12/31/2019

Prensa golpista


Victoriano Huerta dejó lecciones valiosísimas para posteriores golpistas latinoamericanos (https://www.jornada.com.mx/2019/11/19/opinion/020a2pol). El modelo del cuartelazo y el terror vividos en México en 1913 fueron imitados punto por punto en Guatemala, 1954; Chile, 1973; Argentina, 1977, y Bolivia, 2019, por mencionar algunos casos.
Y el papel protagónico del primer paso preparatorio de ese, de esos golpes de Estado, lo tuvo la prensa. Como mostramos hace un mes, coinciden en esa valoración casi todos los historiadores que han estudiado aquel golpe de Estado que provocó los niveles más altos de violencia política vividos en nuestra historia. ¿Le queda alguna duda? Vaya a su librería de la esquina y adquiera El linchamiento gráfico de Francisco I. Madero, de Rafael Barajas Durán – El Fisgón–, bellamente ilustrado y editado por el Fondo de Cultura Económica.
El Fisgón, imprescindible editorialista, que es también enorme historiador, nos recuerda el momento más lamentable de la historia de la prensa nacional, cuando un presidente democrático respetó plenamente la libertad de expresión e imprenta y, en contrapartida, los periodistas se dedicaron a golpearlo; lo que tuvo efectos terribles para el país. Ahora bien, ¿esta ofensiva de la prensa fue únicamente un acto de irresponsabilidad o de libertinaje?
“La idea de que aquella descarga mediática fue un acto de irresponsabilidad periodística colectiva, un mero abuso de la libertad de pensamiento o una orgía de insensatez es superficial, inverosímil y resulta insostenible… este tipo de embestidas mediáticas suelen suscitarse cuando los escritores comparten proyectos e ideas y cuando intervienen actores con fuerza económica y política con capacidad de control y de mando. Es por eso que muchos autores… dan por hecho que la andanada mediática antimaderista fue una campaña de difamación orquestada por la oligarquía”.
Aunque esto parezca obvio, en realidad no se había investigado con suficiente profundidad como para demostrarlo. El Fisgónlo hace y busca resolver preguntas centrales: ¿esta campaña resulta del fracaso del gobierno de Madero? ¿Había intereses políticos y económicos detrás de esta campaña, alentándola y financiándola, o resultaba de la libertad de opinión o de la irresponsabilidad individual o colectiva de muchos periodistas?
No daremos pistas sobre las respuestas documentadas que da El Fisgón a estas y otras preguntas –para que, lectora, lector amigo, compres el libro y lo leas por ti mismo–, pero sí les adelanto que desde que abandonó su vida cómoda, segura, productiva, plena, para involucrarse en la política y luchar por quienes no tenían sus privilegios, Madero fue víctima de campañas de acoso y desprestigio por parte de la prensa domesticada y servil de la dictadura. Un artículo de abril de 1910 resulta ejemplar: “Y si Panchito Madero no está en un manicomio, no es porque le falten tamaños ni méritos para ello… Hablando en plata, Madero es un loco peligroso”.
Ya en 1911, Madero “fue retratado en las situaciones más ridículas: vestido de mujer –1911, no 2019–, como un niño caprichoso, un espírita delirante, un vinatero o un chaparro inepto, entre otras cosas”. La más rabiosa revista de altísima calidad estética y elevado tiraje fue financiada –sí, rompo lo ofrecido atrás, pero sólo en este caso– por grupos de poder económico que más adelante serían perjudicados por Emiliano Zapata y Felipe Carrillo Puerto… ya imaginarás por qué, lectora, lector.
Además de ridiculizar al presidente y de la crítica constante a to-das sus acciones, la prensa opositora se dedicó (segundo paso de las instrucciones para un golpe de Estadoque recordamos en el primer párrafo) a inculcar el miedo. Para ello, desató una virulenta campaña de odio contra los rebeldes populares, particularmente Emiliano Zapata, a quien comparaban con Nerón y Atila (del Sur). Una vez construido el terror, se culpa de ese terror al gobierno…
El autor no deja duda de la construcción del ambiente proclive al cuartelazo. “El linchamiento… contra Madero fue parte de una estrategia contrarrevolucionaria de ciertos grupos oligárquicos. Fue el preludio del magnicidio”. Pero el libro no es complaciente y también hace una certera crítica de la ineficaz estrategia del gobierno maderista frente a esta campaña.
En fin, y sin presentar –para no spoilear– los siete temas centrales en la fabricación interesada de una opinión pública contra el gobierno (los siete resultan tristemente actuales en México), el libro también muestra a qué le tenían más miedo los precursores del cuartelazo (además del presidente y su proyecto liberal y democratizador, socialmente sensible en mi opinión): a la revolución social posible, al pueblo organizado. Y al ala izquierda del maderismo que se estaba articulando como partido político. Paradójicamente, fue el golpe de Estado lo que provocó la revolución que barrió con los golpistas y abrió la puerta de la posible revolución social. Del partido y su ala izquierda hablaremos proximamente.
No deje de leer esta brillante, artística y pertinente investigación histórica.
twitter: @HistoriaPedro

La justicia climática y la 4T



Por primera vez en la historia, la crisis ecológica de escala global, cuya expresión suprema es el cambio climático, pone a todos los integrantes de la especie humana ante un desafío descomunal: detener la crisis climática o correr el riesgo de enfrentar actos impredecibles o catastróficos. En este juego por la supervivencia de la especie, cada individuo, familia, colectivo, empresa, y finalmente cada Estado, asume una determinada posición y realiza acciones. Cada país se sitúa en dos posiciones ante la crisis climática: por un lado, como responsable o causante de ese fenómeno global y, por otro, como receptor o víctima de los efectos que surgen de ese mismo fenómeno. El cambio climático es un acto producto del devenir de la civilización moderna o industrial y del número de habitantes que conforman cada Estado-nación, por ello la crisis del clima es fundamentalmente un fenómeno provocado por las naciones más pobladas o industrializadas. Así, dos terceras partes (62.5 por ciento) de los gases que ocasionan el calentamiento del planeta provienen de sólo cinco entidades: China (26.8 por ciento), Estados Unidos (14.6 por ciento), Europa (9.6 por ciento), India (6.6 por ciento) y Rusia (5 por ciento). México ocupa el lugar 13 porque genera sólo 1.68 por ciento del total de gases de efecto invernadero.
Concomitantemente, cada nación presenta diferentes grados de vulnerabilidad a los cambios del clima, de acuerdo con su posición y configuración geográficas, los contextos climáticos y meteorológicos y su capacidad para reaccionar a los actos catastróficos. Por ello los países más pobres (África), las islas y las naciones con densas poblaciones costeras (como Holanda o Brasil) resultan más desprotegidas. México es uno de los países más vulnerables porque su territorio sufre ya el impacto de más y más poderosos huracanes, severas sequías (2011-2012), incendios forestales (1997-1998 y otros) y aumento de temperaturas que afectan cultivos claves –café, maíz, frijol–, además de las concentraciones urbanas a nivel del mar.
En sentido estricto, es decir, asumiendo una lógica de justicia ambiental o climática, los países que causan mayormente la crisis del clima deberían ser los que realicen los mayores esfuerzos para su mitigación y aquellos que menos contaminan y que son más vulnerables deberían recibir un trato preferencial. Esto no sólo no es así, sino que tras 25 años de cumbres climáticas hoy las grandes potencias industriales, económicas, demográficas y militares imponen su voluntad y sus intereses por sobre el resto de las naciones. El máximo avance logrado en más de dos décadas ha sido el acuerdo firmado en 2015 en París, y por el cual 196 naciones se comprometieron a reconocer la crisis climática global y a realizar de manera voluntaria, nunca obligatoria, acciones para su abatimiento. Para complicarlo aún más, al menos tres países niegan la existencia del fenómeno –Estados Unidos, Brasil y Australia– y otros mantienen posiciones ambiguas o contradictorias (China e India). Únicamente la Unión Europea asume decisiones sensatas. De ahí las protestas masivas como la lograda por la joven activista sueca Greta Thunberg y más de 7 millones de ciudadanos que tomaron las calles de 140 ciudades del mundo en el otoño pasado, y la gran decepción por los nulos avances en la COP25, en Madrid.
Es este el contexto en que debe formularse la pregunta: ¿cuál debería ser la política del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) frente al cambio climático?
La pregunta es de enorme trascendencia, porque como hemos señalado repetidamente la crisis ecológica (inseparable de la social) es, esencialmente, una crisis de la civilización industrial y ello supone cambios profundos en todos los ámbitos. La transición energética de fuentes fósiles (petróleo, gas, carbón y uranio) a fuentes solares (hidrolectricidad, biomasa, viento, geotermia, sol, etcétera), que es obligatoria para superar la crisis climática, adquiere particularidades en el caso de México. El arribo de un gobierno antineoliberal ha supuesto la recuperación de la soberanía energética en su modalidad mineral, pues los gobiernos anteriores activaron un proceso de privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad que había que desmontar y remontar. La enorme dependencia del país de la importación de gasolinas y gas, lo vuelven altamente vulnerable. Por ello se ha dado prioridad a la recuperación y reactivación del último tramo con energías minerales bajo control estatal.
Como contraparte, el país dispone de suficientes conocimientos científicos y tecnológicos para llevar a cabo la transición energética, de instituciones públicas y académicas encabezadas por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, de la Comisión Intersecretarial sobre el Cambio Climático, y de instrumentos como el Atlas de vulnerabilidad (a escala municipal). En una próxima entrega revisaremos las diferentes rutas que existen contra el cambio climático y la estrategia que debe adoptar un verdadero gobierno de izquierda ante esta emergencia, atendiendo por igual la emancipación social y la soberanía de la nación, y teniendo en cuenta el enorme potencial de México en cuanto a irradiación solar y a recursos claves como el litio.

