3/04/2023
¿Qué es la violencia vicaria y cómo identificar si eres víctima de ella?
Las múltiples violencias contra Rosario, sobreviviente de matrimonio infantil en Oaxaca
Escrito por Citlalli López Velázquez
Aleida Ruiz Sosa, bailarina y activista, quien ha dado seguimiento al caso, informó que la menor de edad prácticamente fue abandonada tanto por sus familiares como por las autoridades.
“Exijo a las autoridades oaxaqueñas que investiguen, sancionen y que se haga lo poco que se puede hacer por Rosario en sus últimos días y se haga lo máximo por su hermanita pequeña. Desde hace años debieron salvarlas y hoy pido que se haga lo que corresponde”, expresó a través de una videodenuncia publicada en su cuenta en Facebook.
Rosario originaria de Tuxtepec fue víctima de abuso sexual y de matrimonio forzado, presenció el feminicidio de su madre a manos de su padre y hasta hace poco no contaba con acta de nacimiento.
Tras haber huido del matrimonio forzado Rosario se refugió en casa de su abuela con quien vivía junto con su hermana menor. Las tres se dedicaban a la recolección de material reciclable para poder sobrevivir.
El 7 de febrero a las 6 de la mañana el cuarto en donde vivía Rosario, su abuela y su hermana, se incendió. Durante el evento falleció la abuela, mientras que Rosario sufrió quemaduras de tercer grado que actualmente la mantienen en coma. Su hermana pequeña también resultó con quemaduras, pero al ser consideradas que no ponen en riesgo su vida no fue trasladada a un hospital especializado.
Actualmente Rosario se encuentra en grave estado de salud, con quemaduras en 100 por ciento de su cuerpo y en las vías respiratorias. Ella fue intervenida para un lavado interno, procedimiento de riesgo del que salió con vida y posteriormente la declararon en coma.
A su vez Ana Gabriela tiene quemaduras de primer grado en la mitad de su cuerpo, que si bien no ponen en riesgo su vida requerirá tratamientos especiales que no hay en el hospital de Tuxtepec, Oaxaca.
Estudiante afromexicana denunció que policía en Chipas le cortó el pelo cuando fue detenida
Escrito por Sandra de los Santos Chandomi
Rosy tenía dos exámenes en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en San Cristóbal de las Casas, así que salió de su casa con un traje y su largo cabello afro (“colocho” se dice en Chiapas) suelto. Pero, al finalizar el día, ella estaba en la comandancia municipal a donde fue llevada de manera arbitraria, y con mechones de su pelo cortado por una policía.
“Tenía varios meses sin salir, pero ese día tuve dos exámenes y un amigo que también es foráneo se iba a quedar, así que decidimos irnos a tomarnos unas cerveza al terminar las clases” cuenta la joven estudiante, quien prefiere cambiar su nombre por motivos de seguridad.
Al primer lugar que fueron no había espacio disponible, así que decidieron caminar sobre la calle 01 de marzo, donde se encuentran diferentes restaurantes y bares. Una joven se cayó a la mitad de la calle, y Rosy y su acompañante se acercaron a ayudarla. Se dieron cuenta que estaba en estado de ebriedad y que se había golpeado la cabeza. También se acercaron unos policías, cuando los estudiantes vieron que los elementos municipales se estaban haciendo cargo de la situación decidieron seguir su camino y entrar a un bar de la zona.
“Pedimos una cubeta de cervezas y apenas nos estábamos tomando la primera, cuando mi amigo regresa del baño, y me dice que un chavo tomado le reclamó una cartera, que le decía que se la devolviera a su novia. No entendíamos qué pasaba”.
Minutos después entró la policía a sacar a Rosy del establecimiento diciendo que la joven que habían auxiliado minutos antes la estaba acusando de haberle robado una cartera que traía como mil pesos. Afuera del bar se encontraban como ocho elementos policíacos junto con la joven (que se había caído) y su acompañante (el hombre que había amenazado al estudiante). Ambos estaban gritando, diciendo que les habían robado.
“Trataba de mantener la calma porque ellos estaban muy tomados y habían muchos policías. En ese momento me sentía la líder de los “motonetos” porque me parecía exagerado todo. Acepté que la policía me revisara y obviamente no encontró nada, le dije que podía revisar mi bolso que quedó adentro del bar, pero quien entró a sacarlo fue el chavo este que andaba con la chica, y yo todavía le dije que él no podía tomar mis cosas” relata Rosy.
