus derechos ante la ausencia de toda protección por parte del Estado. 

Sin embargo, refirió que se intentó empujar la iniciativa sobre maternidad subrogada y se buscó que efectivamente se viera como una prioridad, pero queda como un pendiente de esta Legislatura, por lo que opinó que de nada sirvió que se le llamara de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad, pues al final del día no se hizo valer esta posibilidad de que quienes formaron parte de la misma pudieron avanzar en esta legislación en favor de las mujeres.

“Esta, (propuesta sobre maternidad subrogada) sigue todavía en comisiones, todas las iniciativas que hay sobre este tema, absolutamente todas, ninguna se ha dictaminado, entonces primero tuvieron que salir de comisiones para subirlas al pleno, para que a partir del dictamen se hubiera podido registrar para ser debatida y, en su caso, aprobarse, y pasar al Senado para continuar son su trámite legislativo”, explicó.

Mencionó que se trabajó para lograr la dictaminación sobre maternidad subrogada en comisiones, porque ninguna de las iniciativas logró que se tuviera lista su dictaminación, de las cuales había iniciativas de Morena, del PRI y del PAN, pero la Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad concluyó sin que se pudiera abordar de manera seria y profunda esta situación que afecta a numerosas mujeres.

Congelada agenda de mayor relevancia para mujeres

Aun cuando el PRI, PAN y PRD, y el actual régimen, de Morena, PT y PVEM, han colocado a dos mujeres en la contienda presidencial, las iniciativas que son prioridad para mejorar la vida de las mujeres no fueron aprobadas por los legisladores en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, como lo reconoció la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, al mencionar la agenda que se quedará pendiente de la mayor relevancia, como la reducción de la brecha salarial entre mujeres y hombres, garantizar la salud reproductiva; el reconocimiento al derecho a cuidar y recibir cuidados.

El grupo plural de Igualdad Sustantiva que fue creado por legisladoras de todas los partidos políticos en la Cámara de Diputados sirvió como motor de empuje en iniciativas en favor de las mujeres, pero no fue suficiente para lograr acuerdos para sacar adelante las propuestas que resultaron espinosas para la clase política.

El acuerdo que en noviembre del año pasado anunció este grupo para impulsar reformas constitucionales en materia de reproducción humana asistida, mercantilización de seres humanos o vientres de alquiler, también se encuentran sin avances.

En marzo de 2021, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja aprobó el proyecto de reformas y adiciones a 29 artículos de la Constitución en materia de igualdad sustantiva que reconocían, entre otros aspectos, la autonomía reproductiva, lo cual representaba, a juicio de grupos provida, religiosos y legisladores del PAN, la legalización del aborto a nivel federal, eso provocó la intervención de estos grupos para frenar su discusión en el pleno.

La implementación de la interrupción legal del embarazo a nivel federal, ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es otro gran pendiente. En septiembre de 2023, la SCJN aprobó despenalizar el aborto a nivel federal, lo que obliga al sistema de salud a otorgar el servicio e impide que el personal médico sea criminalizado por realizarlo. Sin embargo, el Congreso tenía que legislar en consecuencia. El 15 de diciembre del año pasado venció el plazo para realizar ese trabajo legislativo, lo que los coloca en falta.

En el recuento de las reformas que están pendientes desde comisiones que no pudieron elaborar un dictamen para discutirse ante el pleno de ambas cámaras, como la que envió el Senado a diputados para establecer un salario mínimo equitativo a mujeres deportistas profesionales, la justicia con perspectiva de género, salud reproductiva libre de violencia, aborto y maternidad libre y segura, establecer parámetros para la sanción de violencia institucional, educación para la prevención de la violencia, justicia libre de roles de género, centros penitenciarios respetuosos de la identidad de género, así como paridad de género en el Servicio Exterior.

Tampoco, se discutieron propuestas respecto a la autonomía de las mujeres en las políticas públicas, asegurar la equidad de género en sociedades cooperativas, desarrollo y competitividad con perspectiva de género, sobre igualdad laboral sin tener en cuenta sexo, género, condición o criterio que atente contra la dignidad de las personas.

Además, el que propone garantizar que en la atención de la salud reproductiva se prevenga, atienda y erradique la violencia, se brinde atención médica adecuada durante el embarazo y después del mismo.

Otras iniciativas que no prosperaron fueron la violencia económica en contra de las mujeres, el principio de autonomía de las mujeres en la elaboración de políticas públicas, respeto a la identidad de género en centros penitenciarios.

Cimacnoticias seguirá al tanto del congreso mexicano para la cobertura de los pendientes.

Cobertura del feminicidio en Iztacalco, atentado a las víctimas y a la investigación del caso

 

Hay que recordar que la filtración y difusión de imágenes, audios o videos asociados a crímenes cometidos por razón de género es una práctica violatoria de derechos humanos de las víctimas y sus familias, que atenta contra el derecho al debido proceso y amplifica el agravio cometido contra la vida y dignidad de las víctimas.

Estas acciones también violan los derechos de las víctimas a la privacidad y a la protección de sus datos. Además, constituyen prácticas de revictimización que vulneran la seguridad física, psicológica y material de las personas afectadas, y contribuyen a la normalización de la violencia feminicida, socavando los esfuerzos para prevenirla y erradicarla.

Estos casos de feminicidio filtrados a la prensa que acontecieron en la alcaldía de Iztacalco, no son aislados, forman parte de un registro nacional que aumenta día a día y cuyas víctimas se enfrentan a un patrón de impunidad que provoca que agresores sigan delinquiendo.