Ciudad de México: investigar al sexenio anterior


Editorial La Jornada


El presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) del Congreso capitalino, José Luis Rodríguez Díaz de León (Morena), informó ayer que esa instancia investiga a la desaparecida Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por irregularidades en el manejo de recursos de la reconstrucción, hechos que involucrarían a los ex diputados perredistas Leonel Luna Estrada y Mauricio Toledo Gutiérrez, así como al panista Jorge Romero Herrera. Cabe recordar que en 2018, la Procuraduría General de Justicia de la capital recibió varias denuncias sobre posibles ilegalidades en la administración de tales recursos; más aun, el primer comisionado para la Reconstrucción, Ricardo Becerra, afirmó, al renunciar al cargo, que los legisladores destinaron el dinero de ese rubro sin justificación y sin considerar las prioridades de los damnificados.
El señalamiento referido se suma al formulado hace unos días por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, en el sentido de que el ex secretario federal de Seguridad Pública Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, recibió por medio de una de sus empresas dinero procedente de la Secretaría de Finanzas de la administración que encabezó Miguel Ángel Mancera (más de 31 millones de pesos) en una operación no esclarecida.
Debe agregarse, asimismo, que a principios del mes que está por terminar fue detenido el ex director de Licitación de Obras Públicas de la Ciudad de México Enrique Takahashi Villanueva por su supuesta responsabilidad en la contratación de contratos con empresas privadas para demoler inmuebles que resultaron afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las alcaldías de Coyoacán y Benito Juárez; previamente, se detectó una red de corrupción en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) por medio de la cual funcionarios no identificados vendieron a terceros casas que estaban destinadas a beneficiarios de programas.
Fueron muchos los señalamientos de corrupción y desvíos de recursos durante el sexenio de Mancera; sin embargo, hasta hace poco la administración capitalina no había figurado de manera prominente en las investigaciones que han llegado, en otros casos, hasta el ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Eduardo Medina Mora, el ya citado García Luna, la ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Rosario Robles, actualmente presa en el reclusorio de Santa Martha Acatitla a la espera de proceso, o el afamado litigante Juan Collado, defensor de algunos de los más célebres personajes del régimen anterior, como Diego Fernández de Cevallos, Carlos Ahumada, Raúl Salinas de Gortari y Mario Villanueva. Ahora, con los hechos mencionados, parece indispensable e impostergable llevar a cabo una investigación profunda y exhaustiva del anterior gobierno capitalino y de sus principales funcionarios y confirmar o despejar la sospecha generalizada de que esa administración actuó en correspondencia con la vasta corrupción que se instaló en el ámbito federal en el sexenio pasado.

Columnas y opinión del periódico La Jornada


La señora presidenta en su laberinto
Contiene México nuevos préstamos; se endeudaba con un billón al año
El gobierno de Bolivia –usurpador, golpista, de facto, transitorio, le vienen bien todos los calificativos– está tratando de hacerse de una buena imagen frente al pueblo boliviano –como defensor de la soberanía, nacionalista, patriota– y ha decidido pasarle la factura a los gobiernos de Mexico y España. Hay un riesgo: que la tragicomedia que ha montado alrededor de los asilados en la embajada de nuestro país se salga de control y tenga un desenlace impredecible. Por ejemplo, que elementos armados invadan la sede diplomática para llevárselos por la fuerza. No se ven funcionarios con experiencia en diplomacia en el gobierno boliviano y, sí, en cambio, a personajes rudos e impreparados como la propia presidenta, Jeanine Áñez. Estos son los últimos acontecimientos de la inesperada crisis de fin de año.
1. El gobierno boliviano declaró persona non grata a la embajadora de México María Teresa Mercado y a otros dos diplomáticos españoles. Les dio 72 horas para abandonar el país.
2. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, respondió con guante blanco diciendo que el gobierno de México no tiene intenciones de romper relaciones con el de Bolivia. La funcionaria está a cargo del changarro mientras el presidente López Obrador disfruta de unas vacaciones en su quinta de nombre picaresco.
3. AMLO no ha anunciado que interrumpirá su descanso. Sigue pensando reintegrarse hasta los primeros días de enero. El canciller, Marcelo Ebrard, está manejando la crisis en lo que toca a Relaciones Exteriores y lo está haciendo con profesionalismo y prudencia. Tienen contacto telefónico permanente.
4. El Ministerio de Asuntos Exteriores español dijo que expulsará a tres diplomáticos bolivianos de España como respuesta a la decisión del régimen de La Paz de sacar a los funcionarios españoles. ¿Cómo fue que se involucraron? La canciller boliviana, Karen Longaric, denunció que personal diplomático de España atropelló la soberanía de su país al intentar ingresar a la residencia oficial mexicana acompañado por elementos encapuchados. Los hispanos dijeron que se trató de una visita de cortesía.
¿Cuál será el desenlace? Los acontecimientos por venir darán la razón a los gobiernos de México y España.
La deuda
La Secretaría de Hacienda dio a conocer su reporte al mes de noviembre de las finanzas públicas y la deuda. El país, en manos del prianismo, venía endeudándose a razón de un billón de pesos por año. El nuevo gobierno logró contener el proceso.
A noviembre, el saldo de la deuda, en su concepto más amplio, incluyendo gobierno central, empresas y bancos estatales, ascendió a 10 billones 758 mil millones de pesos. Se compone de esta manera: deuda interna, 6 billones 909 mil millones; deuda externa, 197 mil millones de dólares (equivalente a 3 billones 849 mil millones de pesos). Cifras redondeadas. El pago de intereses este año será cercano a 700 mil millones de pesos. ¿Qué se hicieron esos casi 11 billones de pesos de préstamos? Piensen ustedes: si se hubieran invertido en drenaje, fuentes de energía verde, carreteras, educación, México sería otro país.

Crecimiento, el reto para 2020
Desde la perspectiva de los negocios, el gran reto para 2020 es lograr un crecimiento económico sostenido. Lo ideal es llegar al 4 por ciento propuesto por Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, es difícil de alcanzar cuando en 2019 se presentó un estancamiento.
De la inversión total en el país, la gubernamental representa menos de 10 por ciento, por lo que el resto está en manos de la iniciativa privada. El problema es que los empresarios ven con incertidumbre el camino que tomará el país. En especial, les preocupa la definición de la política económica y la liberación de trámites para nuevos proyectos.
En ese contexto, entre las limitantes para la inversión destacan regulaciones absurdas que provocan corrupción, lentitud en los trámites y mayores costos en la producción de todo tipo de bienes y servicios.
Prueba PISA: una vez más
México: resultado negativo
Transcurren los años, crece la matrícula estudiantil y multimillonarias cantidades se destinan a la educación, pero nuestro país se mantiene estancado en la evaluación de los conocimientos académicos de los educandos, de tal suerte que, para no variar, los resultados de la prueba PISA 2018 (Programme for International Student Assessment)no fueron favorables, tal cual sucede desde 2000, cuando en México se realizó el primer ejercicio.
De acuerdo con un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, en la prueba PISA 2018 se evaluó a 7 mil 299 estudiantes mexicanos (lo que representa a un millón 480 mil 904 alumnos de 15 años, 66 por ciento de ese rango etario) y el resultado (divulgado por la OCDE el pasado 3 de diciembre) de nueva cuenta fue negativo.
La OCDE detalla que el objetivo de tal prueba es evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 15 años. Se trata de una población que se encuentra a punto de iniciar la educación postsecundaria o que está a punto de integrarse a la vida laboral.
Pues bien, los resultados de los evaluados mexicanos se ubicaron por debajo de la media. La puntuación en lectura fue de 420, en matemáticas de 409 y en ciencias de 419 puntos, cuando el promedio entre los países miembros de la OCDE fue de 487, 489 y 489, respectivamente. Si se comparan con los obtenidos por nuestro país en la prueba anterior (2015), el balance es negativo: menos tres puntos en el área de lectura, un avance de un punto en matemáticas y tres en ciencias.


Editorial La Jornada
El presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) del Congreso capitalino, José Luis Rodríguez Díaz de León (Morena), informó ayer que esa instancia investiga a la desaparecida Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por irregularidades en el manejo de recursos de la reconstrucción, hechos que involucrarían a los ex diputados perredistas Leonel Luna Estrada y Mauricio Toledo Gutiérrez, así como al panista Jorge Romero Herrera. Cabe recordar que en 2018, la Procuraduría General de Justicia de la capital recibió varias denuncias sobre posibles ilegalidades en la administración de tales recursos; más aun, el primer comisionado para la Reconstrucción, Ricardo Becerra, afirmó, al renunciar al cargo, que los legisladores destinaron el dinero de ese rubro sin justificación y sin considerar las prioridades de los damnificados.

Rechazo al gobierno de facto de Bolivia
Los grupos de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) de crisis y economía mundial, integración regional y unidad latinoamericana y geopolítica, integración regional y sistema mundial rechazamos la hostilidad y agresividad creciente del gobierno de facto del Estado plurinacional de Bolivia, falsamente autodenominado constitucional, sobre la embajada de México en Bolivia que ha llegado a la declaración de persona non grata a la embajadora de México.

Así tituló La Jornada su editorial del pasado domingo, que reflexiona sobre el feminicidio y reporta la reunión de alrededor de 3 mil 500 mujeres de 49 países con el EZLN. Ojalá ese encuentro arroje luz e inteligibilidad sobre los géneros y halle las realidades subya-centes a esas dos construcciones sociales ancestrales –mujeres y hombres– de una asimetría escandalosa e inadmisible.

Victoriano Huerta dejó lecciones valiosísimas para posteriores golpistas latinoamericanos (https://www.jornada.com.mx/2019/11/19/opinion/020a2pol). El modelo del cuartelazo y el terror vividos en México en 1913 fueron imitados punto por punto en Guatemala, 1954; Chile, 1973; Argentina, 1977, y Bolivia, 2019, por mencionar algunos casos.

Cuando, hace 40 años, estalló la insurgencia magisterial en el país, un profesor despedido desempeñó un papel fundamental en descifrar sus claves, sistematizar su experiencia y trazar el rumbo a seguir. Él era uno de los vasos comunicantes entre la lucha magisterial de 1956-60, la resistencia de los años 70 y el ascenso iniciado en 1979. Su nombre es Rubelio Fernández Dorado.