Los policías le dicen que terminarán la revisión a la comandancia de la policía. La esposaron y la subieron a la patrulla. Su amigo trató de intervenir, y pidió ir con ella, pero uno de los policías le dijo que no se metiera y le dobló la mano.
“A la única que llevan es a mí, a los dos que me acusaban y estaban haciendo un gran escándalo los dejan ahí, y a mi amigo le doblan la mano cuando trata de defenderme. En el camino les iba diciendo que era ilegal lo que estaban haciendo conmigo, que no podían llevarme esposada y uno de los policías me dijo que me callara o me metía un balazo entre ojo y ojo, y me dio mucho miedo porque traía una arma larga”.
Rosy confiaba que llegando a la comandancia todo mejoraría, pero fue peor. La bajaron de la patrulla a empujones. Jamás le quitaron las esposas. Le revisaron su bolsa, donde solo traía libretas, lapiceros, su cartera con alrededor de 100 pesos, una tarjeta de banco, y su inhalador porque sufre de asma severa. Pensó que la dejarían ir, pero no fue así. Le quitaron todas sus pertenencias, los policías dijeron que la habían detenido por escándalo en la vía pública cuando ella fue sacada de un establecimiento y en un contexto diferente al que contaban los uniformados.
En todo momento la joven siguió alegando con los policías, se negó a ser fotografiada y a dar sus datos personales porque tenía la certeza que todo era una arbitrariedad. No le permitieron comunicarse con nadie. Una policía la llevo a su celda y al quitarle las esposas se dio cuenta que Rosy tenía una pulsera de ámbar en una mano, le dijo que se la entregara, la estudiante le dijo que no podía quitársela porque tenía un nudo muy fuerte y le quedaba apretada.
“La policía me dijo que claro que se podía quitar y pidió que le llevaran unas tijeras y con ellas cortó la pulsera. Le reclamé que la haya cortado porque tiene un valor sentimental para mí, y en ese momento metió las tijeras en mi pelo y empezó a darme tijeretazos, vi cómo iban cayendo mis colochos, y no entendía qué pasaba. Me quedé en la celda sola, y ya ahí me puse a llorar, no había llorado, pero después que me cortó mi pelo y me quedé ahí empecé a llorar y llorar. Nunca había sentido tanto frío, solo llevaba un saco y por más que pedí que me dejaran mi inhalador no lo hicieron, de milagro no tuve un ataque de asma porque nunca había pasado tanto frío” relata Rosy.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Chiapas el 1 por ciento de la población se identifica como afrodescendiente, es decir, 28 mil 182. Rosy es una de ellas. Es originaria de la costa chiapaneca y se reconoce como afromexicana.
“Para mí es muy obvio que fue un ataque racista desde el principio porque a la mujer blanca que estaba gritando la dejaron ahí, y la policía siempre me vio a mí, mujer negra, como ratera y así me trataron. Me quitaron el pelo para callarme, eso quería la policía que me callara y me demuestran que pueden hacer lo que quieran conmigo quitándome el pelo”.
Rosy es activista afrofeminista. Es parte de la Red de Colectivas Feministas Universitarias de Chiapas (Recofuch). Logró hasta la mañana del domingo comunicarse con una de sus compañeras y avisarle que estaba detenida. Otro policía le dijo que la única forma de salir era que pagara 3 mil 755 pesos de multa o de lo contrario saldría hasta el domingo 26 de febrero a medianoche.
Su amigo que estaba con ella llegó a la estación policiaca desde la noche del viernes, pero no le permitieron ingresar a ver a Rosy. Le llevó un suéter y una chamarra, y le aseguraron que se las entregarían, pero jamás se las dieron.
La red de apoyo de Rosy se movilizó al saber que su amiga estaba detenida. La abogada feminista, Martha Figueroa Mier y el director de la Facultad de Derecho de la Unach, Miguel Ángel de los Santos llegaron a la estación policiaca, y lograron liberarla porque no había ninguna denuncia contra ella, ni razón para que siguiera privada de su libertad.
“Su detención fue totalmente arbitraria. Ella pudo haber muerto en todo ese proceso porque es asmática y le negaron usar su inhalador. Lo que hicieron fue torturarla, el quitarle su pelo no es cualquier cosa, eso fue tortura. La amenazaron hasta con dispararle” dice la defensora Martha Figueroa.
El académico Juan Pablo Zebadúa Carbonell señala que en Chiapas la población afromexicana está invisibilizada, que es una minoría a la que se le violentan sus derechos humanos, pero por lo mismo que no se reconoce sus condiciones de vida en esta entidad pasan desapercibidas.