En lo que va del presente sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se tiene un acumulado de 4 mil 892 casos de feminicidios y 13 mil 811 homicidios dolosos en contra de mujeres, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP). Tan solo en el 2023, se registraron 848 casos de mujeres víctimas de feminicidio.

Miguel N, fue detenido el pasado 16 de abril, tras atacar sexualmente y cometer feminicidio en contra de la adolescente María José y luego herir su mamá tras volcarse en su ayuda, caso que fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

La noticia fue narrada inmediatamente desde el agresor y colocaron el acento en el “monstruo”, para referirse al feminicida, dejando de lado la responsabilidad del Estado mexicano por no dar garantías de no repetición en casos como estos, es decir, el agresor feminicida realizó y una otra vez actos violentos contra mujeres en total impunidad.

Luego de que la Fiscalía de la Ciudad de México, diera a conocer que el acusado podría estar detrás de otros cinco feminicidios, se comenzó una serie de especulaciones en torno a quienes podrían ser las eventuales víctimas de ese agresor, al cual, la justicia todavía no ha concluido una carpeta de investigación, ni llevó en privado los datos de la investigación que, por Ley, son confidenciales.

Desde que inició la investigación se filtraron detalles a la prensa, como un diario en el que el imputado supuestamente confesaba los feminicidios y otros detalles que hacían apología del miedo, otros datos, era que conocía a las posibles víctimas, con las cuales habría tenido una relación previa.

Al difundir este tipo de información, se crea la imagen de un asesino en serie con habilidades especiales o problemas de salud mental. Sin embargo, este enfoque desvía la atención hacia estos personajes construidos y hace que la sociedad pierda de vista el problema real: la violencia extrema contra las mujeres, la permisividad de las autoridades y la impunidad que la rodea.

Para especialistas en el tema de la violencia estructural ejercida contra mujeres no puede relacionarse con una presumible enfermedad mental, porque individualiza un problema que en realidad es estructural y revictimiza a quienes viven con alguna de estas enfermedades y no cometen ningún tipo de delito.

La directora de la organización Justicia Pro Persona, Ana Yeli Pérez Garrido, afirmó que la atención a la violencia feminicida “no va por ahí”, pues al hablar de perpetradores no podemos asumir que los crímenes son cometidos a raíz de una “enfermedad mental”.

En ese sentido, Pérez Garrido, señaló que el feminicidio “no puede estar enfocado y justificado en cuestión de salud mental, sino en la violencia estructural en que vivimos”, explicó la abogada feminista. También añadió que la alta criminalidad e impunidad son los factores que propician que estos crímenes persistan.

Normalización de la violencia

Recientemente, organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por la filtración y el manejo de la información de diversos casos de feminicidios y desapariciones de mujeres que todavía están siendo investigados por las autoridades.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; y Justicia Pro Persona, señalaron:

“Organizaciones de derechos humanos que brindamos acompañamiento a víctimas de desaparición forzada cometida por particulares y violencia feminicida, manifestamos nuestra preocupación por la filtración y el manejo de la información de diversos casos de feminicidios y desapariciones de mujeres que todavía están siendo investigados por las autoridades”.

Protección a las víctimas

La filtración y difusión de información sobre el caso ha expuesto la vulnerabilidad de las investigaciones en curso.

Tras estos hechos, la Fiscalía pudo acceder al domicilio del victimario y encontró pruebas que lo vinculan con otros casos de feminicidio. Sin embargo, se han filtrado fotos de la escena del crimen y del hogar del imputado, fragmentos del video de la audiencia inicial, y nombres de posibles víctimas asociadas a Miguel “N”.

También se han revelado nombres de mujeres jóvenes desaparecidas en la Ciudad de México como posibles víctimas de feminicidio del detenido. Si dicha información forma parte de las líneas de investigación relacionadas al presente caso, no debería hacerse pública.

Tampoco deberían ser públicos los peritajes e investigaciones, protegiendo así los derechos de las víctimas, quienes deberían ser las primeras en tener acceso a esa información, a través de canales institucionales y de los procedimientos adecuados para ello.

Respecto al trabajo de las Fiscalías especializadas, María de la Luz, Directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México, comentó que hay una ruta de impunidad, que se debe seguir trabajando, “se requiere que haya fiscalías especializadas que tengan sus protocolos, que se sancione a servidores públicos, por omisión o por lo que no investigaron, mataron a la joven, no la protegieron”.

Señaló que, aunque actualmente se cuentan con fiscalías especializadas, no funcionan ya que no se sabe si están funcionando con el personal adecuado, personal capacitado, o bien, que se cumplan los protocolos establecidos.

“Si hay violencias graves, tienes que tener fiscalías fortalecidas, equipos que realmente se estén coordinando y que realmente se estén coordinando. Y que no se inventen hipótesis porque se viven inventando y prejuiciando de que, -desapareciste porque te fuiste con el novio-“, subrayó.

Un pendiente para las autoridades es realizar investigaciones y métricas que den cuenta de los patrones y modos en que operan estos feminicidas.

Otro pendiente de las autoridades es tener registros certeros de la desaparición de niñas y mujeres jóvenes, ya que se entiende que cuando no se tratan del delito de feminicidio, estas desapariciones vienen de la mano de delitos, como la trata de personas y la explotación sexual.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hasta la fecha, la Ciudad de México tiene un total de 6 mil 840 mujeres desaparecidas, pero las autoridades no informan cuántas han sido localizadas y cuántas siguen desaparecidas, señaló el reporte emitido por El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; y Justicia Pro Persona.

Es importante mencionar que el Gobierno de la Ciudad de México solicitó la inclusión de medidas en la Alerta de Violencia de Género para prevenir y atender feminicidios, desapariciones y trata de mujeres. Si bien ha habido avances en el tema de feminicidios, la problemática de las desapariciones requiere un mayor esfuerzo, detallaron.