Por primera vez en la historia, la crisis ecológica de escala global, cuya expresión suprema es el cambio climático, pone a todos los integrantes de la especie humana ante un desafío descomunal: detener la crisis climática o correr el riesgo de enfrentar actos impredecibles o catastróficos. En este juego por la supervivencia de la especie, cada individuo, familia, colectivo, empresa, y finalmente cada Estado, asume una determinada posición y realiza acciones. Cada país se sitúa en dos posiciones ante la crisis climática: por un lado, como responsable o causante de ese fenómeno global y, por otro, como receptor o víctima de los efectos que surgen de ese mismo fenómeno. El cambio climático es un acto producto del devenir de la civilización moderna o industrial y del número de habitantes que conforman cada Estado-nación, por ello la crisis del clima es fundamentalmente un fenómeno provocado por las naciones más pobladas o industrializadas. Así, dos terceras partes (62.5 por ciento) de los gases que ocasionan el calentamiento del planeta provienen de sólo cinco entidades: China (26.8 por ciento), Estados Unidos (14.6 por ciento), Europa (9.6 por ciento), India (6.6 por ciento) y Rusia (5 por ciento). México ocupa el lugar 13 porque genera sólo 1.68 por ciento del total de gases de efecto invernadero.

Desplazamiento forzado de 338 mil personas en 12 años



Entre 2006 y 2018 en México han sido víctimas de desplazamiento interno forzado masivo 338 mil 405 personas, la mayoría por la violencia generada ante la presencia de grupos violentos del crimen organizado.
En su último informe, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señala que en 2018 –las cifras más recientes– se suscitaron en el país 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo que afectaron a 11 mil 491 personas.
Los casos se registraron en cinco entidades: Guerrero, con 13; Sinaloa, seis; cuatro en Chiapas, tres en Michoacán y uno en Oaxaca.
Con relación al número de desplazados el año pasado, Guerrero fue la entidad que registró mayores casos, con 5 mil 56, seguida por Chiapas, con 5 mil 35; en Sinaloa hubo 860, 300 en Oaxaca y 240 de Michoacán.
El informe advierte que 20 de los 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo durante 2018 fueron causados por la violencia del crimen organizado. “Esto ocurrió en Guerrero, Sinaloa y Michoacán. De 11 mil 491 personas internamente desplazadas, 6 mil 156 –equivalente a 53.6 por ciento– lo hicieron ante la violencia generada por grupos armados organizados”.
El resto de los episodios, cinco, fueron causados por violencia política, conflictos de índole social y/o territorial. Estos casos se registraron en Chiapas y Oaxaca, donde 5 mil 335 personas (46.4 por ciento del total) se vieron obligadas a dejar sus comunidades.
A diferencia del año anterior, en los registros de 2018, la Comisión de Defensa y Promoción no halló casos de desplazamiento causados directamente por proyectos de desarrollo, lo que incluye actividades relacionadas con la extracción minera.
Sin embargo, al menos en uno de los 13 episodios registrados en Guerrero los testimonios de las víctimas apuntan a que grupos que los desplazaron, en particular en el municipio Leonardo Bravo, buscaban apropiarse de terrenos con potencial minero con el propósito de que pudieran activar proyectos extractivos.
Y en dos de los seis casos registrados en Sinaloa, los grupos del crimen organizado ultimaron a varias personas y desplazaron a decenas de habitantes de pueblos mineros ubicados en los municipios Concordia y Rosario.
El número de episodios de desplazamientos masivos forzados internos se mantuvo muy cerca del de años anteriores: 29 en 2016 y 26 en 2017; sin embargo, la cifra de afectados decreció considerablemente, pues en 2016 fueron 23 mil 169 desplazados y 20 mil 390 durante 2017.
Esta disminución quizás se deba a los siguiente factores: un mayor número de desplazamientos no masivos, que son más difíciles de identificar, hubo eventos que no fueron reportados por los medios, ya sea por desconocimiento, temor a represalias o por coyuntura, indica el texto de la ONG.
En los anteriores tres años, dos son las entidades con el mayor número de episodios de desplazamiento interno forzado masivo: Guerrero y Sinaloa. En 2017 y 2018 estos estados y Chiapas fueron donde más víctimas hubo, mientras en 2016 el mayor registro fue para Michoacán.

Periódico La Jornada

Quitan becas Benito Juárez a dos mil seudoestudiantes en Veracruz

Se beneficiaron con los recursos sin ser alumnos

Habrá incluso una denuncia penal por secuestro de funcionarios para obligarlos a dar el apoyo

Foto
▲ Sede de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, ubicada en la ciudad de Xalapa, donde se detectaron unos 2 mil casos irregulares de beneficiarios en programa de estímulos, denunció Manuel Huerta, delegado federal del programa de becas Benito Juárez en la entidad.
Xalapa, Ver., Al menos 2 mil beneficiarios de las becas Benito Juárez durante 2019 fueron dados de baja del programa, pues resultaron ser estudiantes chocolates de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), informó el delegado federal en la entidad, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
En conferencia de prensa explicó que ante la convocatoria de las becas hubo personas que sin cursar estudios superiores se inscribieron para recibir el estímulo económico.
Algunos quisieron agandallarse, pero el mecanismo es muy certero; estamos revisando muy bien cómo distribuimos el recurso público, y entonces detectamos las irregularidades, apuntó.
Detalló que al requerir los documentos oficiales para refrendar la entrega de las becas, se constató que no eran documentos avalados por las autoridades educativas; incluso algunos directivos, cuando se dieron cuenta de la maroma, se deslindaron del hecho.
El delegado federal señaló que en toda la entidad se detectaron unos 2 mil casos irregulares y todos los beneficiarios fueron dados de baja del programa; en uno, subrayó, se presentará una denuncia penal debido a que los servidores de la nación fueron secuestrados y obligados a entregar el apoyo.
Hay un caso en Cosoleacaque, donde plagiaron a los servidores de la nación y los obligaron a entregar el recurso; ese caso está en revisión. En los otros, no se causó daño al erario, se detectaron a tiempo, indicó.
Huerta Ladrón de Guevara mencionó que en lo referente a la UPAV existe desorden administrativo: “hay muchachos no tan jóvenes; el programa es para estudiantes de la universidad hasta de 29 años, y en esta escuela hay quienes rebasan la edad, pero los estamos reconociendo por tratarse de una beca universal.
“Pero no se dará algo a quien no va a clases, a quien no tiene matrícula, que no lo reconoce ninguna autoridad; se están foliando con nombres chocolates, y pretenden cobrar lo que no es su derecho”, expuso.
Protestan por falta de pago
Hace dos días, alumnos de la UPAV realizaron una protesta en la capital del estado, donde se quejaron de que el gobierno federal había dejado de pagarles las becas Benito Juárez.
No nos quieren pagar el dinero porque dicen que ya somos egresados, pero estamos en la lista y todavía cursamos clases, argumentaron algunos inconformes.
Incluso, algunos estudiantes que se quejaron, mencionaron que los trabajadores de la Secretaría de Bienestar tienen un trato déspota con los beneficiarios de programas sociales.
Huerta Ladrón de Guevara afirmó que pese a las irregularidades detectadas en la UPAV no se restringirán los programas sociales para 2020, por el contrario, continuará gestionando más recursos para llegar a más personas.
En tanto, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta, utilizó a personal que trabaja como servidores de la nación en actos de propaganda en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El órgano falló que el funcionario federal debe hacerse acreedor a una sanción, junto con otros 13 delegados a nivel nacional, por violentar los artículos 134, párrafos 7 y 8 de la Constitución mexicana, al divulgar propaganda gubernamental con elementos que promueven de forma personal a López Obrador.
Sin embargo, Ladrón de Guevara informó que impugnarán la determinación del TEPJF, por considerar que es una injusticia.
Nosotros no vemos el motivo, más que hacer caso al reclamo de un partido que está aliado con los conservadores y que no tiene fundamento, por lo que obviamente lo impugnaremos, adelantó.

Foto La Jornada Veracruz
Corresponsal
Periódico La Jornada

Detecta la Auditoría 41 acciones irregulares que dañaron al erario

Podría haber sanciones penales

Involucradas, tres secretarías, la Planta de Asfalto, cuatro alcaldías y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones

Foto
▲ Uno de los resultados de las fiscalizaciones de la Auditoría Superior local apunta a que las autoridades no acreditaron que los desarrolladores de los sistemas de actuación por cooperación de la Alameda y las colonias Granadas (esta imagen) generaran los pagos de mitigación en especie por un monto que asciende a 656 millones de pesos.
Como parte de las revisiones al ejercicio fiscal 2018, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) detectó 41 acciones que pudieran derivar en sanciones administrativas o penales por posibles daños al erario.
Al momento el organismo continúa con el análisis del monto de lo que representa la afectación económica por supuestos malos manejos de recursos.
Uno de los resultados apunta a que las autoridades no acreditaron que los desarrolladores de los sistemas de actuación por cooperación (SAC) de la Alameda y las Granadas generaran los pagos de mitigación en especie por un monto que asciende a 656 millones de pesos.
En estas revisiones están involucradas las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Obras y Servicios. de Movilidad; así como la Planta de Asfalto, las alcaldías de Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa y Milpa Alta, y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones.
Ayer se dio a conocer que la ASCM realiza una investigación en las áreas de Tesorería y Oficialía Mayor de lo que fue la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el manejo irregular de los recursos de la reconstrucción, lo que involucra a los ex diputados Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero.
Deficiencias en la administración
En octubre pasado, cuando se hizo público el último informe parcial de fiscalización de la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2018, se presentaron 10 denuncias, de las cuales tres son penales y siete administrativas; la mayoría están relacionadas con el tema de la reconstrucción.
Por ejemplo, el órgano auditor solicitó a la Contraloría y a la Procuraduría General de Justicia iniciar un procedimiento por irregularidades en un contrato para la reparación de la carpeta asfáltica y rencarpetamiento en la alcaldía de Benito Juárez. Según las investigaciones, la Secretaría de Obras y Servicios entregó información de un laboratorio que realizó el análisis de la mezcla asfáltica, aunque los datos que presentaron no corresponden a ese laboratorio.
Asimismo, se solicitó iniciar diversos procedimientos derivados de expedientes relacionados con la contratación de obra pública, y apoyos económicos para la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
También destaca una solicitud de sanción a servidores públicos de la extinta Agencia de Gestión Urbana, quienes no entregaron información, respaldos ni soporte documental de la operación del Sistema Único de Información de Servicios Públicos Urbanos; así como una solicitud de sanción a funcionarios del Fideicomiso de Recuperación Crediticia por no presentar soporte documental de un contrato firmado con el Instituto de Vivienda.
Además de las denuncias, también se emitieron 531 recomendaciones relacionadas con la falta de documentación que justifique el presupuesto comprometido y devengado, incumplimiento de la normatividad interna aplicable, falta de normatividad, debilidades del control interno e incumplimiento de disposiciones legales.
Foto Roberto García Ortiz
 Periódico La Jornada

Prensa México martes 31 de diciembre 2019


LA JORNADA
Atizan golpistas de Bolivia crisis con México y España
El gobierno de Bolivia solicitó el lunes a la embajadora de México y al cónsul de España que se retiren del país andino, luego de que el Gobierno mexicano denunció que autoridades bolivianas retuvieron los automóviles de funcionarios españoles que visitaron su residencia diplomática en La Paz.