Rosy interpondrá una denuncia penal y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por todas las violaciones que sufrió por parte de los policías municipales de San Cristóbal de Las Casas. Demanda a las autoridades que su identidad se mantenga a resguardo. “Por ahora mis fuerzas me dan para poner la denuncia, no quiero estar repitiendo todo lo que sufrí, pero también que no crean que voy a permitir que lo que me pasó, le vuelva a pasar a alguien”.
Propone CDMX permiso laboral para mujeres con menstruación dolorosa
Escrito por La Redacción
Al presentar el dictamen, la diputada Alicia Medina Hernández (MORENA) precisó que dicha autorización deberá ser justificada a través de un certificado médico expedido por una persona especialista en ginecología, preponderantemente de alguna institución del Sistema Nacional de Salud, que acredite el padecimiento.
Asimismo, se plantea la prohibición a los patrones de despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por razones de género o por ser diagnosticada con dismenorrea incapacitante.
La congresista Medina Hernández explicó que además se propone otorgar un día al año, con goce de sueldo a las mujeres trabajadoras para acudir a realizarse sus estudios de mastografía y papanicolau, mientras que, a los hombres trabajadores, se les dará medio día de trabajo para acudir a realizarse el examen de próstata.
“Es urgente dejar de normalizar el dolor de las personas que menstrúan, quienes se ven obligadas a realizar sus actividades cotidianas aún con una condición física que en ocasiones las incapacita física e intelectualmente”, apuntó la diputada local.
Al razonar su voto, el congresista Nazario Norberto Sánchez (MORENA), promovente de la iniciativa, llamó al Congreso de la Unión a impulsar una política pública que avance en los derechos de las mujeres, y adoptar las medidas necesarias para erradicar la discriminación, desigualdad de género y toda forma de violencia en su contra.
Violencia vicaria ya está tipificada y sancionada en Baja California
Escrito por La Redacción
Las iniciativas fueron presentadas ante las y los legisladores por la diputada de Morena Liliana Michel Sánchez Allende, actual presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes del Congreso. El diseño de las reformas también contó con la participación de las diputadas Dunnia Montserrat Murillo López (también de Morena) y Rosa Margarita García Zamarripa, del Partido Encuentro Social (PES), así como de Miriam Ayón Castro, representante de la Red de Mujeres Unidas por Baja California, A.C.
Este proyecto fue aprobado por unanimidad, con lo que se reformará la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Baja California. Ahora, en dicha ley, la violencia vicaria será reconocida como “acto u omisión intencional cometido contra la mujer por parte de quien mantenga o mantuvo una relación, ya sea de hecho, de pareja o similares, aun sin convivencia y que por sí misma o por interpósita persona utilice como medio al descendiente, ascendiente, dependiente económico o persona con relación afectiva de la mujer para causarle algún tipo de perjuicio o daño sicológico, patrimonial, económico, físico o de cualquier otra índole”.
Por otra parte, también se modificó el Código Penal de la entidad para establecer que quien incurra en este delito podría permanecer en prisión hasta por cuatro años. De igual manera, tanto las víctimas como los agresores recibirán terapia psicológica por separado.
Otro avance de esta iniciativa es el hecho de que también reconoce a las instituciones estatales como parte de los agentes que ejercen violencia vicaria contra las mujeres. En este sentido, las reformas aprobadas establecen que esta violencia también sucede cuando las instituciones de procuración y administración de justicia no reconocen la violencia vicaria y emiten resoluciones o sentencias «en contra de los derechos de las mujeres y del interés superior de la niñez”.
Tras la votación unánime de su congreso local, el estado de Baja California se convirtió en el número 18 de la República Mexicana en reconocer la violencia vicaria. Las últimas entidades en reformar al respecto fueron Oaxaca y Michoacán. En esta última, la pena en prisión se castigará con el doble de años que en Baja California.
El papel de las mujeres en las asociaciones de inmigrantes mexicanos en EEUU
GUADALAJARA, México – La historia de las asociaciones de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos data de más de setenta años, pero fue en los años noventa del siglo XX cuando su visibilidad aumentó gracias a la labor filantrópica que desarrollaban a favor de sus pueblos en México, así como por su participación en programas de cooperación con el gobierno mexicano para la promoción del desarrollo a nivel local, lo que se llegó a conocer como codesarrollo.
Hoy en día la presencia de mujeres líderes dentro de estas asociaciones es común. Sin embargo, no lo era hace décadas.