Es urgente que se implementen acciones de prevención, atención, protección, búsqueda inmediata, con perspectiva de género e investigaciones rápidas, exhaustivas y diligentes, que permitan a las familias encontrar a las víctimas y responsabilizar a los culpables.

Luz Estrada, afirmó que exigen a las autoridades correspondientes de la Ciudad de México que apliquen la Ley Ingrid para evitar la filtración y difusión de información en proceso de investigación. La información divulgada debe poner en primer plano el respeto a la dignidad humana y ser sensible hacia a las personas afectadas por la violencia.

También hizo un llamado a detener la filtración, difusión y reproducción de información que hace parte de la investigación en curso y cuya responsabilidad y secrecía depende de las autoridades de administración y procuración de justicia, entre ellas, la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), el Poder Judicial de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Igualmente, hizo un exhorto a «no divulgar datos sensibles e imágenes de las víctimas y de sus familias, quienes actualmente enfrentan una situación profundamente dolorosa»,

Además, pidió a titulares de las dependencias mencionadas que den vista a los organismos internos de control a efecto de investigar las responsabilidades disciplinarias y penales de las personas funcionarias públicas que actuaron como primer respondiente y quienes procesaron la escena de los hechos, esto es, peritos, personal ministerial y policial y colaboraron para violar los derechos de las víctimas.

Exigen libertad para Xóchitl, defensora comunitaria, presa política en Morelos

 

.-Ciudad de México.- En este Día Internacional de las Presas y Presos Políticos, es fundamental recordar a Xóchitl Ramírez Velasco, mujer indígena Binnizá, zapoteca de 44 años, defensora de los derechos humanos de las mujeres para una vida libre de violencia y su camino como activista fue interrumpido al ser detenida injustamente el 3 de mayo del 2023 por la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos, al acusarla de un supuesto secuestro sucedido en 2019, por lo que sigue privada de su libertad, sin que se presenten pruebas en su contra.

Xóchitl Ramírez realizaba trabajo comunitario como parte de la organización en Tlamacazapa, Guerrero. Atzin Desarrollo Comunitario A.C. (www.atzin.org) es una organización de la sociedad civil donde Xóchitl había laborado desde el 2005 como promotora, administradora y coordinadora de programas comunitarios.

Xóchitl, durante 20 años ha trabajo al lado de las mujeres en Guerrero y hoy a casi un año de esa injusta detención en Morelos, Xóchitl, la mujer, madre y defensora de derechos humanos, se encuentra ilegalmente presa en Atlacholoaya, por eso las personas que acompañan su causa, visibilizan la necesidad de movilizarse, elevar una voz de indignación y unirse para exigir justicia para su liberación.

En México, existen 12.5 mil mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios federales y estatales, ellas representan el 5.4% de la población total. El 53.5% de ellas se encuentra en centros femeniles, 45.8% en mixtos y 0.6% en varoniles.

Los delitos más recurrentes por los que se les juzga son: participación en secuestros, homicidio doloso y posesión de narcóticos con fines de comercio y suministro (INEGI, 2021).

El 92.9% de las mujeres no tenían antecedentes penales. Siete de cada diez tienen entre 18 y 39 años de edad,

La situación como presa política, se hará visible este miércoles durante la marcha con motivo del Día Internacional de las Presas y los Presos Políticos. 

Al unirnos a esta exigencia, abrimos un espacio de acción y acompañamiento a una mujer que ha luchado por los derechos de otras mujeres, el contingente saldrá a las 3 de la tarde del monumento a la Independencia hasta la Secretaría de Gobernación, donde se exigirá la libertad de los que hoy, como Xóchitl, están presos injustamente.

En su Recomendación General No. 3534, la CEDAW reafirma que la “privación arbitraria de la libertad” constituye una forma de violencia contra las mujeres. Esta Recomendación General reconoce que la privación de la libertad puede tener un efecto agravante negativo sobre la violencia contra las mujeres, al tiempo que reconoce que las mujeres privadas de libertad pueden vivir la violencia de distinta manera por razón de su encarcelamiento.

El Comité reconoce también otros factores que pueden tener un efecto agravante negativo sobre la violencia contra las mujeres, incluyendo el origen étnico o la raza de la mujer, la condición de minoría o indígena, la maternidad, la edad, y la condición de lesbiana, bisexual, transgénero o intersexual, entre otros.

El proceso de Xóchitl Ramírez Velasco

Xóchitl es una mujer originaria de Oaxaca, quien desde muy joven soñaba con encontrar una forma de ayudar a las personas de su comunidad, particularmente a las niñas y mujeres y para lograrlo, se mudó a Tlamacazapa, una comunidad náhuatl de Guerrero, ubicada en el municipio de Taxco, donde conoció la Organización Atzin Desarrollo Comunitario, A.C., que la apoyó para terminar la escuela y lograr su sueño.

Gracias a su compromiso y dedicación, Xóchitl consiguió una beca de estudios. Cuando terminó su carrera, ella tenía muy claro que su objetivo era regresar a colaborar con Atzin para trabajar apoyando a las niñas, niños y mujeres de Tlamacazapa. Fue así que se mudó a Cuernavaca, Morelos, ciudad que era sede de esta organización.

El 3 de mayo de 2023, Xóchitl se encontraba en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Una amiga le había pedido que pasara a recoger a su hija a la escuela. Mientras ella y la niña caminaban por la calle, unos policías estatales la interceptaron y la dijeron que estaba detenida, sin mostrarle documento alguno, la obligaron a subir a la patrulla junto con la pequeña, la trasladaron al Centro Penitenciario de Atlacholoaya, horas después le informaron que estaba acusada de un secuestro que había ocurrido en 2019 y después de llevarla a la Fiscalía de Cuernavaca, las autoridades la trasladaron al área de mujeres del penal de Atlacholoaya.