REFORMA
Agreden a 306 mujeres por día
De enero a noviembre, 102 mil 101 mujeres fueron víctimas de agresiones, lo que representa 34% del total de denuncias en el País.

EL UNIVERSAL
Se rompe diálogo entre México y Bolivia : SRE 
 “Hay comunicación, pero el diálogo se dará el día que nos sentemos a platicar. La comunicación se mantendrá e insisto en que vamos a evaluar los acontecimientos día con día”, declaró. Hace unos días, el subsecretario lanzó una invitación a la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, para sentarse a conversar, incluso en un tercer país, y la canciller boliviana aceptó, pero siempre y cuando el diálogo sucediera con Marcelo Ebrard.

EXCELSIOR
Tiran a embajadora, pero sigue relación
La crisis diplomática entre nuestro país y Bolivia alcanzó un nuevo estadio ayer, luego de que el gobierno del país andino declarara persona non grata a la embajadora mexicana María Teresa Mercado y le diera 72 horas para salir de su territorio.

MILENIO
México resiste ante expulsión de embajadora; España no
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó rompimiento de las relaciones diplomáticas con Bolivia por declarar persona no grata a la embajadora mexicana María Teresa Mercado y apeló al diálogo.

EL FINANCIERO
Escala conflicto México-Bolivia 
La primera víctima de la crisis entre México y Bolivia fue la embajadora Mercado, mientras que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca una salida al conflicto que comenzó con el asilo político al expresidente Evo Morales y a sus principales colaboradores. La decisión fue tomada por "daño a la soberanía del Estado boliviano", e incluye a la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero; al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Hernández, y al grupo de elementos de guardias de seguridad de la sede diplomática del país europeo, precisó. 

EL HERALDO
México se resiste a romper con Bolivia
La relación de México con Bolivia se mantiene, pese a la expulsión de nuestra embajadora en aquel país, María Teresa Mercado, ordenada ayer por la presidenta interina boliviana Jeanine Áñez.

LA CRÓNICA
Expulsa Bolivia a la embajadora de México
El conflicto diplomático entre México y Bolivia escaló ayer luego de que el país sudamericano declarara persona non grata a la embajadora mexicana y le diera 72 horas para abandonar el país (una expulsión en toda regla). Un tercero en discordia, España, también se vio involucrado en la expulsión de representantes diplomáticos decidida por el gobierno provisional que sucedió a Evo Morales, pero a diferencia de México que se mostró cauto en su reacción, el país ibérico espejeó la medida y expulsó a tres diplomáticos bolivianos.

24 HORAS
Uruguay decreta estado de emergencia por violencia de género
El gobierno de Uruguay decretó el estado de emergencia nacional por violencia de género, desde antes de los lamentables feminicidios ocurridos en días recientes, al mismo tiempo que dispuso de medidas concretas para incidir en esta situación.De acuerdo con el pro secretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, el presidente Tabaré Vázquez, firmó hoy esta resolución presidencial en el Consejo de Ministros, la cual será presentada a las autoridades que asumirán el próximo gobierno para darle continuidad, indicó el diario El País.

REPORTE ÍNDIGO
España expulsa a tres diplomáticos de Bolivia de su embajada
El gobierno de España respondió hoy a la expulsión que Bolivia ordenó de sus funcionarios de la embajada en La Paz, y declaró “personas non gratas” a tres diplomáticos bolivianos en Madrid. En un comunicado, la presidencia del gobierno español informó que estas acciones son “en reciprocidad al gesto hostil del gobierno interino de Bolivia” y ordenó que tres funcionarios bolivianos salgan del país en menos de 72 horas. Los expulsados son el encargado de negocios Luis Quispe Condori, el agregado policial, Orso Fernando Oblitas Siles, así como el agregado militar de la embajada boliviana en el país ibérico, Erick José Castañón Aranda, precisó por su parte el diario El País.

LA RAZÓN
Bolivia escala hostilidad contra México: expulsa a embajadora
Es más que evidente la intención del gobierno interino de Bolivia de escalar su conflicto interno a un nivel internacional. Antes de llegar a alguna conclusión, enumeremos algunas de las acciones más relevantes y significativas sobre lo ocurrido en los últimos días entre las autoridades bolivianas y las nuestras:  En la embajada mexicana se encuentran nueve bolivianos. Cuatro de ellos con orden de aprehensión que les fue girada mucho después de su ingreso a la sede diplomática. 

EL SOL DE MÉXICO
Se complica el futuro de paisanos en Bolivia
Los 10 mil mexicanos que residen en Bolivia están en riesgo de ser evacuados debido al conflicto diplomático que sostiene nuestro país con la nación sudamericana. Ayer, la presidenta boliviana, Jeanine Añez Chávez, declaro persona non grata y expulsó a la embajadora mexicana María Teresa Mercado, esto luego del incidente del viernes pasado donde diplomáticos españoles quisieron extraer clandestinamente a exfuncionarios del gobierno de Evo Morales, de la casa de la embajadora de nuestro país en La Paz.

EL ECONOMISTA
A noviembre gasto con subejercicio de $149,769 millones
El gobierno federal continuó con los subejercicios de enero a noviembre de este año, de acuerdo con la información divulgada en el informe de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Los datos indicaron que, en el periodo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó un menor gasto respecto a lo estimado, con lo cual generó un subejercicio de 149,769 millones de pesos. En total, el gobierno gastó 5 billones 57,710 millones de pesos, menor a 5 billones 207,479 millones que se esperaba ejercer en los primeros 11 meses del año. En comparación con lo ejercido en el mismo periodo del 2018, el gobierno redujo el gasto en 1.8 por ciento.

12/30/2019

Se depurarán 2 mil sindicatos federales y 11 mil 200 en el país














La reforma laboral aprobada el 11 de abril, y que entró en vigor el pasado 1 de mayo, detonará una depuración de dirigencias sindicales tanto en el ámbito federal como en todo el país al no contar con padrones actualizados y no haber renovado liderazgos. Se estima que se trata de dos mil organizaciones de trabajadores a nivel federal y entre 30 y 40 por ciento de los 28 mil sindicatos en todo el país y que están en esa condición, señaló Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del Trabajo, en entrevista con Crónica.

A siete meses de aprobadas las reformas para crear un nuevo marco que norme las relaciones obrero-patronales, y de los sindicatos con sus agremiados, exigencia incluso por parte del gobierno de Estados Unidos y Canadá como parte de las negociaciones para firmar el T-MEC, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) aseguran que la nueva reforma laboral debe generar confianza en todos los sectores, porque las modificaciones se están poniendo en marcha, aunque, admiten, llevará su tiempo instaurar el nuevo modelo.

—¿Cómo va la vida sindical a partir de las nuevas reglas del juego entre agremiados y líderes? —se le pregunta a Alfredo Domínguez Marrufo.

—Ya comenzamos a aplicar la reforma laboral. Desde la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se está solicitando que, cuando un sindicato pretende el otorgamiento de la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo, acredite que tiene representatividad entre los trabajadores que pretende representar en ese contrato.

El funcionario federal explica que la propia Secretaría del Trabajo está con la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, como lo establece la nueva reforma laboral.

“Ya hemos emitido un protocolo para que los sindicatos empiecen a legitimar sus contratos y los sometan a la aprobación de su base para que sea la mayoría de los trabajadores que, en su caso, los apruebe o de lo contrario ese contrato colectivo dejará de tener efectos manteniéndose todas las condiciones de trabajo, las prestaciones y salarios en éste, y lo vamos a hacer en tanto entre en funciones el Centro Federal de Conciliación y de Registro”.

—¿De cuántos sindicatos estamos hablando en el país..?

—Tenemos, según los registros, que se trata de dos mil sindicatos activos en el ámbito federal y 28 mil sindicatos en todo el país. En el caso del ámbito federal está muy claro cuáles son los sindicatos que están con vigencia y con vida sindical. Lo sabemos a través de la Dirección General de Registros y Asociaciones, que depende de la Secretaría del Trabajo, entendemos que son poco más de tres mil, pero muchos de ellos no han renovado ni dirigencias ni padrones, de ésos son dos mil. Y de los 28 mil que se tienen con registro, un porcentaje importante, entre 30 y 40 por ciento, puede ser que ya no tengan esta vida activa, y, seguramente, se irán depurando de estos registros cuando entre en operaciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

El 11 de abril la Cámara de Diputados aprobó la expedición de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que se encargará, entre otras tareas, de transparentar los contratos colectivos de trabajo, además del análisis de cuáles sindicatos están con vigencia.

—Hay voces de analistas que estiman que la reforma laboral tardará cuatro años en materializarse, en ser una ser una realidad, ¿cuál es el tiempo que estima la Secretaría del Trabajo?

—Las cosas no se van a hacer de la noche a la mañana. La reforma se va a ir materializando en la medida en que la reforma laboral se ponga en marcha, en una primera etapa, en diez estados, que son Chiapas, Campeche, Nayarit, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Veracruz, Morelos, Puebla y Tabasco.

