La firma del convenio
de Derechos Humanos para la formación de la Guardia Nacional entre la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ONU-DH) y el gobierno mexicano, abre una ventana para saldar la cuenta
pendiente con la ciudadanía, luego de dos sexenios de corrupción e
impunidad en las violaciones a derechos humanos.
Es la
respuesta a la petición que plantea el Observatorio Ciudadano Nacional
de Feminicidio (OCNF) a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
(ONU), el cual consiste en que se sancione a las y los funcionarios
públicos que por acción u omisión violenten los derechos humanos de
mujeres, niñas o adolescentes, y en base a las recomendaciones del 23 de
julio del 2018, emitidas por la CEDAW.
La Alta Comisionada de
las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, firmó el 10 de abril con el
presidente Andrés Manuel López Obrador, un convenio donde plantea que
"no puede ONU-DH estar ausente de lo que pasa en el país". No se puede
asegurar la seguridad sin pleno respeto a los derechos humanos, dijo.
México tiene ante sí la oportunidad de saldar una cuenta pendiente con
la ciudadanía, principalmente con las mujeres, niñas y adolescentes, al
realizar acciones urgentes para erradicar las violaciones a los derechos
humanos que atentan contra la vida, integridad y dignidad de las
mujeres.
Desde el 9º Informe Periódico del Estado Mexicano
celebrado en Ginebra, Suiza, el 6 de julio de 2018, el Observatorio
Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) visibilizó y registró la
violencia que viven las mujeres y entregó a la asamblea de la CEDAW un
resumen de hechos sobre las violaciones a los derechos humanos.
El resumen fue el siguiente: en 2018 fueron asesinadas 3.580 mujeres en
México, es decir en promedio 9,9 al día, de las cuales solo 23 por
ciento de los casos fueron investigados como feminicidio. El 56 por
ciento del territorio nacional ha sido reconocido oficialmente en Alerta
de Violencia de Género, sin respuestas contundentes.
Para
enero de 2019 fueron asesinadas 304 mujeres, en promedio 10 al día, de
los cuales 75 asesinatos son investigados como presuntos femincidios.
Las observaciones por parte del OCNF a la violencia contra las mujeres y
niñas incluyen la violencia física, psicológica, sexual, económica,
doméstica, desapariciones forzadas, tortura, sexual, asesinatos, y en
particular el feminicidio.
Ante ese panorama, el OCNF reitera
que el gobierno mexicano debe desterrar prácticas que revictimizan a las
mujeres víctimas de violencia feminicida y que mantienen a la mayoría
de los casos en la impunidad.
Asimismo, plantea sancionar al
funcionariado público que, por acción u omisión, violente los derechos
humanos de mujeres, niñas o adolescentes y solicita la intervención de
Bachelet para que el Gobierno Federal incluya a la sociedad civil en los
grandes retos que enfrenta México.
Bajo esa mirada de denuncia
escalofriante, donde las agresiones contra las mujeres van en aumento,
se pide la intervención de Bachelet para que el gobierno y la sociedad
civil construyan el Protocolo único para la investigación del delito de
feminicidio e implementar la histórica sentencia de Mariana Lima
Buendía, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en
2015 y en la cual se establece el criterio de que toda muerte violenta
contra las mujeres sea investigada de inicio como feminicidio.
Y
que se fortalezca el diseño y aplicación efectiva de la política
nacional de igualdad de género de los próximos seis años, así como el
personal necesario y capacitado, que deberá construir desde una nueva
óptica y no desde la reproducción de viejas prácticas que ponderaban
otros intereses y no los derechos de las mujeres.
La demanda
más sentida de la OCNF para la aplicación de la justicia es que se
realicen investigaciones eficaces y con perspectiva de género para dar
con el paradero de autores materiales e intelectuales de los delitos en
los que se pone en riesgo la vida e integridad física de las mujeres.
En violencia de género contra las mujeres, el Comité recuerda su
recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia por razón de
género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general
núm. 19, y reitera su recomendación al Estado parte de que se adopte
medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los
asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular
combatiendo las causas profundas de esos actos, como la violencia
armada, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, los
estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación de las
mujeres.