Ellas, las mujeres, esposas, hijas, vecinas, amigas, tías, abuelas, etc, fueron las pioneras en organizar colectas para la población más desfavorecida en sus comunidades de origen en México, lo que sentó las bases para el nacimiento de los clubes de inmigrantes en Estados Unidos o Hometown Associations (como son conocidos en inglés). Sin embargo, su papel protagónico no fue reconocido hasta décadas más tarde.
En una primera etapa (de los años 50 a los 80), en el plano público cumplieron un papel de asistentes y acompañantes a las diversas reuniones directivas y eventos sociales a los cuales eran convocados los varones que ocupaban cargos dirigentes en estas asociaciones de inmigrantes, mientras que en el plano privado fueron las encargadas de apoyar con el servicio de alimentos y bebidas, con la logística básica de las propias reuniones (limpieza del lugar, organización de mobiliario, etc.) y en algunas ocasiones elaboraban las actas y tomaban notas de los acuerdos generados.
Con el paso del tiempo, en una segunda etapa (años 90), la propia dinámica de las asociaciones, la consolidación de sus funciones y el alcance que estas comenzaron a tener en el ámbito binacional permitieron que las mujeres fueran integrándose a participar en actividades y puestos que requerían mayor compromiso y visibilidad pública.
Así, fueron reconocidas públicamente como responsables de eventos culturales, sociales y deportivos, de recaudación de fondos, así como de los famosos certámenes de belleza característicos de dichas asociaciones.
Un reconocimiento lento
Este reconocimiento fue más allá con el nombramiento oficial de las mujeres como secretarias de actas y acuerdos, de comités sociales, de relaciones públicas y de donaciones, entre otros.
De forma paralela, ellas continuaron con la labor de organizar todo tipo de actividades, ya fuera dentro del marco de las asociaciones o fuera de él, con o sin reconocimiento formal, para llevar alimentos, medicamentos, vestido y equipo médico a los menos favorecidos en ambos lados de la frontera.
En una tercera etapa (del año 2000 hasta la fecha), tanto de mayor madurez de las asociaciones como de la propia experiencia de las mujeres en el ámbito público, estas lograron escaños más altos en las mesas directivas, posicionándose como líderes.
Mujeres empoderadas
Ahora sus funciones ya no estaban limitadas al ámbito propio de la administración y/o el cabildeo con funcionarios gubernamentales binacionales, sino que se extendieron a contribuir al empoderamiento de otras mujeres, incluso a escala binacional, organizando talleres de formación y capacitación en materia de ciudadanía, derechos laborales y políticos, emprendimientos comerciales, así como foros de salud, educación y cultura, por mencionar algunos.
En la última década, la incidencia de las mujeres inmigrantes mexicanas líderes de estas asociaciones ha sido significativa también en el ámbito político norteamericano, pues han ocupado cargos púbicos tanto en los gobiernos locales, como en las cámaras y consejos empresariales, contribuyendo al bienestar y desarrollo de las comunidades migrantes.
Asimismo, el liderazgo de estas mujeres las ha llevado también a ocupar cargos políticos dentro del gobierno mexicano como diputadas migrantes, siendo portavoces de la agenda migrante binacional en el plano legislativo.
Temas como el voto de los mexicanos en el exterior, el establecimiento de secretarías migrantes en cada estado y la protección a los derechos de las personas refugiadas migrantes se han convertido en iniciativas promovidas por estas líderes femeninas. Así, en el plano binacional, los escenarios a corto y mediano plazo son prometedores para dichas mujeres.
Para finalizar, es posible aseverar que hoy en día la participación de las mujeres en las asociaciones de inmigrantes mexicanos radicados en Estados Unidos resulta ser por demás relevante.
Ellas han sido y son una pieza clave en los procesos de integración en la sociedad receptora, son una figura estratégica en la promoción de bienestar y desarrollo para sus comunidades de origen y se desempeñan como exitosas gestoras de cabildeo político en ambos lados de la frontera.
De esta manera, ellas se están consolidando cada vez más como referentes identitarios emergentes para las futuras generaciones.
Este artículo se publicó originalmente en The Conversation.
RV: EG
Sistema político racista impide candidatura de mujer maya en Guatemala
SANTA CATARINA PALOPÓ, Guatemala – Siglos de racismo y exclusión sufridos por los pueblos originarios en Guatemala siguen pesando a la hora de negar la inscripción de un partido político que impulsa la candidatura a la presidencia de la lideresa indígena Thelma Cabrera, en las cercanas elecciones generales.
El jueves 2 de marzo, la Corte de Constitucionalidad de este país falló en contra del partido de Cabrera, el izquierdista Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que había apelado ante ese tribunal una resolución de la Corte Suprema de Justicia, del 15 de febrero, que los dejaba fuera de la contienda electoral del 25 de junio.