El subsecretario aclara que esta primera etapa será en el último trimestre de 2020. En el siguiente de 2021 será para entre 10 y 12 estados y en el último trimestre de 2022 tendrán que ir otros 12.

Alfredo Domínguez Marrufo dice que este proceso escalonado se llevará a cabo conforme a la programación y planeación que ha establecido el Consejo para la Coordinación para la Implementación de la Reforma Laboral, presidida por la Secretaría del Trabajo, en acompaña de la Secretaría de Hacienda, además de un representante del Poder Judicial de la Federación, otro de la Conago, de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de justicia y también de las comisiones de la Secretaría del Trabajo estamos planteando que sea en diez estados a partir del último trimestre de 2020.

“En esas entidades se va a instaurar un centro de conciliación y un tribunal laboral, pero también un tribunal federal y una oficina de representación del Centro Federal de Conciliación y Registro, que deberá vigilar la entrada en operación para poder realizar la conciliación en el ámbito laboral federal, y que además esté recibiendo los contratos colectivos de trabajo como los registros sindicales”, aclara el subsecretario del Trabajo.

En el nuevo esquema para dirimir los conflictos labores se deberá crear un cuerpo de conciliadores, de acuerdo con el diseñado en la propia Ley Federal del Trabajo y en los criterios de la ley orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro, en las que se establece el perfil que debe tener el conciliador (conocimiento, habilidades, las competencias necesarias para poder realizar este trabajo) para que las partes puedan llegar a un entendimiento, sin presionar a ninguna de ellas. El reto es lograr que puedan entenderse.

La Secretaría del Trabajo debe buscar un procedimiento previo de sensibilización, capacitación, de reclutamiento de conciliadores que serán sometidos a un examen de evaluación para que pueda certificarse como conciliador y que garantice que va a actuar con profesionalismo y con la debida independencia e imparcialidad frente a los patrones o los trabajadores o los sindicatos.

“La reforma constitucional del 24 de febrero de 2017 establece las bases para este nuevo modelo laboral, pues señala que debe crearse una instancia conciliatoria a la cual deberán acudir tanto trabajadores y patrones para dirimir sus conflictos antes de acudirá a un tribunal, y es precisamente que estamos apostando por la Constitución, y con voluntad de este nuevo gobierno el llamado es que nos enfoquemos en la conciliación, como un medio de solución de conflictos, que está en boga en muchas partes del mundo, y se llama medios alternativos de solución de conflictos”, precisa el funcionario federal.

Indica que se recoge este modelo del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, porque ayuda a generar condiciones de diálogo que vayan evitando la tensión social entre sectores, y donde no tenga que venir una autoridad “a decirnos quién tiene la razón y quién no. Que sean las partes las que lo logren, y para eso necesitamos un cuerpo de conciliadores”.

La propia ley establece un periodo de 45 días para que las partes puedan tener esta oportunidad de llegar a un acuerdo conciliatorio y una solución del conflicto, pero también se establecen condiciones para procedimientos muy ágiles, muy breves, expeditos y sencillos, para que las partes puedan, de común acuerdo conciliatorio, sin renunciar a sus derechos, en el caso de los trabajadores, desde luego, para que no lleven juicios muy largos, sino que sean ágiles, que no sobrepasen los seis meses.

Y Alfredo Domínguez Marrufo enfatiza: “El cuerpo conciliatorio no va a estar en una sola entidad federativa. Lo deseable es que cada tribunal abra una oficina, donde esté el Centro de Conciliación y Registro Laboral, y que existan de dos a tres conciliadores, de dos a cuatro conciliadores, porque van a empezar con carga cero, dependiendo de la demanda que tenemos en cada una de las entidades, porque si va a partir de cero, pues evidentemente que la contratación y la capacitación no puede ser como si ya todo el sistema estuviera al máximo, sino que va a ser carga cero e inician con los primeros asuntos en octubre del año próximo y se va a ir incrementando en la medida en que va teniendo la demanda de conflictos laborales en cada una de las entidades”.

Y eso se entiende, dice el subsecretario del Trabajo, porque no es igual, de ninguna manera, el número de conciliadores que se pueden tener, por decir, en Tlaxcala que en el Estado de México, donde se habla de Centros de Conciliación mucho más robustos, porque será por el número de demandas que se tengan al respecto.

“En cada tribunal federal o local se tienen mil demandas, entre 800 y mil demandas al año, y evidentemente para ello deberá tener el personal suficiente para que un juez laboral pueda atender estos casos al año, repartidos a lo largo de todos los días hábiles. Estamos planteando que juicios que tienen que tener dos audiencias, la preliminar y la de juicio, podrán ser mucho más expeditos. En el caso de conciliadores estamos calculando, dependiendo de la demanda, cuántos casos pueden llevar al día. Calculamos que cada conciliador pueda atender cuatro audiencias de conciliación al día, entre cuatro y cinco días de conciliación. Si lo multiplicamos, por decir 48 semanas al año, o 50 semanas al año, pues cada conciliador podrá llevar un promedio de 250 conciliaciones al año, por lo tanto podrán ser de dos a cuatro conciliadores, dependiendo del número de demandas. Si se tienen pocas demandas, se va a ir contratando los conciliadores, en función de eso.

Presupuestos aprobados

El presupuesto que la Cámara de Diputados aprobó para echar a andar todo este nuevo esquema es de mil 400 millones de pesos y está por rubros, para cada centro, para cada tribunal y cuánto a la propia secretaría para todas las actividades de cara a la implementación

Para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los legisladores aprobaron 197.2 millones de pesos (mdp). Para Tribunales Laborales Federales, 375.3 mdp; para los Centros de Conciliación Locales, 359.6 mdp; para Tribunales Laborales Locales, 270.1 mdp, y para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 199.7 mdp
https://t.co/kxtLu1RKF1

La ridícula “Quinta Transformación” conservadora


Malthus Gamba
#LaCuartaTransfomaciónVa

En su lucha permanente para recuperar el poder político, los grupos conservadores hablan ya de una necesaria "quinta transformación", que revierta las medidas políticas y sociales que impulsa el gobierno del presidente López Obrador.

Para los intereses de la derecha corrupta que perdió privilegios con la llegada de Morena al poder, es natural que el cambio radical que vivimos se interprete como un fracaso nacional.

Ya no hay cabida para la corrupción, ni condonación de impuestos, ni tampoco negocios sucios realizados al amparo y con la complicidad del gobierno.

Las reformas estructurales que privatizaban la riqueza nacional quedan sin efecto. La educación no pudo ser entregada a los particulares, quienes tenían grandes planes para lucrar en este sector.

Debemos entender entonces que para estos grupos reaccionarios, la Cuarta Transformación es efectivamente, un movimiento social que se traduce en fracaso para los intereses de quienes estaban acostumbrados a medrar por medio de las instituciones corruptas del neoliberalismo.

Si tenemos presente que durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, la seguridad pública se puso al servicio del cártel de Sinaloa, podemos darnos cuenta del tipo de intereses que defienden los conservadores.

En los medios de comunicación tradicionales, se puede ver que existe una campaña desinformativa mediante la cual se intenta fijar la idea de que la Cuarta Transformación va mal.

Se trata de una campaña sucia, donde se miente cotidianamente en un intento por restar apoyo social al gobierno del cambio.

Las elecciones del 2021, políticamente están próximas y hasta el momento, los conservadores no tienen proyecto ni candidatos atractivos que ofrecer a los votantes. Por eso, su apuesta en este momento descansa exclusivamente en esa guerra sucia.

Proponen a los ciudadanos una quinta transformación, que revierta los cambios que se impulsan actualmente.

¿Pero qué tipo de transformación prometen?

Una donde el pasado vuelva a encumbrar a organismos y personajes responsables del reciente fracaso nacional.

Intentan revivir a la Sociedad Civil, S. A. de C. V., con toda la corrupción que anidaba en estas organizaciones.

Para los conservadores, el enfrentamiento letal contra el crimen organizado, es un imperativo que figura también en esa quinta transformación. Se puede adelantar que ese enfrentamiento a muerte, se dará contra determinados grupos delincuenciales, protegiendo al mismo tiempo al cártel de Sinaloa, o a otra organización criminal, tal y como se hizo en el pasado, durante los gobiernos panistas.

En la quinta transformación, el gobierno volverá a ser un delincuente más, entre los muchos otros que actúan en el país.

A la derecha no le interesa atacar las causas de la delincuencia. Crear empleos, brindar educación de calidad, abatir la pobreza, dar oportunidades a los jóvenes y atender las necesidades de los sectores desprotegidos en nuestra sociedad, no son políticas que interesen a quienes van en busca de privilegios de clase.

En esa quinta transformación que nos prometen, el salario volverá a perder su poder adquisitivo y volveremos a los tiempos en que gasolinazos, devaluaciones, incremento en los impuestos y alza en los productos de la canasta básica, son el pan de cada día.

En esa quinta transformación, estará incluido el nuevo partido político que intenta registrar Felipe Calderón. Y será posible entonces que integrantes del crimen organizado, afiliados a la fuerza política del expresidente Calderón, compitan y lleguen al poder. Tendremos presidentes municipales, alcaldes, gobernadores, legisladores y funcionarios de la administración pública, ligados a la delincuencia.

Quizá tendremos de nueva cuenta a un presidente que pacte y trabaje con determinado grupo criminal.

El sueño de los conservadores es convencer a los mexicanos de que esa quinta transformación le conviene a México.

El engaño, la calumnia hacia el actual gobierno, la mentira descarada que difunden los medios de comunicación afines a los intereses de la derecha, tienen ese fin.

Les urge conseguir votantes para la siguiente elección.

Afortunadamente, la sociedad mexicana ha madurado mucho en los últimos tiempos. No se deja engañar y detecta la mentira por muy disfrazada que ésta se presente.

Los mexicanos sabemos que el regreso de los neoliberales al poder, significa el retorno a una era oscura de la cual estamos saliendo.

Además, tenemos ejemplos en otros países, que nos hacen ver que cuando el neoliberalismo regresa, ocasiona graves trastornos en las naciones que han permitido su retorno.

Macri revive el neoliberalismo en Argentina y hoy deja el poder, heredando un país endeudado y casi en la miseria.