Asimismo, pide se investigue, enjuicie y sancione a
los responsables, incluidos los agentes estatales y no estatales, como
cuestión prioritaria, así como velar para que se tipifique como delito
el feminicidio en todos los códigos penales estatales de conformidad con
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
se normalice los protocolos de investigación policial del feminicidio en
todo el Estado parte y se garantice la aplicación efectiva de las
disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio.
Otra
recomendación es que se simplifique y armonice en los estados los
procedimientos de activación del Programa Alerta AMBER y el Protocolo
Alba, se agilice la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas, se
adopte políticas y protocolos específicamente orientados a mitigar los
riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas, como el
feminicidio y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual y trabajo forzoso, y se vele por que la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas refuerce su perspectiva de género.
En este
rubro plantea que se evalúe la repercusión del mecanismo de alerta de
violencia de género, a fin de garantizar una utilización amplia y
armonizada y la coordinación en los planos federal, estatal y municipal,
y se vele por la participación de organizaciones no gubernamentales,
expertos del mundo académico y defensores de la perspectiva de género y
los derechos humanos, así como mujeres víctimas de la violencia.
Recomienda la CEDAW que se subsane la falta de medidas de protección de
la dignidad y la integridad de las mujeres lesbianas, bisexuales y
transgénero, en particular concienciando a la población sobre los
derechos de estas mujeres, en cooperación con la sociedad civil.
También que se refuerce los mecanismos de recopilación sistemática de
datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los
feminicidios, y las desapariciones forzadas, desglosados por tipo de
violencia y relación con los perpetradores. Entre las recomendaciones
del 23 de julio de 2018 para México, el Comité sugiere que el Estado
tome medidas concretas y efectivas para aplicar plenamente en todos los
estados, teniendo en cuenta las cuestiones de género y el Mecanismo
Federal de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, a fin de prevenir, investigar y enjuiciar las agresiones y
otras formas de abuso contra ese sector y castigar a sus autores, y se
adopte medidas eficaces para luchar contra la impunidad.
En
trata de personas, recomienda que se asignen recursos humanos, técnicos y
financieros suficientes para la aplicación eficaz y armonizada de la
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos en todos los estados.
En suma, el CEDAW
recomendó a México, desde el 23 de julio de 2018, adoptar una estrategia
general dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para
superar la cultura machista y los estereotipos discriminatorios sobre
las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la
familia y en la sociedad, y eliminar las formas interseccionales de
discriminación contra las mujeres.
Además, sugirió elaborar una
estrategia de formación para profesionales de los medios de
comunicación que comprenda directrices y mecanismos de control para
eliminar los estereotipos discriminatorios contra las mujeres y alentar
una cobertura informativa que tenga en cuenta las cuestiones de género,
sobre todo en las campañas electorales.
Pidió que los medios
adopten medidas para promover la igualdad de representación de mujeres y
hombres en los medios de comunicación; y aplique plenamente el Convenio
por la Igualdad de Género y el Combate a la Violencia contra las
Mujeres en los Medios de Comunicación a fin de garantizar la imposición
de sanciones adecuadas y el recurso a facultades coactivas para luchar
contra los estereotipos de género discriminatorios, así como adoptar
medidas para alentar la difusión de imágenes positivas de las indígenas,
las afromexicanas, las migrantes y las refugiadas y solicitantes de
asilo.
Estas son solo algunas de las recomendaciones que hizo
la CEDAW a México desde julio de 2018, y a nueve meses de esas, Bachelet
vino a México, donde escuchó no sólo el resumen de 2018 ante las
representantes del OCNF, sino también un panorama negativo sobre el alza
de las agresiones contra las mujeres.
La forma del convenio
podría verse como una luz, una esperanza que no es acción de buena fe,
sino concreta, como la firma del convenio para asegurar y acompañar la
creación de la Guardia Nacional, donde está la ejecución y aplicación de
la justicia.