El día del secuestro, 9 de marzo 2019, Xóchitl estaba trabajando con el equipo de Atzin en Tlamacazapa, y los días siguientes entre semana estuvo en la oficina de la organización. Como equipo de trabajo están reconstruyendo un recuento de hechos preciso de las actividades de Xochitl durante febrero y marzo de 2019, para colaborar con diferentes organizaciones a nivel regional y nacional y para evitar más injusticias.

En la Fiscalía, Xóchitl dice que fue intimidada y obligada a firmar varias hojas de texto que no le permitieron leer, incluida una hoja en blanco. Aproximadamente a las 20 horas la llevaron al área de mujeres del penal de Atlacholoaya, en el estado de Morelos, donde se encuentra recluida actualmente.

Su audiencia inicial se llevó a cabo al día siguiente, el 4 de mayo. En ese momento Xóchitl recibió una copia de la orden de aprehensión, en realidad emitida cuatro años antes, el 24 de marzo de 2019, y solo entonces se dio cuenta de que estaba detenida por el delito de secuestro agravado ocurrido el 9 de marzo de 2019.

Xóchitl está detenida y se le acusa de usar armas y pedir rescate, delito que nunca pasó.

Posterior a su ilegal detención, sin permitirle ver o contactar a su familia, ni informarle de su derecho a contar con una defensa, ella tampoco entendía la razón por la que se encontraba detenida, pero se llevó a cabo su primera audiencia.

La defensa pública que la representó en esa primera audiencia fue deficiente, pues no denunció la ilegal detención de Xóchitl, ni tomó en cuenta su opinión, menos recabó la pruebas que evidenciaban que ella se encontraba en un lugar distinto al momento de los hechos que la acusaban, por esa situación ella se quedó injustamente detenida.

Su segunda audiencia, el 9 de mayo de 2023, fue determinada como “privada” en ese momento, y el público tuvo que abandonar la sala, incluidos un miembro de la familia y las personas que solicitaron que asistieran.

El juez decidió retener a Xóchitl nuevamente sin derecho a fianza, hasta una tercera audiencia (audiencia intermedia) que se programó dos meses después. Esto permite un período de tiempo muy corto para reunir y presentar pruebas de su inocencia. Entonces quedaría pendiente una decisión final sobre su futuro.

La gente que acompaña a Xóchitl en esta causa, afirma con contundencia que las acusaciones en su contra carecen de pruebas sólidas que la vinculen a algún delito. Desde el equipo jurídico del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), que actualmente la acompaña, se ha recabado evidencia suficiente que prueba que ella se encontraba en un lugar diverso al momento de los hechos. Por lo que se puede afirmar que Xóchitl es inocente.

Una luchadora de vida

Xóchitl es madre soltera, y su hijo, Kevin Manuel Rivera Ramírez, nació sordomudo, hoy tiene 22 años de edad. Con el apoyo constante de Xóchitl, Kevin actualmente cursa estudios de primer año a nivel universitario.

Desde niña, Xóchitl ha tenido convulsiones provocadas por cisticercosis, diagnosticada así por neurólogos y controlado con medicamentos. En prisión ha sufrido convulsiones y continúa en riesgo de tener las consiguientes dificultades de memoria y confusión mental, relacionadas con una atención médica inadecuada, un aumento dramático del estrés, durmiendo en un piso de concreto con solo una sábana en un cuarto sobrepoblado, y sin un acceso correcto y ajustes cuidadosos a sus medicamentos diarios.

Sheinbaum pacta con mujeres sindicalistas trabajadoras del hogar

 

.-Ciudad de México.- Mujeres del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO) y organizaciones de mujeres vinculadas con el Consejo Nacional de Sectores firmaron un acuerdo en apoyo a la candidata presidencial de la coalición “Sigamos haciendo historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, bajo la intención de generar una agenda de trabajo y contrarestar el rezago histórico al que las trabajadoras del hogar han sido sometidas.

En México cerca de 2.5 millones de personas se dedican al trabajo del hogar de manera remunerada, de acuerdo con cifras del INEGI. Dicha cifra representa 4.2% del total de personas ocupadas en el país. Nueve de cada diez personas dedicadas al trabajo doméstico son mujeres.

Las participantes en la reunión de trabajo coincidieron en que la realidad de las trabajadoras del hogar, es una de las cuentas pendientes de nuestra sociedad, invisibles e indefensas, en una situación de franca desigualdad en relación a sus empleadores, patrones y autoridades.

Asimismo, señalaron que las trabajadoras del hogar, son uno de los grupos sociales que mayor visibilidad y acciones afirmativas requieren para obtener un piso mínimo de derechos humanos que les permita la protección social e incorporarse al desarrollo mediante la formalización de sus contratos laborales y a todas las prestaciones sanitarias, laborales y sociales que establece la Constitución.

Propuesta de trabajo

La alianza estratégica entre el sindicato de trabajadoras del hogar y los grupos de mujeres vinculadas con el Consejo Nacional de Sectores en apoyo a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, firmaron este acuerdo para montar una mesa de trabajo y, mediante el diálogo buscar soluciones a problemáticas por las que atraviesa dicho sector de la economía.

Los ejes temáticos de las mesas de trabajo, serán: seguridad social para trabajadoras del hogar, lo que implica la revisión de la legislación mexicana para asegurar la obligación de los empleadores sobre la incorporación de las personas trabajadoras del hogar a la seguridad social.