Bolsonaro en Brasil ha privatizado y rematado la riqueza nacional. Hasta la Amazonia sufre el embate del neoliberalismo depredador.

En Bolivia vemos la forma violenta en que el nuevo gobierno neoliberal, se hace del poder mediante un Golpe de Estado y las primeras acciones que emprende, son de represión hacia el pueblo. Las mayorías indígenas, atendidas y respetadas durante los gobiernos de Evo Morales, son hoy el blanco del ataque conservador.

Lo mismo vemos pasar en Chile, con Sebastián Piñera, en Ecuador, con Lenin Moreno y en Colombia, con Iván Duque.

Los países se empobrecen en favor de los intereses de pequeños grupos que arrasan con la riqueza nacional.

Esa es la quinta transformación que nos están prometiendo en este momento los grupos reaccionarios opuestos a las políticas democráticas de la Cuarta Transformación.

Ese brinco hacia atrás, lo han dado recientemente sociedades que han escuchado y atendido las promesas mentirosas de quienes añoran los privilegios de otros tiempos.

Con su voto, o con su pasividad, han permitido el retorno de los corruptos. Les han entregado nuevamente el poder y los resultados de este equívoco histórico, no pueden ser más lamentables.

Centro y Sudamérica se están tiñendo de sangre inocente. Los neoliberales regresan rencorosos y con la intención de sostenerse en el poder a toda costa. El uso de las fuerzas del orden y del ejército para reprimir al pueblo, es algo que vemos a diario en las noticias.

La quinta transformación que promueven los conservadores, no puede hacerse realidad en nuestro país.

Costó mucho trabajo y esfuerzo sacar a los corruptos del gobierno. No podemos abrirles la puerta nuevamente.

Lo ideal sería que en las siguientes elecciones del 2021, el voto popular desapareciera definitivamente a las fuerzas políticas que defienden la causa de la derecha.

Si los conservadores quieren regresar al poder, que construyan un proyecto diferente que interese al pueblo.

A nadie le importa una "quinta transformación", que viene embarazada con todos los vicios del pasado neoliberal.

Ni panistas, calderonistas o priistas pueden gobernar a México.


https://voz-de-la-izquierda.webnode.mx/la-ridicula-quinta-transformacion-conservadora/

López Obrador no es Peña Nieto



Los casos de la Casa Blanca de
Angélica Rivera y las propiedades de Julia Abdalá no tienen similitud alguna. El primero ejemplificó a la perfección la corrupción estructural y la captura del Estado por intereses privados característicos del viejo régimen. El segundo fue un caso fabricado por los intereses más mezquinos con el fin de vengarse tanto por la contundente defensa de la soberanía nacional de Manuel Bartlett como por la valiente cruzada contra la corrupción encabezada por Irma Eréndira Sandoval.
Después de las elecciones de 2012, la esposa de Enrique Peña Nieto, y también Luis Videgaray, aceptaron lujosas residencias a precios fuertemente descontados de parte de un poderoso contratista del gobierno federal que posteriormente recibiría jugosos contratos de los mismos funcionarios a quienes había apoyado. El intercambio corrupto, el cínico quid pro quo, fue evidente para todos y todas.
En contraste, ni el titular de la Comisión Federal de Electricidad ni su pareja sentimental, Abdalá, han recibido residencia o prebenda alguna como resultado del trabajo del primero en la administración pública federal. Es más, ni siquiera existe alguna acusación o denuncia al respecto.
El único pecado de Bartlett durante la actual administración fue su exitosa renegociación de los contratos leoninos y corruptos firmados por el gobierno de Peña Nieto con la empresa transnacional Sempra Energy, cuya filial en México, IEnova, es dirigida por Carlos Ruiz Sacristán, antiguo secretario de Comunicaciones y Transportes con Ernesto Zedillo. La posición firme de Bartlett logró ahorrar al pueblo mexicano por lo menos 600 millones de dólares, algo que los intereses corruptos simplemente no perdonan.
En venganza, estos intereses recurrieron a su periodista favorito, el experto en montajes Carlos Loret de Mola, para intentar obligar al gobierno de López Obrador a despedir a Bartlett. Lo que presentó Loret no fue un ejemplo deperiodismo de investigación de buena factura (Sergio Aguayo dixit), sino la divulgación por encargo de información recabada por los servicios de espionaje del viejo régimen. Aguayo insulta la inteligencia de la ciudadanía y desprestigia al verdadero periodismo al comparar el sicariato de Loret con las investigaciones del equipo de Carmen Aristegui.
Aun así, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval,comprobó una vez más su compromiso con los más altos estándares profesionales al utilizar todas las herramientas a su alcance para indagar y averiguar cada elemento aportado por el ex empleado de Televisa. Se comprobó fuera de cualquier duda que Bartlett no había mentido en su Declaración Patrimonial ni incurrido en algún acto de corrupción o conflicto de interés durante su cargo actual, tal y como está asentado en el Informe Técnico correspondiente (véase: bit.ly/39xwQkW).
Se procedió sin filias ni fobias y con un absoluto compromiso con el Estado de derecho, de la misma forma en que se había procedido en los casos de otros funcionarios tanto del viejo como del nuevo régimen, incluyendo Rosario Robles, Emilio Lozoya, Carlos Lomelí y Miguel Ángel Lozada Aguilar.
Pero al demostrar su integridad e independencia de los poderes fácticos, al rechazar las presiones mediáticas y negar a prestarse al montaje de Loret, ahora Sandoval es quien se ha convertido en el enemigo público número uno del viejo sistema.
Como dinosaurios heridos, los viejos comentócratas se lanzan con furia en contra de la titular de la SFP porque supuestamente tendría que haber comprobado el origen lícito de las propiedades de Abdalá y sancionado a Bartlett por su participación en el fraude de 1988.
Quienes así opinan evidencian tanto su total ignorancia de la ley como su mezquina complicidad con los intereses más oscuros. La institución responsable de investigar un posible enriquecimiento ilícito de la señora Abdalá es la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de la Función Pública no tiene competencia alguna en asuntos electorales.
Esta indignante cruzada en contra de una de las funcionarias más emblemáticas de la administración actual la promueven las mismas voces antiobradoristas que siempre han insistido que todos son iguales. Son quienes se hicieron de la vista gorda durante el fraude electoral de 2006, promovían el voto nulo en 2012 y hoy buscan desesperadamente desactivar la fuerza de la Cuarta Transformación.
Lo que en realidad no ha cambiado no es el gobierno federal, que hoy está dirigido por un grupo de ciudadanos en las antípodas del régimen anterior, sino la vieja comentocracia que no hace otra cosa que repetir las mismas fórmulas caducas y enclenques de siempre.
Personajes como Aguayo y Denise Dresser, para sólo mencionar un par de ejemplos, creen que se lucen asestando golpes bajos al nuevo régimen democrático, cuando en realidad sólo evidencian su profundo conservadurismo. Pierden legitimidad y rigor al confundir la gimnasia con la magnesia y hacen el juego sucio a los poderes fácticos en su cruzada contra la transformación que hoy se vive en la Nación.
Twitter: @JohnMAckerman

Auge y caída de García Luna



La detención en Dallas, Texas, del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no deja de ser un misterio. Considerado el álter ego del ex presidente Felipe Calderón y súper policía consentido de secretarios de Estado y titulares de la llamada comunidad de inteligencia de Estados Unidos (CIA, DEA, FBI, ICE y la ATF), García Luna, residente en Florida, fue acusado por el fiscal Richard Donoghue, del Distrito Este de Nueva York, de haber abusado de sus puestos oficiales para traficar cocaína, corrupción y rendir falso testimonio ante autoridades locales.
Promovido por el ex embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, cuando dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI) con Vicente Fox, el irresistible ascenso de García Luna al mundo de los servicios clandestinos y las acciones encubiertas se dio bajo el calderonismo al amparo de la Iniciativa Mérida y del ex jefe regional de la DEA, Dave Gaddis, periodo en el que como secretario de Seguridad Pública se codeó con la cúpula de la administración Obama, entre otros, con Leo Panetta y David Petraeus, ambos ex jefes de la CIA y del Pentágono; Eric Holder, del Departamento de Justicia; Janet Napolitano, de Seguridad Interna; James Clapper, de Inteligencia Nacional; Michele Leonhardt, directora de la DEA; Ronald Noble, jefe de Interpol, y el zar antidrogas Gil Kerlikowky.
Considerado uno de los artífices de la guerra no convencional (o irregular) de Estados Unidos en México desde la esfera de la seguridad civil, los vínculos orgánicos de García Luna con la DEA y la CIA cristalizaron a finales de 2010, cuando él y otros funcionarios del área de seguridad (Cisen, PGR, Sedena, Semar y SSP) fueron integrados al Grupo Bilateral de Trabajo México-Estados Unidos para Objetivos de Alto Valor (HVTG, por sus siglas en inglés). Según un reporte de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP), que depende de la Casa Blanca, el HVTG supervisaba el intercambio de inteligencia sensible sobre los principales grupos criminales mexicanos, y coordinaba o eliminaba conflictos de operaciones tácticas dirigidas a objetivos de alto valor en México.
Asimismo, García Luna tuvo acceso a la identidad de un equipo financiado por Washington: las Unidades de Investigaciones Sensibles (SIUs), integradas por policías mexicanos incorruptibles dedicados a tareas de alta peligrosidad, y participó activamente en los operativos encubiertos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) Dejas las Armas Caminar y Rápido y Furioso, que consistieron en traficar armas de Estados Unidos a México con el objetivo de seguirles la pista y capturar a sus compradores.
Un espacio de poder desde donde García Luna compartió información de inteligencia con la CIA y la DEA, era el llamado búnker de Constituyentes, instalado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Construido bajo tierra durante el gobierno de Calderón con tecnología de última generación adquirida en el marco de la Iniciativa Mérida, el búnker era asiento de Plataforma México, una red de interconexión de telecomunicaciones para el resguardo y procesamiento de datos, donde operaban alrededor de 600 estaciones de intervención telefónica.
Significativos, también, fueron los vínculos de García Luna −quien inició su carrera de espía en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en enero de 1989 a la edad de 21 años, siendo estudiante de ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma Metropolitana− con el empresario Mauricio Samuel Weinberg, conectado a compañías de seguridad con base en Israel.
Según el portal de Reporte Índigo, García Luna y Weinberg se asociaron para crear compañías como ICIT Private Security México, propiedad de Weiberg, que operó en todo el país cuando el primero era secretario de Seguridad Pública con permiso que fue renovado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Weinberg había abierto la firma en Miami en 2011 y ofrecía servicios de investigación y análisis de personas, protección ejecutiva, secuestros, seguridad física e industrial, sistemas y bases de datos, instalación de centros de control de confianza, venta de equipos de escucha, seguridad electrónica, localización y rastreo satelital.
Al terminar el calderonismo, García Luna se fue a vivir a Florida, donde fundó la firma GL & Associates Consulting, que requirió un permiso del Pentágono y la CIA porque sus sistemas estaban conectados a sus bases de datos. Reporte Índigo encontró coincidencias entre la compañía ICIT de Weinberg y la consultora de García Luna, entre otras, que tenían los mismossocios estratégicosen seguridad: el ex agente de la CIA José A. Rodríguez Jr.; Carlos Villar, ex agregado legal del FBI en la embajada de Estados Unidos en México cuando García Luna dirigía la AFI; el ex agente colombiano Luis Montenegro Rinco, ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, la policía política), y al ex agente de la DEA Larry Holifield, enlace entre la DEA y la CIA en Bogotá cuando Montenegro dirigía el DAS.
Con esos vínculos de años y tras ser colmado de medallas y diplomas por autoridades de Estados Unidos, la detención de García Luna en Dallas parece, al menos, contradictoria. A no ser que, como consignó una Rayuela de La Jornada, se estuviera cumpliendo la máxima atribuida al cónsul Escipión: Roma no paga a traidores; también cabe la posibilidad de que García Luna haya dejado de ser productivo en función de los intereses de Washington y ahora era desechable.