La candidatura de Cabrera y la de su compañero a la vicepresidencia, Jordán Rodas, penden ahora de un hilo, esperanzados únicamente a un par de acciones legales más, como último recurso.
El plazo para la inscripción de candidaturas finaliza el 25 de marzo.
Un sistema racista centenario
Las élites políticas y económicas de Guatemala, “buscan maneras para no inscribirla (a Cabrera), todos tienen derecho a participar, pero a ella la están bloqueando”, dijo a IPS Sonia Nimacachi, de 31 años, oriunda de Santa Catarina Palopó, un municipio de mayoría maya cachiquel del departamento de Sololá, en el suroeste de Guatemala.
“Nos interesa que una persona con nuestras raíces y cultura pudiera llegar a la presidencia, pienso que ayudaría a nuestra gente”, agregó Nimacachi, al frente de su pequeño negocio ambulante, en el centro del pueblo.
“Hay un sistema y estructura racista, las y los indígenas apenas sí hemos logrado ir subiendo las gradas, pero con mucha dificultad, con cero oportunidades”: Silvia Menchú.
Nimacachi, una mujer maya cachiquel, vende “granizadas”: hielo triturado y endulzado con jaleas de varios sabores, muy apetecible en días de calor.
“Hay un sistema y estructura racista, las y los indígenas apenas sí hemos logrado ir subiendo las gradas, pero con mucha dificultad, con cero oportunidades”, dijo a IPS Silvia Menchú, directora de la Asociación de Desarrollo de la Mujer K’ak’a Na’oj (Nuevos Conocimientos, en maya cachiquel).
Esa organización tiene su base en Santa Catarina Palopó. Desarrolla programas de derechos humanos enfocados en las mujeres indígenas.
“El racismo ha imperado, desde el sistema de gobierno en todos lados somos maltratados, somos vistos como los de poca capacidad”, sostuvo Menchú, de la etnia maya quiché.
Una presunta ilegalidad atribuida a Rodas, el candidato a la vicepresidencia, ha sido la causa para dejar al MLP fuera, de momento, de la contienda electoral.
Analistas y organizaciones sociales ven una maniobra oscura por parte del status quo, que no termina de digerir la idea de que una indígena siga queriendo abrirse paso entre el rígido y racista sistema político del país.
Cabrera es una mujer maya mam, de 51 años, que intenta lanzarse por segunda ocasión a la contienda electoral, en una lucha desigual por la presidencia de este país centroamericano de 14,9 millones de habitantes.
Del total de la población, 43,7 % se identifica como indígenas, de los pueblos mayas, xincas, garífunas y afrodescendientes, según datos del censo de 2018.
Cabrera participó en las elecciones de 2019 y obtuvo el cuarto lugar, con 10 % del total de votos emitidos.
En las elecciones generales se definirá no solo la presidencia del país, para el período 2024-2028, sino también se escogerá a 160 diputados del Congreso y 20 del Parlamento Centroamericano, así como a 340 alcaldes.
Guatemala es el territorio donde florecía la milenaria cultura maya cuando los conquistadores españoles llegaron en el siglo XVI.
Los descendientes de aquella civilización prehispánica aún hablan alguna de las 24 lenguas autóctonas, la mayoría adscritas al tronco maya.
Años de exclusión de sectores indígenas y campesinos llevó a Guatemala a una guerra civil que duró 36 años (1960-1996) y que dejó unos 250 000 muertos o desaparecidos.
Una burda maniobra
El rechazo del TSE al MLP surgió a partir de una denuncia contra Rodas, que fungió entre 2017 y 2022 como titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Desde la Procuraduría, Rodas cuestionó fuertemente algunas acciones de corrupción del actual gobierno de Alejandro Giammattei, llegado al poder en enero de 2020.
La denuncia penal contra el aspirante a la vicepresidencia fue interpuesta el 6 de enero por el procurador actual, Alejandro Córdoba.
Después de que la líder indígena y Rodas se presentaran para ser inscritos como aspirantes, Córdoba señaló que tenía “dudas” sobre unos pagos recibidos por su antecesor en la Procuraduría.
Se entiende que esa “duda” tendría que ver con alguna presunta ilegalidad por parte de Rodas, pero como Córdoba no la ha descrito en detalle, todo ha quedado como una acusación a medias y floja.
No obstante, eso fue suficiente para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazara al MLP, el 2 de febrero, lo que entonces despertó protestas de campesinos e indígenas, que cortaron carreteras en al menos 12 puntos del país.