Así como la consideración de los siguientes puntos: facilitar al empleador el pago de las cotizaciones para la seguridad social, con sistemas de pago simplificado; establecer acuerdos multilaterales para trabajadoras del hogar remuneradas migrantes donde se garantice su igualdad de trato y acceso a derechos y, considerar que el valor monetario de pagos en especie.

Un segundo punto la mesa de trabajo, será la revisión de contratos obligatorios, seguridad social para las trabajadoras del hogar, salario digno y de igual valor –que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) actualice anualmente el salario mínimo para las personas trabajadoras del hogar-.

Otro punto importante a destacar, sería la sanción a empleadores sin contrato para lo cual se tendría que reformar la legislación vigente, de igual forma, se señaló la importancia de proteger a las trabajadoras del hogar adultas mayores, incapacidades pagadas, garantizar sus herramientas de trabajo, establecer horarios para comida y, garantizar pensiones, subsidios para mujeres embarazadas y un trato justo.

De igual forma, se tratará en las mesas la posibilidad de eliminar jornadas de trabajo excesivas para las trabajadoras del hogar, así como el impulso de políticas laborales en cumplimiento con los acuerdos internacionales firmados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Otros aspectos a considerar en la dialéctica que establecerán para incidir en cambios sustanciales en sus condiciones de vida, serán: brindar capacitaciones laborales, alfabetización, campañas con enfoque intercultural, que ayuden a erradicar los estigmas contra el sector. De igual forma, buscarán difundir los mecanismos para la protección, abuso, acoso y violencia de este sector de la economía.

El acuerdo quedó suscrito por El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO), a cargo de la Secretaría General Colegiada, María de la Luz Padua Orihuela, en compañía de María isidra Llanos Moreno, Norma Palacios Trabamala; por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Frente Democrático de Unidad, Victoria Barrios López.

Por parte, las colectivas de mujeres vinculadas con el Consejo Nacional de Sectores en apoyo a la candidata presidencial de la coalición “Sigamos haciendo historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, firmaron: la agrupación política “POR ELLA, POR TODAS” SUMA Mujeres, con Lorena Villavicencio Ayala al mando, Paola Félix, Mariana Benítez Tiburcio y Teresa Ramos Arreola; por la organización “QUE SIGA LA DEMOCRACIA”, firmó Gabriela Jiménez Godoy; del grupo “PRESIDENTAS MX” Susana Cueto, mientras que por la organización, “ESTAMOS LISTAS CON CLAUDIA”, Lizeth Mejorada ratificó el acuerdo.

La asimetría

El trabajo del hogar y de cuidados es uno de los sectores laborales en los que las empleadas se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad. La falta de reconocimiento de derechos laborales, un sueldo poco competitivo y la discriminación son los tres problemas más frecuentes que enfrentan las trabajadoras del hogar.

Además, este tipo de trabajo pertenece generalmente al sector informal o no estructurado, es decir, al que agrupa actividades que no están reconocidas, registradas ni protegidas por las autoridades del Estado. Incluso, hay factores de discriminación asociados a esta labor como los son el género, la condición de pobreza y la etnia indígena.

Si bien es cierto que las tareas del hogar y de cuidados han sido recientemente reconocidas social y legalmente como una labor con valor, de lo cual da cuenta la Ley del Seguro Social, ello no ha visibilizado plenamente a las trabajadoras del hogar, ya que la mayoría de ellas siguen trabajando en la informalidad perpetuando desigualdades y vidas precarias.

Sin importar los avances en la materia, nuestro país tiene una deuda pendiente en lograr que las trabajadoras del hogar tengan acceso a una vida digna y con condiciones dignas en sus contratos laborales con los empleadores, así como, en el acceso a cada una de los derechos y prestaciones laborales que establece la Ley de Seguro Social.

De igual forma, el cumplimiento de leyes vinculadas a su bienestar como la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como, dar cumplimiento a normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros convenios internacionales.

En marzo del 2019 que inició el programa piloto para la afiliación de las trabajadoras del hogar al IMSS se contaba con menos de 5 mil registros.

En octubre de 2022, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley del IMSS para incorporar la figura de personas trabajadoras del hogar. El dictamen incluyó un capítulo para su definición y se fijan las obligaciones de los empleadores.

Al corte de febrero del 2024 se registran 62 mil 831 personas trabajadoras del hogar afiliadas al IMSS. Esto significa que apenas el 2.6% de esta población tiene acceso a este derecho laboral.

Rossana Reguillo, la antropóloga de los algoritmos, concluye labores en Signa Lab

 

.-Ciudad de México.- Rossana Reguillo, quien se define en sus redes sociales como «investigadora-profesora; de la antropología al algoritmo, de lo subjetivo al dataset y viceversa. Ver más allá de lo evidente», ha dado a conocer que terminó su periodo de trabajo al frente del equipo de Signa Lab, laboratorio del que estaba al frente donde protagonizó uno de los momentos más álgidos en la contienda electoral del 2024.

En laboratorio interdisciplinario adscrito al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores y de Occidente fomentó un impulso a nuevas investigaciones relacionadas con culturas urbanas, juveniles y vida cotidiana.

Rossana Reguillo estuvo en tendencias de la opinión pública, en febrero pasado, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) seleccionó a Signa Lab del ITESO como la institución académica encargada de filtrar las preguntas ciudadanas presentadas en el primer debate presidencial, pero Morena y sus aliados expresaron su rechazo a que participara, por las criticas que había emitido en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La respuesta de Rossana Reguillo hacia las críticas de Morena sobre las preguntas para el primer debate presidencial, fue: “no hay manera de hacer trampa”, al precisar que no hay manera de que “yo, personalmente, vaya a torcer las preguntas o vaya a poner unas que no son” y agregó que el proceso que realice el laboratorio será auditado por el Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo, estos argumentos no detuvieron a los representantes de Morena, PT y PVEM que interpusieron una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra el acuerdo del Consejero General del INE que designó al laboratorio Signa Lab, coordinado por Rossana Reguillo.