Colmnas y opinón del periódico La Jornada


Resistió el peso un año turbulento; ganó 81 centavos
México en 2020: así nos ven desde Europa
La Arquidiócesis, contra la corrupción
"Presidente que devalúa se devalúa" sentenció López Portillo después del desplome de 400 por ciento del peso el año 1982. De entonces para acá la economía mexicana se ha vuelto compleja. Hay sectores a quienes conviene un peso devaluado, por ejemplo, a los exportadores. También al gobierno federal lo favorece porque hay un impacto favorable en su deuda en dólares, aunque en otros aspectos no, por ejemplo, cuando se trata de la factura de la importación de gasolina. A los paisanos les conviene una moneda fuerte de 20 por dólar o más porque sus familias reciben más pesos por los 200 o 300 dólares que les envían cada mes. En fin, la cotización es una balanza que sube y baja, ayuda a unos y perjudica a otros. Tambien tiene un valor político. En el sexenio de Peña Nieto se devaluó más de 40 por ciento y es uno de los aspectos negativos de ese periodo.
Al llegar el gobierno de la 4T, los opositores –incluyendo a la vociferante chayocracia– estuvieron augurando que la moneda se desplomaría en su primer año. Hubo gente inexperta que compró dólares pensando en proteger su patrimonio, algunas personas lo hicieron para especular. Han perdido mucho dinero. A un día de que termine el año, el dólar interbancario se mantiene en 18.84. Hace un año se cotizaba en 19.65. Se revaluó 81 centavos.
Así nos ven
La revista británica The Economist, al echar una mirada a lo que espera al mundo en el año 2020, dice esto de nuestro país: México tiene un presidente fuerte en Andrés Manuel López Obrador, pero que inspira poca confianza entre las empresas privadas, el país enfrenta un lento declive económico. Eso gradualmente afectará la popularidad del Presidente antes de las elecciones legislativas de mitad de su periodo en julio de 2021, lo que es crucial para su esperanza de un cambio constitucional. Él puede tratar de imprimir un impulso a corto plazo, pero debe romper su promesa de disciplina fiscal. La opinión contiene verdades y mentiras. La desconfianza de los empresarios ha ido cediendo y se han comprometido en un plan de inversión en infraestructura. El 70 por ciento del cambio constitucional ya ocurrió, en vez de presentar un proyecto de una nueva Carta Magna que hubiera hecho mucho ruido en el Congreso, han ido haciendo modificaciones artículo por artículo. Romper la disciplina fiscal es tentador. Detrás de revistas como The Economist se encuentran intereses poderosos como los de la familia Rothschild, que quisieran que el gobierno mexicano saliera al mercado a pedir nuevos préstamos, de eso viven. Primero vamos a ver cómo lo hace la nueva jefa del SAT, Raquel Buenrostro. Tiene la mano pesada. Va por la recaudacion de 500 mil millones de pesos adicionales.
La Arquidiócesis y la corrupción
Hagamos un compromiso para este 2020: Terminemos con la corrupción, es el titulo del último editorial del año del semanario Desde la Fe, que edita la Arquidiócesis Primada de México. Sostiene que el fin de la corrupción no sólo depende de las políticas públicas, sino de la justicia y honestidad de cada uno de los miembros de las familias, instituciones educativas, empresas, instituciones religiosas y agrupaciones de cualquier tipo, por ello exponen que van a motivar e impulsar la construcción de una sociedad justa, honesta e íntegra para cumplir con el compromiso. Agrega: Construyamos de una vez por todas un mejor país y una mejor sociedad. Que no quede en palabras.

La unidad nacional y el amafiamiento de los muy poquitos
Reconocimiento a funcionarios de alcaldía Tlalpan y Secretaría del Bienestar
Ya termina el año y yo ni para cuándo pueda dar fin a mi monólogo, a mi soliloquio sobre ese petate del muerto al que, en el lenguaje del statu quo, se le conoce como unidad nacional. Condición indispensable que, dicen los fanáticos del no menealle y el no hagan olas, debe cumplir una comunidad, para atreverse a intentar la más light transformación en su organización y sus condiciones de vida. Ese es el alegato de quienes sostienen que la mayor blasfemia que se ha proferido en todos los tiempos ha sido esa herejía pronunciada por Galileo Galilei, el peor de los apóstatas: eppur si mouve. Otro complotista y subversor del orden establecido fue un tal Heráclito de Éfeso, quien propagó ideas tan destructivas y aberrantes como sostener que todo fluye: somos y no somos. O que todo se mueve y nada permanece. En afirmaciones tan descabelladas sostiene su hilarante conclusión: la vida es como la corriente de un río: nadie puede bañarse dos veces en las mismas aguas. El buen Heráclito logró salvarse de caer en garras de la Santa Inquisición merced a un pequeño detallito: él vivió sus 60 años en la época de la Grecia Antigua, más precisamente, entre el 544 y el 484 antes de Cristo.
¿Cómo que todo cambia, bellacos? Dios y su obra son infinitos, inmutables: sin principio ni fin, sin cambio alguno en el orden y en las prioridades que en su infinita sabiduría otorgó al universo. ¿Lo entendieron? Los que no estén de acuerdo, ni le muevan, sediciosos. El libre albedrío tiene sus límites y sus asegunes. Nada de que la mitad más uno tiene el derecho a decidir. Las instituciones creadas por la gente de bien y de bienes son intocables, incuestionables, sagradas. Ni siquiera esa maniobra llamada mayoría calificada puede atentar contra ellas.
Como en los viejos y venerables tiempos del Señor, clamar, exigir la unidad como condición sine qua non para afrontar todo intento de cambio, no es otra cosa que consagrar el amafiamiento de los muy poquitos, que en la búsqueda del bien común, ciertamente multiplicaron los panes y los peces, pero… se apropiaron de los innegables beneficios de la inversión productiva.

Nota optimista
Una nota de fin de año exige destacar la ya larga cadena de ataques a la democracia y la convivencia civilizada derivados de la arbitraria conducta del presidente Trump y, como contrapartida, la suma de estériles esfuerzos de la oposición demócrata para encontrar una fórmula que ponga freno a su interminable cadena de atrocidades. Si tomamos en consideración la siempre gelatinosa opinión pública, el balance de su popularidad hasta las últimas horas de 2019 no ha variado tanto: en promedio, desde 2017 a la fecha, sólo 40 por ciento aprueba su mandato (Gallup, 12/2019).
Lo importante para su causa es que en la marcha de la economía, que es en el terreno que tradicionalmente ha prevalecido la decisión de los electores, los números le son favorables. Los que tienen más peso son el más bajo desempleo en seis décadas, 3.5 por ciento en noviembre pasado, según un reporte del Departamento de Trabajo, y la salud de la economía. Cabe agregar que ninguno de los dos casos se debe necesariamente a la política económica del presidente, pero son los que pudieran determinar su mandato por otros cuatro años.
Sin embargo, las relaciones sociales en Estados Unidos se han vuelto cada vez más complejas y sofisticadas. Si los factores económicos han sido determinantes en algunas coyunturas electorales, en esta ocasión la suma de los traspiés de Trump pudieran también influir en un cambio en los humores de la sociedad: la creciente influencia de las mujeres en el plano electoral y su evidente rompimiento con el mandatario; el temor cada vez más palpable de amplias franjas de la sociedad con el cambio climático y el desprecio del presidente por este fenómeno; el paulatino desplazamiento del peso del voto hacia los centros urbanos, y también de las minorías raciales, ambos favorables a los demócratas; la campaña para destruir la reforma de salud que benefició a más de 30 millones de estadunidenses; la suma de errores en materia de política exterior incluyendo la, hasta ahora, errática relación con China, su más poderoso e influyente socio comercial. Son algunos factores que, en conjunto, pudieran atenuar la opinión economicista en las urnas.