Según las leyes guatemaltecas todo aspirante a cargos de elección popular debe contar con un documento que dé fe de que no tiene cuentas pendientes con la ley.
Pero los analistas han señalado que ese documento debe considerar fallos judiciales dejados en firme por los tribunales correspondientes, y no por “dudas” de algún funcionario.
Al vetar a Rodas, el TSE automáticamente deja fuera también a la aspirante a la presidencia, la lideresa indígena Cabrera, quien podría ser en realidad el objetivo último de la maniobra, pues es ella la que estaría intentando, de nuevo, atraer los votos de la población indígena.
El binomio del MLP interpuso el 15 de febrero un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, de carácter provisional, para que tuviera efectos de inmediato y anulara la decisión del TSE, mientras esa Corte analizaba y resolvía a fondo el asunto.
Ese amparo le fue rechazado, así que el MLP solicitó un día después a la Corte Constitucional, el máximo tribunal en materia constitucional, un recurso de apelación, para que revisara el caso y ordenara a la CSJ admitir el amparo provisional, lo cual significaría que continuaba la lucha por la inscripción de Cabrera y Rodas.
Ese recurso de apelación es el que la Corte de Constitucionalidad ha negado el jueves 2.
Pero la Corte Suprema de Justicia no emitió aún un fallo definitivo ante el amparo, sino solo una posición provisional. Por ello, cuando por fin lo emita, y si es negativo a los intereses del MLP, Cabrera y Rodas pueden, nuevamente, recurrir a la Corte de Constitucionalidad, como último cartucho.
Pero pareciera que la suerte está ya echada.
En un tuit, el mismo jueves 2, Rodas escribió: “La justicia constitucional ha negado mi derecho constitucional de ser electo y a la población le niega el derecho a elegir libremente. Esperamos la sentencia del amparo de la CSJ y el pronunciamiento de la @CIDH Nuestra lucha sigue”.
Segundo intento de Cabrera
La lideresa indígena busca participar por segunda ocasión en la lucha por la presidencia. Su primera vez fue en las elecciones del 2019, cuando no logró captar del todo el voto indígena.
“Yo me atrevería a pensar que la mayoría de la población indígena no votó por ella, por esos prejuicios inculcados, que es mujer y además indígena, no profesional, son cuestiones que no tienen nada que ver con la dignidad y la calidad de persona”, argumentó Silvia Menchú.
Agregó que los partidos de derecha han sido aliados de las iglesias evangélicas del país, por medio de las cuales mantienen en la sumisión a esos segmentos indígenas que terminan apoyando a partidos conservadores, y no a una candidata que viene de su cultura maya.
Para el caso, dijo que en Santa Catarina Palopó, con 6000 habitantes, hay solo una escuela para cubrir la educación primaria y básica, “pero hay unas 15 iglesias evangélicas”.
Con el veto del TSE a las aspiraciones de Cabrea y de Rodas se pone en riesgo la credibilidad de los comicios, advirtieron el 27 de febrero Human Rights Watch (HRW) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola).
En un pronunciamiento conjunto, ambas organizaciones señalaron que el rechazo de la autoridad electoral a aspirantes a candidatos “está basado en fundamentos dudosos, pone en riesgo derechos políticos y menoscaba la credibilidad del proceso electoral”.
“El proceso electoral se está desarrollando en un contexto de deterioro del Estado de derecho, en el cual las instituciones responsables de supervisar las elecciones tienen escasa independencia o credibilidad”, manifestaron.
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Además de Cabrera y Rodas, el TSE también rechazó la inscripción del candidato de derecha Roberto Arzú, porque habría realizado campaña proselitista antes de tiempo.
HRW y Wola agregaron que “los esfuerzos por excluir o iniciar procesos penales contra candidatos opositores generan condiciones desiguales que podrían impedir que se lleven a cabo elecciones justas y libres”.
Mientras tanto, el Tribunal sí avaló, el 4 de febrero, la candidatura a la presidencia de Zury Ríos, hija del general Efraín Ríos Montt, que gobernó de facto entre 1982 y 1983.
En 2013 el militar fue declarado culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad, por la masacre de más de 1400 indígenas del pueblo ixil, en el norte del país.
Fue condenado a 80 años de cárcel, pero la Corte de Constitucionalidad anuló el fallo posteriormente. Ríos Montt murió en abril de 2018.
La Constitución política de Guatemala, en su artículo 186, prohíbe que personas involucradas en golpes de Estado, o sus familiares, sean presidentes del país.