En ese momento, integrantes de Morena se volcaron mediáticamente en su contra porque su participación en tentaba contra el principio de neutralidad en el proceso de selección de preguntas.

Al parecer la experta en seguridad en el espacio digital, Rossana Reguillo fue víctima del concepto que ella misma construyó: la tecno-artillería-política; por lo que decidió bajarse del proyecto tras los días de presión mediática que se utilizaron para denostarla.

Destacó que su intención de dejar el primer debate presidencial fue por el bien del Instituto de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), y para dar certeza de la probidad del equipo de Signa Lab y así como a la transparencia del proceso, expresó la antropóloga.

La decisión de dejar Signa Lab, la dio a conocer a través de su cuenta de X, antes Twitter, donde publicó:

“Mi ciclo en el querido Signa Lab ha concluido, gracias a ese equipo enorme este apasionante trayecto. Otras tareas me aguardan. Gracias ITESO. Se abren nuevas bifurcaciones en el valioso trabajo de la doctora Rossana Reguillo”. donde dio a conocer una valiosa entrevista publicada en una revista digital del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores y de Occidente.

La integrante de la Academia Mexicana de Ciencias expresó sentirse sumamente satisfecha y orgullosa de entrar a un mundo tan complejo del análisis de datos y de lo que se logró en el laboratorio; además, “dejo un equipo muy bien formado y sólido, de gente muy comprometida, no solo con el ITESO, sino con la chamba”.

Los nuevos feminismos

Rossana Reguillo manifestó que indudablemente la última ola feminista tiene alguna incidencia importante en estas nuevas articulaciones, al explicar que estos nuevos feminismos son clave.

En sus últimas conversaciones con el escritor Javier Sicilia —con quien estuvo en varias mesas y programas de la UNAM— coincidieron en afirmar que las reservas morales de este país, que escasean, están representadas por las madres buscadoras, que son un reservorio moral fundamental. 

Por otro lado, agregó, están en los pueblos originarios, el zapatismo, y por supuesto, estos nuevos feminismos, que tienen una incidencia central. De hecho, en un avance publicado en un libro colectivo que hizo con Clacso, entrevistó a mujeres ingenieras, dedicadas a la organización Codeando México, que trabajan la dimensión de lo digital en función de los derechos de las mujeres.

 “Hay elementos muy esperanzadores, pero no en el sentido político clásico o en un sentido macropolítico. No están interesadas en una toma de poder, ni en hacer partidos. La lucha en muchos casos y en zonas muy precarias es la sobrevivencia cotidiana”, precisó.

“Este imaginario es el que yo he tratado de combatir muchísimo, junto con otros investigadores, Amador Fernández-Savater en Madrid, por ejemplo, quien habla de cómo fundamentalmente, por ejemplo, el 15M español lo que hizo fue la transformación de la subjetivación. En el caso del Yo Soy 132 creo que pasaron cosas muy similares; entonces creo que es un poco tramposo —como lo que dice Enrique Dussel— pedir que hicieran un partido político. Eso es absurdo. Es no entender las nuevas configuraciones micropolíticas”, señaló.

Por otro lado, abundó, en cuanto a la desarticulación, ve que existe en la escala macro. Hay un retorno a los procesos previos a los años noventa u ochenta, cuando el barrio y el territorio cercano eran el universo por cuidar. Pero al mismo tiempo ve emerger movimientos colectivos y colectivas de juventudes disidentes, de diversidades sexuales, muy comprometidos con esto que llamo el mundo-ambiente.

Respecto a si ve una transformación o un cambio alrededor del tema de juventudes, sobre todo por lo que pasó con muchos movimientos ya estudiados, si hubo alguna especie de desencanto en sus articulaciones, después de lo que ya habían logrado, la especialista admitió que hay una bifurcación: por un lado, está la exigencia un poco adultocéntrica o políticamente más tradicional de pensar que estos movimientos en red estaban obligados a llegar a algún punto específico.

Cuando estalla movimiento Occupy Wall Street

La historia del laboratorio Signa Lab se remonta a 2011, cuando Reguillo es invitada a hacerse cargo por un semestre de la Cátedra Andrés Bello de la Universidad de Nueva York, justamente cuando estalla el movimiento Occupy Wall Street, el colectivo hacktivista que denunciaba el poder de las grandes empresas y las evasiones fiscales del uno por ciento más rico de la población mundial.

Al respecto, señaló que se dio cuenta de que no tenía categorías construidas para saber quiénes eran esos sujetos que parecían una especie de minotauros sentados en las mesas del Zuccotti Park, que simulaban ser una sola persona con las computadoras, por eso empezó a hacer notas y a comprender que si no me preguntaba por lo digital no iba a entender nada.

Mencionó que se tenía que hacer el giro hacia lo digital en los estudios socio-antropológicos y comunicativos. Resultó vital entonces, pues no mucha gente estaba interesada en el tema, las redes no habían adquirido la relevancia de hoy en día.

Luego vino el 2013, después del estallido del Yo Soy 132, y Rossana entró en contacto con activistas, gente joven; hackers, programadores, diseñadores de interfaces, pero al mismo tiempo activistas.

“Empecé a entender lo que son las matemáticas discretas, qué es un código y qué es el frontend y el backend”.