UIF: duro y a la cabeza
 Bloquea 12 mil cuentas
Desde su creación, el 7 de mayo de 2004, el objetivo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda quedó claro: “coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita –lavado de dinero– y de financiamiento al terrorismo”, para lo cual recibiría reportes, avisos y otros documentos útiles para detectar operaciones vinculadas a dichas actividades ilícitas, con el fin de presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.
Desde entonces siete han sido los directores de la UIF, pero sólo a partir del actual, Santiago Nieto Castillo, tal unidad, de la Secretaría de Hacienda, no únicamente funciona, sino arroja resultados. Los seis anteriores (nombrados en su momento por Fox, Calderón y Peña Nieto) brillaron por su ausencia, pues se dedicaron a cubrir a los amigos del gobierno en funciones, archivar los casos calientes y privilegiar asuntos políticos que resultaran convenientes para el inquilino de Los Pinos en turno, dejando a un lado su obligación legal de implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones, que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de previstos en el Código Penal Federal.
Sirva lo anterior para ponderar el trabajo de la UIF en el sexenio de López Obrador: en diciembre de 2018 recibimos una unidad que apenas bloqueó a 57 personas y sólo presentó 80 denuncias ante la Fiscalía General de la República; de hecho, en enero de 2018 el Grupo de Acción Financiera Internacional, al rendir su informe sobre México, señaló que la UIF no diseminaba suficiente información a las autoridades de procuración de justicia y que no se había logrado incrementar el número de sentencias condenatorias y de decomisos de bienes e instrumentos del delito relacionados con el lavado de dinero.

PRESUPUESTO 2020. Los Ingresos (1/2)
Como cada año, damos aquí registro y breve análisis a los documentos definitivos que guían las finanzas del país: la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Los ingresos totales aprobados para 2019 ascendieron a 5.838 billones de pesos; los propuestos para 2020 a 6.096 b; y los finalmente aprobados a 6 billones 107 mil 732 millones, un parco incremento real total de 1.0% y un decremento de -0.2% en los ingresos del gobierno federal respecto a 2019 (Gráfico 1). Ello frente a una hacienda pública famélica de recursos no por falta de impuestos y gravámenes (que son muchos), sino por una ineficaz y desigual captación que gravita sobre las familias y las empresas de ingresos medios y sigue liberando carga fiscal efectiva (elusión) a quienes concentran desmesuradamente el ingreso y la riqueza en México: grandes corporativos y personas con muy alto ingreso (más de 250 mil pesos al mes).
Por ello, tal vez lo más notable de la Ley de Ingresos 2020 es el virtual estancamiento inercial en la captación del Impuesto sobre la Renta (ISR) como porcentaje del PIB en 7.1%, proporción alcanzada desde 2016 (Gráfico 2). Tal parece que clausurar las condonaciones abusivas, así como el plausible combate a las facturas apócrifas sólo tendrán un impacto marginal, y queda claro que la mega evasión-elusión que se da en la facturación falsificada en los paraísos fiscales (sobre y subfacturación corporativa), continuará intocable, al igual que las fortunas no declaradas y escondidas.

Luces
Las luces que irrumpen, interrumpen, enfrentan la oscuridad que inunda este país, deben ser la noticia más importante en esta coyuntura estadunidense.
Aunque se tiene que usar la palabra neofascismo para describir de manera objetiva lo que sucede en esta nación, sorprendentemente también se tiene que usar la palabra socialismo (en las tres décadas de reportar sobre este país, nunca me imaginé que algún día tendría que usar esas dos palabras para informar sobre una coyuntura aquí).
La labor periodística de cubrir al régimen trumpista es incesante, pero esa no es la única nota. La otra igual, o tal vez, más importante, es sobre aquellas luces que desafían el asalto más siniestro y cruel en tiempos recientes, y que en gran medida brotan como respuesta a dos problemas fundamentales de nuestros tiempos: la desigualdad/injusticia económica producto de políticas neoliberales y el cambio climático.
Algo inédito este año es que la mayoría de los jóvenes y un amplio sector de la población aquí dicen favorecer el socialismo, y ahora hasta las cúpulas políticas y mediáticas admiten que ya no pueden descartar que Bernie Sanders, quien se define como un socialista democrático, gane la nominación como candidato presidencial del Partido Demócrata.
El fenómeno de Sanders es nutrido por diversos movimientos y luchas anteriores, que se suman a su llamado por una revolución política para recuperar esta democracia de las manos del uno por ciento más rico y devolverla a las mayorías.


Editorial La Jornada
Quienes gobiernan de facto en Bolivia enviaron ayer a España una enérgica protesta por el incidente ocurrido el viernes pasado en la residencia oficial de nuestro país en La Paz, donde vecinos y efectivos policiales del país sudamericano hostigaron a la encargada de negocios y al cónsul de España, Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, así como a sus escoltas. Según el régimen golpista, los diplomáticos españoles habrían llegado acompañados de hombres encapuchados y armados, a sabiendas de que se trataba de sus guardias.

Año viejo, Año Nuevo
Todo este asombroso universo existe en un eterno ahora en la mente del Ser. Es un sueño, como la perfecta metáfora de nuestro sueño diario, cuando, al soñar, creamos mundos y universos virtuales que sólo existen en la mente del soñador. El tiempo es creación nuestra. Nuestro planeta, como virtuoso derviche, gira sobre sí en su movimiento de rotación y recorre una elipse continua alrededor del Sol. El lugar donde la danza se inicia y termina sólo existe cuando señalamos con el dedo un punto en el giro matemático de esa hermosa geometría. Allí donde ponemos nuestro dedo termina el año viejo y empieza el nuevo. Por obra de nuestra señal humana en el cosmos infinito creamos el 31 de diciembre y el calendario de 12 meses.

La historia de la posguerra nos da muchos ejemplos de fallidos intentos para codificar el derecho aplicable en caso de que estallen hostilidades, inclusive ya en la edición del Anuario Británico del Derecho Internacional de 1920-21, en un artículo intitulado La Liga de las Naciones y el Derecho de Guerra, se puso énfasis en la tesis de que la Liga de las Naciones cometería un grave error si usara su maquinaria para codificar o desarrollar las llamadas leyes de guerra.

Este año nuevo ya parece viejo. Vendrá más de lo mismo… o menos… pero lo mismo.

La detención en Dallas, Texas, del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no deja de ser un misterio. Considerado el álter ego del ex presidente Felipe Calderón y súper policía consentido de secretarios de Estado y titulares de la llamada comunidad de inteligencia de Estados Unidos (CIA, DEA, FBI, ICE y la ATF), García Luna, residente en Florida, fue acusado por el fiscal Richard Donoghue, del Distrito Este de Nueva York, de haber abusado de sus puestos oficiales para traficar cocaína, corrupción y rendir falso testimonio ante autoridades locales.
Los casos de la Casa Blanca de Angélica Rivera y las propiedades de Julia Abdalá no tienen similitud alguna. El primero ejemplificó a la perfección la corrupción estructural y la captura del Estado por intereses privados característicos del viejo régimen. El segundo fue un caso fabricado por los intereses más mezquinos con el fin de vengarse tanto por la contundente defensa de la soberanía nacional de Manuel Bartlett como por la valiente cruzada contra la corrupción encabezada por Irma Eréndira Sandoval.
Amediados de 1990 conocí a Mario Villanueva, presidente municipal de Benito Juárez, cuya sede administrativa es Cancún. La licenciada María Cristina Castro (hija del inolvidable Juventino Castro, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), me recalcó la importancia de reunirme con él, pues entre las prioridades de su administración destacaba un crecimiento menos depredador de Cancún y su franja litoral. María Cristina tenía a su cargo la planificación municipal y se le recuerda por su conocimiento en la materia y honradez.
Hacer todo más de prisa; buscar la inmediatez en lo que nos ocupa: comprar a la distancia y con la entrega más rápida posible; transferir dinero o capitales sin demoras, pagar instantáneamente y con factura incluida; llamar por teléfono sin dilación; mandar mensajes y recibir respuesta presurosa, de preferencia que sea satisfactoria; compartir las experiencias sin demasiada reflexión, prácticamente en tiempo real y si va con una imagen mucho mejor; avisar de lo que hacemos a quienes siguen en las redes, lograr que les guste, que ya se encargarán de difundirlo. Todo esto será más satisfactorio si se utiliza la tecnología más avanzada, el dispositivo de última generación y con la aplicación más reciente.
Fin de año inusitado en Francia con manifestaciones masivas y una huelga general organizada por los sindicatos de trabajadores. La de transportes es la de más repercusión, sin que queden rezagadas las de internos de hospitales, profesores, estudiantes, abogados, los más diversos cuerpos sociales e, incluso, policías. Sorpresivo, sobre todo, para el presidente de Francia y su gobierno. A pesar de su repetido llamado a una tregua navideña, la cual habría podido acaso desinflar el movimiento, deseo acompañado del chantaje a los huelguistas sobre la alegría de las fiestas, cuyo espíritu de paz ponen en peligro; a pesar también de tratar de convencer a la opinión pública y, con algo de suerte y mucho optimismo, convencerse ellos mismos de que la protesta pierde fuerza, así como el apoyo de la mayoría de franceses, no hubo ni señales de una tregua navideña. Al contrario, la protesta y la irritación aumentan entre huelguistas y manifestantes. En cuanto a la opinión pública, es decir, los tan halagados electores, va más allá de un apoyo moral, puesto que ha pasado al acto con donaciones de euros contantes y sonantes, ateniéndose al dicho obras son amores y no buenas razones. Donaciones que alcanzan, por el momento, más de un millón de euros destinados a sostener con su ayuda a las necesidades urgentes de los huelguistas que pierden día tras día su salario.

¿Se puede sentir nostalgia por algo que no ha ocurrido? Xavier Villaurrutia la tuvo de la muerte, que para todos los vivos reside en el futuro, sin considerar necrofilias ni fantasías morbosas, incluyendo las del poeta, que vivía en su muerte y desde allá mandaba despachos en forma de verso, sintiéndose inmune a las amenazas de la Muerte, pues no hay hora en que yo no muera, dice. Siento que estoy viviendo aquí mi muerte, / mi sola muerte presente, / mi muerte que no puedo compartir ni llorar, / mi muerte de que no me consolaré jamás. Y luego, ¿qué vida sería la de un hombre / que no hubiera sentido, por una vez siquiera, / la sensación precisa de la muerte, / y luego su recuerdo, / y luego su nostalgia.

Foto
▲ Fotograma de la cinta del coreano Bong Joon-ho.