Mientras tanto, Sonia Nimacachi, la vendedora de “granizadas” en la plaza central de Santa Catarina Palopó, aún tiene esperanzas de que Cabrera sea inscrita como candidata.
“Si la dejaran participar, volvería a votar por ella”, dijo, mientras atendía a un cliente.
Salud mental: ¿Qué pasa con las niñas?
Candela Aguilar
Cuando una ve los datos que aportan organismos, fundaciones y demás entidades al acabar el año, asiste horrorizada a un golpe de realidad, ya que en muchos de esos datos queda reflejada la miseria y la violencia con la que conviven muchas personas. Pero además, en los últimos años, asistimos a un fenómeno, que pasa desapercibido porque no nos lo presentan como conjunto, sino como datos dispersos y que se pierden en la confusión de sobreinformación a la que estamos expuestas en esta sociedad capitalista.
Estos datos atañen a la salud mental, aunque no solo mental, de las niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué estamos fallando como sociedad? Porque lo que no se puede negar es que en algo estamos fallando.
En los últimos años se ha detectado un aumento exponencial de tentativas de suicidio por parte de niñas y adolescentes, en concreto, ha habido un aumento del 195% respecto al año anterior a la pandemia, por otro lado, también se han disparado las conductas autolíticas, tanto es así, que muchas comunidades autónomas han comenzado a establecer protocolos de actuación y a impartir formación a docentes y profesionales para que puedan detectar casos de riesgo y actuar a tiempo, este aumento también se ha visto más representado en las niñas.
Estos últimos años también se ha visto un gran incremento de niñas afectadas por algún tipo de trastorno de conducta alimentaria. El uso de redes sociales funciona como un altavoz que en muchas ocasiones induce un contagio social, también conocido como efecto Werther, que provoca que muchas niñas tengan conductas cada vez más violentas y nocivas para su salud.
Otro tanto está ocurriendo con la Disforia de Género, estudios como el de Feministas de Catalunya, con su Informe Trànsit, o el publicado recientemente por Confluencia del Movimiento Feminista, que al hilo del primero, también realiza un análisis de los datos obtenidos de los Departamentos de Salud de las diferentes Comunidades Autónomas, tarea que no ha sido nada fácil. En dichos informes se da la voz de alarma debido al preocupante aumento de niñas y adolescentes afectadas por Disforia de Género y que son atendidas por profesionales que siguen terapias afirmativas, con el daño que eso supondrá en el futuro para generaciones de niñas estériles, con tratamientos de por vida y un sinfín de problemas de salud asociados a los tratamientos hormonales y quirúrgicos a los que someterán su cuerpo.
Sin un apoyo psicológico, alguien que las escuche y acompañe de una manera paciente y que indague en los motivos que pueden llevar a una niña a sentir tal rechazo a lo que supone ser mujer que esté dispuesta a tomar decisiones de las que ni espera ni está preparada para asumir las consecuencias.
Todos estos datos deben llevarnos a la pregunta, más allá del análisis, también necesario, de quién o qué intereses están detrás, de ¿qué está pasando con las niñas? ¿Por qué cada vez hay más las niñas y adolescentes que sufren problemas de salud mental? ¿Qué papel tienen las redes sociales en todo esto? La realidad es que vivimos en una sociedad terriblemente narcisista, individualista y cada vez más violenta, sobre todo con mujeres y niñas. Las niñas sufren violencia desde que son muy pequeñas y crecen y socializan en un mundo en el que perciben que no juegan el mismo papel que los niños, que lo suyo es algo secundario en la obra de teatro de la vida. Notan que su valía depende de su cuerpo, no de su inteligencia. Aprenden que lo que se espera de ellas es la sumisión y no el coraje. Y sobre todo están expuestas a tratos humillantes, vejaciones y abusos por el simple hecho de ser del sexo femenino. Y si esto siempre ha sido así el altavoz que suponen las redes sociales provoca, en muchos casos, un aumento de conductas cada vez más disociales y autolesivas.
hay una conexión entre el aumento de suicidios, de Trastornos de la Conducta Alimentaria y de Disforia de Género y esa conexión no es otra que la violencia que el patriarcado supone para las mujeres y niñas y que afecta profundamente nuestra salud mental.