Hasta que llegó 2015, cuando Rossana Reguillo tuvo un papel relevante en Acción Global por Ayotzinapa, como parte del grupo internacional coordinador. Esto le valió amenazas de muerte, tanto que fue ingresada en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.

“Se presentaron denuncias, pero los agentes del Ministerio Público me decían: ‘es que no se puede saber qué pasó ahí’. Entonces dije: ‘Si ustedes no van a entender, yo sí’. Y empecé a diseñar una estrategia que derivó en la creación de Signa Lab”, mencionó.

A principios del 2016, en conjunto con colegas del ITESO, se creó una iniciativa interdepartamental, que involucró al Departamento de Electrónica, Sistemas e Informática (DESI), a la carrera de Psicología y al Centro de Innovación y Desarrollo Experimental Académico (CIDEA), con Reguillo como coordinadora.

Fue presentada a la Dirección de Investigación y Posgrado, finalmente Signa Lab fue albergado en el Departamento de Estudios Socioculturales, pero manteniendo vínculos con distintos departamentos y con aliados externos.

Ella trabajó en función de las preguntas que no puede responder, es esa imaginación que se persigue todo el tiempo como investigadora.

«Eso representó la oportunidad de acceder a un mundo sumamente complejo, brutal en algunas cosas, porque no es que algo sea la realidad y otra cosa lo online, están profundamente implicados: suelo afirmar en conferencias que nuestras arrobas son nuestros cuerpos en el espacio digital».

Rossana Reguillo relató que el primer gran trabajo de Signa Lab y que los puso en el mapa de los laboratorios de vanguardia en el análisis de datos es el análisis que hicieron de la red AMLO, en 2019, cuando apenas llegaba a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, la cual tuvo un gran impacto, porque mostró cómo eran esas estrategias no orgánicas, coordinadas por fuera de Twitter, ahora X.

“Digamos que eso nos catapultó y llamó la atención de laboratorios como el de (Richard) Rogers en Ámsterdam, o el de Harvard, más que por el análisis en si, por la solidez de la metodología diseñada”.

Otra investigación que destacó Rossana Reguillo como una contribución inmensa al análisis de datos es el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, la mujer que fue desollada viva por su pareja. Ese estudio es brutal, pero hermosísimo, en el sentido de cómo logró que la articulación colectiva de la indignación pueda parar el horror.

Un trabajo también clave, agregó, fue el que hicieron cuando los talibanes volvieron a entrar en Kabul: un trabajo que analiza las narrativas y las transformaciones que padecen las mujeres con la entrada de los talibanes; se publicó en español y en inglés, y lo retomaron algunos medios de habla inglesa. “Esos tres serían los que destacaría como hitos en la contribución a la comprensión de lo que son las dinámicas sociodigitales”.

Cuestionada sobre si queda un equipo robusto y con mucho trabajo por delante, la especialista respondió un contundente sí, al referir que es un equipo genial, por ejemplo, en el último año han desarrollado muchísimas estrategias analíticas con inteligencia artificial; de hecho, es un equipo que ha estado preparando profesores para la Dirección General Académica (DGA), porque muchos están muy preocupados con el ChatGPT. “Creo que queda mi huella, no puedo ser falsamente humilde en ese sentido, pero es un equipo que va a despegar y seguramente habremos de oír grandes cosas de lo que van a realizar en el futuro”.

Rossana Reguillo dijo que su trabajo previo como investigadora le dio elementos de interpretación para entrar al análisis de datos, pues cuando hizo su investigación en la maestría en Comunicación, a finales de los años ochenta, hizo un trabajo de inmersión profunda en los barrios calientes. “Me tocó presenciar cuando los carteles del crimen organizado decidieron cambiar la estrategia de pago, de dejar el efectivo y empezar a pagar en producto”.

“Muchos de los barrios se pintaron de ‘nieve blanca’ y muchos policías obligaban a los chavos a ser dealers de barrio: fue una etapa sumamente difícil. Ahí fue mi bautizo de fuego y desarrollé mi capacidad etnográfica, de mimetizarme con el paisaje, de relacionarme con la gente. Luego viene la investigación sobre el 22 de abril, cuando las explosiones en Guadalajara, y eso también me dio muchísimos elementos formativos, fortaleció mi músculo investigativo”, detalló.

Además, mencionó que se fue metiendo cada vez más en lo que ella llamó su trabajo con los objetos peligrosos, no por la peligrosidad que implicaba para el investigador, sino por el enfoque que uno pone en los acercamientos. Desarrolló una estrategia que le ayudó cuando hizo la investigación latinoamericana sobre la construcción social del miedo, lo que hizo fue armar equipos en Argentina, Colombia y Puerto Rico.

Y para financiar el trabajo iba y capacitaba a la gente, daba talleres. Hacer investigación en países que no son tuyos, en zonas que no son las tuyas, te desarrolla un instinto. Y luego está la lectura, el desarrollo de competencias teóricas, la formación rigurosa en el doctorado; fui acumulando saberes de tal manera que, cuando surgió esto de lo digital, vi que ahí había algo, refirió.

Sobre su mayor legado hasta este momento, Rossana Reguillo declaró sentirse muy orgullosa porque ha enseñado a trabajar a mucha gente, formó muchos cuadros que hoy son grandes profesores en el ITESO, dirigió varias tesis de académicas y académicos que son hoy investigadores muy reconocidos, integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, y formó gente en los valores itesianos, con el compromiso, la búsqueda, la curiosidad y el respeto por los demás. 

Y a Rossana Reguillo le queda su palabra escrita, pues son algo más de 15 libros y más de 100 artículos y metodologías replicables, y “creo que también ha sido una contribución llevar el nombre del ITESO a nivel nacional e internacional, pero yo llevo mucho del ITESO en mí y es mucho mi agradecimiento”.