Crecer no es fácil, pero para una niña aún menos. La exposición al porno, la propia pornificación de la cultura, ha llevado a un trato cada vez más violento con las mujeres y con las niñas. Crecer da miedo, ser mujer da miedo. Como decía más arriba, no podemos dejar que nos presenten la realidad como datos aislados, porque sí que hay una conexión entre el aumento de suicidios, de Trastornos de la Conducta Alimentaria y de Disforia de Género y esa conexión no es otra que la violencia que el patriarcado supone para las mujeres y niñas y que afecta profundamente nuestra salud mental. Tanto es así, que de una forma u otra intentamos huir, evadirnos o simplemente dejar de existir. Y esta huida provoca sufrimiento, un sufrimiento que puede desembocar en problemas graves que sin la correcta atención y tratamiento sólo van a empeorar o a cronificarse. Pero atenderlos no va a eliminarlos, sólo paliará sus efectos. También tenemos que combatir las causas que lo provocan, como hacen en las consultas las profesionales de la medicina con los virus y las enfermedades. Tenemos que combatir el patriarcado y el capitalismo, en todos sus frentes y se disfrace de lo que se disfrace. Ya sabemos que después de los últimos acontecimientos no lo tenemos fácil y podemos ser quemadas en la hoguera como las brujas durante la Inquisición. Pero no por eso nos callaremos, porque si no ¿qué va a pasar con las niñas?
Niñas son envenenadas en escuelas de Irán, por grupos religiosos que se oponen a su educación
Escrito por La Redacción
CHRI considera que los envenenamientos se remontan a noviembre de 2022 (dos meses después de que estallaran grandes protestas dirigidas por mujeres en todo el país). Estas acciones contrarias a derechos humanos han resultado en la hospitalización de niñas con síntomas de fatiga, ardor en la garganta, náuseas, dolores de cabeza y entumecimiento en el cuerpo.
Algunas de las víctimas han descrito humos y olores extraños en sus escuelas, incluidos olores de agentes de limpieza, a los cuales se podría atribuir estos ataques.
“El envenenamiento deliberado de niñas en edad escolar en Irán está exponiendo la mentalidad fanática, ilegal y violenta que está resurgiendo bajo este gobierno irresponsable y tratando de hacer retroceder a todo el país, especialmente a las mujeres”, aseguró Hadi Ghaemi, director ejecutivo de CHRI.
Cabe recordar que las niñas se unieron a las protestas contra el estado, las cuales estallaron el pasado 16 de septiembre, cuando Mahsa Amini, de 22 años, murió en un hospital de Teherán en circunstancias sospechosas luego de ser golpeada por la Patrulla de Orientación (policía de moralidad religiosa del gobierno de Irán), quienes la arrestaron por no usar el hiyab de acuerdo a las normas del país, ya que se podía observar un poco de su cabello saliendo del velo negro.
“Al igual que el gobierno iraní, las personas que están llevando a cabo estos ataques están petrificadas por el potencial y el poder de estas niñas”.
El pasado 26 de febrero el viceministro de Salud, Younes Panahi, dijo en una conferencia de prensa en la ciudad de Mashhad que los envenenamientos fueron un intento deliberado “por parte de personas a las que les gustaría que se cerraran todas las escuelas, especialmente las de niñas”.
“Después de varios envenenamientos de estudiantes en las escuelas de Qom, se descubrió que algunas personas querían que se cerraran todas las escuelas, especialmente las de niñas”, dijo Panahi, citado por la agencia estatal de noticias de la República Islámica (IRNA).
Sin embargo, funcionarios iraníes negaron tener conocimiento de que los ataques fueron premeditados o que tuvieran la intención deliberada de bloquear el acceso a la educación en el país. Por su parte el ministro de educación de Irán, Yousef Noori, incluso desestimó los informes señalando que se trataba de “rumores”.
Autoridades iraníes ocultan información sobre los ataques
El CHRI aseguró que el envenenamiento de niñas consiste en un acto de terrorismo y el hecho de que la República Islámica no lo haya tomado en serio, plantea dudas sobre la complicidad del gobierno con grupos que organizan y llevan a cabo este tipo de ataques.
La organización también acusó que las autoridades iraníes han estado tratando de suprimir información sobre Fatemeh Rezaie, de 11 años, quien murió por envenenamiento con gas en una escuela en Qom, aseguró la periodista y activista por los derechos de los niños Hedie Kimiaee el 27 de febrero de 2023.
“Aunque esta estudiante no tenía una enfermedad previa, las autoridades están tratando de escribir un informe médico falso diciendo que tenía un largo historial de enfermedades. El fiscal de Qom también advirtió a la familia que no hablara con los medios (y les dijo que) enterraran a Fatemeh sin previo aviso”.
Ante este panorama el Centro asegura que ahora más que nunca, los gobiernos de todo el mundo deben actuar para demostrar su total rechazo a esta represión violenta y aumentar las acciones colectivas contra las políticas del gobierno iraní.