En el 2020 Reguillo presentó el informe «Tecno-artillería política» Antecedentes y puntos de partida para abordar los comportamientos anómalos de cuentas en redes sociales, concepto que utiliza para determinar la evolución de los ataques en el espacio digital, específicamente documentó cómo se dejaron atrás los bots, para utilizar cuentas automatizadas que posicionan hashtags o etiquetas y así generar tendencias contra una persona en específico.

En otra investigación presentada en el 2019 por Reguillo: Democracia, libertad de expresión y esfera digital. Análisis de tendencias y topologías en Twitter. El caso de la #REDAMLOVE documentó una red digital para generar tendencias en favor de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador y atacar masivamente a sus detractores.

5/03/2024

Plantón en UNAM, símbolo de resistencia contra la crisis humanitaria en Palestina: Hernández Navarro



“Narcocandidata” y la pérdida de civilidad política

sinembargo.mx














Carlos A. Pérez Ricart

Hacia el final del segundo debate presidencial, Xóchitl Gálvez llamó a Claudia Sheinbaum “narco candidata”. Lo hizo al menos en tres ocasiones. Más al principio de la noche, cuando apenas arrancaba el encuentro, la candidata del PRI, PAN y PRD señaló que Sheinbaum era la candidata de un “narcopartido que rinde culto a la Santa Muerte”. Muchos nos sorprendimos. Aun con sus bemoles, hasta ahora, la campaña se había mantenido en el marco de cierta civilidad política. El domingo, Gálvez la rompió.

Las palabras de Xóchitl no fueron pronunciadas en el vacío. Están inscritas en un contexto particular: la campaña que intenta vincular —todavía sin fundamentos— al presidente López Obrador y a su familia con personajes del crimen organizado, en particular con el Cártel de Sinaloa.

La campaña comenzó a principios del año con la publicación de los reportajes “periodísticos” de ProPublica, InSight Crime y Deutsche Welle. Continuó con el fallido artículo del New York Times que López Obrador logró desactivar en una mañanera y encontró complemento en la operación digital (#Narcopresidente) cuyo financiamiento se ha atribuido a la alianza opositora. A un mes de la elección, es imposible no leer la publicación del nuevo libro de Anabel Hernández, “La Historia Secreta”, como un último intento por apuntalar la narrativa que vincularía al presidente con miembros del referido Cártel.

Sobra decir que estamos, en el mejor de los casos, ante una avalancha de conjeturas. En el peor, ante una estrategia política a la que se le han inyectado millones de pesos y que intenta, a la mala, disminuir los altos niveles de aprobación del presidente López Obrador y, así, acortar la distancia entre la intención de voto por Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Al día de hoy, no existe una sola prueba o testimonio creíble que permita pensar que Claudia Sheinbaum o López Obrador hayan trabajado en algún momento de su vida política para (o con) un grupo criminal. Mucho menos para el Cártel de Sinaloa. Tampoco hay evidencia de que Morena, como partido político, haya sido cooptado por intereses del narcotráfico.

Esto no niega, por supuesto, que instituciones de todos los niveles de gobierno estén expuestas a procesos de cooptación criminal. En México, desde hace décadas, funcionan circuitos institucionales que reproducen prácticas ilegales y buscan, a toda costa, la obtención de rentas criminales. A no dudarlo, en estos circuitos participan candidatos de todos los partidos, autoridades electas y burocracias locales, estatales y hasta federales. El crimen organizado ha logrado corromper parte del tejido político de nuestro país. Negarlo sería necio.

Terminar con ello es un reto inmenso, quizás el más importante que tiene el Estado mexicano. Es un problema que no puede ser trivializado.

Eso es justamente lo que hizo Xóchitl Gálvez el domingo. Etiquetar a un contrincante como “narco” es volverlo un enemigo, no solo un adversario. Es deshumanizarlo y hacerlo corresponsable de una tragedia nacional con cientos de miles de muertos y desaparecidos. Es volverlo, en automático, el otro al que hay que combatir, aplastar, eliminar.

Las palabras de Gálvez son tan extrañas como inesperadas. Hasta hace semanas decía que su plataforma buscaba “unir a México”, no separarlo. Su campaña, decía, iba en contra de la polarización impulsada por el presidente. Ahora, sin embargo, en un vuelco de 180 grados, ha decidido quemar las naves y atizar la polarización política. Corre en llamas buscando hacer al otro arder.

El debate de Gálvez me recordó una vieja historia que recuperó Gay Talese en su último libro Bartleby y yo, reflexiones de un viejo escribiente. Trata de un doctor rumano que en 2006 voló su mansión en Nueva York con él adentro para evitar entregársela a su exesposa tras un duro divorcio. Antes de explotar la mansión, el doctor envió un email a su ex mujer con una triste despedida. Decía:  “Cuando leas esto tu vida habrá cambiado para siempre. Te lo mereces. De una cazafortunas te transformarás en una buscadora de basura y cenizas […] “Siempre querías vender la casa, y yo siempre te dije que sólo dejaría la casa cuando me muriera”. Así quiere irse Gálvez: explotando todo alrededor.

En una campaña política se valen muchas cosas, pero no todo. La civilidad política es un valor democrático. En un país como el nuestro, las candidatas no pueden señalar a la otra de “narco” para escalar en las encuestas. Gálvez se da cuenta, pero etiquetas como ésas lastiman en lo más profundo las bases de legitimidad del Estado mexicano. Es un precio alto por pagar para subir un par de puntitos en las encuestas y garantizar un par de escaños más a los diputados del PRI, PAN y PRD. Allá ella.

Carlos A. Pérez Ricart

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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